Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2020-00363-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado : 73001-23-33-000-2020-00363-011
Nº Interno : 6612-2022
Demandante : Álix Nidia Mojica
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Reconocimiento de pensión gracia; cosa juzgada
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia del 1° de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de cosa juzgada
propuesta por la UGPP.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Álix Nidia Mojica de Saavedra, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las Resoluciones ADP 850 de 19 de febrero, RDP
9039 de 14 de abril y 10889 de 5 de mayo, todas de 2020, mediante las
cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia; y del acto
ficto negativo producto del silencio frente al recurso de apelación interpuesto
contra la anterior decisión.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a: (i) conceder la pensión gracia a partir del 2 de abril de 2012,
1
Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
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Nº Interno: 6612-22
Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
con efectos fiscales desde el 18 de noviembre de 2016, cuyas mesadas
deberán ser debidamente indexadas; (ii) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 192, 193 y 195 del CPACA y (vi) en costas
procesales.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante nació el 17 de septiembre de 1957, por lo que cumplió 50
años en 2007, y alcanzó 20 de servicios el 2 de abril de 2012, descontando
los ingresos de origen nacional «[…] de que trata el literal “b” de la
Resolución de nombramiento N° 1629 de 1993 expedida por el alcalde del
Municipio de Alvarado Tolima».
Con ocasión del fallo de unificación de 21 de junio de 2018 de la sección
segunda del Consejo de Estado (número interno 3805-2014), el 6 de
noviembre de 2019 la accionante nuevamente formuló petición orientada a
que se le reconociera la pensión gracia, negada a través de Resoluciones
ADP 850 de 19 de febrero de 2020, por haber operado la cosa juzgada, y
RDP 9039 de 14 de abril del mismo año, porque aquella Corporación no
modificó los requisitos para conceder esa prestación; esta última confirmada
con Resolución RDP 1889 de 5 de mayo siguiente, pero no se desató el
recurso de apelación que también interpuso.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, los artículos 2, 6, 13, 29, 48 y 53.
Las Leyes 114 de 1913, 91 de 1989 y 37 de 1933.
La parte demandante expuso que «[…] la Resolución N° 1629 de noviembre
19 de 1993, por medio de la cual, el ALCALDE MUNICIPAL DE ALVARADO
TOLIMA nombra unos docentes, en lo que se denominó “EL PLAN DE
UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NACIONAL” tiene consonancia
con lo expuesto en la Sentencia de Unificación del 21 de junio del 2018, entre
ellos, la nacionalización de la educación contenida en la Ley 43 de 1975,
dentro de lo que se dijo, que la clasificación docente solo iba a depender, DE
QUIEN NOMBRARA AL DOCENTE y no de la fecha en que fuese vinculado
como en este caso, o de la procedencia de los recursos pagados por los
otrora “FER”».
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Nº Interno: 6612-22
Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Que, por lo anterior, «[…] el tiempo de servicio a cargo de la nación conforme
a lo señalado en la resolución N° 1629 de noviembre 19 de 1993, va desde
21 de noviembre de 1993 hasta el 31 de marzo de 2005 inicialmente más el
traslado prescrito en la Resolución 1437 de agosto 4 de 1994 nos arroja un
tiempo de servicio de 9 años 3 meses, una vez descontados los años de
1993, 1994 y 1995»; no obstante, «[…] los años de 1993, 1994 y 1995 deben
contarse como tiempos territoriales, debido a que, si bien los transfirió la
Nación al ente territorial, estos recursos al ser pagas a través de las fer,
dejaron de ser de fuente nacional».
2. Contestación de la demanda.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que no puede
entenderse, a partir del fallo de unificación de 21 de junio de 2018 de la sección
segunda del Consejo de Estado, que el vínculo laboral de carácter nacional,
que tuvo la demandante, mutó a departamental en los términos de la Ley 60 de
1993 y, posteriormente, a municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, como
lo pretende la actora, dado que la plaza que ocupó fue de naturaleza nacional y
nacionalizada.
Que la demandante no cuenta con 20 años de servicio como docente de orden
distrital, municipal o departamental, requisito sine qua non para ser beneficiaria
de la pensión gracia, teniendo en cuenta que su vinculación al servicio de la
educación desde el 16 de septiembre de 1976 hasta el 13 de julio de 1981 es
de carácter nacionalizado; y del 19 de noviembre de 1993 al 27 de julio de
2019 de tipo nacional.
Como excepciones propuso las que denominó: cosa juzgada (respecto de la
demanda tramitada bajo el expediente 73001233300620130052900, que fue
fallada a través de providencias de 2 de abril de 2014 y 16 de junio de 2016 del
Tribunal Administrativo del Tolima y del Consejo de Estado, sección segunda,
subsección A, en su orden, que negaron sus pretensiones), inexistencia de la
obligación demandada, ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, prescripción y buena fe.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia anticipada
proferida el 1° de septiembre de 2022, declaró probada la excepción de cosa
juzgada propuesta por la UGPP (con condena en costas). Consideró que
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Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
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«[…] la demandante tiene como fundamento de sus pretensiones las mismas
vinculaciones laborales que promovió en anterior oportunidad y respecto de
los cuales esta jurisdicción ya resolvió y le precisó los motivos por los
cuales no eran suficientes para lograr el reconocimiento de la pensión
gracia. Concretamente esta Corporación en la sentencia del 2 de abril de
2014 que dirimió el fondo del proceso promovido por la señora Alix Nidia
Mojica de Saavedra con radicación No. 73001-23-33-000-2013-00529-0016
[sic], confirmada por el Honorable Consejo de Estado el 16 de junio de
2016».
Agregó que los cambios jurisprudenciales no constituyen una nueva situación
que permita quebrantar la institución de la cosa juzgada, como parece
entenderlo el apoderado de la demandante.
4. El recurso de apelación.
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
Insiste en que, respecto de la identidad de causa petendi, el fundamento de
la actual pretensión no es el mismo del anterior proceso que promovió, pues
en la época de la primera sentencia no se tenía certeza ni existía
diferenciación de los dineros públicos del situado fiscal y del sistema general
de participaciones, situación novedosa que debió el a quo estudiar.
Que «[…] es una postura pacífica de nuestro órgano de cierre el hecho de
que cuando de temas pensionales se trata, el fenómeno de la cosa juzgada
no es absoluto sino que conlleva ínsito una relativización que brilló por su
ausencia en la sentencia de alzada, criticando que el honorable magistrado
ponente le haya dado a su decisión un carácter de absoluto, cuando la
jurisprudencia pacífica de la Corporación aunada a los principios de
favorabilidad laboral e in dubio pro operario […] fueron totalmente
desconocidos».
Sostiene que en el libelo introductorio explicó la diferenciación que realizó el
Consejo de Estado sobre las figuras del situado fiscal y del sistema general
de participaciones, pero el Tribunal guardó silencio absoluto frente a este
aspecto, lo que configura una violación del principio de congruencia.
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Nº Interno: 6612-22
Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 27 de abril de 2023, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la actora y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar; no obstante, la apoderada de la accionada presentó escrito en el que
reiteró los argumentos expuestos en su memorial de contestación de la
demanda.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)2, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del
Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de cosa
juzgada propuesta por la UGPP. Para el efecto se analizará (i) si en el
presente asunto operó o no el fenómeno jurídico-procesal de la cosa
juzgada, como lo declaró el a quo; y en caso negativo, (ii) si a la demandante
le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el
contrario, carece de fundamento, pues no acreditó 20 años al servicio de la
docencia territorial o nacionalizada.
2
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. De la cosa juzgada; y 2.2. Caso concreto.
2.1. De la cosa juzgada.
Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que el
artículo 3033 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión
del 3064 del CPACA, establece tres (3) presupuestos para su configuración, a
saber: (i) el nuevo proceso debe versar sobre el mismo objeto, es decir, que
la pretensión sea idéntica a la debatida en el anterior trámite en el que se
dictó el fallo ejecutoriado, (ii) se debe fundar en la misma causa, esto es, que
entre la demanda y la sentencia proferida en el anterior asunto haya
semejanza en los fundamento de hecho y de derecho, y (iii) debe existir
identidad jurídica de partes.
Por su parte, el artículo 189 del CPACA, en lo atañedero a la cosa juzgada
respecto de sentencias de nulidad dictadas por esta jurisdicción, preceptúa
que «La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un
proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la
causa petendi juzgada […]».
Sobre este fenómeno de la cosa juzgada, el Consejo de Estado5 precisó:
Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos
considera la Corte que al proceso a) deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por
la decisión que constituye cosa juzgada; b) debe existir identidad
de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Pero que cuando además de los
mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,
caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la
nueva causa; y c) la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa
juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un
3
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes».
4
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
5
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección primera, consejera ponente María Claudia Rojas
Lasso, sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.
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Nº Interno: 6612-22
Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
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derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un
derecho que no fueron declarados expresamente.
De otra parte, la Sección Primera de esta Corporación en
sentencia de 18 de octubre de 2012, dentro del Expediente núm.
2007-00269-00, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso,
manifestó lo siguiente:
“La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes”. De acuerdo con la norma transcrita la
sentencia estimatoria dictada en procesos de simple
nulidad produce efecto de cosa juzgada “erga omnes”,
esto es, extiende sus efectos a todos los procesos en
los cuales se haya demandado la nulidad del mismo
acto, independientemente de la causa invocada para
sustentar la pretensión.
La misma norma también establece que, por el
contrario, los fallos desestimatorios proferidos en
procesos de nulidad únicamente producen efectos de
cosa juzgada respecto de las acusaciones y el petitum
formulados en dicho proceso, es decir si la sentencia
que decide un proceso de nulidad es
desestimatoria, entonces el acto administrativo
demandado continúa vigente, por lo cual su
nulidad, en principio, puede ser demandada
nuevamente por cualquier persona con fundamento
en otros hechos y razones, esto es, por una causa
diferente que la jurisdicción está obligada a decidir.
Estas conclusiones se fundan, además del artículo 175
del C. C. A., en el artículo 332 del Código de
Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual la cosa
juzgada se configura cuando haya identidad de objeto y
de causa, e identidad jurídica de partes; siendo el
objeto de la demanda la pretensión y su causa el
fundamento en que se apoya la demanda.
El requisito de la identidad jurídica de las partes no es
exigible en los procesos de nulidad porque pueden ser
iniciados mediante acciones públicas, cuyo ejercicio
corresponde a cualquier persona, las sentencias que
los deciden producen efectos erga omnes como lo
dispone el artículo 175 del C.C.A. y además, dichas
acciones no se promueven en interés particular sino del
orden jurídico” (Negrita fuera del texto).
[…].
Por tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio
constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las
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Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
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decisiones judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado a
través de estas con otro proceso judicial, en atención a la intangibilidad e
inmutabilidad que adquieren ante su ejecutoria.
2.2. Caso concreto.
En el asunto sub examine, se tiene que, con anterioridad al presente
proceso, la aquí actora incoó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP (expediente 73001-23-33-006-2013-00529-00), con
el propósito de obtener la anulación de las Resoluciones RDP 8699 de 25 de
febrero, RDP 17563 de 18 de abril y RDP 20309 de 3 de mayo, todas de
2013, por las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia,
comoquiera que fue nombrada por el departamento de Santander, a través
de Resolución 2509 de 6 de septiembre de 1976, como docente
nacionalizada; posteriormente, en condición de maestra territorial mediante
Resolución 1629 de 19 de noviembre de 1993 del municipio de Alvarado
(Tolima), y con Decreto 148 de 8 de marzo de 1994, el municipio de Ibagué
la incorpora a su planta.
De la citada demanda conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo
del Tolima que, mediante fallo de 2 de abril de 2014, negó tales pretensiones,
porque la accionante laboró en calidad de maestra nacionalizada desde el 16
de septiembre de 1976 hasta el 12 de julio de 1981 en el departamento de
Santander, pero a partir del 21 de noviembre de 1993 fue educadora
nacional, por lo que no reunió el requisito de tiempo exigido para la pensión
gracia.
La decisión precedente fue confirmada por el Consejo de Estado (sección
segunda, subsección A), el 16 de junio de 2016 (número interno 3533-2014),
al estimar que el nombramiento de la demandante por medio de Resolución
1629 de 1993, efectuado por el alcalde de Alvarado (Tolima), lo hizo como
agente de la Nación, mas no en condición de representante del ente
territorial, para proveer plazas docentes con cargo presupuestal a la Nación;
sin embargo, con Decreto 148 de 18 de marzo de 2005, se le incorporó a ella
en la planta de cargos docentes del municipio de Ibagué, por lo que adquirió
la calidad de maestra territorial desde esta última época. No obstante, al
alcanzar solo 10 años, 3 meses y 14 días de servicios (del 16 de septiembre
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Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
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de 1976 al 13 de julio de 1981 y desde el 31 de marzo de 2005 hasta el 18
de septiembre de 2012), no tiene derecho a la pensión gracia.
En este orden de ideas, se procederá a establecer si en este caso existe
cosa juzgada frente a las súplicas planteadas dentro del presente medio de
control, para lo cual resulta oportuno analizar a través del siguiente cuadro
comparativo si se colman o no los presupuestos procesales exigidos en el
artículo 303 del CGP, para que se configure ese fenómeno:
Expediente Expediente
73001-23-33-006-2013-00529-01 73001-23-33-000-2020-00363-01
(3533-2014) (6612-2022)
Partes: Álix Nidia Mojica de Partes: Álix Nidia Mojica de
Saavedra contra la Unidad Saavedra contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social Parafiscales de la Protección Social
(UGPP). (UGPP).
Actos demandados: Actos demandados: Resoluciones
Resoluciones RDP 8699 de 25 de ADP 850 de 19 de febrero, RDP
febrero, RDP 17563 de 18 de abril y 9039 de 14 de abril y 10889 de 5 de
RDP 20309 de 3 de mayo, todas de mayo, todas de 2020, y del acto ficto
2013, por medio de las cuales se negativo producto del silencio frente
negó la pensión gracia reclamada al recurso de apelación interpuesto
por la actora. contra la segunda decisión, a través
de los cuales se negó a la accionante
el reconocimiento de la pensión
gracia.
Pretensiones: La demandante Pretensiones: Depreca la anulación
solicitó se declarara la nulidad de de los aludidos actos administrativos
las precitadas Resoluciones y, en y, como restablecimiento del
consecuencia, se concediera la derecho, pide la pensión gracia a
pensión gracia a partir de la fecha partir del 2 de abril de 2012, con
de adquisición del estatus efectos fiscales desde el 18 de
pensional. noviembre de 2016.
Fallo de primera instancia: El Fallo de primera instancia: El
Tribunal Administrativo del Tolima, Tribunal de conocimiento decretó la
con providencia de 2 de abril de excepción de cosa juzgada.
2014, negó las pretensiones de la
demanda.
Fallo de segunda instancia: El
Consejo de Estado (sección
segunda, subsección A), en
sentencia de 16 de junio de 2016,
confirmó la de primera instancia,
toda vez que la accionante solo
completó 10 años, 3 meses y 14
días de servicios, como docente
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Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
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territorial, del 16 de septiembre de
1976 al 13 de julio de 1981 y desde
el 31 de marzo de 2005 hasta el 18
de septiembre de 2012, ya que el
período comprendido entre el 21 de
noviembre de 1993 y el 30 de
marzo de 2005 fue maestra con
vinculación nacional.
Así las cosas, conforme al cotejo efectuado en precedencia, en el litigio que
ahora nos ocupa se acreditan los tres presupuestos que configuran la cosa
juzgada, en la medida en que (i) las partes son las mismas, pues ambos
procesos fueron instaurados por la accionante contra la UGPP; (ii) existe
identidad de objeto, pues aunque en los dos expedientes no hayan sido
controvertidos los mismos actos administrativos, lo cierto es que en todas las
decisiones demandadas la Administración negó la pensión gracia peticionada
por la actora; asimismo, el problema jurídico dilucidado en el proceso 73001-
23-33-006-2013-00529-01 coincide con el de fondo aquí formulado, esto es,
determinar si la profesora acreditó los requisitos para tener derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, para lo cual se examinó, entre otros
períodos de labores, el comprendido entre el 21 de noviembre de 1993 y el
30 de marzo de 2005 (cuya valoración solicita nuevamente en este proceso).
De igual modo, (iii) la causa concuerda con la anterior demanda, toda vez
que los tiempos que depreca la actora sean tenidos en cuenta como
laborados en calidad de docente territorial, son los mismos que fueron
examinados en el primer litigio: (i) entre el 16 de septiembre de 1976 y el 13
de julio de 1981, (ii) del 21 de noviembre de 1993 al 30 de marzo de 2005 y
(iii) desde el 31 de marzo de 2005 hasta el 18 de septiembre de 2012, en
particular el segundo de dichos lapsos, con base en el cual aduce, en ambos
casos, adquiriría el estatus pensional el 2 de abril de 2012; por tanto, no es
posible volver a efectuar un estudio sobre este mismo aspecto.
Ahora bien, la accionante alega que la causa petendi varió respecto del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió con
anterioridad al presente y que fue fallado cuando no existía diferenciación
entre los dineros públicos del situado fiscal y los del sistema general de
participaciones, lo que quedó zanjado a partir del fallo de unificación de esta
sección segunda CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018 (expediente
25000-23-42-000-2013-04683-01 [3805-14]). No obstante, en primer lugar,
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Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
anota esta Sala que, en esa providencia, acerca de sus efectos, en el ordinal
2° de su parte decisoria, se dispuso:
2.º Adviértese a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia, en relación con los temas objeto
de unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de
unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la
parte motiva.
De igual manera, se precisa que los casos resueltos respecto de
los cuales ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables [subrayado fuera del
texto original].
En consecuencia, las reglas de unificación fijadas en esa oportunidad por la
sección solo cobijarían las demandas pendientes de resolución al momento
de su expedición. Sin embargo, la actora asevera que «[…] el fenómeno de
la cosa juzgada no es absoluto sino que conlleva ínsito una relativización […]
cuando la jurisprudencia pacífica de la Corporación aunada a los principios
de favorabilidad laboral e in dubio pro operario […] fueron totalmente
desconocidos».
Sobre este aspecto, cabe precisar que, ante un nuevo criterio de unificación,
el Consejo de Estado ha dicho que «[…] esta situación no hace mella en los
efectos de la cosa juzgada, pues, para que su existencia surta los efectos
deseados, el “hecho nuevo” debe ser anterior o contemporáneo al trámite del
proceso, no habiéndose considerado en su momento por el fallador de turno
por omisión o ignorancia de la parte que lo invoca»6.
Asimismo, esta Corporación7 ha sido reiterativa en afirmar que «[…] los
cambios de precedente no afectan las decisiones judiciales adoptadas con
anterioridad, pues las mismas hacen tránsito a cosa juzgada»8; en ese
sentido, de esta sección segunda, se pueden consultar las siguientes
providencias: fallo de 16 de marzo de 2017, expediente 76001-23-33-000-
2013-00063-01 (2710-15), C. P. Gabriel Valbuena Hernández (subsección
6 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, providencia de 25 de septiembre de 2013, radicación 63001-23-31-000-2012-00132-01(2621-
13).
7
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 16 de febrero de 2012, radicación 11001-03-06-
000-2011-00049-00(2069), C. P. William Zambrano Cetina.
8
Así se reseñó en auto de la sección segunda de 20 de octubre de 2022, expediente 63001-33-33-000-2013-00594-
01 (2726-2016), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Nº Interno: 6612-22
Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
A); sentencia de 17 de marzo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-
00356-00 (AC), C. P. William Hernández Gómez (subsección A); auto de 26
de octubre de 2017, expediente 76001-23-33-000-2013-00113-02 (0466-16),
C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (subsección B); proveído de 17 de mayo de
2018, expediente 76001-23-31-000-2012-00091-01 (1482-17), C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas (subsección A); y sentencia de 23 de enero de
2020, expediente 25000-23-42-000-2013-00363-01 (2226–2014), C. P.
Gabriel Valbuena Hernández (subsección A).
No obstante, la subsección A de esta sección también ha aclarado que «El
principio de cosa juzgada puede relativizarse en los casos donde se pretenda
el reconocimiento y pago de un derecho que afecte una prestación periódica
como lo son las pensiones, como quiera que las decisiones contrarias a las
reclamaciones de los asociados tan solo producen efectos vinculantes
respecto de las mesadas que ya fueron objeto de la decisión, mas no frente a
las demás que se causen con posterioridad a la ejecutoria de dicha
providencia»9. Empero, en este mismo pronunciamiento se precisó que al
haberse dejado consignado, como regla de aplicación del fallo de unificación
que se estudiaba en esa oportunidad, que «los casos respecto de los cuales
ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables», no era dable relativizar la cosa juzgada en el asunto
analizado.
Por lo tanto, en virtud del principio de seguridad jurídica, que garantiza la
estabilidad, firmeza y certeza de las decisiones de la jurisdicción, y
comoquiera que en el sub lite el fallo de unificación que invoca la accionante
en este caso, se insiste, dispuso efectos retroactivos a las reglas allí
establecidas, con la advertencia que los casos en los que ha operado la cosa
juzgada resultan inmodificables, no es procedente, so pretexto del principio
de igualdad, promover un nuevo proceso con desconocimiento de aquel
mandato superior (seguridad jurídica).
En consecuencia, en atención a que las sentencias proferidas el 2 de abril de
2014 y el 16 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), en su orden, decidieron
9
Proveído de 29 de agosto de 2019, expediente 66001-23-33-000-2014-00070-01 (3973-14), C. P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
de fondo y en forma definitiva el problema jurídico que fue nuevamente
planteado en esta controversia e hicieron tránsito a cosa juzgada, no es
dable que, como lo pretende la accionante, se realice otro análisis jurídico en
torno a su aspiración pensional de gracia.
Por consiguiente, respecto de las pretensiones de la demanda del proceso
de la referencia se cumplen los requisitos para la configuración de la figura
jurídico-procesal de la cosa juzgada, al existir identidad de objeto, causa y
partes, lo cual de ninguna manera quebranta derecho fundamental alguno de
la actora, sino que, por el contrario, garantiza el acceso a la administración
de justicia dentro de los parámetros de justicia, igualdad y seguridad jurídica,
que se deben proteger tanto a las personas como a los entes estatales.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha
sido del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el
simple hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses. Sin embargo, dado que el fallo apelado, en el ordinal segundo
de la parte decisoria la condenó en costas, se dispondrá su revocatoria,
conforme se ha precisado.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de cosa juzgada
propuesta por la UGPP, excepto la condena en costas impuesta a la parte
accionante, que se revocará.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Álix Nidia Mojica de Saavedra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de septiembre de 2022, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró probada la
excepción de cosa juzgada propuesta por la UGPP, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia, excepto lo relacionado con
la condena en costas, que se revoca.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada GLORIA XIMENA
ARELLANO CALDERÓN, con tarjeta profesional 123.175 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de la demandada, en los
términos y para los efectos del poder visible en el aplicativo Samai.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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