Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00079-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Nulidad electoral: contra el acto de nombramiento del gerente general del Canal Regional de Telecaribe Ltda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00079-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2020-00079-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de julio de 2021
NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de nombramiento del gerente general del Canal Regional de Telecaribe Ltda / NULIDAD ELECTORAL – Diferencia entre convocatoria pública y concurso de méritos / NULIDAD ELECTORAL – El elegido mediante convocatoria no corresponde necesariamente a quien obtuvo el puntaje más alto / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
[E]l demandante parte de la premisa según la cual, la designación del Gerente de Telecaribe está precedida de la realización de un concurso de méritos de modo que se debe elegir a quien ocupe el primer lugar. La Sala anticipa que dicha postura no es de recibo. Telecaribe está constituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 489 de 1998, goza de un amplio margen de autonomía administrativa, en virtud del cual puede darse sus propios estatutos, previa aprobación por parte del Gobierno Nacional. Precisamente, en ejercicio de dicha potestad, en sus estatutos, adoptados mediante Acuerdo 504 de 2013, se determinó la forma de proveer el cargo de gerente general. (…). [C]omo ya lo advirtió la Sala, “no hay duda de que el proceso de nombramiento está precedido por una etapa inicial de convocatoria pública, en la cual se hace el llamado a la ciudadanía en general que esté interesada en participar en el proceso, el cual es reglado por la referida junta; después, una de verificación de requisitos que tiene como finalidad conocer la idoneidad de cada uno de los participantes, para conformar un listado de tres personas “opcionadas” y, finalmente, una fase de nombramiento a cargo del citado órgano de dirección”. Frente a esa primera etapa, esto es, la convocatoria pública, se debe enfatizar en que, a diferencia del concurso de méritos, aquélla se caracteriza por un margen de discrecionalidad que tiene el nominador. (…). Recientemente, la Sala insistió en que no puede confundirse elección en virtud de concurso de méritos de aquella precedida de una convocatoria pública. (…). [E]s claro que “[e]l concurso público es el mecanismo establecido por la Constitución para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga en cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público, a fin de que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo”. Entre tanto, si bien la convocatoria pública, en forma similar, busca preservar los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la designación del servidor, como lo ordena el inciso 4 del artículo 126 Superior, ello no desprovee del carácter discrecional inherente a la esencia del acto de elección que expiden las diferentes corporaciones públicas a quienes el legislador les ha atribuido el libre ejercicio de dicha función sin que la misma deba sujetarse a un criterio objetivo de escogencia, tal como sucede en los concursos de méritos. En este caso, la Junta Administradora Regional, órgano que tiene la función de nombrar al gerente general de Telecaribe, tiene la potestad de escoger a cualquiera de los 3 opcionados. Es decir, no tiene el deber de elegir a quien obtenga la mejor puntuación en la segunda etapa, como lo planteó el demandante. En este punto es pertinente recordar que esta Sala ha explicado: “Es decir, en el concurso público el ganador será el concursante mejor calificado durante todo el proceso, mientras que en la convocatoria pública, será el votado por la corporación correspondiente, del listado de aspirantes que hayan superado todo el proceso, sin que necesariamente sea el mejor puntuado en las etapas anteriores”.
De otra parte, (…), se debe resaltar que, el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política, no puede aplicarse a la Junta Administradora Regional de Telecaribe, puesto que está dirigido a las corporaciones públicas, es decir, a aquellos cuerpos colectivos cuya conformación deviene del ejercicio democrático del derecho al voto, verbi gracia, el Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los concejos distritales o municipales y las juntas administradoras locales. (…). En virtud de lo expuesto, no cabe duda que el artículo 126-4 Superior, aplica para las designaciones que deben efectuar las corporaciones públicas elegidas por voto popular, cuando no haya norma especial que regule el procedimiento para la elección. (…). Lo dicho, no es óbice para resaltar, como ya lo ha hecho la Sala retomando lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de 2020, que el artículo 126 de la Constitución, en su inciso 4, define una regla general para la elección de servidores públicos por parte de corporaciones públicas y que los principios que deben guiar la reglamentación de la convocatoria pública son: publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito. (…). Ahora bien, cuando el órgano elector adelanta una convocatoria, está obligado a respetar las reglas que fije al efecto. (…). En el presente caso, es claro por la norma estatutaria mencionada [artículo 15], invocada por la Junta Administradora Regional en la convocatoria, que este órgano elector tenía la potestad de designar a cualquiera de los 3 opcionados que, en todo caso, fueron los participantes que obtuvieron las mejores puntuaciones, (…), aunque, en todo caso, se debe reiterar que, en las designaciones con ocasión de convocatorias públicas “los elegidos pueden ser aquellos que cumplieron todos los requisitos establecidos, aunque no hayan obtenido los puntajes más altos, desde luego, salvo que la convocatoria haya establecido tal condición…”. Los anteriores argumentos resultan suficientes para despachar desfavorablemente este cargo, dado que, contrario a la postura del actor, la Junta Regional de Telecaribe, tenía la facultad de optar por cualquiera de los 3 postulados, independientemente de la puntuación que hayan obtenido en la fase de verificación de requisitos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el proceso de nombramiento que incluye una etapa inicial de convocatoria pública, verificación de requisitos, conformación de un listado de tres personas “opcionadas” y, finalmente, una fase de nombramiento a cargo del órgano de dirección, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 29 de octubre de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 11001-03-28-000-2020-00079-00. Respecto de los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 que ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos, consultar: Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 10 de noviembre de 2015, C.P. Álvaro Namén Vargas, radicación 11001-03-06-000-2015-00182-00. Sobre la diferencia entre convocatoria y concurso de méritos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de septiembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2019-00086-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 17 de junio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2021-00006-00. En cuanto al concurso público, consultar: Corte Constitucional, sentencia T-090 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Con respecto al ganador, tanto en el concurso público como en la convocatoria, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00602-00. En cuanto que el artículo 126 numeral 4 de la Constitución Política “alude a la exigencia de la previa de convocatoria pública, se trata de un requisito que recae en la elección de servidores públicos en corporaciones públicas…”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de mayo de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2021-00009-00. Sobre las designaciones a cargo de las corporaciones públicas, entre las cuales se encuentran los concejos municipales, y que deben estar precedidas de una convocatoria pública, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 17 de junio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2021-00006-00. Con respecto a que el órgano elector cuando adelanta una convocatoria, está obligado a respetar las reglas que fije al efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 19 de septiembre de 2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 17001-23-33-000-2018-00019-02.
NULIDAD ELECTORAL – No se exige delegación adicional para que los miembros de la Junta Administradora Regional integren la comisión accidental / NULIDAD ELECTORAL - El nominador del cargo de gerente de Telecaribe es la Junta Administradora Regional y en dicha tarea puede o no crear una comisión accidental que preste apoyo al efecto / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD – Limitación de las facultades del juez a los precisos argumentos de la demanda / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA - Aplicación
[E]l demandante reprochó que no se acreditó la delegación de las entidades a las que representaba para efectuar la preselección, selección y designación del gerente, por lo cual se estima que se vulneró el trámite previsto en el artículo 15 de los Estatutos Internos de Telecaribe, contenidos en el Acuerdo 504 de 2013. (…). [L]os estatutos establecen que la dirección y la administración estarán a cargo de la Junta Administradora Regional y el Gerente, según lo dispone el artículo 8, cuya integración está contemplada en el artículo 9. (…). [D]entro de las funciones de dicho órgano, están la de nombrar o remover al gerente de la entidad (numeral 9), y la de crear comités, comisiones o consejos asesores permanentes o transitorios, para el estudio, consideración y análisis de asuntos específicos, relacionados con su objeto social (numeral 27). (…). [E]n el artículo 5 del Acuerdo 620 de 2020 proferido por la Junta Administradora Regional, por medio del cual se abrió la convocatoria pública para proveer el cargo de gerente de Telecaribe, se dispuso la creación de la comisión accidental para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de los candidatos; la evaluación de la educación y experiencia adicional; dar respuesta a las observaciones presentadas por los aspirantes; y la consolidación de puntajes. (…). De la norma en cuestión [punto 3.1 artículo 15 de los Estatutos de Telecaribe], se advierte que no se exige una delegación adicional para que los miembros de la Junta Administradora Regional a su vez, integren la comisión accidental encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de los candidatos; la evaluación de la educación y experiencia adicional; dar respuesta a las observaciones presentadas por los aspirantes; y la consolidación de puntajes. Desde esa perspectiva, se tiene que, con ocasión de la integración de la comisión referida, no se trasgredió la norma señalada por el demandante. En este punto, la Sala resalta que, según los estatutos, el nominador del cargo de gerente de Telecaribe es la Junta Administradora Regional y, para cumplir dicha tarea puede o no crear una comisión accidental que preste apoyo al efecto. En este caso, la comisión estuvo integrada por 7 de los 11 miembros de la Junta, -y no por personas ajenas al máximo órgano directivo- de modo que, las tareas encargadas a aquélla bien pudieron ser adelantadas por la Junta en pleno, dado que tiene la competencia para adelantar el procedimiento previsto para la elección. (…). Frente a este último punto, conviene resaltar que esta Sala ha sostenido que el ejercicio del medio de control de nulidad -siendo la nulidad electoral una especie de esta-, limita las facultades del juez a los precisos argumentos esgrimidos en la demanda, toda vez que este tipo de trámites se rigen por el principio de justicia rogada. (…). Por tanto, una vez establecido que no desconoció el artículo 15 de los estatutos en cuanto a la integración de la comisión accidental, se debe advertir que escapa al objeto del presente proceso emitir pronunciamiento acerca de la representación de cada una de las entidades que componen el máximo órgano de dirección y administración de Telecaribe, esto es, la Junta Administradora Regional. Se insiste, el cuestionamiento del actor se refirió a la integración de la comisión accidental (cuestión frente a la cual la demandada y la vinculada se pronunciaron en ejercicio de su derecho de defensa) y no de la Junta propiamente dicha. En ese orden de ideas, este cargo no está llamado a prosperar, por cuanto no desconoció el artículo 15 de los estatutos de Telecaribe.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el análisis de legalidad por parte del fallador el cual se restringe no solo a los cargos sino también a los precisos argumentos esgrimidos por el actor en su demanda, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de febrero de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-24-000-2019-00319-00.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 126 INCISO 4 / ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 - ARTÍCULO 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 5 / LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 86
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00079-00
Actor: ROMEO EDINSON PÉREZ ORTIZ
Demandado: MABEL ASTRID MOSCOTE MOSCOTE – GERENTE GENERAL DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE
Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Convocatoria pública y concurso de méritos. Reiteración de jurisprudencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido por el señor Romeo Edinson Pérez Ortiz, contra Mabel Astrid Moscote Moscote como gerente del Canal Regional de Telecaribe Ltda., en adelante, Telecaribe.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
El ciudadano Romeo Édison Pérez Ortiz, interpuso demanda de nulidad electoral contra el acto de elección de Mabel Astrid Moscote Moscote como gerente de Terecaribe, para lo cual planteó las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que es NULO el ACUERDO No. 028 DEL 27 DE JULIO DE 2020, emanado (sic) LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE TELECARIBE “por el cual designa a la señora MABEL ASTRID MOSCOTE MOSCOTE como GERENTE DEL CANAL REGIONAL TELECARIBE, período 2020-2023.
SEGUNDO: Que, con el fin de restablecer en la legalidad y el debido proceso de la convocatoria se DECRETE LA NULIDAD del ACUERDO No. 028 DEL 27 DE JULIO DE 2020, emanado de la JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE TELECARIBE “por el cual se designa a la señora MABEL ASTRID MOSCOTE MOSCOTE, GERENTE DEL CANAL REGIONAL TELECARIBE, período 2020-2023.
TERCERO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
El demandante sustentó las anteriores pretensiones en los fundamentos fácticos y jurídicos que se describen a continuación.
Hechos
Indicó que la Junta Administradora Regional de Telecaribe, mediante el Acuerdo 620 de 20 de mayo de 2020, abrió la convocatoria 03 de ese año, con el fin de seleccionar y nombrar al gerente general de este canal regional de televisión, para el período 2020-2023, conforme al numeral 3, del artículo 15 de los Estatutos Internos de Telecaribe, contenidos en el Acuerdo 504 de 2013, que le atribuye esta competencia.
Manifestó que según el artículo 2, inciso 4, del Acto Legislativo 2 de 2015, salvo los concursos regulados por la ley, “la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, trasparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.
Señaló que para la escogencia del gerente general, se conformó una comisión accidental de la Junta Administradora Regional de Telecaribe, cuyo objeto era estudiar las hojas de vida de los aspirantes y la asignación de puntajes, según los estudios y experiencia, la cual, en la sesión de 23 de julio de 2020, elaboró la lista de elegibles y promulgó los resultados finales, así: 1. Harold Efraín Salazar Rodríguez, puntaje 96%; 2. Geovanny Rene Otalora Rivero, 90% y 3. Mabel Astrid Moscote Moscote, con 88%.
Frente a la actuación de dicha comisión, reprochó que no se acreditó la delegación de las entidades a las que representaba para efectuar la preselección, selección y designación del gerente, por lo cual se estima que se vulneró el trámite previsto en el artículo 15 de los Estatutos de Telecaribe.
Narró el demandante que el 27 de julio de 2020, la Junta Administradora Regional de Telecaribe, integrada por su presidente, Nemecio Roys Garzón, gobernador de La Guajira; Elsa Noguera De La Espriella, gobernadora del Atlántico; Luis Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar; Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar; Héctor Espinoza Oliver, gobernador de Sucre; Orlando Benítez Mora, gobernador de Córdoba; Carlos Caicedo Omar, gobernador del Magdalena; Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena; Jaime Pumarejo Heins, alcalde de Barranquilla; Edgar Parra Chacón, rector de la Universidad de Cartagena y Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, por medio del Acuerdo 628, eligió finalmente, a la señora Mabel Astrid Moscote Moscote, quien ocupó el tercer lugar, con un puntaje del 88%, cuando ha debido elegir al primero de los participantes, Harold Efraín Salazar Rodríguez, a quien se le otorgó el mayor puntaje en el “concurso de méritos”, por lo que se desconoció el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015, que consagra el mérito, la transparencia y participación ciudadana, como principios de este tipo de procesos de selección.
Agregó que se desconocieron las reglas fijadas por la jurisprudencia para el desarrollo de las convocatorias.
Consideró que la finalidad primordial de este tipo de procesos es que los participantes se sometan en igualdad de condiciones a una serie de pruebas y así conformar una lista de elegibles de la que se debe escoger al mejor calificado, salvo que existan razones objetivas que lo impidan, las cuales no se invocaron en el presente caso.
Adujo que “es extraño” que la Junta Administradora Regional de Telecaribe, mediante el Acuerdo 623 de 11 de junio de 2020, modificara el cronograma para proveer el cargo de Gerente General, contenido en la Convocatoria 003 de 2020, aclarado mediante el Acuerdo 622 de 28 de mayo de 2020 y que, luego, con el Acuerdo 624 de 19 de junio de ese año, “misteriosamente“ volviera a modificar el cronograma de la convocatoria y conformara una comisión accidental encargada de evaluar los requisitos de educación y experiencia adicional, dar respuestas a las observaciones presentadas por los aspirantes y de la consolidación de los puntajes.
Sostuvo que en la comisión accidental de la Junta Administradora Regional se obvió la delegación de las entidades territoriales.
Aseguró que la junta mencionada omitió verificar las certificaciones para acreditar la experiencia exigida por las normas legales, en tanto, alega que la señora Mabel Astrid Moscote, no cumplía con el tiempo de experiencia, requerido para ocupar el cargo de Gerente General de este canal público.
1.2. Las normas violadas y el concepto de violación
El demandante indicó como normas trasgredidas las siguientes:
(i) Constitución Política: artículos 6, 126 inciso 4, 209, 237 y Acto Legislativo 02 de 2015.
(ii) Ley 1437 de 2011: artículos 137, 139, 149-3, 275-5, 288.
(iii) Acuerdo 504 de 2013 (Estatuto general de Telecaribe) artículo 15-3.
Alegó que el acto demandado está viciado por infracción de las normas en que debía fundarse.
En este acápite mencionó que el inciso 4 del artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015 señala que la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas debe estar precedida de una convocatoria reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, trasparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
Sostuvo que la Junta Regional de Telecaribe, desconoció las directrices fijadas por la jurisprudencia para ese tipo de procedimientos de selección, en particular: que dan cuenta que la misma debe cumplir los siguientes parámetros:
“(i) ser abierto a cualquier persona que cumpla los requisitos para ocupar el cargo; (ii) las pruebas de selección deben orientarse a buscar el mejor perfil para el cargo; (iii) la valoración de la experiencia y preparación académica y profesional debe tener relación con las funciones que se van a desempeñar; (iv) la fase de oposición debe responder a criterios objetivos; (v) el mérito debe tener un mayor peso en el concurso que los criterios subjetivos de selección; (vi) debe garantizarse su publicidad y, (vii) para la realización de los concursos pueden suscribirse convenios con entidades públicas especializadas.”
Trajo a colación la sentencia de unificación de 15 de julio de 2014, expediente: 11001-03-28-000-2013-00006-00(IJ), sin hacer comentario al respecto.
Asimismo, aseveró que el acto fue expedido en forma irregular, por el incumplimiento de las formalidades previstas en la ley, sin embargo, “la irregularidad que origina nulidad es la relevante para su en su contenido (sic) o determinante para lesionar el debido proceso, de índole sustancial, cuando incide o es básica en el sentido de la decisión”.
Finalmente, indicó que la acción de nulidad electoral es de carácter público por lo que, en teoría, proporciona a todos los ciudadanos la posibilidad de impulsar el aparato judicial para que puedan ejercer una vigilancia de los procesos de votación, siempre en búsqueda de la protección del principio de la democracia participativa.
2. Admisión de la demanda
Inicialmente, el señor Romeo Edinson Pérez Ortiz presentó demanda de nulidad electoral contra la elección de Mabel Astrid Moscote Moscote como Gerente de Telecaribe, a la cual le fue asignado el radicado 11001-03-28-000-2020-00077-00 y repartida al magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, quien concluyó que en la misma se acumulaban pretensiones de naturaleza subjetiva y objetiva, lo que, a su juicio, contraviene la prohibición de que trata el artículo 281 del CPACA.
Conforme a lo anterior, por auto de 14 de septiembre de 2020, inadmitió la demanda y ordenó a la parte actora: i) dividir la misma, con el fin de presentar dos escritos diferentes distinguiendo las causales subjetivas de las objetivas y, ii) allegar copia íntegra del acto acusado, comoquiera que el mismo se adjuntó en forma incompleta.
A su turno, ordenó a la secretaría de la Sección “que una vez se realice la corrección (…), el radicado correspondiente a la presente demanda le sea asignado a una de las demandas que resulte de su división y a la otra le asigne un nuevo radicado para luego ser sometida a reparto”. Una vez efectuado el reparto, le correspondió al aquí ponente conocer de la citada demanda bajo el radicado 11001-03-28-000-2020-00079-00.
Por auto de 29 de octubre de 2020, la demanda fue admitida, se ordenó notificar a la señora Moscote Moscote, al presidente de la Junta Regional de Telecaribe, al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la agente del Ministerio Público. Además, se negó la suspensión provisional del Acta 628 de 27 de julio de 2020, expedida por la Junta mencionada.
3. Contestaciones de la demanda
3.1. La demandada Mabel Astrid Moscote Moscote
Por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:
3.1.1. Legalidad del acto acusado
Afirmó que el acto demandado se aviene a las reglas del principio de legalidad y no debe ser anulado, dado que la señora Moscote Moscote sí cumple con los requisitos mínimos para optar por el cargo de gerente general de Telecaribe.
3.1.2. Ausencia de violación de las reglas de las convocatorias públicas
Manifestó que el actor ha confundido los parámetros que se deben seguir en las convocatorias públicas para aducir que son las mismas que las de los concursos de mérito.
Explicó que dentro de las pautas que inspiran a los concursos de méritos, se establece la exigencia legal relacionada con la escogencia del aspirante que obtenga el mayor puntaje, quedando proscrita la posibilidad de que sea nombrado y posesionado algún participante con calificación inferior a los demás.
Agregó que esas reglas no son aplicables a las convocatorias abiertas, pues en este tipo de escenarios sí se establecen reglas objetivas, con la particularidad de que, al momento de designar, el nominador cuenta con un margen discrecional en el que decide quién debe ser designado, sin importar el puntaje obtenido.
Trascribió apartes del concepto 2274 de 2015, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, según el cual, las convocatorias públicas se diferencian de los concursos de méritos en que, en aquellos, al final del proceso de selección, las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y seleccionar entre los candidatos que han sido mejor calificados pues no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, como sí ocurre en los concursos.
Concluyó que “[p]or manera que de las propias pruebas arrimadas por el demandante se deduce que este tipo de situaciones fueron respetadas en la convocatoria de marras, en el sentido de que el CANAL REGIONAL TELECARIBE agotó el procedimiento adecuado y luego de que se conformara el registro de elegibles con tres aspirantes, discrecionalmente definió por unanimidad nombrar en propiedad a MABEL MOSCOTE MOSCOTE, lo cual descarta las apreciaciones de corrupción y demás calificativos que usó el actor en su demanda”.
3.2. La Junta Administradora Regional de Telecaribe
La apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda puesto que, a su juicio, se dio cumplimiento estricto a las normas vigentes para permitir el acceso al empleo público del cargo de libre nombramiento y remoción, como es el de gerente general de Telecaribe.
Señaló que dicha entidad, en observancia del procedimiento establecido en el artículo 15 de sus Estatutos, para elegir el gerente general (cargo de libre nombramiento y remoción, empleo público del orden nacional, de una empresa industrial y comercial del Estado, descentralizada, del orden nacional, perteneciente al sector TIC), adelantó la Convocatoria 003 de 2020, la cual fue divulgada en la página web del canal en el enlace “Convocatorias Públicas 2020”, para efectos de transparencia y publicidad de la actuación administrativa en mención.
Indicó que Mabel Moscote Moscote fue aspirante y una de las tres personas opcionadas que fueron recomendadas por la Comisión Accidental y elegida mediante Acuerdo 628 de 2020, previo cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017.
3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas
El 3 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se fijó el litigio para lo cual, inicialmente se precisaron los hechos relevantes conforme a la demanda y a las contestaciones de la misma.
Seguidamente, se puso de presente que el cargo de nulidad subjetiva, relacionado con el incumplimiento de los requisitos legales, es objeto del proceso con radicado 11001-03-28-000-2020-00077-00, en virtud de la decisión de escindir la demanda inicialmente presentada por el señor Pérez Ortiz.
Así las cosas, en la audiencia se recordó que en este caso se debe adelantar el trámite procesal relacionado con la causal de nulidad objetiva alegada, a la cual se circunscribirá el presente estudio.
En consecuencia, se estableció que “este litigio se contrae a determinar si el acto acusado está incurso en las causales de nulidad general de infracción a norma superior y expedición irregular, por cuanto que: 1) La Junta Administradora Regional de Telecaribe Ltda. no designó como gerente general, a quien ocupó el primer lugar en la escala de mérito, esto es, el señor Harold Efraín Salazar Rodríguez quien obtuvo un 96%, en el puntaje asignado y, en cambio, procedió a elegir a la señora Mabel Astrid Moscote Moscote, quien ocupó el tercer lugar, con un puntaje del 88%; y 2) si se vulneró el procedimiento de selección fijado por el ordenamiento jurídico, en tanto los miembros de la comisión accidental de la Junta Administradora Regional de Telecaribe no acreditaron la delegación de las entidades que representaban.”
Se indagó a las partes si estaban de acuerdo con la fijación del litigio conforme a los términos señalados anteriormente, a lo cual, el demandante, el apoderado de la demandada, el apoderado de la Junta Administradora Regional de Telecaribe y la agente del Ministerio Público, manifestaron no tener objeción, por lo que quedó en firme.
Asimismo, se decretaron las pruebas pertinentes y se negaron aquellas no relacionadas con el objeto del litigio.
Finalmente, se fijó fecha y hora para la audiencia de pruebas la cual se llevó a cabo el 17 de marzo de 2021 en la cual se incorporaron las documentales allegadas hasta ese momento.
Sin embargo, en atención a que aún no habían sido remitidas algunas, se extendió la audiencia por el término de 15 días, hasta el 15 de abril de 2021, para que se allegara lo solicitado.
Por último, se dispuso prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; se concedieron 10 días para que las partes presentaran por escrito los alegatos de conclusión, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 181 del CPACA y se advirtió que, en la misma oportunidad, la agente del Ministerio Público podía presentar concepto, si así lo consideraba.
4. Alegatos de conclusión
4.1. El apoderado judicial de la demandada presentó escrito de alegaciones finales en el que afirmó que debe desecharse el argumento relacionado con que en la Convocatoria Pública 003 de 2020 se debían seguir las reglas que orientan los concursos públicos de méritos, dado que es una modalidad de provisión de empleos completamente distinta a la que se escogió para nombrar al gerente general de Telecaribe.
En cuanto al proceso de selección, manifestó que, en los concursos de méritos, se establece la exigencia legal relacionada con la escogencia del aspirante que obtenga el mayor puntaje y así mismo en orden descendente, por lo que está proscrita la posibilidad de que sea nombrado y posesionado algún participante con calificación inferior a los demás.
Agregó que, “[s]in embargo, estas previsiones no son aplicables a las convocatorias abiertas, como la que nos concita, pues en este tipo de escenarios si bien se establecen reglas objetivas, existe la particularidad de que al momento de nombrar el nominador cuenta con un margen discrecional en el que decide quién debe ser escogido, sin importar el puntaje obtenido”.
Nuevamente trascribió apartes del concepto 2274 de 2015, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, como lo hiciera en la contestación de la demanda.
A continuación, aseguró que el cargo planteado por el demandante es errático porque, en atención a los verdaderos criterios que se debían seguir para la provisión del empleo, no debió ser escogido el señor Harold Salazar, quien ocupó el primer puesto en el puntaje, sino el candidato que la Junta Administradora Regional determinara, luego de haberse agotado las diferentes fases del proceso de selección.
Resaltó que todas las actuaciones anteriores a la expedición del acto de nombramiento se ajustaron a la legalidad y se basaron en las directrices inicialmente establecidas en la Convocatoria Pública 003, junto con sus términos de referencia sin que se observen vicios sustanciales de procedimiento.
Adujo que la señora Moscote Moscote superó dichas etapas y que, luego de haberse elaborado la terna de aspirantes que se destacaron, la Junta tenía un margen de discrecionalidad propio de este tipo de convocatorias por lo que en forma unánime escogió a la demandada, porque no estaba obligada a nombrar a Harold Salazar quien, por registrar el puntaje más alto, no era acreedor del cargo.
De otra parte, se refirió a la comisión accidental en cuanto a la acreditación de sus miembros.
Al efecto, señaló que, conforme a los estatutos de Telecaribe, corresponde a la Junta Administradora Regional la provisión del cargo de gerente general, para lo cual puede contar con el apoyo de una comisión accidental, lo que, a su vez, encuentra respaldo en el artículo 2.2.13.2.2 del Decreto 1083 de 2015.
Explicó que el Canal tenía la atribución de conformar una comisión que ahondara en el estudio de competencias y cualidades de los aspirantes, razón por la que en el artículo 5 del Acuerdo 620 de 20 de mayo de 2020, mediante el cual se abrió la convocatoria respectiva, expresamente se consagró la creación de la comisión accidental para que se encargara de la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, la evaluación de la educación y experiencia adicional, dar respuesta a las observaciones presentadas por los aspirantes y la consolidación de puntajes.
Precisó que se dispuso que dicho cuerpo estaría integrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento del Magdalena, el Departamento de Bolívar, el Departamento del Atlántico, el Departamento de Sucre, la Universidad del Magdalena y la Universidad de Cartagena.
En consecuencia, para su conformación fueron delegadas dichas funciones por parte de cada uno de los titulares de las entidades mencionadas, de la siguiente manera:
“Por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fue delegada la señora María Cecilia Londoño Salazar; por parte del Departamento de Sucre fue delegada la señora Karen Gaviria Arcila; en cuanto al Departamento del Atlántico, fue delegada Diana Acosta Miranda; para lo relativo al Departamento del Magdalena, se delegó a Shirley Santamaría; por parte del Departamento de Bolívar, se delegó a la señora Claudia Carmona Cárdenas; en cuanto a la Universidad del Magdalena, fue delegado Jaime Noguera Serrano y para la Universidad de Cartagena, se delegó a Jorge Matson Carballo”.
Indicó que el señor Nemesio Roys Garzón, mediante oficio de 10 de marzo de 2021, allegó las respectivas acreditaciones de los delegados que actuaron en la comisión accidental por lo que sus miembros “estuvieron correctamente representados para tomar las decisiones a su cargo y para las cuales fueron escogidos”.
Por tanto, consideró que las personas encargadas de evaluar las hojas de vida de los aspirantes, dar respuesta a los interrogantes surgidos en el proceso de selección y conceder los puntajes objetivos, sí estaban facultadas para tal fin.
Concluyó que, con las pruebas allegadas al expediente quedaron despejadas las dudas formales del demandante, “dado que por un lado i) la Comisión Accidental era el organismo que estatutariamente estaba definido para desarrollar el análisis de hojas de vida y calificar a los aspirantes y ii) las personas que fungieron como miembros de la Comisión sí estaban debidamente facultadas para esa gestión, luego sus evaluaciones fueron legítimas”.
4.2. Por intermedio de apoderado judicial, la Junta Administradora Regional de Telecaribe se pronunció en los siguientes términos:
Frente a la elección de un candidato que no obtuvo el mayor puntaje, sostuvo que “[n]o es lo mismo un concurso de méritos que una convocatoria, pues en el primero sí son aplicables reglas objetivas y de mérito de principio a fin y dentro de las distintas etapas los aspirantes van acumulando un puntaje de acuerdo a, generalmente, una prueba de conocimientos, la verificación de aptitudes para el cargo, análisis de hojas de vida, experiencia, titulaciones y pruebas psicotécnicas. En esos escenarios, cada fase suma y al final se configura un registro de elegibles que para el nominador resulta forzoso respetar en orden descendente, nombrando y posesionando a quien se encuentra en primer lugar y así sucesivamente según las vacantes existentes”.
Resaltó que en las convocatorias no ocurre lo mismo, pues si bien se tiene en cuenta el criterio del mérito en las distintas etapas, al momento de nombrar, el nominador, para este caso la junta referida, cuenta con un margen discrecional y define cuál aspirante debe ser elegido.
Puso de presente que, en sentencia de 10 de septiembre de 2020, expediente 11001032800020190008600, la Sección Quinta del Consejo de Estado, explicó que el concurso y la convocatoria son dos figuras distintas y excluyentes.
Aseguró que lo que persigue el actor no es correcto pues la Junta Administradora Regional ejecutó un procedimiento ajustado a las previsiones normativas que le eran obligatorias y, por tanto, no es cierto que Harold Salazar era quien debía ser nombrado por haber acumulado un puntaje superior a los demás aspirantes.
Aclaró que “en la Convocatoria no se realiza una sumatoria de puntajes por etapas y al final se determina un acumulado definitivo, sino que, por el contrario, en cada una de las etapas del proceso de escogencia se hacen nuevas valoraciones no acumulativas y desde 0, independientemente de los registros obtenidos en las fases anteriores. Esto, a nuestro juicio, es relevante para reafirmar el hecho de que en este mecanismo de selección no se determina el nombramiento con base en puntajes, números o sumatorias, sino que, luego de superadas las etapas, se decide a qué candidato nombrar”.
En cuanto a la integración de la comisión accidental, manifestó que la Junta Administradora Regional, entre otras funciones, tiene a su cargo el nombramiento del gerente general y con tal propósito puede apoyarse en una comisión o en entidades externas, como universidades o entidades especializadas, para evaluar las hojas de vida de los eventuales aspirantes.
Dijo que lo anterior, fue refrendado en el artículo 5 del Acuerdo 620 de 20 de mayo de 2020, mediante el cual se abrió la convocatoria para la designación del gerente del Canal, que previó la obligación de conformar una comisión accidental, la cual se integró con los siguientes miembros de la Junta: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento del Magdalena, el Departamento de Bolívar, el Departamento del Atlántico, el Departamento de Sucre, la Universidad del Magdalena y la Universidad de Cartagena.
Agregó que, una vez instalada, cada una de estas entidades procedió a constituir sus delegados para la participación en las sesiones de la comisión y llevar a cabo las tareas que le fueron asignadas.
Mencionó que al proceso se allegaron cada una de las delegaciones por lo que está probado que quienes hicieron parte de la referida comisión contaron con la autorización de los titulares.
Por último, alegó que no se observan razones fácticas, jurídicas y pruebas que legitimen una sentencia que anule la decisión demandada.
5. Concepto del Ministerio Público
La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, rindió el concepto 2021-04-NE-96 en el que solicitó a la Sala negar las pretensiones de la demanda.
Al efecto, explicó que la Constitución de 1991, elevó a norma constitucional la regla según la cual los empleos en los órganos y entidades del Estado serían de carrera, razón por la cual, el ingreso y ascenso a ella, se efectuaría mediante concurso de méritos, previo cumplimiento de los requisitos y calidades exigidos por la ley.
Sostuvo que el resultado de un concurso público de méritos termina con la conformación de una lista de elegibles, que obliga al nominador a proveer el cargo o cargos vacantes en estricto orden en que aquella fue conformada, pues precisamente su integración es el resultado de las diversas pruebas aplicadas a efectos de determinar cuál o cuáles aspirantes están mejor calificados para desempeñar el cargo ofrecido.
Agregó que existen dentro del régimen jurídico de la función pública, los empleos de libre nombramiento y remoción que, como su nombre lo indica, supone un ejercicio libre para su designación y remoción, por parte del funcionario nominador competente. No obstante, para este tipo de cargos, también se han establecido algunas normas que propenden por una selección transparente y objetiva, que permitan que las personas con mejores calidades y perfiles, lleguen a ocuparlos.
La convocatoria pública que fue elevada a norma constitucional en la reforma política de 2015, es otro medio o sistema para proveer aquellos cargos que no son de carrera y que corresponde por disposición constitucional o legal, proveer a las corporaciones públicas.
En este sentido, explicó que el mecanismo de selección al que hace referencia el artículo 126 constitucional tiene por finalidad garantizar que en la provisión de dichos cargos, todos aquellos que tengan las aptitudes para desempeñar el cargo pueden presentarse y someterse a las reglas previamente establecidas para el efecto por el legislador, las cuales pueden dividirse en dos: una objetiva, compuesta por pruebas de conocimiento y evaluación de hojas de vida, es decir, experiencia profesional, formación académica, experiencia docente y publicaciones, las cuales serán objeto de calificación y ponderación, arrojando como resultado la integración de una lista con los resultados según el orden de los factores objeto de evaluación y una subjetiva, en donde el nominador, es decir, la corporación pública llamada a elegir, puede, después de una audiencia pública en donde sus integrantes y la sociedad en general pueda escuchar a los diferentes participantes, escoger de ese listado, la persona llamada a ocupar el cargo.
A su juicio, estas convocatorias buscan satisfacer, entre otros, los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y el criterio del mérito, consagrados en el artículo 126 constitucional.
Precisó que, de conformidad con lo establecido, entre otras disposiciones, en el artículo 2.2.13.1.3. del Decreto 1083 de 2015, para la selección de los gerentes públicos de las entidades, se realiza un proceso meritocrático para seleccionar y a la postre nombrar, a uno de los ciudadanos que, después de superar las etapas correspondientes (convocatoria, pruebas, análisis de antecedentes, entrevistas y listado de elegibles), quede finalmente en un listado de elegibles.
Al ocuparse del caso concreto, mencionó que Telecaribe, por ser una entidad pública del orden nacional está cobijada en sus procesos de selección de gerente, por sus estatutos y, subsidiariamente, por la regla de la convocatoria prevista en el Decreto 1083 de 2015.
Adujo que, con sustento en el artículo 15 de los Estatutos de Telecaribe que dispone, entre otros aspectos, que el procedimiento para la selección del gerente consiste en la realización de una convocatoria pública mediante acuerdo de la Junta Administradora Regional, se realizó un llamado general a todo aquel ciudadano que creyese tener los requisitos para ocupar el cargo para que presentara su nombre y se sometiese al escrutinio de esta, como en efecto sucedió, al darse apertura a la convocatoria pública mediante el Acuerdo 620 de 2020.
En cuanto a la afirmación de la parte demandante según la cual para la selección del Gerente General de Telecaribe ha debido escogerse al candidato con mejor puntaje, el Ministerio Público, acogió lo dicho por la Sección en la providencia mediante la cual se admitió la demanda y se negó la medida cautelar en el presente proceso, en el sentido de considerar que está claro que el proceso de nombramiento del Gerente de Telecaribe, es el resultado de una convocatoria pública y no de un concurso de méritos, como parece entenderlo el demandante.
Resaltó que, según los Estatutos, el procedimiento de elección en cuestión está precedido de una fase objetiva y una fase subjetiva que se ajusta a los presupuestos de la norma que el actor afirma desconocida (Acto Legislativo 02 de 2015 en tanto modificó el artículo 126), en la cual, se insiste, el nominador goza de discrecionalidad para escoger entre los candidatos de la lista de hasta 3 opcionados.
Añadió que el hecho que, en una convocatoria como la que es objeto de examen, se califique la experiencia y los estudios mediante puntajes predeterminados, no la convierten en un concurso de méritos, en tanto, cuando la selección final se funda en la discrecionalidad de la entidad para efectuar la designación, no hay lugar a que se escoja al primero de la lista.
La agente del Ministerio Público, trascribió apartes de la sentencia de 3 de septiembre de 2014, expediente 11001032800020130005700, proferida por la Sección Quinta, en un proceso en el que también se demandó la nulidad de un Acuerdo expedido por la Junta de Telecaribe por medio del cual se declaró la elección del gerente, con un reproche similar dado que se afirmaba que el proceso de elección de gerente no tomó en cuenta el criterio del mérito, el cual fue desestimado.
Por tanto, concluyó que este cargo no está llamado a prosperar.
A continuación, se pronunció sobre la integración de la comisión accidental y, al efecto, hizo mención a la figura de la delegación.
Luego referirse a cada uno de los actos de delegación allegados al proceso, destacó que, según la fijación de litigio, se reprocha la actuación de la comisión accidental por cuanto no se acreditó la delegación de las entidades, por lo que se vulneró el trámite previsto en el artículo 15 de los estatutos de Telecaribe.
Consideró que la norma que según el demandante fue desconocida, no fija ninguna regla acerca de la acreditación de delegación alguna por parte de los integrantes de la comisión accidental y resaltó que la Junta Administradora Regional tiene la facultad de escoger al Gerente y, además, de crear comisiones cuando sea necesario.
Agregó que “…la propia Junta decidió, al expedir la convocatoria pública para la designación del gerente, crear una comisión accidental para que adelantara algunas actividades propias de dicho proceso de selección, la cual, como se constató, estuvo integrada por 7 de los 11 miembros. En suma, dado que fue la propia Junta la que creó la comisión accidental integrada por algunos de sus miembros, no era necesaria una delegación especial para hacer parte de dicha comisión, como echó de menos el demandante”.
Resaltó que, una cuestión diferente es que quienes fungieron como miembros de la Junta Administradora Regional no tuvieran la delegación de la respectiva entidad territorial o institución educativa, lo cual no fue objeto de reparo por parte del actor.
Finalmente, la delegada del Ministerio Público, afirmó que los miembros de la comisión accidental ostentaban delegación, ya sea en términos generales para actuar en la Junta Administradora Regional o en algunas sesiones determinadas, de modo que, cumplían las exigencias de la La Ley 489 de 1998 y, además, no se demostró que carecieran de la facultad de actuar en representación de las entidades respectivas, de modo que este cargo de la demanda no está llamado a prosperar.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda promovida contra el acto de nombramiento de la señora Mabel Astrid Moscote Moscote como gerente general del Canal Regional de Televisión del Caribe - Telecaribe Ltda., de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que estatutariamente se concibió como una empresa industrial y comercial del Estado por la conjunción de capitales procedentes de distintas entidades públicas y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
2. El acto acusado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es el Acuerdo 028 de 27 de julio de 2020, por medio del cual se nombró a la señora Mabel Astrid Moscote Moscote como gerente general del Canal Regional Telecaribe, para el periodo 2020-2023.
3. Problema jurídico
Conforme con la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar si debe declarar la nulidad del acto de elección de la señora Mabel Astrid Moscote como gerente general de Telecaribe, por infracción a norma superior y expedición irregular, por las siguientes razones:
(i) La Junta Administradora Regional de Telecaribe no designó como gerente general, a quien ocupó el primer lugar en la escala de mérito, esto es, el señor Harold Efraín Salazar Rodríguez quien obtuvo un 96%, en el puntaje asignado y, en cambio, procedió a elegir a la señora Mabel Astrid Moscote Moscote, quien ocupó el tercer lugar, con un puntaje del 88%.
(ii) Se vulneró el procedimiento de selección fijado por el ordenamiento jurídico, en tanto los miembros de la comisión accidental de la Junta Administradora Regional de Telecaribe no acreditaron la delegación de las entidades que representaban.
A continuación, la Sala se ocupará de cada uno de dichos problemas:
3.1. La no designación de quien ocupó el primer lugar
Según la parte actora, la Junta Administrativa Regional de Telecaribe eligió a la señora Mabel Astrid Moscote Moscote, ubicada en el tercer lugar, con un puntaje del 88%, cuando ha debido elegir al primero de los participantes, Harold Efraín Salazar Rodríguez, a quien se le otorgó el mayor puntaje en el “concurso de méritos”, por lo que se desconoció el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015, que consagra el mérito, la transparencia y participación ciudadana, como principios de este tipo de procesos de selección.
Es decir, el demandante parte de la premisa según la cual, la designación del Gerente de Telecaribe está precedida de la realización de un concurso de méritos de modo que se debe elegir a quien ocupe el primer lugar. La Sala anticipa que dicha postura no es de recibo, como pasa a explicarse.
Telecaribe está constituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 489 de 1998, goza de un amplio margen de autonomía administrativa, en virtud del cual puede darse sus propios estatutos, previa aprobación por parte del Gobierno Nacional.
Precisamente, en ejercicio de dicha potestad, en sus estatutos, adoptados mediante Acuerdo 504 de 2013, se determinó la forma de proveer el cargo de gerente general, así:
En consecuencia, como ya lo advirtió la Sala, “no hay duda de que el proceso de nombramiento está precedido por una etapa inicial de convocatoria pública, en la cual se hace el llamado a la ciudadanía en general que esté interesada en participar en el proceso, el cual es reglado por la referida junta; después, una de verificación de requisitos que tiene como finalidad conocer la idoneidad de cada uno de los participantes, para conformar un listado de tres personas “opcionadas” y, finalmente, una fase de nombramiento a cargo del citado órgano de dirección” .
Frente a esa primera etapa, esto es, la convocatoria pública, se debe enfatizar en que, a diferencia del concurso de méritos, aquélla se caracteriza por un margen de discrecionalidad que tiene el nominador.
Así, de manera reiterada, esta Corporación ha diferenciado dichos mecanismos de selección:
La Sala de Consulta y Servicio Civil abordó el tema en el concepto de 10 de noviembre de 2015, en el cual precisó:
(…) la Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos.
Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se encuentran en la “lista de elegibles”, aspecto que constituye el elemento diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272 de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la misma Carta. Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores públicos.
En consecuencia debe advertirse, como se evidencia también en los apartes del debate legislativo anteriormente transcritos, que el concepto de “convocatoria pública” pese a no ser equivalente al de “concurso público de méritos”, sí tiene elementos importantes de similitud con este último al compartir la misma razón jurídica: asegurar mediante un procedimiento reglado la mayor participación posible de interesados, la evaluación de sus méritos y la selección de los mejores candidatos a cada cargo.
A su turno, esta Sección, también ha tenido la oportunidad de establecer dichos rangos diferenciales, por ejemplo, en la sentencia de 10 de septiembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2019-00086-00, en la cual se acotó:
(…) 109. En el caso de la convocatoria se surte un procedimiento administrativo cuya finalidad es la difusión de la misma y garantizar la diversidad de perfiles a juicio del órgano que tiene a cargo el nombramiento y no la escogencia objetiva de un ganador que es la conclusión del concurso de méritos. En el concurso de méritos se surte una competencia entre los participantes a efectos de escoger el mejor, sin que haya consideraciones ajenas a las reglas objetivamente fijadas; mientras que en la convocatoria existe un margen de discrecionalidad, que en modo alguno implica arbitrariedad.
Recientemente, la Sala insistió en que no puede confundirse elección en virtud de concurso de méritos de aquella precedida de una convocatoria pública, por lo que sostuvo:
“54. Se recuerda que la jurisprudencia de la Sección ha distinguido entre designación como resultado de un concurso de méritos, de la que estuvo precedida de una convocatoria pública, reconociendo válidamente frente a esta última un “grado de discrecionalidad con la que cuenta la Corporación Pública que elige”, el cual está ausente del concurso, “que es un proceso enteramente objetivo, cuyo resultado depende únicamente de los puntajes obtenidos por los aspirantes durante el desarrollo del mismo. Es decir, en el concurso público el ganador será el concursante mejor calificado durante todo el proceso, mientras que en la convocatoria pública, será el votado por la corporación correspondiente, del listado de aspirantes que hayan superado todo el proceso, sin que necesariamente sea el mejor puntuado en las etapas anteriores”.”.
Conforme a los apartes destacados, es claro que “[e]l concurso público es el mecanismo establecido por la Constitución para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga en cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público, a fin de que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo”.
Entre tanto, si bien la convocatoria pública, en forma similar, busca preservar los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la designación del servidor, como lo ordena el inciso 4 del artículo 126 Superior, ello no desprovee del carácter discrecional inherente a la esencia del acto de elección que expiden las diferentes corporaciones públicas a quienes el legislador les ha atribuido el libre ejercicio de dicha función sin que la misma deba sujetarse a un criterio objetivo de escogencia, tal como sucede en los concursos de méritos.
En este caso, la Junta Administradora Regional, órgano que tiene la función de nombrar al gerente general de Telecaribe, tiene la potestad de escoger a cualquiera de los 3 opcionados. Es decir, no tiene el deber de elegir a quien obtenga la mejor puntuación en la segunda etapa, como lo planteó el demandante.
En este punto es pertinente recordar que esta Sala ha explicado: “Es decir, en el concurso público el ganador será el concursante mejor calificado durante todo el proceso, mientras que en la convocatoria pública, será el votado por la corporación correspondiente, del listado de aspirantes que hayan superado todo el proceso, sin que necesariamente sea el mejor puntuado en las etapas anteriores”.
De otra parte, como lo dijo la Sala en la providencia mediante la cual se negó la suspensión provisional en el presente proceso, se debe resaltar que, el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política, no puede aplicarse a la Junta Administradora Regional de Telecaribe, puesto que está dirigido a las corporaciones públicas, es decir, a aquellos cuerpos colectivos cuya conformación deviene del ejercicio democrático del derecho al voto, verbi gracia, el Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los concejos distritales o municipales y las juntas administradoras locales.
En otras palabras, si bien es cierto dicha norma constitucional “alude a la exigencia de la previa de convocatoria pública, se trata de un requisito que recae en la elección de servidores públicos en corporaciones públicas…”.
Precisamente, por considerar que solo son corporaciones las mencionadas, la Sala sostuvo, en auto reciente proferido dentro del proceso 11001-03-28-000-2021-00006-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, que:
“…no cabe duda que por disposición constitucional desde el año 2015 las designaciones a cargo de las corporaciones públicas, entre las cuales se encuentran los concejos municipales, deben estar precedidas de una convocatoria pública regulada por la ley y ceñirse a los postulados ahí expuestos.
Es oportuno reiterar que esta Sección ha señalado que mientras no se expida la ley correspondiente, las corporaciones tienen cierto grado de discrecionalidad para realizar la designación respectiva; discrecionalidad que no significa arbitrariedad y que en todo caso implica que la designación debe está precedida de una convocatoria pública, que no se asimila a un concurso de méritos y la cual a su vez deberá estar guiada y permeada por los principios constitucionales, toda vez que estos tienen aplicación directa”. (Negrilla añadida).
Adicionalmente, se ha precisado que “[e]n cuanto al artículo 126.4 de la Constitución Política se reitera el criterio según el cual, la exigencia de convocatorias públicas reglamentada por la ley, respecto de la elección de servidores públicos a cargo de corporaciones públicas de elección popular, aplica para las designaciones que no se rigen por normas especiales…”. (Negrilla del texto original, subraya añadida).
En virtud de lo expuesto, no cabe duda que el artículo 126-4 Superior, aplica para las designaciones que deben efectuar las corporaciones públicas elegidas por voto popular, cuando no haya norma especial que regule el procedimiento para la elección, por ejemplo, las previstas para los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (artículo 257A ibidem), de la Corte Constitucional (artículo 239 ibidem), entre otros.
Lo dicho, no es óbice para resaltar, como ya lo ha hecho la Sala retomando lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de 2020, que el artículo 126 de la Constitución, en su inciso 4, define una regla general para la elección de servidores públicos por parte de corporaciones públicas y que los principios que deben guiar la reglamentación de la convocatoria pública son: publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito.
Por tanto, las convocatorias públicas deben estar orientadas bajo los principios antes mencionados, los cuales “constituyen un marco general que siempre debe tenerse en cuenta, en tanto que concretan y desarrollan otras normas constitucionales que los hacen imperativos” .
Lo anterior, se acompasa a la finalidad de las convocatorias consistente en “dotar de publicidad y trasparencia el proceso de elección de servidores públicos y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de ingresar al servicio público”.
Ahora bien, cuando el órgano elector adelanta una convocatoria, está obligado a respetar las reglas que fije al efecto. Así lo ha reiterado esta Sala:
“Al respecto, esta Sección ha dicho:
“En otras palabras, para la Sala Electoral es totalmente viable en el caso concreto, (…), salvaguardar el principio de mérito sin tener que acudir a la figura del concurso, debido a que bastará con que se garantice que quien resulte designado a través de cualquiera de tales formas eleccionarias cumpla con las condiciones de capacidad e idoneidad que le permitan atender con solvencia las necesidades propias del cargo al que accede, para entender que dicho principio se satisfizo.
Por supuesto, no debe perderse de vista que sea fuere cual fuere la forma de designación por la que opte el nominador para armonizar el mérito con la facultad discrecional en la designación del jefe de control interno, lo cierto es que estará obligado a cumplir a cabalidad con las reglas fijadas para la designación, pues como ha sostenido esta Sección tales actuaciones se erigen como “un marco jurídico de obligatorio acatamiento para las partes que en ella intervienen, razón por la cual los lapsos, requisitos, formas de calificación, entre otros aspectos, que en ella se consagren son de estricta observancia…”
Esto es así, porque los actos a través de los cuales se convoca a la ciudadanía a participar para la designación de ciertos cargos “generan deberes y derechos recíprocos tanto para los interesados, como para la entidad pública que está llevando a cabo el respectivo procedimiento, razón por la cual dichas condiciones no solo permean y son transversales a toda la actuación administrativa, sino que además vinculan a la administración”.
Así las cosas, independiente de que se opte por un concurso o por otro mecanismo, lo cierto es que en cualquier evento la autoridad estará en la obligación de aplicar a cabalidad las reglas fijadas para la designación”.”
En ese orden, los Estatutos, artículo 15, habilitan al máximo órgano de dirección y administración del canal, para adelantar el trámite tendiente a elegir al gerente general, de modo que, para ello, debe sujetarse a los términos de la convocatoria, entre los cuales debe estar la previsión contenida en el mismo artículo, según cual, “como resultado del procedimiento se presentarán hasta tres (3) opcionados, de entre los cuales, la Junta Administradora Regional de TELECARIBE nombrará al Gerente”¸ como en efecto ocurrió.
En el presente caso, es claro por la norma estatutaria mencionada, invocada por la Junta Administradora Regional en la convocatoria, que este órgano elector tenía la potestad de designar a cualquiera de los 3 opcionados que, en todo caso, fueron los participantes que obtuvieron las mejores puntuaciones, como lo afirmó el demandante, aunque, en todo caso, se debe reiterar que, en las designaciones con ocasión de convocatorias públicas “los elegidos pueden ser aquellos que cumplieron todos los requisitos establecidos, aunque no hayan obtenido los puntajes más altos, desde luego, salvo que la convocatoria haya establecido tal condición…”.
Los anteriores argumentos resultan suficientes para despachar desfavorablemente este cargo, dado que, contrario a la postura del actor, la Junta Regional de Telecaribe, tenía la facultad de optar por cualquiera de los 3 postulados, independientemente de la puntuación que hayan obtenido en la fase de verificación de requisitos.
3.2. La comisión accidental
De acuerdo con la fijación del litigio, en punto a la actuación de la comisión accidental establecida en el proceso de escogencia del gerente general de Telecaribe, el demandante reprochó que no se acreditó la delegación de las entidades a las que representaba para efectuar la preselección, selección y designación del gerente, por lo cual se estima que se vulneró el trámite previsto en el artículo 15 de los Estatutos Internos de Telecaribe, contenidos en el Acuerdo 504 de 2013.
Al respecto se debe poner de presente que, los estatutos establecen que la dirección y la administración estarán a cargo de la Junta Administradora Regional y el Gerente, según lo dispone el artículo 8, cuya integración está contemplada en el artículo 9 así:
1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2. Departamento del Atlántico
3. Universidad de Cartagena
4. Departamento del Cesar
5. Departamento de Córdoba
6. Departamento de La Guajira
7. Departamento del Magdalena
8. Departamento de Sucre
9. Departamento de Bolívar
10. Universidad de Magdalena
11. Distrito de Barranquilla
Igualmente, se debe destacar que, dentro de las funciones de dicho órgano, están la de nombrar o remover al gerente de la entidad (numeral 9), y la de crear comités, comisiones o consejos asesores permanentes o transitorios, para el estudio, consideración y análisis de asuntos específicos, relacionados con su objeto social (numeral 27).
Ahora bien, en el artículo 5 del Acuerdo 620 de 2020 proferido por la Junta Administradora Regional, por medio del cual se abrió la convocatoria pública para proveer el cargo de gerente de Telecaribe, se dispuso la creación de la comisión accidental para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de los candidatos; la evaluación de la educación y experiencia adicional; dar respuesta a las observaciones presentadas por los aspirantes; y la consolidación de puntajes.
Asimismo, se indicó que estaría integrada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; la gobernación del Magdalena; la gobernación de Bolívar; la gobernación de Atlántico; la gobernación de Sucre; la Universidad del Magdalena y la Universidad de Cartagena, de modo que, las siguientes personas hicieron parte de ella:
María Cecilia Londoño Salazar – delegada del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones
Karen Gaviria Arcila – delegada de la gobernación de Sucre
Diana Acosta Miranda – delegada de la gobernación de Atlántico
Shirley Santamaría – delegada de la gobernación del Magdalena
Claudia Carmona Cárdenas – delegada de la gobernación de Bolívar
Jaime Noguera Serrano – delegado de la Universidad del Magdalena
Jorge Matson Carballo – delegado de la Universidad de Cartagena
De acuerdo con el decreto de pruebas, se allegaron al proceso los actos de delegación, así:
Entidad
Acto aportado
Gobernación del Magdalena
Decreto 176 de 20 de mayo de 2020 del jefe del ente territorial “por medio del cual se hace una delegación a la Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones del Departamento del Magdalena”, en el que se delegó la función de asistir y decidir, en nombre de esa entidad, como asistente a la sesión de la junta administradora de Telecaribe a realizarse el 20 de mayo de 2020, a partir de las 2:00 pm hasta las 4:30 pm.
También obra en el expediente la Resolución 357 de 24 de julio de 2020 “por medio de la cual se hace una delegación a la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Gobernación del Departamento del Magdalena” en el que se delegó la función de asistir y decidir, en nombre de esa entidad territorial, como asistente a la sesión de la junta administradora de Telecaribe a realizarse el 27 de julio de 2020, a las 10:00 am.
Gobernación de Bolívar
Oficio de 14 de mayo de 2020 suscrito por el gobernador y dirigido a Telecaribe, mediante el cual se delegó a Claudia Margarita Carmona Cárdenas, Jefe Oficina Comunicaciones y Prensa en la Gobernación de Bolívar, para que asistiera a la reunión virtual ordinaria del 20 de mayo de 2020, a partir de las 2:00 p.m.
Asimismo, se aportó el Decreto 256 de 11 de junio de 2020, “mediante el cual se efectúa una delegación para la participación del departamento de Bolívar en las reuniones de juntas administradora regional o juntas de socios de Telecaribe y se dictan otras disposiciones”, la cual recayó en el Jefe de la Oficina Asesora grado 115 código 04 de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa de la Secretaría Privada, para que representara al Departamento, en las reuniones de la junta administradora regional de Telecaribe.
Gobernación del Atlántico
Decreto 61 de 9 de enero de 2020, “por medio del cual se delega la representación de la gobernadora del departamento del Atlántico ante la junta directiva del canal regional del caribe - Telecaribe”, en el que se delegó a Diana Acosta Miranda para que representara a la gobernadora ante la Junta Directiva de Telecaribe.
También obra el memorial de 21 de julio de 2020, dirigido a Diana Acosta como representante legal de Telecaribe, el cual corresponde a un poder especial para la representación en reuniones de la asamblea general de socios de Telecaribe que se convocaran a partir de la fecha en que se suscribe el poder, otorgado por la gobernadora del Atlántico a Jair Niebles de Moya, asesor de despacho. El documento aparece firmado por la gobernadora, pero no por el asesor.
Gobernación de Sucre
Decreto 237 de 24 de abril de 2020, “por medio del cual se hace una delegación” mediante el cual, el gobernador delegó a Karen Gaviria Arcila, Secretaria Privada de la gobernación, para que, en nombre y representación del departamento, asistiera a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta administradora regional de Telecaribe.
Universidad del Magdalena
Documento de 19 de mayo de 2020 dirigido a la junta administradora regional de Telecaribe y/o junta general de socios de Telecaribe. En él, el rector otorgó poder al vicerrector administrativo Jaime Alfredo Noguera Serrano para que representara a la universidad en la reunión virtual ordinaria de la junta administradora regional o junta de socios de Telecaribe, a realizarse el 20 de mayo de 2020.
Se allegó documento de 10 de junio de 2020, dirigido a la junta administradora regional de Telecaribe y/o junta general de socios de Telecaribe. En él, el rector otorgó poder al vicerrector administrativo Jaime Alfredo Noguera Serrano para que representara a la universidad en las reuniones ordinarias y extraordinarias que se efectúen en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2020. El documento únicamente está suscrito por el rector.
Universidad de Cartagena
Poder de 20 de mayo de 2020 mediante el cual el rector de la institución otorgó poder a Jorge Matson Carballo para que representara los derechos de la institución y asumiera las obligaciones ante la reunión ordinaria virtual de socios de Telecaribe, el 20 de mayo del año 2020. El documento aparece suscrito por ambas personas.
También obra poder de 27 de julio de 2020, suscrito por las mismas personas y en similares términos, pero referido a la reunión extraordinaria de Telecaribe a realizarse en esa misma fecha.
Ministerio de tecnologías de la información
Comunicación de 24 de agosto de 2018, suscrita por Sylvia Cristina Constaín Rengifo como ministra, dirigida a María Cecilia Londoño Salazar, Asesor 1020-6 del Despacho del Viceministerio de Conectividad y Digitalización, en la que se señala:
Ahora bien, como lo planteó el Ministerio Público, el cargo en cuestión se debe analizar a partir del argumento en el cual se fundamentó, es decir, el desconocimiento del artículo 15 de los estatutos de Telecaribe que se reprodujo en el punto 3.1. el cual, en síntesis, dispone:
El cargo de Gerente es de libre nombramiento y remoción.
Su designación está a cargo de la Junta Administradora Regional.
El procedimiento para la selección consiste en la realización de una convocatoria pública mediante acuerdo de la Junta Administradora Regional, que determinará los parámetros, términos y condiciones que regirán el procedimiento, el cual deberá contener los requisitos académicos, experiencia y competencias laborales de Telecaribe.
El procedimiento estará a cargo de la Junta Administradora Regional de Telecaribe y para ello, podrá solicitar la asesoría de una entidad pública o privada especializada en la materia.
El procedimiento debe arrojar como resultado, hasta 3 opcionados, de los cuales, la Junta Administradora Regional nombrará al gerente.
De la norma en cuestión, se advierte que no se exige una delegación adicional para que los miembros de la Junta Administradora Regional a su vez, integren la comisión accidental encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de los candidatos; la evaluación de la educación y experiencia adicional; dar respuesta a las observaciones presentadas por los aspirantes; y la consolidación de puntajes.
Desde esa perspectiva, se tiene que, con ocasión de la integración de la comisión referida, no se trasgredió la norma señalada por el demandante.
En este punto, la Sala resalta que, según los estatutos, el nominador del cargo de gerente de Telecaribe es la Junta Administradora Regional y, para cumplir dicha tarea puede o no crear una comisión accidental que preste apoyo al efecto.
En este caso, la comisión estuvo integrada por 7 de los 11 miembros de la Junta, -y no por personas ajenas al máximo órgano directivo- de modo que, las tareas encargadas a aquélla bien pudieron ser adelantadas por la Junta en pleno, dado que tiene la competencia para adelantar el procedimiento previsto para la elección.
En ese sentido se pronunció la procuradora delegada ante esta Sección quien afirmó que “[e]n suma, dado que fue la propia Junta la que creó la comisión accidental integrada por algunos de sus miembros, no era necesaria una delegación especial para hacer parte de dicha comisión, como echó de menos el demandante. Cuestión diferente es que quienes fungieron como miembros de la Junta Administradora Regional no tuvieran la delegación de la respectiva entidad territorial o institución educativa, lo cual no fue objeto de cuestionamiento por parte del actor”.
Frente a este último punto, conviene resaltar que esta Sala ha sostenido que el ejercicio del medio de control de nulidad -siendo la nulidad electoral una especie de esta-, limita las facultades del juez a los precisos argumentos esgrimidos en la demanda, toda vez que este tipo de trámites se rigen por el principio de justicia rogada, por tanto, “el análisis de legalidad que se efectúa por parte del fallador se restringe no solo a los cargos sino también a los precisos argumentos esgrimidos por el actor en su demanda; es decir, la competencia de la Sala en este caso está circunscrita a los argumentos del demandante respecto del acto acusado por lo que no es posible hacer estudios oficiosos adicionales”.
Por tanto, una vez establecido que no desconoció el artículo 15 de los estatutos en cuanto a la integración de la comisión accidental, se debe advertir que escapa al objeto del presente proceso emitir pronunciamiento acerca de la representación de cada una de las entidades que componen el máximo órgano de dirección y administración de Telecaribe, esto es, la Junta Administradora Regional.
Se insiste, el cuestionamiento del actor se refirió a la integración de la comisión accidental (cuestión frente a la cual la demandada y la vinculada se pronunciaron en ejercicio de su derecho de defensa) y no de la Junta propiamente dicha.
En ese orden de ideas, este cargo no está llamado a prosperar, por cuanto no desconoció el artículo 15 de los estatutos de Telecaribe.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de nulidad electoral de la elección de de la señora Mabel Astrid Moscote Moscote como gerente general del Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda - Telecaribe, periodo 2020-2023.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
No precisó cuál, ni efectuó ninguna citación. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat0ivo. “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.”
El Acuerdo No. 504 de 28 de febrero de 2013 “Por medio del cual se adoptan los estatutos internos del canal regional de televisión del Caribe limitada TELECARIBE”, prescribe en el artículo 3º sobre la naturaleza jurídica del canal lo siguiente: “TELECARIBE es una sociedad entre entidades públicas, de responsabilidad limitada, constituida por medio de la escritura pública número 875 del 28 de abril de 1988 otorgada ante la Notaría Única de Valledupar, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al orden Nacional. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en especial el artículo 115 de la Constitución Nacional, el artículo 85 de la Ley 489 y el Decreto 3100 de 1984.”. Acuerdo 80 de 2019. Artículo 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.”
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 29 de octubre de 2020, expediente: 11001-03-28-000-2020-00079-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-06-000-2015-00182-00, C.P. Álvaro Namén Vargas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00602-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 17 de junio de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2021-00006-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia T-090 de 2013, MP Luis Ernesto Vargas Silva. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00602-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 29 de octubre de 2020, mediante el cual se negó la medida cautelar en el presente proceso. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de mayo de 2020, expediente: 11001-03-28-000-2021-00009-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sobre la interpretación del artículo 126 constitucional consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Expediente 70001-23-33-000-2016-00011-02. M.P: Alberto Yepes Barreiro y Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 27 de octubre de 2016. Radicación Expedientes 63001-23-33-000-2016-00055-01 y 63001-23-33-000-2016-0043-00 (acumulado) M.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00602-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 17 de junio de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2021-00006-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Ibidem. Corte Constitucional, sentencia SU-355 de 2020, citada por la Sección Quinta, en auto de sala de 17 de junio de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2021-00006-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, sentencia del 3 de agosto de 2018, Radicado: 11001-03-28-000-2014-00128-00 MP. Alberto Yepes Barreiro. Ibidem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 17001-23-33-000-2018-00019-02.
Providencia del 19 de septiembre de 2018. M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00602-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 17 de junio de 2021, expediente: 11001-03-28-000-2021-00006-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de febrero de 2020, expediente: 11001-03-24-000-2019-00319-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
11001-03-28-000-2020-00079-00
Demandante: Romeo Edinson Pérez Ortiz
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co
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