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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06042-00

Fecha
17 de enero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06042-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa en la acción de tutela acumulada presentada por la señora Diana Rocío Villamizar Monsalve, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 12 Expediente: 11001-03-15-000-2021-06042-00 Actores: Diana Rocío Villamizar Monsalve Acción de tutela 2º) Niéguense las solicitudes de desvinculación formuladas por Tribunal Administrativo de Santander, el Fondo de Adaptación, el departamento de Santander, el Alcalde del municipio de Molagavita, el Secretario de Infraestructura Departamental de la Gobernación de Santander y la Procuraduría General de la Nación de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-06042-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de enero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de enero de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 11001-03-15-000-2021-06042-00
Demandantes: DIANA ROCÍO VILLAMIZAR MONSALVE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELAS ACUMULADAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN POR
ACTIVA. SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: la actora presentó acción de tutela para exigir el cumplimiento de distintos
aspectos relacionados con los fallos judiciales proferidos en el marco de una acción popular.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Dina Rocío Villamizar
Monsalve contra el Tribunal Administrativo de Santander, el Invías, el Fondo de
Adaptación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el
departamento de Santander, el Hospital García Rovira, las Empresas Cotrans y Copetran
y las Alcaldías de los municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa
Bárbara y Pidecuesta para la protección de los derechos constitucionales fundamentales
a la vida, locomoción con seguridad, protección de los recursos del estado y seguridad
vial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2021 la actora presentó acción de tutela
en contra las autoridades antes demandadas con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales antes referidos, por cuanto no se ha dado total cumplimiento a los fallos
judiciales proferidos en el marco de una acción popular en la que se ordenó, entre otras

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06042-00
Actores: Diana Rocío Villamizar Monsalve
Acción de tutela

cosas, la culminación de las obras encaminadas a pavimentar completamente la vía Los
Curos-Málaga y los puntos críticos.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Danil Román Velandia Rojas presentó una acción popular contra el Invías y
el Fondo de Adaptación la cual fue registrada con el número de radicación 68001-23-33-
000-2015-00847-00.

2) El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia de primera instancia de 28 de
noviembre de 2017 amparó los derechos colectivos a la seguridad pública, la previsión
de desastres previsibles técnicamente y la defensa del patrimonio público que se
encuentran amenazados en la vía Los Curos-Málaga, así:

“(...) Tercero: al INVÍAS que, dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, formule un proyecto para la gestión del riesgo que actualmente
muestra la vía denominada Los Curos – Málaga, se determine el cronograma de
ejecución y fecha de culminación de su pavimentación total. En la formulación del
proyecto el INVÍAS deberá incluir, de acuerdo con su marco funcional de
competencias, la solución a los puntos críticos actualmente existentes y los diferentes
protocolos para evitar que las diversas contingencias se materialicen con la afectación
a derechos fundamentales de quienes por allí transitan.

Cuarto: al INVÍAS que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia
construya un paso peatonal seguro en el puente vehicular existente en el kilómetro
94+940, ubicado en jurisdicción del Municipio de Santa Bárbara.

Quinto: Exhortar al INVÍAS para que, si aún no lo ha hecho, persiga el cobro de las
acreencias surgidas a su favor en las Resoluciones 03461 del 25 de mayo de 2016 y
05611 del 19 de agosto de 2016, referidas en la parte considerativa de esta sentencia,
debiendo estructurar un expediente que muestre dichas gestiones y resultados, así
como el destino dado a los dineros recuperados, el cual deberá presentar a este
proceso, en el evento del trámite incidental de desacato.

Sexto: Exhortar al Fondo de Adaptación para que continúe tomando las decisiones
necesarias para la construcción de los puentes Hisgaura, La Judía y Sitio Crítico 43.
(...).”

3) Las partes apelaron y la Sección Primera del Consejo de Estado a través de sentencia
de 6 de junio de 2019 modificó y adicionó la decisión de primera instancia, en los
siguientes términos:

“Primero: Modificar el ordinal 2o de la sentencia de 28 de junio de 2017, dictada por
el Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará así:

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Acción de tutela

“Segundo: Amparar los derechos colectivos a la seguridad pública, a la prevención de
desastres previsibles técnicamente, a la defensa del patrimonio público y, por último,
al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público que
se encuentran amenazados en la vía Los Curos – Málaga (Santander).”
Segundo: Adicionar el ordinal Cuarto de la sentencia de 28 de junio de 2017, de la
siguiente forma:

“Cuarto: En vista que las obras en mención no se pueden terminar en forma
inmediata, como mecanismo transitorio y para efectos de conjurar la amenaza y/o
riesgo, mientras se precisan y establece Ia planeación de las mismas, el INVIAS (ente
que en la actualidad se encuentra a cargo de la vía objeto de la litis), deberá adoptar
las medidas pertinentes para efectos de garantizar el cruce de peatones en el
kilómetro 94 + 940, ubicado en jurisdicción del municipio de Santa Bárbara -
Santander”.

Tercero: Adicionar el ordinal Sexto de la sentencia de 28 de junio de 2017, de la
siguiente manera:

“Sexto: Ordenarle al INVIAS que, en lo que a sus competencias se refiere, continúe
tomando las decisiones necesarias y realizando las gestiones pertinentes al interior
del contrato de obra No. 285 de 2013, para efectos de la construcción, edificación y
entrega de los tres (3) puentes denominados La Judía, Hisgaura y Sitio Crítico (SC)
43 - Pangote; una vez sea resuelta de fondo la controversia contractual sometida al
Tribunal de Arbitramento en Cámara de Comercio de Bogotá”.

Cuarto: Adicionar la sentencia apelada, así:

“Decimoprimero: Ordenar al INVIAS y aI Fondo de Adaptación, que efectúen las
actividades correspondientes para dar cumplimiento a los contratos objeto de Ia
presente y que se encuentran en ejecución, como lo son el contrato de obra No. 1639
de 2015, contrato de interventoría No. 1756 de 2015 y el convenio interadministrativo
marco No. 014 del 31 de mayo de 2012; y, en caso de ya haber iniciado las acciones
pertinentes, se dé el impulso respectivo a tales actuaciones para lograr el cabal
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas, así
como la terminación de las obras contratadas y, a su vez, que comiencen las obras
faltantes y demás que sean necesarias.”

Quinto: Adicionar la sentencia apelada, así:

“Décimo Segundo: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de lo
decidido, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de Santander a través
de su magistrado ponente, quien lo presidirá; por el señor Danil Román Velandia
Rojas, en su calidad de actor popular, por el señor Edgar Leonardo Velandia Rojas,
en su calidad de coadyuvante de la parte actora; por las Alcaldías Municipales de
Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa Bárbara; por el Instituto Nacional de
Vías – INVÍAS; por el Fondo de Adaptación; y por el Ministerio Público, de
conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán
seguimiento a lo ordenado en el fallo e informarán sobre las acciones que se adopten
y ejecuten”.

Sexto: Confirmar en todo lo demás, el fallo impugnado, por las razones consignadas
en la presente providencia.”

4) La actora indicó que en abril de 2021 los funcionarios del Invías junto con los miembros
del comité anunciaron que a la firma Hidalgo e Hidalgo se le adjudicó el contrato por el
valor de $286.000.000 para realizar toda la pavimentación de la vía y los puntos críticos.

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5) Asimismo señaló que desde la fecha antes referida solo les han hecho promesas y el
señor Danil Román Velandia no ha dicho nada al respecto, pues no ha vuelto a solicitar
comités de verificación y tampoco se le ha informado a la comunidad sobre el
cumplimiento de las referidas sentencias.

6) Agregó que se hace necesaria la culminación de las obras, pues el tránsito por esas
vías es muy peligroso y les genera problemas relacionados con la salud, estudio y
alimentación.

2. Fundamento de la vulneración

A partir de los hechos expuestos, en resumen, se aprecia que la actora consideró
vulnerados sus derechos con ocasión de la demora por parte de las demandadas para
dar total cumplimiento a lo dispuesto en los fallos de primera y segunda instancia en el
marco de la acción popular con radicación 68001-23-33-000-2015-00847-00-01.

3. Las pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó, en síntesis, lo siguiente:

“PRIMERO: Que se tutele a la vida, locomoción con seguridad, a la protección de los
recursos del estado, a la seguridad vial, a la mora judicial en las sanciones por el
incumplimiento a un fallo judicial Acción Popular y, disponga

SEGUNDO: VALORAR, si INVIAS Y EL FONDO DE ADAPTACIÓN, están
incumpliendo las Sentencias de Primera y Segunda Instancia del Tribunal
Administrativo de Santander, Consejo de Estado dentro de los radicados Nos. 2015-
00847-00, 2015-00847-01, conforme el Cronograma de pavimentación total, la
atención de puntos críticos en comparación con el Compes y el contrato de obra ya
enunciado.

TERCERO: Si como consecuencia de lo anterior, no prospera, ORDENAR FIJAR, al
Tribunal Administrativo de Santander, llevar a cabo comité de Verificación de manera
presencial (En el Municipio de Guaca y/o de Málaga) o semi-presencial (virtual la
Magistrada, Procuradora), con presencia del SEÑOR DIRECTOR DE INVIAS,
GERENTE DEL FONDO, ACTOR POPULAR, ALCALDES DE MALAGA,
MOLAGAVITA, SAN ANDRÉS, GUACA, SANTA BARBARA, eUESTA, MINISTERIO
PUBLICO, DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA 066 e,
INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 y, PARTE DE LA
COMUNIDAD DE LA PROVINCIA para que VALORE EN DERECHO
SI LOS DEMANDADOS ESTAN INCUMPLIENDO CON EL FALLO, de ser así,
DISPONGA LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN JUDICIAL
O LA SANCION QUE EN DERECHO CORRESPONDA.

CUARTO: ORDENAR, al Señor Director de INVIAS, comenzar las obras de
pavimentación, en especial la de los kilómetros 2 al 9 y, 122 al 124 de la vía Málaga
los Curos.

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Actores: Diana Rocío Villamizar Monsalve
Acción de tutela

QUINTO: ORDENAR, al Señor Director de INVIAS, y al Director del Fondo de
Adaptación, realizar las obras de la judía y las viejas en el Kilómetro 43 y, las OBRAS
SINIESTRADAS, que se citan en las demandas del fondo de adaptación.

SEXTO: ORDENAR, al Señor Director de INVIAS, y al Director del Fondo de
Adaptación, publicar en las vallas del contrato de pavimentación, los datos de la
Sentencia de la Acción Popular, en cuanto al principio de publicidad y
empoderamiento de la Sentencia de Segunda Instancia del Consejo de Estado.

SEPTIMO: ORDENAR, al Dr. Danil Román Velandia Rojas, rendir informe del proceso
de la acción popular a la comunidad.” (mayúsculas fijas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

4. Actuación procesal

La tutela de la referencia inicialmente fue repartida al despacho de la magistrada Stella
Jeannette Carvajal Basto de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien a su vez la
remitió por considerar que su conocimiento debería ser avocado por este despacho, toda
vez que fue el primero en asumir dicho conocimiento sobre otras tutelas relacionadas con
la de la referencia.

Así las cosas, sería del caso acumular las referidas tutelas si no fuera porque el 29 de
noviembre de 2021, es decir, antes de que ingresara al despacho la acción de la
referencia, se profirió sentencia acumulada de los expedientes que hasta ese momento
fueron radicados en la Secretaría General de esta Corporación en los que se hubieren
expuesto situaciones fácticas susceptibles de ser decidas en la misma providencia que
en el proceso con radicación no. 11001-03-15-000-2021-04698-00

Por consiguiente, en virtud de las reglas de reparto de acciones de tutelas masivas el
despacho mediante auto de 16 de septiembre de 2021 avocó el conocimiento del asunto,
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación Procuraduría General de la Nación, a
la Defensoría del Pueblo, al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), al Fondo de Adaptación,
al departamento de Santander, a los municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés,
Guaca, Santa Bárbara y Piedecuesta (Santander), Consorcio Vías de Colombia 066,
Consorcio Reactivaciones 2021 y a los señores Danil Román Velandia Rojas y Edgar
Leonardo Velandia Rojas con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción. Adicionalmente, se negó la medida cautelar solicitada.

5. Actuación de las autoridades

El Alcalde del municipio de Molagavita señaló que es cierto que en reiteradas
oportunidades el señor Danil Román Velandia ha insistido en la realización de un nuevo

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Actores: Diana Rocío Villamizar Monsalve
Acción de tutela

comité de verificación en el trámite de la acción popular, sin embargo, no ha obtenido
respuesta favorable a dicho requerimiento.

Solicitó declarar la falta de legitimación por pasiva en lo que a esa autoridad se refiere,
toda vez que lo pretendido con la tutela escapa de la órbita de sus competencias.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Piedecuesta solicitó declarar
improcedente la tutela porque el municipio cumplió a cabalidad la sentencias y agregó
que dicha información puede ser corroborada con el “INFORME INSPECCIÓN VISUAL
Y LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS SOBRE LA VÍA 55ST02 CUROS –
MÁLAGA, JURISDICCIÓN PIEDECUESTA”.

El Secretario de Infraestructura Departamental de la Gobernación de Santander
manifestó que se debe declarar improcedente la acción de tutela por cuanto no se
agotaron todos los mecanismos judiciales ni se probó la existencia de un perjuicio
irremediable.

Indicó que el mantenimiento y las adecuaciones de la vía los Curos-Málaga está a cargo
del Invías y por ello no se puede endilgar responsabilidad alguna al departamento, de ahí
que solicitó que se le desvincule del proceso por falta de legitimación por pasiva.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander informó que ha asumido una actitud
proactiva dado que ha expedido numerosos requerimientos dirigidos al Invias y al Fondo
de Adaptación para no solo buscar el cumplimiento de las órdenes impartidas sino
también definir la necesidad o no de ejercitar los poderes disciplinarios, sin embargo, no
encontró el elemento subjetivo o una conducta dirigida a incumplir, por tanto no sancionó.

Adicionalmente, solicitó declarar la improcedencia del mecanismo porque los actores no
cumplieron con el requisito de subsidiariedad, en razón a que no promovieron incidente
de desacato y, además, no aportaron pruebas al proceso de verificación de cumplimiento
que hicieran prevalecer la necesidad de convocar nuevamente a comité de verificación.

Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso o, en su defecto, negar el amparo
constitucional por no estar probada la vulneración de los derechos invocados, pues, a su
juicio, ninguno de los argumentos y causales invocadas tienen la capacidad de afectar la
validez del trámite de verificación de cumplimiento que ha adelantado a través de
audiencias virtuales.

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Actores: Diana Rocío Villamizar Monsalve
Acción de tutela

El apoderado del Fondo de Adaptación advirtió que con la presente acción de tutela son
cinco acciones de tutela que se presentaron por los mismos hechos con la misma
pretensión de fondo y contra los mismos accionados.

Advirtió que los actores presentaron la tutela en representación de toda una comunidad
sin acreditar los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para ejercer dicha
representación como agentes oficiosos y tampoco allegaron prueba de que la comunidad
no se encuentra en condiciones para reclamar por sí misma la protección de sus derechos
fundamentales.

En consecuencia, solicitó rechazar las acciones de tutelas por falta de legitimación en la
causa por activa toda vez que no se acreditaron los presupuestos para actuar como
agente oficioso y/o en representación de la comunidad presuntamente afectada.

Asimismo, pidió que se declare la improcedencia por carencia del requisito de
subsidiariedad, en consideración a que los actores utilizan la tutela para exponer las
inconformidades que tiene frente a las actuaciones judiciales que se han surtido dentro
de la acción popular.

Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe
una relación de causalidad entre lo que se pretende en las tutelas y la competencia del
Fondo de Adaptación.

El apoderado del Instituto Nacional de Vías puso de presente, entre otras cosas, que el
tribunal convocó dos comités de verificación para el cumplimiento del fallo y que ha
realizado todas las acciones necesarias para dar cumplimiento en el menor tiempo
posible a lo ordenado.

La profesional Universitaria de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación
solicitó que se declare la falta de legitimación por pasiva de esa autoridad puesto que no
ha adelantado actuación alguna en detrimento de la accionante.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Piedecuesta solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, a su vez, solicitó que se le desvincule al no existir
vulneración de derecho fundamental alguno contra la actora.

La Alcaldesa del municipio de Santa Bárbara informó que el municipio no fue demandado
en la acción popular, pues su vinculación se dio como parte integrante para conformar el

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Acción de tutela

comité de verificación, de ahí que está pendiente de la notificación por parte de las
autoridades competentes para hacer parte del comité, lo cual no había ocurrido a la fecha
en que rindió informe a la presente tutela.

La delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó declarar improcedente
la tutela por cuanto a esa entidad no le corresponde adelantar las acciones para el
cumplimiento de la orden judiciales.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para sustituir los
recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

El caso concreto

En el caso que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo de Santander y otros con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales a “la vida, locomoción con seguridad, protección de los
recursos del estado y seguridad vial”, presuntamente vulnerados por cuanto no se ha
dado total cumplimiento a los fallos de primera y segunda instancia en el marco de la

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Acción de tutela

acción popular en la que se profirieron distintas órdenes encaminadas a mejorar el mal
estado de la vía Los Curos-Málaga, incluida la atención a los puntos críticos existentes.

De las pretensiones de la tutela, en resumen, se pretende que se ordene: i) el
cumplimiento de las sentencias primera y segunda instancia proferidas en el marco de la
acción popular, ii) la realización de un nuevo comité de verificación presencial o semi
presencial para verificar dicho cumplimiento, iii) iniciar las obras en los distintos puntos
de la vía Los Curos-Málaga, iv) publicar en las vallas del contrato de pavimentación los
datos de las sentencias ordinarias y v) al señor Danil Román Velandia Rojas rendir
informe del proceso.

Las autoridades judiciales accionadas allegaron informe en el que solicitaron que se
declare la improcedencia del mecanismo por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, falta de legitimación por activa y pasiva o, en su defecto, se deniegue el
amparo.

Por consiguiente, como cuestión previa, se evaluarán las solicitudes de desvinculación
elevadas por algunas de las autoridades accionadas y vinculadas para determinar cuáles
están normativamente capacitadas para satisfacer las pretensiones de la demanda.

Al respecto, se tiene que el Invías y el Fondo de Adaptación son las autoridades
encargadas de ejecutar las obras encaminadas a pavimentar completamente la vía Los
Curos-Málaga y los puntos críticos de acuerdo con lo ordenado en los fallos judiciales,
no obstante, debido a que el Tribunal Administrativo de Santander está encargado de
verificar el cumplimiento de las sentencias proferidas en sede de acción popular, tiene la
potestad de adelantar las actuaciones correspondientes en caso de que se incumpla, por
lo que, en última instancia, esta autoridad judicial es la competente para satisfacer las
pretensiones de la parte actora.

De igual manera, se precisa frente a la alegada falta de legitimación en la causa por
pasiva de las autoridades aquí vinculadas que en atención a las competencias asignadas
a esas autoridades y su incidencia en el asunto discutido dentro de la acción popular no.
68001-23-33-000-2015-00847-00 era necesaria su participación dentro del presente
trámite de tutela para que expusieran ante el juez de tutela su conocimiento y
documentación sobre el particular.

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Acción de tutela

Por consiguiente, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por el Tribunal
Administrativo de Santander, el Fondo de Adaptación, el departamento de Santander, la
Defensoría del Pueblo, el Alcalde del municipio de Molagavita, el representante legal del
Consorcio Vías de Colombia, el Secretario de Infraestructura Departamental de la
Gobernación de Santander y el señor Danil Román Velandia pues su vinculación se dio
en atención al interés que le asiste en las resultas del proceso, en la medida que actuaron
en la acción popular que originó las acciones de tutela de la referencia.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará la falta de
legitimación en la causa por activa por las razones que procederá la Sala a exponer:

1) En primer lugar, la Sala considera relevante abordar la cuestión de la legitimación en
la causa por activa de la tutelante.

2) Sobre dicho aspecto, la Sala encuentra que la demandante no aportó prueba –siquiera
sumaria– que acredite que es propietaria de un inmueble en la vía Los Curos-Málaga,
por ello, a esta Sala no le consta que la accionante tiene interés en que se cumplan las
sentencias proferidas en el marco del proceso de la acción popular, toda vez que no obró
como demandante ni como coadyuvante en dicho proceso.

3) Si bien la actora alegó que se vulneraron sus derechos colectivos que pueden ser
invocados por cualquier persona, lo cierto es que esa posibilidad se da en el marco de la
acción popular que es el escenario idóneo para reclamar la protección de derechos
colectivos y no en ejercicio de la acción de tutela en la que por regla general se procura
la protección de derechos fundamentales.

4) Además, se observa que lo que pretende la accionante es el cumplimiento de dos
sentencias proferidas en dicho trámite y no se probó la existencia de un perjuicio
irremediable.

5) Aunado a lo anterior, en el expediente no existen elementos de convicción con los que
se pueda corroborar que la tutelante obra en condición de agente oficioso de los
habitantes de las comunidades afectadas, así como tampoco demostró que estos últimos
se encuentran en la imposibilidad de presentar el mecanismo por sí mismos ni allegaron
poder alguno para actuar en nombre y representación de aquellos.

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Actores: Diana Rocío Villamizar Monsalve
Acción de tutela

6) Implica lo anterior que, en principio, los únicos legitimados en la causa para promover
la presente acción constitucional son las partes de ese proceso, es decir, quienes
actuaron en calidad de actor popular y coadyuvante, estos son, el señor Danil Román
Velandia y Edgar Leonardo Velandia Rojas, respectivamente, así como los demandados.

7) Ahora, si en gracia de discusión se considerara que la accionante superó el
presupuesto de procedencia de legitimación por activa, lo cual se reitera no fue así, en
todo caso la Sala advierte que la tutela tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad, en razón a que la demandante cuenta con el incidente de desacato para
formular las mismas peticiones que pretenden por esta vía y que puede presentarse
siempre que demuestre el presunto incumplimiento de las autoridades accionadas.

8) Lo anterior puesto que las pretensiones de la tutela son solicitudes estrictamente
procesales que están relacionadas con el trámite de verificación de cumplimiento de los
fallos judiciales en la acción popular que dirigió el Tribunal Administrativo de Santander,
de ahí que la competencia para pronunciarse frente a esos aspectos es de la autoridad
judicial aludida como en efecto lo hizo por medio de auto de 6 de junio de 2021 en el que
resolvió no dar apertura formal al incidente desacato.

9) No obstante lo anterior, se reitera, en la medida que se advierta un incumplimiento en
el futuro, el actor popular, el coadyuvante y los miembros del comité de verificación
pueden solicitar nuevamente la apertura de dicho incidente para que el tribunal lo estudie
y, en consecuencia, decida sobre su procedencia.

10) En esas condiciones la Sala declarará la falta de legitimación por activa de quien
funge como parte tutelante, de conformidad con las consideraciones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1º) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
acumulada presentada por la señora Diana Rocío Villamizar Monsalve, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2021-06042-00
Actores: Diana Rocío Villamizar Monsalve
Acción de tutela

2º) Niéguense las solicitudes de desvinculación formuladas por Tribunal Administrativo
de Santander, el Fondo de Adaptación, el departamento de Santander, el Alcalde del
municipio de Molagavita, el Secretario de Infraestructura Departamental de la
Gobernación de Santander y la Procuraduría General de la Nación de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de la secretaría.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
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