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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01603-00

Fecha
17 de julio de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01603-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: RECONOCER a Patricia Eugenia Prado Rosero y Pedro Eugenio Medellín Torres como coadyuvantes de la parte actora. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por Carlos Ignacio Peláez Trujillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: EXHORTAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que, en el marco de sus competencias legales, imprima celeridad y adopte las medidas necesarias, como juez director del proceso, en el trámite y resolución de los recursos de apelación de auto y sentencia de los procesos de controversias contractuales No. 70001-23-31-000-1998- 00748-01 y 70001-23-31-000-1998-00289-01. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. 12 secgeneral@consejodeestado.gov.co 9 de 10 Radicación: 11001-03-15-000-2024-01603-00 Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C – Magistrado Nicolás Yepes Corrales Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________ QUINTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01603-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 17 de julio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01603-00
Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Mora judicial
– no se configura

Síntesis del caso: El demandante reclamó la protección de sus derechos fundamentales de
cara a la presunta mora judicial en el trámite y decisión de unos recursos de apelación
contra un auto y una sentencia, en 2 procesos de controversias contractuales.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Carlos Ignacio Peláez
Trujillo en contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados. 1.3. Actuaciones posteriores a la admisión de la acción de tutela

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 3 de abril de 2024, Carlos Ignacio Peláez Trujillo presentó acción de
tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, con
ocasión de la presunta mora judicial frente al trámite y decisión de los
recursos de apelación (auto y sentencia) en los procesos de controversias
contractuales No. 70001-23-31-000-1998-00748-01 y 70001-23-31-000-1998-
00289-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Amparar los derechos fundamentales constitucionales al PLAZO RAZONABLE
COMO ELEMENTO AL DEBIDO PROCESO, puesto que en Colombia NO existen
términos definidos para FALLAR o Dictar Sentencia, porque ello vuelve

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01603-00
Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C – Magistrado Nicolás Yepes Corrales
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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irredimibles las obligaciones a cargo de la justicia, lo que constituye una falla
del servicio público en la administración de justicia y en la solución razonable
de los conflictos. Y hace responsable al Estado, de acuerdo con el Artículo 90
de la Constitución Política de Colombia; al ACCESO MATERIAL A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y a LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, al suscrito
accionante CARLOS IGNACIO PELÁEZ TERUJILLO, vulnerados por la omisión en
la resolución oportuna de los procesos Nos. 70001-23-31-000-1998-00748-01 y
70001-23-31-000-1998-00289-01, que se tramitan ante el CONSEJO DE ESTADO,
SECCIÓN TERCERA, Sub Sección C, Consejero Ponente doctor NICOLÁS YEPES
CORRALES, para que profiera la decisión de fondo que en derecho
corresponda.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) En 1998, Electro Atlántico Ltda. (hoy Electro Atlántico SAS) inició 2
procesos de controversias contractuales en contra del municipio de
Sincelejo, Sucre. El primero, el 15 de mayo de 1998, bajo el radicado No.
70001-23-31-000-1998-00289-00 y, el segundo, el 30 de octubre del mismo
año, con el radicado No. 70001-23-31-000-1998-00748-00.

5. 2) En el proceso No. 1998-00289, el Tribunal Administrativo de Sucre
negó las súplicas de la demanda. Contra esa decisión, la parte
demandante presentó recurso de apelación y, en consecuencia, el
expediente fue remitido al Consejo de Estado, el 29 de marzo de 2004.

6. 3) En el proceso No. 1998-00748, el Tribunal Administrativo de Sucre
profirió Sentencia de primera instancia de 30 de noviembre de 2000, en la
que se declaró inhibido para proferir sentencia de fondo. Contra esta
decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación y, a través de
Sentencia de 30 de enero de 2013, el Consejo de Estado revocó la decisión
de primer grado y condenó, en abstracto a la demandada. Con
fundamento en ello, devolvió el expediente al tribunal de origen para que
realizara la liquidación de la condena.

7. 4) Frente a la liquidación hecha por el Tribunal Administrativo de Sucre,
ambas partes presentaron recurso de apelación. En consecuencia, el
expediente fue remitido, nuevamente, al Consejo de Estado, el 20 de
octubre de 2017.

8. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
autoridad judicial demandada incurrió en una mora judicial injustificada al
no cumplir con un plazo razonable para decidir los recursos de apelación en
ambos procesos, debido a que se han demorado más de 20 años y aún no
se ha proferido una decisión que ponga fin a los mismos. Lo anterior, en su
criterio, constituyó una afrenta a los derechos al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

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Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados2

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante informes suscritos por el magistrado ponente de ambos procesos,
solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud amparo, tras
considerar que el accionante no tenía legitimación activa en la causa,
comoquiera que no actuó a nombre propio o de un tercero, ni como
agente oficioso de alguna de las partes en los procesos cuya mora se alegó.
Asimismo, indicó que, en caso de que se encontrara procedente la acción
constitucional, debía negarse el amparo por no existir vulneración alguna
de los derechos fundamentales de la parte actora porque se habían
realizado un sinnúmero actuaciones procesales en aras de lograr resolver los
recursos de apelación en ambos procesos.

10. Respecto del proceso No. 1998-00748, la autoridad accionada señaló
que Carlos Ignacio Peláez Trujillo no aportó al proceso ordinario el contrato
de cesión de derechos litigiosos celebrado con el representante legal de
Electro Atlántico SAS de 14 de abril de 2020. Aunado a ello, aclaró que las
cesiones de derechos litigiosos celebradas por el señor Peláez Trujillo con
Beatriz Eugenia Correa Cifuentes (14 de marzo de 2018), la Sociedad Fajardo
Abogados SAS (4 de abril de 2018), Patricia Eugenia Prado Rosero (12 de
diciembre de 2018), Pedro Eugenio Medellín Torres (8 de mayo de 2019) y
Patricia Eugenia Prado Rosero (5 de septiembre de 2019) se rechazaron
debido a que fueron celebrados con posterioridad al 14 de febrero de 2013,
esto es, la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, con la
que se puso fin al debate jurídico del proceso.

11. Agregó que, mediante Auto de 16 de abril de 2024, se decretó un
dictamen pericial para que se calculara la suma resultante de la diferencia
existente entre el valor de la tarifa mínima a recibir por usuario y por sector y
las sumas recibidas por Electro Atlántico SAS, como consecuencia de la
modificación de las tarifas que realizó el municipio de Sincelejo, mediante
Decreto No. 149 de 1998. El 27 de mayo de 2024, el representante legal de
Electro Atlántico SAS presentó una serie de cuestionamientos frente al
mencionado auto, los cuales fueron resueltos a través de Auto de 11 de junio
de 2024.

12. Por otro lado, sobre el proceso No. 1998-00289, informó que el señor
Peláez Trujillo tampoco estaba legitimado porque no ostentó la calidad de
parte ni de interviniente reconocido dentro del proceso ordinario, pues no
aportó el contrato de cesión celebrado con el representante legal de
Electro Atlántico SAS de 14 de abril de 2020. En dicho proceso, no se profirió

2 Mediante Auto de 5 de febrero de 2024, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de

amparo (2) tener como accionado a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y (3) vincular
a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al municipio de Sincelejo, Beatriz Eugenia Correa
Cifuentes, Patricia Eugenia Prado Rosero y Pedro Eugenio Medellín Torres como terceros interesados en el proceso.

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Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C – Magistrado Nicolás Yepes Corrales
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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alguna providencia que resolviera sobre la cesión y/o hubiere definido la
calidad en la que eventualmente el supuesto adquiriente del derecho
litigioso intervendría en el mismo. Por el contrario, la parte actora buscó que
se valorara esta prueba en la acción de tutela, a sabiendas de que debió
ser ventilada dentro del proceso ordinario.

13. Adujo que (1) las actuaciones realizadas por el despacho
sustanciador se han desarrollado de conformidad con la ley y con total
respeto de las garantías procesales de las partes; (2) o se ha omitido etapa
procesal alguna; (3) el asunto es de gran complejidad; y (4) no podía
desconocerse los problemas estructurales de la administración de justicia
que generan un exceso en la carga laboral y, con ello, congestión.

14. Pedro Eugenio Medellín Torres y Patricia Eugenia Prado Rosero
coadyuvaron la acción de tutela, en calidad de litisconsortes
cuasinecesarios dentro de ambos procesos de controversias contractuales,
con el fin de que se accedieran a las pretensiones de la parte actora.

15. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el
municipio de Sincelejo y Beatriz Eugenia Correa Cifuentes guardaron
silencio.

1.3. Actuaciones posteriores a la admisión de la acción de tutela

16. Mediante memorial de 14 de mayo de 2024, la parte actora alegó
que (1) el decreto de la prueba de oficio, mediante Auto de 16 de abril de
2024, se hizo con la intención de dilatar el proceso; (2) se presentaron vicios
por parte del magistrado sustanciador de los procesos de controversias
contractuales al ordenar a la Universidad Nacional que realizara un peritaje,
cuando esta se encontraba en paro indefinido; (3) se ha actuado en favor
de la parte demandada; y (4) el error de haber olvidado enviar el
documento a liquidar fue intencional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Solicitudes de coadyuvancia. 2.3. Fijación de la
controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela. 2.5. Verificación de la presunta de la
presunta afectación a derechos. 2.6. Conclusión.

2.1. Cuestión previa

17. La Sala aclara que los reparos presentados por la parte actora con
posterioridad a la admisión de la acción de tutela, no serán tenidos en
cuenta comoquiera que los mismos no resultan oportunos y fueron
argumentos que debieron haber sido ventilados en el trámite de los procesos
ordinarios. Si el juez de tutela se pronunciara sobre los mismos podría afectar

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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las competencias del juez natural de aquellos procesos, así como el derecho
al debido proceso de las partes inmersas en la acción de tutela de la
referencia.

2.2. Solicitudes de coadyuvancia

18. Para la Sala es pertinente indicar que, sobre el tema de intervinientes
en el trámite de la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
estableció expresamente que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.

19. Sobre este tema en particular, la Corte Constitucional, en Sentencia T-
1062 de 2010, sostuvo (se trascribe):

“[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación
de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir
las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin
que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.”3

20. En ese orden de ideas, se procederá a vincular a Patricia Eugenia
Prado Rosero y Pedro Eugenio Medellín Torres como coadyuvantes de la
parte demandante.

2.3. Fijación de la controversia

21. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si se configuró la mora judicial alegada
por la parte demandante y si, con ello, se dio lugar, o no, a la afectación de
sus derechos fundamentales.

2.4. Procedencia de la acción de tutela

22. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales4 al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva. Carlos Ignacio Peláez
Trujillo es el titular de los derechos invocados como violados, por lo cual, se
tiene por acreditada la legitimación activa en la causa5. Lo anterior debido
a que aportó, al trámite de la presente acción de tutela, los contratos de

3 Corte Constitucional. Sentencia T-1062 de 2010. En el mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencias T-070 de

2018 y T-304 de 1996.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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cesión suscritos con el representante legal de Electro Atlántico SAS derivados
de los procesos No. 1998-00748 y 1998-00289.

23. De igual manera, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado tiene legitimación pasiva en la causa6, porque de esta se predica
la vulneración (mora judicial injustificada).

24. Frente al requisito de subsidiariedad7, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera al accionante alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados.

25. En relación con el requisito de inmediatez8, este se satisface, en tanto,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo o mora en el trámite y resolución de 2 recursos de apelación en unos
procesos de controversias contractuales.

2.5. Verificación de la presunta afectación a derechos

26. La Sala negará la solicitud de amparo presentada por Carlos Ignacio
Peláez Trujillo, por las razones que pasan a explicarse:

27. Según la Corte Constitucional, la mora judicial es (se trascribe) “un
fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se
presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que
superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos”9. Asimismo, la Corte ha precisado que
la mora judicial no se configura por el solo transcurso del tiempo, sino que
ella debe ser injustificada, esto es, (se trascribe):

“(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial”10

28. En ese sentido, se ha reiterado que (se trascribe) “no toda mora
judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de una
persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un
desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido
que lo justifique”11. Para tal efecto, se deberá examinar las condiciones

6 Ídem.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4
9 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018.
10 Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017 y T-52 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2017, reiterada por la Sentencia SU-333 de 2020.

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Decisión: Niega amparo
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específicas del asunto sometido a decisión judicial, para evaluar si existe, o
no, una justificación debidamente probada que explique la mora.

29. Así las cosas, una vez revisados los registros y anotaciones del
aplicativo SAMAI para los procesos objeto de reproche, logró advertirse que
lo siguiente:

30. Frente al proceso No. 1998-00289-01, se tiene que: (1) el 1 de octubre
de 2004, se admitió el recurso de apelación contra sentencia; (2) el 9 de
septiembre de 2005, se negó una solicitud de acumulación de procesos
presentada por la parte demandante; (3) el 24 de noviembre de 2005, se
corrió traslado para alegra de conclusión en segunda instancia; (4) el 24 de
septiembre de 2007, se negó una solicitud de pruebas; (5) el 21 de abril de
2008, se requirió a la parte demandada para que allegara unos
documentos; (6) 23 de septiembre de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto
en la “Ley 1285 de 2009”, se hizo una reasignación del proceso a otro
despacho; (7) mediante Auto de 2 de marzo de 2015, se resolvió, entre otros,
(se trascribe) “decretar como prueba en segunda instancia, el dictamen
pericial solicitado por la parte demandante”, para lo cual se comisionó al
Tribunal Administrativo de Sucre, e incorporó (se trascribe) “copia de la
prueba pericial requerida dentro del proceso con radicado no. 08001-23-31-
000-1998-00748-01”; (8) el 17 de junio de 2015, se recibió el despacho
comisorio remitido por el Tribunal Administrativo de Sucre; (9) el 29 de julio de
2015, hubo un nuevo cambio de ponente por “compensación”; (10) el 10
de julio de 2018, quien fungía como magistrado ponente manifestó su
impedimento para conocer del asunto, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 9 del artículo 141 de CGP; (11) el 14 de enero de 2019,
se aceptó el impedimento; (12) el 20 de marzo de 2019, hubo cambio de
ponente por la posesión del consejero Nicolás Yepes Corrales; (13) mediante
Auto de 15 de julio de 2019, se requirió a la parte demandante para que
aportara el certificado de existencia y representación legal de la sociedad;
(14) el 11 de febrero de 2022, se corrió traslado del dictamen incorporado
mediante Auto de 2 de marzo de 2015 y se negó una solicitud probatoria;
(15) el 8 de marzo de 2022, la parte demandada presentó recurso de
reposición; (16) Mediante Auto de 30 de enero de 2023, se resolvió no
reponer el Auto de 11 de febrero de 2022; y (17) el 2 de octubre de 2023, se
aceptó una cesión de derechos litigiosos.

31. Aunado a todo lo anterior, entre el 2004 y el 2024 se han resuelto un
sinnúmero de solicitudes de reconocimiento de personería (tanto que
acceden como que niegan), renuncias de poder y copias, así el hecho de
que se han hecho múltiples requerimientos a las partes para que designen
apoderados.

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32. De conformidad con lo anterior, la Sala no advierte que haya existido
un retardo injustificado y/o excesivo para la resolución del recurso de
apelación, pues no hubo inactividad imputable de la autoridad judicial. Por
el contrario, se evidenció gestión por parte del despacho ponente y de sus
distintos titulares.

33. En relación con el proceso No. 1998-00748-01, se identificó lo siguiente:
(1) Mediante Auto de 1 de febrero de 2018, se admitieron los recursos de
apelación contra el Auto de 21 de junio de 2017; (2) el 18 de febrero de 2018,
se dejó sin efectos el Auto de 1 de febrero de 2017 y remitió al despacho
que conoció la apelación de la sentencia de primer grado; (3) el 9 de abril
de 2018, hubo un cambio de ponente; (4) el 6 de agosto de 2018, el
consejero ponente manifestó su impedimento para conocer del asunto; (5)
el 25 de febrero de 2019, se aceptó impedimento; (6) el 20 de marzo de 2019,
se dio un nuevo cambio de ponente; (7) el 28 de junio de 2019, se corrió
traslado de una solicitud de cesión de derechos litigiosos y se requirió para
que se presente un certificado de existencia y representación legal de la
sociedad; (8) el 30 de agosto de 2022, se resuelve sobre solicitud de
derechos litigioso; (9) mediante Auto de 12 de diciembre de 2022, se
resolvieron solicitudes de representación del municipio de Sincelejo, impulso
procesal y copias; (10) el 16 de abril de 2024, se decretó de oficio una
prueba pericial y (11) el 6 de mayo de 2024, negó una solicitud de adición
del Auto de 16 de abril de 2024. Asimismo, tal como se indicó en el otro
proceso, se resolvieron varias solicitudes de reconocimiento de personería
adjetiva.

34. En otras palabras, a pesar de que ha transcurrido cierto tiempo desde
la presentación de las demandas hasta la fecha de radicación del escrito
de tutela, en ningún momento se ha caído en inactividad por parte del juez
de lo contencioso administrativo, pues se han presentado distintas
actuaciones de cara al caso concreto y las solicitudes mismas que han
presentado las partes.

35. Por tal razón, pese a que existió un retardo en el trámite y resolución
de los casos, no puede perderse de vista que el mismo no resulta injustificado
e imputable a la autoridad accionada, así como tampoco a un actuar
negligente y/o arbitrario de aquella, ya que existe un motivo razonable que
justifica el mencionado retardo, como lo multiplicidad de solicitudes que se
han presentado.

36. La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan
en los procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos. No
obstante, se pone de presente la existencia de diferentes aspectos que
deben analizarse de manera particular, pues temas como el de la
congestión actual y sistemática del aparato judicial o la complejidad del

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asunto a resolver, sugieren motivos razonables que impiden que se le dé el
alcance de mora judicial injustificada a casos como el que aquí se analiza.

37. Finalmente, la Sala estima necesario exhortar a la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado para que, en el marco de sus
competencias, imprima celeridad y adopte las medidas necesarias, como
director del proceso para resolver los recurso de apelación de auto y
sentencia en los expedientes No. 70001-23-31-000-1998-00748-01 y 70001-23-
31-000-1998-00289-01.

2.6. Conclusión

44. La Sala negará las pretensiones de la presente acción de tutela porque
no se configuró una mora judicial alegada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER a Patricia Eugenia Prado Rosero y Pedro Eugenio
Medellín Torres como coadyuvantes de la parte actora.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por Carlos Ignacio
Peláez Trujillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: EXHORTAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado para que, en el marco de sus competencias legales, imprima
celeridad y adopte las medidas necesarias, como juez director del proceso,
en el trámite y resolución de los recursos de apelación de auto y sentencia
de los procesos de controversias contractuales No. 70001-23-31-000-1998-
00748-01 y 70001-23-31-000-1998-00289-01.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01603-00
Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C – Magistrado Nicolás Yepes Corrales
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

QUINTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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