Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-00059-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Tema: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 5 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Zoraida María Castro Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio SADE 182174 del 31 de agosto de
2015, por medio del cual la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional de la Gobernación del Valle del Cauca le negó la existencia de una
relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaran
de ella.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se declarara que entre el departamento del Valle del Cauca y Zoraida María
Castro Moreno existió una relación laboral desde el 1° de noviembre de 2005 hasta
el 31 de diciembre de 2012; ii) se condenara al demandado al pago de la nivelación
al código y grado equivalente al que existía o debió existir en la planta de personal
teniendo en cuenta los cargos por ella desempeñados; iii) se reajustaran los
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
salarios; iii) se pagaran las prestaciones sociales dejadas de percibir, tales como
primas de servicios (junio y diciembre), de navidad y de vacaciones, bonificaciones
por servicios prestados y por recreación, sueldo por vacaciones, subsidio de
alimentación, vacaciones, y las cesantías y sus intereses; iv) se pagara a favor de
la demandante, los porcentajes de cotización correspondientes a la seguridad social
en pensiones, salud y riesgos profesionales; v) se pagara a título de indemnización
las cotizaciones de caja de compensación y subsidio familiar; vi) se condenara al
pago de la sanción por no consignación de las cesantías; vii) se indexaran las sumas
de dinero reconocidas, conforme a la variación del índice de precios al consumidor
(IPC) certificado por el DANE; viii) se pagaran los intereses señalados en el artículo
192 del CPACA, a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia;
ix) se condenara en costas y agencias en derecho; y x) se diera cumplimiento a la
sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Zoraida María Castro Moreno estuvo vinculada a la entidad demandada mediante
sucesivos contratos de prestación de servicio, sin solución de continuidad, desde el
1° de noviembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2012. Entre el 1° de noviembre
de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, desempeñó el cargo de aseadora en las
instalaciones del Palacio San Francisco donde funciona la Gobernación del
departamento del Valle del Cauca y demás dependencias de la administración
departamental; a partir del 1° de agosto de 2009 ocupó el cargo de secretaria en la
Secretaría de Educación Departamental; y por los años 2011 y 2012 desempeñó
ese empleo en la Secretaría de Desarrollo Institucional.
• Prestó sus servicios en forma personal, bajo la continua subordinación de sus
superiores y recibió a cambio una remuneración.
• El 30 de junio de 2015 solicitó al ente territorial que le reconociera la existencia de
una relación laboral y el pago de los salarios y prestaciones correspondientes. Sin
embargo, esta petición fue negada a través del acto demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 122 y 125 de la
Constitución Política; 7 del Decreto 1950 de 1973; 2 del decreto Ley 1042 de 1978;
29 de la Ley 734 de 2002; 99 de la Ley 50 de 1990; 1 de la Ley 52 de 1975; 32 de
la Ley 80 de 1993; la Ley 344 de 1996; y el Decreto 1582 de 1998.
2
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Demandante: Zoraida María Castro Moreno
En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:
• Los contratos de prestación de servicios que se celebraron con la entidad
demandada lo que buscaban era disfrazar la relación laboral que existió, y como
consecuencia de ello, la entidad evadió el reconocimiento y pago de todos los
haberes laborales legales a que tiene derecho durante el periodo en que estuvo
vinculada. En tal sentido, el principio de in dubio pro operario, según el cual, cuando
haya duda en la interpretación de las normas laborales, debe optarse por aquella
que resulte más favorable al trabajador, fue inaplicado.
• Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política que prevé los principios de
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales y que le dan vigencia al trabajo como valor, principio y derecho
de carácter superior.
• El artículo 99 de la ley 50 de 1990 establece que se deben consignar las cesantías
a más tardar el 14 de febrero de cada año, y que al no haberse hecho se causó una
sanción al empleador, equivalente a un día de salario por cada día de retraso. En
efecto, el régimen de cesantías que cobija a la demandante es el anualizado, porque
empezó a laborar con el departamento del Valle del Cauca el día 1° de noviembre
de 2005, es decir, con posterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996 y del
Decreto 1582 de 1998.
• De acuerdo con lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
caso de estudio este se cuenta a partir del momento en que la obligación se hizo
exigible, es decir, desde la sentencia ejecutoriada.
1.2. Contestación de la demanda
El departamento del Valle del Cauca se opuso a la prosperidad de las pretensiones
con fundamento en que la demandante prestó sus servicios en la entidad territorial
a través de contratos de prestación de servicios, los cuales suscribió de manera
voluntaria, de manera que conocía las obligaciones y condiciones derivadas de esa
relación contractual, y así lo aceptó sin reproche alguno3.
Propuso las siguientes excepciones: i) carencia del derecho; ii) cobro de lo no
debido; iii) inexistencia de la obligación; iv) prescripción de la acción; v) la
innominada; y vi) prescripción extintiva del derecho.
2 Folios 88 a 111.
3 Folios 126 a 147.
3
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Demandante: Zoraida María Castro Moreno
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 5 de
febrero de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del ACTO No. 182174 del 31 de agosto de
2015, emitido por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en la que se negó al
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones laborales a la señora
ZORAIDA MARIA CASTRO MORENO.
SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y la señora ZORAIDA MARIA CASTRO
MORENO, durante los siguientes periodos: 1 de noviembre de 2005 a 31 de diciembre
de 2005; 4 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2006; 2 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2007; y 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008, 3 de agosto de 2009
a 31 de diciembre de 2009 y finalmente del 22 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de
2012.
TERCERO: En consecuencia, se ORDENA al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, reconocer y pagar a favor de la señora ZORAIDA MARIA CASTRO MORENO
a título de restablecimiento del derecho, el equivalente a las prestaciones sociales
legales propias de los empleados públicos de la entidad pública en el periodo
comprendido entre el 22 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012, tomando como
base el valor de los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios
ejecutado por la demandante.
CUARTO: En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social en pensión, se
ORDENA al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA durante los periodos
comprendidos entre el 1 de noviembre de 2005 a 31 de diciembre de 2005; 4 de julio de
2006 al 31 de diciembre de 2006; 2 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007; y 1
de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008, 3 de agosto de 2009 a 31 de diciembre de
2009 y finalmente del 22 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012, efectuar los
aportes al sistema y si existe diferencia entre los aportes realizados, y sobre los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo
que la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho
tendrá que efectuar los aportes correspondientes.
QUINTO: DECLARAR prescritos los derechos reclamados en el periodo anterior al 31
de diciembre de 2011.
SEXTO: Las sumas que resulten de la condena anterior, se deben indexar de
conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CPACA, hasta la ejecutoria de la
sentencia; sumas que a partir de esa fecha devengarán intereses moratorios, tal como
lo dispone el artículo 192 ibídem.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Sin Costas en la instancia.».
4
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Demandante: Zoraida María Castro Moreno
Para tal efecto se pronunció en estos términos4:
• Las labores de auxiliar de mantenimiento desarrolladas entre el 10 de mayo y el
31 de diciembre de 2010 y desde el 30 de marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre
de 2011, fueron producto de contrataciones temporales sin que exista continuidad
en los contratos. Tampoco se trata de funciones permanentes ni se encuentran
dentro de las actividades misionales de la entidad, ni se demuestra la existencia de
un empleo o cargo en la planta de personal con esas funciones. No obra un
elemento probatorio que permita concluir, con absoluto grado de certeza, que la
demandante recibió órdenes o le fueron impartidas instrucciones por parte de
funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca. Para el efecto, la Sala no cuenta
con oficios, circulares, llamados de atención, memorandos o cualquier otro
documento que permitiera determinar que esas labores debieran haber sido
desarrolladas en la forma como lo ordenaban las directivas del ente territorial.
• El hecho de que la actora fuera supervisada, no constituye una relación de
subordinación continuada, sino que se enmarca en una relación de coordinación
que debe existir entre los contratistas vinculados mediante contrato de prestación
de servicios y la administración para así garantizar la correcta ejecución de los
recursos públicos tendiente a prestar un mejor servicio.
• Frente a las tareas adelantadas como aseadora, entre el 1° de noviembre de 2005
y el 31 de diciembre de 2008, y de apoyo secretarial, desde el 3 de agosto de 2009
hasta el 31 de diciembre de 2009 y del 22 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de
2012, por la naturaleza del objeto contratado, este implica el desarrollo de
actividades que no podrían ejecutarse sin contar de forma permanente y continua
con instrucciones sobre la forma de realizar las tareas. Además, la labor
eminentemente secretarial implica más que una coordinación con la administración
y no denota autonomía, por lo que es claro que, en el caso, se demostró que en
algunos periodos la ejecución de los contratos de prestación de servicios mutó a
una relación laboral desnaturalizando el vínculo contractual.
• Pese a que se reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes, esto
no le otorga a la demandante la calidad de empleada pública, pues para ello se
requiere del respectivo nombramiento y posesión, tal como lo ha reiterado el
Consejo de Estado; sin embargo, al ser desvirtuado el contrato de prestación de
servicios o convenios, la relación laboral produce plenos efectos, lo que conlleva al
pago de todos los emolumentos, incluidas no solo las prestaciones sociales que son
asumidas directamente por el empleador para los empleos de planta tales como
4 Folios 256 a 274.
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Demandante: Zoraida María Castro Moreno
vacaciones, cesantías, prima de servicios y todas las que se encuentren reguladas
legalmente, sino además, las que se reconocen en dinero por el Sistema de
Seguridad Social Integral, en la proporción correspondiente, como aquellas por
concepto de salud y pensión.
• Para los aportes al sistema de seguridad social en pensión, se deberá tener en
cuenta para el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, lo
devengado como honorarios en el contrato de prestación de servicios mes a mes,
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Los aportes a
pensión deberán ser actualizados a valor presente a través del ejercicio de un
cálculo actuarial, lo anterior con el propósito de tener una cifra real de lo que le
corresponde sufragar al empleador y a la actora, posición asumida por el Consejo
de Estado en asuntos pensionales, aplicable por analogía a esta materia 5.
• Los periodos cuyo reclamo de prestaciones sociales anteceden al 31 de diciembre
de 2011, se encuentran prescritos toda vez que transcurrió el plazo previsto para
que opere dicho fenómeno, contabilizado a partir de la finalización de cada uno de
los contratos por existir interrupción en el tiempo del servicio.
• No procede el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
prestaciones y otros emolumentos laborales pues tal y como lo ha señalado el
Consejo de Estado, es a partir de la sentencia que se determina la existencia de
una relación laboral y en consecuencia se hacen exigibles los derechos reclamados
1.4. El recurso de apelación
Zoraida María Castro Moreno interpuso recurso de apelación y solicitó que se
revocara en forma parcial la decisión anterior, con fundamento en los siguientes
argumentos6:
5 Posición asumida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren en sentencia del 24 de junio de
2015, dispuso: “De otra parte, se comparte lo resuelto por el aquo, en el sentido que la demandada
debe realizar los descuentos a que hubiere lugar de los aportes correspondientes a los factores cuya
inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, empero, aquí debe
la Sala hacer la siguiente anotación: Como el actor adquirió su status jurídico el 21 de enero de 2006
(fol.3), es decir, en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 Superior,
para efectos de mantener la sostenibilidad financiera del sistema pensional, los montos que deba
descontar la institución accionada al actor, en el porcentaje que corresponda como empleado, y los
que deba cobrar a la Contraloría General de la República, como empleador, deberán ser traídos a
valor presente, a través de la operación que realice un actuario que designe la entidad para ello, de
lo contrario se estarían recibiendo unas sumas depreciadas, que ahondarían la problemática
pensional.”
6 Índice 45, aplicativo Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con radicado
76001233300720160005900.
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
• De las pruebas documentales y testimoniales se demostró que existió una relación
laboral desde el 1° de noviembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2012, de
manera que las prestaciones a que tiene derecho no estuvieron afectadas por el
fenómeno extintivo de la prescripción.
• El tribunal incurrió en un yerro al señalar que las vacaciones y las cesantías surgen
como consecuencia de la sentencia, de forma que debió condenarse a la sanción
por la mora en la afiliación y pago de esos emolumentos.
• La prestación del servicio se dio en forma subordinada durante toda la relación
que tuvo con la entidad territorial
1.5. Trámite en segunda instancia
En atención a que no se aportó ni solicitó la práctica de pruebas y que no se advirtió
la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que se presentaran
alegatos de conclusión, en los términos de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
247 del CPACA7.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto, tal y como
se advierte en la constancia secretarial del 22 de febrero de 20228.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Consisten en determinar lo siguiente: i) ¿entre Zoraida María Castro Moreno y el
departamento del Valle del Cauca se configuró una relación laboral por sus servicios
como auxiliar de mantenimiento? ii) ¿aquella tiene derecho al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías y demás acreencias
laborales?; y iii) ¿los derechos reclamados se encuentran afectados por el
fenómeno de la prescripción?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
7 Folio 279. Así se indicó también en el informe secretarial del 22 de febrero de 2022. Folio 280.
8 Folio 280.
7
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Demandante: Zoraida María Castro Moreno
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal
subordinada y dependiente.
De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
8
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].
Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».
Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
10
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).
Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
11
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
12
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
2.3.1.1. En torno a la relación contractual entre las partes
• Entre Zoraida María Castro Moreno y el departamento del Valle del Cauca se
celebraron los siguientes contratos de prestación de servicios16:
Contrato Objeto Periodo
CPS 00023 del 31 de octubre 1° de noviembre a 31 de
Aseadora
de 2005 diciembre de 2005
CPS 0482 del 4 de julio de 4 de julio a 31 de
Aseadora
2006 diciembre de 2006
CPS 00414 del 2 de enero de 2 de enero a 31 de
Aseadora
2007 diciembre de 2007
CPS 0452 del 1° de julio de 1 de julio a 1 de
Aseadora
2008 y contrato adicional noviembre de 2008
Recibir correspondencia y archivar los
Contrato de mínima cuantía 3 agosto a 30 de
documentos de la Secretaría de Educación
0799 del 3 de agosto de 2009 diciembre de 2009
Departamental
CPS 435 del 30 de marzo de 30 de marzo de 2011 al
Auxiliar en mantenimiento
2011 31 de diciembre de 2011
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
CPS 0164 del 22 de marzo de Departamental requeridos para la realización 22 de marzo a 31 de
2012 y Otro sí del as actividades operativas propias de la diciembre de 2012
Secretaría de Desarrollo
• A través del Contrato 0464 del 10 de mayo de 2010, el departamento pactó con la
Cooperativa de Trabajo Asociado el siguiente objeto: «el contratista se obliga a)
suministrar el número de personas para prestar el servicio de aseo, motoristas,
ascensoristas, mantenimiento y asistencia técnica, en las sedes de la Gobernación del Valle
del Cauca, que están estipuladas en el pliego de condiciones». En el anexo del contrato
se enlistan las personas que prestarían el servicio, en el número 44 aparece Zoraida
María Castro Moreno como auxiliar de mantenimiento en la Secretaría de Educación
Departamental17.
• La subsecretaria de Servicios Generales y Recursos Físicos de la Secretaría de
Desarrollo Institucional del departamento del Valle del Cauca hizo constar que la
demandante ejecutó las obligaciones pactadas en el Contrato 0435 del 30 de marzo
de 2011 y, en tal sentido, realizó las siguientes actividades: instalar y revisar
luminarias en la Oficina de Rentas, reparar los aires acondicionados en la Secretaría
de Rentas, e instalar módulos en la Oficina de Seguridad18.
16 Folios 4 a 49.
17 Folios 31 a 41.
18 Folios 73 a 83 del cuaderno 2.
13
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
• Mediante los decretos 0350 del 2 de mayo de 2001, 0710 del 15 de septiembre de
2005, 1410 de 2009 y 0241 del 1° de abril de 2013 se establecieron las plantas de
cargos de la administración central del departamento del Valle del Cauca. Allí no se
incluyeron los de aseadora ni auxiliar en mantenimiento19.
• Se aportaron las certificaciones emitidas por el supervisor de los contratos, según
las cuales Zoraida María Castro Moreno cumplió con las siguientes actividades20:
El interventor certificó que la demandante ejecutó las actividades de
Informe de Interventoría
aseadora, manteniendo limpia el área que se le asignó y realizando las
Contrato 00023 del 31 de
demás funciones que se le requirieron, conforme a las actividades
octubre de 2005
programadas y contratadas en dicho contrato
Que las actividades programadas y contratadas por el Departamento
Informe de Interventoría
del Valle del Cauca- Secretaría de Desarrollo Institucional y CASTRO
Contrato 0482 del 4 de julio
MORENO ZORAIDA MARIA, se ejecutaron de acuerdo a lo convenido
de 2006
en el objeto y obligaciones del contrato
Que las actividades programadas y contratadas por el Departamento
Informe de Interventoría
del Valle del Cauca- Secretaría de Desarrollo Institucional y CASTRO
Contrato 014 del 2 de enero
MORENO ZORAIDA MARIA, se ejecutaron de acuerdo a lo convenido
de 2007
en dicho contrato.
Informe de Interventoría Que las actividades programadas y contratadas por la Secretaría de
Contrato 0452 del 1° de julio Desarrollo Institucional y la señora CASTRO MORENO ZORAIDA
de 2008 MARIA, se ejecutaron de acuerdo a lo convenido en dicho contrato.
Que las actividades programadas y contratadas por la Secretaría de
Informe de Interventoría
Educación Departamental y la señora ZORAIDA MARIA CASTRO
Contrato 0799 del 3 de
MORENO, se ejecutaron de acuerdo a lo convenido en el objeto y
agosto de 2009
obligaciones del contrato
En desarrollo de la prestación de servicios como AUXILIAR EN
MANTENIMIENTO: He desarrollado las siguientes actividades:
• Se instalaron y revisaron luminarias en la oficina de rentas
• Se repararon los aires acondicionados de la Secretaría de Rentas.
Informe de Gestión e • Se instalaron módulos en la oficina de Seguridad.
Interventoría Contrato 0435 Que las siguientes actividades desarrolladas por el Señor (sic)
del 30 de marzo de 2011
ZORAIDA MARIA CASTRO Identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. 66.957.0005 se ejecutaron de acuerdo a lo convenido en dicho
contrato:
• Se instalaron y revisaron luminarias en la oficina de rentas
• Se repararan los aires acondicionados de la Secretaria de Rentas.
• Se instalaron módulos en la oficina de Seguridad
• El 31 de marzo de 2017 se llegó a cabo la audiencia de pruebas de que trata el
artículo 181 del CPACA, en la que se recibieron los testimonios de Nancy Ospina
19 Folios 65 a 86
20 Cuaderno 2.
14
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
Fernández, Olmer Arvey Salazar Ruiz y Luz Dary Quiñonez Castillo, quienes
señalaron lo siguiente21:
i) Nancy Ospina Fernández conoció a Zoraida María Castro Moreno porque era
compañera de trabajo, pues laboró desde el año 2004 como guarda de seguridad y
en el año 2006 como ascensorista del gobernador; en la actualidad se encuentra en
la Gobernación del Valle pero en otra dependencia. La demandante fue su
compañera de trabajo, laboraba en el despacho del gobernador y tenían unos
horarios de trabajo que iniciaban a las 6 am, y su culminación dependía de si se
hacían Consejos de Gobierno, caso en el cual la jornada se extendía hasta la 4am.
La conoció porque también trabajó en ese despacho por un tiempo hasta su traslado
a la Secretaría de Educación.
Trabajaban por turnos de 6am a 2pm y de 2pm a 10apm, eso dependía de la
necesidad; pues inicialmente era de 6am a 2pm pero ante los consejos de gobierno
podría ser hasta las 3am hasta terminar turno. La demandante trabajó a través de
contratos de prestación de servicios y tuvo funciones de aseadora, entre el 2004 y
el 2012, en el 2007 desarrolló funciones de archivo y de secretaria. La actora laboró
como aseadora cumpliendo sus funciones de 6am a 2pm y en la Secretaría de
Educación como secretaria de 8am a 12m y de 2pm a 6pm de lunes a viernes.
Siempre hay una persona en despacho del gobernador o su secretaria que imparte
órdenes; en educación era Álvaro Zuluaga el jefe directo. Todos los elementos de
trabajo suministrados eran del departamento del Valle del Cauca.
ii) Olmer Arvey Salazar Ruíz conoció a Zoraida María Castro Moreno cuando
ingresó en el gobierno de Angelino Garzón, época en la cual él trabajaba en
protocolo; ella estaba en el piso 16 y le tocaba ir a las 3am. La conoció como
aseadora en un Consejo de Gobierno, siempre era trasladada a su casa, repartía
tintos, luego ella pasó a ser auxiliar en educación, era secretaria, tenía las funciones
de un auxiliar grado I y II. Ella tenía un jefe que le daba instrucciones, esto es, la
secretaria ejecutiva del gobernador cuando era aseadora y de los demás del piso
octavo es decir del secretario de educación que era el jefe inmediato. En la
secretaría cumplía horario de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. En el piso 16 las jornadas
eran más extensas por las reuniones desde las 3am o 4am e incluso los sábados.
iii) Luz Dary Quiñonez Castillo conoció a la demandante cuando trabajaba en la
entidad pues era su compañera de trabajo; esta se desempeñó como aseadora y
conserje en la Gobernación del Valle del Cauca, quien ingresó a la entidad en el
año 2004, y en marzo ingresó al despacho del gobernador como aseadora, luego
21 Folios 198 a 202.
15
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
prestó sus servicios en la Secretaría de Educación como auxiliar y se desempeñó
en oficios varios. Ella atendía reuniones, realizaba aseo, mandados con horario de
6am a 2pm y de 2pm a 10pm de lunes a domingo.
Los turnos que la testigo cumplía en la Gobernación coincidían con los que realizaba
la demandante y respondió, cuando estaba «arriba»; sin embargo, «ella bajó unos
meses después [al] despacho del gobernador», en el que el horario era de 8 horas,
que podían extenderse, al punto que los llevaban a la casa. Las labores
desarrollaban en forma personal pues no se permitía enviar a un sustituto. No
trabajó en la Secretaría de Educación sino en la Secretaría de Desarrollo
Institucional, pero almorzaba con la demandante.
2.3.1.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio
• El 30 de julio de 2015, la demandante solicitó al departamento del Valle del Cauca
que se reconociera la existencia de una relación laboral entre ella y la entidad
territorial, por el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2005 y el 31 de
diciembre de 2012 y, en consecuencia, se pagaran las prestaciones sociales
adeudadas y las diferencias de los salarios percibidos por ese lapso22.
• El 31 de agosto de 2015, la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional de la Gobernación del Valle del Cauca negó la solicitud anterior con
fundamento en que no se acreditaron los elementos de una relación laboral 23.
2.3.2. Análisis sustancial
Previo a resolver los problemas planteados, resulta oportuno precisar que la
discusión en esta instancia no gira en torno a los elementos que distinguen la
relación laboral de las demás modalidades de prestación de servicios a través de
contratos estatales, cuando desarrolló labores de aseadora y de apoyo secretarial,
sino cuando ejerció funciones de auxiliar de mantenimiento, en la medida en que
fueron descartados por el a quo, al no cumplir con los requisitos previstos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo; por tal razón, la Sala se sustraerá del
análisis en torno a los demás periodos que sí fueron reconocidos y orientará el
estudio del caso a resolver los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en atención a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP.
22 Folios 53 a 58.
23 Folios 60 a 62
16
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
2.3.2.1. En torno a la acreditación de la prestación del servicio y la acreditación
de la subordinación
Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará a continuación entre Zoraida
María Castro Moreno y el departamento del Valle del Cauca se configuró una
relación laboral por sus servicios como auxiliar de mantenimiento.
El a quo reconoció la existencia de una relación laboral entre la demandante y la
entidad territorial durante los siguientes periodos: del 1° de noviembre al 31 de
diciembre de 2005; del 4 de julio al 31 de diciembre de 2006; del 2 de enero al 31
de diciembre de 2007; del 1° de julio al 31 de diciembre de 2008, del 3 de agosto al
31 de diciembre de 2009 y del 22 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012.
Sin embargo, desechó los tiempos de servicios en los que ejecutó labores de auxiliar
de mantenimiento, que a juicio del tribunal, corresponden al periodo comprendido
entre el 10 de mayo y el 31 de diciembre de 2010 y desde el 30 de marzo de 2011
hasta el 31 de diciembre de 2011.
Empero, la Sala no encuentra acreditada la prestación del servicio por el aludido
periodo, pues si bien se aportó copia del Contrato 0464 del 10 de mayo de 2010,
mediante el cual el departamento pactó con la Cooperativa de Trabajo Asociado
que se «suministrar[ía] el número de personas para prestar el servicio de aseo, motoristas,
ascensoristas, mantenimiento y asistencia técnica, en las sedes de la Gobernación del
Valle del Cauca, que están estipuladas en el pliego de condiciones» y, en el documento
anexo a este se enlistaron las personas que prestarían el servicio, en el que aparece
Zoraida María Castro Moreno como auxiliar de mantenimiento en la Secretaría de
Educación Departamental, lo cierto es que tales documentos no ofrecen la certeza
necesaria para determinar los extremos temporales de esa relación.
Ahora bien, pese a que el 30 de marzo de 2011 se suscribió el contrato 435 en virtud
del cual la actora se obligó a realizar «1.- Apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistema (sic) Eléctrico del Edificio Palacio San Francisco y otros que le asigne. 2.-
Apoyo en las instalaciones y reparaciones que se requieran. 3.- Instalación y reparación de
tomacorrientes. 4.-Apoyo en la revisión e instalación de cableado en generales: cable
normal y estructural. 5. Desarrollar todas y cada una de las actividades que se le designe
en cumplimiento del contrato. 6.- Apoyo en la ejecución de las actividades de
mantenimiento, instalación y reparación. 7.- Preferiblemente desarrollará sus actividades
en la ciudad de Santiago de Cali, y de acuerdo a las necesidades del servicio en otro sitio.
8.-El Contratista debe tener el mayor cuidado para el cabal cumplimiento de sus actividades
y dar aviso oportuno de los hechos que puedan perjudicar a la Administración
Departamental al supervisor designado.9.- El contratista debe responder por los bienes que
la administración departamental le haga entrega para el cumplimiento de la labor
17
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
asignada», lo cierto es que frente a este periodo corresponde demostrar que la
relación contractual encubría una laboral.
Al respecto, la Sala no cuenta con los elementos probatorios necesarios para
desvirtuar tal relación contractual, pues lo cierto es que de acuerdo con las
actividades certificadas, en tal lapso instaló y revisó luminarias en la Oficina de
Rentas, reparó los aires acondicionados en la Secretaría de Rentas, e instaló
módulos en la Oficina de Seguridad. Sin embargo, más allá de conocer las
actividades desarrolladas en este rol, las pruebas aportadas no le permiten a la Sala
establecer con grado de certeza que no contó con la independencia que caracteriza
este tipo de relaciones, o que actuó sin autonomía en la ejecución de su labor.
Al respecto, la Sala advierte que la vinculación con la entidad territorial varió en
cuanto a su objeto contractual, pues desempeñó labores de aseadora, secretaria,
archivista, pero también realizó mantenimiento a las instalaciones por un corto
periodo, respecto del cual no se acredita el elemento de la subordinación. Al
respecto, los testigos dieron cuenta de la prestación del servicio, pero no son
precisos al señalar si para esta reclamación particular [la de auxiliar de
mantenimiento] la entidad hizo uso del ius variandi, es decir, si modificó
unilateralmente las condiciones en las cuales desarrollaría su labor, pues ni siquiera
aludieron a esta labor.
Así las cosas, comoquiera que se desconocen las condiciones de tiempo, modo y
lugar en que se ejecutaron las obligaciones pactadas, en este punto la Sala
confirmará la sentencia apelada, pues no se demostró que entre Zoraida María
Castro Moreno y el departamento del Valle del Cauca se configuró una relación
laboral por sus servicios como auxiliar de mantenimiento.
2.3.2.2. Sobre la reclamación de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías y demás acreencias laborales
Frente a la sanción moratoria y la indemnización por el no pago de las cesantías y
sus intereses, deprecadas por la demandante, la Sala advierte que no hay lugar a
su reconocimiento, pues la obligación de pago surge con esta decisión a través del
cual se efectuará el reconocimiento de la relación laboral existente entre ella y la
entidad territorial demandada, toda vez que esta tiene el carácter de sentencia
constitutiva, motivo por el cual a partir de su ejecutoria empiezan a correr los
términos para reclamar los derechos que esta genera24.
24 En este sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda en las sentencias del 7 de
julio de 2022, radicación 66001-23-33-000-2017-00273-01 (0282-2020), del 28 e julio de 2021,
66001-23-33-000-2017-00417-01 (5311-2019), entre otras.
18
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
En efecto, esta corporación ha señalado que las sanciones previstas en la ley están
dirigidas a los empleadores morosos en reconocer y pagar las acreencias a que
tiene derecho el trabajador en las oportunidades señaladas por el legislador; es
decir, están establecidas con el propósito de resarcir los daños que se causan por
el incumplimiento en el reconocimiento y pago de, entre otros, la liquidación
definitiva del auxilio de cesantías. Sin embargo, cuando se reclama la existencia de
una relación laboral que se aduce encubría la contractual, no puede considerarse
que el empleador estuviera en mora de realizar tales pagos, pues lo cierto es que
tal omisión fue producto del convencimiento de que se trataba, en este caso, de una
relación contractual que no le imponía tales obligaciones.
En tal sentido, es a partir del momento en que se declara la existencia de la relación
laboral y que se desvirtúa la contractual que se genera la obligación a cargo de la
entidad demandada de proceder en los términos de ley al reconocimiento de las
acreencias reclamadas; en consecuencia, al no acreditarse el presupuesto
necesario para que se genere la sanción como es la mora, resulta improcedente su
reconocimiento25.
Finalmente, valga precisar que contrario a lo señalado por el demandante, el tribunal
no supeditó el reconocimiento de las vacaciones a la sentencia constitutiva del
derecho, sino que por el contrario ordenó su reconocimiento así:
«En este asunto es menester precisar, que si bien es cierto, por el hecho de reconocer
la existencia de la relación laboral a la demandante no se le puede otorgar la calidad de
empleada pública, pues para ostentar la misma se requiere del respectivo nombramiento
y posesión, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, también lo es, que al ser
desvirtuado el contrato de prestación de servicios o convenios, la relación laboral
produce plenos efectos, lo que conlleva al pago de todos los emolumentos, incluidas
no solo las prestaciones sociales que son asumidas directamente por el
empleador para los empleos de planta tales como vacaciones, cesantías, prima de
servicios y todas las que se encuentren reguladas legalmente, sino además, las que se
reconocen en dinero por el Sistema de Seguridad Social Integral, en la proporción
correspondiente, como aquellas por concepto de salud y pensión» [Se resalta].
De manera que el argumento planteado en el recurso resulta incongruente con la
decisión apelada, razón por la cual, se confirmará en ese sentido, la sentencia de
primera instancia.
2.3.2.3. En torno al acaecimiento del fenómeno prescriptivo
A juicio de la demandante, de las pruebas documentales y testimoniales se
demostró que existió una relación laboral desde el 1° de noviembre de 2005 hasta
25 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 81001-23-33-000-
2013-00118-01 (0973-2016).
19
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
el 31 de diciembre de 2012, de manera que las prestaciones a que tiene derecho
no estuvieron afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción.
Al respecto, resulta necesario recordar que la Sección Segunda de esta Corporación
en la sentencia de unificación SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, estableció
las siguientes subreglas:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
En particular, la Sección dispuso que «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»26.
Asimismo, en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202127, se
establecieron reglas de unificación en relación con la delimitación del término de
solución de continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios que
ocultaron la existencia de la relación laboral que se declara, a efectos de determinar
la prescripción de derechos. Al respecto, dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
26 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
20
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que
inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las
mismas necesidades.
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse». (Se resalta).
Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales». (Se resalta).
Corolario de lo dicho, y comoquiera que la Sección Segunda ya analizó las razones
que sustentan la solicitud de unificación presentada por la actora, en el presente caso
no hay lugar a la solicitud elevada por cuanto no se encuentran acreditados los
supuestos sustanciales para esos efectos, conforme con el artículo 271 del CPACA.
En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 30 de julio de 2015,
se establece que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de todas
las prestaciones sociales causadas antes del 31 de diciembre de 2011, como lo
determinó el a quo, toda vez que la reclamación de los periodos anteriores a esta
fecha no tuvo lugar dentro del término de 3 años siguientes a la culminación de la
relación contractual respectiva.
21
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
Con fundamento en los elementos de juicio expuestos, la Sala encuentra que i) entre
Zoraida María Castro Moreno y el departamento del Valle del Cauca no se acreditó
la existencia de una relación laboral por sus servicios como auxiliar de
mantenimiento; ii) aquella no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías y demás acreencias laborales; y iii) las
prestaciones sociales causadas antes del 31 de diciembre de 2011 se encuentran
28En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00059-01 (4573-2021)
Demandante: Zoraida María Castro Moreno
afectadas por el fenómeno de la prescripción. En tal sentido, se confirmará la
sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 5 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda incoada por Zoraida María Castro Moreno contra el departamento del
Valle del Cauca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA
23
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