Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01569-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01569-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01569-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
26 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: HILDA GUZMÁN GÓMEZ
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Hilda Guzmán Gómez contra el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, el Consejo de Estado-Sala
Especial de Decisión n°. 22 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección C.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 27 de marzo de 2024, Hilda Guzmán Gómez, en nombre propio, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a una vejez en condiciones dignas y al debido proceso, así como a los
principios de confianza legítima y seguridad jurídica, que alegó vulnerados por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C al proferir las sentencias del 18 de
noviembre de 2020 y 11 de mayo de 2023, respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho1 que Gloria Esperanza Rodríguez
1
Identificado con rad. n°.: 25000-23-42-000-2015-03972-00/01.
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Ospina interpuso contra el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y otros. También
reprochó la sentencia del 22 de noviembre de 2023 proferida por el Consejo de
Estado-Sala Especial de Decisión n°. 22, que desestimó el recurso extraordinario
de revisión2 que interpuso contra la decisión de segunda instancia que se dictó el
11 de mayo de 2023.
En virtud del amparo, se pide dejar sin efectos las providencias reprochadas y, en
su lugar, «se nieguen las pretensiones de GLORIA ESPERANZA RODRÍGUEZ
OSPINA, restituyéndome todos mis derechos económicos». Como medida previa,
pidió que se ordene la suspensión de esas decisiones, así como de la Resolución
SUB 309742 del 8 de noviembre de 2023, proferida por Colpensiones.
2. Hechos relevantes
Gloria Esperanza Rodríguez Ospina formuló demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra las Resoluciones 0622 del 17 de marzo de 1993, 001203 del 20
de junio de 2006, 02313 del 22 de agosto de 2008, 02306 del 22 de agosto de 2008,
así como del oficio n°. 2 – 2013 – 006253 del 20 de mayo de 2013. Las anteriores
actuaciones, proferidas por el SENA, reconocieron y, en lo pertinente, reliquidaron
una pensión de sobrevivientes que se le otorgó a Hilda Guzmán Gómez como
cónyuge supérstite de Eduardo Uribe Rincón y, por otra parte, negaron las
solicitudes pensionales formuladas por la señora Rodríguez Ospina como
compañera permanente.
También demandó la nulidad de las Resoluciones 055600 del 25 de noviembre de
2008, 049232 del 27 de octubre de 2009 y 00640 del 23 de febrero de 2010, a través
de las cuales el Instituto de Seguro Social-ISS le negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a Gloria Esperanza Rodríguez Ospina en su condición
de compañera permanente, así como de la Resolución 026161 del 26 de agosto de
2005, por la cual el ISS le reconoció la pensión de sobrevivientes a Hilda Guzmán
de Uribe y a Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, en su condición de beneficiaria del
causante.
2
Identificado con rad. n°.: 11001-03-15-000-2022-02384-00.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
A título de restablecimiento del derecho, la señora Rodríguez Ospina solicitó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su condición de compañera
permanente del causante, en un porcentaje equivalente al 50%. En apoyo de las
pretensiones, la demandante sostuvo que constituyó una familia de hecho con el
causante entre marzo de 1973 y su deceso el 26 de diciembre de 1992, de la cual
nacieron Claudia Fernanda Uribe Rodríguez y Adriana del Pilar Uribe Rodríguez.
El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección C, que en sentencia del 21 de febrero de 2018 declaró la
nulidad de las Resoluciones 02306 de 22 de agosto de 2008, 055600 de 25 de
noviembre de 2008, 049232 de 27 de octubre de 2009, 00640 de 23 de febrero de
2010 y el Oficio núm. 2–2013–006253 de 20 de mayo de 2013, que negaron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Rodríguez Ospina.
Como restablecimiento del derecho, ordenó a Colpensiones y al SENA que
reconocieran la pensión de sobrevivientes a la cónyuge y a la compañera supérstite
de forma compartida a partir del fallecimiento del causante, pero con efectos fiscales
a partir del 11 de agosto de 2012 -por prescripción trienal-, sin que proceda el
reintegro de las sumas percibidas de buena fe por la cónyuge.
Colpensiones, el SENA e Hilda Guzmán de Uribe formularon recurso de apelación
contra esa decisión. El 10 de febrero de 2022, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B modificó la decisión recurrida para precisar que el
reconocimiento de la prestación se haría efectivo a partir de la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia.
La solicitante formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 10
de febrero de 2022. Al invocar la causal contenida en el artículo 250.7 CPACA,
esgrimió que la señora Rodríguez Ospina no tiene derecho a la pensión de
sobrevivientes, al no haber probado la condición de compañera permanente del
causante. El 22 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado-Sala Especial de
Decisión n°. 22 declaró infundado el recurso.
3. Fundamentos de la solicitud
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La solicitante sostiene que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados, pues decidieron bajo «un error inducido por
parte del abogado de la demandante, quien hizo incurrir en error al juez». Aduce
que Gloria Esperanza Rodríguez Ospina no acreditó ser compañera permanente de
su difunto cónyuge, «quien nunca compartio (sic) techo, lecho y mesa con ella,
siendo que las relaciones sexuales esporádicas en las que hay concepción de prole
no generan una relación de efectividad análoga a la conyugal».
Acusa que las decisiones se adoptaron con base en fotos, declaraciones extrajuicio
«amañadas» o interpretadas de manera subjetiva y testigos «interesados en el
beneficio de la mujer Rodríguez Ospina». Afirma que «la moneda siempre tiene dos
caras y al beneficiar solo una de ellas, en este caso a la supuesta compañera
permanente, están agraviando sin fundamento a la cónyuge».
Plantea que la compañera permanente no acreditó haber convivido con el fallecido
no menos de 5 años continuos antes de su muerte, aún menos haber hecho vida
marital con el causante hasta su deceso, porque el señor Uribe Rincón residía en
«nuestra» casa, según dan cuenta unos extractos bancarios y contratos de
compraventa. Agrega que el Consejo de Estado, al decidir el recurso extraordinario
de revisión, no tuvo en cuenta unas pruebas aportadas que acreditaban la
residencia y domicilio de su esposo hasta el día de su muerte.
Advierte que las decisiones judiciales le generan una grave afectación económica,
pues Colpensiones le siguió pagando la totalidad de la pensión de sobreviviente
hasta que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y actualmente
le pretende cobrar una deuda por $33.411.844.
4. Trámite procesal
La solicitud fue repartida al despacho del consejero de Estado Nicolás Yepes
Corrales, que en auto del 8 de abril de 2024 admitió la acción de tutela, negó la
medida previa y ordenó su notificación a las autoridades judiciales accionadas, así
como a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, el Servicio
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Nacional de Aprendizaje-SENA y Gloria Esperanza Rodríguez Ospina, en calidad
de terceros con interés.
En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión n°.
22, al oponerse al amparo, adujo que la solicitud carece de relevancia constitucional
en la medida que pretende una instancia adicional al proceso ordinario, fundada en
el desacuerdo de la solicitante con las decisiones judiciales. Agregó que la
valoración de los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial
es más estricta cuando esta se dicta por un órgano de cierre.
Por demás, refirió a las razones que sirvieron de fundamento para adoptar la
decisión y advirtió que las pruebas aportadas por la solicitante no desvirtuaban que
ambas beneficiarias de la sustitución pensional acreditaron «la convivencia efectiva,
el auxilio o apoyo mutuo, la comprensión y la dependencia económica con el señor
Eduardo Uribe Rincón». Advirtió que la totalidad del expediente del recurso
extraordinario de revisión, así como el expediente de nulidad y restablecimiento
digitalizado, están disponibles en el aplicativo Samai.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C adujo
que no se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, ya que la solicitante pretende una instancia adicional. Aportó
enlace digital al expediente ordinario.
El SENA adujo que los hechos de la tutela son situaciones relativas a un tercero y
que carece de legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual pidió su
desvinculación del trámite. Agregó que la tutela no satisface los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez, ya que la solicitante pretende reabrir un debate judicial
y no acreditó una actuación eficaz por su parte. Por otra parte, planteó que las
autoridades judiciales no incurrieron en arbitrariedad, irracionabilidad o en alguna
actuación contraria a derecho.
Los demás intervinientes guardaron silencio.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El 12 de abril de 2024, el consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó
impedimento para conocer la solicitud, con apoyo en el artículo 56.6 del Código de
Procedimiento Penal. El 10 de mayo siguiente se declaró fundado el impedimento y
se separó al consejero Yepes Corrales del conocimiento del asunto, de modo que
el 5 de julio de 2024 el expediente ingresó al despacho del Consejero ponente para
dictar fallo.
CONSIDERACIONES
5. Cuestión previa
Aunque la parte actora interpuso la tutela en contra del Consejo de Estado-Sala
Especial de Decisión n°. 22, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C, la
Sala solo analizará las sentencias del 10 de febrero de 2022 y 22 de noviembre de
2023, en tanto decidieron el proceso ordinario y el recurso extraordinario de revisión.
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra una
sentencia que accedió a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y otra sentencia que declaró infundado un recurso
extraordinario de revisión.
7. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela4.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial
censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia
verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4
Ibidem.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La sentencia del 10 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B, confirmó la decisión que declaró la nulidad total de las
Resoluciones 02306 de 22 de agosto de 2008, 055600 de 25 de noviembre de 2008,
049232 de 27 de octubre de 2009, 00640 de 23 de febrero de 2010 y el Oficio núm.
2–2013–006253 de 20 de mayo de 2013, actos que negaron el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a Gloria Esperanza Rodríguez Ospina y, en su lugar,
se ordenó su inclusión como beneficiaria de la sustitución pensional.
Explicó que la sustitución pensional tiene como objeto proteger a la familia del
causante, que debe soportar la carga económica ante la muerte de un pensionado
de quien dependía su sustento. Aunque el artículo 6 del Decreto 1160 de 1989
establece una exclusión en el derecho pensional de la cónyuge y la compañera
permanente, refirió a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que ha reivindicado la protección de los derechos de la compañera
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
permanente con quien el causante compartió obligaciones recíprocas propias de
una relación marital.
Con base en los testimonios de María del Pilar Acuña Ríos y Adriana del Pilar Uribe
Rodríguez, que fueron consistentes con las declaraciones extraprocesales no
ratificadas de Magda Lucía Bolívar Ospina y Lucelly de Jesús Bustamante de Silva,
se encontró acreditada la relación de convivencia entre la señora Rodríguez Ospina
y Eduardo Uribe Rincón -causante- desde 1980 hasta su fallecimiento, así como el
rol de sostenimiento económico del hogar por parte del señor Uribe Rincón.
Advirtió que no procedía el reintegro de lo pagado a la solicitante de buena fe,
sumado a que Gloria Esperanza Rodríguez Ospina no había presentado
reclamación en sede administrativa en forma oportuna. Con el fin de evitar el
favorecimiento por la omisión imputable a la compañera permanente -lo que, por
demás, implicaría una doble erogación a cargo de las entidades demandadas-,
explicó que no procede reconocer la sustitución pensional a partir del deceso del
causante, sino a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
En cuanto al recurso extraordinario de revisión interpuesto por la solicitante contra
la decisión anterior, en sentencia del 22 de noviembre de 2023 la Sala Especial de
Decisión n°. 22 del Consejo de Estado determinó que:
(…) no se evidencia nada distinto a una inconformidad frente a la valoración del juez
y se pretende arrimar nuevas pruebas para señalar que, en materia de sustitución
pensional, la normativa anterior a la Constitución de 1991 prefería a la cónyuge
supérstite sobre la compañera permanente, sin tener en cuenta el cambio
jurisprudencial a través del cual se revindicó a la compañera permanente del
causante, con quien el señor Eduardo Uribe Rincón compartió obligaciones
recíprocas propias de una relación marital, por lo que también le deben corresponder
derechos prestacionales, al haber cumplido todos los requisitos de ley para el efecto,
y que de esta forma cuente con los recursos económicos básicos e indispensables
para subvenir o satisfacer las necesidades básicas.
Además de ello, explicó que no se evidencia un hecho que desvirtúe la aptitud legal
de la compañera permanente a percibir la pensión de sobrevivientes, aunado a que
la señora Ospina Rodríguez no tenía como pretensión desconocer el derecho
pensional de la cónyuge. Agregó que, como en este asunto la solicitante fue sujeto
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
procesal en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y desplegó sus
medios de defensa, «el hecho de que sus argumentos y actividad probatoria en el
proceso ordinario no lograran la prosperidad pretendida no da lugar a la
excepcionalidad anotada para la configuración de la causal invocada».
La Sala advierte que los argumentos presentados por la solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal y probatoria. Además de ello, revisados los
fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de
una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del
marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la solicitud no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Hilda Guzmán
Gómez contra el Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión n°. 22, el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección B y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01569-00
Solicitante: Hilda Guzmán Gómez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
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