Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00815-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00815-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00815-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
TESIS: SE MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, DEBIDO A QUE LOS HECHOS QUE ORIGINARON LA
PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA HAN SIDO SUPERADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y PATRIMONIO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JULIO ALBERTO RINCÓN, actuando en nombre propio, en
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En adelante el Tribunal.
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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al patrimonio, los cuales estima
vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA2, al haber proferido la
providencia de 11 de septiembre de 2025 dentro del incidente de
desacato identificado con el número único de radicación 2023-00215-
00.
I.2.- Hechos
Indicó que mediante Resolución núm. 2024160000003012-6 de 3 de
abril de 2024, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ordenó la intervención forzosa administrativa de la NUEVA EPS, por
el término de un año, esto es, hasta el 3 de abril de 2025, y lo nombró
agente interventor.
Arguyó que desempeñó dicho cargo desde el 3 de abril al 15 de
noviembre de 2024, y que mediante Resolución núm.
2024320030015020-6 de 15 de noviembre de 2024, se dio por
2
En adelante el Juzgado.
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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
terminada su labor; sin embargo, durante dicho lapso se profirieron
providencias dentro de diferentes trámites incidentales que lo
sancionaron con multas.
Sostuvo que una de las sanciones se impuso en atención a la acción
de tutela presentada por la señora DIGNA LORENA RIVERA
MEDOZA, la cual fue resuelta por el JUZGADO que, mediante
sentencia de 2 de octubre de 2023, ordenó a la NUEVA EPS
exonerarla de copagos y pagos compartidos frente al servicio de
salud denominado cirugía capsulorrafia de hombro por artroscopia.
Decisión que fue modificada parcialmente por el TRIBUNAL
mediante providencia de 1o. de noviembre de ese año.
Indicó que ante el presunto incumplimiento, la señora RIVERA
MEDOZA promovió incidente de desacato, el cual fue conocido por
el JUZGADO que, en auto de 2 de junio de 2024, ordenó dar apertura
al incidente y corrió traslado a las partes.
Relató que el JUZGADO mediante providencia de 7 de junio de 2024,
lo declaró en desacato frente a la orden impartida en el fallo de tutela
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de 2 de octubre de 2023 y lo sancionó con multa equivalente a dos
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.)
Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió al
TRIBUNAL que, en providencia de 20 de junio de 2024, confirmó la
sanción impuesta en su contra, pese a que hasta el 15 de noviembre
de esa anualidad ocupó el cargo de interventor de la NUEVA EPS.
Indicó que el 10 de junio de 2025, la NUEVA EPS solicitó la
inaplicación de la sanción, toda vez que, a su juicio, dio cumplimiento
al fallo de tutela, para lo cual allegó una captura de pantalla de la
autorización del servicio sin cobro de copago ni cuota moderadora.
Precisó que el 26 de agosto de 2025 allegó un escrito al JUZGADO
en el que informó que no desempeñaba funciones como agente
interventor desde el 15 de noviembre de 2024 y no tenía las
facultades para cumplir con las órdenes dadas, además solicitó ser
desvinculado y dejar sin efecto la sanción impuesta.
Adujo que la anterior petición fue resuelta por el JUZGADO mediante
auto de 11 de septiembre de 2025, en el que se negaron las
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solicitudes tendientes a ser desvinculado como sujeto pasivo de la
sanción pecuniaria impuesta e inaplicar la misma.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, el JUZGADO vulneró sus derechos fundamentales
al abstenerse de inaplicar la sanción por desacato que impusieron en
su contra aun cuando ya no contaba con facultades ni vinculación
frente a la NUEVA EPS.
Adujo que el JUZGADO incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial por cuanto pasó por alto lo dispuesto en la
sentencia 034 de 3 de mayo de 20183, proferida por la Corte
Constitucional, en cuanto al objeto del desacato, el cual no es otro
que es hacer efectiva la protección de derechos fundamentales de
quien impetró la tutela, lo que exige al sancionado tener competencia
para cumplir las órdenes impartidas.
Asimismo, resaltó que no tuvo en cuenta ni valoró las pruebas
aportadas en su momento, entre estas, la Resolución núm.
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Corte Constitucional Sentencia 034 de 3 de mayo de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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2024320030015020-6 de 15 de noviembre de 2024, la cual daba
cuenta de los funcionarios competentes para dar cumplimiento a las
diferentes órdenes de tutela y satisfacer la protección de los derechos
de los ciudadanos presuntamente afectados.
I.4.- Pretensiones
El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. Que se deje sin efectos la providencia proferida por
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA, el 11 de septiembre de 2025, mediante
la cual se negó la desvinculación y levantamiento e inaplicación de
la sanción de desacato a mí impuesta como exagente interventor
de Nueva EPS.
3. Que, en consecuencia, se ordene al JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE
BUGA, que, teniendo en cuenta mi desvinculación del cargo
y la Sentencia SU-034 de 2018, deje sin efecto las sanciones
de multa impuestas, por carecer de fundamento jurídico y
desconocer el precedente constitucional obligatorio.
4. Vincular a la presente acción a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (específicamente la Dirección Seccional de
Cali) con el n de que se pronuncien sobre los hechos objeto de esta
acción y adopten las medidas que correspondan en el marco de sus
competencias, conforme a lo que estime pertinente ese despacho.
[…]”. (Negrilla pertenece al texto).
I.5.- Defensa
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I.5.1.- El JUZGADO manifestó que en la presente acción de tutela
se presentan inconformidades respecto del proceso de cobro coactivo
adelantado contra el actor por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, por lo que no se encuentra legitimado
en la causa por pasiva.
Asimismo, resaltó que en el trámite incidental de desacato
cuestionado no se ordenó medida de arresto alguna, sino únicamente
se impuso una multa, la cual fue confirmada en sede jurisdiccional
de consulta por el TRIBUNAL, razón por la que solicita se nieguen
las súplicas incoadas en la acción constitucional de la referencia.
I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI manifestó que en atención
a que el accionante no había dado cumplimiento a las obligaciones
impartidas en diferentes acciones de tutela, conllevó a que se le
impusieran sanciones en trámites incidentales y, por ende, había
lugar a iniciar los respectivos procesos de cobro coactivo.
Adujo que al 27 de noviembre de 2025, el accionante contaba con 3
procesos activos de los cuales las sanciones impuestas ya se
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encontraban ejecutoriadas, por lo que, en atención a sus funciones,
le corresponde hacer el cobro de las multas y solo hasta que el
juzgado de origen las deje sin efecto, se finalizaran.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante providencia de 11 de diciembre de 2025,
declaró improcedente el amparo solicitado, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional al encontrar que no se
vulneraron las garantías constitucionales con la expedición de la
providencia cuestionada.
Indicó que “[…] lo que el actor controvierte en sede de tutela no
corresponde a la decisión que definió la acción constitucional, sino el
auto proferido en el incidente de desacato (…) que el reproche
planteado en la presente tutela está encaminado a que se modifique
la decisión del juzgado accionado, insistiendo en que actualmente no
ostenta la calidad de agente interventor de Nueva EPS, lo cual
sugiere que no está de acuerdo con lo ya decidido. […]”.
Finalmente, recalcó que el accionante no identificó los yerros en los
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que, a su juicio, incurrió el JUZGADO al proferir la providencia de 11
de septiembre de 2025, pues solo se limitó a reiterar los argumentos
ya expuestos en la solicitud de desvinculación e inaplicación de la
sanción, aun cuando el JUZGADO ya se había pronunciado de
manera desfavorable frente a ello.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y señaló
que se desconoció el precedente jurisprudencial establecido por la
Corte Constitucional en las sentencias T-652 de 20104, SU-034 de
20185, T-420 de 20226 y T-029 de 20257, en las que se definió como
parámetro del incidente de desacato conseguir que el obligado
obedezca la orden impuesta en la providencia judicial, por lo que la
finalidad no es la imposición de una sanción en sí misma sino la forma
de buscar el cumplimiento de la sentencia desatendida.
Asimismo, alegó que el TRIBUNAL no aplicó el estándar
4
Corte Constitucional Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio
Palacio.
5
Corte Constitucional Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
6
Corte Constitucional Sentencia T-420 de 28 de noviembre de 2022. Magistrada Ponente: Natalia Ángel
Cabo.
7
Corte Constitucional Sentencia T-0280 de 4 de febrero de 2025. Magistrado Ponente: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
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jurisprudencial que exige verificar si la persona sancionada tiene la
competencia para cumplir la orden, así como la imposibilidad
material, real y jurídica respecto de su ejecución.
Por último, solicitó que se revoque la decisión de primer grado y, en
su lugar, se acceda al amparo solicitado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
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en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela
contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se
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constate una vulneración o una amenaza a los derechos
fundamentales del sancionado”8.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 20189, esa Corporación señaló:
«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».
8
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
9
M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia 11 de septiembre de 2025 proferida
por el JUZGADO, mediante la cual negó la solicitud de desvinculación
e inaplicación de la sanción dentro del trámite incidental identificado
con el número único de radicación 2023-00215-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al patrimonio, por estimar que
incurrió en desconocimiento del precedente judicial establecido por
la Corte Constitucional, en la medida en que se abstuvo de levantar
la sanción, pese a que se demostró que se dio cabal cumplimiento a
la disposición impartida en el fallo de tutela, además, que no se tuvo
en cuenta que ya no ostentaba la calidad de agente interventor de la
NUEVA EPS, por lo que no podía exigírsele el cumplimiento de la
orden y el pago de la multa.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025,
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declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se
cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo,
para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela
y, además, resaltó que, el TRIBUNAL al desconocer el precedente
jurisprudencial frente a la naturaleza del incidente de desacato,
desconoció que su fin no es personal, sino, por el contrario, es
garantizar que la orden constitucional se cumpla en favor del
ciudadano y que la sanción recaiga sobre aquellos que están
llamados y facultados para ejecutar las órdenes dadas.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de
ser así, ii) determinar si el Juzgado incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, al proferir el auto de 11 de septiembre de 2025,
dentro del incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 2015-00125-00.
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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de
procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión
cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la
parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los
incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
además de que se alega la configuración de alguna causal específica.
No obstante, antes de entrar a analizar los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite
incidental, la Sala estima necesario referirse a la carencia actual de
objeto por hecho superado.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia, la Sala
advierte que durante el trámite del presente asunto10, el JUZGADO
profirió auto de 13 enero de 2026, por medio del cual dejó sin efectos
la sanción por desacato impuesta en proveídos de 7 de junio de 2024
y confirmada en providencia de 20 de ese mes y año por el
TRIBUNAL, tal como se advierte a continuación:
10
La Sala advierte que la presente acción de tutela fue radicada el 25 de noviembre de 2025.
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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
Sumado a lo anterior, es del caso destacar que tal actuación le fue
notificada a las partes y a las autoridades competentes ese mismo
día, esto es, el 13 de enero de 2026, tal como consta del expediente
obrante en el aplicativo de consulta SAMAI.
En virtud de lo precedente, la Sala observa que la finalidad de la
acción de tutela de la referencia, según se desprende de las
pretensiones, era que se dejaran sin efecto la sanción impuesta en
las providencias de 7 y 20 de junio de 2024, proferidas por el
JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, lo cual sucedió estando
en trámite la presente acción constitucional, por lo que
desaparecieron las circunstancias fácticas que dieron lugar a que se
promoviera la presente acción y, en consecuencia, se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado11.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
11
En reciente providencia de 24 de julio de 2025, con radicación 11001-03-15-000-2025-03508-00,
C.P. Oswaldo Giraldo López, esta Sala de Decisión en un asunto con similar situación fáctica a la
presente resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
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orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»12. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
12
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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la intervención del juez de tutela […]”13. (Negrilla fuera del
texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”14.
13
Ibidem.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
Ahora, como bien se lee de los apartes del auto de 13 de enero de
2026, el JUZGADO en sus consideraciones concluyó haberse dado
cabal cumplimiento a la orden de amparo y condicionó la mencionada
cesación de efectos en su parte resolutiva, siempre y cuando no se
hubiese iniciado el proceso de cobro coactivo, por lo que también
ordenó informar de tal decisión a la Dirección Seccional Ejecutiva de
Administración Judicial de Cali, no obstante, tales disposiciones no
pueden ser objeto de análisis en la presente acción de tutela, por
cuanto, la providencia que aquí se cuestiona es la de 11 de
septiembre de 2025, por lo que corresponde al actor si lo considera
hacer uso de los mecanismos judiciales que tiene a su disposición
para controvertir este último proveído o que este sea aclarado y
adelantar el trámite respectivo dentro del proceso de cobro coactivo
tendiente a que se ordene su finalización y archivo, si esto aún no ha
ocurrido.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera
que declaró improcedente el amparo solicitado y, en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a
que los hechos que originaron la presente acción de tutela han sido
superados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.
PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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