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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01620-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01620-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01620-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01620-01
Demandante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL
TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO – Ampara / CONFIGURACIÓN DE
DEFECTO FÁCTICO – Defectuosa valoración del material probatorio allegado al proceso/
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.

La Sala1 decide la impugnación presentada por el señor Mario Arnobis Loaiza
Gómez contra la sentencia del 28 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que resolvió:

PRIMERO: AMPARAR los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia solicitados por Sandra Viviana Alfaro Yara, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 14 de febrero de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el 16 de febrero y 21 de
marzo de 2024 por el Juzgado 4 Administrativo de Medellín dentro del incidente
de desacato de la acción de tutela No. 05001-33-33-004-2023-00458-00/01 y,
en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que,
dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera
una nueva decisión en el marco del grado de consulta de desacato, en la cual
atienda lo dispuesto en la presente sentencia.

I. ANTECEDENTES
1.Demanda

1.1. Pretensiones

El 4 de abril de la presente anualidad, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos

1 Se advierte que, el 19 de julio de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01620-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
«patrimonio» y al buen nombre. Formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de las suscritas.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al Juzgado Cuarto Administrativo
de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia, inaplicar la sanción
calendada el 18 de diciembre de 2023 impuesta a la suscrita, consistente en
multa de tres (3) SMMLV. Sanción confirmada mediante auto del 14 de febrero
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO: Se ORDENE al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín y
al Tribunal Administrativo de Antioquia, ANALICE/ESTUDIE, MODULAR la
orden proferida en la sentencia del fallo de tutela del 23 de octubre de 2023
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín confirmada
mediante sentencia del 16 de noviembre de 2023, que protegió los derechos
fundamentales invocados por MARIO ARNOBIS LOAIZA GÓMEZ, sobre la
orden en el que se encuentra para la entrega de la indemnización y la fecha
estimada en que recibirá el desembolso al cual tiene derecho, toda vez que
conforme al procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y la
aplicación del método técnico de priorización existe una imposibilidad jurídica
para dar cumplimiento a la orden judicial, acatando el precedente
jurisprudencial señalado. En tal sentido, en cumplimiento de la sentencia SU-
034 de 2018 y el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, la Unidad para
las Víctimas entidad en la que la suscrita labora, cumplió la orden judicial en la
medida de expedir la Resolución No. 04102019-955517 del 1 de diciembre de
2020, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización administrativa
a MARIO ARNOBIS LOAIZA GÓMEZ y dispuso la aplicación del método
técnico de priorización al particular con sus respectivos resultados de los años
2021, 2022 y 2023.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín o al
Tribunal Administrativo de Antioquia, que comunique a la autoridad encargada
de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado
con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín o al
Tribunal Administrativo de Antioquia, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción,
previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato.

1.2. Hechos

En la demanda se narró que el señor Mario Arnobis Loaiza Gómez interpuso acción
de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en
adelante UARIV-, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
por no haberle entregado a la accionante una fecha, plazo o turno para el pago de
la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado, reconocida mediante la Resolución 04102019-955517 del 1° de diciembre
de 2020.

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Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En sentencia del 23 de octubre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Medellín amparó el derecho fundamental de petición del señor Loaiza Gómez y le
ordenó a la UARIV que resolviera de fondo la solicitud del 14 de agosto de 2023 y
le informara una fecha aproximada en la cual le haría efectivo el pago de la
indemnización administrativa reconocida. La anterior decisión fue recurrida por la
UARIV.

Mediante providencia del 16 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la providencia impugnada.

El señor Loaiza Gómez presentó incidente de desacato en contra de la UARIV, por
lo que, el 17 de noviembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín
dio apertura al incidente de desacato contra la directora de reparaciones de la
UARIV.

La UARIV, el 18 de noviembre de 2023, le comunicó al Juzgado Cuarto
Administrativo de Medellín que, como no se acreditó que el accionante tuviera una
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el
artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y 1° de la Resolución 582 de 2021, y que
para la vigencia 2023, luego de aplicar el método técnico de priorización
concluyeron que no era procedente la entrega material de la medida de
indemnización administrativa.

Mediante providencia del 27 de noviembre siguiente, el referido juzgado sancionó
a la señora Alfaro Yara con multa de 3 SMMLV.

El 28 de noviembre de 2023, la UARIV informó que no había cumplido cabalmente
con la orden de tutela por imposibilidad jurídica, teniendo en cuenta que, para el
pago de ese tipo de indemnización, se debe cumplir lo dispuesto en la Resolución
01049 de 2019. Mediante providencia del 7 de diciembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, decretó
la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto del 17 de noviembre de
2023.

En providencia del 18 de diciembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Medellín sancionó a la señora Alfaro Yara con multa de 3 SMMLV, por no haber
dado cumplimiento a la sentencia de tutela del 23 de octubre de 2023. En

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

providencia del 14 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción impuesta.

El 15 de febrero de 2024, la UARIV solicitó la modulación del fallo y la inaplicación
de la sanción impuesta, con fundamento en la imposibilidad de informar una fecha
aproximada en la cual se haría efectivo el pago de la indemnización administrativa
al señor Loaiza Gómez.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, en auto del 16 de febrero de 2024,
negó la solicitud de inaplicación porque no se cumplió la orden dictada, ni tampoco
acreditó la imposibilidad material para cumplir la orden. El 21 de marzo siguiente,
nuevamente negó la solicitud de inaplicación.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 9 de abril de 2024, el magistrado sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Cuarto Administrativo
de Medellín, como parte demandada, y al señor Mario Arnobis Loaiza Gómez y a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), como terceros con interés. Asimismo, se negó la medida
provisional solicitada.

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia hizo un recuento de las actuaciones
surtidas al interior del proceso de tutela y del incidente de desacato que
posteriormente promovió la actora e indicó que la UARIV no ha cumplido la orden
dispuesta por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, que fue confirmada
por el Tribunal, pues solo le ha indicado que el accionante no es una persona
priorizada, y que le aplicarán el método técnico de priorización en el 2024, sin
señalarle el plazo aproximado en el que se haría efectivo el pago de la
indemnización administrativa, lo cual desconoce los parámetros frente al derecho
que tienen las víctimas no priorizadas, establecidas por la Corte Constitucional.

Señaló que si bien la accionante refirió una imposibilidad para cumplir el fallo, en
su criterio, tal determinación desborda el objeto de lo que se discute en el grado
jurisdiccional de consulta, pues es un debate de la acción de tutela primigenia, y,
en todo caso, se ignora la subregla constitucional, que consiste en delimitar la
respuesta en cada caso y, de esa forma, evitar que el derecho fundamental de

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

petición se quede sin garantía ante la ambigüedad o la dilación en el tiempo de la
respuesta. Así pues, no se trata de obligar a entregar una fecha cierta, determinada
y única, sino que, dentro de las posibilidades administrativas, lo haga en términos
de aproximación.

3. Fallo impugnado

Mediante sentencia del 28 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara y,
como consecuencia, dejó sin efectos los autos proferidos el 14 de febrero de 2024,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y el 16 de febrero y 21 de marzo de
2024, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, al considerar que se
desconoció lo previsto en la sentencia SU-034 de 2018 y, además, se incurrió en
defecto fáctico por no tenerse en cuenta elementos de juicio importantes, tales
como la Resolución 1049 de 2019 de la UARIV y los informes rendidos por la
UARIV, respecto de las actuaciones adelantadas y los motivos que impedían el
cumplimiento del fallo de tutela.

4. Impugnación

Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Mario Arnobis Loaiza
Gómez argumentó que vulnera sus derechos fundamentales, al ser víctima del
conflicto armado y, por ende, sujeto de especial protección por el Estado.

Sostuvo que la accionante no ha cumplido con sus funciones para las cuales ha
sido nombrada, porque no le está dando cumplimiento a las órdenes judiciales
impartidas a favor de las víctimas del conflicto armado, utilizando maniobras
dilatorias para no dar una respuesta de fondo a las solicitudes que realizan,
quedando en una «completa incertidumbre, porque la UARIV está desconociendo
las sentencias T-205 de 2021, T-248 de 2021, T-377 de 2022 y el auto 331 de 2019
y la sentencia T-450 de 2019, reiterada en el auto 331 de 2019».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 28 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Segunda del Consejo de Estado. En primer lugar, la Sala deberá analizar si en el
caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la
tutela. Solo en el evento de cumplirse, la Sala descenderá al análisis de fondo que
corresponde, a fin de establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín vulneraron o no los derechos
fundamentales de las señoras Clelia Andrea Anaya Benavides y Sandra Viviana
Alfaro Yara.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra
acción de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de
desacato

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó el
criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela

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sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra decisiones
proferidas en el trámite incidental de desacato, la Corte Constitucional, en
sentencia de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:

En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es
del caso–.

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ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía
que practicar de oficio.

2.2. Requisitos generales de procedibilidad

2.2.1. De la inmediatez: se observa que sí se cumple con este presupuesto, puesto
que la acción de tutela se presentó en un plazo razonable, si se considera que la
providencia que la sancionó se profirió el 18 de diciembre de 2023, y el grado
jurisdiccional de consulta fue resuelto mediante auto del 14 de febrero de 2024,
como la tutela se presentó el 4 de abril de la presente anualidad, es claro que no
habían transcurrido ni siquiera tres meses, por lo que se concluye que fue
interpuesta en un término razonable.

Por lo anterior, la Sala estudiará si la tutela presentada por la señora Sandra Viviana
Alfaro Yara cumple con los demás requisitos generales y, en caso de cumplirse,
estudiará de fondo el asunto con el fin de determinar si le vulneraron o no sus
derechos fundamentales.

2.2.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima
que este requisito está acreditado porque se agotaron los recursos disponibles en
el proceso de tutela y en el trámite del incidente de desacato, pues, precisamente,
lo que se está discutiendo es la inaplicación de una sanción proferida en el marco
de un incidente de desacato que ya surtió el grado jurisdiccional de consulta ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.2.3. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante alegó que con las
providencias que se abstuvieron de levantar la sanción impuesta en el incidente de
desacato, vulneraron sus derechos fundamentales, al no tener en cuenta la
imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo de tutela y el desconocimiento
del precedente unificado de la Corte Constitucional, cuestiones que revisten una
marcada importancia desde la óptica de las prerrogativas iusfundamentales.

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2.2.4. No se advierte que la parte actora hubiera planteado argumentos
nuevos y no se solicitaron nuevas pruebas, pues los motivos de reproche contra
las providencias que la sancionaron y en el escrito de tutela, son consistentes en
afirmar que le es imposible dar cumplimiento material a la orden de tutela, toda vez
que, de conformidad con el procedimiento administrativo contemplado en la
Resolución 1049 de 2019, al aplicar el método de priorización diseñado por la
UARIV, el accionante en el proceso de tutela objeto de desacato no obtuvo el
puntaje necesario para ser incluida dentro del universo de víctimas priorizadas que
accedieron a la indemnización administrativa con los recursos asignados, en la
disponibilidad presupuestal del año 2023.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico2

En el caso bajo estudio, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara alegó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín
incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del precedente, al no atender
favorablemente las solicitudes de inaplicación de las sanciones por desacato al fallo
de tutela del 23 de septiembre de 2023, que se le impusieron mediante providencias
del 18 de diciembre de 2023, confirmada en sede de consulta el 14 de febrero de
2024.

En la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional analizó la validez de las
providencias mediante las cuales el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios negó
el levantamiento de las sanciones por desacato impuesta a la antigua directora
general y a otras funcionarias de la UARIV por no entregar la indemnización
administrativa reclamada por tres víctimas de desplazamiento forzado en los
términos fijados en los fallos de tutela que ordenaron el pago de dicha medida de
reparación.

En aquella oportunidad, la autoridad jurisdiccional accionada se rehusó a inaplicar
las sanciones impuestas, por cuanto la entidad no había demostrado el pago a los
interesados tal y como había sido dispuesto en las sentencias de tutela que
ampararon los derechos por ellos invocados.

2 Por tratarse de asuntos con circunstancias fácticas y jurídicas similares, la Sala incorporará a este

fallo las consideraciones expuestas en las sentencias del 20 de mayo de 2022, expediente 2022-
02006-00, y del 31 de mayo de 2023, expediente 2023-00973-00, ambos con ponencia del magistrado
José Roberto Sáchica Méndez.

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Por su parte, la UARIV explicó que no era posible realizar el desembolso inmediato
de los respectivos recursos, por cuanto era necesario establecer los criterios de
priorización que resultaran aplicables en cada caso y agotar el procedimiento
previsto legalmente para el efecto, debido a que la política de reparación integral a
las víctimas del conflicto del conflicto se ejecuta de acuerdo con los principios de
igualdad, gradualidad y progresividad en vista de la masiva cantidad de afectados
por la violencia y las limitaciones presupuestales.

La Sala Plena de la Corte analizó específicamente los requisitos para enervar
providencias que ponen fin a los incidentes de desacato y estudió la jurisprudencia,
con especial énfasis en su naturaleza y finalidad «que no es otra que propiciar el
cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela como medio para asegurar el
restablecimiento de los derechos amparados». Sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, por cuanto omitieron la complejidad que implicaba la ejecución
inmediata de las órdenes de tutela -por estar inmersa en un estado de cosas
inconstitucional-, y se debía atender a las facultades del juez para modular las
órdenes impartidas en la sentencia -pago de la indemnización administrativa- en
consideración al contexto y los informes allegados por la UARIV.

La Corte concluyó que se trataba de órdenes complejas y, por tanto, el precedente
constitucional habilitaba al juez del desacato para modular la orden de pago en uno
de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), con el propósito de hacer
posible y real su cumplimiento, pues la entidad obligada se allanó a su
cumplimiento, pero que debía contrastarse con la problemática estructura asociada
al estado de cosas inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento
forzado.

Adicionalmente, precisó que la omisión en el estudio de la responsabilidad subjetiva
condujo al desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del
incidente de desacato, pues pasaron por alto que el no pago inmediato de las
medidas de reparación no era imputable a la negligencia de las funcionarias, sino
a la situación coyuntural ocasionada por la violación masiva de derechos en el
marco del conflicto, y esa omisión condujo a una desnaturalización de las sanciones
de arresto y multa como mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda
en los fallos de tutela.

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Finalmente, concluyó lo siguiente:

Al momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial debe
tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos
determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de
su destinatario. Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un
estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para
hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para
la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado,
(ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados
son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del
cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras
dispuestas en el fallo de tutela.

No obstante lo anterior, se precisó que la alternativa de acción adoptada por la
UARIV (consistente en la asignación de un turno para la entrega efectiva de la
indemnización) está inserta en una estructura general de cumplimiento, por
tratarse de un estado de cosas inconstitucional, en este caso, en materia de
atención a víctimas de desplazamiento forzado. Se subrayó que la Corte
Constitucional no puede promover ni aceptar el uso estratégico del incidente
de desacato, de modo que se convierta en un mecanismo que les permita a los
accionados dilatar el cumplimiento de las órdenes de tutela en procesos que
no estén dentro de un escenario como el que aquí se observa, esto es, un
estado de cosas inconstitucional.

A partir de los anteriores hallazgos, se concluyó que deben tutelarse los
derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso invocados por la
actora y, como consecuencia de ello, se debe dejar sin efectos aquellas
providencias que negaron el levantamiento de las sanciones por desacato
impuestas a las funcionarias de la UARIV, para proceder a levantarlas, de
conformidad con el precedente fijado por la Corte Constitucional en la materia.

En el presente asunto, se advierte que, a partir de los lineamientos establecidos por
la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, la UARIV profirió la Resolución
01049 del 25 de marzo de 2019, por la cual se estableció el procedimiento para
acceder al componente de indemnización administrativa y se fijaron los parámetros
de aplicación del método técnico de priorización para su desembolso. Allí se
dispuso que las víctimas se encuentran en situación de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad cuando se acredita tener una edad igual o superior a los 68
años, o tener enfermedades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo,
o tener una discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e
instrumentos pertinentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social
o la Superintendencia Nacional de Salud.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01620-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Asimismo, se estableció que los formularios de solicitud de indemnización
administrativa debían ser clasificados en dos grupos (prioritarios y generales), y
para la materialización de la medida se tendría en cuenta la disponibilidad
presupuestal que tuviera la UARIV.

Se dispuso, además, que en los casos no priorizados el orden para la entrega se
define a través de la aplicación del método técnico de priorización y este se realiza
siempre que haya disponibilidad presupuestal.

Pues bien, se tiene que el señor Mario Arnobis Loaiza Gómez promovió incidente
de desacato contra la UARIV por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, el 23 de octubre de
2023, y confirmada mediante sentencia del 16 de noviembre de 2023, proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Mediante auto del 14 de diciembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Medellín abrió el correspondiente trámite incidental y requirió a la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, directora técnica de reparación de la UARIV, con el fin de que
rindiera informe de cumplimiento del fallo de tutela.

La UARIV, a través de representante judicial, manifestó que al accionante se le
había realizado el estudio técnico de priorización, pero no salió favorecido para la
entrega de la indemnización administrativa a la que tenía derecho. Además, señaló
que no resultaba posible jurídicamente dar cumplimiento al fallo, por cuanto al no
aprobar el estudio técnico de priorización, no podía asegurarle al señor Mario
Arnobis Loaiza Gómez una fecha estimada para el pago de la indemnización.
Asimismo, sostuvo que le informó al accionante los resultados de los estudios y le
precisó que, de contar con elementos probatorios para el estudio de la siguiente
vigencia, los presentara en debida forma con el fin de que sirvieran de soporte para
el análisis correspondiente.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, en providencia del 18 de diciembre
de 2023, sancionó a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara con multa por valor de
tres (3) smmlv, por cuanto no se acreditó el cumplimiento de la orden de tutela del
23 de octubre de 2023, pues, si bien se aplicó el método técnico de priorización a
la accionante, no se determinó una fecha estimada para el pago de la
indemnización administrativa, tal y como fue ordenado en el fallo de segunda

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01620-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

instancia en sede de tutela. Explicó, además, que el hecho de informarle una fecha
aproximada para el pago de la indemnización que le fue reconocida no afecta el
principio de igualdad.

La anterior providencia surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el que, mediante auto del 14 de febrero de 2024,
confirmó la sanción. Para tal efecto, argumentó que no se había acreditado el
cumplimiento de la orden judicial, pues la entidad ha obstaculizado la garantía del
derecho fundamental de petición del accionante y ha obviado el cumplimiento de la
tutela. Sostuvo que la entidad accionada no aportó información que acreditara el
cumplimiento del fallo de tutela y que las providencias en el trámite de desacato
estuvieron debidamente notificadas a la incidentada.

La señora Alfaro Yara solicitó la inaplicación de la sanción por desacato ante el
Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín. Indicó que se encontraba en
imposibilidad material para el cumplimiento del fallo de tutela, pues no resultaba
posible fijar un término razonable y perentorio para entregar de manera material la
indemnización administrativa reconocida, por cuanto la entrega de ese tipo de
medidas debe cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad
fiscal, ya que no es viable indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo.
Además, insistió en que al aplicar el método técnico de priorización se arrojó un
resultado desfavorable y, por tanto, no era posible indicarle una fecha aproximada
para el pago de la indemnización.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, en providencia del 21 de marzo de
2024, negó la solicitud de inaplicación de la sanción, toda vez que no se demostró
el cumplimiento de la orden de tutela en los términos indicados en el fallo del 23 de
octubre de 2023.

Visto lo anterior, la aquí accionante le comunicó en múltiples ocasiones a las
autoridades judiciales demandadas la imposibilidad material de cumplir con la orden
proferida en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-031-2023-00017-01,
debido al agotamiento del procedimiento administrativo establecido en la
Resolución 01049 de 2019 y a la imposibilidad de asignar una fecha de entrega,
pues se agotaron los recursos dispuestos para cubrir el componente de
indemnización administrativa para la vigencia del año 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01620-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

A pesar de los anteriores argumentos, se observa que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, contrario a las reglas
establecidas por la Corte Constitucional, consideró que:

En las contestaciones presentadas por la UARIV se hizo hincapié en el
funcionario competente para cumplir el fallo, en la subsidiariedad de la acción
de tutela, en las gestiones internas que la entidad manifiesta llevar a cabo para
acatar las órdenes y en lo que denominan “imposibilidad material” para
responder de fondo la petición. No obstante, lo anterior no acredita el
cumplimiento efectivo de lo ordenado. Las dificultades internas de la entidad no
justifican desacatar la orden de un juez en sede de tutela, máxime cuando la
orden es proporcional y consiste en la definición de un plazo aproximado, y no
una fecha exacta, además de una orden de entrega de las indemnizaciones a
las víctimas. Pese a lo anterior, la UARIV no acreditó que hubiera respondido
de fondo la petición, ni tampoco que la información se le hubiera notificado a la
peticionario.

(…)

En efecto, las providencias proferidas en el trámite del incidente de desacato
se profirieron contra Sandra Viviana Alfaro, directora técnica de reparaciones
de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y luego
de la declaratoria de nulidad, fueron enviadas a las siguientes direcciones de
correo electrónico (…) – que corresponde al correo institucional de la
incidentada. De esta manera, la incidentada conoció del trámite, y optó, en
ejercicio de su derecho de defensa, no pronunciarse.

En ese contexto, se advierte que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el precedente sentado en la sentencia SU-034 de 2018, al no tener
en cuenta que los pronunciamientos de los jueces de tutela deben respetar los
procedimientos establecidos por las entidades que hacen parte del sistema integral
de reparación y que al imponer las sanciones en desarrollo del trámite incidental de
desacato al juez constitucional le corresponde valorar la responsabilidad subjetiva
de la parte obligada a acatar la orden.

Igualmente, la Sala considera que también incurrieron las autoridades demandadas
en el defecto fáctico alegado, puesto que, mediante la Resolución 0410219-955517
del 1° de diciembre de 2020, la UARIV le reconoció el derecho a la medida de
indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado al señor Mario
Arnobis Loaiza Gómez.

Asimismo, en el trámite incidental, se informó que la UARIV aplicó el método técnico
de priorización en 2023 y le comunicó al accionante que el puntaje obtenido no le
permitía acceder a la indemnización en esa vigencia, por lo que, en el año 2024, le
aplicaría nuevamente el método técnico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01620-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

También explicó que, si llegara a contar con uno de los tres criterios de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, podría adjuntar en cualquier tiempo la
certificación y los documentos necesarios que acrediten esa circunstancia para
priorizar la entrega de la medida.

En virtud de lo anterior, le indicó que era imposible brindarle una fecha de pago
específica al señor Mario Arnobis Loaiza Gómez, pues por su puntaje no se ubicó
dentro del universo de víctimas que accederán a la indemnización administrativa,
conforme a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2021,
2022 y 2023.

Así las cosas, se puede observar que al confirmar la sanción impuesta a la
accionante en el incidente de desacato, el Tribunal Administrativo de Antioquia no
valoró adecuadamente el material probatorio que obraba en el expediente, pues del
mismo resulta posible concluir que la asignación de fechas para el pago de la
indemnización administrativa dentro de determinada vigencia fiscal, está
determinada por dos factores, que no dependen de la voluntad de la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, esto es, la disponibilidad de recursos, pues la misma está
ligada al presupuesto que le asigne cada año a la UARIV y, de otra parte, el puntaje
obtenido a partir del método de priorización, el cual se establece a partir de unos
criterios objetivos definidos por la entidad para clasificar a la población desplazada
de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.

Entonces, si el señor Mario Arnobis Loaiza Gómez no se encuentra dentro de la
población priorizada y se agotan los recursos destinados para el pago de las
indemnizaciones, debía ser reclasificado a partir del método de priorización, no por
la omisión en el cumplimiento del fallo de tutela por parte de la señora Alfaro Yara,
sino por cuanto el puntaje obtenido por la solicitante no es acumulable entre
vigencias fiscales anuales.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada que concedió el
amparo, al encontrar acreditado que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo, por desconocer el precedente fijado en la
sentencia SU-034 de 2018, y en defecto fáctico, al incurrir en una valoración
inadecuada del material probatorio que obra en el proceso. Lo anterior, tal como lo
ha considerado esta Subsección3, no es impedimento para que se recuerde el

3 Sentencia del 31 de marzo de 2023, expediente 2023-00973-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01620-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

deber que tiene el Estado de cumplir con el compromiso de reparar a las víctimas
del conflicto armado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de mayo de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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