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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00815-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00815-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00815-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

TESIS: SE MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, DEBIDO A QUE LOS HECHOS QUE ORIGINARON LA
PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA HAN SIDO SUPERADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y PATRIMONIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró

improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JULIO ALBERTO RINCÓN, actuando en nombre propio, en

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al patrimonio, los cuales estima

vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA2, al haber proferido la

providencia de 11 de septiembre de 2025 dentro del incidente de

desacato identificado con el número único de radicación 2023-00215-

00.

I.2.- Hechos

Indicó que mediante Resolución núm. 2024160000003012-6 de 3 de

abril de 2024, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ordenó la intervención forzosa administrativa de la NUEVA EPS, por

el término de un año, esto es, hasta el 3 de abril de 2025, y lo nombró

agente interventor.

Arguyó que desempeñó dicho cargo desde el 3 de abril al 15 de

noviembre de 2024, y que mediante Resolución núm.

2024320030015020-6 de 15 de noviembre de 2024, se dio por

2
En adelante el Juzgado.

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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

terminada su labor; sin embargo, durante dicho lapso se profirieron

providencias dentro de diferentes trámites incidentales que lo

sancionaron con multas.

Sostuvo que una de las sanciones se impuso en atención a la acción

de tutela presentada por la señora DIGNA LORENA RIVERA

MEDOZA, la cual fue resuelta por el JUZGADO que, mediante

sentencia de 2 de octubre de 2023, ordenó a la NUEVA EPS

exonerarla de copagos y pagos compartidos frente al servicio de

salud denominado cirugía capsulorrafia de hombro por artroscopia.

Decisión que fue modificada parcialmente por el TRIBUNAL

mediante providencia de 1o. de noviembre de ese año.

Indicó que ante el presunto incumplimiento, la señora RIVERA

MEDOZA promovió incidente de desacato, el cual fue conocido por

el JUZGADO que, en auto de 2 de junio de 2024, ordenó dar apertura

al incidente y corrió traslado a las partes.

Relató que el JUZGADO mediante providencia de 7 de junio de 2024,

lo declaró en desacato frente a la orden impartida en el fallo de tutela

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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

de 2 de octubre de 2023 y lo sancionó con multa equivalente a dos

(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.)

Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió al

TRIBUNAL que, en providencia de 20 de junio de 2024, confirmó la

sanción impuesta en su contra, pese a que hasta el 15 de noviembre

de esa anualidad ocupó el cargo de interventor de la NUEVA EPS.

Indicó que el 10 de junio de 2025, la NUEVA EPS solicitó la

inaplicación de la sanción, toda vez que, a su juicio, dio cumplimiento

al fallo de tutela, para lo cual allegó una captura de pantalla de la

autorización del servicio sin cobro de copago ni cuota moderadora.

Precisó que el 26 de agosto de 2025 allegó un escrito al JUZGADO

en el que informó que no desempeñaba funciones como agente

interventor desde el 15 de noviembre de 2024 y no tenía las

facultades para cumplir con las órdenes dadas, además solicitó ser

desvinculado y dejar sin efecto la sanción impuesta.

Adujo que la anterior petición fue resuelta por el JUZGADO mediante

auto de 11 de septiembre de 2025, en el que se negaron las

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solicitudes tendientes a ser desvinculado como sujeto pasivo de la

sanción pecuniaria impuesta e inaplicar la misma.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el JUZGADO vulneró sus derechos fundamentales

al abstenerse de inaplicar la sanción por desacato que impusieron en

su contra aun cuando ya no contaba con facultades ni vinculación

frente a la NUEVA EPS.

Adujo que el JUZGADO incurrió en desconocimiento del precedente

jurisprudencial por cuanto pasó por alto lo dispuesto en la

sentencia 034 de 3 de mayo de 20183, proferida por la Corte

Constitucional, en cuanto al objeto del desacato, el cual no es otro

que es hacer efectiva la protección de derechos fundamentales de

quien impetró la tutela, lo que exige al sancionado tener competencia

para cumplir las órdenes impartidas.

Asimismo, resaltó que no tuvo en cuenta ni valoró las pruebas

aportadas en su momento, entre estas, la Resolución núm.

3
Corte Constitucional Sentencia 034 de 3 de mayo de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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2024320030015020-6 de 15 de noviembre de 2024, la cual daba

cuenta de los funcionarios competentes para dar cumplimiento a las

diferentes órdenes de tutela y satisfacer la protección de los derechos

de los ciudadanos presuntamente afectados.

I.4.- Pretensiones

El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. Que se deje sin efectos la providencia proferida por
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA, el 11 de septiembre de 2025, mediante
la cual se negó la desvinculación y levantamiento e inaplicación de
la sanción de desacato a mí impuesta como exagente interventor
de Nueva EPS.

3. Que, en consecuencia, se ordene al JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE
BUGA, que, teniendo en cuenta mi desvinculación del cargo
y la Sentencia SU-034 de 2018, deje sin efecto las sanciones
de multa impuestas, por carecer de fundamento jurídico y
desconocer el precedente constitucional obligatorio.

4. Vincular a la presente acción a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (específicamente la Dirección Seccional de
Cali) con el n de que se pronuncien sobre los hechos objeto de esta
acción y adopten las medidas que correspondan en el marco de sus
competencias, conforme a lo que estime pertinente ese despacho.
[…]”. (Negrilla pertenece al texto).

I.5.- Defensa

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I.5.1.- El JUZGADO manifestó que en la presente acción de tutela

se presentan inconformidades respecto del proceso de cobro coactivo

adelantado contra el actor por la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Cali, por lo que no se encuentra legitimado

en la causa por pasiva.

Asimismo, resaltó que en el trámite incidental de desacato

cuestionado no se ordenó medida de arresto alguna, sino únicamente

se impuso una multa, la cual fue confirmada en sede jurisdiccional

de consulta por el TRIBUNAL, razón por la que solicita se nieguen

las súplicas incoadas en la acción constitucional de la referencia.

I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI manifestó que en atención

a que el accionante no había dado cumplimiento a las obligaciones

impartidas en diferentes acciones de tutela, conllevó a que se le

impusieran sanciones en trámites incidentales y, por ende, había

lugar a iniciar los respectivos procesos de cobro coactivo.

Adujo que al 27 de noviembre de 2025, el accionante contaba con 3

procesos activos de los cuales las sanciones impuestas ya se

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encontraban ejecutoriadas, por lo que, en atención a sus funciones,

le corresponde hacer el cobro de las multas y solo hasta que el

juzgado de origen las deje sin efecto, se finalizaran.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante providencia de 11 de diciembre de 2025,

declaró improcedente el amparo solicitado, por incumplimiento del

requisito de relevancia constitucional al encontrar que no se

vulneraron las garantías constitucionales con la expedición de la

providencia cuestionada.

Indicó que “[…] lo que el actor controvierte en sede de tutela no

corresponde a la decisión que definió la acción constitucional, sino el

auto proferido en el incidente de desacato (…) que el reproche

planteado en la presente tutela está encaminado a que se modifique

la decisión del juzgado accionado, insistiendo en que actualmente no

ostenta la calidad de agente interventor de Nueva EPS, lo cual

sugiere que no está de acuerdo con lo ya decidido. […]”.

Finalmente, recalcó que el accionante no identificó los yerros en los

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que, a su juicio, incurrió el JUZGADO al proferir la providencia de 11

de septiembre de 2025, pues solo se limitó a reiterar los argumentos

ya expuestos en la solicitud de desvinculación e inaplicación de la

sanción, aun cuando el JUZGADO ya se había pronunciado de

manera desfavorable frente a ello.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y señaló

que se desconoció el precedente jurisprudencial establecido por la

Corte Constitucional en las sentencias T-652 de 20104, SU-034 de

20185, T-420 de 20226 y T-029 de 20257, en las que se definió como

parámetro del incidente de desacato conseguir que el obligado

obedezca la orden impuesta en la providencia judicial, por lo que la

finalidad no es la imposición de una sanción en sí misma sino la forma

de buscar el cumplimiento de la sentencia desatendida.

Asimismo, alegó que el TRIBUNAL no aplicó el estándar

4
Corte Constitucional Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio
Palacio.
5
Corte Constitucional Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
6
Corte Constitucional Sentencia T-420 de 28 de noviembre de 2022. Magistrada Ponente: Natalia Ángel
Cabo.
7
Corte Constitucional Sentencia T-0280 de 4 de febrero de 2025. Magistrado Ponente: Antonio José
Lizarazo Ocampo.

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jurisprudencial que exige verificar si la persona sancionada tiene la

competencia para cumplir la orden, así como la imposibilidad

material, real y jurídica respecto de su ejecución.

Por último, solicitó que se revoque la decisión de primer grado y, en

su lugar, se acceda al amparo solicitado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada

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en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

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constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”8.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20189, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

8
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
9
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia 11 de septiembre de 2025 proferida

por el JUZGADO, mediante la cual negó la solicitud de desvinculación

e inaplicación de la sanción dentro del trámite incidental identificado

con el número único de radicación 2023-00215-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y al patrimonio, por estimar que

incurrió en desconocimiento del precedente judicial establecido por

la Corte Constitucional, en la medida en que se abstuvo de levantar

la sanción, pese a que se demostró que se dio cabal cumplimiento a

la disposición impartida en el fallo de tutela, además, que no se tuvo

en cuenta que ya no ostentaba la calidad de agente interventor de la

NUEVA EPS, por lo que no podía exigírsele el cumplimiento de la

orden y el pago de la multa.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025,

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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se

cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo,

para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela

y, además, resaltó que, el TRIBUNAL al desconocer el precedente

jurisprudencial frente a la naturaleza del incidente de desacato,

desconoció que su fin no es personal, sino, por el contrario, es

garantizar que la orden constitucional se cumpla en favor del

ciudadano y que la sanción recaiga sobre aquellos que están

llamados y facultados para ejecutar las órdenes dadas.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de

ser así, ii) determinar si el Juzgado incurrió en desconocimiento del

precedente judicial, al proferir el auto de 11 de septiembre de 2025,

dentro del incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 2015-00125-00.

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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de

procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión

cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la

parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los

incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

además de que se alega la configuración de alguna causal específica.

No obstante, antes de entrar a analizar los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite

incidental, la Sala estima necesario referirse a la carencia actual de

objeto por hecho superado.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia, la Sala

advierte que durante el trámite del presente asunto10, el JUZGADO

profirió auto de 13 enero de 2026, por medio del cual dejó sin efectos

la sanción por desacato impuesta en proveídos de 7 de junio de 2024

y confirmada en providencia de 20 de ese mes y año por el

TRIBUNAL, tal como se advierte a continuación:

10
La Sala advierte que la presente acción de tutela fue radicada el 25 de noviembre de 2025.

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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00815-01
Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

Sumado a lo anterior, es del caso destacar que tal actuación le fue

notificada a las partes y a las autoridades competentes ese mismo

día, esto es, el 13 de enero de 2026, tal como consta del expediente

obrante en el aplicativo de consulta SAMAI.

En virtud de lo precedente, la Sala observa que la finalidad de la

acción de tutela de la referencia, según se desprende de las

pretensiones, era que se dejaran sin efecto la sanción impuesta en

las providencias de 7 y 20 de junio de 2024, proferidas por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, lo cual sucedió estando

en trámite la presente acción constitucional, por lo que

desaparecieron las circunstancias fácticas que dieron lugar a que se

promoviera la presente acción y, en consecuencia, se configura la

carencia actual de objeto por hecho superado11.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

11
En reciente providencia de 24 de julio de 2025, con radicación 11001-03-15-000-2025-03508-00,
C.P. Oswaldo Giraldo López, esta Sala de Decisión en un asunto con similar situación fáctica a la
presente resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

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orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»12. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria

12
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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la intervención del juez de tutela […]”13. (Negrilla fuera del
texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo

siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”14.

13
Ibidem.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

Ahora, como bien se lee de los apartes del auto de 13 de enero de

2026, el JUZGADO en sus consideraciones concluyó haberse dado

cabal cumplimiento a la orden de amparo y condicionó la mencionada

cesación de efectos en su parte resolutiva, siempre y cuando no se

hubiese iniciado el proceso de cobro coactivo, por lo que también

ordenó informar de tal decisión a la Dirección Seccional Ejecutiva de

Administración Judicial de Cali, no obstante, tales disposiciones no

pueden ser objeto de análisis en la presente acción de tutela, por

cuanto, la providencia que aquí se cuestiona es la de 11 de

septiembre de 2025, por lo que corresponde al actor si lo considera

hacer uso de los mecanismos judiciales que tiene a su disposición

para controvertir este último proveído o que este sea aclarado y

adelantar el trámite respectivo dentro del proceso de cobro coactivo

tendiente a que se ordene su finalización y archivo, si esto aún no ha

ocurrido.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión de primera

que declaró improcedente el amparo solicitado y, en su lugar,

declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a

que los hechos que originaron la presente acción de tutela han sido

superados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

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Actor: JULIO ALBERTO RINCÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.

PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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