Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01537-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01537-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01537-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01537-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
28 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: ÁNGELA MARÍA ORENO ARCE, EN REPRESENTACIÓN DE
MARÍA JOSÉ Y ALEJANDRO VELÁSQUEZ MORENO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que
proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que se pretende usar la
tutela como instancia adicional al proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 1 de abril de 20241, la señora Ángela María Moreno Arce, en representación de
sus hijos menores María José y Alejandro Velásquez Moreno, interpuso acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de
la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de diciembre de 2023, que
confirmó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso que le
asiste a María José Velásquez Moreno y Alejandro Velásquez Moreno en
calidad de sucesores procesales de su padre el señor Camilo Velásquez
Velásquez (q.e.p.d.) en el proceso ordinario promovido contra el Hospital
Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E. en procura del reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales por la prestación del Servicio Social Obligatorio
en esa institución desde el 25 de febrero de 2006 hasta el 24 de febrero de
2007.
1Se advierte que, el 4 de junio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del doce (12) de diciembre
de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B, en el trámite de
la segunda instancia del proceso ordinario promovido por el señor Camilo
Velásquez Velásquez (q.e.p.d.) contra el Hospital Local Ulpiano Tascón
Quintero E.S.E. del municipio de San Pedro Valle.
TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección B, que dentro de los treinta (30)
días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela profiera sentencia de
reemplazo de acuerdo con los lineamientos que fije el Honorable Consejo de
Estado.
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
El señor Camilo Velásquez Velásquez instauró demanda en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad
de los oficios HUTQ-057-2009 del 21 de abril de 2009, HUTQ-075-2009 del 20 de
mayo de 2009 y HUTQ-082-2009 del 1° de junio de 2009, por medio de los cuales
el agente interventor y el gerente de la ESE Hospital Ulpiano Tascón Quintero le
negaron el reconocimiento de los emolumentos que debió percibir por la
prestación de sus servicios como médico del servicio social obligatorio, entre el 25
de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007.
Expuso que los servicios los prestó a través de la Cooperativa de Trabajo
Asociado Nuevo Horizonte, periodo en el que realizó sus funciones de manera
personal, bajo subordinación, dentro de unos horarios en los turnos impuestos en
las instalaciones de la entidad y con una remuneración pactada.
Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y le
ordenó al Hospital Ulpiano Tascón Quintero ESE de San Pedro, que le pagara al
señor Camilo Velásquez Velásquez, a título de indemnización, el equivalente a las
prestaciones sociales a las que tenía derecho un médico del servicio social
obligatorio, con base en el promedio mensual de toda la remuneración que recibió
el actor entre el 24 de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007. Inconformes
con la anterior decisión, tanto la parte demandante como la demandada
interpusieron recurso de apelación.
En sentencia del 12 de diciembre de 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado modificó el ordinal tercero de la sentencia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
apelada y, en su lugar, ordenó que se le reconociera y pagara al señor Camilo
Velásquez los valores que por concepto de prestaciones sociales legales
derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, tomando como base el salario
de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones.
1.3. Argumentos de la tutela
En criterio de la parte demandante, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en:
(i) Violación directa de la Constitución. Se apartó de lo establecido en la
Constitución Política, en especial, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5, 25, 26,
29, 123, 228, y 230.
Explicó que el señor Velásquez escogió libremente la profesión de médico, para la
cual la ley le exigía títulos de idoneidad, entre ellos, la prestación del servicio
social obligatorio en el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E. entre el 25
de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007, como requisito previo e
indispensable para obtener el registro médico y la autorización para ejercer la
profesión de médico en todo el territorio nacional.
Indicó que no se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución,
al desconocer el régimen salarial y prestacional aplicable durante el término que
desempeñó funciones públicas -prestación del servicio social obligatorio-, el cual
está determinado por la Ley 50 de 1981, el Decreto 2396 del 28 de agosto de
1981, la Resolución 795 de 1995, la Ley 100 de 1993 y la Ley 10 de 1990.
Manifestó que, de atender lo allí dispuesto, la autoridad judicial accionada no
hubiera señalado en la sentencia censurada que las prestaciones reclamadas por
el actor se generaron con la sentencia del 12 de diciembre de 2023, por tener el
carácter de sentencia constitutiva, y que el término para reclamarlas empezaba a
contabilizarse a partir de su ejecutoria.
(ii) Defecto sustantivo. Se dio aplicación inadecuada al artículo 32 de la Ley
80 de 1993, que regula los contratos estatales, y al Decreto 2209 de 1998, ya que
para la prestación del servicio social obligatorio en el referido hospital, el señor
Velásquez no celebró ningún contrato de prestación de servicios y, por tanto, llevó
a la autoridad judicial accionada a concluir que entre él y el hospital existió un
contrato realidad, «pues ningún contrato de esa naturaleza jurídica obra en el
proceso como medio de prueba documental».
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
No se aplicó el numeral 5 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto,
desconoció la remisión que se hace a la Ley 10 de 1990, lo que habría llevado a la
conclusión de que el señor Velásquez cumplió funciones públicas como médico en
servicio social obligatorio en el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E.
Se desconoció lo previsto en el artículo 1494 del Código Civil, que establece que
la ley es fuente de las obligaciones, y, en esos términos, es clara la obligación que
tiene el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E. de pagar al médico
Velásquez Velásquez las prestaciones sociales por haber cumplido funciones
públicas.
En esos términos, en su criterio, «sin razón de derecho alguna», la autoridad
judicial demandada concluyó que la obligación de pago de la sanción moratoria y
la indemnización por el no pago de las cesantías y sus intereses surgió con la
sentencia del 12 de diciembre de 2023, a través de la cual se efectuó el
reconocimiento de la relación laboral existente entre el médico Velásquez y el
hospital demandado, pues la sentencia tenía el carácter de constitutiva y, por tal
razón, a partir de su ejecutoria empezaban a correr los términos para reclamar los
derechos laborales que la sentencia generó.
(iii) Defecto fáctico. Se valoró arbitraria, irracional y caprichosamente el
material probatorio, pues se encontró probado, sin estarlo, que entre el Hospital
Local Ulpiano Tascón Quintero E.S.E. y el médico Camilo Velásquez existió una
relación de trabajo encubierta “contrato realidad”.
Sostuvo que las pruebas valoradas de manera indebida fueron las siguientes: (i) el
contrato celebrado el 1° de enero de 2006 entre el Hospital y la Cooperativa
Nuevo Horizonte; (ii) Otro sí del 26 de junio, 26 de julio, 26 de agosto, 26 de
septiembre, 26 de octubre y 26 de noviembre de 2006, y (iii) contrato celebrado el
1 de enero de 2007 entre el Hospital y la Cooperativa Nuevo Horizonte.
Indicó que como el señor Velásquez Velásquez no fue parte de los citados
contratos, no podía deducirse la existencia de un contrato realidad entre el señor
Velásquez y el Hospital.
En el mismo sentido, expuso que no se valoró debidamente el Acuerdo Asociativo
de Trabajo del 24 de febrero de 2006, suscrito entre la Cooperativa Nuevo
Horizonte y el médico Camilo Velásquez.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
Señaló que como el Hospital no era parte del acuerdo, no podía inferirse la
existencia de un contrato realidad, y ese acuerdo constituía, a su juicio, plena
prueba del incumplimiento del artículo 6 de la Ley 50 de 1981, que ordena que las
tasas remunerativas y el régimen prestacional al cual se someten quienes prestan
el servicio social obligatorio, son los propios de la institución a la cual se vincula el
profesional para el cumplimiento de dicho servicio.
Asimismo, la parte demandante afirmó que la autoridad judicial demandada no
encontró probado, estándolo en el proceso, que el régimen salarial y prestacional
al que estuvo sometido el médico durante el término en que prestó el servicio
social obligatorio es el propio de los empleados del Hospital Local Ulpiano Tascón
Quintero E.S.E, por lo que consideró que se valoraron de manera irracional y
arbitraria las siguientes pruebas: (i) Resolución 76-1115 del 26 de febrero de
2007, expedida por la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca; (ii)
Resolución D.S. 065 del 2 de marzo de 2006, expedida por el alcalde y el
secretario de salud del Municipio de San Pedro, por medio de la cual se creó una
nueva plaza rural de médico para el Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero
E.S.E.; (iii) Oficio 6933 del 17 de agosto de 2011, expedido por el Secretario de
Salud Departamental, dirigido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Por último, manifestó que la sentencia citada en la providencia cuestionada como
referente jurisprudencial no guardaba relación fáctica ni jurídica con el proceso.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 8 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, como parte demandada, y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a la E.S.E. Hospital Ulpiano Tascón Quintero
del Municipio de San Pedro, como terceros con interés.
2.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó
que el reparo de la parte actora guarda relación con la decisión de no reconocer la
sanción moratoria y la indemnización por el no pago de las cesantías y sus
intereses. Explicó que esa inconformidad ya fue objeto de análisis y resolución en
la providencia cuestionada.
Que, en todo caso, aunque le asistía el derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales de orden legal que surgieron de la relación laboral, no había
lugar al reconocimiento de la sanción moratoria ni tampoco a la indemnización por
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
el no pago de las cesantías y sus intereses, por cuanto la obligación de pago
surgía con el fallo a través del cual se efectuaba el reconocimiento de la relación
laboral, dado su carácter de constitutivo. De ahí que solo a partir de su ejecutoria
empezaban a correr los términos para reclamar los derechos que se derivaron de
la sentencia.
Por lo anterior, pidió que se declarara improcedente el amparo solicitado, toda vez
que la solicitud de amparo estaba encaminada a proponer un debate, como si se
tratara de una tercera instancia.
3. Fallo impugnado
En sentencia del 2 de mayo de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por considerar que la parte actora pretende emplear la
tutela como una instancia adicional del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. A su juicio, la solicitud de amparo propone la misma
discusión jurídica que presentó en el proceso ordinario, en la que se consideró
que no era procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías durante el vínculo contractual, porque la obligación
de pago surgía con la sentencia en la que se efectuaba el reconocimiento de la
relación laboral.
4. Impugnación
La parte actora impugnó la anterior decisión y argumentó que la decisión sí reviste
relevancia constitucional, porque vulneró los artículos 1, 2, 4, 5, 25, 26, 29, 123,
228 y 230 superiores, razón por la que se hace necesaria la intervención del juez
de tutela como garante de la Constitución.
En lo demás, la parte demandante reiteró los argumentos señalados en el escrito
de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Para tal efecto, primero se deberá examinar si está acreditado o no el
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende,
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte demandante.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
2
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, al igual que el a quo, la Sala considera que la presente tutela deviene
improcedente porque se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de
protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso
ordinario.
Concretamente, la parte actora considera que, en su caso particular, la sentencia
del 12 de diciembre de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, incurrió en defecto fáctico y sustantivo porque no
reconoció la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, al considerar que
la obligación de pago de los derechos laborales del señor Camilo Velásquez
Velásquez surgió con la sentencia, esto es, porque la misma tenía el carácter de
constitutiva.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal de primera instancia sostuvo que
no operó el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de las sumas que
resultaran a favor del actor, toda vez que la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de febrero de 2009, indicó que la
providencia judicial en ese tipo de asuntos tenía el carácter de constitutiva. De
igual modo, consideró que no procedía el reconocimiento de la sanción e
indemnización moratoria, pues la certeza de la exigibilidad del pago de las
cesantías y sus intereses nacía por virtud de la sentencia.
Para la Sala, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida el 2
de diciembre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los
fundamentos aludidos en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos
que sustentan el defecto fáctico, sustantivo y por violación directa de la
Constitución fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y sobre el cual
se pronunció el fallador de segunda instancia, ahora accionado, de forma
razonable y haciendo un análisis extenso, que de ninguna manera se muestra
caprichoso, sino, más bien, racional y suficiente. Diferente es que la parte actora
no esté de acuerdo con la valoración probatoria realizada por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
En efecto, la parte demandante argumentó que debían revocarse los ordinales
tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a
todas las pretensiones de la demanda, por considerar que el a quo erró en el
análisis del proceso, al realizarlo como si se tratara de un litigio originado en la
existencia de un contrato realidad, sin observar que en el expediente no obraba
prueba documento de algún contrato administrativo de prestación de servicios
regido por la Ley 80 de 1993, suscrito entre la entidad demandada y el actor para
la prestación del servicio social obligatorio. Asimismo, reprochó el hecho de que
se hubiera negado el derecho al reconocimiento de la sanción e indemnización
moratoria por el no pago de las cesantías y sus intereses.
En los mismos términos, en los alegatos de conclusión que presentó en segunda
instancia, insistió en que, como entre las partes involucradas en el proceso existió
una relación legal y reglamentaria que le otorgó al actor la calidad de empleado
público durante el periodo en que prestó el servicio social obligatorio, le asistía
pleno derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, las cuales
nacieron por ministerio de la ley no por lo resuelto en la sentencia apelada. De
manera que, en esos términos, le asiste el derecho al pago de las primas de
servicios, de navidad y de vacaciones, así como las cesantías y sus intereses,
causados entre el 25 de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 12 de diciembre de 2023, sostuvo que, si bien se demostraron los
elementos constitutivos de una relación encubierta en el periodo comprendido
entre el 25 de febrero de 2006 y el 24 de febrero de 2007, y que el señor
Velásquez le asistía el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de
carácter legal que devengara un empleado de planta de la entidad demandada
que desarrollara funciones de médico del servicio social obligatorio, tales como
las vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías, entre otras, no procedía el
reconocimiento de la sanción moratoria y la indemnización por el no pago de las
cesantías y sus intereses, por cuanto la «obligación de pago surge con este
proveído a través del cual se efectuará el reconocimiento de la relación laboral
existente entre el actor y la ESE demandada, toda vez que esta tiene el carácter
de sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su ejecutoria empiezan a
correr los términos para reclamar los derechos que esta genera».
Asimismo, se advierte que la autoridad judicial demandada citó providencias
proferidas por esa misma autoridad judicial (sentencias del 7 de julio de 2022,
radicado 66001-23-33-000-2017-00273-01 [0282-2020], y del 28 de julio de 2021,
radicado 66001-23-33-000-2017-00417-01 [5311-2019]), en las que se estudiaron
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
casos similares y en las cuales se consideró que no resultaba procedente el
reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías
durante el vínculo contractual, porque la obligación de pago surgía con la
sentencia en la que se efectuaba el reconocimiento de la relación laboral
encubierta o, en otros términos, que se trataba de una sentencia constitutiva y, en
esos términos, a partir de la ejecutoria de la decisión empezaban a correr los
términos para reclamar los derechos que de allí se generaban.
Los anteriores argumentos, en criterio de la Sala, resultan razonables y no
merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, puesto que
responden adecuadamente al problema jurídico abordado por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado. El hecho de que la parte actora no los
comparta, no significa que la autoridad judicial demandada hubiese tomado una
decisión irracional, absurda o contraevidente; al margen de las premisas
normativas, de las pruebas y de la jurisprudencia aplicable.
Recuérdese que en la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial
prima la autonomía e independencia del juez de la causa, que es el llamado a
determinar la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través
de criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su
convencimiento y sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana
crítica, sin que sea permitido al juez de tutela inmiscuirse en esa esfera y coartar
dicha facultad, a menos que advierta un ejercicio caprichoso o discrecional de la
misma, lo cual no se evidencia en el caso bajo estudio.
Por lo anterior, no es de recibo que el actor traiga al escenario de la acción de
amparo constitucional, la discusión sobre la valoración probatoria que realizó el
juez natural de la causa autónomamente y bajo las reglas de la sana crítica, pues
ello, de contera, reabriría el debate y convertiría este mecanismo constitucional en
una tercera instancia.
En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga, pues se reitera que este mecanismo de estirpe constitucional no
puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses.
Se insiste, el desacuerdo de la parte accionante y la disparidad de criterios en
torno a los elementos debatidos no son razones suficientes para que el juez de
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
tutela realice un estudio de fondo, pues este instrumento constitucional no es una
instancia adicional para imponer una interpretación única en un proceso dirigido y
decidido por los jueces naturales, tanto más si la demanda está desprovista de
razonamientos constitucionales que den cuenta de que se cumple el presupuesto
de relevancia constitucional o si, como en este caso, el asunto fue definido por una
alta corte, caso en el cual, cabe anotar, la propia Corte Constitucional ha venido
sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal forma que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de
derechos fundamentales, circunstancias que en este caso no se advierten a
simple vista4.
Valga considerar que en la sentencia de unificación SU-215 de 20225 la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario
para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de
impedir que este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a
los procesos o el escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos
o sin trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela.
Al examinar los criterios señalados, el presente asunto no es de aquellos en los
que exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o darle
alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se alegue la
vulneración de uno o varios derechos fundamentales.
En ese orden de ideas, no cabe duda de que la autoridad judicial accionada, como
juez de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
abordó directamente los aspectos fundamentales de la cuestión litigiosa propuesta
en el recurso de apelación en torno a si resultaba procedente o no el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria y la indemnización por el no pago
de las cesantías y sus intereses, y descartó con argumentos fundados que, al
tratarse de una sentencia constitutiva, la obligación de pago a cargo de la entidad
demandada surgía a partir de la ejecutoria de la providencia, de manera que no
procedía su reconocimiento.
Bajo las anteriores consideraciones, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la tutela, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
5 M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01537-01
Demandante: Ángela María Moreno Arce, en
representación de María José y Alejandro Velásquez
Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de segunda instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.