Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01602-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01602-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01602-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
27 de junio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01602 01
Accionante: Fiscalía General de la Nación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01602 01
Accionante: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Tesis: Se impone el rechazo de la acción de tutela cuando se
verifica una actuación temeraria de la accionante, en
tanto existe identidad de partes, de objeto y de causa
petendi entre dos acciones de tutela presentadas por la
parte actora de forma separada, y a pesar de que informó
bajo juramento no haber promovido ninguna otra
solicitud de amparo por los mismos hechos y con las
mismas pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 25 de abril de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderada
judicial, solicitó el amparo del derecho fundamental al debido proceso,
que considera vulnerado con ocasión de la sentencia del 19 de octubre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó el
fallo del 25 de enero de 2021, dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Popayán, que a su vez accedió a las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida en su contra por el señor Ober
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Accionante: Fiscalía General de la Nación
Ordóñez Medina y otros1, proceso que se tramitó con el radicado 19001-
33-33-004-2015-00322-00/01.
1.2. La apoderada de la entidad accionante informó que, en la
mencionada demanda de reparación directa, la parte actora solicitó que
se condenara a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, y a la Fiscalía General de la Nación, por los
perjuicios causados por la privación injusta de la libertad del señor Ober
Ordoñez Medina, que tuvo lugar entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de
mayo de 2013.
1.3. Señaló que, mediante sentencia del 25 de enero de 2021, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Popayán accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control y condenó a las demandadas a
indemnizar únicamente los perjuicios inmateriales, en proporción del 50%
cada una, y estimó que los materiales no habían sido acreditados.
1.3.1. En síntesis, el juzgado consideró que la Fiscalía había incurrido en
una actitud omisiva y desproporcionada al librar orden de captura contra
una persona que no estaba plenamente identificada, y que, a su vez, la
condena penal impuesta por la Rama Judicial al imputado en primera
instancia se había basado en pruebas insuficientes sobre su
individualización como responsable del delito de homicidio, razón por la
cual esta fue dejada sin efectos por el superior y la víctima resultó
absuelta.
1.3.2. La apoderada de la actora dijo que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación apelaron la
anterior providencia y, a través del fallo del 19 de octubre de 2023, el
Tribunal Administrativo del Cauca la confirmó, básicamente por las
mismas razones.
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Ana María Medina Rojas, Iván Ordoñez Medina, Rosa Elena Ordoñez Medina, Marleny Ordoñez Medina,
Elicenia Ordoñez Medina, Julio Ordoñez Medina, Didier Hernán Ordoñez Agredo, Herlinda Ordoñez De Ortega,
Jarol Aidelber Ortega Ordoñez, Zeneida Ortega Ordoñez, Argenis Ortega Ordoñez, Ilda María Ortega Ordoñez,
Fany Edita Ortega Ordoñez, Eider Zolid Ortega Ordoñez, Ana Tulia Ortega Ordoñez, Claudina Ordoñez Medina,
Hermes Ordoñez Medina y Olvein Ordoñez Medina.
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Accionante: Fiscalía General de la Nación
1.4. La apoderada de la entidad demandante alegó en la tutela que la
anterior decisión incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente fijado por la Sección Tercera de esta corporación en la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 20212, en la que se
establecieron los topes de la indemnización por perjuicios morales en
casos de responsabilidad por privación injusta de la libertad.
La apoderada citó apartes de la sentencia invocada y dijo que en este
caso se excedieron los límites allí establecidos porque en total se
reconoció una indemnización por perjuicios morales de 560 SMLMV,
equivalentes a $649.600.000, de los cuales a la Fiscalía General de la
Nación le corresponde pagar $324.800.000, valores que distan
ostensiblemente del valor real a liquidar.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, vinculada como
tercera interesada, advirtió que la acción de tutela no procede contra
providencias judiciales, pues este mecanismo no puede convertirse en una
instancia adicional. Además, adujo que no se había presentado vulneración
de los derechos fundamentales invocados, porque la decisión que se ataca
se dictó en el marco del principio de autonomía judicial.
2.2. El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio.
2.3. Los demás demandantes del proceso de reparación directa,
vinculados como terceros interesados en el auto que admitió la acción de
tutela, guardaron silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
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Expediente 46.681.
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El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el fallo del 25 de
abril de 2024, consideró que estaban cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Entonces, estudió el fondo del asunto y consideró que el Tribunal
Administrativo del Cauca no había vulnerado los derechos fundamentales
de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el contrario, valoró todas
las pruebas y concluyó razonablemente que la entidad emitió la resolución
de acusación contra el señor Ober Ordóñez Medina, sin haberlo identificado
plenamente como autor del delito de homicidio.
Por último, señaló que no había lugar a estudiar el cargo de
desconocimiento del precedente porque, si bien la sentencia de unificación
que se invoca fue expedida el 29 de noviembre de 2021, es decir, después
de haberse dictado la decisión de primera instancia, la cual se profirió el 25
de enero de 2021, por lo que no pudo invocarse en el recurso de apelación,
la actora sí pudo esgrimirla en el escrito de alegatos de conclusión en
segunda instancia, pero no lo hizo.
IV. IMPUGNACIÓN
La Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia de primera instancia
y reiteró los argumentos de la demanda de tutela.
Luego, alegó que al a quo no le asistió la razón al abstenerse de estudiar el
desconocimiento del precedente, pues en el trámite de la segunda instancia
del proceso de reparación directa no se corrió traslado para alegar de
conclusión, por lo que mal podría afirmarse que la entidad tuvo esa
oportunidad para invocar el pronunciamiento de unificación que ahora
considera desatendido por la autoridad judicial.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
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De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Ober Ordóñez Medina y otros3 promovieron demanda
de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, y la Fiscalía General de la Nación, con la
finalidad de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la
privación injusta de la libertad del señor Ordoñez Medina, que tuvo lugar
entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013.
5.2.2. Mediante sentencia del 25 de enero de 2021, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Popayán accedió parcialmente a las pretensiones del
medio de control y condenó a las demandadas a indemnizar a los
demandantes por los perjuicios inmateriales sufridos, en proporción del
50% cada una.
5.2.3. Las entidades demandadas apelaron la anterior providencia y,
mediante el fallo del 19 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo
del Cauca la confirmó.
5.2.4. La Fiscalía General de la Nación interpuso acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior
providencia.
3
Ver nota al pie 1.
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5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela
La jurisprudencia de esta Sala4 ha analizado las implicaciones que tiene
la presentación sucesiva o simultánea de acciones de tutela sobre un
mismo asunto. En efecto, aquellos eventos en los que se presenta una
petición idéntica a una solicitud de amparo que ya fue decidida, o cuando
una misma acción se radica ante varios jueces de forma coetánea o en
tiempo cercano, pueden dar lugar al fenómeno de la cosa juzgada como
resultado de la primera decisión, y a la existencia de temeridad al haberse
presentado más de una solicitud de tutela sobre los mismos hechos.
En el mismo sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y
38 del Decreto 2591 de 19915, la Corte Constitucional ha precisado que
la acción de tutela se encuentra sujeta a los parámetros de la institución
de la cosa juzgada. Bajo esta figura, “se entiende que los procesos
judiciales han culminado mediante sentencia y en consecuencia han
cerrado la posibilidad de continuar el desarrollo de la litis sobre la materia
resuelta”6. Este esquema tiene como propósito salvaguardar la coherencia
en las decisiones judiciales, evitar el desgaste innecesario del aparato
judicial y garantizar la seguridad jurídica al interior de la jurisdicción
constitucional, así como el respeto por el carácter definitivo de las
providencias judiciales.
Al respecto, en la sentencia T-560 de 2009, la Corte Constitucional precisó
que la cosa juzgada constitucional se configura en eventos en los cuales,
de manera sucesiva, se presentan acciones de tutela que guardan
4
Ver entre otras, sentencia de noviembre 8 de 2019, radicado 25000-23-15-000-2019-00222-01 (C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés) y sentencia de enero 23 de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019-04712-
00 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
5
“Artículo 37. Primera instancia. […] El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad
del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se
le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. […]”.
“Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar”.
6
Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2014.
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identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que frente a una de
ellas ya exista un pronunciamiento definitivo e inmutable por parte del
juez constitucional. En esa medida, habrá de tenerse en cuenta que las
decisiones “se consolidan como cosa juzgada una vez ocurrida alguna de
estas dos circunscritas (sic): (i) cuando la acción de tutela es excluida de
su revisión por parte de la Corte Constitucional; (ii) cuando es
seleccionada, analizada y resuelta por la misma corporación”7.
De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado los
lineamientos conforme a los cuales hay lugar a declarar la configuración
de una actuación temeraria y sus consecuencias. Así, tal como lo precisó
esta Sección en sentencia de enero 23 de 20208, se consideran temerarias
las acciones de tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o
simultánea, con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre y
cuando dicha actuación “[…] (i) resulte amañada, en la medida en que el
actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que
convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener
la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera
resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción; o
finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar
la buena fe de los administradores de justicia. […]”9.
Ahora bien, de manera excepcional, a pesar de que se compruebe la
presentación de múltiples acciones de tutela con identidad de partes,
hechos y pretensiones, podría concluirse que no existe temeridad si se
verifica la existencia de alguno de los siguientes eventos:
“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por
mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii)
en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
7
Ibidem.
8
Proceso con radicado: 11001-03-15-000-2019-04712-00 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
9
Estas subreglas se puntualizaron en la sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre otras, en
las Providencias T-560 de 2009, y en la SU-439 de 2017.
7
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interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la
posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos
hechos y con la misma pretensión;[…]”10.
De lo anterior se colige que, en orden a determinar si se configura alguna
de las mencionadas figuras en un caso concreto, al juez de tutela le
corresponde analizar si hay (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos, (iii) identidad de pretensiones, (iv) inexistencia de una causa
razonable que justifique la reiteración de la acción, y, en el caso en que
estos cuatro presupuestos se cumplan, (v) si se trata de una temeridad
que da lugar a sanción o no.
5.3.2. Caso concreto
En este asunto, de conformidad con el informe secretarial del 20 de junio
de 202411, la Sala advierte que la apoderada de la Fiscalía General de la
Nación radicó la acción de tutela en dos oportunidades: la primera, el 3
de abril de 2024, a través de correo electrónico remitido al buzón de la
Secretaría General, a la cual le fue asignado el radicado 11001-03-15-
000-2024-01602-00 y fue repartida al día siguiente a la Sección Segunda,
Subsección A12, de esta corporación; y la segunda, el 4 de abril de 2024,
a través de la ventanilla virtual, a la cual le fue asignado el radicado
11001-03-15-000-2024-01625-00, y fue repartida a esta Sección en la
misma fecha13.
Ahora, esta Sección, mediante sentencia del 30 de mayo de 2024, declaró
en primera instancia la improcedencia de la acción de tutela con el
radicado 11001-03-15-000-2024-01625-00, decisión que no fue
10
Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
11
Visible en el índice 6 del sitio de la acción de tutela en el sistema SAMAI:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202401602011
100103
12
A cargo del consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
13
A cargo del consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Accionante: Fiscalía General de la Nación
impugnada y el proceso fue enviado a la Corte Constitucional para su
eventual revisión el 20 de junio de 202414.
5.3.2.1. La Sala advierte que los dos escritos de tutela radicados por la
Fiscalía son idénticos. En todo caso, es pertinente verificar si entre la
presente acción de tutela y la que acaba de comentarse existe identidad
de partes, identidad de hechos y fundamentos de derecho (causa petendi)
e identidad de objeto, esto es, si se persiguen las mismas pretensiones 15,
para así determinar si se configura la temeridad.
i) Sobre la identidad de partes
En cuanto a la identidad de partes, se advierte que las dos acciones de
tutela fueron interpuestas por la Fiscalía General de la Nación contra el
Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Popayán.
Siendo así, la Sala encuentra configurada la identidad de partes entre la
presente acción de tutela y la identificada con el radicado 11001-03-15-
000-2024-01625-00, que cursó en primera instancia ante esta misma
Sección.
ii) Sobre la identidad de causa petendi
La Sala advierte que en los dos escritos de tutela se alega que la sentencia
del 19 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, que confirmó el fallo del 25 de enero de 2021, dictado por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, que a su vez accedió a las
pretensiones de la demanda de reparación directa promovida en su contra
por el señor Ober Ordóñez Medina y otros, incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera de esta
corporación en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021,
14
Información visible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202401625001
100103
15
Para el efecto la Sala extrae la información pertinente de las sentencias que resolvieron las acciones de
tutela con radicados 2019-03412, 2015-00172 y 2011-00499.
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Accionante: Fiscalía General de la Nación
en la que se establecieron los topes de la indemnización por perjuicios
morales en casos de responsabilidad por privación injusta de la libertad.
En tal sentido, la entidad accionante alega en ambos casos que la
indemnización reconocida dista ostensiblemente del valor que, conforme
con dicho precedente, correspondería liquidar.
Por lo tanto, esta Sala encuentra configurada la identidad de causa
petendi entre la presente acción y la que se identificó con el radicado
11001-03-15-000-2024-01625-00.
iii) Sobre la identidad de objeto
La Sala advierte que se configura también la identidad de objeto, pues en
las dos acciones de tutela se formulan idénticas pretensiones, las cuales
están encaminadas a que se ampare el derecho fundamental al debido
proceso de la Fiscalía General de la Nación, se deje sin efectos la sentencia
del 19 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, y se ordene a la autoridad judicial proferir una nueva decisión que
absuelva a la entidad en el proceso de reparación directa o que, en
subsidio de lo anterior, se le imponga condena que tenga en cuenta el
límite indemnizatorio que estableció la Sección Tercera de esta
corporación en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021.
5.3.2.2. Se encuentra entonces suficientemente acreditada la identidad
de partes, de objeto y de causa petendi entre las dos acciones de tutela
presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, es claro que
la entidad está haciendo uso inadecuado de esta acción constitucional,
pues, a sabiendas, presentó de manera casi simultánea dos demandas
por los mismos hechos y con las mismas pretensiones, pese a lo cual, al
presentar la que ahora se decide, informó bajo juramento no haber
promovido ninguna otra.
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De otra parte, esta Sala no observa que concurra ninguna de las
circunstancias excepcionales a que hace referencia la Corte Constitucional
para tener por no configurada la actuación temeraria ante el ejercicio
sucesivo de este medio de protección, pues en efecto, (i) no se presentan
circunstancias que permitan concluir que la demandante se encuentra en
una condición de ignorancia o indefensión, que la lleve a actuar por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho; (ii)
tampoco podría hablarse del asesoramiento errado, y (iii) no hay prueba
de que esta solicitud se sustente en hechos acaecidos con posterioridad a
la interposición de la otra demanda, o viceversa.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, corresponde rechazar la presente acción de tutela, al encontrarse
demostrado que la demandante incurrió en temeridad en su interposición.
Sin embargo, la Sala no le impondrá sanción a la entidad ni a su
apoderada, la doctora Amparo Jiménez Mamian, pues no se evidencia que
la doble presentación de la tutela se haya debido a un propósito desleal,
y en todo caso, del recuento sobre las acciones efectuadas es posible
inferir que dicho proceder eventualmente pudo ser producto de la
impericia en el uso de los medios tecnológicos dispuestos para la
presentación de demandas ante esta corporación. Por lo tanto, solo las
exhortará para que en el futuro eviten hacer uso reiterado de este
mecanismo excepcional de protección frente a unos mismos hechos.
5.4. Conclusión
En consecuencia, la Sala revocará el fallo impugnado, que denegó el
amparo solicitado y en su lugar rechazará la solicitud de amparo, pues se
encuentra configurada en este asunto una actuación temeraria por parte
de la accionante, razón por la cual esta Sala rechazará la acción de tutela
de la referencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de abril de 2024, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que denegó el
amparo solicitado. En su lugar, RECHAZAR la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación y a su
apoderada Amparo Jiménez Mamian, para que en el futuro eviten hacer
uso repetitivo de la acción de tutela frente a unos mismos hechos y
formulando idénticas pretensiones.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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