Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03972-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03972-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03972-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 250002342000201503972 01
No. Interno : 3579 - 2018
Demandante : GLORIA ESPERANZA RODRÍGUEZ OSPINA
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje y otros
Medio de Control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Pensión de Sobrevivientes
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011
Se desata el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia proferida el veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
por medio de la cual la Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2471 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
Gloria Esperanza Rodríguez Ospina, por intermedio de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad de las Resoluciones 0622 del 17 de marzo de 1993 por medio de la
cual el SENA, reconoció una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del
señor Eduardo Uribe Rincón; la Resolución 001203 del 20 de junio de 2006,
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“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si
el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite
recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual
dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar,
se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.
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No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
por medio de la cual el SENA declara la pérdida de ejecutoria de las
Resoluciones 0622 del 17 de marzo de 1993 y 01128 del 123 de octubre de
1999, “en consecuencia rebaja el monto de la pensión a la diferencia entre lo que
había pagado por dicha prestación y el valor que reconoció por pensión de
sobrevivientes el ISS”; la Resolución 02313 del 22 de agosto de 2008 a través
de la cual el SENA elevó el monto de la pensión a la señora Hilda Guzmán
Gómez en el 100% del valor de la pensión; la Resolución 02306 del 22 de
agosto de 2008, por la cual el SENA niega la solicitud de pensión presentada
por la demandante, el 20 de junio de 2008, y el Oficio con radicación No. 2 –
2013 – 006253 del 20 de mayo de 2013, por medio del cual el SENA niega el
reconocimiento de la pensión a la accionante presentada el 29 de abril de
2013.
De la misma forma, solicitó la nulidad de las Resoluciones 055600 del 25 de
noviembre de 2008, 049232 del 27 de octubre de 2009 y 00640 del 23 de
febrero de 2010, a través de las cuales el Instituto de Seguro Social, negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante, resolvió los
recursos de reposición y apelación, respectivamente; así como de la
Resolución 026161 del 26 de agosto de 2005, por medio de la cual el Instituto
de Seguro Social, hoy Colpensiones, le reconoció la pensión de sobrevivientes
a la señora Hilda Guzmán de Uribe y a Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, en
su condición de beneficiarias del causante, por cuanto dicha prestación
también fue negada a la demandante en su condición de compañera
permanente.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se les ordene a las entidades
demandadas, a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en forma
vitalicia a la demandante por la muerte del señor Eduardo Uribe Rincón, en su
condición de compañera permanente, a partir del 27 de diciembre de 1992, día
siguiente al fallecimiento, en el porcentaje equivalente al 50%, suma que
deberá incrementarse a favor de la demandante en 100%, en caso de fallecer
la señora Hilda Guzmán de Uribe, o viceversa. Así mismo solicitó el pago de
las mesadas pensionadas a favor de la demandante a partir del 24 de abril de
2010, se le apliquen los reajustes de ley, a que pague intereses de mora por
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No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
cada una de las mesadas pensionales reliquidadas y no canceladas, desde la
fecha que se originaron y hasta la fecha en que se lleguen a pagar en los
términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; se indexe los valores
adeudados conforme lo establece el artículo 187 del CPACA, y se condene
en costas a la parte demandada.
1.1. Hechos
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes (ff. 439 – 476):
El señor Eduardo Uribe Rincón, se vinculó como empleado público en el
SENA, quien estuvo vinculado para efectos de la pensión con el Instituto de
Seguros Social – ISS, desde el 3 de abril de 1967 hasta el 1 de enero de 1993.
Refirió que la señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina convivió con el señor
Eduardo Uribe Rincón como compañeros permanentes, constituyendo una
familia de hecho, compartiendo techo, mesa y lecho, desde marzo de 1973
hasta el día en que murió, 26 de diciembre de 1992, es decir, por más de 19
años. De dicha relación nació Claudia Fernanda Uribe Rodríguez (16 de julio
de 1976) y Adriana del Pilar Uribe Rodríguez (3 de julio de 1983), quienes junto
con la demandante dependían económicamente del causante.
Con ocasión del fallecimiento del señor Uribe Rincón, la demandante a nombre
de sus menores hijas, solicitó ante el SENA el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes en su favor.
Paralelo a la solicitud presentada por la demandante, la señora Hilda Guzmán
de Uribe, radicó petición de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
ante el SENA, en razón del fallecimiento del señor Uribe Rincón, quien era en
vida su cónyuge.
A través de la Resolución 0622 del 17 de marzo de 1993, el SENA resuelve la
petición de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a través de la cual
reconoció una pensión de jubilación post mortem en favor de la señora Hilda
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No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Guzmán de Uribe, en calidad de cónyuge supérstite en el 50% del valor de la
pensión, y el otro 50% se reconoció a favor de las hijas de la demandante, en
aplicación a las disposiciones de la Ley 12 de 1975. El SENA expide la
Resolución 01128 del 12 de octubre de 1999, mediante la cual declara
expirado el derecho reconocido en favor de Claudia Fernanda Uribe
Rodríguez, en su condición de hija del causante.
Señaló que “[e]l 10 de marzo de 2004 el SENA presentó ante el INSTITUTO DE
SEGURO SOCIAL – ISS – solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes
en razón de fallecimiento del señor EDUARDO URIBE RINCÓN a favor de la señora
HILDA GUZMÁN DE URIBE y la accionante la señora GLORIA ESPERANZA
RODRÍGUEZ OSPINA, en representación de sus hijas y para que luego de esto se
procediera a la realizar la COMPARTIBILIDAD de la pensión entre la reconocida por
el SENA frente al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL – ISS y por ello el SENA,
únicamente cancelaría la diferencia entre el valor de pensión que cancela el
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL – ISS – y la que venía reconociendo.”
El Instituto de Seguro Social resolvió la solicitud del SENA a través de la
Resolución 011372 del 26 de abril de 2005, mediante la cual reconoció una
pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Eduardo Uribe Rincón,
en favor de la señora Hilda Guzmán de Uribe y Adriana del Pilar Uribe
Rodríguez, a partir de marzo de 2000. Señaló que el SENA giró como
retroactivo de la pensión de sobrevivientes la suma de $92.039.120 que
corresponde a las mesadas desde el 19 de marzo de 2000 a 30 de abril de
2005.
El SENA desde el momento en que el ISS asumió el pago de la pensión de
sobrevivientes, inició el pago de la diferencia entre lo que venía reconociendo
por concepto de pensión de sobrevivientes y lo que reconoció el ISS por este
mismo concepto.
Con ocasión del reconocimiento de la pensión por parte del ISS, el SENA
expidió la Resolución 001203 del 20 de junio de 2006, por medio de la cual
declara la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 0622 del 17 de marzo
de 1993 y 01128 del 12 de octubre de 1999, en consecuencia, rebajó el valor
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Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
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de la pensión, al resultado entre lo que venía reconociendo por pensión de
sobrevivientes y la mesada que inició a reconocer el ISS por pensión.
Mediante derecho de petición del 9 de marzo de 2007, la señora Hilda Guzmán
de Uribe, en calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, solicitó
ante el SENA, el acrecimiento en el 100% del valor de la misma, ya que la hija
del causante, se le extinguió el derecho como pensionada. A través de la
Resolución 02313 del 22 de agosto de 2008, el SENA resuelve la anterior
solicitud, y elevó el monto de la pensión que ha venido pagando de la
diferencia entre el SENA – ISS, en el 100% del valor de la pensión. A la señora
Adriana del Pilar Uribe se le suspendió el pago de la pensión desde julio de
2008, fecha en que cumplió 25 años.
La demandante mediante derecho de petición radicado el 20 de junio de 2008,
solicitó ante el SENA el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes con
ocasión del deceso de su compañero permanente. El SENA mediante la
Resolución 02306 del 22 de agosto de 2008 resolvió, en forma negativa el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
De la misma forma, el demandante elevó solicitud de reconocimiento de
pensión de sobrevivientes ante el ISS, el 21 de diciembre de 2005, en su
condición de compañera permanente. El 22 de mayo de 2008 reiteró la
solicitud del reconocimiento prestacional. A través de la Resolución 055600
del 25 de noviembre de 2008, el ISS contestó en forma negativa la petición de
la demandante, “en razón a que el artículo 27 del Decreto 758 de 1990, estableció
que se reconocerá la pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge sobrevivientes
y, a falta de esta, se reconocerá a la compañera permanente y como quiera que el
presente caso existe la cónyuge, se le niega la pretensión a la compañera permanente
que es la accionante.” En contra de esta decisión, se interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, los que fueron decididos mediante las
Resoluciones 049232 del 27 de octubre de 2009 y 00640 del 23 de febrero de
2010, confirmando la decisión.
Nuevamente, la demandante eleva solicitud de reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, el 24 de abril de 2013 ante el SENA, el que fue decidido
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No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
mediante el Oficio No. 2 – 2013 – 006253 del 20 de mayo de 2013, negando
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por haber sido resuelta
mediante las Resoluciones 0622 de 1993 y 02306 de 2008.
1.2. Normas violadas
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 13, 42, 53 de la Constitución Política; 1 de la Ley 12 de 1975; 1 de
la Ley 33 de 1985; 47, 279 de la Ley 100 de 1993;
2. Contestación de la demanda
2.1. Por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Por intermedio de apoderado judicial, la entidad demandada se opuso a las
pretensiones de la demanda en escrito visible a folios 496 a 503 del expediente,
en el sentido de que las circunstancias de hecho y derecho carecen de sustento
fáctico y legal, motivo por el cual, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda.
Señaló que la demandante no acreditó cumplir a cabalidad con los requisitos
exigidos por la ley para acceder a la prestación reclamada, es decir, los
contenidos en el Decreto 758 de 1990. Alegó que, en el presente caso, se
presenta un conflicto entre beneficiarias, es decir, entre la cónyuge quien goza
de la sustitución pensional que es financiada en forma compartida entre las
entidades demandadas.
Refirió que mediante la Resolución 055600 del 25 de noviembre de 2008, le negó
la prestación solicitada. Alegó que teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento
del causante Eduardo Uribe Rincón, el 26 de diciembre de 1992, la norma a
aplicar es el Decreto 758 de 1990, que contempla como beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes de manera excluyente a la cónyuge, y a falta de esta,
a la compañera permanente.
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No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Propuso como excepciones el cobro de lo no debido, prescripción, buena fe,
compensación y no pago de intereses moratorios.
2.2. Por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
A través de apoderada judicial, el SENA contestó la demanda, mediante escrito
visible a folios 508 a 521 del expediente, en el cual se opuso a las pretensiones
de la demanda. Señaló, que la demandante presentó solicitud de reconocimiento
pensional en favor de sus hijas, es decir, no lo solicitó en su condición de
compañera permanente, condición que adujo ante el SENA, 15 años después
de haber sido reconocida la pensión a la cónyuge del causante y a las hijas.
Refirió que la pensión de jubilación del causante fue reconocida hace 23 años a
la cónyuge, “ya que la hoy accionante para ese momento NO lo solicito a pesar de
haber actuado dentro del procedimiento administrativo respectivo. La solicitud de
reconocimiento de la pensión la formuló por primera vez, 15 años después de haber sido
reconocida la pensión a la cónyuge e hijas extramatrimoniales, solicitud que le fue
negada por el SENA.”
Propuso las excepciones de falta de legitimación por activa para someter a
control de legalidad las Resoluciones 622 de 17 de marzo de 1993 y 001203 del
20 de junio de 2006, caducidad del medio de control, ineptitud sustantiva de la
demanda respecto a la nulidad del acto contenido en el oficio 2 – 2013 – 006253
del 20 de mayo de 2013.
Reiteró que la demandante, en el trámite de la actuación administrativa del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, actuó en representación de sus
menores hijas, y nunca alegó que había sido compañera permanente del
causante.
Señaló que a la beneficiaria de la pensión (cónyuge), es a quien le corresponde
controvertir la condición de compañera permanente que aduce la demandante a
efectos de que se pueda resolver la pretensión de la demanda.
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Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Manifestó que la pensión reconocida a la cónyuge del causante, mediante la
Resolución 0622 de 1993, fue sustituida por la pensión de sobrevivientes
reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, mediante la Resolución 026161 de
2005, con efectos fiscales a partir del 19 de marzo de 2000, fecha a partir de la
cual dejó de existir a cargo del SENA, dado el fenómeno de compartibilidad y por
lo mismo mediante la Resolución 001203 de 2006, se declaró su pérdida de
fuerza de ejecutoria.
Sostuvo que lo percibido por la cónyuge del causante por concepto de pensión
de jubilación, lo ha percibido de buena fe y no es reembolsable; además cuando
en 2008 la demandante le solicitó al SENA el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en su condición de compañera permanente, la pensión ya no
existía había sido sustituida por la pensión de sobrevivientes reconocida por el
ISS; y de reconocérsele el derecho a la demandante, existe se presenta el
fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales desde el 26 de
diciembre de 1992 al 24 de abril de 2010.
2.3. Por parte de la señora Hilda Guzmán de Uribe (cónyuge)
Mediante apoderado judicial, la señora Hilda Guzmán de Uribe, en su condición
de cónyuge del causante, mediante escrito visible a folios 529 a 533 del
expediente, contestó la demanda oponiéndose a la demanda, al considerar que,
para dar curso a la solicitud de reconocimiento de la pensión, se debe respetar
la vigencia de la ley, en el momento del fallecimiento, por lo que la norma vigente
era la Ley 758 de 1990, en donde a falta de cónyuge, la suple la compañera
permanente, por lo que al existir la cónyuge del causante, se hizo beneficiaria
del derecho.
Señaló que no tiene derecho por no haber cumplido con los requisitos exigidos
por la ley, conforme se hizo en el estudio jurídico que se hizo con base en las
peticiones y las que fueron resueltas mediante las resoluciones proferidas por
las entidades demandadas.
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Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Manifestó que la cónyuge acreditó en su oportunidad con la partida de
matrimonio, y la convivencia con el causante, bajo el mismo techo y lecho, la hizo
beneficiaria de la pensión de jubilación en sustitución, en donde la demandante
no hizo la solicitud, sino acudió solamente como representante de sus hijas
menores, en el reconocimiento de la pensión y en el pago de las prestaciones
por muerte. Mencionó que la cónyuge acreditó pagar los gastos del funeral, razón
por la cual, el SENA ordenó el reconocimiento y pago de la suma reclamada por
dicho concepto.
Propuso como excepciones cobro de lo no debido y buena fe.
3. Fijación del litigio
En la audiencia inicial llevada a cabo el 16 de febrero de 2017, se estableció
como litigio, el determinar si la señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina en
calidad de compañera permanente, tiene derecho al reconocimiento de la
sustitución pensional, causada por el señor Eduardo Uribe Rincón (Q.E.P.D.)
quien falleció el día 26 de diciembre de 1992, la cual fue reconocida a la señora
Hilda Guzmán de Uribe como cónyuge supérstite, desde el año 1993, y en caso
afirmativo, establecer la fecha a partir de la cual procedería el pago.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia proferida
el 21 de febrero de 2018, declaró la nulidad de las Resoluciones 2306 del 22 de
agosto de 2008, 55600 del 25 de noviembre de 2008, 49232 del 27 de octubre
de 2009 y 00640 del 23 de febrero de 2010 y el Oficio No. 2 – 2013 – 006253 del
20 de mayo de 2013, a título de restablecimiento del derecho, se le ordenó al
SENA y a la Colpensiones, reconocer la pensión de sobrevivientes a la
demandante en forma compartida con la cónyuge, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta que el derecho pensional en principio fue reconocido
desde el fallecimiento del causante (27 de diciembre de 1992) y en un
porcentaje equivalente al 50% para la señora Hilda Guzmán de Uribe y el
50% restante dividido en partes iguales para sus menores hijas Claudia
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Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Fernanda y Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, hasta la fecha en que
alcanzaron los 25 años de edad, se habrá de incluir a la señora Gloria
Esperanza Rodríguez Ospina a partir de dicha fecha, de la siguiente
manera:
Hilda Guzmán de Uribe 25%
Claudia Fernanda Uribe Rodríguez 25%
Adriana del Pilar Uribe Rodríguez 25%
Gloria Esperanza Rodríguez Ospina 25%
Ahora bien, y como quiera que mediante Resolución N° 2313 del 22 de
agosto de 2008, el SENA dispuso a partir del 4 de julio de 2008, acrecer en
un 100% la mesada pensional en favor de la señora Hilda Guzmán de Uribe,
por extinción del derecho pensional de las hijas del causante, se modificará
el porcentaje asignado a las beneficiarias, reconociendo en favor de la
señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina un 50% y de la señora Hilda
Guzmán de Uribe el 50% restante. Precisando así mismo, tal y como se dijo
en precedencia, que el pago causando por la demandante tendrá efectos
fiscales a partir del 11 de agosto de 2012 por prescripción trienal.
Es necesario señalar que en caso de fallecimiento de alguna de las
beneficiarias dicha prestación acrecerá en favor de la sobreviviente hasta
completar el 100% de la misma.
Resulta igualmente importante precisar, que como quiera que la señora
Hilda Guzmán de Uribe, ha venido percibiendo la sustitución pensional
desde la fecha de fallecimiento del causante, no se ordenará el reintegro de
las sumas pagadas en exceso por haber sido percibidas de buena fe.
TERCERO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO.- El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, deben aplicar a las sumas que
resulten a favor de la accionante, la indexación a que se refiere el último
inciso del artículo 187 del C.P.A.C.A., aplicando la formula explicada en la
parte motiva de este proveído.
(…).”
Encontró el a quo que teniendo en cuenta que el causante estuvo vinculado al
SENA y, además, realizó sus cotizaciones pensionales al ISS, hoy Colpensiones,
podía ser pensionado por dicha entidad una vez cumplidos los requisitos, y
seguir cotizando al ISS, a fin de cumplir igualmente las exigencias impuestas,
por lo que una vez satisfechos los requerimientos del ISS, éste reconoce una
pensión que entra a sustituir la asignación que se venía percibiendo por parte del
SENA, quien solo puede sustraerse de sus obligaciones en caso de que la
mesada reconocida por el ISS, sea igual o inferior a lo pagado, de lo contrario,
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Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
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debe asumir las diferencias a fin de no desmejorar las condiciones del
pensionado.
Analizó la prueba testimonial recepcionada en el expediente junto con las
documentales allegadas en el curso de la primera instancia, para concluir que
como el causante falleció el 26 de diciembre de 1992, fecha anterior a la
expedición de la Ley 100 de 1993, y en razón a que la cónyuge como la
compañera permanente aportaron pruebas suficientes para acreditar el derecho
a la sustitución pensional, hizo alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
para considerar que si bien las normas aplicables al caso restringen el derecho
de la compañera permanente, en caso de existir cónyuge supérstite, desde la
Constitución de 1991, se protege la familia, sin importar su conformación, por lo
que acoge la tesis, dando aplicación a los principios constitucionales.
Consideró que la demandante, en su condición de compañera permanente, tenía
derecho a la sustitución pensional pretendida en forma compartida con la
cónyuge del causante, en razón que dentro del expediente se estableció que
convivió por espacio de 12 años hasta la fecha del deceso, motivo por el cual
declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes.
Señaló que la demandante solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional
el 27 de mayo de 2008 y 20 de junio de 2008, las que fueron decididas mediante
las Resoluciones 2306 del 22 de enero de 2008 por parte del SENA y 55600 del
25 de noviembre de 2008, por Colpensiones, y desatados los recursos mediante
las Resoluciones 49232 del 27 de octubre de 2009 y 00640 del 23 de febrero de
2010, y por haber transcurrido más de 13 años cuando se radicó la demanda,
para efectos de la prescripción, tuvo en cuenta la presentación del libelo de la
demanda, esto es, el 11 de agosto de 2015, para el reconocimiento de la
prestación en cabeza de la demandante. Para tal efecto, el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, la ordenó a partir del 27 de diciembre de 1992, día
siguiente al fallecimiento del causante, pero con efectos fiscales a partir del 11
de agosto de 2012, por prescripción trienal.
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Demandado: SENA y otro
5. Recurso de apelación
5.1. Por parte de Colpensiones
El apoderado de Colpensiones, mediante escrito visible a folios 646 a 648 del
expediente, interpuso recurso de apelación, para que se revoque la decisión
de primera instancia.
Alegó que la entidad analizó el caso y mediante la Resolución 055600 del 25
de noviembre de 2008, negó la prestación, y en la parte considerativa plasma
las razones jurídicas por las cuales no se posible sustituir la pensión en la
demandante.
Señaló que teniendo en cuenta la fecha del deceso, 26 de diciembre de 1992,
la norma aplicar, es el Decreto 758 de 1990, que contempla como beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes, de manera excluyente a la cónyuge, y a falta
de esta, a la compañera permanente, es decir, solo en el evento en que falte
la cónyuge, tendrá derecho la compañera permanente, por lo que la norma no
contempla convivencia simultánea.
5.2. Por parte del SENA
A través de apoderado judicial, el SENA en escrito visible a folios 649 a 651
del expediente, formuló oposición a la sentencia de primera instancia, en el
sentido de que se revoque, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda.
Señaló que el SENA obró conforme a las normas vigentes para la fecha del
reconocimiento de la pensión de jubilación post mortem causado por el
fallecimiento del señor Eduardo Uribe Rincón, es decir, lo establecido en la Ley
12 de 1975, teniendo en cuenta que el deceso se produjo el 26 de diciembre
de 1992, momento en que no se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, que
consagró la pensión de sobrevivientes, motivo por el cual la prestación fue
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Demandado: SENA y otro
reconocida en un 50% en favor de la cónyuge supérstite y el otro 50% en favor
de las menores hijas del causante, representadas por la demandante.
Alegó que el SENA reconoció la pensión post mortem a las personas que
demostraron el derecho conforme a las normas vigentes, en donde nunca se
puso en duda la convivencia de la cónyuge, sino 15 años después de su
fallecimiento, cuando los testimonios no pueden ser apreciados de la misma
forma, por el transcurso del tiempo, motivo por el cual, los actos administrativos
deben seguir gozando de presunción de legalidad.
Reiteró que la demandante no alegó en su oportunidad tener mejor o igual
derecho que la cónyuge, solicitando exclusivamente la sustitución pensional
que se radicara en cabeza de sus menores hijas.
Manifestó que, si bien los derechos pensionales son imprescriptibles, “también
lo es que por seguridad jurídica y presupuestal, no se puede dar paso al cumplimiento
del fallo en los términos en que se dictó, aplicando la ley o la jurisprudencia de manera
retroactiva y castigarse al SENA con unas nulidades que no demuestran su actuar
contrario a la ley, carente de buena fe, y que lo castigan con el pago de un retroactivo
a partir del 11 de agosto de 2012, cuando el 100% de la pensión post mortem
reconocida la viene percibiendo la cónyuge supérstite hasta la fecha (…).”
5.3. Por parte de la señora Hilda Guzmán de Uribe (cónyuge)
Mediante apoderado judicial, la cónyuge supérstite apeló la decisión de
primera instancia mediante memorial visible a folios 652 a 659 del expediente,
en el cual solicita se revoque la decisión y se nieguen las pretensiones de la
demanda.
Alegó que no quedó demostrado que la demandante vivía con el causante, en
convivencia simultánea por un tiempo superior a 15 años, por cuanto solo
existe un testimonio que así lo afirma, y respecto al testimonio de la hija, esta
solo contaba con 9 años de edad, cuando ocurrió el fallecimiento, razón por la
cual no entendía lo que pasaba.
14
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Señaló que la cónyuge fue quien se hizo cargo de las exequias, y quien acudió
al SENA para que le cancelaran los gastos efectuados y le reconoció la
pensión. Manifestó que la demandante dejó pasar 15 años y no realizó ninguna
solicitud, pues era conocedora que el causante convivía con la cónyuge.
Sostuvo que los dineros percibidos con ocasión del reconocimiento de la
pensión por sustitución, fueron recibidos con base en lo ordenado por el
ordenamiento jurídico, para la época de los hechos, razón por la cual no hay
lugar a que los devuelva.
Refirió que entre el causante y la cónyuge supérstite compartieron techo y
lecho, por lo que su vínculo siempre estuvo vigente, y como prueba de ello es
que falleció en la casa de habitación, motivo por el cual no se encuentra
acreditado la convivencia marital real y permanente durante los últimos años
anteriores al fallecimiento con la demandante. De la misma forma señaló que
la demandante no convivía con el causante, por ello no solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional, una vez se produjo el deceso.
Alegó que la norma aplicable para el caso es el Decreto 758 de 1990, aplicable
para la fecha del deceso, por lo que se deben respetar los actos
administrativos demandados
6. Alegatos de conclusión
6.1. Por parte del SENA
Mediante apoderado judicial, el SENA a través del escrito visible a folio 694 a
696 del expediente, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en el cual solicitó se revoque la decisión de primera instancia, en
cuanto los actos fueron expedidos conforme a las normas vigentes.
Reiteró que, por seguridad jurídica y presupuestal, no se puede cumplir el fallo
en los términos en que se dictó, y castigarse al SENA con unas nulidades que
no demuestran su actuar contrario a la ley, carente de buena fe, cuando el
15
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
100% de la pensión post mortem reconocida la viene percibiendo la cónyuge
supérstite.
6.2. Por parte de la señora Hilda Guzmán de Uribe (cónyuge)
Mediante apoderado judicial, la cónyuge supérstite presentó alegatos de
conclusión en el curso de la segunda instancia, mediante memorial visible a
folios 697 a 701 del expediente, en el cual solicita se revoque la decisión y se
nieguen las pretensiones de la demanda, con los mismos argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
6.3. Por parte de la demandante
El apoderado de la parte demandante, mediante escrito visible a folios 702 a
705 del expediente, a través del cual solicitó se confirme la decisión de primera
instancia, en cuanto está demostrado la convivencia real y efectiva de la
demandante con el causante como compañera permanente, por más de 12
años, desde 1973, con quien compartió mesa, techo y lecho, y dependía
económicamente del causante, conforme lo estableció el a quo de acuerdo a
las pruebas documentales y los testimoniales, las cuales no fueron objetadas.
Señaló que, los testimonios dan cuenta de la existencia de la relación y
convivencia como verdadera familia y pareja, y en donde la demandante
dependía económicamente del causante. Se refirió a la declaración rendida
por Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, hija de la demandante con el causante,
de quien sostuvo que fue testigo de que su padre se comportaba como esposo,
estaba presente cotidianamente, quedándose en la casa, acompañándola al
colegio, compartiendo cumpleaños, navidades, año nuevo, etc.
Sostuvo que el derecho a la pensión se consolidó por medio de la Ley 12 de
1975, directamente por el SENA, por medio de diferentes actos, y el ISS
asumió la financiación de la pensión, por medio de la figura de la pensión
compartida, en la cual, una misma prestación, se financia en el tiempo por
16
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
medio del reconocimiento de otra pensión, sustituyendo en la obligación
parcial o total.
7. Concepto del Ministerio Público
Vencido el término concedido mediante auto del 4 de diciembre de 2018 (f.
687), el agente del Ministerio Público se abstuvo de realizar pronunciamiento
alguno.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso3, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en
los recursos de apelación.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo
los motivos de oposición aducidos por las partes demandadas en el recurso
de apelación, la controversia gira en torno a determinar si la demandante le
2
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.
3
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.
17
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente en su
condición de compañera permanente del señor Eduardo Uribe Rincón
(q.e.p.d.).
En caso afirmativo, se entrará a determinar si la efectividad de la sustitución
de la pensión a favor de la demandante deberá realizarse a partir de la fecha
establecida en la sentencia apelada como lo dispuso el a quo, o en momento
diferente como lo solicitó la entidad apelante para evitar un pago doble de la
prestación.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia proferida
el 21 de febrero de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda, ordenó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante en su condición
de compañera permanente, en forma compartida con la cónyuge supérstite y las
hijas del causante en un porcentaje equivalente al 25% desde el momento en
que ocurrió el deceso (27 de diciembre de 1992), y teniendo en cuenta que con
posterioridad se incrementó la parte de la cónyuge en un 100% por extinción del
derecho pensional de las hijas, se modificará el porcentaje asignado
reconociendo en favor de la cónyuge y la compañera permanente, en partes
iguales (50%), y con efectos fiscales a partir del 11 de agosto de 2012.
2.3. Análisis de la Sala
Dentro de nuestro ordenamiento legal, el régimen de sustitución pensional
tiene por objeto principal el proteger a la familia y los derechos fundamentales
de quienes compartían de manera más cercana su vida con el causante, y que
entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte de un pensionado de
quien dependía su sustento. Es decir, atiende la contingencia derivada por el
deceso del trabajador, con el objetivo de cubrir no solo la ausencia repentina
de la persona, sino el apoyo económico que le daba al grupo familiar, y con el
fin de evitar un cambio de las condiciones de subsistencia de las personas
beneficiarias de la prestación.
La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión
18
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
de sobrevivientes; en las que ha destacado que su creación tiene por objeto
principal proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes
compartían de manera cercana su vida con el causante, y que entran a
soportar las cargas económicas, ante la muerte del pensionado, de quien
dependía el sustento familiar. Dijo la Corte, en la sentencia T-701 de 22 de
agosto de 2006:
“La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de
sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al
trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por
el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la
desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de
una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar
individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.”.
El artículo 3 de la Ley 71 de 19884 extendió las previsiones de las Leyes 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, sobre sustitución pensional en
forma vitalicia al conyugue supérstite, al compañero o compañera permanente,
a los hijos menores o inválidos, a los padres, o a los hermanos inválidos que
dependan económicamente del pensionado fallecido.
Por su parte, los artículos 5 y siguientes del Decreto 1160 de 1989,
reglamentario de la Ley 71 de 1988, estableció la procedencia de la sustitución
del derecho pensional, los beneficiarios, la cuantía, el porcentaje
correspondiente de acuerdo con el orden sucesoral, y la forma de probar la
calidad bajo la cual se acude, en los siguientes términos:
“Artículo 5º Sustitución pensional. Hay sustitución pensional en los
siguientes casos:
a). Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez;
b). Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o trabajador
del sector público después de haber completado el tiempo de servicios
requerido por la ley, convenciones o pactos colectivos para adquirir el
derecho a la pensión de jubilación.
4
Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones,
19
No. Interno: 3579 – 2018
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Demandado: SENA y otro
Artículo 6º Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndese las
previsiones sobre sustitución pensional:
1o. En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente {y a falta de éste}, al
compañero o a la compañera permanente del causante.
{Se entiende que falta el cónyuge:
a). Por muerte real o presunta;
b). Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;
c). Por divorcio del matrimonio civil.}5
2o. A los hijos menores de 18 años, inválidos o cualquier edad y
estudiantes de 18 años o más de edad, que dependan económicamente
del causante mientras subsistan las condiciones de minoría de edad,
invalidez o estudios.
3o. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente o hijos con
derecho, en forma vitalicia a los padres legítimos, naturales y adoptantes
del causante que dependan económicamente de éste.
(…).
Artículo 8º Distribución entre beneficiarios de la sustitución
pensional. La sustitución pensional se distribuirá entre los beneficiarios
así:
1o. El 50% para el cónyuge sobreviviente o compañero o compañera
permanente del causante y el otro 50% para los hijos de éste, distribuido
por partes iguales.
2o. A falta de hijos con derecho, se sustituirá la totalidad de la pensión, al
cónyuge sobreviviente o al compañero o compañera permanente del
causante. (…)
Parágrafo. Cuando falte alguno de los beneficiarios del respectivo orden
por extinción o pérdida del derecho, la parte de su pensión acrecerá a la
de los demás, en forma proporcional.”
(…)
Artículo 14. Prueba del estado civil y parentesco. El estado civil y
parentesco del beneficiario de la sustitución pensional, se comprobará
con los respectivos registros notariales o en su defecto con las partidas
eclesiásticas y demás pruebas supletorias.”
Lo anterior guarda relación con lo dispuesto en el artículo 7 ibidem, que
establece las causales por las que la cónyuge supérstite pierde el derecho a
la sustitución pensional, a saber: i) cuando se haya disuelto la sociedad
5
Apartes entre corchetes, declarados vigentes por el Consejo de Estado, mediante Auto del 30 de marzo de 1995 y
Sentencia del 10 de octubre de 1996, Expediente No. 11223, Magistrado Ponente, Dra. Dolly Pedraza de Arenas.
20
No. Interno: 3579 – 2018
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Demandado: SENA y otro
conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos; ii) cuando en el
momento del deceso del causante no hiciere vida en común, salvo el caso de
hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin
justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, lo cual se debe
demostrar con prueba sumaria. De igual forma, dispuso que en caso de que el
causante tuviera hijos menores de edad, estos concurrirían en un 50% con la
cónyuge o con la compañera permanente, en las proporciones consagradas
en el artículo 8 ibidem.
Las disposiciones anteriores establecen las reglas a través de las cuales se
permite a la cónyuge supérstite reclamar la sustitución de la pensión causada
por el causante, y determina con claridad que la compañera permanente
tendrá derecho a la prestación cuando faltare la cónyuge, es decir, hay una
exclusión entre una y otra, prefiriendo a la esposa del finado frente a la
compañera.
Esta Corporación, mediante sentencia el 20 de septiembre de 2018, con
ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez6, analizó la evolución
jurisprudencial con relación al reconocimiento y protección que hizo la
Constitución, la ley y la jurisprudencia, respecto a los derechos de las personas
que, sin estar vinculadas por el matrimonio civil o religioso, hicieron vida
marital, así:
“(…)
60. Así, antes de la expedición de la Constitución de 1991, se presentó un rasgo
jurídico muy importante en el cambio de concepción del vínculo
extramatrimonial y de sus efectos patrimoniales, esta es, la Ley 54 de 19907,
que determinó en el artículo 1º, que «para todos los efectos civiles, se
denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer,
que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular.
Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y
compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión
marital de hecho.» quienes podrán conformar una sociedad patrimonial en los
términos del artículo 2º de la misma codificación.
61. Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C-081 de
6
Expediente No. 68001-23-31-000-2010-00833-01 (3617 – 2015) Demandante: Ana Belén Lancheros Cepeda.
7
«Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes.»
21
No. Interno: 3579 – 2018
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19998, que en múltiples jurisprudencias ha considerado que la Carta Política de
1991 estableció un marco jurídico constitucional que reconoce y protege tanto
a la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que ésta última, esté
formada por la voluntad de un hombre y una mujer de conformarla, que lo hagan
de manera responsable, seria y asumiendo las obligaciones que implica
constituir parte de un grupo familiar.
62. Ahora bien, la situación reconocida por la Carta en el artículo 42 sobre la
familia extramatrimonial, es a su vez, reafirmada por la legislación, por el
derecho comparado y aún por la jurisprudencia colombiana, penal, civil, laboral
o contencioso administrativa, en cuanto aceptan y reconocen las diferentes
formas de relaciones familiares extramatrimoniales y ordenan darle un
tratamiento igual al que se le otorga a la familia matrimonial. Ese tratamiento
de igualdad, previsto por la Carta, es una preceptiva de aplicación directa y no
programática, por cuanto el constituyente no exige un desarrollo por parte del
legislador, como sí lo obliga en otros aspectos normativos contenidos en
Constitución de 1991, para dar protección y reconocimiento a las diversas
estructuras familiares que asumen en el mundo contemporáneo las diversas
modalidades de orden filial o sanguíneo.
63. En este orden de ideas, sentenció la Corte, que la unión marital de hecho,
esto es, la comunidad familiar constituida por un hombre y una mujer, y forma
una familia que merece reconocimiento jurídico y social, siempre y cuando
acredite los elementos básicos de permanencia y estabilidad por lo que es
innegable, que faltando tan solo la formalización de su vínculo conyugal, deban
recibir un tratamiento jurídico equiparable o semejante por muchos aspectos al
que merece la unión conyugal.
64. Luego, con la expedición de la Carta Política de 1991, se estableció en el
artículo 489 que la Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio y un derecho irrenunciable, de tal manera que, por la estructura de
este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva
ejecución. Por lo tanto, los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivencia, edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el
capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, serán los
establecidos por las disposiciones normativas del Sistema General de
Seguridad Social.
65. La Sala precisa, que el sistema de sustitución pensional de que trataba la
Ley 12 de 1975, artículo 1º, fue derogado de manera tácita por el de pensión
de sobrevivientes contenido en los artículos 46 a 49 y 73 a 78 de la Ley 100 de
1993; por tanto, en la actualidad no se habla de la sustitución pensional, pues
dentro del Sistema de Seguridad Social Integral establecido en la Ley 100 de
1993 que entró a regir el 1º de abril de 1994, por mandato de su artículo 151,
con el mismo propósito se consagró la pensión de sobrevivientes.
66. En efecto, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, señaló que la pensión de
sobrevivientes no solamente se obtiene en el caso del fallecimiento del
pensionado sino también en el evento en que el causante que fallezca hubiera
cotizado al sistema por lo menos 26 semanas, en ese momento, o habiendo
dejado de cotizar, efectuara aportes por 26 semanas en el año inmediatamente
8
C-081 de 1999. M.P. Dr. FABIO MORON DIAZ. Sentencia mediante la cual se declararon exequibles las expresiones
“...la compañera o compañero permanente supérstite…”, de los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993.
9
Adicionado desde el inciso 7º en adelante por el Acto Legislativo No. 01 de 2005.
22
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
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anterior. Posteriormente, esta normativa fue modificada por el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003 y a partir de la misma exige una cotización de 50 semanas
dentro de los tres años anteriores al fallecimiento.
67. Así mismo, el artículo 47 ibidem, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 200310, determinó los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia así: «a)
En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.11» (Negrillas fuera de texto)
68. Conforme a la norma transcrita, se tiene que, para acceder a la pensión de
sobrevivencia, el o la cónyuge o compañera(o) permanente, deberá acreditar
el cumplimiento de los siguientes presupuestos: i) Que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte; y ii) Que convivió con el fallecido, no
menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte.
69. Al respecto, el Consejo de Estado mediante sentencia de 24 de febrero de
201512, reconoció una sustitución pensional, hoy llamada pensión de
sobrevivientes, a la cónyuge supérstite, estableciendo que tal reconocimiento
dependerá, en cada caso, de los hechos que acrediten los interesados para
acceder al beneficio, quienes tienen el deber de ejercer una adecuada actividad
probatoria para tal fin, atendiendo los derecho fundamentales consagrados en
los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, todas aquellas garantías
atinentes a la Seguridad Social comprenden tanto al cónyuge como al
compañero o compañera permanente en igualdad de condiciones; en esa
medida cuando se presente conflicto entre los posibles titulares del derecho a
la sustitución debe valorarse i) el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva,
la comprensión y la vida en común al momento de la muerte y ii) la dependencia
económica de las potencialmente beneficiarias, para efectos del
reconocimiento de la prestación13.
70. La Sección Segunda de ésta (sic) Corporación, ratificó el anterior criterio en
sentencia del 1° de diciembre de 201614, en la que indicó que serán
determinantes para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
atendiendo la convivencia de familia, apoyo, auxilio, socorro y solidaridad.
71. Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencias C-1035 de 2008 y C-
658 de 2016, estableció que el objeto de la pensión de sobrevivientes es
proteger a los miembros de dicho grupo del posible desamparo al que se
pueden enfrentar por razón de la muerte del causante, en tanto antes del
10
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
11 Texto subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 2003.11
12
Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
13
Consultar entre otras decisiones, la sentencia de 12 de junio de 2014, proferida dentro del proceso identificado con el
número 540012331000200301297 01 (2336-2013). En esa oportunidad la Sala examinó el caso de una compañera
permanente que convivió con el causante durante un lapso no inferior a 38 años debidamente acreditados, a quien le fue
negado el reconocimiento de la sustitución pensional en tanto el pensionado mantenía vigente una unión conyugal.
14
Expediente 66001-23-33-000-2013-00309-01(0399-16), Consejera Ponente Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez
23
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Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
deceso dependían económicamente de aquél15 y por ello, «las características
que definen la existencia de un vínculo que da origen a la familia están
determinadas por la vocación de permanencia y fundadas en el afecto, la
solidaridad y la intención de ayuda y socorro mutuo, como lo dispone el artículo
42 de la Carta.»16
72. Además, frente al requerimiento estudiado, dicha Corporación ha sostenido
que la finalidad de dicha figura, es beneficiar a quienes realmente compartían
vida con el causante, pues como se ha mencionado, la pensión de
sobrevivientes busca proteger a quien ha convivido permanente, responsable
y efectivamente con el pensionado, de manera que se ampara la comunidad
de vida estable y permanente, por oposición a una relación fugaz y pasajera17.
73. Asimismo, es necesario tener en cuenta que la aplicación e interpretación
la normatividad anteriormente citada, debe hacerse atendiendo lo previsto en
la Constitución Política de 1991, a partir de la cual tomó especial importancia,
bajo un marco de igualdad jurídica y social, la familia constituida por vínculos
naturales, de manera que para efectos de logar su protección resulta irrelevante
que su origen o fuente de conformación sea el matrimonio o unión de hecho,
conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional18.
(…)
77. Conforme a lo expuesto, se tiene que valorar el auxilio o apoyo mutuo, la
convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la
muerte, que son los factores que legitiman el derecho reclamado, así como la
dependencia económica de las personas potencialmente beneficiarias, por lo
que resultaría inapropiado, que hoy en día, las altas cortes y en fin, la rama
judicial, tome decisiones retrógradas por llamarlas de alguna manera, y negar
un derecho prestacional a una persona de la tercera edad, con fundamento en
la aplicación de disposiciones positivas que han sido interpretadas ante los
cambios sociales y familiares del mundo contemporáneo de una manera más
garantista, pues se debe recordar, que la pensión de sobrevivientes se
enmarca dentro del derecho a la seguridad social y tiene como finalidad
primordial, la de satisfacer la necesidad de subsistencia económica que
persiste para quien sustituye a la persona que disfrutaba de una pensión o tenía
derecho a su reconocimiento una vez producido el fallecimiento de ésta, en
razón a la desprotección que se genera por ésa misma causa.
78. Así las cosas, y de acuerdo con lo expuesto a lo largo de ésta providencia,
no es posible que en nuestros tiempos, se excluya a la compañera permanente
del beneficio prestacional en sustitución, así como tampoco es dable relegar a
la cónyuge supérstite cuando por ejemplo contrajo nuevas nupcias o estaba
separada de hecho del causante, razón por la cual, cuando concurren ambas
en la vida del pensionado o de quien había alcanzado el status pensional sin
reconocimiento, deberá reconocerse la pensión de sobrevivientes, de acuerdo
con las reglas expuestas en precedencia, y conforme a la proporción que éstas
15
Sentencias T-043 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-177 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-089 de
2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, T-606 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-424 de 2004 (MP. Álvaro
Tafur Galvis), T-1283 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
16
Sentencia C-1035 de 22 de octubre de 2008.
17
T-566 de octubre 7 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-080 de febrero 17 de 1999, M. P. Alejandro Martínez
Caballero; T-425 de mayo 6 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-921 de noviembre 17 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
18
C-595 de 1996, T-660 de 1998, entre otras.
24
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han fijado, veamos19:
Modalidad de la
Beneficiario Condiciones
pensión
Cónyuge o
compañero Edad cumplida al momento del
permanente fallecimiento y demuestre vida marital Vitalicia
mayor de 30 durante los 5 años anteriores a la muerte.
años de edad.
Cuota parte
Compañero Sociedad anterior conyugal no disuelta y proporcional al
permanente derecho a percibir tiempo de
convivencia
Cónyuge y
Convivencia simultánea durante los 5
Compañero Partes iguales
años anteriores a la muerte.
permanente
Cónyuge con Inexistencia de convivencia simultánea,
Cuota parte
separación de acreditación por parte del cónyuge de la
proporcional al
hecho y separación de hecho, compañero
tiempo de
Compañero permanente con convivencia durante los 5
convivencia.
permanente años anteriores a la muerte.
Cónyuge o
compañero
Temporal
permanente No haber procreado hijos con el causante.
-20 años-
menor de 30
años de edad.
Cónyuge o
compañero Haber procreado hijos con el causante y
permanente demuestre vida marital durante los 5 años Vitalicia
menor de 30 anteriores a la muerte.
años de edad.
(…).”
De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto para la época del fallecimiento del
causante de la pensión de jubilación, esto es, al 26 de diciembre de 1992, la
normatividad prefería en materia de sustitución pensional a la cónyuge
supérstite sobre la compañera permanente, se debe tener en cuenta el cambio
jurisprudencial a través del cual se revindicó a la compañera permanente del
causante, con quien compartió obligaciones recíprocas propias de una relación
marital (afecto, apoyo, socorro personal, afectivo y económico), también le
deben corresponder derechos, como ocurre en éste caso, sobre los
prestacionales, en cuanto habrá que reconocer la sustitución de la pensión en
favor de quien demuestre haber cumplido todos los requisitos de ley para el
efecto.
19
Tal como se sostuvo en la sentencia del 17 de octubre de 2017, Rad. 1392-2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Con fundamento en lo anterior, no es de recibió los argumentos expuestos por
el apoderado del Colpensiones, en el sentido de excluir a la compañera
permanente como beneficiaria de la pensión del causante, por la existencia de
cónyuge supérstite, a quien se le reconoció el derecho a la sustitución de la
pensión.
No obstante lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la demandante,
en su condición de compañera permanente, demostró tener mejor o igual
derecho que la cónyuge supérstite a la sustitución pensional que pretende con
la demanda.
Para contextualizar el caso, se debe tener en cuenta que el Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, reconoció y ordenó el pago de una pensión de
jubilación a través de la Resolución 0622 del 17 de marzo de 1993 (ff. 14 –
15), en favor de la señora Hilda Guzmán de Uribe, equivalente al 50% y a las
hijas menores del señor Eduardo Uribe Rincón (q.e.p.d.), Claudia Fernanda y
Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, representadas por su señora madre Gloria
Esperanza Rodríguez Ospina, en el restante 50%, en aplicación a las
disposiciones de la Ley 12 de 1975, a partir del 26 de diciembre de 1992.
Mediante la Resolución 0100 del 26 de enero de 1993 (f. 222), el SENA le
reconoció y pago a la señora Hilda Guzmán de Uribe, el auxilio funerario, con
ocasión al deceso del señor Eduardo Uribe Rincón, por haber acreditado haber
realizado los gastos exequiales.
El SENA, por medio de la Resolución 0621 del 16 de marzo de 1993, reconoció
y ordenó el pago de las prestaciones por la muerte de un empleado público,
en favor de la señora Hilda Guzmán de Uribe (cónyuge) y en representación
de sus hijos, y a la demandante en representación de sus menores hijas, por
concepto de seguro por muerte, seguro de vida extralegal, cesantías e
intereses (ff. 187 – 189).
A través de la Resolución 01128 del 12 de octubre de 1999, el SENA modificó
la Resolución 0622 del 17 de marzo de 1993, en cuando se declaró expirado
26
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
el derecho a Claudia Fernanda Uribe, y acreció al 50% la pensión de Adriana
del Pilar Uribe Rodríguez (ff. 180 – 181).
Posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, a través
de la Resolución 026161 del 5 de diciembre de 2005 (ff. 2 – 3), le reconoció
una pensión de sobrevivientes a la cónyuge supérstite (Hilda Guzmán de
Uribe) y a la hija del causante, Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, en aplicación
de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990, a partir del 19 de marzo de 2000, por cuanto el causante
venía cotizando en forma continua e ininterrumpida, la cual entra a sustituir la
asignación que venía percibiendo por el SENA, cumpliéndose la condición a
la cual se encontraba sometida la obligación a cargo del SENA de pagar el
cien por ciento del valor de la mesada pensional. Como consecuencia de lo
anterior, a través de la Resolución 001203 del 20 de junio de 2006 (ff. 16 – 17),
el SENA declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones 0622 del
17 de marzo de 1993 y 01128 del 12 de octubre de 1999, con relación a la
obligación del SENA de pagar el valor total de la mesada pensional, y
estableció que, a partir del 19 de marzo de 2000, pagará el valor de la
diferencia a las beneficiarias que no cubre el ISS.
El Seguro Social mediante la Resolución 011372 del 26 de abril de 2005,
concedió la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Uribe
Rincón, a la señora Hilda Guzmán Gómez en su condición de cónyuge y a
Adriana Uribe Rodríguez, como hija del causante (ff. 136 - 137).
Luego, el SENA por medio de la Resolución 02313 del 22 de agosto de 2008
(f. 18) incrementa la mesada pensional de la señora Hilda Guzmán de Uribe al
100%, a partir del 4 de julio de 2008, teniendo en cuenta que la Adriana del
Pilar Uribe Rodríguez, en su condición de hija del causante, cumplió los 25
años de edad que la norma consagra para beneficiarse de la sustitución
pensional.
Mediante la Resolución 02306 del 22 de agosto de 2008 (f. 19), el SENA le
negó la solicitud de sustitución pensional a la señora Gloria Esperanza
27
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Rodríguez Ospina (demandante), respecto de la solicitud radicada el 20 de
junio de 2008.
El Seguro Social mediante la Resolución 055600 del 25 de noviembre de 2008
(ff. 4 – 6), negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
a la demandante, señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina, con ocasión a
la solicitud radicada el 28 de mayo de 2008. La anterior decisión, fue
confirmada a través de la Resolución 049232 del 27 de octubre de 2009 (ff. 7
– 10), por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, y mediante la
Resolución 00640 del 23 de febrero de 2010 (ff. 24 – 26) que decidió el recurso
de apelación interpuesto por la demandante.
La Coordinadora del Grupo de Pensiones del SENA, mediante oficio No. 2 –
2013 – 006253 del 20 de mayo de 2013 (f. 20), en respuesta a la solicitud
radicada por la demandante, el 24 de abril de 2013, con relación al
reconocimiento de la sustitución pensional, negó la petición al manifestar que
la Resolución 0622 del 17 de marzo de 1993 “se encuentra vigente y goza de
presunción de legalidad, el SENA ya definió en vía administrativa el derecho a la
sustitución pensional, con base en las normas y el procedimiento que en ese
momento estaban vigentes.”
Obra a folios 89 y 90 del expediente, declaración juramentada No. 4941 ante
la Notaría Setenta del Círculo de Bogotá, fechada 21 de mayo de 2008, rendida
por las señoras María del Pilar Acuña Ríos y Lucelly de Jesús Bustamante de
Silva, en la cual bajo la gravedad de juramento declararon conocer a la señora
Gloria Esperanza Rodríguez Ospina desde hace 20 años, y manifestó que la
mencionada convivió en unión marital de manera permanente y bajo el mismo
techo con el señor Eduardo Uribe Rincón, desde 1983 hasta el 26 de diciembre
de 1992, cuando ocurrió el deceso, y de cuya unión procrearon dos (2) hijas,
mayores de edad, y aclaró que la demandante se encontraba dependiendo
económicamente del causante.
A folio 154 del expediente, obra declaración extra proceso rendida por la
señora Magda Lucía Bolívar Ospina, ante la Notaría Cincuenta y Dos (52) del
Círculo de Bogotá, con fecha 19 de febrero de 2005, en la cual sostuvo que
28
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
conoció de vista, trato y comunicación durante 30 años, al señor Eduardo Uribe
Rincón, fallecido el 26 de diciembre de 1992, quien al momento de morir vivía
en unión libre con la demandante hasta el día en que falleció, quien dependía
económicamente del causante, no es pensionada y se desempeñó como ama
de casa.
En el folio 91 del expediente, obra declaración juramentada rendida por la
demandante ante la Notaria Setenta del Círculo de Bogotá, con fecha 21 de
mayo de 2008, en la cual bajo la gravedad del juramento manifestó convivir e
unión marital y bajo el mismo techo con el señor Eduardo Uribe Rincón desde
1983 hasta el 26 de diciembre de 1992, cuando ocurrió el fallecimiento.
Declaro que procrearon dos (2) hijas, mayores de edad, y que dependía
económicamente al 100% del causante.
A folio 100 del expediente, obra registro de defunción del señor Eduardo Uribe
Rincón, ocurrido el 26 de diciembre de 1992.
En el curso de la primera instancia se decretó los testimonios de las señoras
María del Pilar Acuña Ríos y Adriana del Pilar Uribe Rodríguez, solicitado por
la parte demandante, el cuales fueron recepcionados en la audiencia llevada
a cabo el 23 de marzo de 2017 (ff. 575 – 578), y transcritos en la sentencia
objeto de apelación20.
Declaración de María del Pilar Acuña Ríos
Señaló conocer al causante desde 1980 cuando vivía con la demandante en
un apartamento en el Barrio La Estrada, quien junto a la demandante fueron
sus padrinos de matrimonio. Sostuvo que convivía con la demandante desde
1980 y “veía que él compartía mucho con ella y con la hija, la primera hija, iba por
ella al colegio, a mi me invitan mucho a almorzar, yo iba con mi novio que es hoy en
día mi esposo (…)”. Manifestó que se veían cada 8 días en reuniones de
almuerzo, cumpleaños y viajes, y con relación a la convivencia con la
demandante, refirió que “era un hogar casi que me atrevo a decir perfecto, porque
20
Folios 620 – 623 del expediente.
29
No. Interno: 3579 – 2018
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Demandado: SENA y otro
siempre los veía unidos, siempre andaban con sus hijas, viajaban los cuatro, a veces
íbamos familiares, era muy estable la relación.” Respecto a la demandante señaló
que siempre estuvo en las labores del hogar, recibía todo de parte del
causante. Y respecto al momento en que ocurrió el deceso del señor Eduardo
Uribe Rincón, señaló no saber en donde ocurrió, no sabía que era casado con
la señora Hilda Guzmán Gómez, y que supo de la existencia de otros hijos,
después de ocurrido el fallecimiento; sin embargo, señaló que no tenía
conocimiento que tuviera otro hogar con anterioridad, ni quien sufrago los
gastos funerales.
Declaración de Adriana del Pilar Uribe Rodríguez
En su condición de hija del causante con la demandante, señaló que tuvo
conocimiento del fallecimiento de su progenitor, por parte de la demandante, y
fue llevada al sepelio, quien para ese momento contaba con 9 años de edad.
Mencionó que el causante convivía con ellas, y no sabía que tenía otra familia,
“porque él siempre estaba con nosotras, él estaba en las noches en la casa, en las
mañanas, me llevaba al colegio, a veces me recogía”. Con relación a la señora
Hilda Guzmán sostuvo que la conoció en el sepelio del causante, escuchó que
era una pareja que había tenido, y solo la ha visto una vez. Mencionó que la
demandante siempre desempeñó las labores del hogar, que el causante se
responsabilizó de todos los gastos en el hogar, “ella se dedicaba
completamente a tenerle a él el almuerzo, a nosotras a cuidarnos, ella no
trabajaba.” Señaló que el causante falleció en la casa de los otros hijos, en el
barrio Normandía, que fue lo que le contaron cuando estaba más grande, que
falleció como consecuencia de un incendio, sin que haya profundizado en el
tema.
Como primer aspecto, la Sala ha de señalar que la Corte Constitucional
mediante sentencia C – 081 de 1999, estableció que la convivencia efectiva al
momento de la muerte, “constituye el hecho que legitima la sustitución pensional”,
de modo tal que se exija tanto para los cónyuges como para las compañeras
o compañeros permanente, acreditar los presupuestos previstos en la ley, para
acceder al pago de la prestación, pues acoge un criterio real o material, como
30
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
lo es la convivencia al momento de la muerte del pensionado, como el
supuesto de hecho para determinar el beneficiario de la pensión.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en la presente litis tanto la compañera
permanente solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional reconocida
a la cónyuge supérstite por las entidades demandadas, conforme a los actos
administrativos antes mencionados, en proporción equivalente al 50% de la
prestación, al considerar que ambas tienen el derecho, por lo que se entrará a
determinar si es procedente acceder a la compartibilidad de la pensión de
sobrevivientes en partes iguales, conforme lo ordenó el a quo en la sentencia
de primera instancia y es el objeto de la demanda.
De acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales que obran a lo largo
del proceso, y teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica y la normatividad
aplicable al caso, en concordancia con la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación, la Sala llega a la conclusión que existe lugar a reconocer que la
demandante tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes
pretendida, equivalente al 50% de la prestación, en forma compartida con la
cónyuge supérstite del causante, por las siguientes razones:
• En el proceso se decretaron y recepcionaron los testimonios de las
señoras María del Pilar Acuña Ríos y Adriana del Pilar Uribe Rodríguez,
quienes fueron coherentes en su dicho y conocieron de forma directa la
relación de convivencia hasta la fecha de fallecimiento del señor Eduardo
Uribe Rincón, quienes igualmente depusieron que la pareja convivió bajo el
mismo techo hasta el deceso del causante.
• Estos testimonios coinciden con las declaraciones extraprocesales
rendidas, que a pesar de que no fueron ratificadas, conforme al artículo 262
del CGP21 pueden ser valoradas como documentos, acerca de las condiciones
de tiempo, modo y lugar en la que se produjo la convivencia en forma
permanente entre la señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina y Eduardo
21
«Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido
declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la
parte contraria solicite su ratificación.»
31
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Uribe Rincón.
• De la misma forma, informaron, que el causante era quien brindaba el
sostenimiento económico del hogar, que la demandante dependía de él,
puesto que se dedicaba a las labores del hogar, y que en su relación se
prodigaban amor y apoyo mutuo.
De lo anterior se concluye que, analizadas las pruebas en conjunto, se
demostró la convivencia real y efectiva entre la demandante y el causante,
desde el año 1980 hasta su fallecimiento, en la medida que los testimonios
dan cuenta de dicha convivencia, respaldados por otras pruebas
documentales que permiten llevar a la convicción del derecho que pretende
con la demanda.
Por lo tanto, encuentra la Sala, que el derecho a la pensión de jubilación debe
ser sustituida tanto a la cónyuge supérstite Hilda Guzmán de Uribe, como a la
compañera permanente Gloria Esperanza Rodríguez Ospina - que hoy disfruta
la esposa del causante en un 100% de acuerdo a la Resolución 011372 del 26
de abril de 2005, incrementada por medio de la Resolución 02313 del 22 de
agosto de 2008 (f. 18) al 100%, a partir del 4 de julio de 2008, al haberse
extinguido el derecho a la hija del causante, teniendo en cuenta que no existe
en el plenario prueba que desvirtúe el derecho de la cónyuge, y en donde el
reconocimiento realizado desde el momento del fallecimiento, no ha sido
objeto de controversia por parte de la demandante en este proceso.
Por esta razón, la Sala comparte la decisión del a quo, en cuanto ordenó el
reconocimiento de la sustitución pensional en proporciones iguales a la
cónyuge y la compañera permanente, por lo que no son de recibo las razones
de la apelación en el sentido de que los testimonios valorados en la sentencia
no son concretos ni suficientes para acceder al derecho deprecado por la
demandante, pues, como se pudo establecer, los declarantes fueron
coincidentes en relatar la convivencia con el causante hasta el momento del
fallecimiento.
32
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
Ahora bien, alega la cónyuge demandada que no hay lugar a realizar ninguna
devolución de dineros por concepto de mesadas pensionales pagadas por las
entidades demandadas en cumplimiento de los actos administrativos que le
reconocieron el derecho, en su condición de cónyuge supérstite, teniendo en
cuenta que las entidades obraron de conformidad con la legislación vigente
para el momento del reconocimiento y fue la cónyuge la única que se presentó
a reclamar la sustitución pensional.
Con fundamento en lo anterior, la Sala entrará a analizar el momento a partir
del cual se debe reconocerle la sustitución pensional a la demandante, en su
condición de compañera permanente.
En la sentencia objeto de alzada, el a quo accedió al reconocimiento de la
sustitución pensional en favor de la demandante en su condición de
compañera permanente del causante, en forma compartida con la cónyuge
supérstite, a quien le fue reconocido el derecho desde el momento en que
falleció el causante (27 de diciembre de 1992), en un porcentaje equivalente
al 50%, y posteriormente incrementado al 100% cuando se le extinguió el
derecho a las hijas del causante, lo anterior realizado a través de la Resolución
2313 del 22 de agosto de 2008.
La sentencia apelada ordena la inclusión de la señora Gloria Esperanza
Rodríguez Ospina, como beneficiaria de la sustitución pensional, a partir del
momento en que ocurrió el deceso (27 de diciembre de 1992), en un porcentaje
equivalente al 25% de la prestación, al igual que a la cónyuge supérstite. Como
quiera que el SENA dispuso que, a partir del 4 de julio de 2008 se aumente al
100% la mesada pensional de la señora Hilda Guzmán de Uribe, por extinción
del derecho a la hija del causante, el a quo ordenó que la prestación sería
devengada en partes iguales por la cónyuge y la compañera permanente
(demandante), en donde el pago causado por la demandante tendrá efectos
fiscales a partir del 11 de agosto de 2012, por prescripción trienal, teniendo en
cuenta la fecha en que se presentó la demanda en este proceso.
33
No. Interno: 3579 – 2018
Demandante: Gloria Esperanza Rodriguez Ospina
Demandado: SENA y otro
La Sala observa que la sustitución pensional reconocida a la señora Hilda
Guzmán Uribe, ha venido siendo cancelada de buena fe, en su condición de
cónyuge supérstite del causante a partir del día siguiente del fallecimiento,
pagos que se han efectuado de manera cumplida por parte de las entidades
demandadas, y sin que la demandante haya presentado reclamación en sede
administrativa en forma oportuna.
Del material probatorio allegado al expediente, se observó que la demandante,
elevó solicitudes de reconocimiento como beneficiaria de la sustitución
pensional, el 28 de mayo de 2008 y el 20 de junio de 2008, que fueron
decididos mediante la Resolución 055600 del 25 de noviembre de 2008 (ff. 4
– 6)22 y la Resolución 02306 del 22 de agosto de 2008 (f. 19)23,
respectivamente, posteriormente mediante el oficio No. 2 – 2013 – 006253 del
20 de mayo de 2013 (f. 20), en donde el SENA da respuesta negativa a la
solicitud radicada el 24 de abril de 2013, con relación al reconocimiento de la
sustitución pensional.
Conforme con lo anterior, las entidades demandadas han pagado la totalidad
de la prestación (en un 100%) a la cónyuge supérstite desde el fallecimiento
del causante, por lo tanto, la Sala comparte lo resuelto por el a quo en la
sentencia apelada.
Así las cosas, la omisión imputable a la demandante no le puede favorecer, en
cuanto nadie puede alegar a su favor su propia culpa, para este caso, acceder
al pago de la sustitución del 50% de la mesada pensional desde la fecha del
deceso del causante.
Ahora bien, en la sentencia objeto de censura, se ordenó el pago de la
sustitución pensional, teniendo en cuenta la fecha de presentación de la
demanda (11 de agosto de 2015)24, aplicando el fenómeno de la prescripción
trienal para el pago de las mesadas pensionales.
22
Expedida por el Seguro Social
23
Expedida por el SENA
24
Folio 477 del expediente
34
No. Interno: 3579 – 2018
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Demandado: SENA y otro
Para la Sala admitir que se ordene el reconocimiento de la sustitución
pensional a favor de la demandante, conforme lo ordenó el a quo, implicaría
una doble erogación a cargo de las entidades demandadas quienes, en
cumplimiento del deber constitucional de obrar de buena fe, han venido
pagando desde el fallecimiento del causante el 100% del derecho pensional a
en un principios a las beneficiarias (cónyuge e hijas) y posteriormente a la
cónyuge, por haberse incrementado, a quien creyó deberla en su momento y
fue quien se presentó dentro del término de ley en el trámite de la actuación
administrativa.
Con relación a lo anterior, esta Corporación25 en anterior pronunciamiento,
sostuvo:
“(…)
Finalmente en lo que tiene que ver con el argumento propuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, según el cual, deberá verificarse los
pagos efectuados en caso de que se accedieran a las pretensiones para
no incurrir en un doble pago, la Sala encuentra que en esta oportunidad
al revisar la actuación administrativa adelantada por la entidad
demandada al reconocer la pensión a la señora María Luisa Gómez de
Rojas estuvo bien y gozó de la presunción de legalidad, incluso en dicha
actuación fue publicado un edicto para que intervinieran todas aquellas
personas que tuvieran interés directo, sin que la demandante hubiese
realizado pronunciamiento alguno. Ello obliga entonces, a que el
reconocimiento de la pensión compartida que se dicta en esta
providencia, produzca efectos a partir de la ejecutoria de la sentencia.
En efecto, si el ente demandado ha cancelado la totalidad del crédito a
su cargo durante todo el tiempo que ha pagado la pensión de
sobrevivientes, en un 100%, mal se podría entonces, al reconocer
judicialmente el derecho de la demandante, emitir condena a cargo del
ente demandado para que, descontada la prescripción, volviera a pagar
otro 60% para ella, cuando el 100% ya había sido cancelado a la cónyuge
supérstite, actuación con la que se desbordaba tanto la ley como la
cuantía de la pensión” (Subrayado fuera de Texto).
De la misma forma, la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral en sentencia
SL 540-2021 del 17 de febrero de 2021 (Radicación No. 85841), con relación
25 Consejo De Estado- Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección B- consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez- sentencia del tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)- radicación número: 15001-
23-33-000-2013-00557-01(3479-15)
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No. Interno: 3579 – 2018
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a la efectividad de la sustitución pensional y la buena fe de la entidad que
reconoce la prestación pensional, precisó:
“Lo anterior, en tanto que para el asunto en cuestión no podía ignorar el
Colegiado de instancia que después de haberse convocado públicamente
a quienes consideraran que tenían derecho a acceder a la pensión de
sobrevivientes (f.° 376) la entidad demandada pagó íntegramente y de
buena fe el valor de la prestación, a partir de la fecha de fallecimiento de
la causante, 16 de noviembre de 2005, a quien creyó deberla en su
momento, que eran los hijos entonces menores de aquella, como consta
en la comunicación expedida por la Jefatura Regional Central de Gestión
de Personal de Ecopetrol, fechada el 08 de febrero de 2006.
(…)
De esa suerte, las reclamaciones efectuadas por el demandante a la
empresa no tienen la entidad suficiente para destruir la buena fe de la
empresa, en la medida en que Ecopetrol consideró que no era
beneficiario de la prestación ya reconocida a sus hijos, por cuanto existían
dudas razonables respecto del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 7.° del Decreto 1160 de 1989, vigente para ese entonces y
reglamentario de la Ley 71 de 1988, en cuanto a que al momento del
deceso hiciera vida común con la causante (f.° 386 – 387; 392 - 394).
Así las cosas, cuando el Tribunal definió el reconocimiento de la pensión
especial vitalicia de jubilación convencional en cabeza del demandante
Luis Felipe Ossa Suárez, debió inferir que éste tenía derecho a que le
fuera reconocida la prestación desde el 16 de noviembre del 2005, fecha
de fallecimiento de su esposa, en un porcentaje del 50%, pero pagada a
partir de la ejecutoria de la sentencia o desde la fecha en que se hubiere
extinguido el derecho pensional para los hijos de la causante, si tal hecho
ocurrió con anterioridad, con el fin de no imponer un doble pago a la
empresa enjuiciada por concepto del porcentaje ya desembolsado a sus
descendientes, más la indexación que se ordenó, por cuanto el ya
efectuado tuvo pleno poder liberatorio.” (Subrayado fuera de texto)
Corolario con lo expuesto, es evidente que la inactividad de la demandante
tiene efectos en el resultado del trámite administrativo de sustitución pensional,
ante la omisión de presentar la reclamación una vez producida la muerte del
causante, y por no atender el requerimiento realizado por la entidad de
previsión, ni controvertir el derecho reclamado por la cónyuge, quien como
beneficiaria reconocida mediante acto administrativo en firme, ha venido
recibiendo el pago, primero al 50%, para luego incrementar su derecho
pensional al 100% de la pensión de jubilación que le fue sustituida.
36
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Demandado: SENA y otro
Así las cosas, aunque la sustitución pensional a favor de la demandante se
causó desde la fecha de fallecimiento del causante, conforme con la
jurisprudencia transcrita y así lo dejó establecido el a quo en la sentencia
objeto de censura, el pago se deberá ordenar no como en forma errada el a
quo la ordenó, en cuanto no se puede imponer doble pago por un valor que ya
fue desembolsado.
Por lo tanto, el pago de la sustitución pensional en favor de la demandante, en
su condición de compañera permanente y a quien se le reconoce la prestación
en forma compartida con la cónyuge, se deberá realizar a partir de la ejecutoria
de la presente sentencia.
Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la sentencia de primera
instancia deberá ser modificada, en el sentido de indicar que la sustitución
pensional reconocida a la señora Gloria Esperanza Rodríguez Ospina, deberá
pagarse a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, con el objeto de no
imponerle un doble pago a las entidades demandadas por el valor ya
desembolsado a la cónyuge supérstite.
III. DECISIÓN
En atención a las anteriores consideraciones, la Sala modificará el numeral
segundo de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de ordenar que el pago de la
sustitución pensional que con la sentencia se ordena en favor de la señora
Gloria Esperanza Rodriguez Ospina, será a partir del momento en que quede
ejecutoriada la presente, y no como en forma errada lo dispuso el a quo¸ en
consideración a que no se puede imponer doble pago por un valor que ya fue
desembolsado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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FALLA
PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral segundo de la sentencia
proferida el 21 de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido de ordenar el pago de la sustitución pensional en
favor de la señora GLORIA ESPERANZA RODRÍGUEZ OSPINA, se realice a
partir de la ejecutoria de esta sentencia, conforme lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.
TERCERO.- Sin condena en costas en las dos instancias.
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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