Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00417-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato de prestación de servicios
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00417-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00417-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
22 de julio de 2021
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO REALIDAD / ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL / PRUEBA DE LA RELACIÓN LABORAL / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
[E]l numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público. […] [E]n cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando no puedan realizarse con el personal de planta o se requieran de conocimientos especializados. De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada. […] [E]l ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador. […] [E]n materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y dependencia del trabajador y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.
FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 53 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 NÚMERAL 3 / CST – ARTÍCULO 23
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00417-01(5311-19)
Actor: JULIANA RIVERA ZULUAGA
Demandado: E.S.E. SALUD PEREIRA
Referencia: CONTRATO REALIDAD
Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías de las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 3 de mayo de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, sala tercera de decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Pretensiones
La señora Juliana Rivera Zuluaga demanda con la finalidad de obtener la nulidad del Oficio D-787 del 30 de marzo de 2016, mediante el cual el gerente de la E.S.E. demandada le negó el reconocimiento de la relación laboral por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2015, además del consecuente pago de las prestaciones económicas que se derivan de la misma.
A título de restablecimiento del derecho, solicita declarar la existencia de la relación laboral entre las partes entre el 2 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2015 y, en consecuencia, reconocer las prestaciones tales como cesantías y sus intereses, primas de servicios, de navidad y de vacaciones, bonificación especial por recreación, auxilio de transporte, dotación de calzado y vestido, subsidio de alimentación y demás que le correspondan por ley, conforme al valor pacto en los contratos de prestación de servicios o sobre lo que devengaban los empleados de planta de la entidad que desarrollaban sus mismas funciones, si este fuera menor.
Además, que se ordenen las actualizaciones y reajustes a que haya a lugar, el pago de la sanción moratoria, equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo en la cancelación de las prestaciones sociales de ley, de los porcentajes de cotización que realizó a pensión, ARL y salud, como también lo que debió sufragar por concepto de aportes a caja de compensación familiar, que el tiempo que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios se debe computar para efectos pensionales y condenar en costas.
Hechos
Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la situación fáctica expuesta por la accionante en la demanda.
Sostiene que fue vinculada a la E.S.E. demandada a través de contratos de prestación de servicios y como colaboradora en misión a través de la Cooperativa TEMPOEFICAZ S.A.S. desde el 2 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2015, siendo su cargo el de auxiliar de consultorio odontológico o de higiene oral, periodo en el que siempre desarrolló sus funciones de manera personal, continua, dependiente y subordinada, dentro de un horario impuesto y con una remuneración pactada.
Manifiesta que el 18 de febrero de 2016, solicitó a la E.S.E. accionada el reconocimiento de la relación laboral por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2015, además del consecuente pago de las prestaciones económicas que se derivan de la misma, la que fue negada por el gerente de la entidad a través del Oficio D-787 del 30 de marzo de 2016.
Normas vulneradas y concepto de violación
La parte demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 90, 209, 229 y 300 (numeral 7) de la Constitución Política; 23, 24, 35 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; 1 y 42 del Decreto 1042 de 1978; 1 de la Ley 70 de 1988; 15 y 18 del Decreto 25 de 1995; las Leyes 1848 de 1969; 21 de 1982; 50 de 1990; 100 de 1993; 1437 de 2011; 1564 de 2012; Decretos 1295 de 1994; y 1919 de 2002.
Para el efecto, considera que con la negativa de la E.S.E. demandada se quebranta el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades de la relación laboral, pues se configuraron los elementos propios de aquella, vulnerando el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que las funciones que desempeñó como auxiliar de consultorio odontológico o de higiene oral podían ser desempeñadas por personal de planta de la institución médica, las que desarrolló de manera personal, continua, dependiente y subordinada, bajo el cumplimiento de un horario y que generaron un pago o remuneración como contraprestación.
Así, entonces, estima que la E.S.E. accionada pretendió eludir el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación laboral.
Contestación de la demanda
La entidad accionada sostiene que deben desestimarse todas las pretensiones de la demanda en cuanto no existió la deprecada relación laboral pues lo demandado atendió a las regulaciones permitidas en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, de igual manera no se establecen los elementos fundantes de la relación laboral, en especial el elemento de la subordinación, en tanto, que la relación que se dice continua, no lo fue al existir interrupciones entre los contratos por lo cual están prescritos para demandarse varios de ellos.
La sentencia de primera instancia
El a quo accede parcialmente a las pretensiones de la demanda al estimar que se encuentran acreditados los elementos constitutivos la relación laboral entre las partes entre el 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015 y, en consecuencia, el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista en este periodo, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas (Art. 53 C.P.), pues, en atención a las pruebas que reposan en plenario (contratos y órdenes, testimonios y la documental), se establece la subordinación o dependencia de la actora respecto de la E.S.E. accionada, la prestación de sus servicios de forma personal como auxiliar de consultorio odontológico y la remuneración que recibía por estos.
En todo caso, estima que en el interregno del 8 de marzo de 2013 al 22 de marzo de 2014, se encuentra acreditado que la demandante se vinculó a la Empresa de Servicios Temporales TEMPOEFICAZ S.A.S., intermediaria laboral por la cual continuó trabajando para la E.S.E. demandada, haciéndose una relación continua.
En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra que no operó, toda vez que entre la finalización de los vínculos contractuales y la reclamación administrativa tendiente al reconocimiento de la relación laboral, no transcurrieron más de 3 años.
En consecuencia, declara la nulidad del acto administrativo acusado y la relación laboral entre las partes por el periodo comprendido del 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015. A título de restablecimiento del derecho, condena a la E.S.E. demandada a reconocer y pagar a la demandante los valores que por concepto de prestaciones sociales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes al periodo mencionado.
Ahora, en consideración a que los aportes al sistema de seguridad inciden en el derecho pensional de la accionante, la E.S.E. demandada deberá tomar, durante el 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015, salvo interrupciones, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados) mes a mes, y si existe diferencia en los aportes efectuados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al fondo de pensiones el valor faltante en el porcentaje que le correspondía como empleador, teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas por la parte actora, en la eventualidad de que no se hubieran realizado o existe diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar , según el caso, el porcentaje que le incumbía.
Además, ordena pagar a la accionante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión, salud y ARL que debió trasladar a los fondos respectivos durante el periodo acreditado, la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor y se abstiene de condenar en costas a la parte vencida, en atención a lo dispuesto en los artículos 188 y 365 de las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, respectivamente.
Por su parte, determina la improcedencia del reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios, toda vez que a estas no tienen derecho los empleados territoriales sino los nacionales, así como de las cotizaciones efectuadas a la caja de compensación familiar, pues no se demostró que se hubieren realizado y no se acreditó el cumplimiento de los requisitos de la Ley 21 de 1982. También, de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías durante el vinculo contractual, pues «hay que decir que la obligación de pago, surge con este proveído a través del cual se efectuará el reconocimiento de la relación laboral existente entre la demandante y el ente demandado, toda vez que la misma tiene carácter de sentencia constitutiva motivo por el cual a partir de su ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los derechos que este genera.».
La sentencia de instancia falla:
«(…)
2. SE DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción formulada por la entidad demandada, (…).
3. SE DECLARA LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio No. D.787 del 30 de marzo de 2016, por medio del cual la E.S.E. Salud Pereira negó el reconocimiento de la relación laboral reclamada por la demandante, así como el pago de prestaciones sociales correspondientes, (…).
4. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la E.S.E. Salud Pereira a pagar a favor del la demandante Juliana Rivera Zuluaga las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 2 de enero de 2012 y el 23 de agosto de 2015, (…).
5. Asimismo, la ESE Salud Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de prensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea del caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, (…).
6. SE CONDENA a la entidad demandada al pago del compensatorio en dinero, a favor de la demandante Juliana Rivera Zuluaga, de las dotaciones de vestido y calzado de labor causadas entre el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012: tres dotaciones, del 2 de enero de 2013 hasta el 30 de diciembre de 2013: tres dotaciones, del 2 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014: tres dotaciones y del 2 de enero de 2015 hasta el 30 de agosto de 2015: dos dotaciones; (…).
7. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios se debe computar para efectos pensionales.
8. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre la sumas que resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A. (…).
9. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos en el artículo 192 del C.P.A.C.A. (…).
10. SE NIEGAN las demás súplicas de la demanda, (…).
11. Sin costas en esta instancia (…).».
Recursos de apelación
La parte demandante recurre parcialmente la sentencia de primera instancia, porque si bien la decisión del a quo es acertada en cuanto declara la nulidad deprecada y el reconocimiento de la relación laboral entre las partes del 2 de enero de 2012 al el 23 de agosto de 2015, se debe conceder la totalidad de pretensiones, en lo que concierne a: i) el reconocimiento de los valores que por concepto de prestaciones sociales derivadas de la relación laboral tomando como base lo devengado por un empleado de planta de la entidad que desarrollaba sus mismas funciones; ii) el otorgamiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados; iii) la procedencia de la condena en constas y la sanción moratoria; y iv) la devolución al pago de los aportes no efectuados a caja de compensación familiar.
La E.S.E. demandada, quien se adhiere a la apelación de la actora, estima que el asunto no es posible el reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios, de la sanción moratoria, las cotizaciones a la caja de compensación familiar y a que las prestaciones sociales producto de la relación laboral sean calculadas con base a lo percibido por un empleado de planta de la entidad. Finalmente, determina la improcedencia de la condena en costas en su contra.
Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público
La actora presenta alegatos de conclusión en los que reitera los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación, mientras que la E.S.E. demandada estima que no se probaron los elementos constitutivos de la relación laboral, pues en el asunto lo que existió fue una relación contractual que se ajustó a lo regulado en la ley y, en todo caso, no se encuentra demostrada la subordinación y la dependencia continuada.
El Ministerio Público no se pronuncia en la etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR
Por razones estrictamente metodológicas, relacionadas con los aspectos procesales y sustanciales que atañen a la decisión de esta instancia, la Sala inicialmente estudiará la pertinencia de los argumentos de uno de los recursos de apelación interpuestos en función de la sentencia apelada, seguidamente la normativa y la jurisprudencia relacionada al contrato realidad y el estudio del caso concreto. Conforme lo anterior, se formulan los siguientes:
Problemas Jurídicos
¿Es procedente emitir un pronunciamiento de fondo en segunda instancia, cuando los argumentos de la alzada son ajenos al fallo recurrido, o no lo atacan?
¿Existió una relación laboral entre las partes o esta obedeció a lo regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993? y, si ¿se debe adicionar la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar a la E.S.E. demandada al reconocimiento de los valores que por concepto de prestaciones sociales derivadas de la relación laboral, tomando como base lo devengado por un empleado al cargo equivalente de planta, a la devolución al pago de los aportes no efectuados a caja de compensación familiar, a la sanción moratoria, en costas y al reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios?
Solución a los problemas planteados
De antemano, la Sala anuncia que el primer problema jurídico ha sido resuelto en oportunidades anteriores, para lo cual, acudirá a tales precedentes, reiterando las ideas que a continuación se expresan.
El recurso de apelación es un medio de impugnación de las decisiones judiciales de primer grado, que le permite al superior funcional revisarlas a efecto de verificar si procede su aclaración, modificación, adición o su revocatoria. Es entonces, la herramienta procesal que tienen las partes para controvertir las sentencias y algunas providencias interlocutorias dictadas en la primera instancia, a través de cargos o cuestionamientos que se le hacen a su contenido, y que a su vez materializan el principio de la doble instancia.
En este punto, se analiza el contenido del recurso de apelación que interpuso la E.S.E. demandada contra la sentencia proferida por el tribunal de primera instancia, encontrando que en esta providencia el a quo se pronunció sobre el fondo del asunto acogiendo parcialmente las pretensiones de la demanda al considerar la existencia de la relación laboral entre las partes del 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015 y, en consecuencia, el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista en este periodo, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes al periodo mencionado.
Además, ordena pagar a la accionante los porcentajes de cotización correspondientes al sistema de seguridad social que debió trasladar a los fondos respectivos durante el periodo acreditado, la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor y se abstiene de condenar en costas a la parte vencida, en atención a lo dispuesto en los artículos 188 y 365 de las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, respectivamente.
A su vez, determina la improcedencia del reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios, toda vez que a estas no tienen derecho los empleados territoriales sino los nacionales, y de las cotizaciones efectuadas a la caja de compensación familiar, pues no se demostró que se hubieren realizado y no se acreditó el cumplimiento de los requisitos de la Ley 21 de 1982. También, de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías durante el vinculo contractual.
Por su parte, la E.S.E. demandada, como la otra de las apelantes, en su recurso de alzada hace alusión a que la accionante no tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales, derivadas de la relación laboral declarada, según el auxiliar de odontología e higiene oral de planta de la entidad, a que se le otorgue la prima de servicios y la bonificación por servicios, las cotizaciones efectuadas a la caja de compensación familiar y la sanción moratoria en cuanto es una sentencia constitutiva de derechos, así como el reajuste salarial, de acuerdo a la validez de la remuneración pactada en los contratos.
Para la Sala, el recurso interpuesto no manifiesta motivo alguno de inconformidad frente a la decisión adoptada por el a quo, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto lo pedido en este fue lo decidido por aquel, es decir, no se esta controvirtiendo la decisión, la cual es la finalidad de la apelación.
Sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera instancia y la relación con el tema de la litis, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado:
«Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su legalidad la confirme, revoque o modifique. De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció. El marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia. Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de la decisión. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el demandante no controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la decisión de primera instancia (…)». (Negrilla fuera de texto)
En otra oportunidad, sobre la exigencia procesal de congruencia de la alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su eficacia procesal, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:
«Si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía constitucional a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a dicha garantía procesal y la efectividad de su ejercicio no opera deliberadamente, por cuanto resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el Legislador relacionados con su oportunidad y procedencia, los cuales deben ser satisfechos a cabalidad so pena del fracaso del recurso de apelación, requisitos que dentro del Procedimiento Contencioso Administrativo quedaron consignados dentro de los artículos 181 y 212 del C.C.A.
(…)
En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es menester que la sustentación se efectúe de la forma adecuada, es decir, que no solamente deben manifestarse los aspectos que se consideran lesivos al derecho o interés en discusión, sino además los motivos de inconformidad en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda desde luego un grado de congruencia inequívoco entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia. (…)
Lo anterior, sin duda alguna hace que el recurso carezca de fundamento jurídico para ser analizado por la Sala, en ausencia de un punto real de controversia respecto del fallo del a quo.
Aunque la parte demandada cumplió con el requisito procesal ordenado en el artículo 212 del C.C.A., por lo cual se le dio el impulso procesal correspondiente al recurso, el escrito no satisfizo la finalidad sustancial del mismo y en estas condiciones, carece la Sala de elementos que le permitan revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el Tribunal expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico adoptado.
En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial”. (…)
En conclusión, ante la incongruencia de las razones que arguyó el apoderado de la parte demandada dentro del recurso, no puede menos la Sala que señalar que no existe en el presente motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la sentencia apelada». (Negrilla y subraya fuera de texto)
El criterio descrito, ha sido reafirmado por la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de abril de 2016, dentro del proceso con radicación interna 0529-15 con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, en el que se analizó una situación similar y se dijo lo siguiente:
«(…)
En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario no solo que el recurrente sustente la decisión sino que lo haga de la forma adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del A-quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del Ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera instancia, como también la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia.
(…)
El recurso de apelación presentado por la parte demandada no guarda congruencia con lo decidido en la sentencia apelada, por tal razón y al no encontrar motivo alguno de inconformidad contra el fallo, debe declararse incólume la sentencia del Tribunal que accedió a las súplicas de la demanda, pues no es posible analizar ni los argumentos, ni las decisiones en ella adoptadas».
En consecuencia, ante la falta de motivos de inconformidad del recurso de apelación interpuesto por la E.S.E. demandada con lo decidido en la sentencia de primera instancia, la Sala se relevará de analizarlo.
Ahora bien, para resolver los demás problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará la normativa y la jurisprudencia relacionada al contrato realidad y el estudio del caso concreto.
Normativa y jurisprudencia relacionada al contrato realidad
Sea lo primero de señalar, que el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.». (Subrayado fuera del texto original)
De tal forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando no puedan realizarse con el personal de planta o se requieran de conocimientos especializados.
De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.
Justamente la Corte Constitucional en sentencia C-154-97, estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
En este mismo sentido, la sentencia de unificación de la sección segunda de esta Corporación, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, indicó:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.». (Subraya fuera del texto original).
De tal forma, se hace necesario remitir al citado artículo 53 de la Constitución Política que dispone frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades.
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.».
Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.». (Subrayado fuera del texto original)
Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.
En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y dependencia del trabajador y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.
Caso concreto
Es importante recordar, que la discusión del presente asunto se contrae a establecer si en el sub judice se configura la existencia de una relación laboral entre las partes o esta obedeció a lo regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y, si se debe adicionar la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar a la parte demandada al reconocimiento de los valores que por concepto de prestaciones sociales derivadas de la relación laboral tomando como base lo devengado por un empleado de planta de la entidad que desarrollaba las mismas funciones que la actora, a la devolución al pago de los aportes no efectuados a caja de compensación familiar, a la sanción moratoria, en costas y al reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios.
Para resolver, es de advertir que la subsección de forma reiterada ha insistido en la indispensable presencia del contrato en procura de destacar su objeto, temporalidad, funciones y demás aspectos que permitan establecer la existencia de los elementos de una posible relación laboral, lo que implica, que no es viable realizar un análisis de los periodos sobre los cuales estos no obren, de tal forma se hará el estudio sobre aquellos que fueron debidamente aportados.
Tal exigencia se apuntó por esta subsección cuando manifestó que «el contrato estatal en la modalidad de prestación de servicio, resulta necesario para asuntos como el presente, a fin de determinar su objeto, temporalidad o plazo, pago y forma de pago pactadas por las partes, es decir, aspectos que son de vital importancia en la definición de conflictos jurídicos como el sub examine.».
Así las cosas, para la Sala resulta de vital importancia el análisis de los contratos suscritos entre las partes, los que no fueron controvertidos y que figuran de la siguiente manera:
Contrato u orden de prestación
Valor
Fecha
Objeto
Desde
Hasta
O.P. (Fls. 16 a 22).
Adición 1 (Fls. 19 y 20).
Adición 2 (Fls. 21 y 22).
$3.980.936
$696.664
$995.234
10-01-2012
11-05-2012
01-06-2012
10-05-2012
31-05-2012
30-06-2012
«La contratista se compromete con la Empresa Social del Estado Salud Pereira a prestar sus servicios personales como auxiliar de Consultorio Odontológico, asignado a la Unidad Intermedia de Salud de Kennedy, y/o por el servicio donde se requiera, o a la Unidad Intermedia de Salud donde se requiera por la necesidad del servicio, con el fin de lograr el cubrimiento necesario en la atención a los usuarios que soliciten los servicios en las diferentes Unidades Intermedias de Salud que hacen parte de la entidad.».
O.P. 660 (Fls. 23 y 24)
$1.990.468
01-07-2012
30-08-2012
Ibídem.
O.P. 1096 (Fls. 25 a 27).
$1.990.468
01-09-2012
31-10-2012
Ibídem.
O.P. 1374 (Fls. 28 a 30).
$1.725.072
14-11-2012
06-01-2013
Ibídem.
O.P. 187 (Fls. 31 y 32)
$1.990.468
07-01-2013
07-03-2013
Ibídem.
C.P. 83-14 (Fls. 33 a 36).
Adición 1 (Fls. 37 y 38)
$2.231.991
$1.014.542
01-04-2014
02-06-2014
01-06-2014
02-07-2014
Ibídem.
C.P. 598-14 (Fls. 39 a 42).
$4.058.168
03-07-2014
03-11-2014
Ibídem.
C.P. 82-15 (Fls. 43 a 49).
$1.623.267
02-01-2015
20-02-2015
Ibídem.
C.P. 264-15 (Fls. 50 a 54).
$1.102.361
26-02-2015
27-03-2015
Ibídem
C.P. 540-15 (Fls. 55 a 59).
$2.660.870
28-03-2015
08-06-2015
Ibídem.
C.P. 710-15 (Fls. 60 a 64)
$2.850.932
09-06-2015
23-08-2015
Ibídem.
Asimismo, los contratos individuales celebrados entre la actora y la Empresa de Servicios Temporales TEMPOEFICAZ S.A.S., en los que trabajó misión en la E.S.E. Salud Pereira, como auxiliar de odontología, entre el 8 de marzo de 2012 al 22 de marzo de 2014, y que figuran así:
Número de Contrato
Valor mensual
Fecha
Objeto
Desde
Hasta
S.N. (Fl. 65)
$700.000
08-03-2013
11-10-2013
Prestación de servicios como auxiliar de odontología en el centro de trabajo E.S.E. Salud Pereira.
S.N. (Fl. 66)
$700.000
12-10-2013
22-03-2014
Ibídem.
Ahora, procedente resulta ingresar al estudio de la configuración de una posible relación laboral, para lo cual se tiene que en los contratos citados, además de los objetos transcritos, se pactaron las siguientes condiciones especiales de ejecución y obligaciones:
«(…)
1. La contratista deberá dar cumplimiento al cronograma de actividades dado a conocer por el supervisor designado, el cual desarrollará en forma estricta, con el fin de que la Empresa Social del Estado Salud Pereira ejecute en forma acorde los programas que lleve a cabo y que han sido previamente establecidos.
2. La contratista deberá afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y ARP, como contratista de prestación de servicios independiente, lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.
3. Diligenciar toda la información requerida para soportar las actividades ejecutadas.
4. Aplicar los protocolos de manejo de atención que cumple la Empresa Social del Estado Salud Pereira para dar cumplimiento a los procesos diseñados según las necesidades de la población que atiende la entidad.
5. Atender las recomendaciones que sobre la prestación de la actividad encomendada le realicé su supervisor.
6. Rendir un informe mensual sobre las actividades desarrolladas con aplicación de la ejecución del contrato, los informes deben ser presentados al supervisor designado para el contrato.
7. En atención a la Ley 1164 de 2007 Ley de Talento Humano n (sic) Salud el talento humano del área de salud se debe regir por los siguientes principios: Equidad, Solidaridad, Calidad, Ética, Integridad, Concertación, Unidad, Efectividad.
8. El accionar del talento humano en el área de la salud debe prestar los servicios de acuerdo a las siguientes características: 1. Sus actividades estarán bajo la vigilancia y supervisión de los entes de control del Estado (Contraloría, Personería y Procuraduría). 2. Los títulos y certificados expedidos legalmente serán revisados y respetados por los prestadores de servicios de salud; lo anterior en atención a lo dispuesto por la ley mencionada en el numeral anterior.
9. De igual forma en atención a lo dispuesto por la Ley 1164 de 2007, se le recuerda al Contratista que la prestación del servicio de salud debe llevar consigo un compromiso y una responsabilidad social que implica la disposición del servicio hacia los individuos y las colectividades sin importar creencias, raza, filiación política u otra condición humana.».
«El contratista debe realizar las diligencias necesarias con el fin de garantizar a la Empresa Social del Estado Salud Pereira el cumplimiento de las actividades propias del objeto del presente contrato de prestación de servicios de acuerdo a las especificaciones dispuestas por la entidad, y el cronograma de actividades elaboradas para el desarrollo de las mismas, así también dará cumplimiento a las actividades que a continuación se relacionan: educación en higiene oral, técnicas de cepillado, uso de la seda dental, gel, charlas educativas escolares, madres gestantes, padres y cuidadores de menores, archivo, citas odontológicas, facturación, almacenamiento de material, preparación de materiales, lavado de instrumental, empaque instrumental, esterilización de instrumental, registro de las historias clínicas. (…).
Así también dará cumplimiento a las actividades que a continuación se relacionan: 1. Acompañar al paciente cuando por su patología y disposición médica deba ser trasladado a otro centro asistencial. 2. Para justificar las actividades, el contratista debe solicitar certificación de actividades ante el supervisor designado. 3. Deberá afiliarse al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y ARL, como contratista de prestación de servicios Independiente, la anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. 4. Aplicar los protocolos de manejo de atención que maneja la Empresa Social del Estado Salud Pereira para dar cumplimiento a los procesos diseñados según las necesidades de la población que atiende la empresa. 5. Atender las recomendaciones que sobre la prestación de la actividad encomendada le realice su supervisor. 6. Rendir un informe mensual sobre las actividades desarrolladas con ocasión de la ejecución del contrato, los informes deben ser presentados al supervisor designado para el contrato. 7. Constituir las pólizas necesarias para la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.».
Asimismo, es importante el análisis de los testimonios de las señoras Leidy Jhonanna Escobar Osorio y Andrea Lorena Palacio Gallo, recibidos en audiencia de pruebas celebrada el 13 de febrero de 2019 (Fls. 184 a 190 y medio magnético Fl. 191), de los cuales se puede establecer, frente a la primera, quien se desempeñaba para la época de los hechos como auxiliar de odontología e higienista oral de planta de la E.S.E. Salud Pereira, que la actora laboró con este centro de salud con vinculación a través de ordenes y contratos de prestación de servicios en el mismo cargo y en el que realizaban las mismas funciones, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7 A.M. a 5 P.M. y con un salario cancelado por el ente, así como que estaba sujeta al horario que era determinado conforme al cuadro de turnos y a permisos o autorizaciones para ausentarse de su lugar de trabajo. Así mismo, que se le suministraban los elementos de trabajo que requería, que no se le pagaba nada diferente a lo determinado en el contrato de prestación de servicios y debía pagar como independiente lo correspondiente a la Seguridad Social.
También, que la demandante en caso de ausentarse del trabajo debía notificarle esta situación a la doctora Jacqueline Suarez, quien era la coordinadora de odontología de la unidad intermedia de Kennedy, siendo esta quien realizaba las observaciones atinentes al cumplimiento del contrato, y que se le exigía el uso del uniforme. Finalmente, aclara que el objeto del contrato de las auxiliares de odontología, es el cumplimiento de funciones como auxiliar de e higienista oral, que antes del 2005 eran auxiliares o higienista, no obstante, a partir de ese año ya debían cumplirse ambas funciones.
Frente a la segunda, quien se desempeñó como enfermera jefe coordinadora y quien organizaba los horarios de la actora, se tiene que coincide con lo expuesto por la señora Leidy Jhonanna Escobar Osorio en lo que tiene que ver con el horario y el cumplimiento de funciones.
Entonces, constatado el objeto y las funciones que se establecieron en los contratos suscritos entre los extremos procesales, sumado a lo dicho por las testigos, se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica de las pruebas allegadas al proceso, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la actora en consideración a la continuidad de la relación y poner de presente que dentro del material probatorio obrante es posible establecer que se configuró el elemento de la subordinación y continuada dependencia.
Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015, se encuentra demostrado, de la copia de los contratos de prestación de servicios, los testimonios recaudados y demás pruebas documentales, la existencia de los elementos de la relación laboral, dado que se encuentra acreditada la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente la demandante fue contratada por la E.S.E. demandada según el objeto contractual, lo que implica que fue quien prestó el servicio, y la remuneración por el trabajo cumplido, toda vez que en las órdenes y contratos se estipuló el valor y la forma de pago con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).
En lo que tiene que ver con la subordinación, como el otro de los elementos de la relación laboral, igualmente se encuentra probado, puesto que existe una sujeción de la actora hacia la E.S.E. accionada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer del servicio de aquella, quien a su vez tenía la obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
Es de señalar, que pese a encontrarse probados los elementos de la relación laboral en el periodo analizado, se dirá que esto no implica que la actora detente la condición de empleada pública en miramiento a que no existen los elementos de una relación legal y reglamentaria en cuanto al artículo 122 de la Constitución Política.
Ahora bien, establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad, para lo cual resulta oportuno traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el término de 3 años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que dispone:
«Artículo 10º.- Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad (…).». (Negrilla fuera de texto).
Asimismo, las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, donde se dispuso:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
Y más adelante estableció, las siguientes reglas jurisprudenciales:
«(…)
i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.
De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho (…).».
En consideración a lo anterior, en el sub judice, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se realizó el 30 de marzo de 2016 (Fls. 12 a 15), se establece que no acaece el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no transcurrió un plazo superior a tres años para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones, interrumpiéndolo.
Por lo dicho, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de un empleado al cargo equivalente de planta o en proporción al valor pactado en cada contrato durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015, salvo sus interrupciones, según sea la condición más favorable.
Aun así, es necesario orientar que el pago de los aportes a seguridad social se hará solo por los aportes a pensión y de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de la Sala, siendo lo procedente en aras de garantizar el derecho pensional de la accionante es que a título de restablecimiento del derecho el demandado determinará mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la actora, y cotizar al fondo de pensiones al que se encuentre afiliada, la suma faltante por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le correspondía como empleador, en los periodos en los que se demostró la relación laboral.
Para tales efectos, la interesada deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.
Así las cosas, se modificará las sentencia recurrida en el sentido de que la actora tiene derecho reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de un empleado al cargo equivalente de planta o en proporción al valor pactado en cada contrato durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015, salvo sus interrupciones, según sea la condición más favorable.
Ahora bien, la Sala también modificará el fallo apelado en lo relacionado a la orden del «el reconocimiento y pago a favor de la parte actora los porcentajes de cotizaciones en su debida proporción que debió pagar por concepto de seguridad social (…)», en cuanto en el mismo, en la parte considerativa, se ordenó devolverle los valores que ella aporto al sistema de seguridad social, en el porcentaje que le correspondería al empleador y que fueran asumidos por la demandante, pues tal devolución no resulta procedente.
La Sala explicará, que en materia de los aportes en salud, lo primero es traer a la disertación que el preámbulo de la Ley 100 de 1993, define que el Sistema de la Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
A partir de allí, la ley desarrolló el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de la Seguridad Social en Salud, este último está dirigido a la regulación de la sanidad general en la Nación, el cual dentro de sus características primordiales integra entre otros aspectos, la obligatoriedad de afiliación, previo pago de la cotización reglamentaria y la libertad de elección de los afiliados a la entidad promotora de salud.
Así mismo, la Corte Constitucional, señalo que:
«Los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud son rentas parafiscales porque son contribuciones que tienen como sujeto pasivo un sector específico de la población y se destinan para su beneficio, y conforme al principio de solidaridad, se establecen para aumentar la cobertura en la prestación del servicio de salud. El diseño del sistema general de seguridad social en salud define en forma específica los destinatarios, los beneficiarios y los servicios que cubre el plan obligatorio de salud, todos constitutivos de la renta parafiscal.».
Así explica la Corte Constitucional frente a la protección constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la destinación específica de los aportes a salud y pensión, «que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la seguridad social debido a su naturaleza parafiscal.».
También por su naturaleza parafiscal los recursos de la Seguridad Social, solo pueden ser empleados para garantizar la prestación de los servicios de salud en los dos regímenes; subsidiario y contributivo, no siendo legal destinarlos a otros presupuestos, además por esa misma naturaleza, son ingresos no gravados fiscalmente. Así al contratista no le es dable cancelarle directamente los aportes que en su oportunidad efectuó, pues estos son de obligatorio pago y recaudo, al margen de que se haya prestado o no el servicio de salud, por cuanto su finalidad es la de garantizar el acceso a la sanidad para la población más vulnerable y subsidiada, atendiendo al principio de solidaridad.
Ahora bien, de la misma forma, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyos objetivos son garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la ley. También busca la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con el Sistema, está compuesto, fundamentalmente, por el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
El Régimen de Prima Media, es aquel mediante el cual, los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas y una de las principales características es que los aportes de los afiliados y sus rendimientos, así como el reconocimiento y pago de las pensiones de este régimen, se efectúan con cargo a una «bolsa común», de tal manera que la financiación de la pensión obligatoria del Régimen de Prima Media, cuenta con la garantía de un fondo común de naturaleza pública, que se nutre de los aportes de sus afiliados. Así lo establece el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, cuando señala, que «los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia», y que «(e)l Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados.».
El Régimen de Ahorro Individual, es aquel mediante el cual los afiliados, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los aportes pensionales se depositan en una cuenta de ahorro individual a nombre de cada afiliado, es decir, este es dueño de su propia cuenta. Bajo este sistema, la pensión obligatoria se financia con los aportes efectuados por el afiliado y el empleador, más los rendimientos generados. Si el afiliado es trabajador independiente, los aportes los asume él en un 100%.
Con independencia de cuál sea el régimen al que se encuentre afiliada la actora, pues no está corroborado en el expediente tal aspecto, se debe atender a que los fines para los cuales están destinados los aportes a pensión, dado que corresponde al contratista por ley sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por ley a efectuar su pago, posteriormente resulta inviable ordenarse su devolución, así se haya declarado la existencia de un vínculo laboral, pues, de admitirse tal pretensión, se le estaría otorgando «un beneficio propiamente económico, que no influye en el derecho pensional como tal.».
Resuelto lo anterior se reiterará lo que en pronunciamientos anteriores indicó esta ponente frente a que una vez determinada la existencia del realidad sobre las formas, lo ordenado no es procedente, ya que por su naturaleza parafiscal, a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia del contrato realidad, estos dineros son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen un crédito a favor del interesado, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer.».
De lo expuesto, se orientará que el reconocimiento de aportes en seguridad social solo se hará sobre los aportes a pensión y la forma correcta de ordenarlos pagar al demandado, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por esta Subsección, es que a título de restablecimiento del derecho la Administración determine mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la actora, y cotizar al respectivo fondo de pensiones donde se encuentre afiliada la demandante, la suma faltante por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le correspondía como empleador, en los periodos en los que se demostró la relación laboral.
Para tales efectos, la interesada deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Ahora bien, importante es aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser reconocidas a la actora se sostuvo en anterior providencia que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, (…)». En consideración, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que devengue un empleado de planta de la E.S.E. demandada que desarrollaba sus mismas funciones, tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías entre otras, más no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que ella carece. En ese mismo sentido y en cuanto al reajuste salarial, la subsección reitera lo señalado en tal pronunciamiento en cuanto por ello, «no surge el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales».
En lo referente a los aportes a la caja de compensación familiar, cabe destacar que la parte demandante no demostró que cumplía los requisitos establecidos en la Ley 21 de 1982 referentes a las cotizaciones efectuadas a caja de compensación familiar, ni que era beneficiaria de los planes con que cuentan esas entidades, así como tampoco allegó prueba con la que acreditara pago alguno por ese concepto, por lo que se evidencia la imposibilidad de haberlos recibido y, en ese sentido, debe negarse su reconocimiento.
Frente a la sanción moratoria deprecada, no hay lugar a tal reconocimiento, toda vez que a partir de esta sentencia surge la obligación del pago de las prestaciones a la beneficiaria, por lo que no es viable acceder a esa pretensión.
Finalmente, en cuanto a la condena en costas a la E.S.E. demandada, la jurisprudencia de la Sala en dicha temática ha precisado que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.
Al realizar un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, no se encuentra evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a apelar, por ello, esta sentencia se abstendrá de condenarla en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, sala tercera de decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, A EXCEPCIÓN del NUMERAL 4 QUE SE MODIFICA, de acuerdo a la parte motiva de la providencia, y queda así:
4. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la E.S.E. Salud Pereira a pagar a favor de la demandante Juliana Rivera Zuluaga las prestaciones laborales de orden legal que percibía un empleado al cargo equivalente de planta de la entidad o en proporción al valor pactado en cada contrato durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 23 de agosto de 2015, salvo sus interrupciones, según sea la condición más favorable.
TERCERO: Sin costas en la instancia, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Por la secretaría de la sección segunda de la Corporación devuélvase el expediente al tribunal de origen y déjense las constancias de rigor.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Los Consejeros,
Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El expediente ingresó al Despacho el 18 de mayo de 2021, según informe secretarial visible a folio 281. Sentencias del 6 de julio de 2017, Exp. 3949-2014 y del 9 de noviembre de 2017, Exp. 1050-2017, con ponencia de Sandra Lisset Ibarra Vélez. Artículo 320 C.G.P. Artículo 31 Constitución Política. C.E, SECCIÓN CUARTA, C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS, 4 de marzo de 2010, Radicación número: 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328). C.E., SECCIÓN SEGUNDA, Sub. A, C.P. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, 7 de abril de 2011, Rad. 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10). Criterio reiterado por esta Sala en múltiples pronunciamientos, como lo son: sentencia del 15 de agosto de 2019, radicación 2015-00203 (01322017); sentencia del 8 de agosto de 2019, radicación 201601106 (33312017); sentencia del 3 de abril de 2016, radicación 201301959 (2655-2014); entre otros. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejero Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10). Modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCION B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 47001-23-33-000-2014-00094-01(4569-15). Actor: TIRSA BEATRIZ BARRANCO RICO. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social. Consejo de Estado. M.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. 6 de octubre de 2016. Radicación: 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014). Demandante: Miguel Ángel Castaño Gallego. Demandado:
Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal. Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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