RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01640-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01640-00

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01640-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01640-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

2 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: ALIX NIDIA MOJICA DE SAAVEDRA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Y OTRO

Temas: Contra sentencias dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. No cumple el requisito de relevancia
constitucional: reiteración de argumentos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Alix Nidia Mojica de Saavedra
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 4 de abril de 20241, en ejercicio de la acción de tutela, Alix Nidia Mojica de Saavedra
pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso.

A juicio de la demandante, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias
del 1º de septiembre de 2022 y 23 de noviembre de 2023 dictadas por el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
respectivamente, que declararon probada la excepción de cosa juzgada frente a las
pretensiones de reconcomiendo de la pensión gracia de jubilación.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1-) Amparar el DERECHO FUNDAMENTAL al DEBIDO PROCESO, dada la inobservancia de la
prueba.
2-) Determinar, si la U.G.P.P. ante los nuevos argumentos interpretativos de la prueba, no tenidos
en cuenta ni debatidos en el proceso 73001-23-33-000-2013-00529-01 Número Interno: 3533-
2014 adelantado hace varios años ante CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente: Dr. William
Hernández Gómez Bogotá D.C., junio dieciséis (16) de dos mil dieciséis (2016) y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA obro de mala fe y/o temeridad al expedir nuevas resoluciones,
que en adelante serian los nuevos actos acusados, sin dar respuesta concreta a los nuevos
argumentos y el recién precedente jurisprudencial relacionado con el reconocimiento y pago de
las pensiones de Gracia.

1 Índice 1 de Samai. Ante el Juzgado 13 Municipal de Control de Garantías de Barranquilla

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

3-) Como consecuencia de esto, dejar sin efectos las sentencias proferidas por el H. CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA –
SUBSECCION B; MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad: 73001-23-33-000-2020-00363-
01 Numero Interno 6612 2022, adiado 23 de noviembre del 2023, y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, M.S. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA Rad: 73001-23-33-
000-2020-00363-00, donde, los respetados magistrados deciden decretar la cosa juzgada y
consecuentemente la denegación del derecho reclamado.
4-) Ordenar suspender los efectos del fallo hasta que sea proferida una decisión acorde a las
normas aplicables al caso.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Primera actuación administrativa

Alix Nidia Mojica de Saavedra nació el 17 de septiembre de 1957.

Fue nombrada por el alcalde del municipio de Alvarado mediante Resolución No. 1629
de 1993 y trabajó por 20 años en el servicio docente.

Mediante Resolución No. RDP 08699 del 25 de febrero de 2013, la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
denegó a la señora Mojica de Saavedra el reconocimiento y pago de la pensión gracia
de jubilación.

Inconforme con la decisión, la demandante presentó recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, que fueron resueltos de forma desfavorable por la UGPP a
través de las Resoluciones No. RDP 017563 del 18 de abril de 2013 y RDP 020309
del 3 de mayo de 2013.

3.2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
73001233300620130052900

La señora Alix Nidia Mojica de Saavedra interpuso una primera demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP para que se declarara la nulidad de las
resoluciones No. RDP 08699 del 25 de febrero de 2013, RDP 017563 del 18 de abril
de 2013 y RDP 020309 del 3 de mayo de 2013 y, a título de restablecimiento del
derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión gracia de
jubilación.

La demanda se adelantó bajo el radicado 73001233300620130052900 y el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
por sentencias del 2 de abril de 2014 y 16 de junio de 2016, respectivamente,
denegaron las pretensiones. Ambas providencias explicaron que la demandante no
cumplía con el tiempo requerido como docente departamental o municipal, distrital o
nacionalizado para acceder a la prestación pretendida.

3.3. Segunda actuación administrativa

El 6 de noviembre de 2019, la señora Mojica de Saavedra le pidió nuevamente a la
UGPP que reconociera y pagara la pensión gracia de jubilación bajo el argumento de
que en el proceso judicial anterior se habían valorado de manera indebida los
certificados laborales, sumado a la existencia de un nuevo precedente jurisprudencial

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018.

Mediante Resolución No. ADP000850 del 19 de febrero de 2020, la UGPP denegó lo
solicitado por existir cosa juzgada sobre el reconocimiento de esa prestación.

Mediante Resolución No. 009039 del 14 de abril de 2020, la UGPP denegó
nuevamente lo solicitado porque la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 no
modificó los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Inconforme, la demandante formuló recursos de reposición y en subsidio de apelación
y la UGPP mediante Resolución No. RDP010889 del 5 de mayo de 2020 confirmó la
decisión recurrida y no dictó acto administrativo que resolviera el recurso de apelación.

3.4. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
73001233300020200036300

Alix Nidia Mojica de Saavedra interpuso una segunda demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP para que se declarara la nulidad de las
resoluciones No. ADP 000850 del 19 de febrero del 2020, RDP 009039 del 14 de abril
del 2020, RDP 010889 del 05 de mayo del 2020 y del acto ficto negativo que resolvió
el recurso de apelación presentado contra la Resolución No, RDP 009039 del 14 de
abril del 2020 y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación.

La demanda se adelantó bajo el radicado 73001233300020200036300 y correspondió
al Tribunal Administrativo del Tolima, que, por sentencia del 1º de septiembre de 2022,
declaró probada la excepción de cosa juzgada. Explicó que se cumplían los requisitos
de identidad de partes, objeto y causa necesarios para que se configure esa excepción.

Que, en todo caso, la sentencia de unificación que servía como fundamento de la
demanda era clara al señalar que los casos ya resueltos, respecto de los cuales había
operado la cosa juzgada, eran inmodificables y que, los cambios de precedente no
habilitan la presentación de nuevas demandas frente a asuntos ya resueltos en sede
judicial.

Inconforme con la decisión, la señora Mojica de Saavedra apeló y el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B por sentencia del 23 de noviembre de 20232,
la confirmó básicamente por las mismas razones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que las sentencias acusadas incurrieron en los siguientes vicios:

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues el Tribunal Administrativo
del Tolima y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no tuvieron en
cuenta que las resoluciones No. ADP 000850 del 19 de febrero del 2020, RDP 009039
del 14 de abril del 2020, RDP 010889 del 05 de mayo del 2020 y el acto ficto negativo
que resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución No, RDP

2 Notificada por correo electrónico el 29 de enero de 2024

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

009039 del 14 de abril del 2020 eran diferentes a los actos administrativos
cuestionados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del 2013
(resoluciones No. RDP 08699 del 25 de febrero de 2013, RDP 017563 del 18 de abril
de 2013 y RDP 020309 del 3 de mayo de 2013).

Que, además, tampoco consideraron que en la segunda demanda existían hechos
nuevos, en especial el derecho de petición con el que pidió que se reconociera la
pensión gracia valorando los certificados laborales de la forma desarrollada en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.

Que eso desvirtuaba la existencia de identidad de objeto que hace procedente la
declaratoria de cosa juzgada.

Desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-014 de 2020 que, según dice, declaró la configuración de un defecto fáctico por
indebida valoración de los certificados para determinar el tipo de vinculación del
docente.

Que, en su caso, ocurría lo mismo porque las autoridades judiciales demandadas
prefirieron declarar la configuración de la cosa juzgada antes que valorar los
certificados y actos administrativos de nombramiento que, según dice, demostraban
que se trataba de una vinculación territorial.

Que la decisión de declarar la cosa juzgada frustraba su derecho a vivir en igualdad
de condiciones económicas y sociales frente a compañeros que fueron nombrados
por entidades del orden territorial a quienes les fue reconocida la pensión gracia.

5. Trámite

Por auto del 9 de abril de 2024, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B y del Tribunal Administrativo del Tolima.
Además, en calidad de tercero con interés se vinculó al representante legal de la
UGPP.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en
el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 17 de abril de 20243.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, titular del
despacho que fue ponente de la sentencia cuestionada, pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo porque no cumple el requisito de relevancia
constitucional y pretende ser usada como una tercera instancia del proceso ordinario.
Que la sentencia de unificación del 2018 sobre pensión gracia no puede ser utilizada
como un hecho nuevo que la habilite a presentar una nueva demanda, pues esa
misma sentencia explicó que no abría la posibilidad de nuevas reclamaciones frente
a casos ya decididos.

3 Índice 7 de Samai

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

La subdirectora de defensa judicial de la UGPP dijo que lo pretendido por la actora
era sustituir una decisión judicial dictada por el juez natural y solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción.

Que, en todo caso, las autoridades judiciales demandadas declararon de forma
acertada la existencia de cosa juzgada y por eso no se habían vulnerado los derechos
fundamentales de la actora.

El Tribunal Administrativo del Tolima envió copia digital del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

De manera preliminar la Sala precisa que sólo estudiará los cargos formulados en
contra de la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, pues fue la que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por la señora Alix Nidia Mojica de Saavedra para dejar sin efectos la sentencia del 23 de
noviembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que confirmó la sentencia que declaró probada la excepción de cosa juzgada frente a las
pretensiones de reconcomiendo de la pensión gracia de jubilación

La Sala anticipa que no se cumple el requisito general de relevancia constitucional, por
cuanto la demandante pretende insistir en la no configuración de la cosa juzgada y la
necesidad de estudio de fondo sobre el reconocimiento de la pensión gracia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que los cargos formulados
por la demandante relacionados con que no se configura la excepción de cosa juzgada
y, en consecuencia, el juez natural debía adoptar una decisión de fondo en la que
valorara nuevamente los certificados laborales y actos administrativos de
nombramiento coinciden con los argumentos expuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de
tutela, la señora Mojica de Saavedra insiste en que existen hechos que diferencian la
demanda del 2013 de la promovida en 2020.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 1º de septiembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima,
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Insiste en que, respecto
de la identidad de causa petendi, el fundamento de la actual pretensión no es el mismo del anterior
proceso que promovió, pues en la época de la primera sentencia no se tenía certeza ni existía
diferenciación de los dineros públicos del situado fiscal y del sistema general de participaciones,
situación novedosa que debió el a quo estudiar.
Que «[...] es una postura pacífica de nuestro órgano de cierre el hecho de que cuando de temas
pensionales se trata, el fenómeno de la cosa juzgada no es absoluto sino que conlleva ínsito una
relativización que brilló por su ausencia en la sentencia de alzada, criticando que el honorable
magistrado ponente le haya dado a su decisión un carácter de absoluto, cuando la jurisprudencia
pacífica de la Corporación aunada a los principios de favorabilidad laboral e in dubio pro operario
[...] fueron totalmente desconocidos».
Sostiene que en el libelo introductorio explicó la diferenciación que realizó el Consejo de Estado
sobre las figuras del situado fiscal y del sistema general de participaciones, pero el Tribunal
guardó silencio absoluto frente a este aspecto, lo que configura una violación del principio de
congruencia.

Por su parte, en la acción de tutela, la señora Mojica de Saavedra igualmente insistió
en que no existía identidad de objeto entre las demandas promovidas en 2013 y 2020,
que, por lo tanto, no se configuraba la cosa juzgada y era procedente valorar
nuevamente las pruebas aportadas para definir el reconocimiento de la pensión gracia.

6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en providencia del 23 de noviembre 2023, que, en lo que
interesa, consideró:

Así las cosas, conforme al cotejo efectuado en precedencia, en el litigio que ahora nos ocupa se
acreditan los tres presupuestos que configuran la cosa juzgada, en la medida en que (i) las partes
son las mismas, pues ambos procesos fueron instaurados por la accionante contra la UGPP; (ii)
existe identidad de objeto, pues aunque en los dos expedientes no hayan sido controvertidos los
mismos actos administrativos, lo cierto es que en todas las decisiones demandadas la
Administración negó la pensión gracia peticionada por la actora; asimismo, el problema jurídico
dilucidado en el proceso 73001- 23-33-006-2013-00529-01 coincide con el de fondo aquí
formulado, esto es, determinar si la profesora acreditó los requisitos para tener derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, para lo cual se examinó, entre otros períodos de labores, el
comprendido entre el 21 de noviembre de 1993 y el 30 de marzo de 2005 (cuya valoración solicita
nuevamente en este proceso). De igual modo, (iii) la causa concuerda con la anterior demanda, toda vez que los tiempos que
depreca la actora sean tenidos en cuenta como laborados en calidad de docente territorial, son
los mismos que fueron examinados en el primer litigio: (i) entre el 16 de septiembre de 1976 y el
13 de julio de 1981, (ii) del 21 de noviembre de 1993 al 30 de marzo de 2005 y (iii) desde el 31
de marzo de 2005 hasta el 18 de septiembre de 2012, en particular el segundo de dichos lapsos,
con base en el cual aduce, en ambos casos, adquiriría el estatus pensional el 2 de abril de 2012;
por tanto, no es posible volver a efectuar un estudio sobre este mismo aspecto. Ahora bien, la accionante alega que la causa petendi varió respecto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió con anterioridad al presente y que fue fallado cuando
no existía diferenciación entre los dineros públicos del situado fiscal y los del sistema general de
participaciones, lo que quedó zanjado a partir del fallo de unificación de esta sección segunda
CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018 (expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01 [3805-
14]). No obstante, en primer lugar, anota esta Sala que, en esa providencia, acerca de sus
efectos, en el ordinal 2° de su parte decisoria, se dispuso: 2.o Adviértese a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia, en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente
obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los
efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo
expuesto en la parte motiva. De igual manera, se precisa que los casos resueltos respecto de los cuales ha operado la
cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables
[subrayado fuera del texto original]. En consecuencia, las reglas de unificación fijadas en esa oportunidad por la sección solo
cobijarían las demandas pendientes de resolución al momento de su expedición. Sin embargo, la
actora asevera que «[...] el fenómeno de la cosa juzgada no es absoluto sino que conlleva ínsito
una relativización [...] cuando la jurisprudencia pacífica de la Corporación aunada a los principios
de favorabilidad laboral e in dubio pro operario [...] fueron totalmente desconocidos».

Sobre este aspecto, cabe precisar que, ante un nuevo criterio de unificación, el Consejo de Estado
ha dicho que «[...] esta situación no hace mella en los efectos de la cosa juzgada, pues, para que
su existencia surta los efectos deseados, el “hecho nuevo” debe ser anterior o contemporáneo al
trámite del proceso, no habiéndose considerado en su momento por el fallador de turno por
omisión o ignorancia de la parte que lo invoca».
(…) Por lo tanto, en virtud del principio de seguridad jurídica, que garantiza la estabilidad, firmeza
y certeza de las decisiones de la jurisdicción, y comoquiera que en el sub lite el fallo de unificación
que invoca la accionante en este caso, se insiste, dispuso efectos retroactivos a las reglas allí
establecidas, con la advertencia que los casos en los que ha operado la cosa juzgada resultan
inmodificables, no es procedente, so pretexto del principio de igualdad, promover un nuevo
proceso con desconocimiento de aquel mandato superior (seguridad jurídica). En consecuencia, en atención a que las sentencias proferidas el 2 de abril de 2014 y el 16 de
junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado (sección segunda,
subsección A), en su orden, decidieron de fondo y en forma definitiva el problema jurídico que fue
nuevamente planteado en esta controversia e hicieron tránsito a cosa juzgada, no es dable que,
como lo pretende la accionante, se realice otro análisis jurídico en torno a su aspiración pensional
de gracia.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01640-00
Demandante: Alix Nidia Mojica de Saavedra

Como se ve, se trata de argumentos con los que la señora Alix Nidia Mojica de
Saavedra pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario
sobre la no configuración de la excepción de cosa juzgada y la necesidad de realizar
un nuevo estudio sobre el reconocimiento de la pensión gracia.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos
ordinarios.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
la demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.