Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-01395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2023-01395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-01395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-01395-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de marzo de 2024
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
Demandante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO IPS
Demandado: FAMISANAR EPS SAS
Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionada contra la sentencia de
23 de noviembre de 2023. En la providencia mencionada, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente
la acción de cumplimiento por subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
Por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley
393 de 1997, la institución de prestación de servicios de salud Hospital Universitario
San Ignacio –en adelante la IPS– demandó a la entidad promotora de salud
Famisanar S.A.S. –en adelante la EPS–, para que se le ordene el cumplimiento de
literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 20071. Las pretensiones formuladas fueron
las siguientes:
1. Que se declare que Famisanar EPS ha incumplido el deber de protección del flujo
de recursos del sistema de salud, a que está obligada en los términos del literal d) del
artículo 13 de la Ley 1122 de 2007.
2. Que como consecuencia de la declaración de incumplimiento del literal d) del
artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, se ordene a Famisanar EPS dar cumplimiento a
la norma y proceder a cancelar, una vez ejecutoriado el fallo que se profiera, la
totalidad de las facturas que por prestación de servicios de salud adeuda al Hospital
Universitario San Ignacio y que se encuentren con el plazo legal de pago de 60 días
vencido.
1
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones.
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
3. Que se conmine a Famisanar EPS SAS para que en lo sucesivo de cumplimiento
cabal a las normas de protección del flujo de recursos del sistema de salud previstas
en el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007. 4. Que se condene en costas y
agencias en derecho a Famisanar EPS SAS [2].
2. Hechos
Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI3, la Sala resume los
supuestos fácticos de la demanda a continuación:
La IPS accionante indicó que, de acuerdo con la información de la página web de la
Adres4, entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, la EPS demandada recibió la
suma de $ 3.922.492.26.969 para cubrir el aseguramiento en salud de los afiliados
al régimen contributivo y subsidiado del sistema de salud. No obstante, señaló que
no se le han pagado 5.876 facturas que datan del año 2015 al 2023, cuyo valor
asciende a la suma de $ 9.282.645.3445 por prestación de servicios de salud.
Por otra parte, señaló que, a través de la Resolución 2023320030005625-6 del 15
de septiembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de
posesión de la EPS e invocó como causal la persistencia en la violación de normas
del sistema de salud para decretar la intervención. Asimismo, reparó en que el
organismo de inspección, vigilancia y control determinó que la intervenida «destinó
el 46,2% de los recursos recibidos del ADRES para pagar preferentemente a las
dos empresas que son sus socios»[6], soslayando las obligaciones que se le
adeudan.
A juicio del demandante, la omisión de la accionada constituye un irrespeto a las
reglas de protección del flujo de los recursos del sistema de salud previstas en el
literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, además, sostuvo que la intervención
forzosa que realizó la Superintendencia no habilita a la demandada para persistir en
el incumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, con el fin de cumplir el requisito
previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, el 6 de octubre de 2023, el extremo
activo requirió a la EPS el obedecimiento de la disposición mencionada y, en
consecuencia, que se le pagaran las facturas adeudadas. Sin embargo, señaló que
no obtuvo respuesta.
3. Admisión de la demanda
En providencia de 30 de octubre de 2023, el magistrado ponente de la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
2
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores de la accionante.
3
Índice 2.
4
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
5
Para sustentar este hecho la accionante adjuntó una base de datos en las que se identifican las facturas
adeudadas, archivo .xlxs «09 BD facturas HUSI no pagadas Famisanar.xlsx».
6
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores de la accionante.
2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
solicitud de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar a la agente
interventora de la demandada y vinculó al Ministro de Salud y Protección Social, al
Superintendente Nacional de Salud y al director de la Adres. Finalmente, en la
providencia se tuvo como pruebas las aportadas por el extremo activo7.
4. Informes
4.1. Famisanar EPS SAS8 se opuso a las pretensiones de la demanda. Para tal
propósito, en resumen, exceptuó: (i) la inexistencia de la obligación por pago. Al
respecto, indicó que se pagaron 346 facturas por valor de $ 128.795.856 y que otros
se realizaron de manera parcial por la suma de $ 123.587.227 y (ii) la falta de
exigibilidad de los valores reclamados por aceptación, generación de glosas,
falta de registro de radicación y facturas a cargo de la Adres. En ese sentido,
explicó que entre las partes se han llevado a cabo mesas de trabajo con la finalidad
de efectuar la depuración de la cartera. Como resultado se han aceptado las
objeciones por $ 22.895.400, existen facturas glosadas por valor de $ 177.720.50,
no hay registro de radicación de facturas por valor de $ 4.497.032 y hay obligaciones
por valor de $ 2.998.547 que corresponden a servicios no incluidos en el Plan de
Beneficios de Salud9.
4.2. La Adres solicitó su desvinculación del presente asunto por cuanto la norma
que se estima incumplida determina que el mandato de pago tiene como
destinatario a las EPS, no a dicha Administradora, por tanto, sostuvo que no puede
ser extremo pasivo, aunado a que la accionante no la constituyó en renuencia.
5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 23 de noviembre de 2023, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primer lugar, negó la
desvinculación de la Adres por cuanto, a partir de lo expuesto por la EPS, parte de
los pagos corresponden a la Administradora por servicios no incluidos en el Plan de
Beneficios en Salud. En segundo lugar, declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento por no tenerse por satisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, lo
anterior, en atención a que desde el auto 788 de 202110, la Corte Constitucional ha
indicado que la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social es la
competente para conocer de las demandas que pretenden, a través de un proceso
ejecutivo, el pago de sumas de dinero contenidas en varias facturas como resultado
7
En el expediente no obra informe del Ministro de Salud y Protección Social pese a que se dispuso su
vinculación por el a quo.
8
Famisanar EPS SAS es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza comercial, transformada en
2017 como Sociedad por Acciones Simplificada, inscrita en el registro mercantil bajo el número 02254257,
regida por la Constitución Política de Colombia, Ley 100 de 1993, la Ley 1258 de 2008, sus estatutos, y en las
demás disposiciones legales aplicables y vigentes. su objeto social es el aseguramiento en salud de afiliados al
régimen contributivo y subsidiado del sistema de salud, por tanto, ejerce funciones públicas.
9
Entre estos Fome y Punto Final.
10
Expediente CJU-423. Auto de 15 de marzo de 2023, Expediente CJU-2062, entre otros.
3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
de la prestación de servicios de salud11.
6. Auto de 4 de diciembre de 2023.
En atención a que no se notificó el auto admisorio de la demanda a la
Superintendencia Nacional de Salud, conforme al artículo 137 del Código General
del Proceso, el magistrado sustanciador de la subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó ponerle a esa autoridad el
conocimiento de la posible configuración de la nulidad prevista en el numeral 8.º del
artículo 133 del CGP.
La Superintendencia no alegó nulidad alguna, por tanto, en auto de 17 de enero de
2024, la primera instancia la tuvo por saneada y dispuso notificar a los sujetos
procesales el fallo de 23 de noviembre de 2023.
De acuerdo con lo anterior, en esta sentencia de segunda instancia serán expuestos
los argumentos de la Superintendencia Nacional de Salud, que solicitó no acceder
a la acción de cumplimiento. En ese sentido, sostuvo que la parte actora tiene a su
disposición el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria para el pago de los
servicios prestados.
Explicó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997,
pese a la existencia de un instrumento judicial el juez puede pronunciarse de fondo
en relación con la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos de
necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, manifestó
que la IPS no probó tales circunstancias. Seguidamente, dijo que la disposición
invocada no contiene una obligación imperativa e inobjetable a su cargo como
órgano de inspección, vigilancia y control ni fue constituida en renuencia.
Finalmente, exceptuó que, no es jurídicamente viable pretender que asuma el
obedecimiento pretendido por la demandante ni responsabilidad alguna por el no
pago de facturas a la EPS con quien no tiene ninguna relación laboral, contractual,
de subordinación o dependencia, por tanto, alegó su falta de legitimación por pasiva
y pidió su desvinculación.
7. La impugnación
El IPS accionante solicitó revocar la decisión de primera instancia y que se acojan
las pretensiones de la demanda de cumplimiento. En primer lugar, con el fin de
corroborar el incumplimiento por parte de la EPS demandada, puso en conocimiento
que el Ministerio de Salud y de la Protección Social promovió el medio de control de
11
Además, en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se reconoció
personería a los apoderados judiciales para esta causa de Famisanar EPS SAS y de la Adres.
4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
protección de derechos e intereses colectivos12 en contra de 21 aseguradoras de
salud, dentro de las cuales se encuentra Famisanar SAS, en la que se pretende que
se garanticen las reservas y provisiones que por Ley deben constituir para el pago
de las facturas por servicios de salud.
Seguidamente, el impugnante sostuvo que el fundamento del fallo de primera
instancia es errado porque se desconoció que Famisanar SAS es objeto de
intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, Resolución
2023320030005625-6 de 2023, actuación administrativa que implicó que no se
pueden iniciar procesos ejecutivos y que los existentes fueron suspendidos en virtud
del Decreto Ley 663 de 1993. Además, manifestó que la acción ejecutiva no es la
idónea y se torna en ineficaz para garantizar y proteger el flujo de recursos del
servicio público esencial de salud.
También discrepó de las consideraciones de la Corte Constitucional, en que se
fundamentó la primera instancia, pues, a su juicio, no definen los problemas
jurídicos que plantea el presente medio de control, dado que dichos
pronunciamientos se circunscribieron a la resolución de conflictos de competencias
jurisdiccionales, por lo que no se absolvieron los interrogantes atinentes a (i) si un
proceso ejecutivo ordinario es una herramienta judicial idónea para garantizar el
flujo de recursos en el servicio público esencial de salud; ii) la afectación del sistema
de salud por el sistemático incumplimiento de las EPS a garantizar el debido flujo
de los recursos del sistema de salud hacia las IPS y iii) la grave afectación de los
derechos de los afiliados que resulta de las deudas de las EPS hacia las IPS.
Añadió que las pruebas evidencian que la demandada «desde octubre del año 2016
ha desatendido sistemáticamente el deber de pago plasmado en el art 13-d) de la
Ley 1122 de 2007», infracción que no se corrige con la interposición de procesos
ejecutivos «pues su dimensión y recurrencia afecta severamente al flujo de recursos
del sistema de salud y de contera vulnera el derecho colectivo al acceso y prestación
eficiente del servicio público de salud»13.
A su vez, reiteró que el proceso de intervención adelantado por la Superintendencia
vinculada a este trámite «está determinada por una indebida práctica empresarial
de favorecimiento de los accionistas de la EPS que son Instituciones de Prestación
de Servicios de Salud a las cuales si se les cancelan sus facturas a tiempo, indebida
conducta que ha sido cohonestada por el ejercicio tardío de los deberes de
protección de recursos del sistema de salud», asimismo dijo que «[a]tenta contra el
derecho colectivo de “acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna” el pretender que las instituciones de salud tengan que
12
Indicó que la demanda «está en proceso de radicación por la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos
del Circuito de Bogotá DC».
13
En atención a este argumento la impugnante citó apartes de la sentencia T-760 de 2008.
5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
sistemáticamente demandar judicialmente a las EPS para que les paguen las
facturas por los servicios de salud».
Por otra parte, el IPS indicó que el Tribunal desconoció que las pretensiones del
medio de control «comportan el consecuente y forzoso pago de las facturas en las
condiciones y términos expresamente ordenados en la Ley desatendida, por lo que
de la declaratoria de incumplimiento ineludiblemente deviene la cancelación de lo
debido con una antigüedad mayor a 60 días». Igualmente, iteró que la acción de
cumplimiento se torna procedente para garantizar y proteger el flujo de recursos del
sistema de salud, lo cual no comporta gastos pues como se probó en el proceso la
Adres le giró los dineros a la EPS para atender sus obligaciones.
Finalmente, discrepó en cuanto a que la decisión de primera instancia «pudo incurrir
en el desconocimiento del precedente jurisprudencia contenido en la sentencia
C675/08, providencia en la cual la Corte Constitucional declaró exequible el literal
d) del art 13 de la Ley 1122 de 2007, [...] en el entendido que el debido “flujo de
recursos” es un factor esencial para la óptima operación del sistema de salud».
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 23
de noviembre de 2023 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Cuestión previa
Como se anotó en los antecedentes de esta providencia, con posterioridad a la
sentencia de primera instancia, mediante auto de 4 de diciembre de 2023, el
magistrado sustanciador del Tribunal dispuso la debida notificación de la
Superintendencia Nacional de Salud, entidad que contestó la demanda14, razón por
la cual en esta sentencia de segunda instancia se tendrán en cuenta sus
argumentos atinentes a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
que formuló.
14
En auto de 17 de enero de 2024, la primera instancia tuvo por saneada la causal de nulidad dado que la
entidad de control no la alegó.
6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
En ese sentido, esta Sala debe precisar que se modificará el fallo impugnado en el
sentido de negar la excepción propuesta, pues la legitimación en el proceso y que
conllevó a la vinculación de la Superintendencia de Salud desde el auto admisorio,
tiene como sustento los reproches que la demandante alude en cuanto a que, a
través de la Resolución 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023,
ordenó la toma de posesión de Famisanar SAS y en cuanto al reparo de que el
organismo de inspección, vigilancia y control determinó que la intervenida «destinó
el 46,2% de los recursos recibidos del ADRES para pagar preferentemente a las
dos empresas que son sus socios» [15], soslayando las obligaciones que se le
adeudan a la IPS. Ahora, en cuanto a la legitimación en la causa se precisa que es
un asunto que corresponde al estudio del fondo del asunto, de llegar a encontrar
satisfechos los requisitos de procedibilidad y procedencia de esta acción
constitucional.
3. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 23
de noviembre de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del literal d) del artículo 13 de
la Ley 1122 de 2007, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393
de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe confirmarse, modificarse o
revocarse la sentencia de primera instancia a partir de los argumentos expuestos
por la autoridad demandada?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo16 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad
15
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores de la accionante.
16
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo17.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
17
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]18.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii, iii o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política19.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»20.
18
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
20
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado21.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,22 a menos que estén apropiados;23 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior24.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este25 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»26. Igualmente, esta Sección27 ha dicho que:
21
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
22
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
23
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
24
Sentencia antes citada.
25
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
26
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
27
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[28] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
28
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»29.
Para este caso, en el expediente obra el escrito de 6 de octubre de 2023 –radicación
física LOG13001A21 y electrónica 1000-2023-E-517856–, en el que la demandante
requirió a EPS Famisanar EPS SAS el obedecimiento del literal d) del artículo 13 de
la Ley 1122 de 2007 y que, en consecuencia, se le pagaran las facturas adeudadas
desde el año 2015. En el plenario no obra respuesta por parte de la EPS, por tanto,
el requisito se entiende por agotado dado que transcurrió el término previsto en el
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 sin obtener respuesta a su pedimento.
Ahora bien, en cuanto al agotamiento del mencionado requisito respecto del
Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres y la Superintendencia Nacional de
Salud, esta Sala reitera su postura jurisprudencial que el presupuesto de
procedibilidad se entiende por agotado con ocasión de la vinculación oficiosa que
realizó el magistrado sustanciador de primera instancia en el auto admisorio, en
virtud de las previsiones del artículo 5.º de la Ley 393 de 1997. De acuerdo con lo
anterior, para la Sala el requisito de procedibilidad de esta acción se encuentra
debidamente agotado respecto de la demandada y vinculadas. Por tanto, la Sala
procederá al estudio de los requisitos de procedencia.
3.4. Procedencia de la acción
En primer lugar, la Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectivo el
obedecimiento de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad, es decir, su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico vigente. En el asunto bajo estudio
se exigió a la accionada el cumplimiento del literal d) del artículo 13 de la Ley 1122
de 2007 que dispone lo siguiente:
LEY 1122 DE 2007
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 13. FLUJO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS. Los actores
responsables de la administración, flujo y protección de los recursos deberán
acogerse a las siguientes normas:
[…].
d) Las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los
servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un
100% si los contratos son por capitación. Si fuesen por otra modalidad, como pago
por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se hará como mínimo un pago
29
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
12
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de los cinco días posteriores a su
presentación. En caso de no presentarse objeción o glosa alguna, el saldo se pagará
dentro de los treinta días (30) siguientes a la presentación de la factura, siempre y
cuando haya recibido los recursos del ente territorial en el caso del régimen
subsidiado. De lo contrario, pagará dentro de los quince (15) días posteriores a la
recepción del pago. El Ministerio de la Protección Social reglamentará lo referente a
la contratación por capitación, a la forma y los tiempos de presentación, recepción,
remisión y revisión de facturas, glosas y respuesta a glosas y pagos e intereses de
mora, asegurando que aquellas facturas que presenten glosas queden canceladas
dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la factura;
[…].
En ese sentido, el primer requisito para la procedencia de la acción, esto es, que se
busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este caso, dado que
la disposición transcrita no ha sido derogada o declarada inexequible por parte de
la jurisdicción.
No obstante, la Sala considera que el presente caso no cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de
la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia30 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En este caso, la Sala considera que más allá del obedecimiento de la disposición
invocada, el presente asunto conlleva un debate que escapa a la competencia del
juez de cumplimiento, pues del contexto de la demanda y la contestación de la EPS
se observa que existen discrepancias en cuanto a las obligaciones dinerarias
derivadas de las facturas de cobro por la prestación de servicios médicos que alega
la parte actora.
En efecto, el IPS sustentó el incumplimiento en la falta de pago de las facturas desde
2015 por los servicios de salud prestados. Por su parte, la EPS sostiene que algunos
pagos ya fueron realizados, otros tienen acuerdos de pago, glosas generadas,
algunos no se registraron por la demandante u otros corresponden a la Adres. Es
decir, se plantea un debate en torno a las partes involucradas en este asunto que
trasciende el obedecimiento de los términos contenidos en la disposición alegada y
que no puede definirse por medio de esta acción.
Tal y como lo señala el demandante en el presente asunto se busca garantizar y
proteger el flujo de recursos, así como los interrogantes que planteó en la
impugnación; sin embargo, como lo sostiene, en este caso se pretende e implica
30
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.
13
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
directamente ordenar el pago de las facturas que se indican como adeudadas por
parte de la EPS, determinación que no le compete al juez de cumplimiento como en
otras oportunidades ha sostenido esta Sala 31.
Como lo advirtió la primera instancia para el pago de las facturas por servicios de
Salud la acción de cumplimiento deviene en improcedente porque para esa finalidad
el ordenamiento jurídico previó el proceso ejecutivo ante la jurisdicción laboral
ordinaria. En este sentido, la IPS discrepó que tal mecanismo no es idóneo ni eficaz;
sin embargo, lo cierto es que como también lo señaló, las facturas adeudadas datan
desde el año 2015, es decir, de forma previa al procedimiento de intervención
administrativa de Famisanar EPS SAS que adelantó la Superintendencia Nacional
de Salud, sin que medie justificación del por qué la demandante no acudió en
oportunidad a exigir el pago de los dineros adeudados, lo que da cuenta que a través
de esta acción se busca trasmutar el medio de defensa legal previsto con el que
contó la demandada para satisfacer sus pedimentos a través de esta acción
constitucional.
Asimismo, no escapa de la atención de la Sala que la Superintendencia Nacional
de Salud acudió a la medida cautelar de intervención forzosa de la entidad con el
fin de controlar la EPS Famisanar a través de la designación de un agente
interventor. Por tanto, cualquier orden que emita el juez de cumplimiento implicaría
intervenir en las competencias legales y en el procedimiento especial de protección
por el cual atraviesa dicha entidad, trámite ante el cual también puede concurrir la
demandante para procurar por el pago de las obligaciones adeudadas tal y como
se desprende del literal h) del artículo 4.º de la Resolución 2023320030005625-6 de
2023;
h) La advertencia de que el interventor está facultado para poner fin a cualquier clase
de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son
necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la
intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el
proceso de liquidación forzosa administrativa.
Ahora bien, en cuanto a las discrepancias del demandante sobre el procedimiento
de intervención forzosa adelantado por la Superintendencia Nacional de la Salud, la
Sala debe precisar que la parte actora cuenta con la acción de reparación directa si
considera que dicha intervención afecta de alguna manera sus intereses como
acreedor de la EPS intervenida
Así las cosas, la autoridad judicial de primera instancia acertó en concluir la
improcedencia por subsidiariedad, dado que en este caso el juez no se puede
abrogar las competencias y definir el pago de las facturas adeudadas a la
accionante ni del procedimiento de intervención forzosa adelantado por la
31
En ese sentido se puede consultar, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 15
de febrero de 2024, radicado 47001-23-33-000-2023-00206-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
14
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hospital Universitario San Ignacio IPS
Demandado: Famisanar EPS SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01395-01
Superintendencia Nacional de Salud porque este medio no fue previsto para dirimir
tal tipo de debates, pues el ordenamiento jurídico previó otros cauces ordinarios
para resolver esas controversias. En efecto, los argumentos que propone el
impugnante implicarían que por esta vía constitucional se subsane su falta en
cuanto al ejercicio oportuno del proceso ejecutivo, así como también, desconocer
que existen otros medios para garantizar el flujo de los recursos adeudados. Lo
anterior es suficiente para confirmar la improcedencia de este caso y, por ende, no
corresponde a la Sala adentrarse en el estudio del fondo del caso. Máxime si se
tiene en cuenta que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable ni se
advierte que se configure.
Para todo lo anterior, se reitera que, la demandada contó y cuenta con otros medios
de defensa judicial idóneos y eficaces para satisfacer sus pretensiones e intereses,
por tanto, se confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Modificar la sentencia de 23 de noviembre de 2023 en el sentido de
negar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la
Superintendencia Nacional de Salud. Confirmar en lo demás la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
SEGUNDO. a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.