Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01602-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de abril de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01602-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01602-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Temas: Acción de Tutela contra providencia que confirmó decisión de
primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda de reparación directa, por privación injusta de la
libertad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Fiscalía General de la Nación,
en contra del Tribunal Administrativo del Cauca.
ANTECEDENTES
La Fiscalía General de la Nación instauró acción de tutela, en aras de que se le
ampare su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por
la autoridad judicial accionada, con ocasión de la providencia de 19 de octubre de
2023, emitida, dentro del medio de control de reparación directa con radicado
19001-33-33-004-2015-00322-00 [01].
HECHOS
Manifestó la Fiscalía que mediante providencia del 29 de octubre de 1999 el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán condenó al señor Ober Ordóñez
Medina a 25 años de prisión, por el delito de homicidio simple, fue capturado y
privado de su libertad desde el 1.° de junio de 2012 y hasta el 31 de mayo de 2013.
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Alegó que el defensor del señor Ordóñez presentó acción de revisión en contra de
la providencia antes mencionada, la cual fue resuelta el 30 de mayo de 2013, donde
se dejó sin efectos la decisión del 29 de octubre de 1999 y, se ordenó la libertad
provisional del señor Ordóñez, mediante caución prendaria.
Adujo que las víctimas del suceso antes mencionado interpusieron demanda de
reparación directa con radicado 19001-33-33-004-2015-00322-00 [01]; el 25 de
enero de 2021 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán profirió
decisión de primera instancia donde declaró la responsabilidad administrativa,
patrimonial y extracontractual de la Rama Judicial y de la accionante; contra esta
providencia interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 19 de octubre de 2023.
La Fiscalía considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo, pues no tuvo en cuenta que el señor Ordóñez fue capturado
con ocasión de la providencia del 29 de octubre de 1999, decisión que fue proferida
por el Juzgado Segundo del Circuito de Popayán y no por la Fiscalía, pues, para
ese momento estaba vigente la Ley 600 de 2000, donde la “FGN no llevaba la
dirección del proceso penal sino que ésta se convierte en sujeto procesal más, y
quien lideraba la audiencia como la decisión de la sentencia era el juez de instancia”.
Tampoco que el proceso terminó por la figura de la prescripción de la acción penal,
la cual no se generó en actuaciones o trámites propios del ente investigador, sino
de los delegados de la Rama judicial.
Adicionalmente, señaló que presentó solicitud de aclaración de la sentencia objeto
de controversia, pues a su juicio el Tribunal omitió dar aplicación a la nueva
sentencia de unificación con radicado 46681 de 29 de noviembre de 2021, porque
no cuantificó los perjuicios morales de acuerdo con los topes establecidos para la
víctima directa y demás demandantes; no obstante, dicha petición fue negada.
PRETENSIONES
Solicita que se ampare el derecho invocado, se deje sin efectos la sentencia del 19
de octubre de 2023 y, en consecuencia, se le ordene al Tribunal Administrativo del
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Cauca proferir una nueva decisión a fin de que se liquiden los perjuicios morales por
privación injusta de la libertad, de conformidad con la sentencia de unificación del
29 de noviembre de 2021.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente y
el 4 de abril de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la autoridad
judicial accionada y, se vincularon como terceros interesados en las resultas del
proceso a la Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
parte demandante1 en el proceso de reparación directa objeto de controversia.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El 8 de abril de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó la acción
de tutela al Tribunal Administrativo del Cauca; sin embargo, este guardó silencio
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe donde señaló
que la accionante trae a colación los mismos argumentos en que fundamentó su
defensa en el proceso contencioso, pero “no presenta un argumento de autoridad
que pudiera hacer tambalear la sentencia ejecutoriada, considerada de última
instancia y que por ende hace tránsito a cosa juzgada”.
La parte demandante en el proceso de reparación directa fue notificada de la
acción de tutela mediante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán;
sin embargo, guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
1 Ober Ordóñez Medina, Ana María Medina Rojas, Iván Ordóñez Medina, Rosa Elena Ordóñez Medina, Marleny
Ordóñez Medina, Elicenia Ordóñez Medina, Julio Ordóñez Medina, Didier Hernán Ordóñez Agredo, Herlinda
Ordóñez De Ortega, Jarol Aidelber Ortega Ordóñez, Zeneida Ortega Ordóñez, Argenis Ortega Ordóñez, Ilda
María Ortega Ordóñez, Fany Edita Ortega Ordóñez, Eider Zolid Ortega Ordóñez, Ana Tulia Ortega Ordóñez,
Claudina Ordóñez Medina, Hermes Ordóñez Medina y Olvein Ordóñez Medina.
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fundamental alegado por la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes
temas: I) la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) el
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias
cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga
de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II) Caso concreto
La inconformidad de la accionante está dirigida contra la sentencia de 19 de octubre
de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó decisión
del 15 de enero de 2021, que declaró a la Nación- Rama Judicial- Dirección
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Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación
administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados al señor Ober
Ordóñez Medina, por la privación injusta de su libertad a la que fue sometido.
Se tienen por cumplidos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
dicha providencia, pues a) la relevancia constitucional, pues se trata de establecer
si la providencia cuestionada incurrió en error por desconocimiento del precedente
judicial, vulnerando los derechos fundamentales invocados; b) la accionante no
cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con
el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la providencia y d) la tutela no se dirige contra un fallo
de tutela.
Así, se observa que la autoridad judicial accionada en la decisión objeto de
cuestionamiento adujo que el proceso penal se tramitó en el marco de la Ley 600
de 2000, dado que los hechos ocurrieron el 24 de abril de 1993, en el corregimiento
la Paloma, municipio de el Tambo- Cauca, donde resultó herido el señor Fanor de
Jesús Chilito, quien posteriormente falleció.
Expuso el Tribunal que, de las pruebas obrantes en el proceso pudo concluir lo
siguiente:
• La Fiscalía 19 Seccional con sede en el Tambo, con base en el informe del
inspector de policía ordenó indagación previa, disponiendo práctica de pruebas a
fin de lograr la individualización e identificación de los autores del delito.
• La Fiscalía 33 Seccional mediante providencia del 26 de abril de 1995 declaró
como persona ausente al señor Ordóñez, decretó medida de aseguramiento en su
contra y libró la correspondiente orden de captura, por presuntamente ser autor del
delito de homicidio.
• De acuerdo con los apartes de la sentencia del 30 de mayo de 2013, por medio
de la cual el Tribunal Superior Judicial de Popayán resolvió la acción de revisión,
donde se evidencia que
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“(…) la Fiscalía General de la Nación, libró orden de captura el 20 de diciembre
de 1993 en contra de OBER ORDÓÑEZ, pero la boleta se expidió como HOOVER
ORDOÑEZ (sic), siendo negativos los resultados de la captura según informe
del Comandante de Policía de El Tambo, se produce luego el emplazamiento por
edicto del señor OBER ORDOÑEZ (sic), en el cual con lapicero se indica su cédula
y posteriormente se le declara persona ausente. (…)” (negrilla fuera de texto original)
• El 16 de agosto de 1996 la Fiscalía Seccional de el Tambo profirió resolución de
acusación en contra del señor Ordóñez, la cual sustentó en audiencia pública.
Frente a esta el defensor público del procesado realizó la siguiente observación:
“(…) la persona que indica en el proceso como OVER ORDOÑEZ (sic) MEDINA
quien en concepto del suscrito no ha tenido la plena identificación
incluyéndose en ella su documento de identificación, sus rasgos morfológicos,
su historial personal y familiar, etc, lo cual es menester para el total
esclarecimiento del sujeto pasivo de la infracción penal.
(…)
no ha habido un debido proceso en cuanto a este aspecto se refiere puesto que el
solo emplazamiento y declaración de persona ausente no es garantía evidente
de que estemos hoy juzgando a una persona cierta y ciertamente autora … del
hecho criminoso… Bien pudieron los testigos, único elemento para fundar prueba de
cargos que por consiguiente tampoco ha encontrado examen crítico en su recepción
(…)” (negrilla fuera de texto original)
• En la providencia del 30 de mayo de 2013 se allegaron las tarjetas decadactilares
de OBER ORDÓÑEZ MEDINA y OVER ORDÓÑEZ AGREDO, entre otras, las
cuales demostraron más allá de toda duda que se cometió un error en el
procedimiento de identificación e individualización del presunto agresor del señor
Fanor de Jesús Chilito.
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Con base en lo anterior, el Tribunal concluyó que la Fiscalía incurrió en falla en el
servicio o en error judicial, pues vinculó al señor Ordóñez en el proceso penal y
emitió medida de aseguramiento en su contra, sin tan siquiera haber identificado e
individualizado plenamente al autor de la muerte del señor Fanor de Jesús Chilito,
muestra de ello es que solo acudió a dos registradurías del Cauca donde realizó la
consulta con dos nombres (OVER ORDÓÑEZ u HOOVER ORDÓÑEZ), pero no
pidió información a la registraduría central.
Por lo anterior, el Tribunal confirmó la decisión del 25 de enero de 2021, que declaró
administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a la Nación Rama Judicial
y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados al señor Ober
Ordóñez Medina y demás víctimas, como consecuencia de la privación injusta de
la libertad que este sufrió.
En ese orden de ideas, esta Subsección no evidencia la configuración de los
defectos alegados en esta sede constitucional, sino que, por el contrario, advierte
que el Tribunal Administrativo del Cauca adoptó la providencia que aquí se
controvierte, luego de valorar todas las pruebas conforme a las reglas de la sana
crítica, lo que le permitió concluir que la Fiscalía General de la Nación como ente
investigador vinculó al señor Ordóñez y emitió resolución de acusación en su
contra, sin contar con la plena identificación e individualización de este como
presunto autor del delito de homicidio, situación que consideró que era una falla en
el servicio.
Por otro lado, advierte la Sala que no será objeto de análisis por parte del juez
constitucional el argumento que planteó la accionante relativo a que el Tribunal
omitió aplicar la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, que adoptó
reglas de unificación relativas al reconocimiento y monto de los perjuicios morales.
Lo anterior, en vista de que es un argumento nuevo porque no fue expuesto en el
proceso ordinario. Ahora, si bien para la fecha en que se profirió la decisión de
primera instancia, 25 de enero de 2021, no había sentencia de unificación al
respecto y por ello este tema no fue objeto de apelación por parte de la accionante,
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lo cierto es que, esta pudo haber planteado dicha inconformidad cuando se le corrió
traslado en segunda instancia para alegatos de conclusión; sin embargo, no lo hizo.
No es demás precisar que, la Fiscalía puso de presente la indebida cuantificación
de los perjuicios morales, pero como solicitud de aclaración de la sentencia del 19
de octubre de 2023.
En consecuencia, la Sala negará el amparo invocado y declarará improcedente la
acción de tutela en relación con el desconocimiento del precedente4.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar el amparo invocado por la Fiscalía General de la Nación y, declarar
improcedente la acción de tutela en relación con el desconocimiento del precedente
de 29 de noviembre de 2021, por los motivos expuestos en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
4 Si bien la accionante adujo el defecto sustantivo, lo cierto es que el argumento planteado en relación con
inaplicar la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 encaja en la causal de desconocimiento del
precedente.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
HAPC
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