Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01482-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01482-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01482-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
4 de julio de 2024
Demandante: Gases del Caribe S.A. E.S.P.
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01482-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01482-01
Demandante: GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca decisión
que negó la tutela, para declarar la improcedencia por no
cumplir con la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 26 de abril de 2024, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C resolvió negar el amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 22 de marzo de 2024, la sociedad Gases del
Caribe S.A. E.S.P., por medio de apoderado judicial1, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Sexto
Administrativo de Santa Marta, con la finalidad de que se protegieran sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de las providencias del 13 de octubre de 2020 del Juzgado Sexto
Administrativo de Santa Marta, que declaró probado de oficio la excepción de
indebida acumulación de pretensiones, del 26 de octubre de 2022, que confirmó
la decisión de la primera instancia y 18 de octubre de 2023, que negó las
1 El señor Alberto Acosta Manzur, en su condición de suplente del gerente, quien tiene la
representación legal de la sociedad Gases del Caribe S.A. E.S.P., conforme con el certificado
de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que adjuntó,
otorgó poder especial a la abogada Blanca María Merlano Merlano para que la represente en la
acción de tutela de la referencia.
1
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Demandante: Gases del Caribe S.A. E.S.P.
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
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solicitudes de adición y aclaración del proveído de segunda instancia, proferidas
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado 47001-33-33-
006-2018-00115-00/01, promovido por la sociedad Gases del Caribe S.A.
E.S.P. contra el municipio de Zona Bananera, Magdalena.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y el derecho de
acceso a la administración de justicia de GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., los que le
fueron vulnerados por el juzgado sexto (6°) administrativo de Santa Marta y Tribunal
Administrativo del Magdalena, al incurrir en el defecto procedimental absoluto antes
explicado, al expedir el auto de 13 de octubre de 2020, confirmado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena mediante autos de 26 de octubre de 2022 y de 18 de octubre
de 2023, proferidos todos en el proceso 2018-00185.
2. Que en consecuencia con la declaratoria anterior, solicito se revoquen los autos antes
citados de 13 de octubre de 2020, dictado por el juzgado sexto (6°) administrativo de Santa
Marta, y de 26 de octubre de 2022 y de 18 de octubre de 2023 dictados por el Tribunal del
Magdalena, y que, en su lugar, se ordene al juzgado sexto (6°) administrativo de Santa
Marta volver a estudiar y decidir el recurso interpuesto contra el auto de 13 de octubre de
2020, permitiendo la acumulación de pretensiones, propósito para lo cual el este
Corporación ha de indicar cuál es el criterio de aplicación de la figura de acumulación de
pretensiones prevista en el artículo 165 del CPACA, en particular, en cuanto al requisito de
conexidad de las pretensiones, en forma tal que dicha disposición legal se aplique en forma
ajustada a la Constitución Nacional y NO en contra de esta, pues esto último causa la
violación de los derechos fundamentales del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia en cabeza de GASES DEL CARIBE.
3. Que se ordene a los demandados que en el término de 48 horas procedan a dar
cumplimiento al fallo de tutela2.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La Sala advierte como relevantes los siguientes hechos probados, de
conformidad con los documentos aportados al expediente:
La sociedad actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del municipio de Zona Bananera, para que se declarara la
nulidad de las Resoluciones 2017-05-26-0053, por la cual se liquidó la
obligación fiscal del impuesto de alumbrado público a cargo de la demandante y
se le conminó al pago de $258.564.720.oo, y 2017-11-30-0054, por la cual se
confirmó la liquidación oficial, de fechas 26 de mayo y 30 de noviembre de
2017, respectivamente.
2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
3 «Mediante la cual se liquida oficialmente el impuesto al servicio de alumbrado público contra el
contribuyente Gases del Caribe S.A. E.S.P»
4 «Mediante la cual se decide el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente
Gases del Caribe S.A. E.S.P. contra la Resolución No. 2017-05-26-005»
2
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Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
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La demanda fue repartida al Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, al
que se le asignó el radicado 47001-33-33-006-2018-00115-00, y que admitió la
demanda el 19 de junio de 2018.
Indicó que el 21 de septiembre de 2018 radicó escrito de reforma de la
demanda, para que se incluyeran como actos demandados las siguientes
Resoluciones, que fueron proferidas por el municipio de Zona Bananera
(Magdalena) cuyo título ejecutivo está conformado por las Resoluciones 2017-
05-26-005 del 26 de mayo de 2017 y 2017-11-30-005 del 30 de noviembre de
2017:
2018-03-22-003 del 26 de marzo de 20185, por la cual se revoca el acto
administrativo que había ordenado seguir adelante con la ejecución y
declaró no ´robadas las excepciones propuestas contra el mandamiento
coactivo de pago contra la actora.
2018-04-30-003 del 30 de abril de 20186, que resolvió no reponer la
Resolución 2018-03-22-003 que declaró no probadas las excepciones
propuestas contra el mandamiento coactivo.
2018-05-25-001 del 25 de mayo de 20187, que dispuso tener como
liquidación del crédito fiscal dentro del proceso administrativo de cobro
coactivo contra el contribuyente Gases del Caribe S.A. E.S.P. por la
suma de $444.596.720.
2018-06-01-001 del 1.º de junio de 20188, que aprobó la liquidación del
crédito fiscal contenida en la Resolución 2018-05-25-001 contra Gases
del Caribe S.A. E.S.P. por la suma de $444.595.720.oo.
2018-06-21-001 del 1.º de junio de 20189, que dio por terminado el
proceso administrativo de cobro coactivo contra Gases del Caribe S.A.
E.S.P.
Afirmó que el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, el 8 de febrero de
«2013», admitió la reforma de la demanda.
Sostuvo que, en acta de audiencia inicial del 13 de octubre de 2020, el Juzgado
Sexto Administrativo de Santa Marta, advirtió que se configuraba una indebida
acumulación de pretensiones, por las siguientes razones:
5 «Mediante la cual se deciden las excepciones propuestas contra el mandamiento coactivo de
pago librado contra el contribuyente Gases del Caribe S.A. E.S.P.»
6 «Mediante la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.
2018-03-22-003»
7 «Mediante la cual se liquida el crédito fiscal».
8 «Mediante la cual se aprueba la liquidación del crédito fiscal contenida en la Resolución No.
22018-05-25-001».
9 «Mediante la cual se da por terminado el proceso»
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[A]tendiendo que la parte actora en la demanda inicial solicitó la nulidad de la Liquidación
Oficial contenida en la Resolución No. 2017-05-26-005 del 26 de mayo de 2017 y la
Resolución Nro. 2017-11-30-005 del 30 de noviembre de 2017, expedidas por el Municipio
de Zona Bananera y en la adición de la demanda solicitó la nulidad de las resoluciones
Nros. 2018-03-22-003 del 22 de marzo de 2018; 2018-04-30-003 del 30 de abril de 2018;
2018-05-25-001 del 25 de mayo de 2018; 2018-06-01-001 del 1º. de junio de 2018; y la
2018-06-21-001 del 1º. de junio de 2018, actos administrativos proferidos en el proceso de
cobro coactivo adelantado por la entidad accionada, los cuales son dos procesos que
pueden tener relación, pero apuntan a propósitos diferentes, pues los dos primeros
demandados apuntan a la validez de las liquidaciones; y los expedidos en el proceso de
cobro coactivo, a la eficacia de la obligación, tal como lo señaló el Honorable Consejo de
Estado en sentencia del cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Consejera
ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO. Radicación número: 63001-23-33-
000-2015-00145-01 (22915) Actor: TERESA ARIAS HOYOS Demandado: DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES10.
Con fundamento en lo anterior, se dispuso que solo se analizarían las
pretensiones relativas a la nulidad de la Liquidación Oficial contenida en la
Resolución 2017-05-26-005 del 26 de mayo de 2017 y la Resolución Nro. 2017-
11-30-005 del 30 de noviembre de 2017, expedidas por el municipio de Zona
Bananera.
Inconforme con lo resuelto, la sociedad demandante apeló, recurso que fue
desatado por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 26 de octubre de
2022, que confirmó en su integridad la providencia del 13 de octubre de 2020, al
considerar que la manera en que se desarrolló el proceso de cobro coactivo,
nada tiene que ver con la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de
determinación del impuesto de alumbrado público que en este momento se
demandaron, es decir, no existen elementos comunes entre uno y otro proceso,
pues, por ejemplo, las pruebas relacionadas con el proceso de determinación
del impuesto, en nada influyen para resolver la indebida notificación o no del
mandamiento de pago, o sobre el término para resolver las solicitudes de
revocatoria directa dentro del proceso de cobro coactivo.
La sociedad actora, interpuso adición y aclaración del auto proferido por el
Tribunal Administrativo del Magdalena del 26 de octubre de 2022, para que se
pronunciara sobre la razón por la que luego de que se admitiera la reforma de la
demanda, el mismo juez decidiera no conocer sobre estos actos, y se aclarara
por qué no pueden ser considerados idénticos el proceso de determinación del
impuesto y el de cobro coactivo.
En proveído del 18 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Magdalena, negó las solicitudes de adición y aclaración en razón a que se
resolvieron todos los puntos objeto del recurso de alzada, y no se encontraron
conceptos o frases que generaran duda en la parte resolutiva o que influyeran
en ella.
10 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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1.4. Sustento de la petición
La parte actora manifestó que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, toda
vez que con las providencias acusadas se incurrió en defecto procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución al declarar configurada la
excepción de inepta demanda y, excluir de las pretensiones de la demanda
aquellas que se referían a los actos dictados dentro del trámite de cobro
coactivo, a pesar de que en el proceso ordinario se comprobó la conexión y
relación directa existente entre los actos dictados en vía administrativa y los
proferidos en el proceso de cobro coactivo.
Precisó que la limitación del objeto y conocimiento del proceso únicamente a la
liquidación oficial y a la resolución que la confirmó, excluyendo del litigio a los
cincos actos dictados en el proceso de cobro coactivo, configuran un defecto
procedimental y causa una violación directa de la Constitución que hacen
procedente la presente acción de tutela.
Sostuvo que inicialmente el juzgado admitió la reforma de la demanda en
cuanto a acumular las pretensiones de nulidad de los actos demandables
proferidos en el proceso de cobro coactivo, «y cuando ya había caducado el
término de cuatro meses para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, el juzgado, mediante auto que luego fue confirmado por el
Tribunal, decretó de oficio la excepción de inepta demanda respecto a la
acumulación de las pretensiones de nulidad de los actos del coactivo, lo que
conduce a que estos actos quedaron en firme y ejecutoriados y sin posibilidad
de ser demandados por mi representada, a pesar de que ella los había
demandado a tiempo y que las obligaciones objeto de cobro todavía están en
discusión».
Señaló que, si bien los actos de liquidación y de cobro son de naturaleza
distinta, no hay claridad de por qué estas pretensiones no podían acumularse y
por qué habría de iniciar dos procesos distintos, pues se trata de las mismas
obligaciones tributarias y de las mismas partes.
Resaltó que en el proceso ordinario se expuso que la acumulación era
necesaria porque el ente territorial demandado, «en forma abiertamente ilegal,
inició y terminó el proceso de cobro coactivo y dispuso de los dineros
embargados a mi representada, a pesar de que tenía pleno conocimiento de la
presentación y admisión de esta demanda; por tanto, ante esta realidad, esta
demanda fue reformada para pedir también la nulidad de los actos de cobro y la
devolución de los dineros sustraídos de la cuenta bancaria de mi representada
en forma ilegal».
Explicó que el municipio de Zona Bananera terminó el proceso de cobro
coactivo y «se apoderó ilegalmente del dinero de Gases del Caribe mediante la
expedición y confirmación de actos administrativos abiertamente
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inconstitucionales e ilegales, pero que se presumen válidos y que quedaron en
firme y ejecutoriados en virtud de la decisión de impedir la acumulación de
pretensiones, a pesar de que mi representada los demandó en forma oportuna
en el mismo proceso en que se discute la validez de la obligación misma»11.
Destacó que en virtud de la reforma de la demanda que fue admitida, la
pretensión consecuencial de condena fue modificada respecto de su versión
inicial, que era genérica, sin suma específica, para en su lugar incluir e pago o
devolución de la suma de $444.596.720.oo.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 2 de abril de 2024 el magistrado ponente de la Subsección C
de la Sección Tercera de esta corporación admitió la demanda y dispuso
notificar al Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta y al Tribunal
Administrativo del Magdalena.
A su vez, se ordenó vincular al municipio de Zona Bananera, como tercero con
interés en las resultas del proceso, y se dispuso tener como pruebas los
documentos aportados con la demanda.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena
El magistrado ponente solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela al no estructurarse las causales genéricas de procedibilidad.
Sostuvo que el libelista pretende utilizar este mecanismo constitucional como
una instancia adicional para variar el sentido de las decisiones debidamente
fundadas.
Indicó que la demandante insiste en señalar que las pretensiones invocadas en
la demanda inicial, corresponden a actos administrativos que liquidaron el
impuesto de alumbrado público a su cargo, y las incluidas con la reforma de la
demanda, se refieren a actos administrativos proferidos al interior del proceso
de cobro coactivo, por lo que resultan acumulables, comoquiera que aunque se
trata de procesos administrativos independientes, los mismos guardan relación
de conexidad, surgida a partir de la ilegalidad del proceso de determinación, el
cual constituyó el fundamento del cobro coactivo.
Resaltó que se explicó ampliamente la diferencia entre el proceso de
determinación del impuesto y el procedimiento de cobro coactivo, al indicar que
el primero busca definir una obligación tributaria, mientras el segundo, parte de
11 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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la existencia de la misma, «es decir, que la aludida obligación resulta ser clara,
expresa y exigible, lo que permite hacerla efectiva, por ello, es el proceso de
determinación del impuesto el que precede al de cobro coactivo».
Mencionó que teniendo en cuenta providencias del Consejo de Estado12 y de la
Corte Constitucional13, se pudo concluir que la parte actora realizó una
acumulación indebida de pretensiones, pues si bien el objeto del asunto se
circunscribía a la legalidad de los actos que determinación el impuesto de
alumbrado público, lo cierto es que con las peticiones adicionadas se perseguía
también la legalidad del proceso de cobro coactivo, en el que el título ejecutivo
lo constituían las resoluciones demandadas, que fijaron el impuesto y resolvió el
recurso de reconsideración.
Señaló que no se incurrió en ningún defecto susceptible de ser estudiado en
sede de tutela habida consideración que el Tribunal aplicó el lineamiento
jurisprudencial para el caso, analizó concienzudamente los elementos facticos y
probatorios obrantes en el proceso ordinario.
Destacó que, en las providencias cuestionadas, no se indicó que los actos
administrativos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo no pudiesen ser
enjuiciados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues, la
sociedad actora tuvo la oportunidad de controvertirlos, situación distinta es que,
dicho juicio de nulidad se pudiera efectuar de forma conjunta con el proceso de
legalidad de los actos administrativos de determinación del impuesto, como lo
pretendió la empresa demandante.
Precisó que la norma sobre la acumulación de pretensiones es de orden
público, por lo que su aplicación no está al arbitrio del operador judicial, ni a
voluntad de las partes según su conveniencia, por tanto, al no encontrarse los
requisitos establecidos para su operancia, lo que procedía era declarar probado
el medio exceptivo de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
acumulación, prevista en el artículo 100 del CGP.
Concluyó que la solicitud de amparo está dirigida a revivir el debate ya
precluido, pretendiendo convertir el trámite tutelar en una tercera instancia sin
aceptar las decisiones adoptadas por los jueces naturales en el curso del
proceso ordinario.
12 Consejo de Estado, sentencia del 20 de agosto de 2002, proferida dentro del proceso con
radicado 11001-03-15-000-2000-0488-01, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
13 Corte Constitucional, sentencia del 18 de febrero de 2021 del proceso don radicado 25000-
23-37-000-2014-01110-01 (23305) «M.P. MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO. En la
cual se hizo referencia a su vez, a las providencias i) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-31-000-2010-00855-02
(21693). Sentencia del 20 de diciembre de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y ii)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 70001-23-
33-000-2013-00126-01 (21560). Sentencia del 9 de agosto de 2018. CP. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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1.6.2. Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta
El juez manifestó que, la acción de tutela de la referencia, se enfoca en atacar
la providencia del 13 de octubre de 2020 que declaró probada la excepción de
indebida acumulación de pretensiones, que fue apelada y resuelta por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que confirmó la decisión por auto del 26
de octubre de 2022.
Al respecto señaló que, las decisiones de primera y segunda instancia
contienen los razonamientos legales que fundamentan la conclusión a la que se
arribó para declarar probada la excepción de indebida acumulación de
pretensiones.
Afirmó que tanto las autoridades judiciales demandadas, bajo el mismo sustento
delineado por el Consejo de Estado en distintas providencias, encontraron que
dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, no era posible
acumular pretensiones toda vez que se incluyeron dos procesos completamente
distintos, toda vez que con la demanda inicial se controvertía los actos de
determinación del impuesto de alumbrado público, mientras que las peticiones
declarativas incluidas en la reforma atacaban los actos que ejecutaron una
obligación de pago, lo cual no se acompasa con el propósito primario de la
demanda.
Destacó que, dentro del trámite del proceso ordinario seguido por la sociedad
demandante en contra del municipio de Zona Bananera, se tomaron decisiones
conforme a derecho y con respeto del debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, por tanto, no existe vulneración alguna de tales
derechos fundamentales.
1.6.2. El municipio de Zona Bananera, Magdalena, guardó silencio, pese a que
fue debidamente notificada.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 26 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C resolvió negar la solicitud de amparo, al considerar que
las decisiones de las autoridades judiciales demandadas, no constituyen un
defecto procedimental absoluto, toda vez que éstas se fundamentaron en la
inexistencia de conexidad entre todas las pretensiones, es decir, se incumplió el
requisito previsto en el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, al respecto, señaló:
Debe resaltar la Subsección que, la jurisprudencia de esta Corporación y la de Corte
Constitucional ha hecho alusión a las diferencias sustanciales que existen en los actos que
determinan la obligación tributaria y los que se expiden por la administración para
efectivizar su pago, que impiden asegurar una conexidad entre ellos. En efecto, la
demanda ordinaria promovida contra la Liquidación Oficial y contra el acto que resolvió el
recurso de reconsideración implica el análisis de legalidad de la decisión de la
administración en cuantos las razones fácticas y legales con las que determinó que a
Gases del Caribe S.A. E.S.P. le asiste la obligación del pago del impuesto de alumbrado
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público, mientras que la demanda que se adelante contra los actos del proceso de cobro
estudiaran aspectos diferentes, no de legalidad, sino de procedencia de dicha actuación
como lo es el acto que rechace o niegue la excepciones mas no la legalidad de la
obligación.
Así las cosas, la Sala considera que las decisiones que se censuran no vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora, pues encuentran fundamento en los
lineamientos del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, y en la ausencia del requisito de
conexidad para que proceda la acumulación de pretensiones, además, no se erige como
irregular la decisión de declarar probada la excepción de inepta demanda pues incluso, la
reforma con la inclusión de pretensiones sobre los actos del proceso de cobro coactivo era
improcedente, y le asistía al accionante la carga de adelantar en debida forma la actuación
procedente, que no era otra que demandada en un proceso diferente la nulidad de tales
actos14
1.8. Impugnación
La parte actora con memorial del 4 de junio de 2024 impugnó el fallo de primera
instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 29 de mayo de mismo año,
para solicitar que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar, se
concedieran las pretensiones de la tutela.
Adujo que, en la sentencia impugnada, al igual que en las providencias
judiciales objeto de esta tutela, se interpreta y aplica en forma contraria el
presupuesto de conexidad previsto en el artículo 165 del CPACA, toda vez que
la norma prevé que «haya una relación o puntos en común que permiten juntar
el trámite de estas pretensiones, sin que esto signifique que deba haber
coincidencia total en cuanto a los cargos que soportan cada una de las
pretensiones acumuladas»15.
Señaló que en este asunto, la conexidad se configura porque las obligaciones
objeto de la demanda ordinaria y sus sujetos activo y pasivo son exactamente
los mismos, con la única diferencia «de que unas pretensiones apuntan a la
nulidad de unos actos, que tienen cierta condición jurídica y sobre los cuales se
plantean unos cargos específicos, y otras a la nulidad de otros actos, que tienen
otra condición jurídica y otros cargos específicos distintos, pero entre todos
ellos hay relación de causa y efecto, son antecedente y consecuencia, pues
unos actos crean la obligación y otros la cobran, de modo que si no hay uno no
hay lo otro»16.
Explicó que el proceso de cobro solo puede iniciarse cuando al acto de
determinación está ejecutoriado «si la autoridad tributaria inicia al cobro en
forma anticipada y sin esperar dicha ejecutoria, que fue lo que sucedió aquí,
esos actos son demandables, precisamente, porque se está violando el debido
proceso al no estar ejecutoriados, y el planteamiento de dicha discusión jurídica
puede hacerse en el mismo proceso iniciado sobre las obligaciones cobradas,
pues hay conexidad entre las distintas pretensiones en la forma antes
14 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
15 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
16 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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expuesta17.
Afirmó que el municipio de Zona Bananera actuó y sigue actuando en forma
abiertamente contraria a la Constitución y a la ley, razón por la cual se solicitó la
acumulación de pretensiones «porque era legalmente procedente y
prácticamente más ágil, resulta que la interpretación errada y, sobre todo,
exagerada del juez natural y del juez constitucional, privan a mi representada de
demandar estos actos ilegales»18.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión impugnada en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de
199119, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, concierne a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en defecto procedimental absoluto y
violación directa de la Constitución al declarar configurada la excepción de
inepta demanda y, excluir de las pretensiones de la demanda aquellas que se
referían a los actos dictados dentro del trámite de cobro coactivo, a pesar de
que en el proceso ordinario se comprobó la conexión y relación directa existente
entre los actos dictados en vía administrativa y los proferidos en el proceso de
cobro coactivo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201220, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
17 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
18 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
19 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política
20 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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[...] si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.21
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.22
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
21 Ibídem.
22 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202223, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.
La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad
en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.
El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
23 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal24 (Énfasis de la sala).
La corte en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud
de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la
relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.5. Caso concreto
La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales resultaron
vulneradas con ocasión de las providencias del 13 de octubre de 2020 del
Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, del 26 de octubre de 2022, y 18
de octubre de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con el radicado 47001-33-33-006-2018-00115-00/01.
La sociedad demandante alega que, con las decisiones proferidas en el proceso
ordinario, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
procedimental absoluto y violación a la Constitución, al considerar que se
interpretó indebidamente el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, relativo a la
acumulación de pretensiones, que prevé que esta figura procede siempre que
sean conexas y concurran los requisitos allí establecidos.
Para resolver, se precisa que no se encuentra cumplido el requisito de la
relevancia constitucional por las siguientes razones:
Dicho presupuesto general de la acción de tutela «[…] supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel […]»25. De igual manera, se precisa que el aludido
requisito tiene tres finalidades, a saber:
24 Sentencia SU 573 de 2019.
25 Sentencia SU 573 de 2019.
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(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional26 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad 27; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales 28 y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces29.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez de
esta vía tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su competencia y
podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la solicitud de
amparo.
En lo particular, se observa que la sociedad actora, precisó que la parte
demandada con las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
procedimental absoluto y violación a la Constitución, debido a que se declaró de
oficio probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
acumulación indebida de pretensiones y dispuso que solo se analizarían las
pretensiones relativas a la nulidad de la Liquidación Oficial contenida en la
Resolución 2017-05-26-005 del 26 de mayo de 2017 y la Resolución Nro. 2017-
11-30-005 del 30 de noviembre de 2017, expedidas por el Municipio de Zona
Bananera, con lo cual se interpretó de manera errada el artículo 165 de la Ley
1437 de 2011.
Agregó que en el proceso ordinario se indicó que la acumulación era necesaria
porque el ente territorial demandado, ya había iniciado y terminado el proceso
de cobro coactivo y dispuso de los dineros embargados, a pesar de que tenía
pleno conocimiento de la presentación y admisión de la demanda ordinaria, en
ese orden radicó reforma del escrito inicial que fue admitida, para que se
tuvieran en cuenta las resoluciones proferidas dentro del trámite de cobro
coactivo y la condena fuera modificada para que se incluyera el pago o
devolución de la suma de $444.596.720.oo.
Sostuvo que la limitación del objeto y conocimiento del proceso únicamente a la
liquidación oficial y a la resolución que la confirmó, excluyendo del litigio a los
cincos actos dictados en el proceso de cobro coactivo, vulnera sus derechos,
toda vez que estos actos quedaron en firme y ejecutoriados y sin posibilidad de
ser demandados.
Señaló que, si bien es los actos de liquidación y de cobro son de naturaleza
distinta, se trata de las mismas obligaciones tributarias y de las mismas partes.
Por su parte la parte demandada resaltó que las decisiones proferidas en
primera y segunda instancia al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
26 “Sentencia C-590 de 2005.”
27 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
28 “Sentencia C-590 de 2005.”
29 “Sentencia T-102 de 2006.”
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del derecho se precisó que si bien los procesos de determinación del impuesto
de alumbrado público y de cobro coactivo se adelantaron por la administración,
no pueden considerarse como idénticos, pues estos de diferencias en su objeto,
en el primero se busca la declaratoria de la obligación y en el segundo la
obligación ya está declarada y se persigue hacerla efectiva; por tanto, pretender
el estudio de legalidad del trámite de cobro coactivo, implicaría adentrarse en el
estudio de un proceso totalmente distinto al de determinación del impuesto,
advirtiendo que no se cumple con el primero de los requisitos señalados en el
artículo 165 del C.P.A.C.A. para la procedencia de la acumulación de
pretensiones, esto es, lo relacionado con la conexidad.
Precisado lo anterior, se evidencia que el presente asunto no tiene relevancia
constitucional, toda vez que la accionante plantea su inconformidad respecto de
las decisiones que declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida acumulación de las pretensiones y dispuso el análisis
únicamente de las peticiones relativas a la nulidad de la Liquidación Oficial
contenida en la Resolución 2017-05-26-005 del 26 de mayo de 2017 y la
Resolución Nro. 2017-11-30-005 del 30 de noviembre de 2017, expedidas por el
Municipio de Zona Bananera.
Por consiguiente, para la Sala la demandante busca convertir esta acción de
tutela en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte interesada
refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos
constitucionales, sino que es necesario que la afectación o infracción logre: i)
cumplir con la carga de argumentativa derivada de una providencia en abierta
contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la
intervención del juez constitucional.
Por tanto, a través de este mecanismo constitucional no puede atribuirse las
facultades del funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto
que implicaría un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez
natural.
De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.
En ese orden de ideas, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las
que arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
Así las cosas, en el caso concreto no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la parte demandada que
amerite la intervención en sede constitucional, razón por la cual se revocará la
decisión de primera instancia que negó la solicitud de amparo constitucional,
para en su lugar, declarar la improcedencia de esta acción por falta de
relevancia constitucional.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 26 de abril de 2024, por la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C negó la solicitud de
amparo constitucional, para en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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