Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02673-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02673-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02673-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
3 de julio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02673-00
Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02673-00
Demandantes: MILET XIOMARA VILLAMIZAR NUÑEZ, IVONNE ROCÍO
GONZÁLEZ VILLAMIZAR Y JULIE ANDREA GONZÁLEZ
VILLAMIZAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial. Aplicación de enfoque diferencial con perspectiva de género
en la valoración probatoria
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González
Villamizar y Julie Andrea González Villamizar, quienes actúan a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de mayo de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al
juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al debido proceso, a la “perspectiva de género” y al principio de iura novit
curia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Con todo respeto, señor Juez constitucional, solicito se ordene al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander que profiera nueva decisión en la que acceda a las pretensiones
de la demanda de reparación directa, radicado N° 5400133400072016-00174-01, porque
incurrió en las causales de procedibilidad de acción de tutela contra providencias
judiciales dado que en su providencia adoptada el 24 de octubre de 2024, incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento de precedentes jurisprudenciales
sustentados en este libelo; lesionando de esta forma, y sin justificación, más bien,
causando un perjuicio irremediable (el que jurídicamente no deben soportar las
accionantes) en la defensa de sus derechos fundamentales, para el caso los derechos
fundamentales constitucionales a la dignidad humana, a la perspectiva de género, al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y los demás que se identifiquen”.
2. Hechos
De la lectura de la demanda de tutela y de las actuaciones de los procesos ejecutivo
y de reparación directa se tienen como relevantes los siguientes:
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Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
2.1. Relacionados con el proceso ejecutivo hipotecario
El 16 de marzo de 2010, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, obrando en
causa propia, presentó demanda ejecutiva con título hipotecario contra los señores
Hernán Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza con el fin de que se le
realizara el pago de treinta millones de pesos ($30.000.000) más los intereses
convencionales generados desde el 12 de julio hasta el 21 de diciembre de 2009,
los cuales se adeudaban de la venta del bien inmueble ubicado en la calle 21 a No.
10-53, de la urbanización Videlso del municipio de Los Patios.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Los
Patios, que mediante providencia de 6 de abril de 2010 libró mandamiento de pago
a los señores Hernán Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza el pago de las
sumas adeudadas dentro de un término de cinco días a favor del señor Orlando de
Jesús Villamizar Ortiz. Asimismo, decretó el embargo y secuestro del bien inmueble
de propiedad de los demandados.
El 3 de agosto de 2010, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz allegó memorial
al juzgado en el que indicó “[h]abida cuenta que el demandado HERNÁN SALAS
quedó notificado por aviso, manifiesto bajo la gravedad de juramento que
desconozco el lugar de habitación y de trabajo de la demandada Soto Tibamoza y
esta no figura en el directorio telefónico y no sé si se encuentra ausente e ignoro su
paradero. En tal virtud solicito al señor juez se de aplicación al artículo 318 del
C.P.C. ya que se agotó la práctica de notificación personal”.
Por lo anterior, el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios en providencia de
5 de agosto de 2010 ordenó el emplazamiento de la demandada señora Belcy
Cecilia Soto Tibamoza, indicando que se surtiría mediante la publicación por una
sola vez y en día domingo en los diarios La Opinión o El Tiempo. El señor Orlando
de Jesús Villamizar Ortiz el 17 de agosto de 2010 allegó las publicaciones del
emplazamiento.
Teniendo en cuenta que los demandados no comparecieron al proceso, el Juzgado
Primero Civil Municipal de Los Patios por auto de 2 de septiembre de 2010 nombró
curadores ad-litem para su representación, quienes presentaron contestación de la
demanda el 28 de septiembre de la misma anualidad.
Por auto de 13 de octubre de 2010, el mencionado despacho judicial decretó la
venta en pública subasta del bien inmueble gravado con hipoteca por los
demandados Hernán Salas Ramírez y Belcy Cecilia Soto Tibamoza, a favor del
señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz.
El 14 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la diligencia de remate por parte del
Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios y el 24 de enero de 2011 se adjudicó
el inmueble al único postulante, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, ubicado
en la calle 21 A No. 10-53. El 25 de marzo de 2011 se realizó el procedimiento de
lanzamiento ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios en
providencia de 16 de febrero de 2011.
El 8 de abril de 2011, la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez adquirió el “derecho
de dominio, de propiedad y posesión del bien inmueble (casa para habitación), levantada
sobre un lote de terreno propio, situado en la calle 21A N° 10 –53, de la urbanización Videlso
del Municipio de Los Patios”, por un valor de $57.700.000 m/cte. La compraventa fue
registrada el 12 de abril de 2011 ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cúcuta.
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Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
El 16 de agosto de 2011, el señor Hernán Salas Ramírez, mediante apoderado,
solicitó que se expidieran copias del expediente ejecutivo.
La señora Milet Xiomara Villamizar Núñez, por intermedio de apoderado, solicitó al
Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios copia auténtica del proceso ejecutivo
hipotecario para “anexarlas como prueba en el proceso penal que se encuentra en etapa
de indagación en la Fiscalía Tercera Seccional de Cúcuta por el delito de falsedad
ideológica en documento público sobre la escritura de hipoteca por el cual se realizó el
proceso ejecutivo en su juzgado, mi cliente es la nueva propietaria del inmueble que se
adjudicó al doctor ORLANDO VILLAMIZAR, por esta razón se hace esta solicitud con el fin
de esclarecer la investigación y la cual le ha generado perjuicios a mi apoderada”.
En auto de 23 de julio de 2012, el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios
indicó que “teniendo en cuenta que le asiste el interés legal como tercera interviniente a la
señora MILET XIOMARA VILLAMIZAR NUÑEZ como nueva propietaria del inmueble que
se remató en este proceso hipotecario conforme lo ratifica la escritura pública de
compraventa No. 781 de fecha 8 de abril de 2011 (…) accédase por secretaría a lo solicitado
por el peticionario haciéndole la entrega de las fotocopias auténticas solicitadas”.
El 19 de junio de 2014, el señor Hernán Salas Ramírez allegó al proceso ejecutivo
hipotecario el dictamen de la Fiscalía Tercera Seccional de Cúcuta en el que se
concluyó que su firma y huella en el trámite fueron suplantados conforme con el
informe de laboratorio -FPJ-13 de 2 de abril de 2012, realizado por el Investigador
Criminalista VII del Grupo de Lofoscopia de la Policía Judicial, en el que se
determinó que “dactiloscópicamente se establece que aparece plasmada en la parte
inferior al pie de la firma de Hernán Sala de la Hoja 3- AA 38427827 de la fotocopia de la
escritura pública (…), con las impresiones dactilares, que aparecen plasmada en el original
de la tarjeta decadactilar de descarte efectuada al señor Salas Ramírez Hernán (…) no
presenten coincidencia morfológica ni tipográfica en sus puntos característicos, es decir
pertenecen a diferentes personas”. Por lo que solicitó que se restablecieran sus
derechos en el sentido de que se le hiciera la devolución del 50% del bien inmueble
de su propiedad e informó que la señora Betsy Cecilia Soto Tibamoza había
fallecido.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios mediante auto de 20 de junio de
2014, declaró la nulidad “absoluta e insaneable del proceso hipotecario radicado 2010-
00089” y, en consecuencia, “ofició a instrumentos públicos de la ciudad de Cúcuta y
a la Notaría Sexta de Cúcuta a fin de que tomen las medidas que consideren
necesarias en cuanto a lo acontecido en el presente proceso donde se encuentran
involucradas la matrícula inmobiliario número 260-65779 y la escritura 1872 de 21
de julio de 2009 de la NOTARIA SEXTA DE CÚCUTA pues la misma fue objeto de
adulteración falsificando la firma y la huella del verdadero propietario y con ello
obteniendo un crédito hipotecario”. La decisión no fue objeto de ningún recurso.
El 23 de julio de 2014, el señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz instauró acción de
tutela contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios de la cual conoció el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Los Patios, quien en sentencia de 25 de julio
de 2014 amparó el derecho fundamental al debido proceso del demandante y, en
consecuencia, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del 20 de junio de 2014.
No obstante, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en
fallo de 18 de septiembre de 2014 revocó la decisión de primera instancia, al
considerar que la decisión acusada se encontraba ajustada a derecho toda vez que
la nulidad absoluta decretada se presentó por falsedad personal.
Por auto de 22 de septiembre de 2014, el Juzgado Primero Civil Municipal de Los
Patios dispuso que la providencia de 20 de junio de 2014 “vuelve a tener vigencia y
se ordenó realizar las anotaciones en la matrícula inmobiliaria No. 260-65779 de la
Oficina de Registros Públicos de Cúcuta”.
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Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
2.2. Relacionados con el medio de control de reparación directa
Las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González Villamizar y
Julie Andrea González Villamizar, en ejercicio del medio de control de reparación
directa presentaron demanda contra la Nación, Rama Judicial, con el fin de obtener
la indemnización de los perjuicios causados por el error judicial en el que incurrió i)
el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios en la providencia de 20 de junio
de 2014 que declaró la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario con radicado No.
2010-00089-00 y ii) la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
porque dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Orlando de Jesús
Villamizar Ortiz con radicado No. 2014-00141-00, no accedió a las pretensiones
tendientes a que declarara la nulidad de mencionada decisión.
En primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de
Cúcuta, en sentencia de 19 de julio de 2018 declaró la responsabilidad
administrativa, patrimonial y extracontractual de la Rama Judicial, al encontrar
probado que las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho
adquirido de las demandantes. En consecuencia, la condenó a pagar por daños
materiales a la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez la suma de $72.780.401,34
y por concepto de daño moral 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a
cada una de las demandantes.
Lo anterior, al considerar que el juzgado demandado no debió dar trámite a la
solicitud de nulidad porque el señor Hernán Salas Ramírez la presentó en nombre
propio y no a través de apoderado conforme con el artículo 28 del Decreto 196 de
1971 y, además, porque se declaró la nulidad absoluta e insaneable del proceso
hipotecario sin que se corriera traslado por el término de tres (3) días de que trata
el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la anterior decisión la Rama Judicial, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander en fallo de 5 de octubre de 2023, en el que revocó la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declaró la falta de legitimación en la causa por
activa de la señora Milet Xiomara Villamizar Núñez y sus hijas Julie Andrea e Ivonne
Rocío González Villamizar, toda vez que no tenían la condición de parte dentro del
proceso ejecutivo objeto de debate.
Bajo ese contexto, la parte actora interpuso acción de tutela en la que pidió el
amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y
a la tutela judicial efectiva en aplicación del principio iura novit curia, vulnerados,
supuestamente, con la sentencia de 5 de octubre de 2023, mediante la cual se
revocó el fallo de 19 de julio de 2018, en el que el Juzgado Séptimo Administrativo
Mixto del Circuito de Cúcuta accedió a las pretensiones de la demanda de
reparación directa que promovió contra la Rama Judicial y, en su lugar, declaró la
falta de legitimación en la causa por activa en el proceso de ejecución con radicado
n.º 54001-33-40-007-2016-0174-01.
El 4 de julio de 2024, la Sección Cuarta profirió sentencia en la acción de tutela con
radicado n.° 11001-03-15-000-2024-01539-00 en la que resolvió negar las
pretensiones de la demanda. En esa oportunidad se evidenció que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander no desconoció que la señora Milet Xiomara
Villamizar hubiese adquirido el bien inmueble por la compraventa suscitada con el
señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, a quien se le había adjudicado el inmueble
por el remate realizado, sin embargo, de las pruebas obrantes se podía inferir que
no se encontraban legitimadas para reclamar los daños por la declaratoria de
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nulidad en el proceso ejecutivo hipotecario, lo que no configuraba los defectos
alegados. Dicha decisión fue objeto de impugnación por la parte demandante.
Por sentencia de 13 de septiembre de 2024, la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado revocó la sentencia que negó las pretensiones de la tutela y, en
consecuencia, amparó los derechos fundamentales de las demandantes, por lo que
ordenó a la autoridad accionada proferir una sentencia de reemplazo en el medio
de control de reparación directa con radicado n.º 54001-33-40-007-2016-0174-01.
Lo anterior, al considerar que la determinación de la declaratoria de la falta de
legitimación en la causa por activa del Tribunal accionado no guardaba
correspondencia con la realidad probatoria del medio de control de reparación
directa, ya que no era acertado concluir que la parte demandante era ajena al
proceso ejecutivo hipotecario en el que se presentó el supuesto error judicial, pues
el hecho de que no fuera parte en dicho proceso ordinario no le impedía ejercer la
demanda de reparación directa con el fin de alegar los daños causados con la
decisión de 20 de junio de 2014, porque para ese momento ostentaba la titularidad
del derecho real de dominio del bien inmueble y fue por la declaratoria de nulidad
que perdió tal titularidad.
En cumplimiento de la referida decisión, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander profirió decisión de reemplazo el 24 de octubre de 2024, en la que
sostuvo que al haberse declarado la nulidad absoluta e insaneable del proceso
ejecutivo se configuraba una falla en el servicio, ya que la norma procesal que rige
los procesos ejecutivos no contempla esa figura en el caso de sentencias
ejecutoriadas, por lo que dicha actuación generó un perjuicio por una aplicación
errónea de la ley. En consecuencia, modificó el ordinal segundo de la sentencia de
19 de julio de 2018, en el sentido de reconocer la indemnización por concepto de
daño material en la modalidad de daño emergente a la señora Milet Xiomara
Villamizar Núñez, en la suma de $72.780.401 y por daño moral lo relativo a 10
salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada una de las accionantes.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante señaló que el Tribunal accionado vulneró sus derechos
fundamentales al disminuir el monto de la indemnización por los daños morales, ya
que no tuvo en cuenta la gravedad del daño, las circunstancias del caso y el nivel
de afectación en su condición de mujeres.
Citó la sentencia T-494 de 2010 y precisó que el daño irremediable es cierto e
inminente por las “maniobras ilegales del Juzgado Primero Civil Municipal de los Patios,
la Sala Civil – Familia de Decisión del Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta y el propio
Tribunal Administrativo de Norte de Santander”, porque a su juicio, anulan sin
justificación su condición de género.
Adujo que el caso supera el presupuesto de la relevancia constitucional, debido a
que la decisión reprochada modificó la tasación de los daños morales alegando la
inexistencia de pruebas que permitan inferir que se vieron afectadas
emocionalmente por la pérdida del referido inmueble, sin justificación alguna y
pasando por alto la perspectiva de género, para lo cual mencionó la sentencia SU-
167 de 2024. Al respecto, expuso que la autoridad judicial accionada cae en una
rigurosidad probatoria manifiesta e innecesaria al exigir demostrar lo probado y
desconoce el acceso a la administración de justicia con enfoque de género.
Sostuvo que no cuenta con otro mecanismo de defensa, sumado a que la acción de
tutela se interpone dentro de un lapso razonable.
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En relación con los defectos en que incurrió la decisión objetada señaló los
siguientes:
“5.4.1.- Defecto factico. Se hace manifiesto a partir de la irrazonable valoración
probatoria que hace el Tribunal accionado en su providencia, según se ha
explicado, lo que condujo a que redujera de manera injusta (desconociendo los
criterios respecto de las decisiones judiciales con enfoque de género) el monto
de la indemnización por daños morales que fueron reconocidos por el Juez de
primera instancia.
5.4.2.- Defecto material o sustantivo. La decisión del Tribunal muestra una
evidente y burda contradicción entre los fundamentos y la decisión que perjudica
ostensiblemente los intereses legítimos de las demandantes, conforme se ha
explicado atrás, porque no hubo suficiente valoración razonada del material
probatorio respecto del daño a la moral que se les causó a las tutelantes con las
decisiones judiciales arbitrarias emitidas por los jueces de la jurisdicción civil
como del propio Tribunal ahora accionado.
5.4.3.- Desconocimiento del precedente.
El Tribunal accionado con su análisis irregular (respecto al daño moral) de las
probanzas allegadas al proceso contencioso administrativo no solo desechó el
contenido y la trascendencia de los juicios de la Corte Constitucional expuestos
en la Sentencia T-230 de 2024, conforme se explicó arriba, sino que también
excluyó el contenido e importancia de los criterios de la Sentencia de Unificación
SU - 167 de 2024, respecto de que las decisiones judiciales han de contemplar
el reconocimiento, protección y garantía del derecho fundamental de la
perspectiva de género en favor de las mujeres”.
En relación con el defecto fáctico sostuvo que el Tribunal accionado “cuando omite
de manera incomprensible darle el valor probatorio (respecto al daño moral) que encarna
las probanzas allegadas al proceso contencioso administrativo, incurre en error ostensible,
flagrante y manifiesto en el juicio valorativo de material probatorio allegado al proceso de
manera regular, lo que lo llevó a decidir obviando el contenido y alcance del derecho
fundamental constitucional de la perspectiva de género en detrimento de las tutelantes”.
Por último, indicó que el Tribunal accionado desestimó la justa reparación de los
daños morales reconocidos por el juez de primera instancia, por no demostrar
pruebas de su afección, lo que en su sentir denota una inclinación por una
interpretación contraria a los postulados mínimos de razonabilidad jurídica y
desacato de la aplicación de la perspectiva de género en la decisión reprochada.
4. Trámite procesal
Por auto de 14 de mayo de 2025, los magistrados Wilson Ramos Girón y Myriam
Stella Gutiérrez Argüello se declararon impedidos para conocer del asunto, al
considerar que “conocimos en primera instancia la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2024-01539-00 que también promovieron Milet Xiomara Villamizar Núñez,
Ivonne Rocío González Villamizar y Julie Andrea González Villamizar contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander para que se dejara sin efectos la sentencia del 5 de
octubre de 2023 que resolvió en segunda instancia la demanda de reparación directa
54001-33-40-007-2016-00174-01. En esa oportunidad, mediante sentencia del 4 de julio
de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que integramos, estudió de fondo el
asunto y denegó las pretensiones”, por lo que consideraron que estaban incursos en
la causal de impedimento prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.
En virtud de lo anterior, por auto de 23 de mayo de 2025, el magistrado ponente
declaró fundado el impedimento manifestado, ordenó asignar el asunto al consejero
que sigue en turno y que se procediera con el sorteo de tres conjueces para integrar
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la Sala de Decisión.
El 29 de mayo de 2025, se realizó el sorteo de tres conjueces para conformar la
Sala de Decisión y se designó a los doctores Juan Camilo Serrano Valenzuela, Lucy
Cruz de Quiñones y Juan de Dios Bravo González.
Por auto de 4 de junio de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal
Administrativo de Norte de Santander-; así mismo, a la Nación, Rama Judicial como
tercero con interés.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
75462 a 75466 de 6 de junio de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión1.
El 13 de junio de 2025, ingresó el expediente al despacho para proferir sentencia
de primera instancia.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que relacionó las actuaciones
surtidas en la segunda instancia en el medio de control de reparación directa e indicó
que la sentencia de reemplazo de 24 de octubre de 2024 modificó los daños morales
reconocidos a las demandantes, debido a que una vez verificado el acervo
probatorio relacionado con los perjuicios morales, solo figuraba la prueba pericial
allegada por la parte actora consistente en el avalúo comercial del inmueble ubicado
en la calle 21ª n.º 10-53, lote 82 de la manzana 82 Urbanización Videlso en el
municipio de Los Patios.
Refirió que de conformidad con la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la que se ha aceptado la posibilidad de reconocer el perjuicio moral
causado por la pérdida de bienes materiales, siempre que este haya sido acreditado
plenamente, que para el caso no se aportó prueba que permitiera inferir que se
vieron afectadas emocionalmente por dicha circunstancia, sin que pueda colegirse
la ocurrencia de situaciones que le permitan suponer que por el error judicial se les
hubiere ocasionado una aflicción distinta al hecho de saber que debían devolver el
inmueble adquirido, motivo por el que consideró necesario modificar la
indemnización en cuantía de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para
cada una de las accionantes, sin vulnerar los derechos fundamentales invocados.
5.2. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
– Norte de Santander
El apoderado judicial de la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda de
tutela en la medida en que consideró que la valoración probatoria que se realizó en
el caso se dio a partir de los elementos aportados como lo es el dictamen pericial
sobre el avalúo del bien inmueble, con el cual se hizo una inferencia razonable sobre
el dolor moral por el goce y uso de la vivienda.
Mencionó que la parte actora al estar inconforme con la decisión que modificó los
perjuicios morales reclama la falta de análisis del asunto bajo la perspectiva de
género, empero, sin predicar una condición o exponer la desigualdad para ello.
Sumado a que no explicó ni identificó cuál prueba debió ser analizada bajo el
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Índice 21 de Samai.
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enfoque alegado o el factor victimizante que se desprende de la valoración
probatoria, más allá de su consideración que, por el contrario, según se vio realizó
un análisis de los elementos obrantes en el proceso ordinario existiendo una
condena por el daño moral.
5.3. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta remitió
el link del expediente digital.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
En el escrito de tutela la parte actora indicó que la decisión objeto de reproche
constitucional incurre en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial. Al analizar los argumentos que sustentan los mismos, la Sala
observa que se circunscriben en la falta de aplicación de un enfoque diferencial con
perspectiva de género en la valoración probatoria, aspecto que se enmarca en el
desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual la Sala abordará el caso
a partir de dicho defecto.
En esos términos, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela
presentada por las accionantes es procedente, de conformidad con los requisitos
generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la
autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial al
no aplicar enfoque diferencial con perspectiva de género en la valoración probatoria
realizada en la sentencia de reemplazo de 24 de octubre de 2024.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
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Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión,
el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución14.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
9
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En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela goza de relevancia
constitucional, pues debe definirse si la autoridad judicial accionada con la
modificación de los perjuicios morales incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, al no aplicar un enfoque diferencial con perspectiva de género en la
valoración probatoria, con lo cual podría comprometerse el alcance y goce de los
derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al enfoque
diferencial con perspectiva de género y al principio iura novit curia, a lo que se debe
agregar que no se avizora que el propósito de la parte actora sea dar continuidad a
la discusión de estricta legalidad que fue resuelta por el juez ordinario.
En relación con los demás requisitos, se encuentran acreditados toda vez que (ii)
la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso
se agotó el recurso de apelación contra la sentencia reprochada, y se observa que
no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión y de unificación de jurisprudencia, (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia inicial objetada fue notificada mediante
correo electrónico enviado el 12 de noviembre de 2024 y la acción de tutela se
presentó el 7 de mayo de 2025, esto es, cinco (5) meses y veintidós (22) días
después, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige
contra un fallo de tutela.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del
precedente judicial alegado
Las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González Villamizar y
Julie Andrea González Villamizar acudieron al mecanismo de protección
constitucional, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales a la
dignidad humana, al debido proceso, a la “perspectiva de género” y al principio iura
novit curia, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
De manera precisa, la parte actora alegó que la decisión de reemplazo dictada el
24 de octubre de 2024 por el Tribunal accionado incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, al modificar los perjuicios morales reconocidos en la sentencia
de primera instancia, debido a que los disminuyó de 100 SMLMV a 10 SMLMV, para
cada una, sin tener en consideración la condición de mujeres y los criterios de
flexibilización establecidos por la Corte Constitucional en las sentencias T-230 y SU-
167 de 2024, relacionados con la aplicación de un enfoque diferencial de género.
De las pruebas documentales allegadas al trámite constitucional, se tiene que las
accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Rama
Judicial, con la pretensión de que se declarara administrativa, extracontractual y
patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por el error judicial en
que incurrió: i) el Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios en providencia de
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20 de junio de 2014, en la que decretó la nulidad absoluta del proceso ejecutivo en
que se le había adjudicado el bien inmueble ubicado en la calle 21 A No. 10-53 en
el municipio Los Patios al señor Orlando de Jesús Villamizar Ortiz, quien a su vez
le vendió el predio a las demandantes y, en consecuencia, ordenó a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos la cancelación de las anotaciones y, ii) el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta porque dentro de la acción de tutela
con radicado No. 2014-00141-00 no accedió a las pretensiones tendientes a
declarar la nulidad de la mencionada decisión.
Al respecto, el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta en fallo
de 19 de julio de 2018 declaró la responsabilidad del Juzgado Primero Civil
Municipal de Los Patios, al encontrar probado que las actuaciones surtidas dentro
del proceso ejecutivo hipotecario con radicado 2010-00089-00, no se ajustaron a
las normas procesales y a la jurisprudencia aplicable al caso concreto. Por
consiguiente, condenó a la Rama Judicial al pago de los perjuicios materiales por
$72.780.401,34, y los daños morales por 100 salarios mínimos mensuales legales
vigentes a cada una de las demandantes.
Lo anterior, al considerar que “el Juzgado Primero Civil Municipal no debió tramitar la
petición presentada por el señor Hernán Sala Ramírez, debido a que éste la presentó en
nombre propio y no a través de apoderado como lo ordena la norma” y, además, porque
“no cumplió con lo indicado en la norma, pues declaró la nulidad absoluta e insanable sin
el correspondiente trámite indicado en el artículo 142 del C.P.C., dado que de la solicitud
debió correrse traslado por el término de 3 días, trámite que no se cumplió en el proceso
ejecutivo hipotecario”.
Contra la anterior decisión la Nación, Rama Judicial, por intermedio de apoderado
judicial, interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en fallo de 5 de octubre de 2023, en el que
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la falta de
legitimación en la causa por activa.
Dicha decisión fue reprochada por acción de tutela, que al resolver la impugnación
por sentencia de 13 de septiembre de 2024, la Subsección “A” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado revocó la sentencia que negó las pretensiones de la tutela y,
en consecuencia, amparó los derechos fundamentales de las demandantes, por lo
que ordenó a la autoridad judicial accionada proferir una sentencia de reemplazo en
el medio de control de reparación directa con radicado n.º 54001-33-40-007-2016-
00174-01.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió decisión
de reemplazo el 24 de octubre de 2024, por la cual modificó el numeral segundo de
la sentencia de primera instancia, relacionado con los daños morales reconocidos
a las accionantes, de la siguiente forma:
“En el sub lite, la parte actora solicitó le sean reconocidos perjuicios morales causados
como consecuencia del error judicial en el que incurrió el Juzgado Primero Civil Municipal
de Los Patios y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
en cuantía de 100 SMLMV; siendo así como el A Quo le reconoció dicha suma a cada
una de las demandantes al considerar que es dable inferir el dolor moral causado a estas
porque les fue truncado el goce y uso de la vivienda que adquirió legalmente.
Revisado el acervo probatorio relacionado con este aspecto, figura solamente la
prueba pericial aportada por la parte demandante, consistente en el avalúo
comercial del inmueble ubicado en la calle 21A N° 10-53 lote 82 manzana 82
Urbanización Videlso en el municipio de Los Patios, el cual se limita a indicar el
valor de éste teniendo en cuenta la información aportada.
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La Sección Tercera del Consejo de Estado ha aceptado la posibilidad de reconocer el
perjuicio moral causado por el daño o pérdida de bienes materiales, siempre que el
mismo haya sido acreditado plenamente; al respecto, ha dicho: (...)
Así las cosas, la parte demandante no allegó prueba que permita inferir que se vieron
afectadas emocionalmente por la pérdida del referido bien inmueble, no pudiendo la Sala
colegir la ocurrencia de especiales circunstancias que le permitan suponer que por el
error judicial se les hubiere ocasionado una aflicción distinta al hecho de saber que
debían devolver el inmueble adquirido, debiéndose advertir que estaba en cabeza de
las reclamantes la carga procesal de ofrecer y/o solicitar pruebas sobre la
condición de víctima y del daño padecido.
Por todo lo anterior, la Sala considera necesario modificar el monto reconocido por
perjuicios morales a las demandantes, en cuantía de 10 SMLMV para cada una de
ellas”. (negrillas por fuera del texto original)
Sobre la aplicación del precedente judicial la Corte Constitucional ha dicho que
implica que17: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla
jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas18:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció19.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
17
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se
aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar
que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
12
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5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto20.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
En el asunto bajo examen, la parte accionante alegó que la autoridad judicial
accionada desconoció las sentencias T-230 y SU-167 de 2024 dictadas por la Corte
Constitucional, en las que se establecieron algunas precisiones con el fin de aplicar
la perspectiva de género como un elemento de análisis en las decisiones judiciales,
en los casos en los que se advierte alguna forma de violencia contra la mujer.
En la sentencia T-230 de 2024, la Corte Constitucional analizó el caso promovido
por la señora Alejandra, que actuando en representación de su hija menor solicitó
el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la prevalencia del interés superior
de las niñas, que consideró vulnerados con la decisión judicial que negó una
medida cautelar en el trámite del incidente de reparación integral, con la que se
buscaba asegurar el pago de los daños y perjuicios causados por la conducta de
abuso sexual a la que fue sometida su representada.
En esa oportunidad, señaló que “analizar con perspectiva de género los casos
concretos donde son parte mujeres afectadas o víctimas no implica una actuación
parcializada del juez en su favor, sino que, al contrario, reclama su independencia e
imparcialidad. Lo anterior comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe estereotipos
de género discriminatorios y la exigencia para el juez de analizar la violencia contra la mujer
a partir de un abordaje multinivel y la construcción de una “interpretación pro fémina, esto
es, una consideración del caso concreto que involucre el espectro sociológico o de contexto
que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminación ejercida sobre
la mujer”. (negrillas por fuera del texto original).
A su vez, en la sentencia SU-167 de 2024, el Tribunal Constitucional estudió la
acción de tutela que fue promovida con el fin de que se protegieran los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
demandante, que según se dijo fueron vulnerados en el proceso de reparación
directa en el que se debatió la falla en el servicio por la falta en el deber de cuidado
en que incurrió la Policía Nacional de una mejor de edad, pues la misma fue víctima
de secuestro y actos sexuales, que culminaron en su fallecimiento.
Así las cosas, la Sala destaca que la Corte Constitucional21 ha precisado que las
autoridades judiciales deben impartir justicia con perspectiva de género, para lo cual
se debe valorar que exista sospecha de alguna situación asimétrica de poder entre
las partes, o de un acto constitutivo de violencia de género.
En la sentencia SU-339 de 2024, sostuvo que la mujer cuenta con una protección
reforzada en el ordenamiento jurídico que tiene fundamento en la proscripción de
cualquier forma de discriminación y que le impone un deber al Estado de investigar
y sancionar la ocurrencia de este tipo de actos. Sobre ese particular, ha mencionado
que “dichos mandatos están encaminados a que los jueces y tribunales, al resolver las
causas judiciales que infieran el acontecimiento de conductas discriminatorias basadas en
razones de género, adopten un estándar de valoración de la prueba calificado. Dicho
estándar se concreta en la proactividad en el recaudo probatorio y en una distribución
20
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
21
SU-167 de 2024. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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adecuada de la carga de la prueba. Esto, con el propósito de comprender el contexto en el
que ocurrieron los hechos, con especial énfasis en las circunstancias que pudieran
constituir un tratamiento discriminatorio”.
En igual sentido, la Corte Constitucional precisó que existe un efectivo acceso a la
administración de justicia cuando se imparte desde este enfoque diferencial, lo que
demanda de la autoridad judicial “un despliegue más amplio y proactivo de sus
facultades probatorias. De acuerdo con los criterios orientadores para el trámite de
procesos y decisiones judiciales con enfoque de género emitido por la Comisión Nacional
de Género de la Rama Judicial, la Subsección estaba llamada a adoptar un análisis basado
en, al menos, los siguientes parámetros: (i) ubicar los hechos en el entorno social que
corresponde; (ii) privilegiar la prueba indiciaria y distribuir adecuadamente la carga de la
prueba; (iii) valorar el impacto en materia de desconocimiento de derechos fundamentales
que las mujeres sufren en mayor medida, en aquellas situaciones que ponen en evidencia
que la mujer es más vulnerable por el hecho de ser mujer; (iv) visibilizar la existencia de
estereotipos, manifestaciones de sexismo, relación desequilibrada de poder y riesgos de
22
género en el caso concreto ”.
Con fundamento en lo anterior, frente a reclamaciones de mujeres que han sido
víctima de actos de violencia o discriminación, corresponde al sistema judicial dar
una respuesta efectiva dirigida a garantizar su especial protección constitucional,
bajo estándares establecidos en la Constitución Política e instrumentos
internacionales. En razón a ello, le corresponde abordar cada caso con un enfoque
diferencial, de ser procedente, y activar todos los poderes derivados de la actividad
judicial dirigidos a prevenir, investigar y corregir aquellas conductas que lesionen y
comprometan la dignidad humana de las mujeres.
De conformidad con lo expuesto, un funcionario judicial desconoce ese deber
constitucional cuando pasa por alto la debida diligencia, en casos en los que el
debate gravite en asuntos relacionados con violencia y discriminación contra la
mujer, lo que incluye una valoración probatoria con enfoque diferencial con
perspectiva de género, en la que se privilegie la prueba indiciaria, cuando las
pruebas directas son insuficientes.
En el caso bajo examen, la Sala inicia por precisar que la parte accionante manifestó
que la decisión objeto de reproche desconoció los postulados de la Corte
Constitucional al no aplicar la perspectiva de género, pues a su juicio, pasó por alto
la condición de mujeres que tienen las demandantes. Sin embargo, no precisó de
manera concreta porqué las decisiones que considera desconocidas resultaban
aplicables para el asunto, es decir, las similitudes fácticas y análisis en que debió
ser estudiado, pues no explicó con claridad de qué manera debía efectuar el
Tribunal accionado el análisis de su caso, sumado a que no expuso las razones por
las cuales ameritaba aplicar un enfoque diferencial.
De conformidad con el relato probatorio y la situación fáctica narrada en el escrito
de tutela la Sala no advierte que las accionantes contaran con una situación
particular que le permitiera a la autoridad judicial accionada desplegar actuaciones
encaminadas a aplicar un enfoque de género en la valoración probatoria, pues
según se vio el debate que se dio en el medio de control de reparación directa
gravitó en la declaratoria de un error jurisdiccional en el marco de un proceso
ejecutivo hipotecario, del que no se observa ese escenario relacionado con violencia
y discriminación contra la mujer.
Por el contrario, el Tribunal accionado llegó a la conclusión de que se configuró un
error jurisdiccional y que no desconocía la aflicción que podía causarle a las
demandantes la pérdida de un bien inmueble, por lo que consideró que en efecto
22
Corte Constitucional SU-339 de 2024.
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resultaba del caso acceder a los perjuicios materiales y morales, sin embargo,
teniendo en consideración que en el proceso ordinario solo obraba un dictamen
pericial sobre el avaluó de la propiedad objeto del proceso ejecutivo del que derivó
el error alegado, no era factible reconocer la suma solicitada y reconocida por el a
quo, pues ello ameritaba que las solicitantes demostraran esa afectación moral que
era pedida.
Según se dijo en líneas anteriores, la sola condición de mujer no implica que la
autoridad judicial deba desplegar una actuación a favor de las demandantes, pues
para que ello es menester que la autoridad judicial pueda inferir que el debate
contiene conductas discriminatorias basadas en razones de género que le puedan
otorgar la posibilidad de adoptar un estándar de valoración más flexible. De allí que
resulte razonable el análisis realizado por el Tribunal accionado, en el que valoró el
dictamen pericial aportado que daba cuenta del avalúo catastral, pero del que no se
podía inferir en los términos propuestos los daños morales alegados, por lo que en
uso de su autonomía judicial procedió a disminuirlos.
Adicionalmente, se observa que la sentencia de reemplazo fue proferida con
ocasión a una acción de tutela que promovieron las demandantes, en la que se
declaró la existencia de un defecto fáctico en su dimensión negativa, aspecto que
llama la atención de la Sala por cuanto la condición de mujeres fue alegada hasta
esta instancia constitucional, y solo después de que la autoridad judicial accionada
efectuara la modificación a los daños morales reconocidos, sin que obre prueba
alguna que demuestre que presentaban una situación particular que debía ser
valorada con un enfoque diferencial.
De esta manera, la Sala encuentra que, la autoridad judicial accionada en el marco
de su autonomía judicial procedió a modificar los daños morales en la suma de 10
salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las accionantes,
teniendo como fundamento probatorio el dictamen pericial aportado que demostró
el avalúo catastral del bien inmueble, sin que de este se pudiera extraer la situación
de aflicción y congoja manifestada. Pues, se reitera, no se advirtió una situación
particular de discriminación o de violencia contra la mujer que otorgara la posibilidad
de abordar el estudio del caso desde un enfoque diferencial.
Dicho, en otros términos, la parte accionante no demostró que la autoridad judicial
accionada incurriera en desconocimiento del precedente judicial endilgado a la
providencia objeto de reproche constitucional y, en consecuencia, que la decisión
objetada vulnerara los derechos fundamentales invocados.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por las señoras Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González
Villamizar y Julie Andrea González Villamizar, quienes actúan por intermedio de
apoderado judicial.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por las señoras
Milet Xiomara Villamizar Núñez, Ivonne Rocío González Villamizar y Julie Andrea
González Villamizar, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial.
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Demandante: Milet Xiomara Villamizar Núñez y otros
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Conjuez
(Firmado electrónicamente)
JUAN CAMILO SERRANO VALENZUELA
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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