Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01672-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01672-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01672-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-01672-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANDREA PAOLA TAVERA CUERVO
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS
RAZONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE PROVIDENCIA. NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD,
TODA VEZ QUE EL INCIDENTE DE NULIDAD Y LA SOLICITUDES DE
ACLARACIÓN Y ADICIÓN FORMULADOS CONTRA EL AUTO
CUESTIONADO AÚN NO HAN SIDO RESUELTOS Y, ADEMÁS, EL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL DENTRO DEL QUE SE
PROFIRIÓ EL CITADO PROVEÍDO SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, INTIMIDAD Y
BUEN NOMBRE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 17 de junio de 2024, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1
En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-01672-01
Actora: ANDREA PAOLA TAVERA CUERVO
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora ANDREA PAOLA TAVERA CUERVO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la intimidad y al buen nombre,
los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO2 al haber proferido la providencia de 14 de
marzo de 2024, dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 15001-23-33-000-
2023-00428-01.
I.2.- Hechos
Señaló que participó como candidata al Concejo Municipal de
Duitama, por el partido “Polo Democrático Alternativo” para el
período constitucional 2024-2027.
2
En adelante la Sección Quinta.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-01672-01
Actora: ANDREA PAOLA TAVERA CUERVO
Afirmó que los señores John Anderson Valderrama Lombana y José
Luis Valenzuela Rodríguez, de manera ilegal, utilizaron algunas
publicaciones que divulgó en sus redes sociales durante el curso de
su campaña, para efectuar señalamientos de doble militancia en
contra del señor JOSÉ LUIS BOHÓRQUEZ LÓPEZ quien fue elegido
como alcalde municipal de Duitama, para el período constitucional
2024-2027.
Manifestó que el 14 de noviembre de 2023 los señores John Anderson
Valderrama Lombana y José Luis Valenzuela Rodríguez, presentaron
demanda de nulidad electoral contra el formulario “E-26 ALC” de la
Comisión Escrutadora Municipal de Duitama que declaró alcalde
electo del Municipio de Duitama al señor JOSÉ LUIS BOHÓRQUEZ
LÓPEZ para el período constitucional 2024-2027, por presuntamente
incurrir en doble militancia al apoyar su candidatura al Concejo
Municipal.
Adujo que como material probatorio los señores John Anderson
Valderrama Lombana y José Luis Valenzuela Rodríguez, adjuntaron
unas imágenes y videos que fueron sustraídos de sus redes sociales
sin su autorización y, además, fueron manipulados y puestos en un
contexto diferente, con el objeto de probar que el señor JOSÉ LUIS
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Actora: ANDREA PAOLA TAVERA CUERVO
BOHÓRQUEZ LÓPEZ incurrió en doble militancia en la modalidad de
apoyo a candidaturas que no contaban con el aval del movimiento
político al que pertenecía y que no hacían parte del acuerdo de
coalición programática o política.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 15001-23-33-000-2023-00428-00 y le correspondió por
reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ3 que,
mediante auto de 14 de diciembre de 2023, admitió la demanda y
denegó la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión
provisional del acto de elección del señor José Luis Bohórquez López
como alcalde de Duitama.
Indicó que inconforme con lo anterior, el señor José Luis Valenzuela
Rodríguez interpuso recurso de apelación el cual fue asignado por
competencia a la SECCIÓN QUINTA que, mediante providencia de
14 de marzo de 2024, revocó el numeral primero del auto de 14 de
diciembre de 2023 y, en su lugar, accedió a la medida cautelar
consistente en la suspensión provisional de los efectos del acto de
elección del señor José Luis Bohórquez López como alcalde de
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En adelante el Tribunal.
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Duitama.
Aseguró que estando en curso la segunda instancia, presentó a la
SECCIÓN QUINTA solicitud de coadyuvancia de la parte
demandada, formuló recusación contra los magistrados de la
SECCIÓN QUINTA y presentó incidente de nulidad contra el auto de
14 de marzo de 2024 que accedió a la medida cautelar.
Igualmente, recalcó que durante el curso de la actuación electoral ha
formulado diferentes solicitudes de exclusión probatoria, al
considerar que las pruebas aportadas por los actores fueron
obtenidas de manera ilegal e ilícita.
En ese sentido, informó que presentó acción de tutela contra el
TRIBUNAL con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre. En dicha
oportunidad, pidió la exclusión de los elementos probatorios
aportados al proceso de nulidad electoral, los cuales consideró que
fueron extraídos de sus redes sociales de manera ilegal.
Arguyó que la acción de tutela aludida fue identificada con el número
único de radicación 11001-03-15-000-2023-07370-00 y atribuida
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para su trámite en primera instancia a la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO que, mediante sentencia de 25 de enero de
2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al no evidenciar
una acción u omisión por parte de la autoridad que implique una
vulneración. Esta decisión no fue impugnada.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la providencia cuestionada atenta contra sus derechos
fundamentales a la honra, buen nombre, debido proceso y vida
digna, ya que debido a la suspensión del nombramiento del señor
José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, ha sido
sometida a una serie de señalamientos e insultos por parte de la
comunidad.
Igualmente, señaló que la SECCIÓN QUINTA incurrió en el defecto
fáctico, en tanto la decisión cuestionada no contó con el suficiente
apoyo probatorio para declarar la suspensión provisional del acto de
elección, pues aceptó pruebas que fueron aportadas de manera
fraudulenta y sin el lleno de requisitos legales.
Recalcó que “[…] el análisis somero que debió efectuarse de las
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pruebas y la consideración de pruebas nulas de pleno derecho por
ser atentatorias del debido proceso, asimismo incurrió en
prejuzgamiento al realizar un análisis tan profundo de la solicitud
de medida cautelar, al punto de considerarse que se trata de una
sentencia judicial y no la apelación de un auto que busca la
declaratoria de medida cautelar […]”.
Asimismo, aseguró que la SECCIÓN QUINTA incurrió en violación
directa de la Constitución, por cuanto le dio valor a pruebas que
debieron ser excluidas del debate por haber sido obtenidas de
manera ilícita e ilegal trasgrediendo el debido proceso, omitiendo el
criterio de la sana crítica y la regla de la experiencia.
Manifestó que la valoración probatoria vulneró sus garantías
constitucionales, por cuanto “[…] la sola captura de pantalla no puede
ser valorado como una prueba documental, sino como un indicio,
pues darle un valor probatorio de un documento que puede ser
alterado, modificado o aportado con mala fe para dar apariencia de
buen derecho. Una simple captura de pantalla no puede tener
suficiente fuerza para demostrar que el señor José Luis Bohórquez
incurrió en doble militancia, por el contrario, llegar a esa conclusión
denota prejuzgamiento por parte del Consejo de Estado, pues las
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capturas de pantalla de imágenes o de vídeo por sí sola no tienen la
fuerza para determinar la supuesta nulidad y violación a la
constitución en la que se incurrió por parte del demandado […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos
fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA: Se declare que el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, el derecho a la intimidad y el
buen nombre de la señora Andrea Paola Tavera Cuervo al proferir
el Auto de Segunda Instancia del 14 de marzo de 2024 en el
expediente No. 15001233300020230042801 en el medio de
control de nulidad electoral por las razones expuestas en el
presente escrito de acción de tutela; en consecuencia;
SEGUNDA: Se deje sin efectos la decisión contenida en el Auto de
Segunda Instancia del 14 de marzo de 2024 que revocó el numeral
primero del Auto del 14 de diciembre de 2023 proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 en el
expediente No. 15001-23-33-000-2023-00428-01, y accedió a la
medida cautelar pretendida de suspensión provisional del acto de
elección.
TERCERA: las demás que el Juez de tutela considere necesarias
para garantizar y prevenir el perjuicio irremediable impetrado a mis
garantías constitucionales de carácter fundamental vulneradas por
el citado fallo y por las demás actuaciones omisivas dentro del
proceso de nulidad electoral en mención […]”. (Negrilla pertenece
al texto).
I.5.- Defensa
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I.5.1.-La SECCIÓN QUINTA manifestó oposición a los cargos
formulados en la acción de tutela, al considerar que la actora no
cuenta con legitimación en la causa por activa para actuar, pues,
consideró que si bien fue reconocida por el TRIBUNAL como
coadyuvante del señor José Luis Bohórquez López en la audiencia
inicial que se llevó a cabo el 13 de febrero de 2024, a su juicio, dicha
circunstancia no le otorga la calidad de parte. Por lo tanto, no es
posible admitir que la actora tenga una participación en sede
electoral que le permita accionar por el demandado.
En ese sentido, indicó que debe declararse la improcedencia de la
solicitud de amparo, dado que la actora carece de legitimación en la
causa para incoar la acción constitucional.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, vinculado en calidad
de tercero con interés directo en las resultas del proceso, advirtió
que no goza de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no
es la entidad competente para pronunciarse y emitir una respuesta
respecto de las pretensiones de la actora.
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I.6.2.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del
proceso, solicitó su desvinculación del trámite constitucional en razón
a la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Recalcó que la entidad en el contexto de sus competencias y
funciones no tiene injerencia en las decisiones que profieren los
jueces y magistrados de la República, por lo tanto no podría reparar
los perjuicios invocados por la actora.
I.6.3.- El señor JOSE LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ, vinculado
en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,
solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la acción
de tutela, por cuanto la presunta vulneración de las garantías
fundamentales de la actora no ha tenido lugar.
I.6.4.- El señor JOSÉ LUIS BOHÓRQUEZ LÓPEZ, vinculado en
calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,
manifestó su apoyo a las pretensiones formuladas por la actora,
solicitó una revisión crítica de la decisión cuestionada y la adopción
de medidas para corregir las irregularidades relacionadas con la
valoración de las pruebas que sirvieron de fundamento en la
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resolución del asunto cuestionado.
I.6.5.- Los señores JHON VALDERRAMA LOMBANA, JUAN
CARLOS MADERO MENDIETA y LAURA ISABEL PULIDO FUYA,
vinculados en calidad de terceros con interés directo en las resultas
del proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron
silencio.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de
17 de junio de 2024, declaró improcedente el amparo al considerar
que no se encontraron satisfechos los requisitos generales de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
Señaló que los motivos expuestos en la solicitud de amparo no tornan
imperativa la intervención del juez constitucional, ya que la
pretensión de excluir las pruebas que a la postre tendrán incidencia
en la decisión final constituye un asunto que debe ser planteado y
zanjado dentro del respectivo proceso judicial.
Asimismo, señaló que la solicitud de amparo no cumple con el
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requisito de subsidiariedad, ya que no es factible que la parte actora
emplee la acción de tutela cuando el auto objeto de censura no se
encuentra debidamente ejecutoriado y la actuación judicial aún está
en trámite.
Sostuvo que “[…] aún no se han decidido unas solicitudes de adición,
aclaración y nulidad contra el auto objeto de censura, en esa medida,
la decisión allí adoptada no ha quedado ejecutoriada, conforme lo
prevé el artículo 302 del Código General del Proceso (CGP) y no se
ha emitido pronunciamiento alguno respecto de la anulación de esas
diligencias con fundamento en la indebida incorporación de pruebas,
por tal razón, tampoco es viable para el juez de tutela efectuar algún
tipo de control de constitucionalidad sobre ella […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,
reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito
introductorio.
Igualmente señaló que la acción de tutela es el mecanismo procesal
idóneo para garantizar la protección de sus derechos fundamentales,
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en razón a que ha interpuesto diferentes actuaciones judiciales para
lograr el amparo de sus derechos, pero ninguna ha sido efectiva.
Recalcó que la autoridad judicial cuestionada, incurrió en el defecto
fáctico pues dio por probados hechos que no son ciertos y de los que
de ninguna manera puede pregonarse la doble militancia
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL formularon
petición de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva en la presente acción de tutela.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
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dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL actúan como
terceros intervinientes dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 15001-23-
33-000-2023-00428-00, objeto del presente estudio, la Sala
concluye que a las citadas entidades les asiste interés en la decisión
de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se
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denegará las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
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dejen sin efecto el proveído de 14 de marzo de 2024, proferido por
la SECCIÓN QUINTA dentro del medio de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 15001-23-33-000-
2023-00428-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, a la intimidad y al buen nombre,
habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto fáctico, ya que la decisión
cuestionada no contó con el suficiente apoyo probatorio para declarar
la suspensión provisional del acto de elección, pues aceptó pruebas
que fueron aportadas de manera fraudulenta y sin el lleno de los
requisitos legales.
Asimismo, aseguró que la SECCIÓN QUINTA incurrió en violación
directa de la Constitución, por cuanto le dio valor a pruebas que
debieron ser excluidas del debate por hacer sido obtenidas de
manera ilícita e ilegal trasgrediendo el debido proceso, omitiendo el
criterio de la sana crítica y la regla de la experiencia.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 17 de junio de
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2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se
encontró satisfecho los requisitos generales de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
Inconforme con lo anterior la actora formuló recurso de impugnación
frente a la decisión proferida en primera instancia, en el que reiteró
los argumentos expuestos en el escrito inicial y, además, señaló que
la acción de tutela es el mecanismo procesal idóneo para garantizar
la protección de sus derechos fundamentales, toda vez que ha
interpuesto diferentes actuaciones judiciales para lograr el amparo
de sus derechos, pero ninguna ha sido efectiva.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en establecer si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo
cual, en primer lugar, se debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN QUINTA vulneró los derechos fundamentales deprecados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
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providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
• Del requisito de subsidiariedad
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
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derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Asimismo, esta Sección5 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite
el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,
señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
4
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.
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procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de
las actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI se
logra evidenciar que contra la providencia cuestionada, esto es, el
proveído de 14 de marzo de 2024, se formularon las siguientes
solicitudes:
• Solicitud de aclaración y adición formulada por el apoderado
del señor José Luis Bohórquez López, el 18 de marzo de
20246.
6
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/150012333000
20230042801/EED9699BD9F129DE8CF8B64705A6E68AD61868E449AD854B57A5917F8BE8A340/2
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• Solicitud de nulidad formulada por la actora el 18 de marzo de
20247, en la que invocó las causales 5°, 6° y 8° del artículo
133 del Código General del Proceso.
Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, no solo porque las solicitudes de nulidad,
aclaración y adición contra el auto cuestionado aun no han sido
resueltas, sino que, además, el medio de control de nulidad electoral
dentro del que se profirió el citado proveído se encuentra en curso8,
pues hasta la fecha el TRIBUNAL no ha proferido el fallo de primera
instancia.
En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción
constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por
cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para
hacer valer los derechos que la actora estima vulnerados y mal haría
7
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/150012333000
20230042801/2D297F604BA4DDEEC23008657ECBAD15556BADC728EB8BE4A34B653E53BE91D7/2
8
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000202300
428011100103
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el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas
al juez de conocimiento.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 9 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora, pero
por las razones expuestas, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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