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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00159-01

Fecha
21 de mayo de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00159-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia del 21 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Causa mediante la cual se ampararon los derechos del actor. En su lugar, dispónese: 12 Expediente: 11001-03-15-000-2024-00159-01 Demandante: Nelkin Hurtado Niño Acción de tutela – Impugnación fallo 1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Nelkin hurtado Niño por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2024-00159-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

21 de mayo de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-23-33-000-2024-00159-01
Demandante: NELKIN HURTADO NIÑO
Demandado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CALI
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE
AUTORIDAD PÚBLICA

Síntesis del caso: el actor, quien se encuentra privado de la libertad en el Complejo Penitenciario
y Carcelario de Media y Alta Seguridad de Jamundí, manifestó que sus derechos se encuentran
amenazados porque la autoridad judicial accionada no ha impartido las acciones
correspondientes para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela que amparó sus derechos
fundamentales del debido proceso e intimidad en el marco de otro proceso de tutela. Se revocará
la decisión de primer grado que accedió al amparo y, en su lugar, se declarará improcedente por
carencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que existe otro medio idóneo para obtener lo
que se pretende a través de este mecanismo constitucional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 21 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Causa
mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR la pretensión de ordenar Juzgado Quinto Administrativo de Cali
que haga cumplir el fallo de tutela No. 018 del 06 de marzo de 2023.

SEGUNDO: TUTELAR el derecho intangible de la integridad personal del señor Nelkin
Giovanny Hurtado Niño en su condición de persona privada de la libertad.

TERCERO: ORDENAR a las entidades vinculadas que según sus competencias
tomen las medidas pertinentes para garantizar la protección de los derechos
conculcados, por lo que se conmina al;

• INPEC y Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Jamundí
– COJAM, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia
den cumplimiento y tramiten el proceso reglado establecido en el artículo 142 de la
Resolución No. 6349 de 2016.

• Defensoría del Pueblo Regional del Valle del Cauca dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia tome las medidas necesarias para
garantizar los derechos intangibles del actor en su calidad de privado de la libertad,
lo anterior de conformidad con el numeral 5 del ñ (sic) 15 del Decreto 25 de 2014

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: Nelkin Hurtado Niño
Acción de tutela – Impugnación fallo

• Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de aseguramiento de Cali, como
encargado de vigilar el cumplimiento de la pena que está purgando el señor Nelkin
Giovanny Hurtado Niño, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia verifique el lugar y condiciones en que el actor está cumpliendo su pena
tal como lo prevé el numeral 6 de artículo 38 de la Ley 906 de 2004.

CUARTO: ORDENAR a las vinculadas que dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento de los términos otorgados en el numeral anterior, informen a la Sala las
medidas pertinentes que han efectuado a fin de cumplir la presente providencia”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y
mayúscula del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 8 de marzo de 2024, el señor Nelkin Hurtado Niño promovió proceso de acción de
tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, con el fin
de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales y, por tanto, se
ordene a dicha autoridad que haga cumplir el fallo de tutela del 6 de marzo de 2024 que
amparó sus derechos del debido proceso e intimidad.

Además, que se ordene a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad
de Cali que tomen las medidas necesarias para garantizar su derecho a la
correspondencia, así como evitar que los funcionarios del Complejo Penitenciario y
Carcelario de Media y Alta Seguridad de Jamundí agredan al personal privado de la
libertad que allí se encuentra recluido.

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) Los señores Nelkin Giovanny Hurtado Niño y Edilson Rojas Bustos se encuentran
internados en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Media y Alta Seguridad de
Jamundí (en lo sucesivo Cojam).

El 8 de marzo de 2023, instauraron acción de tutela en contra del Cojam por los siguientes
motivos, a saber, i) la correspondencia no estaba siendo recogida con la debida
continuidad, ii) cuando la recogían lo hacía otra persona privada de la libertad y no un
funcionario del establecimiento carcelario, iii) en muchas ocasiones sus comunicaciones
eran leídas por los mismos internos u otros funcionarios y, iv) no les estaban colocando

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: Nelkin Hurtado Niño
Acción de tutela – Impugnación fallo

el sello de recibido que consta en cada planilla de gestión documental y algunas
comunicaciones no llegaban a su lugar de destino1.

2) Mediante fallo de 6 de marzo de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali amparó sus derechos fundamentales porque el Cojam no estaba
cumpliendo con los lineamientos establecidos por el INPEC para recoger la
correspondencia en dos días a la semana y distribuirla y entregarla en dos días más a
los diferentes pabellones, en consecuencia, le ordenó al centro carcelario que cumpla
con los lineamientos de horario de recolección, distribución y entrega, trámite que debe
ser adelantado por los funcionarios y quienes deben llevar el debido registro en las
diferentes planillas o aplicativos, incluido el sello de recibido en cada documento o
correspondencia; además de la inviolabilidad del derecho a la intimidad de la
correspondencia, salvo orden judicial.

3) Posteriormente, presentó incidente de desacato en razón al incumplimiento de un fallo
de tutela anterior que había amparado sus derechos del debido proceso e intimidad, no
obstante, el juzgado accionado a través de auto de 5 de marzo de 2024 lo declaró
terminado porque la accionada demostró el cumplimiento de las órdenes que se le
impusieron.

4) A pesar la anterior orden, los encargados del patio, por haber presentado la tutela, le
pidieron que pagara la suma de $200.000 para evitar retaliaciones graves en su contra,
adicionalmente, señaló que en los patios les toca pagar entre $200.000 y $400.000 por
ingresar y para dormir entre 200.000 y $300.000.

5) En el patio no. 12 los privados de la libertad encargados del patio golpearon a otro
recluso, por lo cual este murió en el hospital, lo cual demuestra que sufren golpizas,
torturas y maltratos reiterados y, a pesar de que los funcionarios tienen conocimiento de
ello, no hacen nada, por el contrario, les informan cuando los lesionados los acusan.

3. El fundamento de la vulneración

En esta oportunidad el actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales antes
mencionados que consideró transgredidos, por un lado, por el juzgado accionado por

1
El proceso se registró con radicación número 76001-33-33-005-2023-00047-00.

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Demandante: Nelkin Hurtado Niño
Acción de tutela – Impugnación fallo

cuanto no ha hecho cumplir el fallo de tutela del 6 de marzo de 2023 y, por otro lado,
porque las entidades vinculadas no han tomado las medidas necesarias para garantizar
que no se sigan vulnerando sus derechos.

Para sustentar lo anterior, sostuvo que, a pesar del fallo de tutela referido, todavía se
siguen presentando irregularidades en el trámite de la correspondencia2, por cuanto esta
sigue siendo leída por los encargados de los pabellones y ellos deciden si la entregan o
no y, en caso de que los comprometan, los golpean, maltratan y torturan, además, al
interior del complejo carcelario no se les garantiza entrevista con los Juzgados de
Ejecución de Penas.

En el año 2023, se atentó contra su integridad, por lo cual denunció ante la Fiscalía de
Jamundí al funcionario Jeison Ríos, además, a los patios donde llegan les exigen pagar
200, 300 y 400 mil pesos para poder estar allí.

Por último, conviene aclarar que la demanda no se dirige a cuestionar la providencia
judicial que se abstuvo de sancionar por desacato a la incidentadas ni a reprochar las
razones que se consignaron en ella para tener por cumplida la sentencia de tutela.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 11 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo oral
del Circuito Judicial de Cali, así como ordenó la vinculación del INPEC, el Cojam y la
Defensoría Regional del Pueblo del Valle del Cauca para que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción. Asimismo, decretó oficiar que el

2
“Ahora, al tratar de enviar la correspondencia para algunas dependencias del establecimiento con la
encargada de la correspondencia externa, me comunicó que le prohibieron que me reciba la
correspondencia para las dependencias del establecimiento , y que tenía que esperar a que la encargada
de la correspondencia interna cojam, dependencias, pasara a recogerla, que nunca lo hace, y los P.P.L
son los que lo hacen, sea uno por patio, cumpliendo la labor de esta funcionaria, que pasa cada dos o tres
semanas. A la fecha omisión.

Ahora bien, los encargados de jurídica y los tiranos judicantes, les tienen prohibido a os de la
correspondencia externa e interna recibir la correspondencia interna que va para jurídica, que ellos la
mandan a recoger, donde vienen cada dos y tres semanas, y no la recogen personalmente, sino usan a
los P.PL.de derechos humanos, y limita recibir la correspondencia que les corresponde al área jurídica,
para beneficios administrativos, como 72 horas y otros, donde estos P.P.L tiene que revisar que es lo que
solicitan, ya que los judicantes los regañan y devuelven los documentos”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: Nelkin Hurtado Niño
Acción de tutela – Impugnación fallo

COJAM allegara al plenario la grabación fílmica de la entrevista del 21 de diciembre de
2023 llevada a cabo entre las directivas y el actor.

Posteriormente, a través de auto del 14 de marzo de 2024, vinculó al Juzgado Noveno
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.

5. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 21 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó la pretensión de ordenar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Cali que hiciera cumplir el fallo de tutela del 6 de marzo de 2023 por considerar que dicha
autoridad estaba garantizando la ejecución del mismo.

No obstante, en atención a que tanto el Cojam como el Juzgado Noveno de Ejecución de
Penas y Medidas de Aseguramiento de Cali, guardaron silencio y, por su parte, la
Defensoría Regional del Pueblo y el INPEC solicitaron su desvinculación del trámite por
falta de legitimación por pasiva y no aportaron información ni material probatorio que
permitiera desvirtuar las declaraciones del accionante, aplicó la presunción de veracidad
y asumió que el derecho a la integridad personal del actor estaba siendo vulnerando, por
lo cual le ordenó al INPEC y al COJAM que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esa providencia atendiera el proceso establecido en el artículo 142 de la
Resolución no. 6349 de 2016.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo Regional del Valle del Cauca, ordenó que tomara
“las medidas necesarias para garantizar los derechos intangibles del actor en su calidad
de privado de la libertad, lo anterior de conformidad con el numeral 5 del ñ (sic) 15 del
Decreto 25 de 2014”.

Frente al Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de aseguramiento de Cali,
como encargado de vigilar el cumplimiento de la pena, ordenó que verificara el lugar y
condiciones en las cuales el actor está cumpliendo su pena, tal como lo prevé el numeral
6 de artículo 38 de la Ley 906 de 2004.

Por último, le ordenó a las vinculadas que, dentro de los diez días siguientes al
vencimiento de los términos otorgados, informaran las medidas pertinentes que hubieren
efectuado para cumplir esas órdenes.

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Demandante: Nelkin Hurtado Niño
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6. Impugnación

El COJAM señaló que intentó enviar respuesta a los correos
“des11ssinsecoraltadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co”,
“s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co” y
“rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co” el 20 de marzo de 2024, sin
embargo, ese trámite resultó fallido ante los daños que fueron causados al cableado del
servicio de internet por parte de una de las personas privadas de la libertad que afectó
todo las comunicaciones por los medios tecnológicos del Cojam.

Ante tal eventualidad, procedió a enviar la contestación junto con el registro fílmico
requerido en el auto admisorio a través de la empresa de mensajería 472, con la
comunicación oficial número 2024EE0066424 del 20 de marzo de 2024, por intermedio
de la oficina de Gestión Documental del centro de reclusión.

Agregó que con el registro fílmico en ningún momento pretendió vulnerar derecho
fundamental alguno del actor, pues, para ese proceder se contó con el consentimiento
expreso, consciente y voluntario del actor.

Además, ese complejo carcelario debe a diario hacer ingentes esfuerzos para lograr
satisfacer las garantías de los derechos fundamentales de toda la población carcelaria,
que está alrededor de unos cinco mil privados de la libertad, situación que no es valorada
por el actor, quien acostumbra a dejar escritos a los diferentes juzgados en ejercicio de
la acción de tutela plasmando afirmaciones que no corresponden a la realidad del trato
que ha recibido dentro del complejo carcelario.

Puso de presente que en la entrega que se le hizo al actor del CD-DVD con el registro
fílmico requerido, también dejó impresa su acostumbrada actuación temeraria, así:
“queda pendiente la hoja* Requiero seme [sic] deje verificar el contenido del cidis [sic]
Dejo Constancia ante el juez que seme [sic] entrega un cidit [sic] sin ensayar [sic] el cual
puede estar Adulterado ,de [sic] igual forma no seme [sic] hace entrega de hoja donde
prasme [sic] mi firma el 21-12-2023 y enel [sic] cual deje Constancia 08-03-2023 [...] que
queda pendiente para impug-“.

Frente a tal situación, el 14 de marzo del año en curso, condujo al accionante a la oficina
de Policía Judicial COJAM para la verificación del contenido fílmico del CD-DVD que se

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le había entregado el 8 de marzo de 2024, trámite en el cual se levantó acta como soporte
de la atención que recibió en dicho trámite. Actuación en la cual también refirió “Dejo
constancia que el video esta [sic] distorcionado, [sic] y NO seme [sic] hace entrega del
acta que firme [sic] de entrevista, en esta hoja solo aparese [sic] donde hubo entrevista,
NO se que [sic] puedan adulterar en la otra, donde [sic] No aparece mi firma, ya que
conozco las Tiranias [sic]”.

En su criterio, tal situación que demuestra un posible trastorno delirante del actor con el
que pretende mover del aparato judicial activo sin fundamento alguno, constituyéndose
como temeridad.

Por otra parte, informó que la grabación le fue entregada al actor el 8 de marzo de
presente anualidad, atendiendo lo ordenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Cali, dentro del fallo de tutela con radicación no. 2024-
00021-00 y solicitó que se declare la temeridad del asunto.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario solicitó su desvinculación del
proceso, toda vez que corresponde al Cojam y a sus funcionarios de acuerdo con su
competencia funcional, atender las peticiones del actor conforme con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 65 de 1993, además, en punto a todo lo relacionado con documentos
para redención de pena, los mismos se proyectan en el ERON y se remiten al juez de la
República.

La Defensoría del Pueblo sostuvo que si bien tiene como función la de “defensa de los
Derechos Humanos en los establecimientos carcelarios para que la población vulnerable
sea tratada con el respeto debido a su dignidad, no sea sometida a tratos crueles,
degradantes e inhumanos y tenga oportuna asistencia jurídica, médica y hospitalaria”;
ello no implica o prueba que el accionante en escrito de tutela haya aportado prueba
alguna de una omisión de su parte frente a alguna solicitud de intervención por él
realizada.

Por el contrario, se limitó a exponer de forma general situaciones sin aportar datos o
información concreta al menos en cuanto a su proceder, por tanto, ante situaciones como
las expuestas por el accionante no es viable que omita el deber de manifestar de manera
clara la conducta por la cual estima que esa autoridad vulneró sus derechos o que omita

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probar siquiera sumariamente que elevó solicitud o petición de intervención y que la
misma no fue atendida.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
de la Sala se circunscribirá a lo decidido por dicha autoridad judicial.

2. Cuestión previa

Sea lo primero aclarar que con el mecanismo constitucional no se ataca la providencia
de 5 de marzo de 2024 mediante la cual el juzgado accionado declaró terminado el
incidente desacato, en tanto no se propusieron argumentos tendientes a cuestionar la
decisión de tener por cumplido el fallo por parte del Cojam que se plantearon en esa
providencia, por el contrario, lo que se pretende es que se ordene a la autoridad
demandada que haga cumplir las órdenes emitidas en el fallo del 6 de marzo de 2023.

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Asimismo, si bien en el escrito de tutela se mencionan hechos nuevos relacionados con
malos tratos al interior del centro carcelario, lo cierto es que en todo caso esos hechos
son producto del incumplimiento de las órdenes emitidas en esa sentencia de tutela,
según se advierte de la demanda.

3. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala el actor demanda por esta vía constitucional
al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali con el fin de que se protejan
sus derechos constitucionales fundamentales presuntamente vulnerados porque no ha
hecho cumplir el fallo del 6 de marzo que amparó sus derechos fundamentales del debido
proceso e intimidad.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la pretensión
de ordenar juzgado demandado que hiciera cumplir el fallo de tutela del 6 de marzo de
2023 por considerar que dicha autoridad estaba garantizando la ejecución del mismo,
pero accedió al amparo con base en el principio de presunción de veracidad, toda que
las demandadas guardaron silencio ante las afirmaciones del actor, decisión frente a la
cual el Cojam, el Inpec y la Defensoría del Pueblo presentaron impugnación.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la decisión
que amparó los derechos del actor y, en su lugar, declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia por carencia del presupuesto de subsidiariedad por las razones
que procederán a exponerse:

1) En el acápite de los hechos, la parte actora puso de presente que presentó ante el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali un incidente de desacato en
razón al incumplimiento de un fallo de tutela anterior que había amparado sus derechos
del debido proceso e intimidad.

2) No obstante, una vez revisado el sistema para la Gestión Judicial Samai se constató
que el aludido incidente se declaró terminado porque la accionada demostró el
cumplimiento de las órdenes que se le impusieron, con base en las siguientes razones:

“De lo anterior, este despacho concluye que la entidad accionada estableció los dos
días para la recolección (mañana) y dos días para la entrega de la correspondencia

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(tarde), y respecto a los sellos de recibido, la entidad informó que el recibido lo
entregan una vez gestionado la correspondencia en el aplicativo GESDOC con un
sticker, por lo tanto, la entidad esta garantizando los derechos de los internos.

En este sentido, la accionada está dando cumplimiento a la orden proferida en el fallo
de tutela objeto de este trámite incidental, acatando lo dispuesto en la forma
ordenada, en consecuencia, han desaparecido los hechos que motivaron el presente
incidente, procediendo así a la terminación y archivo del mismo”.

3) En ese orden, se advierte que en lo relacionado con la supuesta violación de la
correspondencia fue previamente decidido y evaluado en el trámite del incidente de
desacato en el que precisamente se solicitó el cabal cumplimento del fallo de tutela, por
tanto, la acción de tutela es improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad,
toda vez que el medio idóneo para esos efectos es el trámite incidental, como ya se ha
dicho en oportunidades anteriores por parte de esta Sala3.

4) Sobre el particular, se observa que tanto el incidente de desacato como la acción de
tutela pretenden el cumplimiento de la sentencia proferida el 6 de junio de 2019 por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali; para lo cual, en ambas
oportunidades el actor solicitó que se declare que el Cojam presuntamente ha incumplido
las órdenes que se dictaron por parte de dicho juez para el amparo de sus derechos, toda
vez que no se estaba recogiendo la correspondencia dos veces por semana y, cuando lo
hacían, eran los privados de la libertad, y no le colocaban el sello de recibido.

5) En ese orden de ideas, es claro que lo pretendido se hizo valer en el trámite de
incidente de desacato; si el actor insiste y considera que se han presentado nuevos
hechos posteriores que dan cuenta del supuesto incumplimiento del fallo de tutela
referido bien puede solicitar la apertura de un nuevo trámite incidental en el que puede
exponer esas eventualidades para que el juez que expidió el fallo se pronuncie frente a
ello y estime si en efecto la autoridad accionada ha desacatado o no los mandatos que
se le impusieron en dicha decisión judicial.

6) Ahora bien, en su escrito el accionante alegó que existe un perjuicio irremediable
porque en el establecimiento penitenciario les hacen pagar sumas por ingresar a los
pabellones y que tanto el cómo sus compañeros son víctimas de múltiples tratos que
atentan contra su vida, en tanto los torturan y golpean cuando presentan acciones
judiciales en procura de su protección.

3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 17 de enero de 2022 y 29 de
noviembre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-06042-00 (AC) y 11001-03-15-000-2021-04698-00
(acumulados), MP Fredy Ibarra Martínez.

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7) Sin embargo, del registro fílmico del 21 de diciembre de 2023 allegado con
posterioridad a la sentencia de primer grado se advierte, la Sala constata que el actor fue
escuchado por los directivos del Cojam frente a las diversas problemáticas que enfrenta
el sistema carcelario en Jamundí, sin que se advierta una situación de irregularidad frente
a su integridad que amerite la intervención urgente del juez constitucional, máxime
cuando, como lo indicó el juez del desacato, las autoridades competentes han ejercido
acciones encaminadas a solucionar dicha problemática de alta complejidad.

8) Asimismo, como lo puso de presente la Defensoría del Pueblo no se advierte ninguna
petición del actor ni de ningún otro recluso en la que se haya puesto de presente dicha
situación o cuando menos se haya solicitado la intervención de esa autoridad para velar
por los intereses del personal privado de la libertad en el Cojam, razón de más para inferir
que aún si se tuviera por superado el presupuesto de la subsidiariedad lo cierto es que
emerge con claridad la ausencia de un hecho vulnerador.

9) Se insiste, la acción de tutela no es el medio idóneo para alegar el incumplimiento de
fallos de igual naturaleza y no es de recibo que las partes pretendan emplear este
mecanismo de manera reiterada para discutir problemáticas que ya fueron analizadas y
decididas por el juez de tutela y que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional,
cuando cuentan con medios eficaces y pertinentes para lograr su cumplimiento.

10) En consecuencia, contrario a lo resuelto por el a quo, para la Sala es evidente que
en este caso la acción de tutela resulta improcedente porque existe otro medio judicial
idóneo y de las pruebas allegadas no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable
a título personal del actor.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Revócase la sentencia del 21 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Causa mediante la cual se ampararon los derechos del actor. En su lugar,
dispónese:

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: Nelkin Hurtado Niño
Acción de tutela – Impugnación fallo

1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Nelkin hurtado
Niño por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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