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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01625-00

Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de procedencia

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01625-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01625-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Fiscalía General de la Nación solicitó, a través de apoderada judicial, el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 19 de octubre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del medio de control de
reparación directa con el número único de radicación 19001-33-33-004-2015-
00322-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que los señores Ober Ordóñez Medina, Ana María Medina Rojas, Iván
Ordóñez Medina, Rosa Elena Ordóñez Medina, Marleny Ordóñez Medina, Elicenia
Ordóñez Medina, Julio Ordóñez Medina, Didier Hernán Ordóñez Agredo, Herlinda
Ordóñez de Ortega, Jarol Aidelber Ortega Ordóñez, Zeneida Ortega Ordóñez,
Argenis Ortega Ordóñez, Ilda María Ortega Ordóñez, Fany Edita Ortega Ordóñez,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

Eider Zolid Ortega Ordóñez, Ana Tulia Ortega Ordóñez, Claudina Ordóñez Medina,
Hermes Ordóñez Medina, Olvein Ordóñez Medina promovieron la demanda de
reparación directa con el número único de radicación 19001-33-33-004-2015-
00322-00/01 contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administrativa Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

2.2. Indicó que el proceso le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Popayán, autoridad judicial que, a través de sentencia de 25 de enero de 2021,
declaró responsable extracontractualmente a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la
libertad a la que fue sometido el señor Ober Ordóñez Medina.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo del Cauca confirmó, mediante providencia de 19 de octubre
de 2023, la decisión de primera instancia, en razón a que no se acreditó causal que
eximiera de responsabilidad patrimonial a la entidad demandada, y se encontró
demostrado el daño antijurídico padecido por los demandantes.

2.4. Refirió
que contra la anterior decisión presentó solicitud de aclaración por la
indebida cuantificación de los perjuicios morales, la cual fue negada a través de
providencia de 29 de enero de 2024.

2.5. Sostuvo que la decisión de 19 de octubre de 2023 incurrió en un defecto fáctico
porque no se tuvieron en cuenta las pruebas, que obraban en el expediente, y que
probaban que “[…] la decisión de imponer la pena de 25 años de prisión radicó en
la Sentencia de fecha 29 de octubre de 1999, en el artículo primero, providencia
que fue expedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán, Cauca.
Actuación que sirvió de fundamento para que el Señor OBER ORDOÑEZ [sic]
MEDINA fuera capturado el 1 de junio de 2012 y privado de su libertad hasta el 31
de mayo de 2013, cuando quedó libre por orden judicial emitida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán […]”. [Negrilla y mayúscula original del
texto]

2.6. Agregó que, bajo ese entendido, la autoridad que tomó la decisión de fondo sobre
la privación de la libertad del señor Ober Ordóñez fue el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Popayán, porque de acuerdo con la Ley 600 de 24 de julio de 20001 la
Fiscalía General de la Nación no llevaba la dirección del proceso penal, sino que tiene
la calidad de un sujeto procesal.

2.7. Aclaró que el proceso terminó por la figura jurídica de la prescripción de la acción
penal, la cual no se generó por actuaciones o trámites atribuibles a ella.

1
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

2.8. Afirmó que el Tribunal accionado desconoció la sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 2021, a través de la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó las reglas jurisprudenciales relativas al reconocimiento y monto de los
perjuicios morales por privación injusta de la libertad.

2.9. Finalmente señaló que se “[…] evidencia la vulneración flagrante del Debido
proceso, por cuanto al confirmar la Sentencia de primera instancia, quedaron en
firme los topes fijados en 560 S.M.L.M.V., equivalentes a SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($649.600.000),
para la NACION [sic] RAMA JUDICIAL Y FISCALIA [sic] GENERAL DE LA NACION
[sic], correspondiéndole a mi representada la suma de TRESCIENTOS
VENTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($324.800.000) valores
que distan ostensiblemente del valor real a liquidar tal como se evidenció en la
respectiva liquidación […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, de LA
FISCALIA [sic] GENERAL DE LA NACIÓN vulnerados con la actuación de la
autoridad judicial accionada.

Acción de Tutela – Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Dirección de Asuntos Jurídicos – Popayán. Calle 3 No. 2-76 - Barrio La Pamba.
DEJAR sin efecto la Sentencia del 19 de octubre de 2023 proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA – SALA conformada por los
Magistrados NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ, DAVID FERNANDO
RAMIREZ [sic] FAJARDO y JAIRO RESTREPO CACERES [sic] con
impedimento.

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA proferir
nuevamente sentencia dentro del medio de control de reparación directa No.
190013333004201500322-01– Demandante OBER ORDOÑEZ [sic] MEDINA
Y OTROS- Demandados NACIÓN- RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN teniendo en cuenta las pretensiones y hechos de la demanda
como fue la emisión de la SENTENCIA PENAL DEL 29 DE OCTUBRE DE
1999, sin atender los argumentos de la defensa, lo que generó la privación de
la libertad del demandante, y la posterior PRESCRIPCION [sic] DE LA ACCION
[sic] PENAL decretada al tenor del artículo 82, 83 en concordancia con lo
señalado en el artículo 328 de la Ley 600 de 2000, al haber transcurrido más
de 21 años y seis meses, y estando el expediente gran parte del tiempo en
conocimiento de la Rama Judicial, perdiéndose la facultad investigativa y
punitiva por parte de la FGN., razón por la cual debe absolverse de toda
responsabilidad a mi representada FGN.

Que en el evento de no acceder a la anterior pretensión, se ORDENE al
Tribunal Administrativo del Cauca proferir nueva sentencia, medio de control
reparación directa No.190013333004201500322-01 – Demandante OBER

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

ORDOÑEZ [sic] MEDINA Y OTROS - Demandados NACIÓN- RAMA JUDICIAL
– FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a fin de que se liquiden los perjuicios
morales, teniendo en cuenta las pretensiones y hechos de la demanda y la
sentencia de unificación de perjuicios morales por privación de la libertad del
Consejo de Estado de fecha 29 de noviembre de 2021, M.P. Martín Bermudez
[sic] Muñoz, Radicado 46.681, por ser aplicación inmediata y tener carácter
vinculante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de abril de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, a los señores Ober
Ordóñez Medina, Ana María Medina Rojas, Iván Ordóñez Medina, Rosa Elena
Ordóñez Medina, Marleny Ordóñez Medina, Elicenia Ordóñez Medina, Julio
Ordóñez Medina, Didier Hernán Ordóñez Agredo, Herlinda Ordóñez de Ortega,
Jarol Aidelber Ortega Ordóñez, Zeneida Ortega Ordóñez, Argenis Ortega Ordóñez,
Ilda María Ortega Ordóñez, Fany Edita Ortega Ordóñez, Eider Zolid Ortega
Ordóñez, Ana Tulia Ortega Ordóñez, Claudina Ordóñez Medina, Hermes Ordóñez
Medina, Olvein Ordóñez Medina y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Popayán.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos
vinculados, se allegó el siguiente informe:

5.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló, a través de
apoderado judicial, que “[…] no podía alegarse que hubo una privación injusta de
la libertad, ni un defectuoso funcionamiento de la justicia, porque lo injusto es lo
ilegal, y las actuaciones judiciales que nos concitan en esta sede administrativa no
fueron arbitrarias, ni caprichosas sino apegadas a los requisitos de Ley para
imponer tal medida […]”.

5.2. Por lo anterior, enfatizó que, si bien el señor Ober Ordóñez fue condenado y
posteriormente absuelto por prescripción de la acción penal, lo anterior se dio por un
recurso de revisión que retrotrajo lo decidido por el juez natural, es decir existió una
diferencia de criterios entre la autoridad de primera y segunda instancia del proceso
penal, lo cual no puede interpretarse como un error judicial, sino como una diferencia
en la interpretación de los elementos fácticos y jurídicos del proceso.

5.3. Finalmente, resaltó que cuando el juez de garantías legaliza la captura e impone
medida de aseguramiento de acuerdo con la Ley 906 de 1.º de septiembre de

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

20042, o la Fiscalía impone la medida con base en la Ley 600 de 2000, ninguna de
las dos autoridades judiciales tiene certeza alguna de la responsabilidad del
imputado, porque su misión no es juzgarlo sino corroborar que existan serios
indicios de su responsabilidad por la comisión del ilícito, lo cual no puede
interpretarse como una injusticia, ya que no es ilegal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en
defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. LaFiscalía General de la Nación solicitó, a través de apoderada judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 19 de
octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del
medio de control de reparación directa con el número único de radicación 19001-
33-33-004-2015-00322-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01625-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación

legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente.

25. Refirió que incurrió en un defecto fáctico porque no tuvo en cuenta las pruebas, que
obraban en el expediente, y que probaban que “[…] la decisión de imponer la pena
de 25 años de prisión radicó en la Sentencia de fecha 29 de octubre de 1999, en
el artículo primero, providencia que fue expedida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Popayán, Cauca. Actuación que sirvió de fundamento para que el
Señor OBER ORDOÑEZ [sic] MEDINA fuera capturado el 1 de junio de 2012 y
privado de su libertad hasta el 31 de mayo de 2013, cuando quedó libre por orden
judicial emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto]

26. Frente al desconocimiento del precedente sostuvo que se omitió la sentencia de
unificación de 29 de noviembre de 2021, a través de la cual la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó las reglas jurisprudenciales relativas al reconocimiento y
monto de los perjuicios morales por privación injusta de la libertad.

27. Finalmente, señaló que se “[…] evidencia la vulneración flagrante del Debido
proceso, por cuanto al confirmar la Sentencia de primera instancia, quedaron en
firme los topes fijados en 560 S.M.L.M.V., equivalentes a SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($649.600.000),
para la NACION [sic] RAMA JUDICIAL Y FISCALIA [sic] GENERAL DE LA NACION
[sic], correspondiéndole a mi representada la suma de TRESCIENTOS
VENTICUATRO [sic] MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($324.800.000)
valores que distan ostensiblemente del valor real a liquidar tal como se evidenció
en la respectiva liquidación […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

28. Como se puede observar, la argumentación de la parte accionante para acreditar
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia se refiere a un asunto netamente económico y hace
imposible que el juez constitucional efectúe un estudio de fondo de la solicitud de
amparo.

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

29. En criterio de esta Sala de Decisión, la controversia propuesta por la Fiscalía
General de la Nación carece de relevancia constitucional porque: i) el debate no se
realizó desde una óptica constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo como una tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que
fue resuelta por el juez natural y iii) la pretensión guarda relación con un asunto de
contenido económico.

30. Se resalta que si bien la accionante identificó la regla jurisprudencial que se
desconoció, lo cierto es que la discusión tiene un contenido netamente económico.

31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

32. En el escrito de tutela la accionante presentó dos argumentos centrales, el
primero relacionado con la falta de responsabilidad administrativa, patrimonial y
extracontractual de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los
perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el
señor Ober Ordóñez Medina, y el segundo versa sobre el reconocimiento de los
perjuicios morales por la privación injusta de la libertad.

33. Acerca del primero se considera que la parte accionante expuso los mismos
argumentos que en el proceso de reparación directa y no está exponiendo que la
providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo de su inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de
segunda instancia, en el proceso contencioso administrativo, confirmó la sentencia
de primera instancia que ordenó declarar responsable administrativa, patrimonial y
extracontractualmente a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación,
por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue
sometido el señor Ober Ordóñez Medina.

34. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Cauca en la providencia cuestionada:

“[…] Valorado el material probatorio que antecede, se logró establecer que el
señor Ober Ordóñez Medina, no cometió el delito por el cual se inició la
investigación penal y fue condenado; pues el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán, en sede de revisión, estableció que se logró demostrar
que el ya señalado, no fue autor del homicidio de Fanor de Jesús Chilito.

En este caso se vinculó al proceso penal a un homónimo, dado que el
testimonio rendido por el señor Isauro Peñafiel y del señor Roosevelt Tróchéz,

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

sostuvieron que quien cometió la conducta penal fuera, OVER ORDÓÑEZ, sin
dar un nombre completo; aspecto sobre el cual la Fiscalía, al realizar una
indebida individualización estableció que a quien hacían referencia los testigos,
fuera el señor OBER ORDÓÑEZ MEDINA, persona declarada ausente en todo
el proceso penal, y por tanto no pudo ser identificado por los testigos y solo fue
hasta que en 2013, cuando se obtuvo las tarjetas decadactilares de OBER
ORDÓÑEZ MEDINA y OVER ORDÓÑEZ AGREDO y los testimonios del
hermano del señor FANOR DE JESÚS, de la compañera marital del occiso la
señora DEYANIRA MONTERO, del señor OLIVO CAMPO citado en la
sentencia condenatoria, quienes señalaron que solo conocían al señor OVER
ORDÓÑEZ AGREDO, y que era él, el culpable del homicidio señalado.

Ahora, la Fiscalía en su escrito de apelación sostuvo que los testimonios
rendidos fueron la base para decretar medida de aseguramiento y que, por
ende, se configuró el hecho de un tercero como una causal de eximente de
responsabilidad, a su favor; de esta manera, endilgándole la responsabilidad a
los testigos, que solo narraron la ocurrencia de los hechos y señalaron que el
culpable era Over Ordóñez y no Ober Ordóñez Medina, sin que ellos hayan
podido identificar plenamente al supuesto culpable.

[…]

En ese sentido, es imperativo destacar que tanto la Fiscalía General de la
Nación, como la Rama Judicial, al respaldar sus respectivas apelaciones,
argumentaron falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que ambas
entidades se atribuyeron responsabilidad. Al respecto, no debe olvidarse que,
tanto al ente acusador como a la judicatura, deben realizar un análisis del
material probatorio, aspecto que no se cumplió de manera completa en el caso
que nos convoca, pues como bien se dijo en providencia del Tribunal Superior
de Popayán Sala Penal, existió una fragilidad probatoria.

Por un lado, la Fiscalía no identificó ni individualizó plenamente al autor de la
muerte del señor Fanor de Jesús Chilito, ya que una vez escuchados los
testigos de cargo quienes únicamente refieren a OVER ORDÓÑEZ como el
agresor, y con ello el 26 de abril de 1995 se libra medida de aseguramiento en
su contra.

Aunado a ello, no realizó las gestiones pertinentes, ya que como fue señalado
en sentencia de revisión, solamente se acudió a dos Registradurías del Cauca
e incluso se realizó la consulta con dos nombres OVER ORDÓÑEZ u HOOVER
ORDÓÑEZ, sin acudir al nivel central de la Registraduría o profundizar
probatoriamente en su correcta individualización y solo fue hasta el 2 de abril
de 1996, que la Registraduría Nacional del Estado Civil de Patía El Bordo
Cauca, informó que encontró tarjeta alfabética de Ordóñez Medina Ober, con
c.c. 76.263.389 de Patía, nacido el 28 de abril de 1967 en Argelia Cauca, hijo
de Julio y Ana María, agricultor de profesión, residente en el corregimiento La
Paloma del municipio de Balboa - Cauca o las Brisas Patía, con edad 30 años,
estatura 1.65, color piel trigueño, contextura delgada.

Aspectos sobre los cuales, si se realiza un análisis probatorio, podrían
presentar algunos vacíos, ya que en testimonio del señor Rosevelt Tróchez,
afirmó que el culpable del homicidio era residente de la vereda Cristalina,
municipio de Patía, contrario a lo anteriormente señalado y aunado a ello, de
lo informado por la Registraduría, no suministró los nombres completos de los

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

padres del presunto autor del hecho punible, lo cual vislumbra aún más un
déficit en la individualización.

Las anteriores irregularidades estuvieron de presente en la audiencia pública,
y que a pesar de que el abogado defensor planteó dichos aspectos, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Popayán, condenó al señor Ober Ordóñez
Medina por el delito de homicidio simple, por lo que, también le asiste
responsabilidad a la Nación - Rama Judicial a título de falla en el servicio.

En consecuencia, mal podría afirmarse que el señor Ober Ordóñez Medina
hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la restricción
de su libertad. Hace notar la Sala que la privación de la libertad del hoy actor
no se produjo como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al
sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita
establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una
actuación directa y exclusiva de aquél, sino que por el contrario se probó que
no había cometido el delito.

Resulta, desde todo punto de vista, desproporcionado pretender que se le exija
al hoy demandante que asuma de forma impasible y como si se tratase de una
carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de
igualdad, la privación jurídica de su derecho a la libertad que, como ya se dejó
visto, se extendió por un lapso superior a once meses. Por el contrario, lo que
resulta compatible con el marco constitucional vigente es, concluir que dicha
circunstancia, limitativa del derecho a la libertad, se ha de entender como
configurativa de un daño antijurídico que determina la consecuente obligación
para la Administración de resarcir al ahora demandante.

Así las cosas, se concluye, que no se acreditó causal que exima de
responsabilidad patrimonial a la entidad demandada, Nación - Fiscalía General
de la Nación y Rama Judicial y al estar demostrado el daño antijurídico
padecido por el señor OBER ORDÓÑEZ MEDINA, están llamadas a responder
las entidades demandadas de manera solidaria, a título de falla en el servicio.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia […]”.
[Subraya fuera del texto]

35. Se destaca que la accionante, a través de la figura de la aclaración, solicitó la
aplicación de la sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021. Esta solicitud
fue estudiada por el juez natural de la causa y mediante auto de 29 de enero de
2024 le expuso a la entidad accionante las razones por las que no se estudió lo
relacionado con el monto de los perjuicios morales. Al respecto se indicó:

“[…] El 19 de octubre de 2023, esta Corporación dictó sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de la referencia, la cual fue notificada el 2 de
noviembre de 2023 y remitida al juzgado de origen el 17 de noviembre de la
misma anualidad.

Con escrito allegado por la apoderada de la Fiscalía General de la Nación,
solicita aclaración o corrección de sentencia de segunda instancia, dictada
dentro del presente asunto.

Dentro de sus argumentos, sostuvo que hubo una omisión en la citada
sentencia, dado que se configuró una indebida cuantificación de los perjuicios

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

morales, ya que, si bien se decidió confirmar la sentencia de primera instancia,
se omitió cuantificar el valor de los perjuicios morales, en aplicación a la nueva
sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2021.

Se considera.

Como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo no regula lo relativo a la aclaración de sentencias, por
disposición del artículo 290 de dicho estamento procesal, deberá acudirse a lo
previsto en el Código General del Proceso.

En cuanto a la solicitud de aclaración de la sentencia se debe citar de forma
expresa el artículo 285 de dicho Estatuto, que a su tenor señalan:

[…]

Conforme a la norma citada, el juez tiene la posibilidad de aclarar o corregir las
sentencias, cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan verdadero
motivo de duda o cuando presenten errores por omisión o cambio de palabras
o alteración de éstas.

Ahora bien, la sentencia que se solicita aclarar, esta Sala del Tribunal confirmó
la sentencia que condenó a la entidad demandada en primera instancia, por los
perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue
sometido OBER ORDÓÑEZ MEDINA.

En cuanto a los perjuicios morales reconocidos, no se tiene argumento puntual
de inconformidad por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ni de la
RAMA JUDICIAL. La Fiscalía centra sus argumentos en que no es responsable
por la falla alegada en la demanda, ya que las actuaciones del ente investigador
estuvieron ceñidas en cumplimiento de un deber legal; pero el juez encontró
probada la falla en el servicio de las entidades, lo cual este Tribunal verificó.

En ese orden, revisados los elementos materiales de prueba y los argumentos
de los recursos de apelación, la sentencia de este Tribunal que confirmó la
decisión de instancia, no se observa que la parte resolutiva de la sentencia del
31 de julio de 2023 [sic] contenga concepto o frase que genere duda, o que
presente un error aritmético susceptible de aclarar o corregir.

Ahora, lo que pretende la entidad no corresponde a la figura de aclaración o
corrección que regula la norma procesal general, porque corresponde a que se
dé aplicación a una sentencia de unificación del órgano vértice de esta
jurisdicción que ataca un aspecto de fondo; luego entonces este no sería el
mecanismo idóneo para los efectos esperados por la FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN.

En este orden de ideas se negará la solicitud de aclaración de sentencia […]”.
[Negrilla original del texto]

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción contenciosa administrativa y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

37. De hecho, lo que se aprecia es que el juez al analizar las pruebas obrantes en el
expediente no encontró una causal que eximiera a la Nación - Fiscalía General de
la Nación por el daño antijurídico que tuvo que soportar el señor Ober Ordóñez
Medina.

38. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

39. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. Esta
oportunidad lo perseguido por la accionante es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización
de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.

40. En este punto, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”19.

41. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

42. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que el cuestionamiento relacionado
por el presunto desconocimiento de la sentencia de unificación de 29 de noviembre
de 2021 puede ser planteado a través del recurso extraordinario de unificación,

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibid.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

16

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

previsto en los artículos 25622, 25723 y s.s. de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124.
Aunado a que no está acreditado un perjuicio irremediable.

43. Confundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

22
“[…] Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación
del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con
la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales […]”.
23
“[…] Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en
única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de
1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011 […]”.
24
“por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Accionante: Fiscalía General de la Nación

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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