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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01569-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01569-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez, atendiendo las razones analizadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la coordinadora del Grupo de Pensiones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de julio de 2024 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01569-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

30 de enero de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 01569 01
Accionante: Hilda Guzmán Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01569 01
Accionante: HILDA GUZMÁN GÓMEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C, CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y SALA
VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE
ESTADO

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte accionante se trata de un asunto
meramente económico.

La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Hilda Guzmán
Gómez en contra del fallo de tutela proferido el 26 de julio de 2024 por la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2024 01569 01
Accionante: Hilda Guzmán Gómez

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Hilda Guzmán Gómez, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela en contra de las providencias proferidas el 21 de febrero
de 2018 y el 10 de febrero de 2022 por la Subsección C, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
25000 23 42 000 2015 03972 00/01; así como, en contra de la dictada el
22 de noviembre de 2023 por la Sala Veintidós Especial de Decisión del
Consejo de Estado en el recurso extraordinario de revisión identificado
con el radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02384 00; y para ello, formuló
las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se amparen mis derechos fundamentales al Debido
Proceso, al Mínimo vital en conexión con el derecho a la vida en
condiciones dignas, confianza legítima y seguridad jurídica que
han sido violentados por las autoridades judiciales accionadas.

2. Se revoque la Sentencia de Primera Instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia
proferida el 21 de febrero de 2018, que declaró la nulidad de las
Resoluciones 621 de 1993, 622 del 18 de marzo de 1993, 2306
del 22 de agosto de 2008, 55600 del 25 de noviembre de 2008,
49232 del 27 de octubre de 2009 y 00640 del 23 de febrero de
2010 y el Oficio No. 2 - 2013 - 006253 del 20 de mayo de 2013 y
demás actos administrativos y se nieguen las pretensiones de
GLORIA ESPERANZA RODRÍGUEZ OSPINA, restituyéndome todos
mis derechos económicos.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a las autoridades
accionadas revocar las decisiones judiciales (Sentencia de 10 de
febrero de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección B
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en el radicado nro. 250002342000201503972 01 nro. Interno,
3879 – 2018).

4. Como consecuencia de lo anterior, revocar el fallo del Recurso
de Revisión de fecha 22 de noviembre de 2022, radicado No.
1101-03-15-000-2022-02384-00 proferido por el Magistrado
Ponente Luis Alberto Álvarez Parra, porque el error en que incurrió
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al dar por probado

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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

un hecho que no fue sometido a controversia y que carecía de
prueba, determinó que no se revisara la sentencia y se limitara a
ratificar la vulneración de mis derechos fundamentales.

5. Dejar sin efecto las decisiones proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Sección Segunda, Subsección
B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado y la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
proceso, radicado No 25000-23-42-000-2015-03972-01 y
Recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2022-
02384-00 […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que, el 30 de junio de 1967, contrajo matrimonio
católico con el señor Eduardo Uribe Rincón, quien falleció el 26 de
diciembre de 1992, por lo que aseguró que su matrimonio gozaba de
plena validez y vigencia, y que dicho vínculo solo terminó con la muerte
de su esposo. Agregó que de dicho matrimonio nacieron sus tres hijos
María Juliana Uribe Guzmán, Eduardo Fabián Uribe Guzmán y Mayda
Johana Uribe Guzmán.

Expuso que “(…) la muerte de mi esposo (…) ocurrió el sábado 26 de
diciembre de 1992 cuando cerca de las 6 a.m. en nuestro domicilio
familiar ubicado en la Carrera 72A No. 48-66 del barrio Normandía de la
ciudad de Bogotá, como consta en el informe de Bomberos, se inició una
conflagración. A esa hora mi esposo estaba dormido y en compañía de
nuestra hija Mayda Johanna Uribe Guzmán. Iniciada la conflagración, mi
esposo se intoxicó por la inhalación de humo; intentó rescatar a nuestra
hija, que ya había salido de la casa y desafortunadamente él falleció por
la aspiración de dióxido de carbono (…)”2.

Manifestó que, hasta el momento de su muerte, el señor Uribe Rincón
laboró para el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en el cargo de
profesional grado 5.

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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
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Señaló que, con ocasión del fallecimiento del señor Uribe Rincón, “(…)
presenté solicitud de reconocimiento de pensión en calidad de cónyuge
sobreviviente y, paralelamente, Gloria Esperanza Rodríguez Ospina, se
presentó en “representación” de sus 2 hijas menores, Claudia Fernanda y
Adriana del Pilar, y solicitó el reconocimiento de pensión para las 2 hijas
extramatrimoniales (…)”3.

Indicó que, mediante la Resolución nro. 0622 de 1993, el SENA reconoció
y ordenó el pago del 50% de la pensión a su favor, en calidad de cónyuge
sobreviviente y el otro 50% a favor de las hijas menores del causante,
Claudia Fernanda y Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, representadas por
su madre, la señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina.

Aseguró que en el año 1999 y 2008, respectivamente, se cumplió la
condición resolutoria a la que estaba sometida el pago del porcentaje de
la mesada pensional a favor de las jóvenes Claudia Fernanda y Adriana
del Pilar Uribe Rodríguez, por lo que precisó que, a través de la Resolución
nro. 02313 del 22 de agosto de 2008, el SENA le reconoció el 100% de la
pensión de sobreviviente a su favor.

Reprochó que “(…) 16 años después del fallecimiento de mi esposo y
cuando ya sus hijas extramatrimoniales habían perdido el derecho a la
pensión, GLORIA ESPERANZA presentó solicitud de reconocimiento para
el pago de pensión como supuesta compañera permanente, calidad que
nunca ostentó (…)”4; sin embargo, resaltó que la solicitud de la señora
Rodríguez Ospina fue rechazada. Adicionalmente, sostuvo que, contra la
anterior decisión procedía recurso de reposición, el cual no fue
presentando, por lo que, afirmó que no se agotó la vía gubernativa.

Relató que, inconforme con el rechazo de su solicitud, la señora Gloria
Esperanza Rodríguez Ospina “(…) demandó la pensión de sobreviviente,
en calidad de “presunta” compañera permanente de mi esposo EDUARDO

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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
4
Ibidem.
4

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URIBE RINCÓN, relación que nunca existió y que no fue alegada sino hasta
cuando las hijas extramatrimoniales de la señora, ya profesionales y
especializadas dejaron de recibir parte de la pensión de mi esposo (…)”5.

Al respecto, aseveró que “(…) el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sin probar la condición de compañera permanente que
alegaba la accionante y sin considerar que no fue agotada la vía
gubernativa, a través de la sentencia proferida el 21 de febrero de 2018,
declaró la nulidad de las Resoluciones 2306 del 22 de agosto de 2008,
55600 del 25 de noviembre de 2008, 49232 del 27 de octubre de 2009 y
00640 del 23 de febrero de 2010 y el Oficio No. 2 – 2013 – 006253 del
20 de mayo de 2013. A título de restablecimiento del derecho, ordenó al
SENA y a Colpensiones reconocer la pensión de sobrevivientes a la
demandante en forma compartida con la cónyuge. Sentencia que fue
apelada (…)”6.

Anotó que “(…) la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, confirmó la decisión
anterior, con la certeza errada y sin ninguna prueba, que asegurara que
la accionante era la compañera permanente de mi esposo, quien nunca
compartió techo, lecho y mesa con ella, siendo que las relaciones sexuales
esporádicas en las que hay concepción de prole no generan una relación
de efectividad análoga a la conyugal (…)”7.

Manifestó que, inconforme con las anteriores decisiones, interpuso
recurso extraordinario de revisión y que, la Sala Veintidós Especial de
Decisión del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de noviembre de
2023, lo declaró infundado.

Adujo que “(…) las decisiones judiciales demandadas tienen su
fundamento en un hecho que no fue probado y no tiene demostración
porque es falso, y se trata de la convivencia entre mi esposo y GLORIA

5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
5

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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

ESPERANZA RODRIGUEZ OSPINA. Ellos fueron amantes esporádicos y de
oportunidad, pero nunca convivieron o tuvieron una relación sentimental
estable. Mi esposo respondió por esas hijas ilegítimas y por sus
necesidades, estuvo presente en sus vidas por caridad y obligación, pero
la relación con la madre se limitó a las relaciones sexuales ocasionales
extramatrimoniales (…)”8.

Argumentó que “(…) las autoridades de la jurisdicción contencioso
administrativa han tomado decisiones que desprotegen y vulneran mis
derechos y garantías fundamentales, eliminando de un plumazo el
derecho vigente a la fecha en que fueron reconocidos mis derechos
legítimamente obtenidos, afectando gravemente mi subsistencia y
tratándome como si fuera una delincuente, incluso fijando Agencias
tasadas en $1.160.000 por exigir mis derechos (…)”9.

Señaló que las accionadas “(…) [omitieron] su obligación de probar la
convivencia entre mi esposo y la señora Gloria Esperanza Rodríguez
Ospina, convivencia que nunca existió y menos aún durante los 5 años de
vida de mi esposo. También dejó de exigir el cumplimiento de la obligación
legal de agotar la “vía gubernativa” para acceder a la jurisdicción
contencioso administrativa y, para concluir, cambió el derecho para
favorecer a la accionante, aun cuando en ese proceso vulneraron los míos
como ciudadana y mujer de la tercera edad (…)”10.

Alegó que “(…) se debió probar la existencia de la convivencia durante los
5 últimos años de vida de mi esposo Eduardo Uribe, pues Esperanza
Rodríguez, ni siquiera aparecía registrada como beneficiaria ante la EPS o
ante los servicios de salud del SENA, además, esperó 16 años para evitar
otras pruebas como la visita domiciliaria con la cual se hubiera podido
demostrar la circunstancia del lugar de la presunta cohabitación, y puso
a declarar a la hija que para le época de los hechos tenía 9 años y no a la
hija mayor que estaba próxima a cumplir 18 para la época de la muerte

8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
6

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de mi esposo. Por el contrario, no se tuvieron en cuenta las declaraciones
extrajuicio de los hermanos de mi esposo, quienes manifestaron no
conocerla (…)”11.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas “(…) se limitaron a tomar
como pruebas únicamente las fotos y las declaraciones extrajuicio
amañadas, sin considerar las pruebas presentadas por mi abogada y por
mi (…) y sin ordenar pruebas de oficio (…)”12. Agregó que la señora Gloria
Esperanza Rodríguez Ospina carece de aptitud legal pues nunca convivió
con su esposo ni tuvo vida marital con él.

Aseguró que la señora Rodríguez Ospina “(…) hizo incurrir en error a los
jueces, pues mediante fotos y declaraciones extrajuicio fraudulentas,
pretendió demostrar una inexistente convivencia, a tal punto que solo
hasta 2008, viéndose sin la pensión de sus hijas, decidió reclamar el
inexistente derecho, esperando 16 años después de la muerte de mi
esposo y ya fuera del SENA, donde ni siquiera estaba registrada. Es FALSO
que mi esposo Eduardo Uribe Rincón haya convivido con Gloria Esperanza
Rodríguez (…)”13.

Explicó que las providencias judiciales cuestionadas afectan su derecho al
mínimo vital, en conexidad con la vida y la dignidad humana, toda vez
que “(…) i) la proporción en la que disminuye[n] la pensión es muy alta,
pues se trata de un 50% menos; ii) pasó mucho tiempo hasta la reducción
del monto de la pensión, lo cual generó unos derechos adquiridos a
continuar recibiendo la totalidad de la pensión, además porque la señor
Gloria Esperanza nunca reclamó en el momento oportuno; iii) yo ya soy
una persona mayor de edad y con una salud precaria, razón por la cual
no dispongo de ningún otro medio u oportunidad que me permita
equiparar lo que venía recibiendo en razón a la pensión; iv) mis
obligaciones actuales y mi calidad de vida no me permiten adecuarme a
un nuevo estilo de vida con la mitad de los ingresos que solía recibir, y

11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
7

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por mi avanzada edad, no puedo adaptarme a ello; v) la calidad y las
condiciones de vida que tengo ahora fueron con ocasión de la pensión
recibida, motivo por el cual una disminución tan grande afectaría
gravemente mi entono personal y familiar y mi estatus socioeconómico
(…)”14.

Adicionalmente, expuso que vive en un apartamento ubicado en un barrio
estrato 5 de la ciudad de Bogotá, y presentó una relación de sus gastos y
obligaciones mensuales, asignando un valor a cada concepto.

Finalmente arguyó que, en este caso, “(…) puede constatarse [la
ocurrencia de un] daño cierto e inminente, estando probado que treinta
(30) años después de haber obtenido la pensión de supervivencia
conforme a las normas vigentes para el momento del fallecimiento de mi
esposo Eduardo Uribe Rincón y con la certeza de haber estado casada y
conviviendo con el hasta el día de su muerte, aparece una mujer
argumentando una convivencia simultánea, sin pruebas legales, sin
demostrar la existencia de sentencia judicial, escritura o conciliación en
la que se vislumbrara tal hecho y obtiene de los jueces la mitad de la
pensión de mi esposo y de paso acaba con la paz y la tranquilidad de una
anciana de 82 años (…)”15.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 27 de marzo de 202416 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Subsección C, Sección Tercera del Consejo
de Estado que por auto del 8 de abril de 202417 la admitió, negó la medida

14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
17
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
8

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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

cautelar solicitada y dispuso notificar18 al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y a la Sala Veintidós Especial de Decisión
del Consejo de Estado, como parte accionada; así como vincular19 a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA y a la señora Gloria Esperanza Rodríguez
Ospina20, como terceros interesados en las resueltas del proceso.

De igual forma, requirió, por una parte, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que allegara copia digital del expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
25000 23 42 000 2015 03972 00/01, el cual fue remitido21; y por otra, a
la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado para que
remitiera con destino a este trámite tutelar, copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15
000 2022 02384 0022.

3.2. El magistrado de la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Orlando Jaiquel, rindió
informe23 en el que anotó que en la sentencia de primera instancia
cuestionada se encuentran consignados los argumentos que llevaron a
dicha corporación a tomar la decisión de declarar la nulidad de los actos
demandados.

18
Esta orden se cumplió el 10 de abril de 2024. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
01569 00.
19
Ibidem.
20
Esta orden se cumplió el 16 de abril de 2024. Visto en el índice 23 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
01569 00.
21
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
22
En el informe rendido por el consejero Luis Alberto Álvarez Parra, integrante de la Sala
Veintidós Especial de Decisión, se indicó que “se puede consultar la totalidad del
expediente del trámite del recurso extraordinario de revisión en el sistema de gestión
judicial SAMAI”.
23
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
9

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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

Sostuvo que “(…) lo que pretende la accionante es que se surta una
tercera instancia, lo cual no es de recibo en tanto, desnaturaliza el
ejercicio de la acción de tutela y, menos aún, cuando la misma providencia
fue objeto del recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado
y confirmada en su totalidad, mediante sentencia del 10 de febrero de
2022. Es de señalar igualmente que, la misma también fue objeto del
recurso extraordinario de revisión, conocido por la sala 22 especial de
decisión quien, mediante providencia del 22 de noviembre de 2023,
dispuso “declarar infundado el recurso extraordinario de revisión” (…)”.

3.3. La coordinadora del Grupo de Pensiones del SENA allegó escrito24 en
el que solicitó que se desvincule a dicha entidad por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

Anotó que la parte accionante atribuye la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C; al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y a la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado, sin plantear ningún reproche en contra del SENA.

3.4. El director regional del SENA Distrito Capital encargado presentó
escrito25 en el que argumentó que la acción de tutela no es procedente
en este caso, comoquiera que, bajo su consideración, las autoridades
judiciales accionadas no incurrieron en arbitrariedad o irracionalidad
alguna, contraria a derecho.

Agregó que “(…) las decisiones adoptadas se dieron en el marco del
ordenamiento jurídico colombiano, luego de realizar procesos
interpretativos que respetaron los precedentes del Consejo de Estado,
Corte Constitucional para los temas analizados tal y como se evidencia en
la providencia debatida, en el mismo sentido, las sentencias proferidas

24
Visto en los índices 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
25
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
10

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dentro del proceso contencioso administrativo no se enmarcan en ninguno
de los defectos o causales específicas de procedibilidad (…)”.

3.5. El consejero Luis Alberto Álvarez Parra, integrante de la Sala
Veintidós Especial de Decisión, rindió informe26 en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

Adujo que la decisión proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión
de esta Corporación se dictó con estricto apego al ordenamiento jurídico
y a la jurisprudencia consolidada en relación con la causal de revisión
propuesta, por lo que aseveró que, no existe una anomalía o equivocación
alguna que afecte la validez del fallo, incluido, lo atinente a la condena en
costas que se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255
de la Ley 1437 de 2011.

Explicó que “(…) lo pretendido por el accionante es propiciar una tercera
instancia del proceso ordinario, tal y como también se pretendió a través
de la interposición del medio excepcional de impugnación [recurso
extraordinario de revisión], porque se está en desacuerdo con lo decidido
en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto en el que
se ordenó que la pensión de sobrevivientes, causada por el señor Eduardo
Uribe Rincón, debía ser compartida entre las beneficiarias señora Hilda
Guzmán Gómez [cónyuge supérstite] y Gloria Esperanza Rodríguez
Ospina [compañera permanente supérstite], [50 % para cada una], así
como lo resuelto en el medio excepcional de impugnación (…)”.

3.6. La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, guardó
silencio.

26
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
26 de julio de 202427, declaró improcedente la solicitud de amparo por no
superar el requisito general de relevancia constitucional.

Para ello, analizó las providencias cuestionadas por la parte actora y
arguyó que “(…) los argumentos presentados por la solicitante no
acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino
que se encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de
conocimiento y esgrimen divergencias de carácter netamente legal y
probatoria. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que
motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco
legal y jurisprudencial aplicable al asunto (…)”.

Sostuvo que, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por
parte de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez
del amparo revise o evalúe la interpretación y alcance dado por el juez
natural del asunto. Agregó que la acción de tutela no es una instancia
adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo
impugnó28 reiterando, inicialmente, la situación fáctica expuesta en el
escrito de tutela.

Posteriormente, precisó que “(…) el erróneo fallo proferido por el
Magistrado Orlando Jaiquel anulando mi derecho adquirido 25 años atrás,
no es erróneo porque yo no esté de acuerdo con él, es erróneo porque es

27
Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
28
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

falso que la señora Rodríguez Ospina NUNCA fue compañera permanente
de mi esposo, NUNCA compartió lecho techo, lecho y mesa con él, y
menos aún convivió con él los cinco últimos años de la vida de mi esposo,
pues mi esposo no tenía la facultad de vivir en dos sitios a la vez. La
relación esporádica con la mujer Rodríguez Ospina, aunque generó prole,
no pasó de ser una relación esporádica que por ley no genera una relación
de efectividad análoga a la conyugal, por tanto, vale recordar que la mera
condición de padre en la vida de sus hijos no es prueba de un vínculo
afectivo o de dependencia con la madre, mucho menos cuando, como se
ha dicho, de las relaciones sexuales esporádicas no emanan derechos
patrimoniales o económicos (…)”.

Manifestó que “(…) la apelación contra el fallo del Tribunal, fue asignado
a la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, donde sin valorar apropiadamente
las pruebas y los argumentos de la apelación, confirmó la decisión
anterior, con la certeza errada y teniendo como pruebas sendas fotos y
declaraciones de personas interesadas. Ignorando pruebas tales como el
lugar donde falleció, que fue nuestro hogar hasta la fecha de su muerte,
o el hecho de que nunca registró a Esperanza Rodríguez como beneficiaria
de los servicios médicos ante el SENA, pero si a sus hijas
extramatrimoniales, o el hecho de que ella hubiese esperado 16 años para
inventarse una nueva historia, entre otras pruebas (…)”.

Subrayó que “(…) ya en el Consejo de Estado, agravando el daño causado
por estos injustos fallos, declara costas en favor de la señora Rodríguez
Ospina, victimizándome aún más. Sanción pecuniaria que se suma a la
deuda que se origina cuando Colpensiones siguió pagando la pensión de
acuerdo con las resoluciones originales y que yo recibí de buena fe,
obligación que suma TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($33.411.844,00),
dinero que por mi condición de vejez me es imposible pagar. Nunca pensé
que tenía que ahorrar de mi pensión para mantener a una señora que

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después de 16 años se ocurrió la idea de pedir pensión y menos aún que
iba a ser declarada co-esposa de mi marido (…)”.

Hizo énfasis en que la presente acción de tutela fue admitida mediante
auto del 8 de abril de 2024, “habiéndose superado la discusión de forma
sobre la procedencia de la tutela contra sentencia”, y que 4 meses
después de admitida “(…) el Magistrado (…) decide evadir el problema de
fondo y plantea nuevamente el problema jurídico en los siguientes
términos: “Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela
contra una sentencia que accedió a las pretensiones de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y otra sentencia que declaró
infundado un recurso extraordinario de revisión”. Problema jurídico que
va en contravía de lo señalado en el Auto Admisorio de la demanda
mencionado que ordenó ADMITIR (…) la acción de tutela (…), y termina
fallando precisamente sobre la procedencia de la tutela contra sentencia
(…) omitiendo el debate de fondo (…)”.

Insistió en que “(…) en este caso es evidente la afectación del derecho [al
mínimo vital] toda vez [que]: i) la proporción en la que disminuye la
pensión es muy alta, pues se trata de un 50% menos; ii) pasó mucho
tiempo hasta la reducción del monto de la pensión, lo cual generó unos
derechos adquiridos a continuar recibiendo la totalidad de la pensión,
además porque la señora GLORIA ESPERANZA nunca reclamó en el
momento oportuno; iii) yo ya soy una persona mayor de edad y con una
salud precaria, razón por la cual no dispongo de ningún otro medio u
oportunidad que me permita equiparar lo que venía recibiendo en razón
a la pensión; iv) mis obligaciones actuales y mi calidad de vida no me
permiten adecuarme a un nuevo estilo de vida con la mitad de los ingresos
que solía recibir, y por mi avanzada edad, no puedo adaptarme a ello; v)
la calidad y las condiciones de vida que tengo ahora fueron con ocasión
de la pensión recibida, motivo por el cual una disminución tan grande
afectaría gravemente mi entorno personal y familiar y mi estatus
socioeconómico (…)”.

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Reprochó que “(…) el Consejo de Estado en el recurso de revisión dejó de
considerar las pruebas presentadas por mi abogada, las cuales dejaban
en evidencia la falsedad de la presunta convivencia de esta señora con mi
esposo (…)”. Agregó que “(…) se limitaron a tomar como pruebas
únicamente las fotos y las declaraciones extrajuicio amañadas, sin
considerar las pruebas presentadas por mi abogada y por mi (…) y sin
ordenar pruebas de oficio (…)”.

Alegó nuevamente que, las autoridades judiciales accionadas “(…)
[omitieron] su obligación de probar la convivencia entre mi esposo y la
señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina, convivencia que nunca existió
y menos aún durante los últimos 5 años de vida de mi esposo como lo
exige la Ley 797 de 2003 (…)”.

Aseveró que “(…) los fallos de Sentencias tuteladas tienen relevancia
Constitucional, al elevar a derecho, la posibilidad de acceder a una
pensión, sin importar el paso de los años, a partir de fotografías borrosas,
de tiempos indeterminados y con la declaración extrajuicio de cualquier
“amigo” o “pariente interesado”. Sin desconocer el hecho de que la
Constitución de 1991 reivindicó a las compañeras permanentes, tal
condición tiene unos requisitos que la Ley determina taxativamente, pues
no cualquiera se puede arrogar tal condición. Sin ir más lejos e incluso
empleando las nuevas leyes sobre pruebas, debe recordarse que en las
mismas providencias se habla de fotografías defectuosas y borrosas, pero
aun así se les dio valor probatorio, aunque nadie confirmó si esa persona
que se veía allí era mi esposo o en qué momento fueron tomadas (…)”.

Adicionalmente, en el acápite denominado “V. SOLICITUD DE MEDIDA
PROVISIONAL”, la accionante solicitó nuevamente que se concediera “(…)
la medida provisional de suspensión de las decisiones judiciales
arbitrarias, injustas e irremediables, así como de los actos administrativos
derivados de tales decisiones, entre ellas la de COLPENSIONES, según
Resolución SUB 309742 del 8 de noviembre de 2023: Considerando las
exigencias de Colpensiones para que pague una suma de TREINTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
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CUATRO PESOS ($33.411.844), para mi exorbitante, por un fallo abusivo
y desproporcionado y estando demostrado que se vulneraron mis
derechos fundamentales, pese a mi condición de sujeto de especial
protección, mujer mayor de tercera edad, enferma y en tratamientos
médicos especializados (…)”.

5.2. Por auto proferido el 29 de agosto de 2024 se concedió la
impugnación29 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
del 20 de septiembre de 202430.

5.3. Por auto del 7 de noviembre de 202431, esta Sección dispuso negar
las solicitudes de pruebas y de medida provisional formuladas por la
accionante en el escrito de impugnación. Esta decisión fue notificada a las
partes e intervinientes el 19 de noviembre de 202432.

5.4. El 29 de enero de 2025, el Consejero de Estado Hernando Sánchez
Sánchez manifestó su impedimento33 para conocer del presente asunto
por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 6 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, por remisión del artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991, debido a que hace parte de la Sala Veintidós
Especial de Decisión del Consejo de Estado, autoridad judicial que profirió
la sentencia del 22 de noviembre de 2023, cuestionada en este trámite
tutelar.

29
Visto en el índice 42 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
30
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 01.
31
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 01.
32
Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 01.
33
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 01.
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199134, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201535, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 36, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201937 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

6.2.1. Frente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 03972
00/0138

6.2.1.1. La señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina, actuando por
conducto de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y de la señora

34
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
35
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
36
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
37
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
38
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00
17

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Hilda Guzmán Gómez, hoy accionante, con el fin de que se declarara la
nulidad de las Resoluciones nro. 0622 de 199339, nro. 001203 de 200640,
nro. 02313 de 200841 y nro. 02306 de 200842 expedidas por el SENA; así
como, las Resoluciones nro. 055600 de 2008, nro. 049232 de 2009 y nro.
00640 de 2010, expedidas por el extinto Instituto de Seguros Sociales –
ISS, mediante las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente solicitada.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión de sobreviviente con ocasión de la muerte del señor Eduardo
Uribe Rincón, en un monto correspondiente al 50% del valor reconocido
por el SENA.

6.2.1.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que, en sentencia
proferida el 21 de febrero de 2018 dispuso lo siguiente:

39
“Por medio de la cual el SENA reconoció una pensión de sobreviviente debido al
fallecimiento del señor Eduardo Uribe Rincón”.
40
“Por medio de la cual el SENA declara la pérdida de ejecutoria de las Resoluciones nro.
0622 de 1993 y nro. 01128 de 1999 y en consecuencia rebaja el monto de la pensión a
la diferencia entre lo que había pagado por dicha prestación y el valor que reconoció por
pensión de sobreviviente el ISS”.
41
“Por medio de la cual el SENA elevó el monto de la pensión de la señora Hilda Guzmán
Gómez en el 100% del valor de la pensión que venido pagando como diferencia pensión
SENA-ISS”.
42
“Por medio de la cual el SENA niega la solicitud de pensión presentada por la señora
Gloria Esperanza Rodríguez Ospina”.
18

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6.2.1.3. Inconforme con la anterior decisión, las demandadas
interpusieron recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de febrero de 2022, resolvió
lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral segundo de
la sentencia proferida el 21 de febrero de 2018, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de ordenar el pago
de la sustitución pensional en favor de la señora GLORIA ESPERANZA
RODRÍGUEZ OSPINA, se realice a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.

TERCERO.- Sin condena en costas en las dos instancias […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

19

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6.2.2. Frente al proceso del recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado nro. 110010315000202202384043

6.2.2.1. La señora Hilda Guzmán Gómez, actuando por conducto de
apoderada, interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia proferida el 10 de febrero de 2022 por la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado, pretendiendo lo siguiente:

“[…] 1. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022
por la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en el radicado nro. 25000
23 42 000 2015 03972 00/01, nro. Interno 3579-2018.

2. Que se declare que la señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina
(…), no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes del causante
Eduardo Uribe Rincón, por no haber probado la condición de
compañera permanente del mismo […]”.

6.2.2.2. La Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia del 22 de noviembre de 2023, resolvió
lo siguiente:

“[…] Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la señora Hilda Guzmán de Uribe por la
causal 7.ª del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia de 10 de
febrero de 2022 de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Condenar en costas, por el componente de agencias en
derecho, a la señora Hilda Guzmán de Uribe y en favor de la señora
Gloria Esperanza Ospina de Rodríguez, de acuerdo con lo expuesto
en esta sentencia.

Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria
de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas
a cargo del recurrente […]”. (Negrillas originales de la providencia).

43
visto en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103
15000202202384001100103.
20

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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

6.3. CUESTIONES PREVIAS

6.3.1. Frente a la manifestación de impedimento presentada por
el Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez

El Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez, manifestó su
impedimento para conocer del presente asunto con fundamento en la
causal establecida en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de
1991, atendiendo a que hace parte de la Sala Veintidós Especial de
Decisión del Consejo de Estado, autoridad judicial que profirió el fallo del
22 de noviembre de 2023 cuestionado en este trámite tutelar.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que “[l]os
impedimentos están instituidos en nuestra legislación como garantía de
la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el
desempeño de su labor” y “deben obedecer a criterios restrictivos y
dirigidos – teleológicamente – a la protección efectiva de la imparcialidad
de los jueces […]”44.

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “(…) en ningún caso
será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando
concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal
so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que
conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el
caso (…)” (Se destaca).

Por su parte, el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal prevé que son causales de impedimento “(…) 6. Que el funcionario
haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere
participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil,

44
Cita en providencia del 23 de abril de 2019. Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
11001-03-15-000-2018-00320-01.
21

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o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar
(…)”. (Se destaca).

A su turno, la Corte Constitucional ha señalado que “(…) la normatividad
aplicable y el desarrollo jurisprudencial en materia de impedimentos,
tienen la finalidad de garantizar un juez completamente imparcial al
momento de juzgar un asunto, por lo cual, se permite de forma
excepcional que el fallador competente se sustraiga del conocimiento de
un determinado asunto cuando este incurso en alguna de las causales de
impedimento establecidas por el legislador en el artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal (…)”45.

En este caso, la Sala encuentra fundado el impedimento teniendo en
cuenta que la presente acción de tutela se interpuso, entre otras, en
contra de la providencia dictada el 22 de noviembre de 2023 por la Sala
Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, en el recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado nro. 11001 03 15
000 2022 02384 00, la cual fue suscrita por el Consejero de Estado
Hernando Sánchez Sánchez al ser parte de la precitada sala especial, por
lo que se acredita el supuesto de la causal de impedimento alegada
consistente en que “el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso”.

Por lo señalado, la Sala declarará fundado el impedimento presentado por
el Consejero y, por ello, será separado del conocimiento del asunto.

6.3.2. Frente a la solicitud de desvinculación presentada por el
SENA

La Sala observa que, pese a que no fue objeto de impugnación, hay una
solicitud de desvinculación formulada por la coordinadora del Grupo de
Pensiones del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en su informe
rendido en primera instancia, que no fue resuelta por el a quo.

45
Auto 345A del 3 de agosto de 2016. Corte Constitucional. M.P. Alejandro Linares
Cantillo. Expediente T-5.209.892.
22

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Al respecto, la Sala advierte que dicha petición no es procedente,
comoquiera que el SENA fue vinculado al trámite tutelar por tener interés
en el resultado del proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, objeto de esta acción, fue promovida, entre
otros, en su contra.

6.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala confirmará lo decidido por la
Subsección C, Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia
proferida el 26 de julio de 2024, que declaró improcedente la acción de
tutela por no superar el requisito general de relevancia constitucional y
para ello se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego,
analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional46

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de

46
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
23

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 01569 01
Accionante: Hilda Guzmán Gómez

relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”47.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades48:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia49. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

47
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
48
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
49
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

6.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el segundo y el tercer criterio, estos son, (i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de meramente legales y/o económicos; e
(ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

6.4.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de
mera legalidad o de naturaleza económica

Frente a este elemento que compone la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional ha dicho que “(…) la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico. Según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es,
aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente
en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena
de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones” (…)”50. (Se destaca).

En ese sentido, anotó que “en tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea

50
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evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” 51. (Se destaca).

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.

En el asunto bajo examen, tanto en el escrito de tutela como en la
impugnación, la accionante reprocha que la sentencia que resolvió el
recurso extraordinario de revisión la haya condenado al pago de costas y
agencias en derecho, “agravando el daño causado”, razón por la cual, la
Sala advierte que, respecto a dicha inconformidad, la parte actora no
propuso un debate que verse sobre la afectación de algún derecho
fundamental, sino que motivó la presentación de este mecanismo
constitucional en una discusión meramente económica.

Por consiguiente, el segundo criterio de la relevancia no se cumple frente
a esta inconformidad, porque la discusión planteada por la parte actora
es de carácter netamente económico, comoquiera que alega que la
sentencia atacada no debió condenarla en costas ni en agencias en
derecho.

6.4.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces

En cuanto a este tercer elemento la Corte Constitucional ha dicho que52
“la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a

51
Ibidem.
52
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Bernal Pulido.
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la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza-
a problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento, esto es,
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

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Lo anterior, debido a que la petición de amparo está siendo utilizada por
la parte actora para reabrir el debate probatorio que se surtió, tanto en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como en el recurso
extraordinario de revisión, dado que su inconformidad, expuesta en esta
sede constitucional, está encaminada a controvertir la valoración que las
autoridades judiciales accionadas hicieron sobre las pruebas obrantes en
los respectivos expedientes, en tanto que alega que “(…) se limitaron a
tomar como pruebas únicamente las fotos y las declaraciones extrajuicio
amañadas, sin considerar las pruebas presentadas por mi abogada y por
mi (…) y sin ordenar otras pruebas de oficio (…)”53, y no tuvieron en
cuenta “(…) las declaraciones extrajuicio de los hermanos de mi esposo
(…)”54.

Ello, con el fin de insistir en que “(…) la señora Rodríguez Ospina NUNCA
fue compañera permanente de mi esposo, NUNCA compartió lecho techo,
lecho y mesa con él, y menos aún convivió con él los cinco últimos años
de la vida de mi esposo (…)”55, por lo que asevera que “(…) no tiene
derecho a la pensión de sobrevivientes del causante Eduardo Uribe Rincón
(…)”56, lo cual, ya fue objeto de análisis por el juez natural de la causa.

En esa medida, y comoquiera que la parte actora está utilizando la acción
de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural de la
causa, se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
aludida en precedencia, la petición de amparo no cumple con el tercer
criterio de la relevancia constitucional.

Ahora, sobre la presunta vulneración del derecho al mínimo vital
invocado, tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, la Sala
advierte que, si bien la accionante hizo una relación de sus gastos y

53
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
54
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
55
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
56
Ibidem.
28

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obligaciones, asignando un valor por concepto de servicios públicos,
impuestos, entre otros, lo cierto es que no allegó las pruebas
correspondientes que permitieran demostrar los gastos relacionados.

Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha indicado que le
corresponde a la parte actora demostrar la vulneración de su mínimo vital,
indicando qué necesidades básicas están siendo insatisfechas, pues “no
solo basta hacer una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo
vital, sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de
tutela tener la certeza de tal situación”57.

Finalmente, en cuanto al argumento expuesto en el escrito de
impugnación, referente a que “(…) superada la discusión sobre la
procedencia [de la tutela], el Magistrado (…), decide evadir el problema
de fondo y plantea nuevamente el problema jurídico (…). Problema
jurídico que va en contravía de lo señalado en el Auto Admisorio de la
demanda mencionado que ordenó ADMITIR (…) la acción de tutela (…), y
termina fallando precisamente sobre la procedencia de la tutela contra
sentencia (…) omitiendo el debate de fondo (…)” 58, la Sala estima
pertinente aclarar que en el auto del 8 de abril de 2024, por el cual se
admitió la presente solicitud de amparo, no se “discutió la procedencia”
de la tutela, tal como lo aseguró la accionante, esto, debido a que el
estudio de la procedencia es una cuestión que se analiza en el fallo de
tutela, tal como lo hizo el a quo. La admisión de la acción de tutela se
centra en verificar que el escrito cumpla con los requisitos señalados en
el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
porque no están cumplidos el segundo y tercer criterio que componen el
requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará el

57
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
58
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01569 00.
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fallo proferido el 26 de julio de 2024 por la Subsección C, Sección Tercera
del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez, atendiendo las razones
analizadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
coordinadora del Grupo de Pensiones del Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA.

TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de julio de 2024
por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo
explicado en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
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Accionante: Hilda Guzmán Gómez

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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