Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01539-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01539-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01539-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
4 de julio de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01539-00
Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01539-00
Demandantes: MILET XIOMARA VILLAMIZAR NUÑEZ, IVONNE ROCÍO
GONZÁLEZ VILLAMIZAR Y JULIE ANDREA GONZÁLEZ
VILLAMIZAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por error judicial en proceso ejecutivo hipotecario. Defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío
González Villamizar y Julie Andrea González Villamizar, quienes actúan por
conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en la que piden el amparo constitucional de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva en aplicación del principio iura novit curia, vulnerados, supuestamente,
con la sentencia de 5 de octubre de 2023, mediante la cual se revocó el fallo de 19
de julio de 2018, en el que el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de
Cúcuta accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa que
promovió contra la Rama Judicial y, en su lugar, declaró la falta de legitimación en
la causa por activa.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura de la demanda de tutela y de las actuaciones de los procesos
ejecutivo y de reparación directa se tienen como relevantes los siguientes:
1.1. Relacionados con el proceso ejecutivo hipotecario
El 16 de marzo de 2010, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, obrando en
causa propia, presentó demanda ejecutiva con título hipotecario contra los señores
Hernán Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza con el fin de que se le
realizara el pago de treinta millones de pesos ($30.000.000) más los intereses
convencionales generados desde el 12 de julio hasta el 21 de diciembre de 2009
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los cuales se adeudaban de la venta del bien inmueble ubicado en la calle 21 a
No. 10-53, de la urbanización Videlso del municipio de Los Patios.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Municipal de Los Patios
quien mediante providencia de 6 de abril de 2010, ordenó a los señores Hernán
Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza el pago de las sumas adeudadas
dentro de un término de cinco días a favor del señor Orlando de Jesús Villamizar
Ortiz. Así mismo, decretó el embargo y secuestro del bien inmueble de propiedad
de los demandados.
El 3 de agosto de 2010, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz allegó
memorial al juzgado en el que indicó “[h]abida cuenta que el demandado HERNÁN
SALAS quedó notificado por aviso, manifiesto bajo la gravedad de juramento que
desconozco el lugar de habitación y de trabajo de la demandada Soto Tibamoza y
esta no figura en el directorio telefónico y no se si se encuentra ausente e ignoro
su paradero. En tal virtud solicito al señor juez se de aplicación al artículo 318 del
C.P.C. ya que se agotó la práctica de notificación personal”.
Por lo anterior, el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios en providencia de
5 de agosto de 2010 ordenó el emplazamiento de la demandada señora Belcy
Cecilia Soto Tibamoza, indicando que se surtiría mediante la publicación por una
sola vez y en día domingo en los diarios La Opinión o El Tiempo. El señor Orlando
de Jesús Villamizar el 17 de agosto de 2010 allegó las publicaciones del
emplazamiento.
Teniendo en cuenta que los demandados no comparecieron al proceso, el
Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios por auto de 2 de septiembre de
2010 nombró curadores ad-litem para su representación, quienes presentaron
contestación de la demanda el 28 de septiembre de la misma anualidad.
Por auto de 13 de octubre de 2010, el mencionado despacho judicial decretó la
venta en pública subasta del bien inmueble gravado con hipoteca por los
demandados Hernán Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza, a favor de
Orlando de Jesús Villamizar Ortiz.
El 14 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la diligencia de remate por parte del
Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios y el 24 de enero de 2011 se
adjudicó el inmueble al único postulante, el señor Orlando de Jesús Villamizar
Ortiz, ubicado en la calle 21 A No. 10-53. El 25 de marzo de 2011 se realizó el
procedimiento de lanzamiento ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Los Patios en providencia de 16 de febrero de 2011.
El 16 de agosto de 2011, el señor Hernán Salas Ramírez, mediante apoderado,
solicitó que se expidieran copias del expediente ejecutivo.
El 8 de abril de 2011, la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez, adquirió el
“derecho de dominio, de propiedad y posesión del bien inmueble (casa para habitación),
levantada sobre un lote de terreno propio, situado en la calle 21A N° 10 –53, de la
urbanización Videlso del Municipio de Los Patios”, por un valor de $57.700.000 m/cte.
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La señora Milet Xiomara Villamizar Núñez, por intermedio de apoderado, solicitó al
Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios copia auténtica del proceso
ejecutivo hipotecario para “anexarlas como prueba en el proceso penal que se
encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía Tercera Seccional de Cúcuta por el delito
de falsedad ideológica en documento público sobre la escritura de hipoteca por el cual se
realizó el proceso ejecutivo en su juzgado, mi cliente es la nueva propietaria del inmueble
que se adjudicó al doctor ORLANDO VILLAMIZAR, por esta razón se hace esta solicitud
con el fin de esclarecer la investigación y la cual le ha generado perjuicios a mi
apoderada”.
En auto de 23 de julio de 2012, el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios
indicó que “teniendo en cuenta que le asiste el interés legal como tercera interviniente a
la señora MILET XIOMARA VILLAMIZAR NUÑEZ como nueva propietaria del inmueble
que se remató en este proceso hipotecario conforme lo ratifica la escritura pública de
compraventa No. 781 de fecha 8 de abril de 2011 (…) accédase por secretaría a lo
solicitado por el peticionario haciéndole la entrega de las fotocopias auténticas
solicitadas”.
El 19 de junio de 2014, el señor Hernán Salas Ramírez allegó al proceso ejecutivo
hipotecario el dictamen de la Fiscalía Tercera Seccional de Cúcuta en el que se
concluyó que su firma y huella en el trámite fueron suplantados conforme con
informe de laboratorio -FPJ-13 de fecha de 2 de abril de 2012, realizado por el
Investigador Criminalista VII del Grupo de Lofoscopia de la Policía Judicial, en el
que se determinó que “dactiloscópicamente se establece que aparece plasmada en la
parte inferior al pie de la firma de Hernán Sala de la Hoja 3- AA 38427827 de la fotocopia
de la escritura pública (…), con las impresiones dactilares, que aparecen plasmada en el
original de la tarjeta decadactilar de descarte efectuada al señor Salas Ramírez Hernán
(…) no presenten coincidencia morfológica ni tipográfica en sus puntos característicos, es
decir pertenecen a diferentes personas”. Por lo que solicitó que se restablecieran sus
derechos en el sentido que se le hiciera la devolución del 50% del bien inmueble
de su propiedad e informó que la señora Betsy Cecilia Soto Tibamoza había
fallecido.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios mediante auto de 20 de junio de
2014, declaró la nulidad “absoluta e insaneable del proceso hipotecario radicado 2010-
00089” y, en consecuencia, “ofició a instrumentos públicos de la ciudad de Cúcuta
y a la Notaría Sexta de Cúcuta a fin de que tomen las medidas que consideren
necesarias en cuanto a lo acontecido en el presente proceso donde se encuentran
involucradas la matrícula inmobiliario número 260-65779 y la escritura 1872 de 21
de julio de 2009 de la NOTARIA SEXTA DE CÚCUTA pues la misma fue objeto de
adulteración falsificando la firma y la huella del verdadero propietario y con ello
obteniendo un crédito hipotecario”. La decisión no fue objeto de ningún recurso.
El 23 de julio de 2014, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz instauró acción
de tutela contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios de la cual
conoció el Juzgado Primero Civil del Circuito de Los Patios, quien en sentencia de
25 de julio de 2014 amparó el derecho fundamental al debido proceso del
demandante y, en consecuencia, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del
20 de junio de 2014. No obstante, la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de
Cúcuta, Sala Civil, en fallo de 18 de septiembre de 2014 revocó la decisión de
primera instancia al considerar que la decisión acusada se encontraba ajustada a
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derecho toda vez que la nulidad absoluta decretada se presentó por falsedad
personal.
Por auto de 22 de septiembre de 2014, el Juzgado Primero Civil Municipal dispuso
que la providencia de 22 de junio de 2014 “vuelve a tener vigencia y se ordenó
realizar las anotaciones en la matrícula inmobiliaria No. 260-65779 de la Oficina de
Registros Públicos de Cúcuta”.
1.2. Relacionados con el medio de control de reparación directa
Las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González Villamizar y
Julie Andrea González Villamizar, en ejercicio del medio de control de reparación
directa presentaron demanda contra la Nación, Rama Judicial, con el fin de
obtener la indemnización de los perjuicios causados por el error judicial en el que
incurrió i) el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios en la providencia de 20
de junio de 2014 que declaró la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario con
radicado No. 2010-00089-00 y ii) la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta porque dentro de la acción de tutela instaurada por el señor
Orlando de Jesús Villamizar con radicado No. 2014-00141-00, no accedió a las
pretensiones tendientes a que declarara la nulidad de mencionada decisión.
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de
Cúcuta, en sentencia de 19 de julio de 2018, declaró la responsabilidad
administrativa, patrimonial y extracontractual de la Rama Judicial, al encontrar
probado que las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho
adquirido de las demandantes. En consecuencia, la condenó a pagar por daños
materiales a la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez la suma de $72.780.401,34
y por concepto de daño moral 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a
las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González Villamizar y
Julie Andrea González Villamizar.
Lo anterior, al considerar que el juzgado demandado no debió dar trámite a la
solicitud de nulidad porque el señor Hernán Salas Ramírez la presentó en nombre
propio y no a través de apoderado conforme con el artículo 28 del Decreto 196 de
1971 y, además, porque se declaró la nulidad absoluta e insaneable del proceso
hipotecario sin que se corriera traslado por el término de tres (3) días de que trata
el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la anterior decisión la Rama Judicial, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander en fallo de 5 de octubre de 2023, en el que revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la falta de legitimación en la
causa por activa de la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez y sus hijas Julie
Andrea e Ivonne Rocío González Villamizar, toda vez que no tenían la condición
de parte dentro del proceso objeto de debate.
2. Fundamentos de la acción
Las accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva en aplicación del principio iura novit curia,
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vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 5 de octubre de 2023, mediante
el cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó el fallo favorable
de 19 de julio de 2018, a través del cual el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto
del Circuito de Cúcuta accedió a las pretensiones de la demanda de reparación
directa que promovió contra la Rama Judicial y, en su lugar, declaró la falta de
legitimación en la causa por activa.
En primer lugar, se refirieron a los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, para lo cual señaló que el asunto
tiene relevancia constitucional porque la autoridad judicial demandada al declarar
la falta de legitimación en la causa por activa vulneró el derecho a la dignidad
humana “de que son titulares las demandantes, entendida esta, como el derecho que les
asiste de ser respetadas y valoradas como seres individuales y sociales con sus
características y condiciones particulares”.
Consideraron que les asiste el derecho de iniciar las acciones judiciales con el fin
de que se repare el daño causado con la “abolición del ejercicio del derecho a la
propiedad privada que profesaban sobre el bien inmueble adquirido mediante escritura
pública”, el cual fue cercenado por el Juez Primero Civil Municipal de Los Patios al
declarar la nulidad absoluta e insanable del proceso hipotecario con radicado No.
2010-00089-00. Agregaron que la decisión de nulidad se profirió 3 años y 8 meses
después de haber quedado ejecutoriado formalmente la sentencia por lo que se
vulnera el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil1 y el artículo 285 del
Código General del Proceso.
Señalaron que “surge la siguiente inquietud, el grado de amistad que el magistrado
Hernando Ayala Peñaranda sostiene con una magistrada del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cúcuta Sala Civil - Familia de Decisión, como él mismo lo expuso en su
alegato de impedimento (del que hay soporte en el expediente) y que, la Sala de decisión
del Tribunal Administrativo de Cúcuta accionado rechazó, ¿pesó al momento de sustentar
la decisión que ahora se en tutela (sic)”.
Así mismo, indicaron que i) agotaron todos los medios de defensa judicial que
tenían a su alcance (subsidiariedad) y ii) cumple con el requisito de la inmediatez,
en tanto la providencia acusada se notificó por correo electrónico el 9 de octubre
de 2023 y la acción constitucional se presentó el 2 de abril de 2024, es decir,
dentro de un término razonable.
Luego, manifestaron que se configuró un daño irremediable porque “le arrebataron”
el bien inmueble que adquirió legalmente “convencida de que Jesús Orlando
Villamizar Ortiz lo adquirió legalmente a través de un proceso judicial, a quien varios años
(tres años y ochos meses) después le fue arrebatado a través de acciones claramente
ilegales tomadas por el Juzgado y el Tribunal Superior de Distrito Judicial demandados,
traicionando así, la confianza legítima de la demandante”.
De otra parte, señalaron que la decisión judicial objetada incurre en i) defecto
fáctico, por cuanto se omitió valorar la escritura pública N° 781 protocolizada en la
Notaria Quinta del Círculo de Cúcuta y registrada en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cúcuta el 12 de abril de 2011, en la que se evidencia
que la señora Xiomara Villamizar Núñez compró el bien inmueble del señor
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Norma vigente para la época de los hechos.
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Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, por lo que tenía la legitimación en la causa por
activa para demandar la reparación de los daños causados con la declaración de
nulidad del proceso hipotecario radicado No. 2010-00089 y la cancelación de las
anotaciones en el certificado de tradición.
Mencionaron que dicha omisión “llevó a desconocer a las accionantes como titulares
del interés jurídico que se deba reparar por la arbitraria e ilegal decisión judicial del Juez
Primero Civil Municipal de Los Patios asistida por la Sala Civil-Familia de Decisión del
Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta de privar del derecho de propiedad a estas: como
se ha expresado con suficiencia”. Agregaron que el tribunal se apartó de los hechos
debidamente probados y “resolvió a arbitrio el asunto jurídico puesto a su estudio
a través del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada”.
Advirtieron que en el expediente se encuentra probado que el Juez Primero Civil
Municipal de Los Patios y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
cercenaron “de manera ilegal y arbitraria” el derecho de propiedad privada del que
gozaba la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez sobre el bien inmueble que
adquirió por medio de un contrato de compraventa con el señor Orlando de Jesús
Villamizar Ortiz, quien obtuvo el predio mediante sentencia judicial de 20 de
octubre de 2010 proferida por el precitado juzgado.
Adujeron que la decisión objetada incurre en ii) defecto sustantivo, porque el
hecho de que “el Tribunal accionado haya desestimado la demanda de reparación de
que son titulares las accionantes por no “haber agotado los medios de defensa judicial
que tuviere a su alcance…” y porque no ostentan la legitimación en la causa por activa
porque no fueron parte dentro del proceso hipotecario radicado N° 2010-00089,
obviamente se inclinó por una interpretación contraria a los postulados mínimos de
razonabilidad jurídica”.
Afirmaron que no podían agotar los medios de defensa que tenían a su alcance
porque la sentencia en el proceso ejecutivo quedó ejecutoriada el 20 de octubre
de 2010 y, además, no eran parte de la actuación judicial. Así mismo, señalaron
que adquirieron el derecho a la propiedad privada sobre el inmueble el 8 de abril
de 2011 y que la misma quedó registrada el 12 del mismo mes y año, es decir, con
posterioridad a la adjudicación que el Juzgado Primero Civil Municipal de Los
Patios le hizo al señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz -13 de octubre de 2010-.
Reiteraron que el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios mediante auto de
20 de junio de 2014, revocó la decisión el 20 de octubre de 2010, es decir, 3 años
y 8 meses después de ejecutoriada, “burlando de manera grosera el ejercicio de sus
funciones contempladas para entonces en el art. 309 del Código de Procedimiento Civil,
actual art. 285 del Código General del Proceso”.
Por último, sostuvieron que también se incurrió en iii) desconocimiento del
precedente judicial, al no tener en cuenta la sentencia con similitudes fácticas en
las que se apoyó el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta
en el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones en una demanda de
reparación directa, específicamente, la decisión de 13 de marzo de 2013, proferida
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, dentro del
proceso con radicado No. 5400133400072016-00174-01.
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3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Con todo respeto, señor Juez constitucional, solicito se ordene al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que profiera nueva decisión en la que acceda a
las pretensiones de la demanda de reparación directa, radicado N°
5400133400072016- 00174-01, porque incurrió en las causales de procedibilidad de
acción de tutela contra providencias judiciales dado que en su providencia adoptada el
05 de octubre de 2023, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de
desconocimiento de precedentes jurisprudenciales sustentados en este libelo;
lesionando de esta forma, y sin justificación, más bien, causando un perjuicio
irremediable (el que jurídicamente no deben soportar las accionantes) en la defensa de
sus derechos fundamentales, para el caso los derechos fundamentales constitucionales
a la dignidad humana, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y los demás que
se identifiquen”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital de las actuaciones del expediente del proceso ejecutivo
radicado con el No. 54405400300120100008900, actor: Orlando de Jesús
Villamizar y de las sentencias de 19 de julio de 2018, proferidas por el Juzgado
Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta y de 5 de octubre de 2023 del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del medio de control de
reparación directa, radicado No. 54001-33-40-007-2016-00174-01, actora: Milet
Xiomara Villamizar Núñez y otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 10 de abril de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial
accionada. Igualmente, al Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de
Cúcuta y a la Nación – Rama Judicial como terceros interesados en el resultado
del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 189629 a 189633
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de 15 de abril de 2024, con el fin de notificar a las partes .
Mediante auto de 30 de mayo de 2024, se ofició al Juzgado Primero Civil
Municipal de Los Patios, para que allegara copia digitalizada del proceso ejecutivo
radicado No. 2010-00089-00, demandante: Orlando de Jesús Villamizar Ortiz.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto afirmó, las
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La notificación fue enviada a los correos electrónicos tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
jose.cepedamesa@gmail.com, tutelastans@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, juezj06admcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
info@cendoj.ramajudicial.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co,
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Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
accionantes acuden a la solicitud de amparo como una tercera instancia del
proceso de reparación directa.
Efectuó un recuento de lo acontecido en el proceso que originó la controversia, del
que resaltó que las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío
González Villamizar y Julie Andrea González Villamizar, si bien alegaron los
presuntos daños causados en virtud de la nulidad decretada en el proceso
ejecutivo hipotecario en el que se adjudicó un inmueble por remate al señor
Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, quien a su vez transfirió el dominio a la
mencionada señora Milet Xiomara Villamizar Núñez, lo cierto es que no estaban
legitimadas en la causa por activa, por cuanto son personas ajenas a la actuación
judicial de la cual alegan el error judicial.
Sostuvo que la legitimación en la causa comprende “una cuestión propia del derecho
sustancial y no del procesal por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a
los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, por eso su
ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis sino motivo para
decidirla adversamente; advirtiéndose que el error judicial no constituye una vía
alternativa o nueva vía para darle trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto
ordinario, pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar el daño
antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las funciones que le son
inherentes, como es la de administrar justicia”.
6.2. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
La titular del despacho rindió informe en el que indicó que la sentencia acusada
fue proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, sin que se
indique que el juzgado ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte
actora.
Consideró que efectuó el pronunciamiento debidamente sustentado conforme al
material probatorio obrante en el plenario y con base en las normas y en la
jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo que mencionó que se deben negar
las pretensiones de la parte actora en lo que corresponde al despacho.
6.3. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta – Norte de Santander
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, por cuanto el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander y los vinculados no han vulnerado los derechos fundamentales de
las accionantes.
Señaló que en el proceso ordinario se encontró probado que la señora Milet
Xiomara Villamizar no era parte de la acción ejecutiva ni de la acción de tutela que
presentó el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz contra el Juzgado Primero
Civil Municipal de Los Patios, a lo que agregó que no inició acción en contra del
mencionado señor por la compra del inmueble “ni se supo que pasó con los
dineros pagados por dicho concepto”, por lo que se configuró falta de legitimación
en la causa por activa.
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Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
Por último, expuso que las accionantes no lograron demostrar que el presunto
daño fuera atribuible a la Rama Judicial, circunstancia necesaria para la
configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 5 de octubre de 2023,
mediante el cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó el fallo
de 19 de julio de 2018, en el que el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del
Circuito de Cúcuta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
reparación directa que promovió contra la Rama Judicial y, en su lugar, declaró la
falta de legitimación en la causa por activa, incurre en:
i) Defecto fáctico, por no valorar la escritura pública N° 781 protocolizada en
la Notaría Quinta del Círculo de Cúcuta y en la que se evidencia que la señora
Xiomara Villamizar Núñez compró el bien inmueble del señor Orlando de Jesús
Villamizar Ortiz.
ii) Defecto sustantivo, por considerar que “el Tribunal accionado haya
desestimado la demanda de reparación de que son titulares las accionantes por no
“(…) haber agotado los medios de defensa judicial que tuviere a su alcance…” y
porque no ostentan la legitimación en la causa por activa porque no fueron parte dentro
del proceso hipotecario radicado N° 2010-00089, obviamente se inclinó por una
interpretación contraria a los postulados mínimos de razonabilidad jurídica” y, además,
porque no se tuvo en cuenta que el Juzgado Primero Civil Municipal de Los
Patios declaró la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo 3 años y 8
meses después de ejecutoriada la sentencia, lo que contradice los artículos 309
del Código de Procedimiento Civil y 285 del Código General del Proceso.
iii) Desconocimiento del precedente judicial, de manera específica la
sentencia de 13 de marzo de 2013 de la Sala de Casación Civil y Agraria de la
Corte Suprema de Justicia -radicado No. 54001-22-13-000-2012-00208-01-.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
9
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Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que
“pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que
sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
10
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Constitución15.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela goza de relevancia
constitucional, pues debe definirse si la autoridad judicial accionada con la
declaratoria de la falta de legitimación en la causa por activa de las ahora
demandantes incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, con lo cual podría comprometerse el alcance y goce de los
derechos a la dignidad humana, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva en
aplicación del principio iura novit curia, a lo que se debe agregar que no se avizora
que el propósito de la parte actora sea dar continuidad a la discusión de estricta
legalidad que fue resuelta por el juez ordinario, más aún porque la decisión de
segunda instancia revocó el fallo parcialmente favorable a sus intereses.
Igualmente, (ii) la última providencia objetada fue dictada en un recurso de
apelación, por lo que los demandantes no cuentan con otro mecanismo de
defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
18
meses establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional19; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
18
La providencia objetada se profirió el 5 de octubre de 2023, cuya notificación se surtió el 9 de octubre de 2023 y la acción
de tutela se instauró el 2 de abril de 2024, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
11
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4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos endilgados
4.2.1. Las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González
Villamizar y Julie Andrea González Villamizar acudieron al mecanismo de
protección constitucional, con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva en aplicación del principio iura novit curia, supuestamente vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al incurrir en los defectos i)
fáctico, al declarar la falta de legitimación en la causa pese a que conforme con la
escritura pública No. 781 protocolizada en la Notaría Quinta del Círculo de Cúcuta,
se evidencia que la señora Xiomara Villamizar Núñez compró el bien inmueble del
señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, por lo que, en su criterio, está legitimada
para solicitar la reparación de los daños causados con la declaratoria de nulidad
del proceso ejecutivo hipotecario en el que se le adjudicó el predio por remate al
señor Villamizar Ortiz y la cancelación de las anotaciones en el certificado de
tradición.
ii) sustantivo porque “el Tribunal accionado haya desestimado la demanda de
reparación de que son titulares las accionantes por no “(…) haber agotado los medios de
defensa judicial que tuviere a su alcance…” y porque no ostentan la legitimación en la
causa por activa porque no fueron parte dentro del proceso hipotecario radicado N° 2010-
00089, obviamente se inclinó por una interpretación contraria a los postulados mínimos de
razonabilidad jurídica” y, además, porque no se tuvo en cuenta que el Juzgado
Primero Civil Municipal de Los Patios declaró la nulidad de lo actuado en el
proceso ejecutivo 3 años y 8 meses después de ejecutoriada la sentencia, lo que
contradice los artículos 309 del Código de Procedimiento Civil y 285 del Código
General del Proceso.
Y en iii) desconocimiento del precedente judicial, particularmente el contenido
en la sentencia de 13 de marzo de 2013 de la Sala de Casación Civil y Agraria de
la Corte Suprema de Justicia -radicado No. 54001-22-13-000-2012-00208-01-.
4.2.2. La Sala anticipa que negará las pretensiones de la demanda de tutela, en
razón a que no se demostró la configuración de los defectos endilgados. Con el fin
de arribar a esa conclusión, en primer lugar, se hará referencia al proceso
ordinario y, en segundo término, se abordará el análisis de cada reparo formulado
por las demandantes.
4.2.3. Las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González
Villamizar y Julie Andrea González Villamizar presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Rama Judicial, con el objeto de que se declarara
administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios
causados por el error judicial en que incurrió: i) el Juzgado Primero Civil Municipal
de Los Patios en providencia de 20 de junio de 2014 en la que decretó la nulidad
absoluta del proceso ejecutivo en que se le había adjudicado el bien inmueble
ubicado en la calle 21 A No. 10-53 en el municipio Los Patios al señor Orlando de
Jesús Villamizar Ortiz, quien a su vez le vendió el predio a las accionantes y, en
consecuencia, ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la
cancelación de las anotaciones y, ii) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta porque dentro de la acción de tutela con radicado No. 2014-00141-00 no
12
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accedió a las pretensiones tendientes a declarar la nulidad de la mencionada
decisión.
El Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta en fallo de 19 de
julio de 2018, declaró la responsabilidad del Juzgado Primero Civil Municipal de
Los Patios al encontrar probado que las actuaciones surtidas dentro del proceso
ejecutivo hipotecario con radicado 2010-00089-00, no se ajustaron a las normas
procesales y a la jurisprudencia aplicable al caso concreto. Por consiguiente,
condenó a la Rama Judicial al pago de los perjuicios materiales por
$72.780.401,34, y los daños morales por 100 salarios mínimos mensuales legales
vigentes a cada una de las demandantes.
Lo anterior por cuanto consideró “el Juzgado Primero Civil Municipal no debió tramitar la
petición presentada por el señor Hernán Sala Ramírez, debido a que éste la presentó en
nombre propio y no a través de apoderado como lo ordena la norma” y, además, porque “no
cumplió con lo indicado en la norma, pues declaró la nulidad absoluta e insanable sin el
correspondiente trámite indicado en el artículo 142 del C.P.C., dado que de la solicitud debió
correrse traslado por el término de 3 días, trámite que no se cumplió en el proceso ejecutivo
hipotecario”.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia de 5 de octubre
2023, revocó la decisión del a quo y declaró la falta de legitimación en la causa.
En primer lugar, hizo referencia a los hechos relevantes probados en el medio de
control de reparación directa entre los cuales relacionó que “mediante la
compraventa N° 781 del 8 de abril del año 2011 celebrada en la Notaria Quinta del
Circuito de Cúcuta, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz le vendió el bien inmueble
con matrícula inmobiliaria N° 260-65779 a la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez por
un valor de $57.700.000”.
Luego, indicó que “[r]evisado el acervo probatorio que reposa en el expediente se tiene que el
Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios dentro del proceso ejecutivo hipotecario radicado
2010-00089, profirió sentencia a favor del señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz el trece (13) de
octubre del año 2010, decretando la venta en pública subasta el bien inmueble gravado con
hipoteca por los demandados Hernán Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza, y que tres
(03) años y ocho (08) meses después de haber sido archivado el proceso, declaró la nulidad
absoluta e insanable del citado proceso mediante proveído del veinte (20) de junio de 2014. por lo
que se ordenó a la Oficina de Instrumentos Públicos y a la Notaria Sexta de Cúcuta que tomaran
las medidas necesarias en cuanto a la matricula inmobiliaria 260-65779 y la escritura 1872 del 21
de julio de 2009 de la Notaria Sexta de Cúcuta. En vista de lo anterior, el señor Orlando de Jesús
Villamizar Ortiz presentó acción de tutela, la cual le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de
Los Patios, procediendo mediante proveído de fecha cinco (05) de agosto del año 2014 a tutelar el
derecho fundamental al debido proceso declarando la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
de fecha veinte (20) de junio de 2014, antes indicado; decisión que fue impugnada
correspondiendo su conocimiento al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil -
Familia, el cual decide revocar la sentencia de primera instancia, considerando que debido a la
falsedad de la firma y la huella del señor Hernán Salas Ramírez, las cosas debían volver a su
estado anterior, sin presentarse una vía de hecho o violación del debido proceso, ya que, la
nulidad operaba de oficio en la búsqueda del restablecimiento del derecho sin tener que
notificársele al demandante”.
En ese sentido, fundamentó su decisión con base en los siguientes argumentos:
“Al respecto encuentra la Sala, que quien funge en el presente asunto como
demandante señora Milet Xiomara Núñez, resulta extraña en el proceso ejecutivo,
circunstancia que resulta relevante, puesto que conforme a las citas
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jurisprudenciales que se han traído a colación, ponen de manifiesto la necesidad
de la identidad de quien ostenta la condición de parte dentro del proceso en que
se debate la providencia de la que se pregona el error judicial y quien comparece
y reclama perjuicios en esta jurisdicción (…).
En el presente caso, advierte la Sala que la señora Milet Xiomara Núñez y sus hijas
Julie Andrea e Ivonne Rocío González Villamizar, quienes fungen como
demandantes en el presente asunto sí bien alegan unos presuntos daños
causados en virtud de la nulidad decretada respecto del proceso ejecutivo
hipotecario en el que sea adjudicará el inmueble por remate al señor Orlando de
Jesús Villamizar Ortiz quien a su vez le transfiera el dominio conforme a
compraventa realizada a la primeramente nombrada, tal condición no la legitima
ni a ella ni a sus hijas puesto que es evidente que se trata de personas ajenas a la
actuación judicial de la que pregona el error judicial.
Acerca de la legitimación en la causa que se pone de presente, la jurisprudencia y la
doctrina insistentemente ha señalado, comprende una cuestión propia el derecho
sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la previsión debatida en el litigio y no a
los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este, por eso su
ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis sino motivo para
decidir la adversamente”. (negrillas fuera del texto original).
4.2.4. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que
la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz
de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo
constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta
jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución20, o cuando da por establecidas circunstancias sin que
exista material probatorio que respalde su decisión21.
Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
20
Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
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4.2.5. Descendiendo al asunto bajo examen, en primer lugar, las demandantes
alegan que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al no valorar
la escritura pública N° 781 protocolizada en la Notaria Quinta del Círculo de
Cúcuta y registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta
el 12 de abril de 2011, en la que se evidenciaba que adquirió el bien inmueble con
matrícula inmobiliaria N° 260-65779, lo que, a su juicio, las legitima para solicitar la
reparación de los daños soportados con la decisión del Juez Primero Civil
Municipal de los Patios de declarar la nulidad del proceso ejecutivo.
Para la Sala, ese alegato no está llamado a prosperar porque la autoridad judicial
accionada en los hechos relevantemente probados relacionó el contrato de
compraventa No. 781 de 8 de abril de 2011 celebrado en la Notaria Quinta del
Circuito de Cúcuta, en el que consta que el señor Orlando de Jesús Villamizar
Ortiz transfirió la propiedad del referido inmueble a la señora Milet Xiomara
Villamizar Núñez, documento que fue valorado en conjunto con las demás pruebas
allegadas al proceso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica el tribunal
accionado evidenció que las accionantes no hicieron parte del proceso ejecutivo,
por lo que concluyó de manera razonable que carecían de legitimación en la causa
por activa para reclamar perjuicios de la decisión de la que se predicaba el
supuesto error judicial.
En efecto, se observa que el tribunal demandado advirtió que las accionantes
fueron extrañas al proceso ejecutivo, pues encontró probado que el señor Orlando
de Jesús Villamizar Ortiz fue quien instauró la acción ejecutiva hipotecaria contra
los señores Hernán Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza y precisó que si
bien solicitaron la reparación de los daños ocasionados con la providencia de 20
de junio de 2014, por medio de la cual el Juzgado Primero Civil Municipal de Los
Patios declaró la nulidad absoluta e insanable del proceso en el que se le adjudicó
por remate al señor Villamizar Ortiz, quien a su vez le vendió el predio a la señora
Milet Xiomara Villamizar Núñez, lo cierto era que no ostentaron la calidad de parte
dentro de ese proceso ejecutivo.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Norte de Santander no desconoció
que la señora Milet Xiomara Villamizar adquirió el predio que le fue adjudicado al
señor Orlando de Jesús Villamizar en el proceso ejecutivo hipotecario, empero,
evidenció que dicha condición no la legitimaba a ella ni a sus hijas para reclamar
los supuestos daños causados con la decisión de declarar la nulidad del proceso
ejecutivo toda vez que, se reitera, no eran parte de la actuación judicial de la que
se endilgaba un presunto error judicial, por lo que no se configura el defecto
fáctico alegado.
Descartada la configuración del defecto fáctico en los términos propuestos por la
parte actora, la Sala considera que, por sustracción de materia, debe relevarse de
efectuar el estudio de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial, pues ellos aluden al fondo del asunto que, como se evidenció, no fue
objeto de análisis por cuanto la autoridad judicial accionada no encontró probado
el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa.
En efecto, el defecto sustantivo se sustentó en que la providencia objetada
desestimó las pretensiones de la demanda de reparación directa porque no se
agotaron los medios de defensa judicial que tenía a su alcance, empero, ese no
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Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
fue el fundamento de la decisión. Se reitera, la misma se circunscribió al análisis
de la legitimación en la causa por activa, condición procesal que no encontró
cumplida. Lo mismo ocurre con el supuesto desconocimiento de una sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia,
en la que se resolvió de fondo un asunto con similitud fáctica, lo que no fue
estudiado en el medio de control en el que se dictó la providencia objetada.
Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela promovida
por las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González Villamizar
y Julie Andrea González Villamizar, quienes actúan por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por las
señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González Villamizar y Julie
Andrea González Villamizar, quienes actúan por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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