Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00159-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00159-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00159-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00159-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante JOSÉ JOAQUÍN ALMEIDA MANRIQUE
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia. Prescripción acción penal ante la justicia penal militar.
Defecto fáctico. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial: la relevancia constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por José Joaquín Almeida Manrique,
contra la sentencia del 5 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:
“1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de enero de 20241, José Joaquín Almeida Manrique interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al
trabajo, a la dignidad humana y los principios de buena fe y confianza legítima. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Su Señoría, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión inmediata de la acción perturbadora
de mi derecho, declarando la nulidad o revocando la Sentencia del 29 de Julio de 2022 y
notificada el 5 de julio de 2023 por el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C, y se profiera
una sentencia en derecho y de acuerdo a la sana critica, bajo la premisa que la culpa en la
mora del proceso penal es exclusivamente atribuible al operador judicial por ser de naturaleza
netamente oficiosa y que a su vez, el computo de tiempo es un hecho notorio e inevitable que
no necesita de prueba”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
2.1. El señor José Joaquín Almeida Manrique se vinculó con el Ejército Nacional
desde el mes de julio de 1981, inicialmente como alumno y posteriormente
para el momento de su retiro el 20 de agosto de 1999, se desempeñaba como
Sargento Segundo.
2.2. El accionante puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el 27
de agosto de 2003, hechos relacionados con falsedades cometidas por un
mayor y dos tenientes del ejército, concretamente la falsificación de firmas en
unas anotaciones que reposaban en su hoja de vida y que le trajeron
consecuencias lesivas.
2.3. Sin embargo, pese haberse emitido resolución de apertura de investigación
por parte de la Fiscalía 176 de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el
Patrimonio Económico, el 24 de noviembre de 2006 se dispuso la remisión del
proceso a la justicia penal militar, al encontrarse que la conducta investigada
había sido cometida por miembros del Ejército Nacional en ejercicio de sus
funciones.
Actuaciones adelantadas por la justicia penal militar en el proceso Nro. 034-
156253-6995-XIV-357-EJC
2.4. El proceso fue asumido el 2 de mayo de 2007 por el Juzgado 50 de Instrucción
Penal Militar que dispuso la apertura de la investigación en contra de los
denunciados por el actor por el presunto punible de falsedad ideológica y
material en documento público.
2.5. En sentencia del 11 de septiembre de 2009, el juzgado declaró la extinción de
la acción penal por prescripción y en consecuencia, se dispuso la cesación del
procedimiento en contra de los investigados.
2.6. El denunciante, hoy accionante, presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión. Correspondió conocer en segunda instancia al Tribunal
Superior Militar que en providencia del 18 de mayo de 2010 confirmó la
decisión del juzgado.
Actuaciones adelantadas dentro del medio de control de reparación directa
identificado con la radicación Nro. 76001-23-33-000-2012-00153-00/01
2.7. El señor José Joaquín Almeida Manrique en ejercicio del medio de control de
reparación directa, demandó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, Dirección Nacional ejecutiva de Justicia Penal Militar, con el fin de
que se declarara administrativamente responsables por los perjuicios
causados con ocasión del retardo injustificado de la administración de justicia
que conllevó a la extinción de la acción penal por prescripción.
2.8. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
proceso en mención y, en sentencia del 14 de marzo de 2019 negó las
pretensiones de la demanda.
Consideró que no era posible el reconocimiento de los perjuicios reclamados,
en la medida que, con ocasión de la investigación penal que se siguió contra
los uniformados del ejército a los que denunció en su momento, no podía
derivar el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir con
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
ocasión de su retiro del servicio ni su consecuente reintegro, pues que este
tipo de aspectos económicos eventualmente derivaban de una demanda del
acto administrativo de retiro.
Sostuvo que, de pretender un reconocimiento económico por los presuntos
perjuicios, debió presentarse como parte civil dentro del respectivo proceso
penal adelantado ante la justicia penal militar, que ni siquiera avanzó más allá
ni tuvo una medida de aseguramiento, al haberse declarado la prescripción de
la acción, así como tampoco se evidenciaba que hubiera presentado una
demanda de responsabilidad civil extracontractual, de manera que no había
lugar a reclamar los perjuicios por un presunto defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, ni por error judicial, como de manera conjunta lo
había anunciado.
2.9. La decisión se apeló por el demandante, hoy accionante. Conoció en segunda
instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que, en
providencia del 29 de julio de 2022 <<notificada por correo electrónico el 5 de julio
de 2023>>, confirmó la decisión del tribunal.
Luego de hacer un recuento de las actuaciones llevadas a cabo por la justicia
penal y penal militar en las respectivas jurisdicciones, advirtió que la justicia
penal militar tramitó la denuncia formulada por la víctima y adelantó las
actividades que consideró pertinentes para esclarecer los hechos.
Advirtió que correspondía a la parte demandante probar los hechos y que, en
el caso, no se había acreditado que la declaratoria de la extinción de la acción
penal por prescripción de los delitos de falsedad ideológica y material en
documento público se hubiera producido por un anormal funcionamiento de la
administración de justicia, derivado de la negligencia o descuido en el manejo
de la investigación penal.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó unos argumentos en relación con la decisión emitida el 29
de julio de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro
del proceso de reparación directa identificado con el Nro. 76001-23-33-000-2012-
00153-00/01, que responde a la presunta configuración de un defecto fáctico, de
acuerdo con los argumentos presentados y que se concretaron en lo siguiente:
Advirtió que el Consejo de Estado no le dio valor probatorio a todos los documentos
allegados al proceso de reparación directa y que también cometió un error de hecho
al considerar que la mora del juez penal no configuraba una causal de deficiente
funcionamiento de la administración de justicia, desconociendo que el proceso penal
es de naturaleza oficiosa y que la responsabilidad del desarrollo del proceso era
indelegable y no recaía en las partes, todo lo cual derivaba en una denegación de
justicia.
Se destaca igualmente del escrito de tutela su inconformidad en el siguiente sentido:
“No se estudió el desarrollo del proceso penal, solamente se hizo un relato histórico del mismo
sin valora el debate procesal de acuerdo a la sana crítica, y donde se desprende claramente
las dos causales invocadas, así:
1o.-) El ERROR JUDICIAL, recae en las actuaciones del operador judicial, al no considerar
en la calificación, el delito de fraude procesal que se presentó tanto en la vía administrativa
militar y en la jurisdicción penal, atendiendo que el delito de FALSEDAD IDEOLOGICA Y
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO es conexo con el delito de FRAUDE PROCESAL, y
el fin o propósito de la falsedad y el fraude es solamente el engaño.
2o.-) La DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, se
desprende del defectuoso desarrollo del proceso penal, ya que el operador judicial para no
practicar la prueba grafológica (prueba reina) tuvo que esperar el vencimientos de los términos
judiciales para proceder a declarar la extinción de la acción penal por prescripción respecto
de los delitos de FALSEDAD IDEOLOGICA Y MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO y la
cesación de todo procedimiento a favor de los señores denunciados, tal como consta el
expediente del proceso penal allegado al proceso, omisión esta que es exclusivamente
atribuible al juez penal, o sea, la culpa solamente es del operador judicial, era el encargado
de garantizar, vigilar y hacer cumplir la orden legal y constitucional, porque el debate judicial
del proceso penal es de naturaleza netamente oficiosa, donde el perjudicado con el delito cree
plenamente en el principio de la buena fe y la confianza legítima, más cuando le he servido a
mi patria con mi vida y sin ningún llamado de atención, fui un militar ejemplar, que para
desvincularme del ejercito los superiores se inventaron un informe infectado por los delitos
denunciados.
3o.-) La práctica de la prueba grafológica, prueba reina, que no se hizo y el hecho notorio
(aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido
directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo) como es el computo o
sumatoria de tiempo para proceder a la extinción de la acción penal por prescripción y la
cesación de todo procedimiento, es una forma anormal de terminar el proceso, observando
que desde el 21 de Agosto de 2003 hasta el 18 de Mayo de 2010, cuando habían transcurrido
más de 7 años, para el operador judicial de la citada demanda de reparación si es una
actuación acertada, que nada tiene que ver con todas las irregularidades cometidas en el
desarrollo del proceso hasta donde llego tal como se consideró y omitiendo la declaración de
tacha por parte del Juan Carlos Valencia Camargo a quien se falsifico la firma o sea, no era
su firma, y más aún hoy el Juez 50 de Instrucción Penal Militar, Dra. LILIANA BONILLA DE
TAKEGAMI, o quien sea el actual titular de ese cargo, se le concedió un término de TRES
días hábiles, para proceder “a decidir el decreto y práctica de la prueba pericial de grafología,
con sujeción a las normas reguladoras de la materia, contenidas en los artículos 413 y
siguientes del C.J.P.M. y demás normas concordantes”, subsiste o se encuentra en total
desacato de la orden judicial constitucional, por la sencilla razón, que no se le dio
cumplimiento, colorario de esto, es que si es totalmente cierto o está probado el daño que me
causo por la culpa exclusivamente atribuible al señor juez penal que conoció del caso, ya que
la FALSEDAD IDEOLOGICA Y MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO y el FRAUDE
PROCESAL, sirvieron claramente para perjudicarme, desprendidos de un informe falso que
fue la base o el motivo para la desvinculación de mi carrera militar en el cargo de sargento
segundo”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 17 de enero de 2024 el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y
dispuso vincular como tercero con interés al Ejército Nacional, al Juzgado 50
de Instrucción Penal Militar y al Tribunal Superior Militar y Policial, quienes
fueron parte demandada en el proceso ordinario y, al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, autoridad judicial de primera instancia.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el consejero titular
del despacho rindió informe en el que manifestó no haber sido el ponente de
la sentencia de la acción de reparación directa, razón por la que se abstuvo de
pronunciarse en relación con la solicitud de amparo.
4.3. El Juzgado 50 de Instrucción Penal Militar, presentó informe en el que,
indicó las actuaciones llevadas a cabo por el juzgado, conforme con la
verificación de los libros radicadores que reposan en el despacho judicial,
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
incluido el estudio de grafología cuyas muestras se ordenaron remitir al
laboratorio de grafología del CTI.
4.4. El Tribunal Superior Militar y Policial, rindió informe en el que se refirió a la
providencia emitida en esa instancia y, frente a la que dijo, contaba con el
soporte suficiente y había hecho tránsito a cosa juzgada. De la decisión que
se cuestiona, advirtió que correspondía a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y que se acogía a lo que se definiera en esta instancia
constitucional.
4.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no se pronunció en esta
oportunidad.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 5 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente la presente acción al considerar que el asunto
no cumplía con la relevancia constitucional por instancia adicional, pues los
argumentos de la tutela eran una reproducción del recurso de apelación presentado
en su momento al juez ordinario.
Luego de verificar los argumentos de la providencia que se cuestiona, concluyó que
la autoridad judicial accionada había concluido que debían negarse las pretensiones
de la demanda al no haberse acreditado que la declaratoria de extinción de la acción
penal por prescripción se había producido por el anormal funcionamiento de la
administración de justicia, sino que, por el contrario, a partir de las pruebas obrantes
en el expediente se había probado que la justicia penal militar había tramitado la
denuncia formulada por la víctima por el delito de falsedad ideológica que había sido
la causa de la investigación penal y no el punible de fraude procesal, además de
haber adelantado las actuaciones pertinentes con miras a esclarecer los hechos.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión. Reiteró los argumentos presentados en el
escrito de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por una alta
Corte (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es por tal razón
que la Corte Constitucional ha establecido como presupuesto adicional para admitir
la procedencia de la acción de tutela, y es que la providencia judicial atacada
contenga un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con
la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico.
3.1. Corresponde a la Sala verificar si asistió razón al juez de tutela de primera
instancia en declarar improcedente la presente acción por no cumplirse con el
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
concretamente el de relevancia constitucional por instancia adicional.
3.2. De encontrar que no asistió razón al juez de tutela de primer grado, teniendo
en cuenta los antecedentes del caso y el escrito de impugnación,
corresponderá analizar si la decisión del 29 de julio de 2022 emitida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en el proceso con la
radicación Nro. 76001-23-33-000-2012-00153-00/01 incurrió en el defecto fáctico,
en los términos presentados por la accionante.
4. El requisito de relevancia constitucional
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
6 Ibidem
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios argumentos para cuestionar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural7.
Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional. En ese supuesto, es claro que lo perseguido por
el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con
la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del primero, acceda a sus
pretensiones.
5. Análisis del requisito general de la relevancia constitucional en el caso
concreto
5.1. En el caso puesto a consideración de la Sala, se advierte que no se supera el
requisito de relevancia constitucional, en la medida que la parte actora acude
a la acción de tutela a modo de una instancia adicional.
De la revisión hecha a las decisiones proferidas en sede ordinaria, es posible
establecer que tanto en primera como en segunda instancia se negaron las
pretensiones de la demanda y que, los argumentos que presenta en el escrito
de tutela guardan identidad con los del escrito de apelación, veamos:
5.2. Se advierte que los argumentos propuestos por la parte actora en el recurso
de apelación presentado contra la decisión emitida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, coincide con los fundamentos del
escrito de tutela, veamos:
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
5.2.1. Se refirió al transcurso de un tiempo más que considerable por parte de
la justicia penal militar para adelantar el proceso, lo que desencadenó
en la prescripción de la acción penal que a su vez le causó una serie de
perjuicios que se derivaron del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
5.2.2. También mencionó lo relacionado con la prueba grafológica, dijo que la
actividad del juez de la causa debía ser oficiosa y que, no había
practicado ese medio de prueba incurriendo en una omisión por parte
de la justicia, en este caso, del juez que conoció del proceso penal
correspondiente.
5.2.3. Dijo que con ocasión de la falsedad en la que incurrieron los
uniformados que denunció, fue retirado del servicio, todo lo cual le trajo
una serie de perjuicios.
5.3. En el escrito de tutela, la parte actora presentó los mismos argumentos, pero
anunciados desde la presunta configuración de lo que se enmarca en un
defecto fáctico:
5.3.1. Sostuvo que no se dio valor probatorio a todos los documentos
allegados al proceso de reparación directa y que fue un desacierto
considerar que la mora del juez penal no configuraba una causal de
deficiente funcionamiento de la administración de justicia,
desconociendo que el proceso penal es de naturaleza oficiosa y que la
responsabilidad del desarrollo del proceso era indelegable y no recaía
en las partes, todo lo cual derivaba en una denegación de justicia.
5.3.2. De lo anterior y teniendo en cuenta las facultades oficiosas del juez en
materia penal, insistió en que no se practicó la prueba grafológica al
interior del proceso penal y que lo que se hizo fue esperar el vencimiento
de los términos judiciales, todo lo cual derivó en unos perjuicios que
debían ser reparados.
5.3.3. Agregó que con ocasión de la falsedad ideológica y material en
documento público y el fraude procesal, se le causó un perjuicio al ser
desvinculado de su carrera militar.
5.4. La decisión del 29 de julio de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, con el propósito de resolver el problema jurídico, luego
de hacer un recuento cronológico de los hechos y de los tiempos que se dieron
en el proceso penal respectivo, presentó las siguientes consideraciones de
cara al caso concreto:
“De lo expuesto se tiene que, la justicia penal militar tramitó la denuncia formulada por la
víctima y adelantó las actividades que consideró pertinentes para esclarecer los hechos:
Recibió declaración a José Joaquín Almeida Manrique, escuchó en indagatoria a Juan Carlos
Valencia Camargo, Juan Carlos García Ortega y Rolando Gamboa García y decretó la práctica
de pruebas grafológicas a Juan Carlos García, Juan Carlos Valencia Camargo y Rolando
Gamboa García.
Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega
aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con
la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor – si excepciona – debe probar
su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones 8. En concordancia, el artículo 167 del
CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del CGP, quien alega un hecho debe
demostrar la ocurrencia del mismo para que se produzca el efecto pretendido, ya que la sola
afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo. Como no se acreditó que la
declaratoria de la extinción de la acción penal por prescripción de los delitos de falsedad
ideológica y material en documento público se produjo por un anormal funcionamiento de la
administración de justicia, derivado de la negligencia o descuido en el manejo de la
investigación penal, la sentencia apelada será confirmada”.
5.5. De manera que, del recuento anterior es posible concluir que el juez natural
resolvió los puntos que presentó el accionante al juez natural en el recurso de
apelación en relación con estos aspectos, con razones y argumentos que
llevaron a concluir, de una parte, que se tramitó la denuncia presentada por el
actor y se practicaron las pruebas pertinentes, entre estas la grafológica y, de
otra, que no se probó que la declaratoria de extinción de la acción penal por
prescripción por los delitos de fraude denunciados en su momento por el actor,
se produjera por un anormal funcionamiento de la administración de justicia
derivado de la negligencia o descuido en el manejo de la investigación penal.
En este sentido, lo que pretende la parte accionante es que la acción de tutela
se convierta en una nueva posibilidad para plantear los argumentos resueltos
de manera suficiente por el juez natural, buscando que este mecanismo
constitucional se convierta en una instancia adicional, lo que escapa a la
competencia del juez constitucional que está en clave de garantizar los
derechos fundamentales y que, sea de paso decir, no se advierten
desconocidos con la providencia que se cuestiona.
5.6. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por la parte tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y
propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma
una vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
5.7. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento
jurídico párr. 10] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII N°. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero
de 1971 [fundamento jurídico IV párr. 4] en Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIII, N.º. 2340 a 2345, p. 24.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00159-01
Demandante: José Joaquín Almeida Manrique
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad.
Es por esta razón que, al no evidenciarse el cumplimiento de uno de los
requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial, en este caso el
de la relevancia constitucional, no es posible verificar aspectos relacionados
con el fondo del asunto, razón por la que la Sala confirmará la decisión de
primera instancia por la que se declaró la improcedencia de la acción por parte
de la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 5 de febrero de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con las
consideraciones hechas en esta sentencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.