Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01537-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01537-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01537-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
2 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01537-00
Demandante: Ángela María Moreno Arce en representación de
María José y Alejandro Velásquez Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01537-00
Demandante: ÁNGELA MARÍA MORENO ARCE EN REPRESENTACIÓN
DE MARÍA JOSÉ Y ALEJANDRO VELÁSQUEZ MORENO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho. Falta de cumplimiento de requisitos generales,
relevancia constitucional – instancia adicional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta mediante apoderado judicial por la
señora Ángela María Moreno Arce, quien actúa en representación de sus hijos
menores María José y Alejandro Velásquez Moreno contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de abril de 2024, la señora Ángela María Moreno Arce, en representación de
sus hijos menores María José y Alejandro Velásquez Moreno, interpuso acción de
tutela contra la citada autoridad, por estimar vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a
María José Velásquez Moreno y Alejandro Velásquez Moreno en calidad de
sucesores procesales de su padre el señor Camilo Velásquez Velásquez (q.e.p.d.)
en el proceso ordinario promovido contra el Hospital Local Ulpiano Tascón
Quintero E.S.E. en procura del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
por la prestación del Servicio Social Obligatorio en esa institución desde el 25 de
febrero de 2006 hasta el 24 de febrero de 2007.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del doce (12) de diciembre de
dos mil veintitrés (2023) proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección B, en el trámite de la segunda
instancia del proceso ordinario promovido por el señor Camilo Velásquez
Velásquez (q.e.p.d.) contra el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E. del
municipio de San Pedro Valle.
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Demandante: Ángela María Moreno Arce en representación de
María José y Alejandro Velásquez Moreno
TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección B, que dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de la sentencia de tutela profiera sentencia de
reemplazo de acuerdo con los lineamientos que fije el Honorable Consejo de
Estado.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Camilo Velásquez Velásquez (†) prestó el servicio social obligatorio, en
condición de egresado del programa de educación superior en medicina, en el
Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero ESE del municipio de San Pedro Valle, del
25 de febrero de 2006 al 24 de febrero de 2007.
Con escritos del 27 de marzo, 29 de abril y 19 de mayo de 2009, solicitó a la ESE
Hospital Ulpiano Tascón Quintero que se reconocieran los derechos laborales por
la prestación de los servicios como médico del servicio social obligatorio y mediante
Oficios HUTQ-057-2009 del 21 de abril de 2009 y HUTQ-075-2009 del 20 de mayo
2009 y HUTQ-082-2009 del 1º de junio de 2009, el agente interventor y el gerente
de la ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero negaron las solicitudes, al considerar
que los servicios prestados durante el tiempo pedido fueron prestados en virtud de
un acuerdo cooperativo con la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte,
pues en la planta de personal del hospital no existía ese cargo.
El señor Camilo Velásquez Velásquez (†) promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero, con
el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores actos administrativos y, como
consecuencia: (i) se declarara la existencia de la relación de «trabajo regido por una
relación legal y reglamentaria» por el período reclamado; (ii) se concedieran las
prestaciones laborales y sociales a las cuales tenía derecho por sus servicios como
médico del servicio social obligatorio, tales como las primas de servicios, vacaciones
y navidad, cesantías y sus intereses, horas extras, dominicales y festivos; (iii) se
reconociera la sanción e indemnización moratoria por falta de pago de las cesantías
y sus correspondientes intereses.
El médico Camilo Velásquez Velásquez (†) falleció el 22 de septiembre de 2013, en
la Provincia de Burgos - España.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 2 de
diciembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el
sentido de: (i) declarar la nulidad del Oficio No. HUTQ-057-2009 del 21 de abril de
2009 y el Oficio No. HUTQ-075-2009 del 20 de mayo de 2009, en consecuencia, (ii)
declaró que entre el demandante y la entidad accionada existió una verdadera
relación laboral, durante el 24 de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007; (iii)
ordenó a la ESE que pagara al señor Camilo Velásquez Velásquez (†), a título de
indemnización, el equivalente a las prestaciones sociales a las que tenía derecho
un médico del servicio social obligatorio, nombrado en el cargo que dentro de la
planta de personal del Hospital Ulpiano Tascón Quintero ESE, que, fue creado
mediante la Resolución No. D.S. 065 del 02 de marzo de 2006, teniendo en cuenta
para ello los parámetros establecidos en el artículo 12 de la Resolución No. 795 del
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22 de marzo de 1995. Precisó que la liquidación de dichas prestaciones se efectuará
con base en el promedio mensual de toda la remuneración que recibió el actor entre
el 24 de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007 y, (iv) negó las demás
pretensiones de la demanda.
Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, así: La
ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero insistió en que no existió ninguna relación
legal y reglamentaria con el demandante, toda vez que los servicios que prestó en
la entidad fueron a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte.
Por su parte, el apoderado de la parte demandante señaló que, en razón a la
relación laboral que tuvo con la demandada obtuvo la condición de empleado
público durante el periodo en que prestó el servicio social obligatorio, por lo tanto,
afirmó que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el no pago de las cesantías y sus intereses; además, de las prestaciones sociales,
las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, a las vacaciones, las cuales
nacieron por ministerio de la ley y no por lo resuelto en la sentencia apelada.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 12 de
diciembre de 2023, modificó el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
en el sentido de ordenar a la ESE que reconociera y pagara a Camilo Velásquez
Velásquez (†) los valores que por concepto de prestaciones sociales derivadas de
la relación laboral debieron liquidarle, tomando como base el salario de un empleado
de planta que desarrollaba iguales funciones 1 y confirmó en lo demás.
Al efecto, señaló que, como consecuencia del reconocimiento de la primacía de la
realidad sobre las formas y el principio de trabajo igual salario igual, el señor
Velásquez Velásquez (†) tenía derecho al reconocimiento y pago de los valores que
por concepto de prestaciones sociales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, tomando como base el salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones. Finalmente, en cuanto a la sanción moratoria y la
indemnización por el no pago de las cesantías y sus intereses, indicó que no había
lugar a su reconocimiento, porque la obligación de pago surgía con esa sentencia,
mediante la que se efectuaba el reconocimiento de la relación laboral. De modo que,
a partir de la ejecutoria empezaban a correr los términos para reclamar los derechos
que generaba esa decisión de tipo constitutivo.
3. Argumentos de la acción de tutela
Manifestó que le asiste legitimación en la causa por activa, porque los menores
María José Velásquez Moreno y Alejandro Velásquez Moreno son los sucesores
procesales del señor Velásquez Velásquez (†), quien falleció el 22 de septiembre
de 2013. Para demostrar esa afirmación adjuntó, como prueba, copia auténtica de
los registros civiles de los menores y del registro de defunción.
1 Al efecto, explicó que La ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero debería calcular el ingreso base de cotización
(IBC) pensional de Camilo Velásquez Velásquez, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que
desarrollara funciones de médico del servicio social y debería cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para
estos efectos, el actor debería acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo
contractual, con la salvedad de que, en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendría
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
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A juicio de la tutelante, la sentencia cuestionada incurrió en defectos sustantivo y
fáctico, con fundamento en que se configuró un contrato realidad entre las partes,
para lo cual acudió a las normas de contratación estatal y las referentes a los
contratos de prestación de servicios.
Adujo que la autoridad judicial accionada debió dar aplicación a los artículos 195
numeral 5 de la Ley 100 de 1993 y 23 a 31 de la Ley 10 de 1990, para conc luir que
el médico Camilo Velásquez Velásquez (†) cumplió funciones públicas, durante el
tiempo reclamado. Por lo tanto, el régimen salarial y prestacional aplicable sería el
previsto en el artículo 6 de la Ley 50 de 1981, el artículo 6º del Decreto 2396 de
1981 y el artículo 12 de la Resolución No. 795 de 1995 expedida por el Ministerio
de Salud.
Afirmó que, de haberse acogido las anteriores disposiciones, se habrían reconocido
las siguientes prestaciones: vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
bonificación por recreación, cesantías e intereses sobre las cesantías.
Aseguró que, de forma equivocada, en la providencia acusada se afirmó que, «(…)
los derechos laborales del médico Camilo Velásquez Velásquez por la prestación
del Servicio Social Obligatorio en el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero
E.S.E. desde el 25 de febrero de 2006 hasta el 24 de febrero de 2007 se generaron
en la sentencia objeto de la presente acción de tutela y, que es entonces a partir de
su ejecutoria que empiezan a correr los términos para reclamarlos, dizque porque
el citado proveído “tiene el carácter de sentencia constitutiva”».
Que la sentencia erró al considerar que no hay lugar al reconocimiento de la sanción
moratoria por el no pago de las cesantías, «porque la obligación de pago de los derechos
laborales del actor surgió con la Sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023 a través de la cual
se efectuó el reconocimiento de la relación laboral existente entre el demandante y el hospital
demandado, dizque por tener ese proveído el carácter de “sentencia constitutiva” y que es
entonces a partir de su ejecutoria que empiezan a correr los términos para reclamar los derechos
laborales que ella “genera”».
Por otra parte, adujo que existió una indebida valoración probatoria, de la cual la
autoridad judicial demandada concluyó que entre las partes existió un contrato
realidad encubierto, durante el tiempo que prestó el servicio social obligatorio. Que,
entre las partes nunca se suscribió un contrato de prestación de servicios, pues de
las pruebas aportadas al proceso, se podía determinar que fungió como servidor
público, por lo que sus prestaciones sociales debían reconocerse con fundamento
en las normas que regulan el régimen salarial y prestacional de los médicos que
prestan el servicio social obligatorio, desde la fecha de su vinculación.
4. Trámite Previo
En auto del 8 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a las partes, a los magistrados que conforman el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a la E.S.E. Hospital Ulpiano Tascón Quintero
del municipio de San Pedro (Valle del Cauca), como terceros interesados , como
terceros interesados y publicar en la página web del Consejo de Estado el auto para
el conocimiento de los terceros interesados.
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5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B allegó intervención en
la que indicó que el reparo de los solicitantes frente a la sentencia que aquí se
controvierte, guarda relación con la decisión de no reconocer la sanción moratoria
y la indemnización por el no pago de las cesantías y sus intereses, pues a su juicio,
entre las partes del proceso adelantado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho existió una relación legal y reglamentaria que le otorgó
al allí demandante la calidad jurídica de empleado público durante el periodo en que
prestó el servicio social obligatorio, por lo tanto, le asistía pleno derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, las cuales nacieron también
por ministerio de la ley y no por lo resuelto en la sentencia.
Indicó que la inconformidad planteada por los tutelantes ya fue objeto de análisis y
solucionado en la providencia cuestionada, lo anterior, en consideración a la
normativa aplicable, a la jurisprudencia de esta Corporación y a la valoración
probatoria, de la que se concluyó que existió una relación laboral entre las partes
del proceso ordinario y que esta se dio entre el 25 de febrero de 2006 y el 24 de
febrero de 2007, toda vez que Camilo Velásquez Velásquez (†) prestó sus servicios
como médico del servicio social obligatorio de la ESE Hospital Ulpiano Tascón
Quintero, como trabajador asociado de la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo
Horizonte (Coonhorizonte), percibió una remuneración por la labor realizada y
desarrolló sus labores bajo subordinación y dependencia.
Sostuvo que al actor le asistía el derecho al reconocimiento de las prestaciones
sociales de orden legal que de la relación laboral surgían, para lo cual se tendría
como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las ejecutadas, cargo del cual se demostró su existencia, esto es médico
del servicio social obligatorio.
En igual sentido, se estableció que no había lugar al reconocimiento de la sanción
moratoria y la indemnización por el no pago de las cesantías y sus intereses, pues
la obligación de pago surgía con el fallo por medio del cual se efectuaba el
reconocimiento de la relación laboral, toda vez que este tenía el carácter de
constitutivo, motivo por el cual a partir de su ejecutoria empezarían a correr los
términos para reclamar los derechos que de allí se derivaban.
Solicitó que se declare la improcedente la solicitud de tutela de la referencia o, en
su defecto, se denieguen sus pretensiones.
6. Intervención de los terceros con interés
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la E.S.E. Hospital Ulpiano
Tascón Quintero del municipio de San Pedro (Valle del Cauca), no se
pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto». Esta acción procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3 4
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Cuestión previa – de la legitimación en la causa por activa
La parte actora afirma que ostenta legitimación en la causa por activa, porque los
menores María José Velásquez Moreno y Alejandro Velásquez Moreno son los
sucesores procesales del señor Camilo Vélasquez Velásquez (†), quien falleció el
22 de septiembre de 2013, al respecto, la Sala encuentra que al proceso fueron
aportados registros civiles de los menores y el registro civil de defunción del señor
Camilo Velásquez Velásquez. Así las cosas, en consideración del artículo 68 del
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci ón
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Código General del Proceso5, encuentra la Sala que se demostró la legitimación en
la causa por activa de la parte actora.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte actora cuestiona la sentencia
del 12 de diciembre de 2023, mediante la que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B modificó los numerales tercero y cuarto de la sentencia del
primera instancia de 2 de diciembre de 2014, por medio de la que el Tribunal
Administrativo del Valle accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, que ejerció el señor Camilo Velásquez
Velásquez (†) con la finalidad de que se reconociera una relación laboral «regida por
una relación legal y reglamentaria» durante el período que él prestó servicios como
médico en el servicio social obligatorio en la ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero.
En consecuencia, que se reconocería el pago de las prestaciones laborales y
sociales correspondientes a su labor, incluyendo primas de servicios, vacaciones,
navidad, cesantías e intereses, así como el pago de horas extras y días festivos y
la sanción e indemnización moratoria por el no pago de las cesantías y sus
intereses.
Para el efecto, la parte demandante invoca la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto. Sin embargo, la Sala
destaca que es necesario determinar si el presente asunto se cumple con el
requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el
requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el
estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora.
Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
5
Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continua rá con el
cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.
6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales» 7. Es necesario que el interesado exponga de manera
clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se
dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por
eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
De la falta de relevancia constitucional en el sub examine
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto, como se verá, el demandante insiste en los argumentos
propuestos en el trámite del proceso ordinario.
En el caso concreto, la parte actora propone la misma discusión jurídica que
presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con la finalidad de que se acceda a todas las pretensiones de la demanda,
puntualmente, en cuanto el pago de las prestaciones sociales derivadas de la
prestación del servicio social obligatorio como médico, el reconocimiento como
empleado público, el reconocimiento de la sanción moratoria por no pago de las
cesantías e intereses y el carácter constitutivo de la sentencia.
7
Ibidem.
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En primera medida, la Sala destaca que la demanda del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho estuvo fundamentada en que el señor Velásquez
Velásquez (†) laboró como médico del servicio social obligatorio en la ESE Hospital
Ulpiano Tascón Quintero, por medio de la cooperativa Coonhorizonte. No obstante,
dicha ESE negó el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás derechos
laborales por sus servicios.
El Tribunal Administrativo del Valle, en sentencia del 11 de mayo de 2020, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que: i) debía
declararse la existencia de relación laboral entre los extremos de la litis, en
aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas por el periodo
entre el 24 de febrero de 2006 y 24 de febrero de 2007; ii) por ello, debía ordenarse
el pago de las prestaciones sociales que derivaban de esa relación laboral, sobre la
base del promedio mensual de la remuneración recibida entre el 24 de febrero de
2006 y el 24 de febrero de 2007; iii) no operó la prescripción porque la providencia
judicial en estos casos tiene el carácter de constitutiva; iv) era improcedente el pago
de turnos en horario extraordinario, porque no existió certeza del cumplimiento de
estos; iv) no era procedente el reconocimiento de la sanción e indemnización
moratoria, pues la certeza de la exigibilidad del pago de las cesantías y sus
intereses nace por virtud de la sentencia.
El apoderado del señor Velásquez Velásquez (†) apeló la referida decisión, basado
en que: i) el tribunal cometió un error al tratar su caso como si se tratara de en un
«contrato realidad», pues no existía prueba documental de un contrato administrativo
de prestación de servicios entre el demandante y la entidad demandada, pues solo
se presentó un contrato entre la cooperativa de trabajo y el Hospital ESE Ulpiano
Tascón Quintero, que no vincula legalmente al demandante.; ii) a pesar de que se
demostró la existencia de un cargo específico para la prestación del servicio social
obligatorio en el hospital, el señor Velásquez no fue incluido en la planta de
personal. En lugar de ello, se recurrió a la tercerización a través de Coonhorizonte;
iii) como consecuencia de lo anterior, el demandante si ostentó la calidad de
empleado público, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y de la sanción e indemnización moratoria por el no pago de
las cesantías y sus intereses.
Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos alegados, así
«(…) Si para resolver el recurso de alzada el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección B, le hubiera dado aplicación al artículo 123 de la
Carta Política, y en cumplimiento de ese mandato Constitucional le hubiera dado aplicación a las
normas que determinan el régimen salarial y prestacional que le era aplicable al médico Camilo
Velásquez Velásquez quien temporalmente desempeñó funciones públicas mientras cumplió con
la prestación del Servicio Social Obligatorio en el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E.,
desde el 25 de febrero de 2006 hasta el 24 de febrero de 2007, no habría considerado que las
prestaciones sociales reclamadas por el actor se generaron con la Sentencia del 12 de diciembre
de 2023 por tener el carácter de “sentencia constitutiva” y, que el término para reclamarlas empieza
a contabilizarse a partir de su ejecutoria; pues ello desconoce por completo el mandato del artículo
123 de la Carta Política.
(…)
Para resolver el litigio puesto en su conocimiento en el trámite de la segunda instancia, el Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B, le dio aplicación
al artículo 32 de la ley 80 de 1993 que regla los contratos estatales y al Decreto 2209 de 1998 por
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Demandante: Ángela María Moreno Arce en representación de
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el cual se modificó el Decreto 1737 de 1998 que en sus artículos 1º y 2º regla los contratos de
prestación de servicios.
Normas que, a pesar de estar vigentes en el ordenamiento jurídico, su aplicación resultó
inadecuada para resolver el recurso de alzada, porque no guardan relación alguna con el litigio,
por la sencilla razón de que para prestar el Servicio Social Obligatorio en el Hospital Local Ulpiano
Tascón Quintero E.S.E. desde el 25 de febrero de 2006 hasta el 24 de febrero de 2007 el médico
Camilo Velásquez Velásquez no celebró ningún contrato de prestación de servicios con el citado
hospital.
(…)
Conforme lo ordenado en la citadas normas, el régimen prestacional de los empleados del Hospital
Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E., institución a la cual se vinculó el médico Camilo Velásquez
Velásquez para la prestación del Servicio Social Obligatorio desde el 25 de febrero de 2006 hasta
el 24 de febrero de 2007, consagra las siguientes prestaciones sociales:
I. Vacaciones: Decreto Ley 1045 de 1978 artículos 8 a 23.
II. Prima de Vacaciones: Decreto Ley 1045 de 1978 artículos 24 a 31.
III. Prima de Navidad: Decreto Ley 1045 de 1978 artículos 32 y 33.
IV. Bonificación por recreación: Decreto 491 de 1984; Ley 995 de 2005; Decreto 404 de 2006 y
Decreto 600 de 2007.
V. Cesantías: Ley 6ª de 1945; Decreto 2767 de 1945; Ley 65 de 1946; Decreto 1160 de 1947;
Decreto Ley 1045 de 1978 artículo 40; Ley 50 de 1990 artículos 99 a 104; Ley 244 de 1995; Ley
1071 de 2006; Ley 344 de 1996 artículos 13 y 14; Decreto 1582 de 1998.
VI. Intereses sobre las cesantías: Ley 50 de 1990 artículos 99 a 104.
(…)
La indebida aplicación de la ley 50 de 1981 artículo 6º, del Decreto 2396 de 1981 artículo 6º, y de
la Resolución No. 795 de 1995 expedida por el Ministerio de Salud artículo 12; llevó al Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, a considerar, sin
razón de derecho alguna, que la obligación de pago de la sanción moratoria y la indemnización
por el no pago de las cesantías y sus intereses surgió con la Sentencia del 12 de diciembre de
2023 a través de la cual se efectuó el reconocimiento de la relación laboral existente entre el
médico Camilo Velásquez Velásquez y el demandado Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero
E.S.E.; argumentando que el citado proveído tiene el carácter de “sentencia constitutiva” y, que en
tal razón es a partir de su ejecutoria que empiezan a correr los términos para reclamar los derechos
laborales que la sentencia “genera”.
Contrario sensu, los derechos laborales demandados por el médico Camilo Velásquez Velásquez
por la prestación del Servicio Social Obligatorio en el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero
E.S.E. desde el 25 de febrero de 2006 hasta el 24 de febrero de 2007, nacen de la ley, por
ordenarse así en el artículo 1494 del Código Civil (…)
La indebida aplicación de la ley 50 de 1981, del Decreto 2396 de 1981 y de la Resolución No. 795
de 1995 expedida por el Ministerio de Salud, deja en evidencia que el Consejo de Estado Sala de
lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B, incurrió en el mismo error en el
que incurrió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la Sentencia No. 463 del 2 de
diciembre de 2014, que fue objeto del recurso de apelación; al considerar que el litigio del cual se
ocuparon en las respectivas instancias, corresponde al típico caso del “contrato realidad”. Cuando
no fue esa la pretensión formulada en la demanda con la que se dio inicio al proceso ordinario
promovido por el señor Camilo Velásquez Velásquez contra el Hospital Local Ulpiano Tascón
Quintero E.S.E.»
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora propone la misma
discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Sin embargo, en esta oportunidad, los propone con fundamento en la
configuración de los defectos fáctico y sustantivo.
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
actor ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en
providencia de 12 de diciembre de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
«Así las cosas, para el periodo comprendido entre 25 de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007
se encuentra demostrado, de la copia de los contratos de prestación de servicios suscritos por la
ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero y Coonhorizonte, en el acuerdo asociativo de trabajo
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celebrado entre esa cooperativa y aquel y las demás pruebas documentales, la existencia de los
elementos de la relación laboral.
(…)
En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del reconocimiento fue
presentada ante la entidad demandada el 27 de marzo de 200951, se establece que no acaeció el
fenómeno jurídico de la prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a tres años para solicitar
por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 24 de febrero de 2007 y que en su vinculación no
se presentaron interrupciones.
Por lo dicho, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones sociales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, tomando como
base el salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones.
Ahora, la ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Camilo Velásquez Velásquez, que corresponde a los salarios de un empleado de planta
que desarrollara funciones de médico del servicio social y deberá cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.
Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema
durante su vínculo contractual, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir
diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como
empleado.
Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser reconocidas
al demandante se sostuvo en anterior providencia8 que «el reconocimiento de la primacía de la
realidad sobre las formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral
subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de
empleado público (…)». En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento
de las prestaciones sociales de carácter legal que devengue un empleado de planta de la
entidad demandada que desarrollaba iguales funciones, tales como vacaciones, primas,
bonificaciones, cesantías, entre otras.
Para efectos de lo anterior, la entidad tomará como referente los salarios de un empleado de
planta que desarrollara funciones de médico del servicio social obligatorio, cuya existencia
se demostró, en el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2006 y el 24 de febrero de
2007.
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», frente al cual la
Corte Constitucional ha sido del criterio que la remuneración de los trabajadores en general
debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre
quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas.
En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los elementos constitutivos de
una relación laboral encubierta en el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2006 y el
24 de febrero de 2007 y el consecuente pago de las prestaciones sociales que surjan de esta.
Frente a la sanción moratoria y la indemnización por el no pago de las cesantías y sus
intereses, deprecadas por el actor, la Sala advierte que no hay lugar a su reconocimiento,
pues la obligación de pago surge con este proveído a través del cual se efectuará el
reconocimiento de la relación laboral existente entre el actor y la ESE demandada, toda vez
que esta tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su ejecutoria
empiezan a correr los términos para reclamar los derechos que esta genera.» (Se destaca)
De lo transcrito, se tiene que la autoridad judicial demandada concluyó que se
demostró la existencia de una relación laboral entre Camilo Velásquez Velásquez
(†) y el Hospital ESE Ulpiano Tascón Quintero, que en razón a ello tiene derecho al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, teniendo en cuenta el salario de
un empleado de planta que desempeñaba funciones similares. Además, resaltó
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado 66001 23 33 000 2013
00091 01 (0237 2014).
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que, si bien, no se le considera empleado público, tiene derecho a las mismas
prestaciones que un empleado de planta, con respeto del principio "a trabajo igual
salario igual". Finalmente, que no concedería sanción moratoria ni indemnización
por no pago de cesantías, porque la obligación de pago surgía a partir de esa
decisión.
Al respecto, se resalta que la que la autoridad judicial demandada citó decisiones
proferidas por esa Sección 9 en las que se estudiaron casos similares, en las que se
señaló que no era procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías durante el vínculo contractual, porque la obligación
de pago surgía con la sentencia en la que se efectuaba el reconocimiento de la
relación laboral. En otras palabras, expresó que el fallo tenía carácter de sentencia
constitutiva y, en consecuencia, a partir de la ejecutoria de esa decisión empezaban
a correr los términos para reclamar los derechos que esta generaba.
De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que en el caso objeto de estudio la
acción de tutela es empleada para provocar un nuevo pronunciamiento sobre
exactamente la misma controversia planteada en el proceso ordinario acá
cuestionado, lo cual hace improcedente el ejercicio del mecanismo constitucional y,
por ende, cualquier pronunciamiento de fondo sobre el asunto por parte del juez de
tutela.
Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos
en que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación,
la Corte Constitucional 10 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el
sentido que se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
En suma, en el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional y, en esa medida, se impone declarar improcedente la acción que
tutela que ejerció la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
II. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció la parte actora contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
9
Citó las sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda en las sentencias del 7 de julio de 2022, radicación 66001 -23-
33-000-2017-00273-01 (0282-2020), del 28 e julio de 2021, 66001-23-33-000-2017-00417-01 (5311-2019), entre otras.
10
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573
de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Ángela María Moreno Arce en representación de
María José y Alejandro Velásquez Moreno
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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