Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05271-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05271-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05271-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de enero de 2025
Demandante: Angélica Yuliana Agudelo Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05271-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05271-01
Demandante: ANGÉLICA YULIANA AGUDELO SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de
primera instancia. Accede a pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primer grado por la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado, el 18 de octubre de 2024. En ese fallo se negó la acción
constitucional frente a los defectos por decisión sin motivación y violación directa
de la Constitución y se declaró la improcedencia respecto al fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Angélica Yuliana Agudelo Sánchez, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A1. Con la solicitud de amparo
pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral.
2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 21 de marzo de 2024, por la autoridad judicial
accionada, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado
11001-33-43-060-2021-00095-01. En dicha decisión se confirmó el fallo de
primer grado proferido el 11 de septiembre de 2023 por el Juzgado 60
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones del
medio de control.
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La acción de tutela se radicó el 30 de septiembre de 2024 a través de la ventanilla virtual.
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Demandante: Angélica Yuliana Agudelo Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05271-01
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
3.1. PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y a la reparación integral, así como cualquier otro
derecho fundamental que se considere vulnerado –extrapetita- por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ocasión al contenido de la decisión proferida
en segunda instancia notificada el 1 de abril de 2024, dentro del medio de control
de reparación directa con radicado No. 76001-33-33-021-2017-00191-01
promovida por y Otros.
3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la
sentencia del 21 de marzo de 2024, notificada el 1 de abril del presente año, dentro
del medio de control de reparación directa con radicado No. 76001-33-33-021-
2017-00191-01 promovido por Angélica Yuliana Agudelo Sánchez y otros.
3.3.TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera
una nueva decisión en la cual se valoren en conjunto y de forma adecuada todos
los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el
trámite del proceso ordinario, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y
exponiendo razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba, atendiendo el
precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y motivando de
manera suficiente su proveído. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El día 27 de enero de 2014, el señor Walter Agudelo Hernández fue
capturado por agentes de la SIJIN, mientras se encontraba fuera de su residencia
en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca).
6. El 28 de enero de 2014, el Juzgado Penal municipal con Funciones de
Control de Garantías de Buga (Valle del Cauca) adelantó las audiencias
preliminares. En ese orden, se declaró la legalidad de la captura, se imputaron
cargos y, adicionalmente, se impuso medida de aseguramiento privativa de la
libertad en centro carcelario.
7. El 26 de junio de 2014, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Buga realizó audiencia de formulación de acusación. En ella,
se le imputó al acusado varios delitos como coautor impropio, entre los que se
destaca: i) concierto para delinquir agravado, ii) homicidio agravado en concurso
homogéneo y sucesivo con 8 víctimas, iii) lesiones personales agravadas, en
concurso heterogéneo con iv) fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y
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Demandante: Angélica Yuliana Agudelo Sánchez
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explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas.
8. Adelantado el proceso penal correspondiente, el 15 de mayo de 2018 el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga dictó sentido de fallo
condenatorio. Y, el 30 de octubre siguiente, se adelantó la audiencia de
individualización de pena y sentencia.
9. El 31 de mayo de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, absolvió al
actor de la comisión del ilícito imputado con fundamento en el principio de in dubio
pro reo.
10. En providencia del 14 de noviembre de 2018, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación incoada por
la Fiscalía. Y, posteriormente, en sentencia del 3 de abril de 2019, la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia casó de oficio y de manera parcial la sentencia
del 23 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, para declarar la prescripción en favor del señor Walter Agudelo Hernández.
11. El señor Walter Agudelo Hernández murió el 11 de febrero de 2019.
12. En razón a estos hechos, la señora Angélica Yuliana Agudelo Sánchez y
su grupo familiar2 instauraron el medio de control de reparación directa en contra
de la Fiscalía General de la Nación y la Nación – Rama Judicial con el fin de que
se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con
ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Walter Agudelo
Hernández.
13. En sentencia del 11 de septiembre de 2023, el Juzgado 60 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, expuso que no se demostró la configuración del nexo
causal bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad. Esto, en el
entendido que la providencia que impuso la medida de aseguramiento no podía
tenerse como producto de una actuación inidónea, irrazonable o
desproporcionada, dada la falta de claridad desde el principio de la investigación
acerca de la forma en que se produjeron los hechos.
14. La decisión de primer grado fue apelada por la parte demandante. En su
sentir, el señor Walter Agudelo Hernández fue privado de la libertad por orden de
la autoridad judicial sin una prueba sólida que permitiera inferir razonablemente
su posible participación en los delitos que le fueron endilgados y aun cuando se
conocía que éste fue objeto de múltiples atentados por parte de la organización
Los Rastrojos a la cual supuestamente pertenecía. Alegó que la medida de
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Daniela Agudelo Bustamante y Alexander Agudelo Hernández, Rafael Hernández. Andrea
Ximena Agudelo Granada, Ofelia Alexandra Agudelo Granada, Marta Eliana Bustamante
Cubillos, Alba Lucía Sánchez.
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aseguramiento fue innecesaria, irrazonable y desproporcionada por su
prolongación en el tiempo.
15. Asimismo, señaló que tanto la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación participaron en la concreción del daño por cuanto violentaron los
principios de celeridad, plazo razonable y debido proceso al haber realizado
actuaciones dilatorias durante el proceso penal adelantado en contra del señor
Walter Agudelo Hernández, que llevó a que estuviera privado de la libertad por
un lapso de 4 años, 4 meses y 5 días.
16. En providencia del 21 de marzo de 20243, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la decisión del a quo.
Puso de presente que la actuación de la Fiscalía General de la Nación fue
razonable y no se esperaba ningún otro actuar de su parte. Misma conclusión a
la que arribó tratándose de la Rama Judicial, pues indicó a partir de las
declaraciones que fueron rendidas y el material probatorio obrante en el proceso
penal, se podía inferir razonablemente que el imputado podía ser autor de las
conductas delictivas, en ese sentido, la medida de aseguramiento cumplió con
los requisitos legales para ese momento.
17. En lo que concierne al cargo de mora judicial alegado por los
demandantes, expuso que no se precisó en qué consistió, ni las razones o
motivos por las cuales se encuentra justificada su inconformidad. En igual
sentido, advirtió que no se evidenciaba solicitud alguna de impulso procesal o
petición encaminada a que se le diera celeridad al trámite.
18. Por lo anterior, encontró que no hubo un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, ni se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que no se encontró acreditado que la tardanza del proceso
no tuvo un motivo que la justificara.
1.4. Sustento de la vulneración
19. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren
los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. Específicamente,
mencionó que el asunto es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, al debido proceso y a la reparación integral de los
daños antijurídicos imputables al Estado que se deriva de la cláusula de
responsabilidad estatal dispuesta en el artículo 90 constitucional.
20. Asimismo, la señora Agudelo Sánchez alegó el desconocimiento de su
derecho fundamental a la igualdad, en la medida en que no se le otorgó el mismo
trato a supuesto de hecho equivalente.
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Notificada el 19 de junio de 2024.
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21. Para justificar su dicho, indicó que la misma demanda fue presentada en
dos acciones distintas debido a disputas familiares y en las dos, hubo decisiones
contradictorias. Refirió que en el expediente 11001-33-36-034-2021-00112-00
adelantado en el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá hubo sentencia favorable
de primer grado, y se está a la espera de la de segunda instancia, mientras que
en su proceso se desestimaron sus pretensiones.
22. Adujo que utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la
protección de sus garantías fundamentales e interpuso la demanda en un término
prudencial. Por lo que estaban configurados los presupuestos de subsidiariedad
e inmediatez.
23. De otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la
sentencia del 21 de marzo de 2024, incurrió en defecto fáctico por dos razones:
i) omitió valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso y ii)
efectuó una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
24. En este punto, expuso que las pruebas 16, 19, 21, 24 y 25 no fueron
valoradas de la manera correcta y que eran las que demostraban que no se podía
inferir razonablemente la participación del imputado en los delitos atribuidos.
Además, habría omitido valorar el hecho de que el señor Walter fue víctima de
extorsiones y atentados por parte de la misma organización criminal a la que se
le adjudicó su pertenencia y habría analizado de forma irrazonable las
declaraciones de testigos y otros elementos que presentaban contradicciones.
25. También se invocó la configuración de un defecto sustantivo por indebida
aplicación de las normas en que se fundamentó la decisión. Específicamente, del
artículo 308 de la Ley 906 de 2004, que establece que el juez de control de
garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados, se pueda inferir
razonablemente que el imputado puede ser el autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investiga, en consonancia con la sentencia SU-072 de 2018.
26. Esto, en la medida que el a quo interpretó que la medida de aseguramiento
se impuso por la gravedad de los delitos y el peligro que representa el
investigado, sin una base probatoria valida y legalmente recolectada.
27. A parte, la señora Agudelo Sánchez invocó el defecto por decisión sin
motivación, en el entendido de que el tribunal no manifestó las razones de hecho
y de derecho que sirvieron de soporte de su decisión.
28. De otro lado, señaló que el tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente establecido en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, pues el tribunal consideró que debía aplicar un régimen subjetivo
en casos de privación injusta de la libertad, cuando es posible uno objetivo. Tanto,
que la providencia contó con aclaración de voto de una de las magistradas que
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conformaron la Sala, referente a la potestad frente al título de imputación.
29. Asimismo, señaló que se desconoció la sentencia del 15 de agosto de
2018 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en la que se unificó la jurisprudencia sobre la privación injusta de la libertad en el
sentido de que, sin importar el motivo de la preclusión o sentencia absolutoria,
debe identificarse la antijuricidad del daño, que comprende verificar el eximente
del hecho de la víctima por culpa grave o dolo, determinar la autoridad llamada a
reparar al daño y bajo el principio iura novit curia.
30. Finalmente, invocó un defecto por violación directa a la Constitución
Política. En este punto iteró los argumentos relacionados con la transgresión a
su derecho fundamental a la igualdad y la contradicción de la decisión con la
proferida al interior del expediente 11001-33-36-034-2021-00112-00 adelantado
en el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá.
1.5. Trámite de primera instancia
31. Por auto del 3 de octubre de 2024, el despacho ponente admitió la solicitud
de amparo. En consecuencia, notificó como autoridad judicial accionada al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
como terceros con interés a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial
y al Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá.
1.6. Informes
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
32. Refirió que la acción de tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional porque los argumentos de la accionante no se orientan a
evidenciar la vulneración de derechos fundamentales, sino a que el juez de la
tutela sea una tercera instancia del medio de control de reparación directa. Esto,
pues contiene los mismos fundamentos que sirvieron de sustento del recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia del 11 de septiembre de
2024.
33. En lo que respecta al defecto fáctico por la no vulneración de las pruebas
tendientes a demostrar que el investigado fue víctima de extorsión y amenazas,
expuso que ello no fue acreditado en el proceso penal, pues en la sentencia
proferida allí, no se hizo referencia al tema, ni se acreditó en el de reparación
directa, en donde no se allegó ningún documento que lo demostrara.
34. Llamó particularmente la atención al hecho de que el sustento de la tutela
es que la medida de aseguramiento no reunía pruebas para que procediera su
decreto. No obstante, el investigado no la objetó, aun cuando contra la misma
procedían los recursos ordinarios.
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35. Frente al cargo por vulneración al derecho de la igualdad, indicó que el
hecho de dar o no aplicación a uno u otro precedente o criterio jurisprudencial no
implica un incumplimiento u omisión de la jurisprudencia. Por el contrario, aclaró
que cada demanda ostenta circunstancias particulares, según se acredite dentro
del proceso.
36. Asimismo, precisó que la providencia proferida en el otro proceso de
reparación directa no era vinculante, ni se trata de una sentencia de unificación
que obligue a acoger la tesis allí expuesta. Y, mencionó que el hecho de que
haya diferentes alcances de interpretación en relación con la valoración
probatoria no significa que la del órgano judicial hubiera sido caprichosa y
arbitraria.
37. De otro lado, negó la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. Para el efecto, señaló que la
parte actora no cumplió con la carga procesal probatoria en relación con la
irrazonabilidad y desproporcionalidad de la medida de aseguramiento.
1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Seccional
Cundinamarca – Amazonas
38. Puso de presente que el actuar de dicha Dirección se ha ajustado al
cumplimiento de los mandatos constitucionales y carecen de competencia para
adelantar las pretensiones propuestas en esta acción constitucional. En ese
orden de ideas, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
pasiva y, por tanto, su desvinculación. En su defecto, pidió la improcedencia de
la tutela respecto a dicha entidad al no haber responsabilidad de su parte.
1.6.3. El Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá, pese a ser
debidamente notificado, guardó silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
39. En providencia del 18 de octubre de 2024, la Sección Tercera, Subsección
B de esta colegiatura negó la solicitud de amparo constitucional en lo que
respecta al defecto de decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución. Además, declaró la improcedencia respecto de los defectos fáctico
y por desconocimiento del precedente judicial. Finalmente, negó la solicitud de
desvinculación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca – Amazonas.
40. En primer lugar, el a quo expuso que, aunque la accionante alegó la
configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, en
realidad el fundamento de estos fue encaminado en el mismo sentido. Esto es, a
cuestionar el desconocimiento de unas sentencias relacionados con la posibilidad
de elección del título de imputación de responsabilidad que resulte más idóneo
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para establecer el daño. En ese orden, indicó que los abordaría desde esa última
óptica.
41. Ahora bien, en relación con este defecto, mencionó que si bien se
invocaron como desconocidas las sentencias SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional y la Sentencia de Unificación del 15 de agosto del 2018 proferida
por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación, lo cierto es que los
argumentos que soportaron la interposición de la tutela eran una reproducción de
los expuestos en el recurso de apelación y que fueron abordados en la sentencia
del 21 de marzo de 2023. Por lo tanto, consideró que este cargo no cumplió el
requisito de la relevancia constitucional.
42. Misma conclusión a la que arribó tratándose del defecto fáctico por la
presunta omisión de valoración de las pruebas que demostraban que no era
posible inferir su participación en la organización criminal. Al efecto, el fallador de
primer grado aseguró que los argumentos elevados en esta sede fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de
apelación contra el fallo del 11 de septiembre de 2023. Por ende, el cargo
pretendía reabrir un debate meramente probatorio, motivo por el cual no le asistía
relevancia constitucional.
43. En cuanto a los defectos por violación directa de la Constitución y decisión
sin motivación, el fallador consideró que se acreditaron todos los requisitos de
procedencia de la tutela. Se destaca que frente al requisito de relevancia
constitucional, mencionó que la parte alegó la supuesta vulneración del derecho
de igualdad con ocasión de decisiones contradictorias que se expusieron en dos
asuntos tramitados por los mismos hechos y bajo unas mismas pruebas y por
falta de motivación de la sentencia de segunda instancia.
44. Así pues, frente al cargo por vulneración al derecho a la igualdad, el
fallador indicó que si bien se profirieron sentencias aparentemente
contradictorias; una en el proceso 11001-33-43-060-2021-00095-00 y otra en el
radicado 11001-33-36-034-2021-00112-00, lo cierto es que no se transgredió tal
garantía fundamental porque fueron proferidas por distintos juzgados del circuito
judicial de Bogotá, quienes de manera autónoma e independiente, podían tener
un criterio jurídico distinto para resolver controversias. Ello, máxime cuando los
elementos de juicio que integraron la controversia, fueron distintos.
45. Por último, estimó que la providencia enjuiciada estuvo debidamente
motivada, pues en ella se indicaron tanto las razones de hecho como de derecho
por las cuales se consideró que las demandadas no incurrieron en una falla del
servicio al imponer la medida de aseguramiento.
1.8. Impugnación
46. La parte demandante se opuso a la decisión de primera instancia, por lo
tanto, solicito que se revocara y en su lugar se accediera a las pretensiones.
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Como sustento de la alzada, indicó que los defectos invocados en la tutela si
gozan de relevancia constitucional. Para justificar ello, iteró todos los argumentos
elevados en el escrito de tutela en lo que atañe al defecto fáctico y sustantivo.
47. Aunado a ello, solicitó al fallador de segundo grado que tuvieran en cuenta
los siguientes pronunciamientos a efectos de desatar el problema jurídico:
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 7 de
octubre de 2019. Radicado: 20001-23-31-000-2009-00105-01 (44405).
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 15 de junio de 2023. Radicado: 11001-33-43-064-2018-
00261-01
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 15 de junio de 2023. Radicado: 11001-33-36-034-2018-
00229-01
1.9. Trámite en segunda instancia
48. En providencia del 27 de noviembre de 2024, el despacho ponente de la
decisión ordenó vincular en calidad de terceros con interés a Daniela Agudelo
Bustamante, Alexander Agudelo Hernández, Rafael Hernández, Andrea Ximena
Agudelo Granada, Ofelia Alexandra Agudelo Granada, Marta Eliana Bustamante
Cubillos y Alba Lucía Sánchez.
49. Para efectos de lo anterior, se le solicitó al apoderado de la parte actora
que allegara las direcciones físicas y electrónicas donde podían ser notificados y
para que informara si los menores de edad que actuaron como sujetos procesales
en el trámite ordinario ya cumplieron la mayoría de edad.
50. Asimismo, se le ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A que fijara una anotación dentro del expediente
del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-
43-060-2021-00095-00/01, en la que comunicara sobre la existencia de esta
acción de tutela y le informara a los integrantes e intervinientes de la litis, que se
encuentran vinculados en calidad de terceros con interés.
1.10. Intervenciones en segunda instancia
1.10.1 Dirección ejecutiva de Administración Judicial – Seccional
Cundinamarca – Amazonas
51. Iteró que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora
Angélica Yuliana Agudelo Sánchez. Por ende, solicitó su desvinculación del
presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
52. Con posterioridad, aportó memorial en el que se pronunció frente a los
argumentos de la accionante en la impugnación y solicitó que se confirmara la
sentencia de primer grado, o en su defecto, negara la solicitud de amparo
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constitucional.
53. Allí consideró que era carga de la interesada controvertir de manera
suficiente los argumentos de la Sala de Decisión a efectos de evidenciar que los
defectos fáctico y sustantivo si gozan de relevancia constitucional, sin embargo,
no lo hizo. Además, reprochó que la parte actora no cuestionara en oportunidad
y ante el juez natural, la absolución penal con fundamento en el principio pro reo.
1.10.2 Parte actora
54. El apoderado de la parte demandante en sendos memoriales aportó las
direcciones de notificación de los terceros vinculados por el despacho
sustanciador. Adicionalmente, presentó un «hecho nuevo de relevancia
constitucional» y fue la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso
11001-33-36-034-2021-00112-00 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el 28 de noviembre de 2024,
notificada el 4 de diciembre siguiente.
55. A raíz de esto último, precisó que la vulneración del derecho fundamental
a la igualdad era notoria dado que se trató de la misma Sala de Decisión y
magistrados que la conformaron, hechos y pruebas. No obstante, la decisión fue
contradictoria. Asimismo, solicitó su incorporación al contradictorio y su
valoración, en el entendido que no pudo aportarla antes.
56. De otro lado, trajo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional en
relación con el principio de seguridad jurídica y la importancia de la coherencia
en el sistema judicial.
1.10.3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca
57. Allegó constancia de la anotación fijada en el expediente 11001-33-43-
060-2021-00095-01, en la que dio a conocer la existencia de esta acción de
tutela.
1.11. De la manifestación de impedimento y su trámite
58. Previo a que el proyecto de fallo de segunda instancia fuera decidido por
los integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación, mediante escrito
enviado el 27 de enero de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez se
manifestó impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo
constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el numeral 1º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
59. Expuso que su cónyuge es fiscal adscrita a una unidad nacional de la
Fiscalía General de la Nación, entidad que fue demandada en el proceso
ordinario dentro del cual se profirió la decisión a la cual la actora le atribuye la
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presunta vulneración de sus derechos fundamentales y que fue vinculada a la
tutela de la referencia.
60. Vistos los supuestos fácticos por los cuales el referido magistrado elevó
su manifestación, mediante auto del 30 de enero de 2025 la Sala encontró
infundado el impedimento por la causal dispuesta en el numeral 1º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que no se reúnen los requisitos
de la causal aludida.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
61. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 18 de octubre
de 2024 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
62. La Dirección Seccional de Administración de Judicial de Cundinamarca –
Amazonas solicitó nuevamente ser desvinculado del presente trámite. Sin
embargo, se negará su solicitud por la misma razón expuesta por el a quo. Es
esto, que su vinculación obedece a que fungió como demandado en el proceso
de reparación directa en el que se profirió la decisión cuestionada a través del
presente mecanismo constitucional.
2.3. Legitimación en la causa
63. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
64. La Sala advierte que la accionante tiene legitimación en la causa por
activa para reclamar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación
integral al interior del trámite tutelar. Lo anterior, por haber conformado el grupo
que promovió el proceso que dio lugar a la expedición de la sentencia
cuestionada.
65. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, por haber dictado la sentencia del 21 de marzo de 2024,
reprochada mediante la presente acción de tutela.
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2.4. Problema jurídico
66. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección B de
esta Corporación el 18 de octubre de 2024.
67. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿la
Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con la
expedición de la providencia del 21 de marzo de 2024 que confirmó la providencia
del 11 de septiembre de 2023 dictada por el Juzgado 60 Administrativo del
Circuito Judicial Bogotá que negó las pretensiones?
2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela
2.5.1. Tutela contra tutela
68. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia del 21 de
marzo de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal
Administrativo del Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa del
derecho de radicado 11001-33-43-060-2021-00095-01.
2.5.2. Inmediatez
69. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día
siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en
segunda instancia (art. 302 CGP4). Lo anterior, toda vez que se profirió el 21 de
marzo de 2024, se notificó el 1° de abril siguiente a través de estado y la acción
constitucional se radicó el 1° de octubre del mismo año.
70. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la providencia
referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin establecer la fecha
de ejecutoria de la decisión objetada. Lo anterior, a la luz de la sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20145, en la que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte
4
«Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Constitucional en la sentencia C-590 de 20056. Esto, con el fin de determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial7.
2.5.3. Subsidiariedad
71. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados con ocasión a los defectos por desconocimiento del
precedente judicial, fáctico y violación directa de la Constitución, no existe otro
mecanismo de defensa judicial ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la
providencia de 21 de marzo de 2024 resolvió el recurso de apelación presentado
por la señora Angélica Yuliana Agudelo Sánchez contra el fallo de primera
instancia. De ese modo, es evidente que se agotaron los recursos ordinarios.
72. Sin perjuicio de lo anterior, considera esta Sala de Decisión que frente al
reparo suscitado por la accionante en relación el defecto por decisión sin
motivación, la Sala considera que el sustento de la vulneración de los derechos
invocados se enmarca en una de las causales de procedibilidad del recurso
extraordinario de revisión, contemplada en el numeral 5º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, a saber, «existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
73. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado8 ha defendido la posibilidad
de que se interponga recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
causal referida e indicó que uno de los requisitos para la configuración de la
nulidad originada en sentencia como causal de revisión es la existencia de un
«vicio grave o insaneable que afecte su validez»9.
74. A su vez, el órgano de cierre en la materia10 señaló que la decisión sin
motivación da lugar a la nulidad originada en la sentencia, la cual es una de las
causales que permite la procedencia del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo señalado previamente.
75. De tal forma, y sin tomar en consideración la razonabilidad de los
argumentos planteados por la parte actora, esta Sala en su calidad de juez
constitucional no tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía
6
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
7
Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de abril del 2016. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-2008-00320-00.
9
Ibidem.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión.
Sentencia del 02.02.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV).
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tutela fue dictado sin la debida motivación, pues dicho estudio corresponde a la
autoridad judicial que conoce sobre el recurso extraordinario en cuestión.
76. Por tanto, se concluye que la presente acción constitucional no supera el
requisito de subsidiariedad en lo que respecta al defecto por decisión sin
motivación, toda vez que, frente al reproche expuesto en el escrito de tutela,
procede el recurso extraordinario de revisión como mecanismo judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos invocados.
77. De conformidad con lo anterior, corresponde continuar el análisis de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial en lo que respecta a los demás reparos. Esto es, al defecto por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y violación directa de la
Constitución.
2.5.4 Relevancia constitucional
78. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.
79. En ese orden de ideas, resulta indispensable verificar los cargos
expuestos por la señora Angélica Yuliana Agudelo Sánchez en su solicitud de
amparo a efectos de determinar si los mismos están investidos de relevancia
constitucional.
• Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial vertical
80. Para esta Sala de Decisión salta a la vista que el fundamento del defecto
sustantivo invocado por la accionante consiste en el presunto desconocimiento
del precedente contenido particularmente en la sentencia SU-072 de 2018
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proferida por la Corte Constitucional. Fundamentalmente, la parte actora
consideró que el Tribunal enjuiciado incurrió en un yerro al aplicar de manera
categórica un régimen subjetivo en casos de privación injusta de la libertad.
81. Ahora bien, al revisar el cargo por desconocimiento del precedente, se
advierte que la accionante mencionó que se apartó de la providencia SU-072 de
2019 y la sentencia del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en expediente 46947. Y, en este punto,
refirió que el juez administrativo podía elegir el título de imputación de
responsabilidad que resulte idóneo para establecer que el daño devino de una
acción no idónea, irrazonable y desproporcionada, en efecto, sin la obligación de
soportar.
82. Ello permite a esta Sala de Decisión advertir que el a quo de la presente
acción constitucional, de manera acertada, consideró que el defecto sustantivo
en realidad es una manifestación del desconocimiento del precedente. Por ello,
se limitará al análisis desde esa perspectiva.
83. En punto a la relevancia constitucional de esta causal específica de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, se encuentra que los
argumentos elevados por la señora Agudelo Sánchez coinciden con los
expuestos, a su turno, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia
de primera instancia proferida el 11 de septiembre de 2023.
84. En aquella oportunidad se expuso que, en materia de privación injusta de
la libertad, bastaba con demostrar la detención y posterior inocencia en el
proceso penal, para que la situación tuviera el carácter de injusta y, por tanto, se
accediera al reconocimiento del daño ocasionado. En últimas, que el Tribunal
reconociera el desconocimiento de la sentencia del 15 de agosto del 2019 del
Consejo de Estado y la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional por
parte del Juzgado de la primera instancia, al no analizar la falla en el servicio de
las autoridades demandadas.
85. Por lo anterior, para la Sala es posible inferir que el cargo en comento es
una reiteración de los argumentos elevados en el recurso de apelación que per
se, no expone la manera como se transgreden los derechos fundamentales de la
parte actora, sino que demuestran su mera inconformidad con el régimen de
responsabilidad adoptado por la autoridad judicial accionada, por no haberse
accedido a sus pretensiones.
86. Así las cosas, del estudio del defecto en cuestión, la Sala concluye que no
se supera el criterio de la relevancia constitucional.
• Defecto fáctico
87. Como se mencionó con antelación, la parte actora adujo que el Tribunal
accionado: i) omitió valorar los medios probatorios debidamente allegados al
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proceso y ii) efectuó una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
88. En este punto, expuso que no se valoraron de los elementos de convicción
que permitían inferir razonablemente la no participación del imputado en los
delitos atribuidos. Hizo énfasis especialmente en aquellos que demostraban que
el señor Walter fue víctima de extorsiones y atentados por parte de la misma
organización criminal a la que se le adjudicó su pertenencia.
89. También cuestionó el valor probatorio asignado a: 1) las declaraciones de
los testigos que presentaban contradicciones y que solo lo relacionan con la
protección que recibió el señor Walter Agudelo Hernández por parte de la
organización criminal, sin que existiera evidencia sólida que lo vinculara
directamente con las actividades ilícitas atribuidas y 2) la audiencia de juicio oral
practicada en el proceso penal, que demostraba la debilidad de los argumentos
de la Fiscalía.
90. Por lo tanto, encuentra la Sala que este cargo implica una controversia en
torno a la forma en cómo la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca analizó los elementos de convicción obrantes al
interior del medio de control para el reconocimiento del derecho a la reparación
integral.
91. Dicha discusión, plantea como debate si ello llevó o no a la transgresión
de otros derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, entre otros. A su vez, el debate propuesto no versa
sobre asuntos eminentemente económicos o legales y, por tanto, cuenta con la
relevancia constitucional que posibilita al juez de tutela proferir un
pronunciamiento de fondo. Además, como se evidenciará a continuación esta
valoración probatoria tiene una estrecha relación con la posible violación del
derecho a la igualdad.
• Violación directa de la Constitución
92. La parte actora adujo que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad,
al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
Fundamentó su dicho en el hecho de que en el expediente 11001-33-36-034-
2021-00112-00 tramitado en el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A en primera y segunda instancia respectivamente, se resolvió la
misma controversia con otros familiares y el resultado fue distinto, pues allí se
accedió a las pretensiones.
93. Al respecto, la Sala considera que la actora cumplió con suficiencia la
carga argumentativa mediante la cual justificó que el asunto versa sobre la
tensión entre la providencia cuestionada y los derechos fundamentales cuya
protección solicita. En efecto, la parte actora sustentó los motivos por los cuales
considera que la decisión transgredió directamente la Constitución ante una
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decisión contraria, en un proceso distinto y con presupuestos fácticos análogos
al asunto en cuestión.
94. Por lo tanto, para la Sala este cargo también acredita el cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional. En efecto, la Sala debe analizar si fallar
de forma distinta dos demandas presentadas por el mismo hecho, cada medio de
control promovido por diferentes familiares del mismo causante vulnera o no el
derecho fundamental a la igualdad establecido en el artículo 13 del texto superior
y sobre todo el principio constitucional de tratar similar a las personas que se
encuentren en situaciones fácticas y jurídicas análogas.
95. En resumen, la Sala concluye que los defectos fácticos y violación directa
de la Constitución reúnen los presupuestos para habilitar a esta Sección a realizar
un estudio de fondo de la controversia, por acreditar el requisito general de la
relevancia constitucional. No así, en lo que atañe al desconocimiento del
precedente judicial y decisión sin motivación.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos
96. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que consideró le fueron vulnerados sus derechos
fundamentales.
97. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que las autoridades accionadas incurrieron
en una vulneración, principalmente, de su derecho al debido proceso y a la
igualdad por omisión e indebida valoración de los elementos de juicio y ante la
existencia de dos decisiones contrarias. Con ello, se determinará si, de
conformidad con lo expuesto por la actora, se incurrió en un defecto fáctico y en
violación directa de la Constitución.
98. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración del derecho al debido proceso y a la igualdad, con ello, si se
configuraron los defectos fáctico y violación directa de la Constitución.
99. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre los defectos alegados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.
2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Defecto fáctico
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100. La Corte Constitucional ha considerado la procedencia excepcional de
este defecto en materia de tutela contra providencia judicial. Esto obedece al
respeto por los principios de autonomía e independencia judicial, conforme a los
cuales:
[…] los jueces tienen amplias facultades para efectuar el análisis del material
probatorio en cada caso concreto […] No obstante, tal poder debe estar inspirado
en los principios de la sana crítica, atender necesariamente criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la
Constitución y la ley. De lo contrario, el margen de apreciación del juez sería
entendido como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la
causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría dejar sin efectos la providencia
atacad11.
101. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el este defecto
se presenta en tres hipótesis concretas: 1) existe una omisión en el decreto de
pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su
integridad el material probatorio. Y, en todo caso, el error en el juicio valorativo
debe ser «ostensible, flagrante y manifiesto»12.
102. En últimas, se trata de una dimensión positiva y otra negativa. La primera
ocurre cuando se efectúa una valoración equivocada o con una prueba no apta
para ello. También, cuando el juez al otorgarle el mérito a una prueba se parta
de las reglas de experiencia, es decir no aplica los principios de la sana crítica.
La segunda, cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba
determinante o niega el decreto de su práctica sin justificación alguna.
103. En ese orden de ideas, la intervención del juez constitucional «no puede
realizar un nuevo examen como si se tratara de una instancia adicional, porque
su función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea
coherente con la valoración ponderada de los elementos fácticos presentes en la
actuación»13 y que sea de tal trascendencia que, de no haberse incurrido en él,
la solución del asunto hubiera sido distinta.
2.6.2. Violación directa de la Constitución: Del derecho a la igualdad en las
decisiones judiciales
104. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Carta en los dos casos que se señalan a continuación14.
11
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2021.
13
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-198 de 2013.
18
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105. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»15. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución16.
106. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando
el juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»17, y se
fundamenta en el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma
de normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad»18.
107. Al efecto, esta Corporación en anteriores oportunidades ha considerado
que el derecho a la igualdad, como garantía constitucional de aplicación
inmediata implica, entre otras cosas, que las situaciones fácticas iguales deben
decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de
cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones
serias y suficientes para apartarse del precedente19.
108. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma
conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, viola el derecho
a la igualdad. Así mismo, se vulnera el derecho a la igualdad cuando el juez aplica
determinada regla jurisprudencial, a pesar de que no existe analogía fáctica entre
el caso decidido y el que está pendiente de decisión.
2.7 Análisis del caso concreto
109. De acuerdo con la parte actora, la autoridad demandada incurrió en
defecto fáctico en sus dos dimensiones:
A) Positiva: al haber realizado una interpretación irrazonable del acervo
probatorio de; 1) declaraciones de los testigos que eran contradictorias y
2) la audiencia de juicio oral adelantada en el proceso penal, que
demostraba la debilidad de la argumentación de la Fiscalía.
B) Negativa: por omitir la valoración de los medios probatorios debidamente
15
Ibidem
16
Ibidem
17
Ibidem
18
Ibidem
19
Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 16 de mayo de 2024. Radicado: 11001-03-15-000-2024-01641-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
19
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allegados al proceso y relacionados con las denuncias interpuestas por el
señor Walter Agudelo Hernández, por los delitos de extorsión y como
víctima de diferentes atentados. En su sentir, de haberse considerado
tales elementos de juicio, la decisión hubiera sido sustancialmente distinta
a la adoptada.
110. A raíz de ello, señaló que se desconocieron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En
relación con este último, mencionó que un proceso independiente al suyo y en el
que también se debatió la responsabilidad del Estado por la privación injusta de
la libertad que sufrió el señor Walter Agudelo Hernández, la decisión fue distinta,
pues allí si se adelantó un examen integral de las evidencias y por ello se accedió
a las pretensiones de la demanda.
111. En ese orden de ideas, la Sala adelantará el estudio conjunto de los
reproches aducidos por la parte actora, a fin de determinar si la omisión de un
análisis de los elementos de juicio condujo a la transgresión de las garantías
constitucionales deprecadas en la presente acción constitucional.
112. Al revisar con detenimiento la sentencia del 21 de marzo de 2024, se
advierte que la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al momento de estudiar la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación tomó en consideración los siguientes elementos:
[…] (i) la gravedad del delito que se imputaba contra la demandante (delito de
concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el delito de
fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y
explosivos); (ii) la declaración rendida por el señor Carlos Flores Fajardo, quien
señalaba al investigado como un cabecilla de la organización Los Rastrojos y que
era uno de los que financiaba al grupo, facilitaba sus fincas para el reclutamiento
y que permitía que sus miembros pernoctaran en ellas; (iii) el material probatorio
y/o evidencia física que se tuvo como soporte para fundamentar la solicitud de
medida de aseguramiento, especialmente: a) el reconocimiento fotográfico del
señor Walter, por parte del mismo testigo en su contra; b) Informe de investigador
de campo, con actividades de Policía Judicial con imágenes de archivo con varios
sujetos incluyendo al señor Walter Agudelo para reconocimiento fotográfico.
113. Además, alegó que la parte demandante no acreditó en qué consistió la
presunta falla del servicio que le imputó al órgano investigador. Y, a partir de esos
elementos de convicción concluyó que el actuar de la demandada era la de
esperarse, de manera que no era posible adjudicarle responsabilidad en la
privación de libertad que soportó el señor Agudelo Hernández.
114. Luego, al analizar la responsabilidad de la Rama Judicial, la autoridad
judicial precisó que el Juez de Control de Garantías debía verificar los requisitos
de la medida de aseguramiento contemplados en el artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal para imponer la medida de aseguramiento, disposición que
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exige prueba de la que se pueda inferir de manera razonable que el imputado
puede ser autor o partícipe de la conducta que se investiga20.
115. Por lo tanto, el cuerpo colegiado consideró que «habida cuenta que, a
partir de las declaraciones rendidas y del material probatorio ya aducido, se
podía inferir razonablemente que el imputado podía ser autor de la conducta
tipificada […]» (énfasis de la Sala). Es decir, infirió que la medida de
aseguramiento cumplió con los presupuestos legales exigidos por el legislador
para ese momento y, por lo tanto, no fue antijurídica.
116. El material probatorio al que hizo referencia, conlleva necesariamente a
revisar: i) la declaración rendida por el señor Carlos Flores Fajardo, quien
señalaba al investigado como un cabecilla de la organización Los Rastrojos, ii) el
reconocimiento fotográfico del señor Walter, por parte del mismo testigo en su
contra y; iii) informe de investigador de campo, con actividades de Policía Judicial
con imágenes de archivo con varios sujetos incluyendo al señor Walter Agudelo
para reconocimiento fotográfico.
117. En este punto, conviene resaltar que el artículo 176 del Código General
del Proceso (CGP) dispone que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto y
de conformidad con las reglas de la sana crítica.
118. Ahora, de conformidad con la Corte Constitucional, «[l]as reglas de la
sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En
ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez.
Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan
analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo
a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas»21.
119. Lo anterior exige una ardua labor del juez de la causa por identificar los
elementos de juicio y realizar un examen en conjunto, de forma que se establezca
bajo las reglas de la experiencia y de la lógica qué situación o supuesto fáctico
permiten corroborar. Esto es, no basta con señalar las pruebas que forman parte
del contradictorio, sino que la autoridad judicial está en el deber de exponer de
forma razonada la situación que permite o no corroborar.
20
«ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General
de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos
legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes
requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la
sentencia».
21
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018.
21
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120. Valga señalar que la Corte Constitucional, a propósito de una acción de
tutela contra providencia judicial que negó el reconocimiento del contrato realidad
y, por tanto, el pago de los emolumentos que la demandante, recordó «la
obligación de las autoridades judiciales de exponer de manera razonada el mérito
que le asigna a cada prueba».
121. En aquella oportunidad, indicó que no era suficiente hacer una mera
reseña de los testimonios, sin ningún contraste entre estos, sino que era
necesario estimar la credibilidad de estos según las reglas de la sana crítica.
Consideración aplicable a las pruebas documentales, de donde recordó la
importancia de estudiarlas en conjunto con los demás elementos de juicio y no
de manera aislada22.
122. Por el contrario, advierte esta Sala que el fallador de segunda instancia de
la reparación directa se limitó a enunciar las piezas procesales que, en su sentir,
permitían verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación era el de
esperarse y que el Juez de Control de Garantías acreditó los requisitos del
artículo 308 del CPP para la imposición de la medida de aseguramiento, sin que
se expusiera de manera detallada, explícita y razonada la forma cómo los
elementos de convicción permitían establecer la participación del señor Walter
Agudelo Hernández.
123. En este orden de ideas, se considera que la demandada omitió realizar un
estudio en conjunto y detallado de las pruebas que en su sentir demostraron que
la privación de la libertad no fue injusta. Esto, pues se limitó a describir la
existencia de la declaración del señor Carlos Flores Fajardo, sin precisar en qué
consistió, el contraste de esta, el supuesto que permitió inferir y ni siquiera la
reseñó. Misma situación que se predica respecto las pruebas documentales que
en su sentir, permitían advertir la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de
la medida.
124. Incluso, la anterior apreciación surge también respecto de los documentos
demostrativos de los atentados que fue víctima el señor Agudelo Hernández. Es
decir, de las denuncias que presentó por extorsiones, atentados y amenazas que
fueron anteriores a su detención y la imposición de la medida de aseguramiento.
Sobre el particular, no se encuentra que el Tribunal demandado le hubiese
otorgado algún valor probatorio, ni que aquellos elementos hubieran servido
como argumento adicional para la conclusión a la que arribó.
125. Esta omisión adquiere gran connotación si se tiene en cuenta que la parte
accionante puso de presente que, en sentencia del 28 de noviembre de 2024 la
misma autoridad judicial, integrada por los mismos magistrados, al interior de
medio de control identificado con radicado 11001-33-36-034-2021-00112-01
22
Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2023.
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adelantado por los mismos hechos y pretensiones, si valoró tal elemento de juicio
y por ello la consecuencia jurídica fue distinta.
126. En efecto, encuentra esta Sala de Decisión que, en el medio de control
referido en el numeral anterior, la autoridad judicial accionada declaró la
responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad del imputado y
en aquella oportunidad mencionó:
No obstante, las particularidades del caso bajo examen permiten concluir que el
relato del colaborador de la Fiscalía, así como los antecedentes con que
contaba el ente investigador, conforme a los cuales el señor Agudelo era
víctima de varios delitos, circunstancia que fue puesta en conocimiento por su
abogado defensor en la audiencia preliminar, sí permitían deducir la ausencia
de los parámetros necesarios para imponer la medida de aseguramiento23.
(Énfasis de la Sala).
127. Incluso, el Tribunal decidió aplicar el mismo régimen de responsabilidad.
Para ello, se sirvió de lo contemplado por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-072 de 2019, la cual explicó que el artículo 90 superior, el 68 de la Ley 270
de 1996 y la sentencia C-037 de 1996 no definieron un régimen de imputación
específico para ventilar el daño por la privación injusta de la libertad y por esa
razón correspondería al juez en cada caso aplicar el que mejor resuelve la
controversia.
128. Ahora bien, consta en el expediente que el 11 de febrero de 2022, el
Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá celebró la audiencia inicial de
que trata el artículo 180 del CPACA. En aquella oportunidad se decretó como
pruebas las denuncias por atentados y extorsiones y las actas del juicio oral, que
fueron presentadas por el señor Agudelo Hernández. Por lo tanto, las evidencias
documentales fueron parte del proceso ordinario.
129. Luego, no se explica esta Sala de Decisión la razón por la cual la misma
autoridad accionada si valoró en el proceso 2021-00112-01 las denuncias
interpuestas por el imputado años antes de su detención y en el expediente 2021-
00095-01 no hubiera ocurrido, pese a que fueron debidamente incorporadas en
el medio de control y se estudió la controversia bajo un régimen subjetivo de
responsabilidad.
130. Ello permite concluir que el juicio adoptado por la Sección Tercera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual
estableció la ausencia de responsabilidad del Estado en la privación de la libertad
del señor Walter Agudelo Hernández bajo el régimen subjetivo de
responsabilidad vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y de igualdad de la parte actora, al no valorar los
elementos de convicción de manera integral.
23
Índice 17 Samai – expediente: 11001-03-15-000-2024-05271-01.
23
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131. En efecto, de manera flagrante, ostensible y manifiesta, desconoció los
elementos de juicio cuya valoración fue solicitada de manera insistente por la
parte actora en su escrito de demanda y de apelación contra la sentencia de
primera instancia, máxime cuando tenían la identidad de alterar el resultado del
análisis de responsabilidad, como logra evidenciarse en el expediente 2021-
00112-01. Además, no expuso de manera razonada el mérito de las pruebas que
en su criterio permitían advertir el carácter injusto de la privación de la libertad,
sino que se limitó a mencionarlas.
132. Por consiguiente, esta colegiatura encuentra que la autoridad demandada
incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa por omisión de valoración de
los elementos de juicio que integraban el contradictorio.
133. Así las cosas, la Sala, accederá a la solicitud de amparo constitucional
deprecada por la señora Angélica Yuliana Agudelo Sánchez, tras encontrar
configurado el defecto fáctico y la vulneración de sus garantías fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En virtud
de lo anterior, se dejará sin efectos la sentencia del 21 de marzo de 2024
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
18. Como consecuencia de ello, se ordenará a dicha autoridad proferir una
nueva sentencia de conformidad con los parámetros establecidos en este fallo de
tutela. En consecuencia, en la sentencia de reemplazo se debe valorar los
elementos de juicio recaudados en el proceso de reparación directa. En ese
sentido se debe explicar qué valoración o conclusión le otorga a cada medio de
convicción, con especial énfasis en las pruebas presentadas por la parte
demandante relacionadas con las denuncias presentadas por el señor Walter
Agudelo Hernández por extorsión, atentados y amenazas padecidas por él. En
este orden, el tribunal accionado deberá tener en cuenta el valor probatorio que
previamente le otorgó a esa prueba en la sentencia que puso fin al proceso con
número de radicación 11001-33-36-034-2021-00112-01.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Seccional de Administración de Judicial de Cundinamarca – Amazonas.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 18 de octubre de 2024 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo respecto al desconocimiento del
precedente judicial vertical y decisión sin motivación, por los motivos expuestos
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05271-01
en esta providencia. Por otra parte, ACCEDER al amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia e
igualdad invocados por la accionante, porque el fallo censurado incurrió en el
defecto fáctico.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia del 21 de marzo
de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el trámite del proceso 11001-33-43-060-
2021-00095-01.
CUARTO: ORDENAR a la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que profiera una sentencia de reemplazo de
conformidad con los parámetros establecidos en este fallo de tutela. En
consecuencia, en la sentencia de reemplazo se debe valorar los elementos de
juicio recaudados en el proceso de reparación directa. En ese sentido se debe
explicar qué valoración o conclusión le otorga a cada medio de convicción, con
especial énfasis en las pruebas presentadas por la parte demandante
relacionadas con las denuncias presentadas por el señor Walter Agudelo
Hernández por extorsión, atentados y amenazas padecidas por él. Igualmente,
el tribunal accionado deberá tener en cuenta el valor probatorio que previamente
le otorgó a esa prueba en la sentencia que puso fin al proceso con número de
radicación 11001-33-36-034-2021-00112-01.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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