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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01641-00

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01641-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la petición de desvinculación elevada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y NEGAR la solicitada por el municipio de Chía. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por la parte actora contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01641-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de mayo de 2024

Demandante: Martha Clemencia Tamayo de Gómez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01641-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Ricaurte (Cundinamarca), dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01641-00
Demandantes: MARTHA CLEMENCIA TAMAYO DE GÓMEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – niega defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 4 de abril de 2024, Martha Clemencia Tamayo de
Gómez, Julia Catalina Tamayo, Daniel Fernando Gómez, Julián David Gómez
Tamayo, Diana Guadalupe Tamayo Medina, Ricardo Mauricio Gómez Tamayo,
Carlos Darío Gómez Tamayo, Ana Marcela Garzón Tamayo y Nicolás Garzón
Tamayo, actuando por conducto de apoderada judicial, presentaron acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta. Con la solicitud de amparo pretenden
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad en materia tributaria.

2. Desde el punto de vista de la parte actora, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se la adjudican a la sentencia del 9 de noviembre de
2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que revocó el fallo del
20 de agosto de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A y, en su lugar, negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2500-23-37-000-2018-00087-01. Este
proceso se adelantó contra el municipio de Chía, Cundinamarca.

1.2. Pretensiones

3. Los accionantes solicitaron:

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Martha Clemencia Tamayo de Gómez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01641-00

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
tributaria, así como el acceso a la administración de justicia.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene o proceda a REVOCAR la sentencia
del 09 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta de la Sala de
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del radicado
2500023370002018008701 (26407).

3. Y en su lugar se profiera una nueva decisión en la cual se respete el debido
proceso, se reconozcan la prevalencia de las normas constitucionales en materia
tributaria, los antecedentes jurisprudenciales y se de aplicación al contenido del
artículo 148 del CPACA en cuanto a aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto de la aplicación del Decreto 059 de 2010.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. En enero del 2013, los señores Martha Tamayo de Gómez, José Vicente
Tamayo Zerda, Julia Catalina Tamayo, Daniel Fernando Gómez, Julián David
Gómez, Diana Guadalupe Tamayo Medina, Ricardo Mauricio Gómez Tamayo,
Carlos Darío Gómez Tamayo, Ana Marcela Garzón Tamayo, Juan Camilo Garzón
Tamayo y Nicolás Garzón Tamayo solicitaron ante la Secretaría de Hacienda del
municipio de Chía la expedición de un documento de paz y salvo por concepto del
impuesto predial unificado. Esto, con el fin de adelantar gestiones para la venta de
un inmueble de su propiedad.

5. El 11 de febrero de 2013, el ente territorial expidió el documento solicitado y
aclaró que únicamente estaba acreditado el pago del impuesto predial, pues el
tributo de la participación en plusvalía establecido en el Acuerdo 017 de 2000 y
liquidado mediante el Decreto Municipal 059 de 2019 no había sido cancelado. El
31 de octubre de 2013, tales personas pagaron al municipio la suma de
$517’736.280 por dicho concepto.

6. El 3 de octubre de 2014, solicitaron al municipio de Chía la devolución de lo
pagado por concepto de plusvalía, por considerar que se cobró sin haberse
observado el procedimiento fijado en el ordenamiento para ello. Dicha solicitud fue
negada por la Secretaría de Planeación del ente territorial mediante Oficio
20140019230091 (OSIAE-227-2014) del 28 de octubre de 2014.

7. En virtud de ello, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Chía con el fin de que
se declarara nulo dicho acto administrativo. A título de restablecimiento del derecho,
solicitaron la devolución de la cantidad pagada por concepto de la participación en
plusvalía, con la respectiva indexación.

8. Por medio de fallo del 20 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A declaró la nulidad del acto
cuestionado y, en virtud de ello, ordenó devolver a los demandantes la suma
cancelada por concepto del tributo en cuestión junto con los intereses moratorios
que se causaran legalmente.

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Demandante: Martha Clemencia Tamayo de Gómez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01641-00

9. El juez de primera instancia consideró que se configuró la violación del
principio de irretroactividad en materia tributaria, dado que la administración
pretendía el cobro de un gravamen teniendo como acción urbanística el Plan de
Ordenamiento Territorial mediante el Acuerdo 017 del 2000. Ello implicaba que el
hecho generador era anterior a la expedición del Acuerdo 08 del 2008 que fijaba la
tarifa. En este sentido, argumentó que únicamente era posible cobrar la
participación en plusvalía una vez estuvieran fijados todos los elementos de la
obligación tributaria, por lo que no había lugar a su cobro.

10. Inconforme con lo anterior, el ente territorial interpuso recurso de apelación
contra dicha decisión. Mediante fallo del 9 de noviembre de 2023, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

11. Puso de presente que, en virtud de la Ley 388 de 1997 – que, entre otros
asuntos, establece la naturaleza de la participación en plusvalía – y el Acuerdo 8 de
2008, el alcalde municipal de Chía expidió el Decreto 059 del 18 de agosto de 2010
«por medio del cual se liquida el efecto plusvalía para la Zona de Vivienda
Campestre y la Zona de Vivienda Campestre Especial y se establece el monto de
la participación para los predios localizados en ellas». Entre estos predios, se
encontraba el de los demandantes.

12. Observó que, en el asunto estudiado, la demanda se dirigía contra el oficio
mediante el cual el municipio de Chía negó la devolución de lo pagado por los
actores por concepto del tributo. Sin embargo, advirtió que los cargos de nulidad se
dirigían contra el decreto mediante el cual se calculó la participación en plusvalía a
cargo de los demandantes y no contra el acto administrativo demandado.

13. Argumentó que, en la medida en que el decreto «no fue impugnado por los
demandantes, goza de una presunción de legalidad que no puede ser desestimada
de oficio por la jurisdicción administrativa». Agregó que, por tanto, «tampoco cabe
estudiar la legalidad de los actos que negaron la devolución del tributo pagado». A
su vez, adujo que no se acreditó que los actores hubieran presentado recursos
contra tal decreto.

14. Finalmente, aclaró lo siguiente:

Cabe anotar que, al resolver una situación similar a la planteada en este caso, la
Sala examinó la aplicabilidad del Decreto 059 de 2010, para concluir que el decreto
mencionado desconocía el principio de irretroactividad de las normas tributarias, por
cuanto pretendía hacer exigible la participación en plusvalía a los predios allí
mencionados por las acciones urbanísticas que tuvieron lugar con la expedición del
Acuerdo 17 de 2000. Así, se decidió que el Decreto 059 de 2010 debía ser anulado
parcialmente, por cuanto esta disposición había sido expresamente impugnada por
los entonces demandantes, y en tanto había servido como base para el cobro de la
participación en plusvalía efectuado por el municipio, sin fundamento legal para ello,
debía ser declarado nulo en cuanto liquidó la participación en plusvalía sobre los
predios de los entonces demandantes.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

15. La parte actora sostuvo que la autoridad demandada incurrió en defecto
sustantivo y en violación directa de la Constitución pues «el fundamento de la
decisión es mantener vigente para el caso en concreto el Decreto 059 de 2010, que
como ha quedado establecido en varias sentencias del mismo órgano de cierre es
nulo por contrariar el principio de irretroactividad tributaria». Agregó que este
principio está consagrado en los artículos 338 y 363 constitucionales.

16. Citó extensamente la sentencia del 19 de marzo de 20191 proferida por la
misma sala de decisión demandada y con ponencia del mismo magistrado, en la
que en una controversia similar falló en un sentido opuesto a la sentencia objeto del
reproche mediante el presente mecanismo. Al respecto, indicó que en esa
oportunidad se estudió la aplicabilidad del Decreto 059 de 2010 y que, a su juicio,
la Sección Cuarta de esta corporación concluyó:

que el mencionado decreto desconocía el principio de la irretroactividad de las
normas tributarias, por cuanto pretendía hacer exigible la participación en plusvalía
a algunos predios, decidiendo que dicha disposición, esto es, el Decreto 059 de
2010, debía ser anulado parcialmente por cuanto este había servido como base para
el cobro de la participación en plusvalía.

17. Alegó que la demandada aplicó «la presunción de legalidad de un acto
administrativo del cual la misma sala de decisión reconoce que el mismo desconocía
el principio de irretroactividad de las normas tributarias» y recordó que el decreto en
cuestión era la «base de respuesta del oficio demandado y sobre el cual recae el
objeto del litigio».

18. Sostuvo que en dicha sentencia y «en casos similares» se declaró la nulidad
del Decreto 059 de 2010, por lo que se vulneraron sus garantías constitucionales
con la aplicación de la presunción de legalidad de dicha norma «cuando la misma
sala reconoce la pérdida de fuerza ejecutoria por el desconocimiento al principio de
irretroactividad de las normas tributarias».

19. En tal sentido, indicó que en tal providencia vulneró su derecho a la igualdad
en materia tributaria «pues la situación fáctica es idéntica a la de otros
contribuyentes a los cuales se les declaró la nulidad de las normas y se ordenó la
devolución de lo pagado a título de restablecimiento». Agregó que ello implicaba a
su vez el desconocimiento de «aspectos sustanciales de rango constitucional en
materia tributaria como es el citado principio de irretroactividad del tributo», los
cuales fueron aplicados en otras decisiones del mismo órgano de cierre de cuyo
criterio, a su juicio, se apartó en esta oportunidad.

20. Al respecto, indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado desconoció
el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que en los procesos adelantados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo «el fallador podrá inaplicar con

1 Radicado: 25000-23-27-000-2012-00438-02

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efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución
Política o la ley, bien sea de oficio o a petición de parte». Añadió que, en estos
casos, cuenta con la facultad «del control por vía de excepción y reconocer la
ilegalidad de los actos administrativos, más tratándose de un acto administrativo
sobre el cual han recaído reiterados pronunciamientos de la misma corporación en
el sentido de la nulidad».

21. Argumentó que:

ante la disyuntiva de aplicar la presunción de legalidad de un acto administrativo que
ya había sido declarado nulo en otros procesos judiciales por la misma Corporación
vs aplicar el control por vía de excepción respecto del mismo acto administrativo, el
fallador de segunda instancia debió optar por esta última en garantía de las
prerrogativas constitucionales y de una seguridad jurídica, toda vez que el acto
administrativo al cual se le otorgó la presunción de legalidad Decreto 059 de 2010
se había determinado que violaba el contenido de los artículos 338 y 363 de la
Constitución Política que consagran la irretroactividad de la Ley Tributaria.

22. Alegó que, en consideración de lo anterior, la autoridad judicial accionada
«debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 059 de 2010 el cual
(…) contraría normas constitucionales, aspecto reconocido jurisprudencialmente».
Sostuvo que el hecho de considerar que dicho acto administrativo gozaba de
presunción de legalidad, «en clara contradicción con las múltiples providencias que
han determinado que no goza de dicha legalidad», configura un defecto sustantivo,
dado que se insiste «en aplicar una norma declarada nula y con evidente
contradicción con la Constitución».

23. Como fundamento jurídico y dogmático de sus argumentos relacionados con
la excepción de inconstitucionalidad que, a su juicio, debió aplicar la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, destacó una extensa cita textual de la sentencia del 26 de
enero de 20212 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado en la que se expusieron generalidades sobre dicha figura.

1.5. Trámite de la acción de tutela

24. En auto del 16 abril de 2024, el magistrado ponente de la decisión admitió la
acción de tutela y dispuso la notificación de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

25. Además, ordenó la vinculación como tercero con interés del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, al municipio de
Chía (Cundinamarca), a los señores José Vicente Tamayo Zerda y Juan Camilo
Garzón Tamayo (quienes conformaron la parte demandante en el proceso ordinario)
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2 Radicado: 11001-03-15-000-2020-02422-01.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Martha Clemencia Tamayo de Gómez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01641-00

1.6. Intervenciones e informes

26. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Municipio de Chía

27. Señaló que frente a las pretensiones de los actores no se pronunciaría de
fondo pues su inconformidad se deriva del fallo proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. En tal sentido, solicitó que se le desvincule del presente trámite
dada la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el ente territorial no es el
competente para tramitar de fondo lo pedido por la parte tutelante.

28. Consideró que este mecanismo es improcedente al carecer de relevancia
constitucional, debido a que reiteraron argumentos que ya fueron planteados y
resueltos por la autoridad competente. Agregó que esta acción no puede
considerarse un «reemplazo de trámites y procedimientos establecidos en el
ordenamiento jurídico» y que, a su vez, no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable.

1.6.2. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

29. Solicitó ser desvinculada del presente trámite debido a que no está en el
marco de sus competencias dar algún trámite a las súplicas de la demanda y, a su
vez, manifestó que no intervendría en este proceso de conformidad con lo
establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta y la
Sección Cuarta del Consejo de Estado se limitaron a remitir el enlace web de
acceso al expediente digital del proceso ordinario sobre el que versa la presente
acción constitucional.

30. A pesar de ser debidamente notificado, el señor Juan Camilo Garzón guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. Esta sala es competente para decidir la acción de tutela presentada contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Legitimación en la causa

32. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que Martha Clemencia
Tamayo de Gómez, Julia Catalina Tamayo, Daniel Fernando Gómez, Julián David
Gómez Tamayo, Diana Guadalupe Tamayo Medina, Ricardo Mauricio Gómez
Tamayo, Carlos Darío Gómez Tamayo, Ana Marcela Garzón Tamayo y Nicolás
Garzón Tamayo se encuentran legitimados en la causa por activa. Esto porque
conforman la parte demandante en el proceso en el que se profirió la providencia
aquí cuestionada.

34. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Consejo de Estado, Sección
Cuarta está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió
la decisión reprochada en esta tutela.

2.3. Cuestiones previas

35. El municipio de Chía solicitó ser desvinculado de este trámite al carecer de
legitimación en la causa por pasiva; sin embargo, se advierte que no se accederá a
dicha petición pues la entidad territorial fue vinculada en calidad de tercero con
interés en el resultado del proceso al ser la parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento sobre el cual versa la presente controversia.

36. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó ser
desvinculada de este proceso pues no tiene competencia para dar trámite a las
súplicas de la acción y, a su vez, porque manifestó que no iba a intervenir en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso. Debido a que el despacho
ponente de esta providencia vinculó a la agencia en virtud de dicha norma y la
entidad manifestó no tener voluntad de intervenir, la sala accederá a desvincularla
del proceso.

2.4. Problemas jurídicos

37. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado, los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

38. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

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Demandante: Martha Clemencia Tamayo de Gómez y otros
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● ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta vulneró los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora al proferir la sentencia de 9 de noviembre de 2023,
en la que revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el
municipio de Chía?

39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y
(iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la
demanda de tutela.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales5.

41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia6 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.

42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María

Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto

del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

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iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Tutela contra tutela

46. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
2500-23-37-000-2018-00087-00/01.

2.6.2. Subsidiariedad

47. En consideración al requisito de subsidiariedad, se advierte que la parte
actora no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia cuestionada. Esto, dado que cuestiona una decisión de
segunda instancia y los argumentos formulados no configuran ninguna de las
causales por las que proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación
de jurisprudencia.

2.6.3. Inmediatez

48. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la decisión que dio fin
al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho se dictó el 9 de noviembre de
2023 y la solicitud de amparo se interpuso el 4 de abril de 2024. Por tanto, sin que

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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se requiera establecer la fecha de ejecutoria de esta providencia, se advierte que la
acción de tutela se radicó dentro de un término razonable.

2.6.4. Relevancia constitucional

49. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes criterios cuyo
estudio es necesario para establecer si una tutela contra providencia judicial cumple
con el requisito de relevancia constitucional:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

50. Al respecto, la sala considera que el actor cumplió con suficiencia la carga
argumentativa mediante la cual justificó que el asunto versa sobre la tensión entre
la providencia cuestionada y los derechos fundamentales cuya protección solicita.

51. En efecto, la parte actora sustentó la acción constitucional, principalmente,
en que se desconocieron sus derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad en materia tributaria pues, a su juicio, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado tomó una decisión opuesta a lo dictado por
la misma sala de decisión en la sentencia del del 19 de marzo de 20197, en un
asunto con presupuestos fácticos análogos al asunto en cuestión.

52. En ese sentido, expuso que la autoridad judicial accionada en dicha ocasión
determinó que el Decreto 059 de 2010 expedido por el municipio de Chía
contravenía el principio de irretroactividad de las normas tributarias y que, por tanto,
aplicar el principio de presunción de legalidad de dicha norma en su situación
implicaba una vulneración a sus derechos fundamentales pues significaba un
evidente desconocimiento de sus propias decisiones.

53. Adujo que el juez de segunda instancia tuvo que haber aplicado la figura de
excepción de inconstitucionalidad en coherencia con las consideraciones que
fundamentaron aquella sentencia de la cual, desde su perspectiva, se apartó.

7 Radicado: 25000-23-27-000-2012-00438-02

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Agregó que, por tanto, debió inaplicar el Decreto 059 de 2010 y, con ello, confirmar
el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó la devolución de lo
pagado a título de restablecimiento.

54. En este orden de ideas, se concluye que lo pretendido por el demandante no
es usar este mecanismo constitucional como una instancia adicional al proceso
ordinario ni tampoco revivir etapas procesales ya zanjadas por el juez natural de la
causa. A su vez, si bien el debate propuesto en principio está relacionado con un
asunto económico y legal – la devolución de un dinero pagado en virtud de una tarifa
tributaria – lo cierto es que se cumplió con la carga de evidenciar que la controversia
no es eminentemente de esta naturaleza. Esto, en la medida en que el debate
propuesto está centrado en la presunta vulneración de los derechos a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y no simplemente en
la aplicación o no de un tributo en el caso en concreto.

55. Lo anterior, puesto que será un estudio de fondo el que posibilite que el juez
constitucional establezca si, en efecto, hubo un desconocimiento del propio
precedente dictado por la sala de decisión demandada en un caso con presupuestos
fácticos similares a los del asunto sobre el cual versa la presente controversia. Con
ello, se determinará si hubo una vulneración de las garantías fundamentales de la
parte actora.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

56. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que consideró le fueron vulnerados sus derechos
fundamentales.

57. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que las autoridades accionadas incurrieron en una
vulneración, principalmente, de su derecho a la igualdad tributaria ante el presunto
desconocimiento del precedente dictado por la misma sala de decisión. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por el actor, se incurrió en un
defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución.

58. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en vulneración
del derecho a la igualdad en materia tributaria ante el presunto desconocimiento de
su propio precedente y, con ello, si se configuraron los defectos sustantivo y por
violación directa de la Constitución.

59. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre los defectos alegados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.

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2.7. Generalidades de los defectos alegados

2.7.1. Violación del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales

60. Al efecto, esta corporación en anteriores oportunidades ha considerado que
el derecho a la igualdad implica que las situaciones fácticas iguales deben decidirse
conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada
jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes
para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho
ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho,
viola el derecho a la igualdad. Así mismo, se vulnera el derecho a la igualdad cuando
el juez aplica determinada regla jurisprudencial, a pesar de que no existe analogía
fáctica entre el caso decidido y el que está pendiente de decisión.

2.7.2. Defecto sustantivo

61. La Corte Constitucional8, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»9.

62. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
el fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente 10,
inexequible11 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador12.

63. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la
configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma13; la disposición aplicada es regresiva14 o contraria a la Constitución; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma;
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

64. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente.

8 SU-195 del 2012
9 SU-159 de 2002, T-043 de 2005. T-295 de 2005, T-657 de 2006, T-686 de 2007, T-743 de 2006, T-033 de
2010, T-792 de 2010, entre otras.
10 T-800 de 2006.
11 T-522 de 2001.
12 SU-159 de 2002.
13 T-051 de 2009.
14 T-018 de 2008.

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2.7.3. Violación directa de la Constitución

65. Al respecto, la Corte Constitucional15 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

66. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»16. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución17.

67. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el
juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»18, y se fundamenta
en el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y,
por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con
aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad»19.

2.8. Análisis del caso en concreto

68. De acuerdo con la parte actora, la autoridad demandada incurrió en defecto
sustantivo, en violación directa de la Constitución y desconocimiento de su propio
precedente, pues lo que fundamentó la decisión cuestionada fue aplicar el principio
de presunción de legalidad del Decreto 059 de 2010 expedido por el municipio de
Chía y, con ello, desatendió lo que ha dispuesto la misma sala que como órgano de
cierre determinó en la sentencia del 19 de marzo de 201920. Lo anterior, pues en
dicha providencia estableció que dicho acto contrariaba el principio de
irretroactividad tributaria y, por tanto, fue declarado nulo en dicha oportunidad.

69. De tal forma, sostuvo que la sentencia objeto del presente mecanismo
vulneró su derecho a la igualdad dado que la situación fáctica que originó el medio
de control era idéntica a la de otros contribuyentes frente a los cuales se declaró la
nulidad de los actos administrativos en virtud de los cuales se efectuó el cobro a
título de participación en plusvalía. Agregó que ello implicaba un desconocimiento
del principio de irretroactividad del tributo, el cual tiene carácter constitucional, pues
fue precisamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado que en decisiones
anteriores declaró que aquel decreto contravenía dichas disposiciones de orden
superior.

15 SU-198 de 2013.
16 Ibidem
17 Ibidem
18 Ibidem
19 Ibidem
20 Radicado: 25000-23-27-000-2012-00438-02

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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70. Alegó que, con ello, se desconoció el artículo 14821 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que en los procesos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo el juez podrá inaplicar con efectos interpartes los actos
administrativos que vulneran la Constitución Política o la Ley, bien sea de oficio o a
petición de parte. Añadió que, en estos casos, el fallador cuenta con la facultad de
un control por vía de excepción y, con ello, reconocer la ilegalidad e
inconstitucionalidad de los actos administrativos, tratándose de un decreto sobre el
cual recayó un pronunciamiento de la misma sala de decisión en el sentido de
declarar su nulidad.

71. Dado que los argumentos de la parte actora se formularon sobre el
presupuesto principal de una vulneración a su derecho a la igualdad ante el presunto
desconocimiento del propio precedente de la sala de decisión demandada,
específicamente, el contenido en la sentencia del 19 de marzo de 2019, la sala
analizará si se configuró esta transgresión mediante un estudio de ambas
providencias. Con fundamento en ello, se determinará si se incurrió en los defectos
alegados bajo los términos expuestos por los demandantes.

2.8.1. Sentencia del 19 de marzo de 2019

72. En esta providencia se estudió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que la sociedad Haiku Associated Inc interpuso contra el municipio de Chía,
mediante la cual se solicitó la nulidad de las asignaciones tributarias sobre los
predios propiedad de dicha entidad establecidos en el Decreto 059 del 18 de
agosto de 2010 dictado por el alcalde de ese ente territorial. Como consecuencia
de ello, pidió la actora que se declarara nula la Resolución 2494 del 12 de diciembre
de 2011 expedida por el municipio, por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición que interpuso contra dicho decreto y por medio del cual se negó lo
pretendido.

73. Sostuvo que el ente territorial adoptó su Plan de Ordenamiento Territorial
mediante el Acuerdo 17 de 2000 cuyo subcapítulo 4, artículos 111 al 136 reguló la
participación en la plusvalía. Agregó que en dichas disposiciones se precisaron
elementos esenciales de dicho gravamen tales como el sujeto activo (municipio de
Chía), los sujetos pasivos (propietarios y poseedores de los inmuebles respecto de
los que se genere el efecto de plusvalía), los hechos generadores y la base gravable
para el cálculo del tributo. Indicó que en el artículo 119 se dispuso que la tasa de
participación la establecerían los concejos municipales o distritales por iniciativa del
alcalde,

74. Indicó que en cumplimiento de una orden dictada por la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expidió el Acuerdo 08 del 2008 por el cual
estableció la tarifa de la participación en la plusvalía. Por tanto, señaló que mediante

21 ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos
interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

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sentencia del 26 de febrero de 2015, la Sección Cuarta del Consejo de Estado al
estudiar la legalidad de dicha norma indicó que el Acuerdo 17 del 2000 no fijó de
manera específica la tarifa o tasa de participación en plusvalía, por lo que
únicamente a partir de la vigencia del acuerdo estudiado, esto es, desde el 15 de
agosto de 2008, podía aplicarse la participación en plusvalía en el municipio. Por
tanto, se reiteró que el Acuerdo 8 de 2008 únicamente podía aplicarse a hechos
generadores causados a partir del 15 de agosto de 2008.

75. Con fundamento en la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo 08 de 2008, el alcalde
municipal de Chía expidió el Decreto 059 del 28 de agosto de 2010 por medio del
cual se liquidó el efecto plusvalía para la Zona de Vivienda Campestre y la Zona de
Vivienda Campestre Especial y se estableció el monto de la participación para los
pedios localizados en dichas áreas, entre los que se encontraban los inmuebles
propiedad de la actora.

76. La Sección Cuarta precisó que, en un asunto similar, mediante fallo del 3 de
agosto de 2016, estableció que la participación en plusvalía se generó y causó al
momento de verificarse la acción urbanística consistente en la expedición del POT
contenido en el Acuerdo 17 del 2000 y su exigibilidad no podía entenderse como
diferida por el hecho de que la liquidación del tributo se haya realizado
posteriormente. Esto, pues el municipio previó la tarifa aplicable mediante el
Acuerdo 08 del 11 de agosto de 2008. Por tanto, concluyó que el Decreto 059 de
2010 no podía liquidar el gravamen a los predios de la sociedad demandante por
hechos generadores ocurridos en vigencia del Acuerdo 17 del 2000, es decir, con
anterioridad al Acuerdo 08 de 2008. De tal forma, concluyó que dicho decretó
desconoció el principio de irretroactividad tributaria.

77. En tal sentido, en dicha ocasión la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia que dictó:

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del Decreto 059 de 18 de agosto
de 2010, en cuanto a la liquidación y monto de la participación en plusvalía para los
predios identificados con los folios de cédula catastral Nos. 25175000000040257 y
25175000000043102y matrícula inmobiliaria 50N-0635638 y 50N.0515952 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte.

2.8.2. Sentencia del 9 de noviembre de 2023 (objeto de la presente acción
constitucional)

78. En este fallo se estudió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que Martha Clemencia Tamayo de Gómez y otros interpusieron contra el municipio
de Chía, mediante la cual se solicitó la nulidad del Oficio del 28 de octubre de
2014 por medio del cual el ente territorial negó a la parte actora el reembolso de lo
pagado por la plusvalía de un inmueble de su propiedad. Esto, en virtud de la
estimación hecha por medio del Decreto 059 de 2010.

79. En tal fallo, la Sección Cuarta del Consejo de estado indicó que los cargos
de nulidad planteados se dirigían contra dicho decreto, a pesar de que la norma

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demandada fue el oficio en mención. Aclaró que el Decreto 059 de 2010 contiene la
estimación realizada por el municipio de la participación en plusvalía de cada uno
de los predios afectados con el referido tributo y, por tanto, habilitaba al ente
territorial para adelantar su cobro.

80. Agregó que, en la medida que aquel acto no fue impugnado por la parte
actora, gozaba de presunción de legalidad en virtud del artículo 8822 de la Ley 1437
de 2011. Afirmó que esto no podía ser desestimada de oficio por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En tal sentido, indicó que no era posible estudiar la
legalidad de los actos que negaron la devolución del tributo pagado y añadió que no
se había acreditado que los demandantes hubiesen presentado los recursos en
sede administrativa contra el decreto en cuanto a la liquidación de la participación
en plusvalía a su cargo.

81. Aclaró que al resolver una situación similar, la sala examinó la aplicabilidad
del decreto y concluyó que esta norma desconocía el principio de irretroactividad de
las normas tributarias, pues pretendía hacer exigible la participación en plusvalía de
los predios allí mencionados por acciones urbanísticas que tuvieron lugar con la
expedición del Acuerdo 17 del 2000. Anotó que, por tanto, se decidió que el decreto
debía ser anulado parcialmente, en la medida en que la disposición había sido
expresamente impugnada por los entonces demandantes.

82. Sin embargo, concluyó que en el caso estudiado esta norma que fundamentó
el cobro de la participación en plusvalía no fue objeto del medio de control
presentado, por lo que no había lugar a estudiar los cargos de nulidad formulados.
En tal sentido, revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó.

2.8.3. Estudio de los cargos

83. Una vez expuestos los presupuestos fácticos y jurídicos de la sentencia cuyo
desconocimiento se alegó, en comparación con la providencia cuestionada por este
mecanismo de amparo, se concluye que no corresponden a situaciones idénticas,
a diferencia de lo alegado por la parte actora y, por tanto, no se configura una
vulneración al derecho a la igualdad.

84. En efecto, los hechos que originaron el medio de control objeto de esta acción
de tutela son disímiles pues, mientras que en el fallo cuya desatención se invocó se
demandó la legalidad del Decreto 059 del 2010 y de la resolución que negó el
respectivo recurso interpuesto en sede administrativa contra esta norma, en el
asunto estudiado se demandó el acto en virtud del cual se negó el reembolso del
pago efectuado por los interesados en virtud de dicho decreto.

22 ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos

se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o
se levante dicha medida cautelar.

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85. En este sentido, tal como fue indicado por la autoridad judicial accionada en
la sentencia cuestionada, no era posible efectuar un pronunciamiento de oficio en
relación con la legalidad del decreto, pues los actores no promovieron los
respectivos recursos con los que contaba contra el referido acto. A su vez, dado que
los cargos se dirigieron contra este acto, a pesar de no ser la norma cuya nulidad
se demandó, no era posible que el órgano de cierre en materia tributaria se
pronunciara al respecto. Al estar ante presupuestos fácticos distintos, no es posible
acceder al amparo del derecho a la igualdad.

86. Aunado a lo anterior, con independencia de la motivación que fundamentó la
decisión del 19 de marzo de 2019, en esta sentencia se declaró la nulidad parcial
de dicho acto con respecto a los predios de los actores que promovieron el medio
de control de nulidad y restablecimiento, cuya naturaleza es generar efectos
exclusivamente para las partes. Por tanto, el juicio de legalidad que llevó a cabo la
Sección Cuarta del Consejo de Estado aplica exclusivamente para el caso en
concreto estudiado en ese entonces.

87. De conformidad con lo expuesto, la sala considera que son razonables los
motivos que sustentaron el fallo cuestionado, pues al haberse declarado la nulidad
parcial del Decreto 059 de 2010 con respecto a unos predios en concreto, este acto
goza de presunción de legalidad en relación con la situación particular de los
actores. En efecto, la autoridad accionada no podía pronunciarse sobre la legalidad
de las resoluciones demandadas si los cargos formulados estuvieron dirigidos
contra el decreto en virtud del cual se realizó el respectivo cobro y frente al cual no
se promovieron los recursos con los que contó en su momento la parte actora para
definir su situación, según lo señalado por la sala de decisión demandada.

88. Por tanto, en virtud de la excepción de ilegalidad y de inconstitucionalidad, la
parte actora no podía pretender que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
extendiera una decisión con efectos interpartes que, además, partió de
presupuestos fácticos disímiles en cuanto a las normas cuya legalidad se cuestionó.
En este orden de ideas, el extremo demandante no puede exigir que dicho órgano
de cierre supla el incumplimiento de la carga procesal de cuestionar el decreto en
relación con su situación en particular, en el término con el que contó para ello.

89. De tal forma, dado que la parte actora fundamentó los cargos por defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución en el estudio de legalidad que llevó
a cabo la autoridad judicial accionada en un asunto cuyos hechos son diferentes al
caso analizado, la sala descarta que aquellos tengan alguna vocación de
prosperidad. Al respecto, se resalta que la sala de decisión cumplió con la carga de
transparencia requerida y expuso debidamente los motivos por los cuales en la
situación examinada no estudió, como en otras ocasiones, la legalidad del Decreto
059 de 2010. Al no advertirse alguna arbitrariedad ni vulneración de las reglas de la
sala crítica por parte del órgano de cierre en materia tributaria, en este caso debe
darse prelación a la autonomía con la que cuenta el juez natural de la causa en la
decisión de los asuntos que son de su conocimiento.

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2.9. Conclusión

90. Con base en lo expuesto, accederá a la petición de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado de ser desvinculada del presente proceso y la negará
respecto del municipio de Chía.

91. Por su parte, se negará el amparo invocado por la parte actora al no
encontrarse configurados el defecto sustantivo y de violación directa de la
Constitución y al no acreditarse la vulneración al derecho fundamental de la
igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la petición de desvinculación elevada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y NEGAR la solicitada por el municipio de
Chía.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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