Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01510-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01510-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01510-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01510-00
Accionante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Consejo
de Estado - Sección Quinta.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El Hospital Universitario San Ignacio solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó
a la sentencia de 7 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado - Sección
Quinta dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o
de actos administrativos con radicado número 25000-23-41-000-2023-01395-
00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovió el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley con radicado núm. 25000-23-41-000-2023-01395-00/01 contra la
sociedad Famisanar E.P.S. S.A.S.
2.2. Señaló que el medio control de cumplimiento de normas con fuerza material de
ley interpuesto tenía como objetivo que se ordenara a la demandada cumplir con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01510-00
Accionante: Hospital Universitario San Ignacio
los términos de pago de las facturas, de conformidad con lo plasmado en el literal
d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 9 de enero de 20071.
2.3. Precisó que el proceso referido fue tramitado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “A”, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 23 de noviembre de 2023, declaró improcedente la presente acción
de cumplimiento por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
2.4. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que,
mediante sentencia de 7 de marzo de 2024, el Consejo de Estado - Sección Quinta
confirmó el fallo de primera instancia.
2.5. Señaló que la autoridad accionada incurrió en el defecto sustantivo al
desconocer lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 29 de julio de 19972 y el
literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007.
2.6. Indicó, igualmente, que se incurrió en un defecto fáctico porque se omitió valorar
las facturas allegadas al proceso en las que se podía advertir que estaba constituido
un título ejecutivo en favor del demandante.
2.7. Manifestó que el Consejo de Estado - Sección Quinta desconoció la sentencia
C-675 de 20023.
2.8. Afirmó que la Corte Constitucional, mediante los autos núm. 2881 y 2882 de 20
de noviembre de 2023, resaltó la importancia del flujo de recursos en el sistema de
salud.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se declare que en la sentencia de segunda instancia del 7 de marzo
de 2024, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de Ley radicación 250002341000
2023 01395 01, se violentó el derecho fundamental al debido proceso del
Hospital Universitario San Ignacio.
2. Que para la protección del derecho fundamental al debido proceso del
Hospital Universitario San Ignacio, se revoque la sentencia de segunda
instancia del 7 de marzo de 2024, proferida por la Sección Quinta de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de Ley radicación
250002341000 2023 01395 01.
1
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan”.
2
“Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
3
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. D-5540, M.P. Jaime Araujo Renteria; 30 de junio de 2005.
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Accionante: Hospital Universitario San Ignacio
Que se ordene a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, que profiera una nueva sentencia dentro del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de Ley radicación
250002341000 2023 01395 01, en la cual respete el derecho fundamental al
debido proceso del Hospital Universitario San Ignacio no incurriendo en las vías
de hecho cometidas por dicha corporación y que motivaron el amparo de tutela
[…]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de abril de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés en el resultado del proceso a la sociedad Famisanar E.P.S.
S.A.S. y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera -
Subsección A.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección A, a través del magistrado ponente, manifestó que esta acción de
tutela no busca la protección de un derecho fundamental, sino pretendía una tercera
instancia del proceso de acción de cumplimiento.
5.2. Consejo de Estado - Sección Quinta, a través del magistrado ponente de la
decisión objeto de esta acción, solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela
porque los planteamientos expuestos se dirigen a controvertir el criterio del juez de
segunda instancia, por no haber accedido a las pretensiones de la demanda.
5.3. La Sociedad Famisanar E.P.S. S.A.S. solicitó, a través de apoderado judicial,
la desvinculación de la presente acción de tutela porque no ha vulnerado ningún
derecho fundamental.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
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Accionante: Hospital Universitario San Ignacio
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la sociedad Famisanar E.P.S. S.A.S.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto]
9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Famisanar E.P.S. S.A.S. fue
parte dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o
de actos administrativos con radicado número 25000-23-41-000-2023-01395-
00/01, en el que se profirió la sentencia de 7 de marzo de 2024, que es objeto del
presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el
interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional, razón por la cual se
denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo
siguiente:
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la providencia de 7 de marzo de 2024, proferida por el Consejo
de Estado – Sección Quinta, dentro del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza de ley o de actos administrativos con radicado número
25000-23-41-000-2023-01395-00/01 vulneró el derecho fundamental
invocado por el accionante.
11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
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absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. El
Hospital Universitario San Ignacio solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 7 de
marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta dentro del
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o de actos
administrativos con radicado número 25000-23-41-000-2023-01395-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
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25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales20.
27. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, por haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico y sustantivo.
29. Refirió que la autoridad accionada incurrió en el defecto sustantivo al desconocer
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 y el literal d) del artículo 13 de
la Ley 1122 de 2007.
30. Sobre el defecto fáctico se señaló que se omitió valorar las facturas allegadas al
proceso en las que se podía advertir que estaba constituido un título ejecutivo en
favor del demandante.
31. Sedebe precisar que los argumentos relacionados con la configuración del
defecto sustantivo y fáctico fueron expuestos por el accionante en el recurso de
apelación que interpuso dentro del proceso del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza de ley o de actos administrativos con radicado número 25000-
23-41-000-2023-01395-00/01.
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) el caso involucra un debate jurídico de naturaleza legal y iii) la
parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia.
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Hospital Universitario San Ignacio
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales”.
34. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de segunda
instancia, en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o de
actos administrativos, no tuvo en cuenta aspectos que, en su criterio, desvirtuaban
la improcedencia de la acción.
35. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:
“[…] Como lo advirtió la primera instancia para el pago de las facturas por servicios
de Salud la acción de cumplimiento deviene en improcedente porque para esa
finalidad el ordenamiento jurídico previó el proceso ejecutivo ante la jurisdicción
laboral ordinaria. En este sentido, la IPS discrepó que tal mecanismo no es idóneo
ni eficaz; sin embargo, lo cierto es que como también lo señaló, las facturas
adeudadas datan desde el año 2015, es decir, de forma previa al procedimiento
de intervención administrativa de Famisanar EPS SAS que adelantó la
Superintendencia Nacional de Salud, sin que medie justificación del por qué la
demandante no acudió en oportunidad a exigir el pago de los dineros adeudados,
lo que da cuenta que a través de esta acción se busca trasmutar el medio de
defensa legal previsto con el que contó la demandada para satisfacer sus
pedimentos a través de esta acción constitucional.
Asimismo, no escapa de la atención de la Sala que la Superintendencia Nacional
de Salud acudió a la medida cautelar de intervención forzosa de la entidad con el
fin de controlar la EPS Famisanar a través de la designación de un agente
interventor. Por tanto, cualquier orden que emita el juez de cumplimiento implicaría
intervenir en las competencias legales y en el procedimiento especial de
protección por el cual atraviesa dicha entidad, trámite ante el cual también puede
concurrir la demandante para procurar por el pago de las obligaciones adeudadas
[…].
[…]
Ahora bien, en cuanto a las discrepancias del demandante sobre el procedimiento
de intervención forzosa adelantado por la Superintendencia Nacional de la Salud,
la Sala debe precisar que la parte actora cuenta con la acción de reparación
directa si considera que dicha intervención afecta de alguna manera sus intereses
como acreedor de la EPS intervenida.
Así las cosas, la autoridad judicial de primera instancia acertó en concluir la
improcedencia por subsidiariedad, dado que en este caso el juez no se puede
abrogar las competencias y definir el pago de las facturas adeudadas a la
accionante ni del procedimiento de intervención forzosa adelantado por la
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Accionante: Hospital Universitario San Ignacio
Superintendencia Nacional de Salud porque este medio no fue previsto para
dirimir tal tipo de debates, pues el ordenamiento jurídico previó otros cauces
ordinarios para resolver esas controversias. En efecto, los argumentos que
propone el impugnante implicarían que por esta vía constitucional se subsane su
falta en cuanto al ejercicio oportuno del proceso ejecutivo, así como también,
desconocer que existen otros medios para garantizar el flujo de los recursos
adeudados.
Lo anterior es suficiente para confirmar la improcedencia de este caso y, por ende,
no corresponde a la Sala adentrarse en el estudio del fondo del caso. Máxime si
se tiene en cuenta que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable ni se
advierte que se configure […]”.
36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el Consejo de Estado - Sección Quinta y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o de actos
administrativos.
37. De hecho, lo que se aprecia es que el juez hizo un análisis del caso, valorando
todos los escenarios necesarios para no incurrir en ninguno de los defectos
sustantivos y fácticos mencionados por el accionante, toda vez que el medio de
control si resultaba improcedente por existir otro medio de defensa judicial.
38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.
39. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.
40. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará
improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibidem.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01510-00
Accionante: Hospital Universitario San Ignacio
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
Famisanar E.P.S. S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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