Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01660-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01660-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01660-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01660-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Acción de tutela por vulneración del debido proceso
administrativo y de acceso a la administración de justicia.
Configuración de las causales específicas de procedibilidad de
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no demostrarse la
legitimación en la causa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 8 de
mayo de 2024 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
la cual se declaró la falta de legitimación en la causa por activa.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
Como hechos relevantes para efectos de resolver la acción de tutela, se tendrán
los siguientes:
2.1.1. Por medio de la Resolución 0299 del 6 de septiembre de 2021, se expidió
la convocatoria pública CGC 001-2021 para la elección del Contralor General del
Departamento de Caldas para el período 2022-2025.
2.1.2. El accionante se presentó al mismo y ocupó el tercer puesto en la prueba
de conocimientos.
2.1.3. Frente a la referida resolución se presentaron diferentes demandas de
nulidad simple
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Accionante: Richard Gómez Vargas
2.1.3. Por medio del auto del 27 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de
Caldas ordenó la suspensión provisional del acto de convocatoria, pero esta
decisión fue revocada por el Consejo de Estado a través de la providencia del 29
de febrero de 2024.
2.2. Fundamentos jurídicos
La parte accionante señaló que en la decisión objeto de la acción de tutela se
incurrió en las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial de defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente.
En cuanto al defecto fáctico señaló que se configuró porque la autoridad judicial
demandada hizo una indebida valoración de los documentos relacionados con la
contratación de la Universidad del Atlántico, de los cuales era posible advertir que
el 17 de septiembre de 2021 no se realizó ningún proceso de evaluación de las
propuestas presentadas en el trámite de invitación pública efectuada por la
Asamblea Departamental de Caldas, en atención a que un mes antes ya se había
asignado el contrato mediante acto administrativo 0304 de 2021 del 17 de agosto
de 2021.
En lo que respecta al «defecto sustantivo» argumentó que la Asamblea
Departamental de Caldas, modificó la convocatoria en más de nueve
oportunidades, con lo cual desconoció el contenido del artículo 6 de la Ley 1904
del 2018.
Por último, afirmó que se desconoció el precedente contenido en la sentencia del
Consejo de Estado del 29 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicado
11001-03-28-000-2020-00079-00, por cuanto la Sección Quinta del Consejo de
Estado no motivó ni demostró que efectivamente no se cumplieron los requisitos
para decretar la medida cautelar y mucho menos que la conducta asumida por el
Tribunal Administrativo de Caldas haya excedido los límites al momento de
decretar la suspensión de los efectos de los actos demandados.
De igual manera, adujo que se desconocieron los lineamientos establecidos en
las sentencias de la Corte Constitucional SU-913 de 2009 en la que se estableció
que la convocatoria obliga tanto a la administración como a las entidades
encargadas de la realización del concurso y SU-446 de 2011 en la que se señaló
que la convocatoria es la norma reguladora del concurso, con lo cual se vulneró
el derecho fundamental del debido proceso.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Solicito respetuosamente se proteja el derecho fundamental al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia».
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2.4. Intervenciones
Mediante auto del 10 de abril de 2024, el Consejo de Estado admitió la acción de
tutela de la referencia, y ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de
Estado como accionado, y a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Caldas, al presidente de la Asamblea de Caldas, al gobernador del Departamento
de Caldas, al rector de la Universidad del Atlántico, al contralor general de la
República, al señor Santiago Niño Botero, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
2.4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que las decisiones que
se adoptaron sobre la medida cautelar no implican prejuzgamiento, en la medida
que aún está pendiente de trámite el medio de control para tomar la decisión
definitiva en la sentencia.
Las modificaciones realizadas a la convocatoria para la elección del contralor
departamental de Caldas tuvieron como soporte, de un lado, etapas del
procedimiento electoral que permitían la participación ciudadana para observar
las condiciones allí establecidas, así como una serie de decisiones adoptadas en
sede de acciones de tutela que conllevaron a la suspensión del proceso y
posterior adaptación del cronograma y sus etapas en virtud de ello.
Así mismo, afirmó que aunque no se atendió de forma estricta el contenido del
artículo 5 de la Ley 1904 del 2018, lo cierto es que el proceso electoral contó con
la Universidad del Atlántico, prácticamente desde el momento en que fue
expedido de forma definitiva el acto de convocatoria, situación que conllevaba a
considerar que dicha irregularidad no tenía una incidencia real en el trámite
administrativo.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Caldas señaló que no ha vulnerado
derecho alguno del demandante, por cuanto los defectos invocados se predican
de la providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y no de
la decisión que adoptó en primera instancia.
El departamento de Caldas solicitó su desvinculación, debido a que no le asiste
responsabilidad alguna por la presunta vulneración de los derechos invocados
por el demandante, pues no participó en el proceso de convocatoria pública.
Las demás autoridades demandadas y terceros con interés guardaron silencio en
esta oportunidad, a pesar de haberse notificado en debida forma.
2.5. La sentencia impugnada
Por medio de la sentencia del 8 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B señaló que no se demostró la legitimación en la causa por
activa por parte del señor Richard Gómez Vargas, puesto que no tiene la
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condición de parte dentro del proceso 17001-23-33-000-2022-00027-01, dentro
del cual se profirió la decisión objeto de la acción de tutela.
2.6. La impugnación presentada
La parte accionante señaló que si bien es cierto que no intervino en el proceso
de nulidad simple con radicado 17001-23-33-000-2022-00027-01, impetró una
acción de nulidad simple en relación con los actos administrativos que se
pretende sean declarados nulos, y que actualmente se está adelantando bajo el
radicado 17001-23-33-000-2022-00168-00.
Al respecto, señaló que tiene interés en el proceso de la referencia pues se trata
de una convocatoria de carácter laboral de la que participó.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, a la sala le corresponde determinar si el señor
Richard Gómez Vargas acreditó el requisito de legitimación en la causa para
presentar la acción de tutela de la referencia, contra la decisión del 29 de febrero
de 2024, a través de la cual el Consejo de Estado revocó una medida cautelar de
suspensión provisional.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
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a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
Previo a ello, se debe demostrar que se cumple con el requisito de legitimación
en la causa en los términos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, ya que,
jurisprudencialmente se ha establecido que este presupuesto se cumple cuando
se demuestra que se tiene un interés directo y particular en la providencia objeto
de la solicitud de amparo.
3.4. De la legitimación en la causa en las acciones de tutela
En ese orden de ideas, para constatar que se cumple con lo previsto en la
disposición contenida en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 es necesario
verificar que efectivamente, quien interpuso la acción de tutela acredita un interés
en la causa, bien sea por tratarse de la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales, por tener la representación legal o judicial del titular de los
derechos, por actuar como agente oficioso o, finalmente, por ser una de las
autoridades a las que expresamente hace referencia el citado artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991.
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Ahora bien, el carácter público del medio de control de nulidad simple no le otorga
el derecho a que cualquier persona pueda hacer uso de la acción de tutela para
controvertir decisiones u omisiones presentadas en el marco de dichos juicios,
puesto que en sede constitucional el funcionario judicial debe concluir que los
derechos fundamentales reclamados son propios del demandante o de los
demandantes y este evento no se verifica cuando la parte actora en tutela no es
parte en el proceso ordinario.
3.4.1. Análisis de la legitimación en la causa en el caso concreto
En el escrito de tutela, a pesar de que se reconoció que el accionante no intervino
en el proceso, se solicitó que se declare que hay legitimación en la causa por
activa por el carácter público del medio de control de nulidad, y porque interpuso
una demanda respecto del mismo acto, y participó en la convocatoria que es
objeto del trámite de nulidad.
Al respecto, es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente respecto de la legitimación en la causa por activa en las
acciones de tutela:
«75. Regulación constitucional y legal. El artículo 86 de la Constitución
dispone que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales». Así mismo, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que la acción de tutela
«podrá ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales».
76. La Corte ha explicado que el requisito de la legitimación en la causa por
activa busca garantizar que la persona que acude a la acción de tutela tenga
«un interés directo y particular» respecto de la solicitud de amparo que eleva
ante el juez constitucional, «de manera que pueda establecerse sin dificultad
que lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio
demandante, y no de otro». Conforme a lo expuesto, la jurisprudencia ha
establecido que la comprobación de la legitimación en la causa por activa
impone al juez el deber de verificar la existencia de un interés directo y
particular en cabeza del accionante, para lo cual resulta necesario
establecer si «el o los derechos a resguardar est[á]n en cabeza del
accionante y no, en principio, de otra persona»1.
En otra providencia señaló:
«39. El punto uno es la legitimación por activa. Para desarrollarlo es
importante resaltar que la tutela es un medio de defensa de derechos
fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o por quien
actúe a su nombre” (CP art. 86). No es necesario, que el titular de los
derechos interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo
a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una de las siguientes
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Corte Constitucional, sentencia T-241 de 1 de julio de 2022, magistrada ponente: Paola Andrea
Meneses Mosquera.
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calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso,
o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal. En
específico: (i) representante puede ser, por una parte, el representante legal
(cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto,
interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado judicial (en los demás
casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y
a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder
general respectivo. (ii) Como agente oficioso puede obrar un
tercero “cuando el titular de los mismos [es decir, de los derechos] no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra deberá manifestarse en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art.
10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden
instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se
los solicite o esté indefenso.
40. Entre los casos que se presentan dentro de este proceso, como más
adelante se mostrará, hay unos en los cuales la tutela es interpuesta
mediante apoderado judicial, pero que actúa en virtud de un poder no
otorgado directamente por el titular de los derechos fundamentales, sino por
alguien más que dice obrar en calidad de agente oficiosa de este último. En
ciertos casos, cuando está debidamente justificado, esta forma de otorgar el
poder judicial para actuar en procesos de tutela es legítima y debe
considerarse admisible por los jueces. Lo es por ejemplo cuando el titular
de los derechos invocados es un incapaz absoluto. No obstante, quien
extiende el poder judicial en calidad de agente oficioso de otra persona debe
demostrar, así sea tácitamente, como tendría que hacerlo quien interpone la
tutela en calidad de agente oficioso de otra persona, que a su agenciado le
resulta fáctica o jurídicamente imposible extender directamente el poder. No
basta entonces con que demuestre que le resulta difícil hacerlo»2.
Es importante poner de presente que la tutela contra providencia judicial tiene un
carácter excepcional por lo que los requisitos para su interposición son más
exigentes.
Al respecto, se pone de presente que no resulta suficiente argumentar que se
tiene un interés porque en un proceso diferente se demandó la nulidad del mismo
acto administrativo, porque lo cierto es que no actuó en el trámite de la demanda
de la referencia, motivo por el cual no tiene la condición de parte.
En ese sentido, no se trata de una decisión en un proceso en el que el señor
Richard Gómez Vargas tenga la calidad de parte, motivo por el cual se confirmará
la decisión de declarar su falta de legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
2
Corte Constitucional, sentencia SU – 377 de 12 de junio de 2014, magistrada ponente: María
Victoria Calle Correa.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01660-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró la falta de legitimación en
la causa del señor Richard Gómez Vargas
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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