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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03508-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03508-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la solicitud de amparo promovida por Gloria Isabel Cuartas Montoya y 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 03508 00 Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra Zoraida Hernández Pedraza, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03508-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

24 de julio de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 03508 00
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03508 00
Accionante: GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

Tesis: Carece de objeto la acción de tutela, cuando en el curso
del proceso y antes de proferir fallo, la autoridad judicial
accionada resolvió sobre la situación jurídica que dio
origen a la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta las señoras Gloria Isabel
Cuartas Montoya y Zoraida Hernández Pedraza contra el Juzgado 23
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Las accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio, que estiman vulnerados por las accionadas con ocasión de los
proveídos del 13 y 15 de mayo de 2025, por medio de los cuales se les
sancionó por el desacatar la orden proferida dentro de la acción de tutela
adelantada por el señor Bernades de Jesús Palomo Jiménez contra la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV)1.

1
Proceso adelantado bajo la radicación 05001 33 33 023 2025 00010 00/01/02.

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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

1.2. La referida acción de tutela fue interpuesta por el señor Bernades de
Jesús Palomo Jiménez con el fin de obtener el amparo de su derecho
fundamental de petición, que consideró vulnerado por la UARIV al no
haber dado respuesta a una petición elevada el 12 de diciembre de 2024
con el objeto de obtener información sobre la cantidad de métodos
técnicos de priorización que se le aplicarían antes de materializar el pago
de la de indemnización administrativa por el desplazamiento forzado que
sufrió junto a su núcleo familiar, reconocida por la UARIV mediante
Resolución 04102019-985083 del 18 de febrero de 2021, toda vez que a
pesar de la aplicación del Método Técnico de Priorización por parte de la
entidad accionada durante los años 2020 a 2024, la indemnización no ha
sido pagada.

1.3. El asunto correspondió al Juzgado 23 Administrativo de Medellín,
autoridad que, mediante sentencia del 5 de febrero de 2025, amparó el
derecho fundamental de petición del señor Bernades de Jesús Palomo
Jiménez y ordenó a la UARIV resolver en el término de cinco días la
petición del 12 de diciembre de 2024.

1.4. Contra la anterior decisión, la UARIV presentó impugnación, la cual
fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, a través de providencia del 12 de marzo de 2025, que modificó
la decisión de primera instancia en el sentido de ordenar a la accionada
dar respuesta clara, de fondo y congruente a la petición elevada por el
accionante dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo. Además, señaló que la UARIV debía informar sobre
los siguientes aspectos:

“(i) en el caso de que sea priorizado, la definición de un plazo razonable para
que se realice el pago efectivo de la indemnización; y (ii) los plazos aproximados
y orden en el que, de no ser priorizado, accederá a esta medida, eso, teniendo
en cuenta el orden y la prelación que puedan tener las demás víctimas que estén
en las mismas condiciones del aquí accionante y hayan solicitado la
indemnización antes de él”.

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1.5. El 2 de abril de 2025, el señor Bernades de Jesús Palomo Jiménez
inició incidente de desacato en el que alegó que la UARIV no dio
cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 12 de marzo de 2025, dictado
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

1.6. Por medio de auto del 29 de abril de 2025, el Juzgado 23
Administrativo de Medellín ordenó dar apertura al incidente de desacato
en contra de la señora Zoraida Hernández Pedraza, en su condición de
Directora Técnica en encargo de la Dirección de Reparación de la UARIV,
como responsable de cumplir el fallo, y en contra de la señora Gloria
Isabel Cuartas Montoya, Directora General en encargo de la entidad
accionada, en calidad de superior jerárquica.

El 30 de abril de 2025, la UARIV presentó informe sobre las actuaciones
desplegadas a fin de dar cumplimiento al fallo de tutela e indicó que el
accionante no cumplía con los criterios ni el puntaje para ser priorizado
en el pago de su indemnización, por lo que debía repetirse el proceso de
priorización anualmente hasta alcanzar un resultado favorable. Entonces,
señaló que resultaba inviable fijar una fecha cierta o aproximada de pago
sin desconocer el procedimiento y sus requisitos.

1.7. El Juzgado 23 Administrativo de Medellín, mediante auto del 13 de
mayo de 2025 sancionó por desacato a las señoras Zoraida Hernández
Pedraza como responsable de cumplir el fallo y a Gloria Isabel Cuartas
Montoya, en calidad de superior jerárquica, con fundamento en que la
respuesta proporcionada por la UARIV frente al cumplimiento de las
órdenes dadas dentro del trámite de tutela resulta insuficiente, pues “la
entidad se limitó a reiterar que, debe agotarse el procedimiento de pago
de la indemnización administrativa previsto en la Resolución 1049 de
2019, a fin de identificar cada año a las víctimas que cumplen los criterios
de priorización y efectuarles el desembolso. Por ello, afirmó que resulta
inviable fijar una fecha cierta o aproximada de pago sin agotar dicho

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procedimiento, pues vulneraria el principio de igualdad de las demás
víctimas en espera”.

Además, consideró que resultaba inadmisible que la UARIV afirmara que
era inviable fijar una fecha cierta o aproximada de pago, bajo el amparo
de la necesidad de respetar el procedimiento de priorización, pues tal
argumento contraviene la orden impartida en la sentencia del 12 de marzo
de 2025. Por lo tanto, el juzgado consideró que no se había emitido
pronunciamiento de fondo sobre la petición elevada por el accionante, por
lo que procedía la sanción por desacato.

La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en auto del 15 de mayo de 2025.

1.8. La UARIV, mediante escrito del 29 de mayo de 2025, solicitó declarar
la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al auto que dio apertura
al incidente de desacato, aduciendo que existió un vicio en el
procedimiento utilizado para sancionar a las funcionarias de la entidad,
toda vez que no se efectuó la individualización de los sujetos sancionados
ni se valoró su responsabilidad subjetiva.

1.9. La anterior solicitud fue desestimada por el Juzgado 23
Administrativo de Medellín, por medio de auto del 20 de junio de 2025, al
considerar que el proveído que resolvió sancionar se ajustó a derecho y
garantizó el debido proceso.

En el mismo proveído, resolvió inaplicar la sanción impuesta con
fundamento en que la UARIV “está imposibilitada materialmente para
asignar una fecha probable en el que la indemnización administrativa se
hará efectiva. Ello obedece a que está obligada a acatar el procedimiento
previsto en la Resolución 1049 de 2019, así como a atender la capacidad
financiera para indemnizar anualmente a las víctimas, a la luz del MTP”.

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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

Además, tuvo en cuenta la interpretación dada por el Consejo de Estado
en los fallos de tutela presentados contra las decisiones sancionatorias
impuestas a funcionarios de la UARIV obligados por vía de tutela a indicar
fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa a las víctimas
del conflicto armado, en el sentido que el pago de la indemnización
administrativa está sometido a criterios objetivos de priorización, los
cuales materializan el principio de igualdad de las víctimas, lo que impide
fijar una fecha probable para el pago, dado que se trata de una orden
compleja2.

1.10. La parte accionante adujo en la tutela que las decisiones atacadas
incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
de la Corte Constitucional, establecido en la SU-034 de 2018, que señala
las reglas jurisprudenciales para que los jueces de primera instancia
modulen el cumplimiento de los fallos, especialmente de los que se
relacionan con la indemnización administrativa.

1.11. Sostuvo que las decisiones atacadas incurrieron en defecto fáctico
por valoración arbitraria, irracional y caprichosa de las pruebas allegadas
al proceso, pues no analizaron de manera adecuada los escritos
presentados por la UARIV, ni la Resolución 04102019-985083 del 18 de
febrero de 2021, por medio de la cual reconoció la indemnización
administrativa al aquí accionante, documentos en los cuales se explicó
jurídicamente el procedimiento de priorización para la entrega de la
mencionada indemnización y sobre el derecho a la igualdad de las demás
víctimas dentro del marco del proceso administrativo.

1.12 Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes
pretensiones:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de los suscritos.

2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, Radicado 11001-03-15-000-
2024-01620-01, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata, Radicado
11001-03-15-000-2024-04767-00.

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SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO VEINTITRÉS
ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN y/o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ANTIOQUIA, inaplicar las sanciones impuestas el 13 de mayo de 2025 a las
suscritas GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA Directora (E) General de la
Unidad para las Víctimas y ZORAIDA HERNÁNDEZ PEDRAZA Directora (E)
Técnica de la Dirección de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas,
consistente en multa de uno (1) SMMLV para cada una. Confirmada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA mediante auto del 15 de mayo de
2025.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO VEINTITRÉS ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, proferir una nueva
decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de las sanciones
que fueran oportunamente presentadas por parte de la Unidad para las
Víctimas, considerando los argumentos expuestos reiteradamente por las
accionantes en el trámite de incidente de desacato, así como las subreglas
contenidas en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO VEINTITRÉS ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, que comunique a las
autoridades encargadas de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las
mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de
tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO VEINTITRÉS ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, a que acate y aplique
los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de
la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la
naturaleza persuasiva del incidente de desacato”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 16 de junio de 2025, el despacho admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la UARIV y al señor
Bernades de Jesús Palomo Jiménez.

2.2. El Juzgado 23 Administrativo de Medellín en su contestación
resumió las actuaciones realizadas dentro del trámite del incidente de
desacato atacado por el accionante y sostuvo que en la acción de tutela de
la referencia se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que mediante proveído del 20 de junio de 2025 de manera oficiosa
resolvió inaplicar la sanción impuesta en las decisiones objeto de ataque
dentro de esta solicitud de amparo, con fundamento en el precedente del
Consejo de Estado sobre la materia, lo cual se llevó a cabo antes de la
notificación de esta acción de tutela y antes de remitir la sanción a la Oficina
de Cobro Coactivo.

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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión,la UARIV y el señor Bernades de Jesús Palomo Jiménez,
vinculados a este trámite constitucional, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Bernades de Jesús Palomo Jiménez interpuso acción de
tutela con el objeto de obtener el amparo de su derecho fundamental de
petición, que estimó vulnerado por la UARIV, por no haberle dado
respuesta a la solicitud elevada el 12 de diciembre de 2024, en la que
pidió información sobre la cantidad de métodos de priorización que debían
aplicarse antes de que se materializara el pago de la indemnización
administrativa reconocida mediante Resolución 04102019-985083 del 18
de febrero de 2021 , toda vez que, según lo expuso en su solicitud, entre
el año 2020 a 2024 se ha realizado el mencionado procedimiento sin que
a la fecha se haya realizado el pago.

3.2.2. El Juzgado 23 Administrativo de Medellín, a través de sentencia del
5 de febrero de 2025, concedió el amparo del derecho fundamental de
petición del accionante, y ordenó a la UARIV resolver en el término de
cinco días la petición del 12 de diciembre de 2024.

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3.2.3. La UARIV impugnó la decisión, y mediante fallo del 12 de marzo de
2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,
la confirmó.

3.2.4. El señor Bernades de Jesús Palomo Jiménez, mediante escrito del
2 de abril de 2025, presentó incidente de desacato en el que alegó que la
UARIV no dio cumplimiento a las órdenes impartidas en los fallos de
tutela.

3.2.5. El Juzgado 23 Administrativo de Medellín, mediante auto del 13 de
mayo de 2025, sancionó por desacato a las señoras Zoraida Hernández
Pedraza, como responsable de cumplir el fallo, y Gloria Isabel Cuartas
Montoya, en calidad de superior jerárquica. La anterior decisión fue
confirmada en proveído del 15 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

3.2.6. La UARIV solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado con
posterioridad al auto de apertura del incidente de desacato y, mediante
proveído del 20 de junio de 2025 el Juzgado 23 Administrativo de
Medellín, desestimó la solicitud de nulidad y, resolvió inaplicar la sanción
impuesta a las funcionarias de la UARIV con fundamento en el criterio del
Consejo de Estado aplicable a estos casos.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Sea lo primero decir que la acción de tutela, a la luz de lo dispuesto
por el constituyente en el artículo 86 superior, es un medio para la
protección inmediata de los derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad,
o de un particular, esto último, en los casos previstos en el artículo 42 del
Decreto Ley 2591 de 1991. Además, esta acción se ha definido como un
instrumento subsidiario, que solo procede cuando el afectado no dispone
de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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3.3.2. En el presente asunto, las accionantes alegan que en proveídos
del 13 y 15 de mayo de 2025, les fue impuesta una sanción por desacato
a las órdenes dadas en los fallos de tutela proferidos el 5 de febrero de
2025 y del 12 de marzo del mismo año por el Juzgado 23 Administrativo
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, respectivamente, en los que se amparó el derecho fundamental
de petición del señor Bernades de Jesús Palomo Jiménez.

Sostuvieron que las decisiones que les impusieron la sanción incurrieron
en: (i) defecto sustantivo por desconocimiento de la sentencia SU-034 de
2018, que estableció las reglas para que los jueces modulen el
cumplimiento del fallo de tutela en los casos relacionados con el pago de
la indemnización administrativa, y (ii) defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas que indicaban cómo funciona el procedimiento
de priorización para la entrega de la indemnización administrativa, en
atención al derecho a la igualdad de las demás víctimas.

Ahora, la Sala advierte que el Juzgado 23 Administrativo de Medellín
informó que, mediante auto del 20 de junio de 2025, resolvió de manera
oficiosa la inaplicación de la sanción impuesta por desacato a las
funcionarias de la UARIV, Zoraida Hernández Pedraza y Gloria Isabel
Cuartas Montoya, y adjuntó copia del mencionado proveído3, cuya parte
resolutiva señala4:

“(…) PRIMERO: NEGAR la nulidad propuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, conforme
a lo explicado en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS LA SANCIÓN impuesta el 13 de mayo de 2025,
a la señora ZORAIDA HERNÁNDEZ PEDRAZA, en su condición de Directora
Técnica en encargo de la Dirección de Reparación de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS como responsable de cumplir el fallo de tutela, y a la señora GLORIA
ISABEL CUARTAS MONTOYA, Directora General en encargo de la entidad, y
superior jerárquica de aquella, por las consideraciones expuestas.

3
Visible en índice 8 del expediente en SAMAI (archivo: “8_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
19ResuelveNulidadIna(.pdf)”.
4
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.

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TERCERO. Notifíquese de esta decisión al señor BERNADES DE JESÚS PALOMO
JIMÉNEZ y a la entidad incidentada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, así como a las
funcionarias ZORAIDA HERNÁNDEZ PEDRAZA, en su condición de Directora
Técnica en encargo de la Dirección de Reparación de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS como responsable de cumplir el fallo de tutela, y a la señora GLORIA
ISABEL CUARTAS MONTOYA, Directora General en encargo de la entidad, y
superior jerárquica de aquella.

CUARTO. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las
anotaciones pertinentes en el Sistema SAMAI”.

3.3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, es del caso recordar que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que la figura de la carencia
actual de objeto opera cuando, durante el trámite de la acción de tutela,
cesan o desaparecen los motivos que generaban la amenaza o la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, o cuando se
consuma la violación, de manera que se impide el ejercicio del derecho,
o la pretensión perseguida deja de ser exigible, al punto de no existir el
motivo u objeto que justifique la intervención del juez constitucional.

Así entonces, la carencia actual de objeto se presenta a través de dos
distintos eventos, el hecho superado y el daño consumado. También se
presenta cuando, no obstante que no se dan las condiciones del hecho
superado, se ha hecho efectiva la conducta que se pretendía evitar, pero
resultaba improcedente impartir cualquier orden, comoquiera que no se
daban los supuestos para una decisión de fondo frente a esa tutela.

Sobre el primer supuesto, se tiene que la carencia de objeto por hecho
superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción
de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez,
sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada satisfizo la
solicitud con una actuación que resulta suficiente para conjurar la
eventual vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela
pierde eficacia y razón de ser. En este orden de ideas, al extinguirse su
objeto, resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez
que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.

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Por su parte, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta
cuando ya se ha producido el daño o afectación que se pretendía evitar
con la acción de tutela, de forma que, ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el
juez constitucional dé una orden al respecto.

En el tercer supuesto debe tenerse en cuenta que la finalidad u objeto de
la acción de tutela es la protección de los derechos vulnerados o
amenazados, por lo que, cuando desaparece el hecho que ha dado lugar
a la interposición de la acción de tutela sin haber emitido pronunciamiento
alguno sobre el eventual amparo, la decisión del juez del conocimiento
del caso resultaría inocua por carecer de objeto. Lo anterior no obsta para
que, en algunos casos, y con el fin de contribuir al desarrollo
jurisprudencial del derecho invocado, el juez constitucional realice un
pronunciamiento de fondo.

3.3.4. En el sub lite, como se vio en líneas precedentes, durante el trámite
de la acción de tutela, el Juzgado 23 Administrativo de Medellín, por medio
de auto del 20 de junio de 2025, inaplicó la sanción impuesta a las
accionantes, que dio origen a la presente controversia.

Por lo tanto, la Sala estima que ya ha cesado la amenaza o vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora, razón por la cual se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
en la solicitud de amparo promovida por Gloria Isabel Cuartas Montoya y

11
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03508 00
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

Zoraida Hernández Pedraza, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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