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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05212-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05212-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05212-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05212-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: DAVID GUSTAVO SUÁREZ CASTELLANOS1

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, EL
JUZGADO PROFIRIÓ AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL
INAPLICÓ LA SANCIÓN IMPUESTA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
LIBERTAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL

DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN2 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA3.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En nombre propio y como director de gestión estratégica y de analítica de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2
En adelante Juzgado.
3
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05212-00
Actor: DAVID GUSTAVO SUÁREZ CASTELLANOS

El señor DAVID GUSTAVO SUÁREZ CASTELLANOS, actuando en

nombre propio y como DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y

DE ANALÍTICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES4

(DIAN), en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la libertad y a

la tutela judicial efectiva, los cuales estimó vulnerados por el

JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir, respectivamente, las

providencias de 31 de julio y 6 de agosto de 2025, dentro del incidente

de desacato adelantado en la acción constitucional identificada con el

número único de radicación 2025-00085-00.

I.2. Hechos

Afirmó que el señor JUAN DAVID JIMÉNEZ BARRETO5 promovió

acción de tutela contra la DIAN y la COMISIÓN NACIONAL DEL

SERVICIOS CIVIL6 (CNSC), al considerar vulnerados sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a la igualdad, y solicitó ser nombrado en período de prueba

4
En adelante DIAN.
5
Acción de tutela a la cual fueron vinculados demás interesados en las resultas del proceso.
6
En adelante CNSC.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05212-00
Actor: DAVID GUSTAVO SUÁREZ CASTELLANOS

en el empleo denominado gestor I, código 301, grado 1, con ficha

AT-OP-3015, ofertado en la convocatoria 2497 de 2022.

Indicó que la acción constitucional correspondió al JUZGADO bajo el

número único de radicación 2025-00085-00, que mediante sentencia

de 9 de junio de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda, por

lo que ordenó a la DIAN que, dentro de las 48 horas siguientes al

recibo de la autorización del uso de la lista por parte de la CNSC,

procediera a realizar los nombramientos en período de prueba de los

elegibles que aún se encontraban pendientes de ser nombrados,

conforme a la Resolución núm. 14162 de 31 de julio de 2024 del

empleo gestor I, código 301, grado 1, identificado con la OPEC

198479 de la AT-OP-3015.

Manifestó que el señor JUAN DAVID JIMÉNEZ BARRETO el 10 de

julio de 2025 promovió incidente de desacato por incumplimiento del

fallo de tutela, por lo que en proveído de 31 de julio de la presente

anualidad el JUZGADO fue sancionado con multa de 5 salarios

mínimos legales mensuales vigentes7 (smlmv) y 5 días de arresto,

por considerar que no se acreditó que la orden de amparo hubiese

sido acatada.

7
En adelante SMLMV.

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4

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Actor: DAVID GUSTAVO SUÁREZ CASTELLANOS

Refirió que dentro del grado jurisdiccional de consulta presentó

memorial en el cual expuso la imposibilidad jurídica, la falta de

capacidad y competencia funcional para cumplir con lo ordenado por

el juez de tutela, así como también solicitó la aclaración del auto que

impuso la sanción.

Sostuvo que en proveído de 6 de agosto de 2025 el TRIBUNAL

confirmó la sanción impuesta, sin tener en cuenta que no tiene

ninguna injerencia en el asunto por falta de competencia para el

cumplimiento de las órdenes impartidas.

Precisó que mediante auto de 14 de agosto de la misma anualidad,

el JUZGADO resolvió su solicitud de aclaración en el sentido de

exponer que, debido a que su cargo como director de gestión 509 –

grado 06, tiene entre sus funciones ejercer los lineamientos para la

implementación, funcionamiento y mejoramiento del modelo de

gestión institucional, incluidos los sistemas de gestión de calidad y

ambiental, además de dirigir la formulación, estructuración y

seguimiento del Plan Estratégico Institucional, entre otras, tiene

competencia administrativa para abordar la orden establecida en el

fallo de tutela dentro del plan estratégico y administrativo de la

entidad puesto que se trata de asuntos administrativos y la función

es con poder de decisión y dirección.

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Actor: DAVID GUSTAVO SUÁREZ CASTELLANOS

Señaló que la DIAN impugnó el fallo de tutela, el cual fue desatado

de manera confirmatoria por el TRIBUNAL en providencia de 30 de

julio de 2025.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestó que durante el trámite incidental debe garantizarse al

funcionario sancionado el derecho al debido proceso, por lo que

resulta imperioso advertir y reiterar que no es el competente para

dar cumplimiento a la orden judicial presuntamente desatendida, por

lo que las autoridades judiciales accionadas debieron excluirlo de la

sanción impuesta.

Señaló que de manera flagrante se le está obligando por medio de

un fallo de tutela a lo imposible y a extralimitar sus funciones,

vulnerando de esta forma sus derechos fundamentales y principios.

Aseguró que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL omitieron

pronunciarse respecto de las pruebas aportadas al proceso, esto es,

del certificado de funciones y la constancia expedida por la

subdirectora de gestión del empleo público, además, que se confirmó

sin sustento alguno que las funciones de su cargo tienen relación

directa con el nombramiento de servidores públicos en cargo de

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carrera administrativa, a pesar de que ello no es parte de su resorte,

lo que evidencia una valoración arbitraria de los elementos

probatorios allegados al expediente, esto es, la ocurrencia de un

defecto fáctico.

Resaltó que la competencia asignada no soporta la asunción de las

funciones propias de las áreas a cargo de los procesos habilitantes,

de apoyo o misionales de la entidad, particularmente en lo

concerniente a los planes anuales de previsión de recursos humanos,

de vacantes y al plan estratégico de talento humano, pues

simplemente se circunscriben a la organización de los lineamientos

estratégicos y administrativos definidos por las áreas competentes y

que enmarcan su actuación.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales

invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] En consecuencia, se ordene al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia:

6.1.1.1. Inaplicar la sanción por dejar sin efectos el auto (sic) 31
de julio de 2025, confirmado por el Tribunal Administrativo de

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Antioquia, en el marco del incidente de desacato identificado con
el radicado 05001333300120250008500.
6.1.1.2. Comunicar a las autoridades encargadas de la ejecución
de las sanciones pecuniarias y de arresto, que las mismas se han
levantado.
6.1.1.3. Acatar y aplicar los precedentes jurisprudenciales frente a
la procedencia del levantamiento de la sanción […]” (Negrilla
pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL aseguró que se atiene a los argumentos

expuestos en la decisión que se ataca vía tutela.

I.5.2.- El JUZGADO informó que mediante auto de 25 de agosto de

2025 resolvió inaplicar la sanción impuesta y además, ordenó

cancelar la orden de arresto y cobro coactivo del proveído de 14 de

agosto de este año, el cual fue debidamente notificado a las partes y

a las autoridades correspondientes.

Aseveró que frente a lo ordenado en la acción de tutela con radicación

2025-00085-00 se han presentado 21 solicitudes de amparo, las

cuales han sido denegadas o declaradas improcedentes por hecho

superado, por lo que se advierte un actuar dilatorio en el proceso

normal de vigilancia y cumplimiento constitucional.

Comentó que, no obstante, no existe vulneración de los derechos

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fundamentales invocados, por cuanto se sujetó a los elementos

probatorios, jurisprudenciales y legales que obran en el expediente,

siguiendo las etapas y el término exigido para el efecto.

I.6. Interviniente

I.6.1.- La CNSC destacó que carece de legitimación en la causa por

pasiva, toda vez que el núcleo esencial de lo solicitado se dirige

contra los autos proferidos por el JUZGADO y el TRIBUNAL, sin que

tenga competencia o injerencia alguna al respecto, pues su función

se encamina en adelantar procesos de selección a través de cursos

de mérito, de tal forma que por su parte no existe vulneración alguna

de los derechos fundamentales y solicita que se le desvincule del

presente trámite constitucional.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que

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regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y

asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la CNSC solicitó su desvinculación en la presente

acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que la CNSC fue

parte accionada dentro de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 2025-00085-00, de la cual se pretende

el cumplimiento y es origen de la controversia que se alega, fue

vinculada por asistirle interés en la decisión de la acción

constitucional de la referencia, razón por la que se denegará su

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”8.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU-034 de 20189, esa Corporación señaló:

8
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
9
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]». (Destacado
fuera de texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 31 de julio y 6 de agosto de

2025, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, dentro del incidente de desacato identificado con el

número único de radicación 2025-00085-03.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la

libertad y a la tutela judicial efectiva, habida cuenta que, a juicio de

la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto fáctico al omitir analizar las pruebas obrantes en el

expediente que daban cuenta que no es el funcionario competente

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para dar cumplimiento a la orden judicial presuntamente

desatendida, por lo que debió ser excluido de la sanción impuesta.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de

ser así; ii) determinar si las autoridades judiciales accionadas

vulneraron sus derechos fundamentales invocados al proferir los

autos de 31 de julio y 6 de agosto de 2025, dentro del incidente

de desacato identificado con el número único de radicación 2025-

00085-03.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,

sería del caso examinar si en el presente caso se cumplen los

requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si

(i) la decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) se

acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de

tutela contra providencias judiciales, además de que se alega la

configuración de alguna causal específica; y (iii) los argumentos de

la parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los

incidentes de desacato.

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Actor: DAVID GUSTAVO SUÁREZ CASTELLANOS

No obstante, antes de entrar a analizar los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite

incidental, la Sala estima necesario referirse a la carencia actual de

objeto por hecho superado.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia, la Sala

advierte que durante el trámite del presente asunto10, el JUZGADO

profirió auto de 25 de agosto de 2025, por medio del cual inaplicó la

sanción por desacato impuesta en proveído de 31 de julio de este

año y confirmada en providencia de 6 de agosto de la misma

anualidad por el TRIBUNAL, por lo que ordenó la cancelación de la

orden de arresto y cobro coactivo establecida en la decisión de 14 de

agosto de 2025, tal como se advierte a continuación:

10
La Sala advierte que la presente acción de tutela fue radicada el 21 de agosto de 2025.

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Sumado a lo anterior, es del caso destacar que tal actuación le fue

notificada a las partes y a las autoridades competentes ese mismo

día, esto es, el 25 de agosto de 2025, tal como consta del expediente

obrante en el aplicativo de consulta SAMAI.

En virtud de lo precedente, la Sala observa que la finalidad de la

acción de tutela de la referencia era que se dejaran sin efecto las

providencias de 31 de julio y 6 de agosto de 2025, proferidas por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente y, en su lugar, se

ordenara la inaplicación de la sanción allí impuesta, lo cual sucedió

estando en trámite la presente acción constitucional, por lo que

desaparecieron las circunstancias fácticas que dieron lugar a que se

promoviera la presente acción y, en consecuencia, se configura la

carencia actual de objeto por hecho superado11.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»12. Y en la misma sentencia se precisó que el

11
En reciente providencia de 24 de julio de 2025, con radicación 11001-03-15-000-2025-03508-00,
C.P. Oswaldo Giraldo López, esta Sala de Decisión en un asunto con similar situación fáctica a la
presente resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
12
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”13. (Negrilla fuera del
texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo

13
Ibidem.

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siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”14.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de

objeto por hecho superado, debido a que los hechos que originaron

la presente acción de tutela han sido superados, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC), por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de septiembre de 2025.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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