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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01603-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01603-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2024 por el Sección Tercera - Subsección C del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo para promover la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01603-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de septiembre de 2024

Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo
Demandado: Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01603-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01603-01
Demandante: CARLOS IGNACIO PELÁEZ TRUJILLO
Demandado: SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C DEL CONSEJO DE
ESTADO

Tema: Tutela de fondo – mora judicial – falta de legitimación en la
causa por activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera
instancia del 17 de julio de 2024, proferida por el Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado. En esta providencia se negó la solicitud de amparo
constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado1. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales «plazo razonable, acceso material a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudicó a la presunta
mora judicial en la que ha incurrido la autoridad accionada, para decidir los
procesos identificados con los radicados 70001-23-31-000-1998-00748-012 y
70001-23-31-000-1998-00289-013, bajo el medio de control de controversias
contractuales. En los referidos procesos adujo que actúa como litisconsorte cuasi
necesario4.

1
La demanda fue radicada el 30 de abril de 2024 en la dirección electrónica
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co.
2
Ejercido por Electro Atlántico SAS y otros contra el municipio de Sincelejo (Sucre).
3
Ejercido por Electro Atlántico SAS contra el municipio de Sincelejo (Sucre).
4
En virtud de la cesión de derechos litigiosos celebrada entre él y Electro Atlántico SAS el 14 de
abril de 2020, para los 2 expedientes judiciales.

1
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Demandante: Carlos Ignacio Peláez Trujillo
Demandado: Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01603-01

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

Amparar los derechos fundamentales constitucionales al PLAZO RAZONABLE
COMO ELEMENTO AL DEBIDO PROCESO, puesto que en Colombia NO existen
términos definidos para FALLAR o Dictar Sentencia, porque ello vuelve irredimibles
las obligaciones a cargo de la justicia, lo que constituye una falla del servicio
público en la administración de justicia y en la solución razonable de los conflictos.
Y hace responsable al Estado, de acuerdo con el Artículo 90 de la Constitución
Política de Colombia; al ACCESO MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y a LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, al suscrito accionante CARLOS
IGNACIO PELÁEZ TERUJILLO, vulnerados por la omisión en la resolución
oportuna de los procesos Nos. 70001-23-31-000-1998-00748-01 y 70001-23-31-
000-1998-00289-01, que se tramitan ante el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
TERCERA, Sub Sección C, Consejero Ponente doctor NICOLÁS YEPES
CORRALES, para que profiera la decisión de fondo que en derecho corresponda.
(Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. En 1998 Electro Atlántico Ltda. (hoy Electro Atlántico SAS) ejerció dos
procesos de controversias contractuales en contra del municipio de Sincelejo. De
dichos procesos se destaca lo siguiente:

a. Proceso 70001-23-31-000-1998-00748-01:

5. La sociedad Electro Atlántico SAS promovió acción contractual contra el
municipio de Sincelejo, con el objeto de que se declarara la nulidad del Decreto
Municipal 149 de 1998, a través del cual se modificó la tasa de alumbrado a
cobrar a los usuarios de dicha entidad territorial.

6. Como consecuencia de ello, se solicitó que fuera reconocida a favor de la
demandante la tasa de alumbrado establecida en el Decreto Municipal 268 de
1996, que fue aquella propuesta por la entidad territorial a la sociedad actora para
la ejecución del contrato de concesión de alumbrado público suscrito entre las
partes. Adicionalmente, pidió los daños patrimoniales causados.

7. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia a la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Sucre. Autoridad judicial que
mediante sentencia del 30 de noviembre de 2000 se declaró inhibida para decidir
de fondo.

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8. La sociedad Electro Atlántico SAS, inconforme con la decisión, interpuso
recurso de apelación. La alzada le correspondió por reparto a la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, quien mediante providencia del 30 de
enero de 2013 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a
las pretensiones con condena en abstracto.

9. En razón a ello, el proceso regresó al Tribunal Administrativo de Sucre, y
mediante providencia del 21 de junio de 2017 se desató el incidente de liquidación
de condena.

10. Inconformes con la decisión, los extremos procesales interpusieron
recurso de apelación. Por ende, el 20 de octubre de 2017 el proceso ingresó
nuevamente al Consejo de Estado y, el 3 de agosto de 2021 al despacho para
decisión.

11. Los días 16 de diciembre de 2022, 11 de enero y 15 de junio de 2023, el
apoderado de la parte actora presentó solicitudes de impulso procesal.

12. Mediante providencia del 10 de agosto de 2023 el magistrado ponente
resolvió estarse a lo resuelto en providencia del 12 de diciembre de 2022, en la
cual se indicó que el proceso estaba al despacho para adoptar la decisión
correspondiente, en la medida que han sido resueltos los múltiplos memoriales
presentados por las partes en el proceso.

13. Agregó que, las solicitudes recurrentes de las partes sobre un mismo
punto y en un mismo sentido, no contribuían a lograr la debida agilidad procesal
en aras de adoptar un fallo definitivo.

b. Proceso 70001-23-31-000-1998-00289-01.

14. La sociedad Electro Atlántico SAS ejerció la acción de controversias
contractuales en contra del municipio de Sincelejo. La demanda tiene por
finalidad la declaratoria del incumplimiento del contrato celebrado entre ellos.

15. El conocimiento del proceso correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Sucre. Dicha autoridad en sentencia del 18 de julio de 2003
negó las súplicas de la demanda.

16. Inconforme con lo anterior, la sociedad demandante interpuso recurso de
apelación. En virtud de ello, el expediente fue remitido el 29 de marzo de 2004 al
Consejo de Estado.

17. El 18 de enero de 2015 la parte demandante solicitó la incorporación de la
prueba pericial practicada al interior del proceso 70001-23-31-000-1998-00748-
01. Dicha petición fue resuelta favorablemente por el despacho ponente en auto
del 2 de marzo de 2015.

18. Luego de varias actuaciones procesales y extraprocesales, el 3 de marzo
de 2023 el municipio de Sincelejo objetó por error grave el dictamen.

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19. La sociedad demandante presentó solicitudes de impulso procesal los
días: 12 de agosto de 2016, 24 de marzo de 2017, 24 de octubre de 2020, 16 de
diciembre de 2022, 11 de enero y 15 de junio de 2023. Y, en virtud de la presunta
omisión del despacho ponente en su resolución, el 28 de julio de 2023 radicó
derecho de petición en la que pidió que se atendieran dichos memoriales.

20. El 2 de octubre de 2023 el magistrado sustanciador aceptó la cesión de
derechos litigiosos celebrada entre la sociedad Electro Atlántico SAS en
condición de cedente y los señores Beatriz Eugenia Correa Cifuentes, Patricia
Eugenia Prado Rosero y Pedro Eugenio Medellín Torres, en condición de
cesionarios.

21. En auto del 10 de agosto de 2024 el despacho ponente dispuso estarse a
lo resuelto en providencia del 30 de enero de 2023. En dicha decisión les indicó
a las partes que una vez se surtieran todas las actuaciones pendientes y
necesarias para proferir la decisión de fondo, procedería en tal sentido.

1.4. Sustento de la vulneración

22. En sentir de la parte actora, las actuaciones dilatorias de los procesos
enunciados están ocasionando un grave daño tanto a el cómo litis consorte cuasi
necesario, como a los herederos del representante legal y mayor accionista de la
compañía Electro Atlántico SAS; Gabriel Jaime Peláez Trujillo, quien falleció
debido al «stress severo causado por las tortuosas actuaciones del Magistrado
Conductor (…)».

23. Indicó que la dilación en el fallo y resolución del incidente de liquidación
desatiende el artículo 29 de la Constitución Política en relación el plazo razonable
para decidir de fondo una controversia.

24. En lo que respecta al proceso 1998-00748-01 mencionó que se presentó
hace 25 y años y 5 meses y lleva alrededor de 6 años y 5 meses ante la autoridad
accionada para que se surta el recurso de apelación contra el auto que de
liquidación de condena en abstracto.

25. Frente al expediente 1998-00289-01 expuso que lleva alrededor de 25
años y 10 meses, sin que se hayan resuelto su reclamación en la jurisdicción.
Adujo que han transcurrido casi 20 años sin que se desate el recurso de
apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia.

26. Agregó que el derecho de acceso a la administración de justicia
materialmente ha sido negado, en la medida que no se han zanjado sus
pretensiones. De igual manera, la tutela judicial efectiva en la medida que, a
pesar de acudir al Estado a través del órgano jurisdiccional para la defensa de
los derechos reclamados, los operadores han sido negligentes y, por el contrario,
su proceder ha sido cada vez más lesivo de los intereses cuya protección fue
deprecada.

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1.5. Trámite de la acción

27. Por auto de 8 de abril de 2024, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia,
ordenó notificar como accionada a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado.

28. Aunado a ello, vinculó a la Secretaría de la Sección Tercera de la
corporación, al municipio de Sincelejo, y a los señores Beatriz Eugenia Correa
Cifuentes, Patricia Eugenia Prado Rosero y Pedro Eugenio Medellín Torres,
como terceros con interés. Finalmente, negó la medida cautelar deprecada5.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado

29. El magistrado sustanciador de los procesos 1998-00748-01 y 1998-00289-
01 solicitó la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo, en razón a
que el accionante no se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto, en
razón a que no es parte del medio de control que se adelanta con dichos
radicados, ni actúa a nombre de otro o como agente oficio.

30. Adujo que el actor nunca arrimó al proceso ordinario 1998-00748-01 el
contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado con el representante legal de
Electro Atlántico el 14 de abril de 2020 y que aporta con la solicitud de amparo.
Aunado a ello, porque en auto del 29 de julio de 2022 se le indicó que las cesiones
debían rechazarse por improcedentes en la medida que los acuerdos de
voluntades fueron celebrados con posterioridad al 14 de febrero de 2013. Es
decir, con posterioridad a la sentencia que puso fin al objeto de la litis.

31. Hizo hincapié en que, si bien la sentencia dictada el 30 de enero de 2013
condenó en abstracto al municipio de Sincelejo, lo cierto era que el litigio finalizó
cuando se determinó la responsabilidad del municipio demandado, en la medida
que el incidente de liquidación de la condena constituye un trámite accesorio que
solo establece el valor de la indemnización de acuerdo con los lineamientos
dictados en la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada.

32. Por lo mismo, tampoco procedería reconocer la cesión de derechos
litigiosos suscrita el 14 de abril de 2020 entre el representante legal de Electro
Atlántico y el señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo, aportada con la tutela. De ahí
que no tiene interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo.

5
El señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo solicitó en su escrito de tutela que se le ordenara a la
autoridad judicial accionada fijar fecha y hora para dictar sentencia. Cfr. índice 2 – Expediente
Samai 11001-03-15-000-2024-01603-00.

5
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33. En lo que respecta al proceso 1998-00289-01, adujo que tampoco ha sido
reconocido como parte ni interviniente. Expuso que mediante auto del 30 de
enero de 2023 se le requirió para que acreditara su calidad para actuar en el
proceso con ocasión a una solicitud de copias que presentó el 28 de marzo de
2022.

34. No obstante, no ha allegado los documentos correspondientes y sin ello,
no se ha surtido el traslado dispuesto en la ley procesal para que la entidad
territorial demandada, si a bien lo tiene, exprese su aceptación o manifieste su
rechazo, y mucho menos se ha proferido providencia alguna pronunciándose
sobre la cesión.

35. De manera subsidiaria, solicitó que se negara la acción de tutela en virtud
de la inexistencia de vulneración o afectación de los derechos fundamentales
invocados con la demanda.

36. En seguida hizo un recuento de todas las actuaciones procesales surtidas
al interior de los expedientes 1998-00748-01 y 1998-00289-01 y afirmó que no
existe mora judicial pues se les ha impartido el trámite que corresponde y tienen
una carga laboral muy alta.

37. Posteriormente, en memorial aportado el 12 de abril de 2024 informó que
mediante auto del 16 de abril de 2024 se decretó de oficio un nuevo dictamen
pericial, para que se calcule la suma resultante de la diferencia existente entre el
valor de la tarifa mínima a recibir por usuario y por sector y las sumas recibidas
por Electro Atlántico como consecuencia de la modificación de las tarifas que hizo
el municipio con el Decreto 149 de 1998.

38. Finalmente, puso de presente que el 18 de abril de 2024 el apoderado
judicial de Electro Atlántico presentó solicitud de adición en contra del auto del
16 de abril de 20246. Luego, indicó que en providencia del 6 de mayo se resolvió
la aludida solicitud.

39. Además, que en memorial radicado el 27 de mayo del corriente, el
representante de la sociedad presentó sus cuestionamientos frente al auto del 16
de abril de 2024; los cuales, a su turno, fueron resueltos mediante auto del 11 de
junio siguiente.

40. Con ello, iteró que las solicitudes y las actuaciones procesales que se han
adelantado en los procesos referidos han sido múltiples y estas, naturalmente,
deben ser atendidas por el despacho. En ese orden, indicó que era palmario que
en el caso concreto no se configura una mora judicial como alega la parte actora 7.

1.6.2. Patricia Eugenia Prado Rosero

6Cfr. índice 29 – Expediente Samai 11001-03-15-000-2024-01603-00.
7 Cfr. índice 35 – Expediente Samai 11001-03-15-000-2024-01603-00.

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41. Indicó que coadyuva la acción de tutela de la referencia. Después, allegó
memorial8 en el cual presentó aclaraciones a la contestación de tutela suscrita
por el magistrado ponente de los procesos ordinarios respecto de los cuales se
predica la mora.

42. Para el efecto, indicó que no es cierto que la demora en el trámite de los
expedientes sea a causa de la excesiva congestión en el despacho. Como
sustento de su afirmación manifestó que la sentencia de segunda instancia en el
proceso 1998-00748-01 se profirió el 30 de enero de 2013; es decir, hace 10
años, mientras que en el radicado 1998-00289-01 aún no ha habido
pronunciamiento alguno.

43. Enseguida, indicó que la mora obedece a irregularidades por conceptos
de olvidos, errores involuntarios y extravío de documentos hasta la fecha de
admisión de la presente acción constitucional.

1.6.3. Pedro Eugenio Medellín Torres

44. Presentó memorial a través del cual manifestó que coadyuva la presente
acción de tutela.

1.6.4. Carlos Ignacio Peláez Trujillo

45. En sendos memoriales reiteró la intervención realizada por la señora
Patricia Eugenia Prado Rosero9, se opuso al memorial allegado por la autoridad
accionada, mediante el cual puso de presente que profirió el auto del 16 de abril
de 202410. Indicó que, en su sentir, dicha providencia modificó sustancialmente
la sentencia de segunda instancia. Además, aportó constancias de las últimas
actuaciones surtidas11.

1.7. Sentencia de primera instancia

46. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante
providencia del 17 de julio de 2024 reconoció a la señora Patricia Eugenia Prado
Rosero y al señor Pedro Eugenio Medellín Torres como coadyuvantes de la parte
actora. Aunado a ello, negó las pretensiones de la tutela y exhortó a la accionada
a imprimir celeridad y adoptar las medidas necesarias en el trámite y resolución
de los recursos de apelación de auto y sentencia en los procesos 1998-00748-
01 y 1998-00289-01.

47. Para fundamentar su decisión, el a quo efectúo un recuento de las
actuaciones surtidas en los procesos referidos al interior de la corporación. Es
decir, una vez fueron arribados para resolverse los recursos correspondientes.

8
Cfr. índice 2 – Expediente Samai 11001-03-15-000-2024-01603-00.
9
Cfr. índice 20 – Expediente Samai 11001-03-15-000-2024-01603-00.
10
Cfr. índice 28, 30 y 33 – Expediente Samai 11001-03-15-000-2024-01603-00.
11 Cfr. índice 37 y 39 – Expediente Samai 11001-03-15-000-2024-01603-00.

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48. Hizo hincapié en que al interior de los expedientes se han resuelto un
sinnúmero de solicitudes de: reconocimiento de personería, renuncias de poder,
copias y requerimientos para designación de apoderados.

49. Con ello, concluyó que, a pesar de ha transcurrido tiempo considerable
entre la presentación de las demandas hasta la de radicación de la solicitud de
amparo, no se evidenciaba inactividad del juez ordinario, en la medida que ha
realizado distintas actuaciones de cara a dar solución al caso concreto.

1.8. Impugnación

50. El señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo, coadyuvado por el señor Pedro
Eugenio Medellín Torres y Patricia Eugenia Prado Rosero, solicitaron que se
revocará la providencia impugnada y, en consecuencia, se protegieran sus
derechos fundamentales. Para el efecto, iteró los argumentos invocados en el
escrito de tutela.

51. En ese orden, indicó que el proyecto 1998-00748-01 lleva alrededor de 2
años y 9 meses en el despacho «durmiendo el sueño de los justos». Indicó que
el magistrado sustanciador pretende dilatar la resolución del incidente de
liquidación, toda vez que, en lugar de acudir a los auxiliares de la justicia optó por
solicitarle el 19 de abril de 2024 a la Universidad Nacional la designación de un
perito; el 27 de marzo siguiente a la Universidad de Cundinamarca y ante su
negativa, el 13 de agosto a la Universidad Militar Nueva Granada.

52. Además, sostuvo que las pautas que le dio al profesional para liquidar lo
dispuesto en providencia del 30 de enero de 2013 modificaban sustancialmente
el fallo.

53. En lo que respecta al radicado 1998-00289-01 mencionó que el proceso
ingresó al despacho desde el 29 de marzo de 2004 por reparto, por lo que han
transcurrido 20 años, 4 meses y 8 días para que se profiera sentencia de segunda
instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

54. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 17 de julio de 2024, dictado por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

55. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente, las intervenciones allegadas en
el trámite del proceso y el escrito de impugnación; corresponde a esta Sala
decidir si confirma, modifica o revoca el fallo de 17 de julio de 2024 del Sección
Tercera, Subsección B de esta colegiatura. Para el efecto, se resolverá el
siguiente problema jurídico:

● ¿La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por incurrir en
mora judicial injustificada al interior de los procesos de controversias
contractuales identificados con los radicados 70001-23-31-000-1998-
00748-01 y 70001-23-31-000-1998-00289-01?

56. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) la mora judicial, y
(iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

57. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

58. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

59. El inciso 1.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para
solicitar «por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

60. El Decreto 2591 de 1991, ratifica en el artículo 10 que esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial. Incluso a través de la figura de la agencia

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oficiosa, se puede solicitar la protección de derechos fundamentales ante los
jueces de tutela cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa.

61. Los artículos 10 y 46 ídem, establecen que los defensores del pueblo y los
personeros municipales también pueden interponer acción de tutela en nombre
de personas cuyos derechos fundamentales consideren agraviados12.

62. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia
T-416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia
de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

63. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre
de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades 13, a partir
de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento
jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de
tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la
legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya fuera de
texto).

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el
cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de
acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder
general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso14.

64. Más adelante, en sentencia T-176 de 2011 se reiteró la anterior postura
en los siguientes términos:

(…) la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio
del demandante.

12
Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
13
“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002”.
14
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.

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65. Luego, en la Sentencia de Unificación 456 de 2016 el Alto Tribunal
Constitucional manifestó que «El estudio de la legitimación en la causa, es un
deber de los jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto
procesal material de la demanda».

2.4.1. Estudio de la legitimación en la causa por activa en el caso concreto

66. El señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo allegó con la solicitud de amparo
los contratos de cesión de los derechos litigiosos que se debaten en los
expedientes 70001-23-31-000-1998-00748-01 y 70001-23-31-000-1998-00289-
01, adelantados en contra del municipio de Sincelejo, suscritos entre el
representante legal de Electro Atlántico SAS; Gabriel Jaime Peláez Trujillo, en
calidad de cedente y él, en calidad de cesionario, el día 14 de abril de 2020.

67. En primera instancia, el a quo dio por acreditada la legitimación en la causa
del actor en virtud de dichos contratos. Pues bien, la Sala previo a adoptar una
consideración al respecto, estima necesaria analizar el estudio de este
presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela, conforme se expone a
continuación:

• Expediente 70001-23-31-000-1998-00748-01

68. La Sección Tercera, Subsección C de esta corporación expuso en su
escrito de contestación que el señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo no se
encuentra legitimado en la causa por activa, comoquiera que no funge como parte
procesal al interior del proceso de la referencia.

69. Alegó que el contrato de cesión de derechos litigiosos no ha sido arrimado
ante dicho despacho judicial. Además, indicó que en todo caso, no sería
procedente reconocer la mentada cesión pues el litigio finalizó con la sentencia
del 30 de enero de 2013 y, el contrato fue celebrado en una fecha posterior a la
ejecutoria de dicha decisión.

70. Así las cosas, al revisar el expediente digital en Samai no se advierte que,
en efecto, la parte actora hubiera radicado el contrato de cesión de derechos
litigiosos suscrito el 14 de abril de 2020. Misma razón por la cual no funge como
sujeto procesal, litisconsorte cuasinecesario, agente oficioso, ni tercero con
interés en el medio de control cuya mora judicial es cuestionada en esta instancia.

71. Se tiene que mediante providencia del 30 de agosto de 2022, el
magistrado sustanciador del proceso se pronunció sobre las solicitudes de
reconocimiento de derechos litigiosos celebrados entre Electro Atlántico SAS y
la señora Beatriz Eugenia Correa Cifuentes, la sociedad Fajardo Abogados SAS,
Patricia Eugenia Prado Rosero y Pedro Eugenio Medellín Torres.

72. En dicha providencia, la autoridad judicial rechazó por improcedente el
reconocimiento con ocasión a que dichos contratos fueron celebrados con

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posterioridad al 14 de febrero de 2013. Es decir, de la ejecutoria de la sentencia
de segunda instancia que puso fin al objeto de la litis. Allí, expuso que el incidente
de liquidación de la condena es un trámite accesorio que solo determina el valor
de la indemnización de acuerdo con los lineamientos fijados en la sentencia que
hizo tránsito a cosa juzgada.

73. Lo anterior permite corroborar dos circunstancias: la primera es que, hasta
ese momento procesal el despacho ponente no recibió solicitud de
reconocimiento de derechos litigiosos por el señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo.
La segunda, es que aun si en gracia de discusión el actor radicara los memoriales
pertinentes, el despacho no accedería en atención a su criterio. Es decir, que el
litigio finalizó con la determinación de responsabilidad del municipio de Sincelejo,
por lo que hasta antes de la sentencia de segunda instancia era posible tal
solicitud.

74. Valga señalar que, revisadas las actuaciones procesales siguientes,
también se echa de menos que el señor Peláez Trujillo hubiese presentado el
contrato aportado en esta instancia y la solicitud de reconocimiento como
cesionario de los derechos litigios.

75. Tampoco obra pronunciamiento del despacho relación con el tema
discutido en este punto. Se advierte que en auto de 12 de diciembre de 2022, se
resolvieron solicitudes de representación del municipio de Sincelejo, impulso
procesal y copias. El 16 de abril de 2024, se decretó de oficio una prueba pericial.
Y, el 6 de mayo de 2024, se negó una solicitud de adición de la providencia de
16 de abril de 2024.

76. Luego, el 14 de mayo de 2024 el señor Carlos Ignació Pelaez Trujillo
presentó cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas en auto del 16 de
abril de 2024.

77. El 21 de mayo de 2024 el despacho ponente ordenó oficial al rector de la
Universidad de Cundinamarca a fin de que se practicara la prueba pericial
decretada el 16 de abril de 2024.

78. Además, el 8 de julio de 2024, el actor junto con los señores Patricia
Eugenia Prado y Pedro Eugenio Medellín formularon solicitudes sobre los
fundamentos legales y constitucionales del auto de 21 de mayo de 2024. No
obstante, mediante providencia del 22 de julio de 2024 el despacho ponente las
rechazó por improcedentes en razón a que; 1) mediante auto del 30 de agosto
de 2022 se rechazó la cesión de derechos litigiosos sucrita a favor de los
ciudadanos Patricia Eugenia Prado y Pedro Eugenio Medellín Torres y; 2) no obra
en el expediente el contrato de cesión celebrado en favor del señor Carglos
Ignacio Peláez.

79. En ese sentido, conviene reiterar que la tesis de la Sala consiste en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca
como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa).

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80. Por ende, al no ser el señor Peláez Trujillo sujeto procesal al interior el
proceso ordinario referido, agente oficioso, ni tener interés en las resultas del
mismo, no está legitimado para la interposición del presente mecanismo judicial.

• Expediente 70001-23-31-000-1998-00289-01

81. Ahora bien, en relación con el medio de control de la referencia, se tiene
que la Sección Tercera, Subsección C de la corporación también adujo en su
intervención que había ausencia de legitimación en la causa por activa del señor
Peláez Trujillo.

82. Como sustento de su dicho, indicó que el 28 de marzo de 2022 recibió una
solicitud de copias de algunas piezas procesales del señor Peláez Trujillo. Por lo
que, mediante auto del 30 de enero de 2023, lo requirió para que acreditara su
calidad para actuar en el proceso.

83. Al requerimiento anterior, obra respuesta proporcionada por el actor el 27
de febrero de 2023. Allí, indicó que instauró la solicitud de copias en condición
de cesionario de derechos litigiosos. No obstante, señaló que por un error
involuntario no lo notificó oportunamente al despacho. Valga señalar que no
acompañó con su actuación ni el contrato, ni la solicitud de reconocimiento.

84. Luego, obra auto del 2 de octubre de 2023 mediante el cual el magistrado
ponente del medio de control aceptó la cesión de derechos litigiosos efectuada
por la sociedad demandante a favor de los señores Beatriz Eugenia Correa
Cifuentes, Patricia Eugenia Prado Rosero y Pedro Eugenio Medellín Torres. Esto,
en atención a que se allegaron en original los contratos. Por lo tanto, dispuso
tenerlos para todos los efectos procesales como litisconsortes cuasinecesarios.

85. Con posterior a dicha providencia no obra ningún otro memorial radicado
por el señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo. Tampoco, providencia que resuelva
una solicitud en relación con la cesión de derechos litigiosos realizada a su favor.
Luego, no es factible que la autoridad judicial accionada adopte una
determinación sobre el particular, máxime cuando debe dar traslado de la misma
a la entidad territorial demandada para que, si a bien lo tiene, exprese su
aceptación o manifieste su rechazo.

86. En este punto conviene reiterar las consideraciones realizadas con
antelación a propósito del proceso 1998-00748-01, en el entendido que al no ser
sujeto procesal, ni integrar la controversia ordinaria respecto de la cual señala
que hay mora judicial, no está legitimado en la causa por activa.

87. Por lo tanto, a diferencia de lo señalado por el juez de primer grado en la
tutela de la referencia, el solo contrato de cesión de derechos litigiosos del 14 de
abril de 2020 no habilita al señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo para ostentar la
calidad de sujeto procesal del medio de control ordinario, ni mucho menos, para

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defender los intereses que se señalan como transgredidos en esta acción de
tutela.

88. Así las cosas, si se estiman conculcados derechos fundamentales con
ocasión de la presunta mora judicial injustificada al interior de los expedientes
70001-23-31-000-1998-00748-01 y 70001-23-31-000-1998-00289-01, son los
sujetos procesales de dicho trámite quienes tienen la titularidad y legitimidad de
reclamar la protección correspondiente.

2.5. Cuestión final

89. Por último, se recuerda que los señores Patricia Eugenia Prado Rosero y
Pedro Eugenio Medellín Torres actúan como coadyuvantes, y no como
accionantes. Por lo tanto, estos no tiene pretensiones propias o independientes
a las del escrito inicial. Luego ante la consideración ya expuesta, no es posible
realizar un pronunciamiento adicional al respecto.

90. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primer grado que negó las
pretensiones de la solicitud de amparo. En su lugar, se declarará la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo para
promover esta acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2024 por el Sección
Tercera - Subsección C del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la
acción de tutela.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del señor Carlos Ignacio Peláez Trujillo para promover la acción de tutela
de la referencia, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Ausente con permiso

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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