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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01725-00

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01725-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora Gloria María Albertina Espinosa de Villa, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. 12 Al respecto consultar sentencia T-186 de 2017 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa. 13 Al respecto consultar sentencia Su 772 de 2014 con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-01725-00 Demandante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01725-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01725-00
Demandante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-01725-00
Demandante GLORIA MARÍA ALBERTINA ESPINOSA DE VILLA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEXTA DE
DECISIÓN
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad: La subsidiariedad: proceso judicial en curso. Tutela
contra auto que decreta medida cautelar en medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Gloria María Albertina Espinosa de Villa, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de abril de 20241, la señora Gloria María Albertina Espinosa de Villa, actuando
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia porque considera que el auto del
22 de febrero de 2024, proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento de
derecho Nro. 05001-33-33-028-2021-00309-01 afecta sus derechos al debido
proceso, mínimo vital y vida digna.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: RECONOCER y TUTELAR el derecho fundamental al Debido Proceso,
seguridad social, Mínimo Vital, Vida Digna al cual se tiene derecho en virtud de lo establecido
en la Constitución Política de Colombia de la Sra. GLORIA MARÍA ALBERTINA ESPINOSA
DE VILLA.
SEGUNDO: DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
SEXTA DE DECISIÓN en la decisión adoptada por la magistrada ponente VANNESA
ALEJANDRA PEREZ ROSALES en el que REVOCA el auto de 11/5/2023 del Juzgado 28
Administrativo del Circuito de Medellín, la cual fue plasmada en proveído fechado del 22 de
febrero del 2024 (archivo denominado: 7_AUTOQUEREVOCAI11931620136NL05001320240222155534.pdf ),
incurrió en vía de hecho: Defecto fáctico y Procedimental, violación de la Constitución Política
de Colombia, Defecto material o sustantivo, y Desconocimiento del precedente.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA SEXTA DE
DECISIÓN para que deje sin efectos su decisión adoptada, y en este sentido niegue la medida
cautelar, confirmando la decisión del Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Medellín.».

1 Índice 2 en Samai.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01725-00
Demandante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) promovió demanda de nulidad y restablecimiento de
derecho contra Gloria María Albertina Espinosa de Villa en el que solicitó como
medida cautelar la suspensión provisional de las Resoluciones 1893 del 15 de
febrero de 2007 y la 51473 del29 de abril de 2011, en las que se reliquidó la
pensión gracia de la demandada.

La petición de la suspensión provisional se justificó en que las resoluciones
incluyeron factores salariales, como la prima de vida cara o prima de carestía,
creada por corporaciones públicas de elección popular sin competencia para
ello.

La entidad demandante defiende que la reliquidación de la pensión con
inclusión de estos factores es arbitraria y causa un perjuicio para la entidad,
ya que las asambleas departamentales no tienen la competencia para crear
primas y factores salariales.

Al proceso le correspondió la radicación nro. 05001-33-33-028-2021-00309-01.

2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 28
Administrativo del Circuito de Medellín, que, en providencia del 11 de mayo de
2023 negó la medida cautelar porque no encontró que los actos
administrativos impugnados contrariaran de manera evidente el ordenamiento
jurídico, pues, aunque se argumentó la nulidad de las normas que crearon el
factor salarial de la prima de carestía, estimó necesario determinar durante el
proceso si esta nulidad aplica al caso concreto.

Agregó que tampoco se acreditó la concreción de un perjuicio irremediable en
caso de no suspender provisionalmente los efectos de la resolución
impugnada.

2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia
referida y advirtió que la solicitud de la medida cautelar se fundamenta en la
flagrante violación de normas constitucionales y legales.

2.4. En providencia del 22 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión resolvió la apelación en el sentido de
revocar la determinación de primera instancia.

Como fundamento de su decisión, dijo que la solicitud de medida cautelar
cumple con los requisitos del artículo 231 del CPACA, porque las resoluciones
vulneran normas superiores al incluir factores salariales extralegales en la
liquidación de pensiones, lo que afecta el patrimonio público y los recursos
destinados a la seguridad social.

Se estima pertinente relacionar el siguiente aparte de la providencia:
«17. Así las cosas, las normas departamentales que crean la prima de vida cara o de carestía,
la prima de clima y la prima de licenciado han sido inaplicadas en reiterada jurisprudencia y

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anuladas recientemente, por falta de competencia de la Asamblea Departamental para crear
factores salariales, menos aún con incidencia en la liquidación de las pensiones.

18. Revisadas las resoluciones 01893 de 15/2/2007 y 51473 de 29/4/2011 (03 p.22-24 – 46-
50), se advierte que incluye en la base de liquidación de la mesada reliquidada, la prima de
vida cara de 1989 y 1990, esto es, un emolumento creado por una Corporación del orden
territorial, factor que incrementa el monto de la mesada que debe pagar mes a mes la UGPP.
19. De acuerdo con la línea jurisprudencial expuesta, salta a la vista que tales actos
administrativos vulneran las normas superiores porque no es procedente la inclusión de
factores salariales extralegales en la liquidación de las pensiones reconocidas a docentes
(…)
Se suspende entonces provisionalmente las resoluciones 1893 de 15/2/2007 y 51473 de
29/4/2011 Por la cual se reliquida una pensión gracia por nuevos factores salariales, en forma
parcial, esto es, en cuanto incluye la “prima de vida cara” como factor en la liquidación que
hace parte de las consideraciones, por no ajustarse a las normas superiores invocadas,
conforme se ha expuesto.»

3. Fundamentos de la acción

3.1. La parte actora adujo que la acción de tutela supera los presupuestos
generales de procedibilidad. Relativo a la relevancia constitucional, mencionó
que las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, la seguridad social, vida digna y mínimo vital.

Agregó que se cumplen los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad. El
primero porque entre la notificación de la providencia acusada y la petición de
amparo no transcurrieron más de 5 meses. El segundo, porque se discute el
auto que resolvió la apelación contra la medida cautelar respecto del cual no
proceden recursos.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, alegó la concreción del defecto fáctico y
procedimental consistente en la falta de respaldo probatorio de las
conclusiones expuestas en la providencia acusada. En primer lugar, destacó
que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el material obrante
dentro del expediente, otorgando la medida cautelar sin el sustento probatorio
exigido para el decreto de la medida cautelar.

De igual manera, se mencionó que el Tribunal, a pesar de no ser competente
en la etapa procesal, consideró como probadas situaciones jurídicas que no
eran susceptibles de aseveración en la etapa procesal de medida cautelar, ya
que este es un acto propio de la sentencia.

Por otra parte, también arguyó la concreción del defecto sustantivo, porque la
decisión del Tribunal se tomó en oposición a los principios constitucionales del
debido proceso en relación con la seguridad social, el mínimo vital y la vida
digna, lo que resultó en la vulneración de los derechos adquiridos y en la
concreción del defecto por violación directa a la Constitución Política.

Además, señaló que la providencia acusada contradice el precedente
constitucional, ya que, en relación con los derechos adquiridos, se manifiesta
que el Constituyente de 1991, de manera clara y expresa, se refirió a ellos al
establecer la garantía de la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos conforme a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos
ni vulnerados por leyes posteriores

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4. Trámite impartido e intervenciones.

4.1. En auto del 16 de abril de 2024, del despacho ponente admitió la tutela
presentada por la señora Gloria María Albertina Espinosa de Villa en contra de
la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. También,
vinculó en calidad de terceros a la UGPP y al Juzgado 28 Administrativo del
Circuito de Medellín por su calidad de sujetos procesales en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho analizado.

4.2. El Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Medellín, por conducto del
titular del despacho, dijo que no vulneró ningún derecho fundamental de la
actora. Recordó que en primera instancia negó la petición de medida cautelar,
pero la decisión fue posteriormente revocada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia por lo que no le es imputable la vulneración ius fundamental
invocada en la demanda de tutela. Sin embargo, manifestó que acogerá la
posición asumida por el juez constitucional en el fallo de tutela.

4.3. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por
conducto de la ponente del auto acusado, aseguró que decretó la suspensión
provisional de las resoluciones 1893 de 15 de febrero de 2007 y 51473 de 29
de abril de 2011, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado
que considera inaplicables las normas territoriales que crean factores
salariales y que la inclusión de factores extralegales en la reliquidación de una
mesada pensional causa un detrimento al patrimonio público.

El Tribunal advirtió que su decisión se fundamentó en las normas procesales
y sustanciales aplicables al caso, así como en la jurisprudencia vigente.
Además, señaló que acatará la decisión que adopte el Consejo de Estado
como juez de tutela.

4.4. La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, a través de la Subdirectora de Defensa Judicial Pensional
(E), indicó que solicitó el decreto de las medidas cautelares en el proceso de
nulidad y restablecimiento porque el acto administrativo demandado ponía en
riesgo la sostenibilidad fiscal.

Por lo tanto, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia
no puede ser catalogada como vía de hecho susceptible de protección
constitucional, ya que con ella se pretende sustituir una decisión judicial
proferida por el juez natural de la causa.

Además, la UGPP afirma que la medida cautelar se fundamenta en la flagrante
violación de normas constitucionales y legales, así como en la necesidad de
resarcir los perjuicios ocasionados a la administración.

Por otro lado, indicó que, aunque la señora Gloria María Albertina Espinosa de
Villa adujo que la decisión judicial afecta gravemente sus derechos
fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital, no presenta
pruebas sumarias que lo demuestren. También, informó que la demandada se
encuentra activa en nómina de pensionados, la cual es pagada de forma
periódica, desvirtuando así la afirmación de que sus derechos fundamentales
están siendo afectados por la decisión judicial.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido unos requisitos generales3 y
especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso

3. Planteamiento del problema jurídico

Según los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si la solicitud
de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad, en especial, el de
subsidiariedad debido a que se cuestiona un auto interlocutorio emitido en un
proceso judicial en curso.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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De superar dicho análisis y si se encuentran acreditados los demás requisitos
generales de procedibilidad, se determinará si la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en defecto procedimental absoluto, defecto
fáctico, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución y en desconocimiento
del precedente al proferir el auto del 22 de febrero de 2024 en el que revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, decretó la suspensión de los efectos
de los actos administrativos demandados.

4. Alcance del requisito de subsidiariedad como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y su
análisis en el caso concreto

4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.” A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros
medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.

La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20156 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun
cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como
mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela."7

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha
servido para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a
las personas valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces
para la defensa de sus derechos8.

Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede
llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe

6 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
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otro medio de defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se
pretende evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto
de especial protección constitucional. Lo anterior, en consideración a que la
finalidad de la acción de amparo es la protección de derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro
medio de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable.
Circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal
del amparo constitucional.

En principio, si el proceso se encuentra en curso, la intervención del juez de
tutela está vedada, por virtud del principio de subsidiariedad, que señala que
la tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo a los legalmente
establecidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-113 de 2013, la Corte
Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra en curso la intervención del
juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».

Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la
intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino
cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el
amparo».

4.2. La señora Gloria María Albertina Espinoza de Villa pretende que a través de
la acción de tutela se deje sin efectos el auto del 22 de febrero de 2024 en el
que el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera
instancia para, en su lugar, decretar la medida cautelar de suspensión
provisional de las Resoluciones 1893 del 15 de febrero de 2007 y 51473 del
29 de abril de 2011, en las que se reliquidó la pensión gracia de la demandante
teniendo como factor salarial, entre otros, la prima de carestía.

Conviene advertir que en el numeral tercero del auto acusado se ordenó a la
UGPP que «mientras se decide de fondo el presente asunto, pague a GLORIA MARÍA
ALBERTINA ESPINOSA DE VILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 21.315.654,
una mesada pensional liquidada con exclusión del factor prima de vida cara.»

En consideración de la actora el Tribunal erró al acceder a la suspensión
provisional de los actos administrativos demandados sin considerar que la
solicitud no acreditó los requisitos del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 para
tal fin. Asimismo, reprochó que la accionada no tuvo en cuenta que la medida
de cautela reposa sobre una pensión liquidada y recibida de buena fe respecto
de la que ya hay un derecho adquirido y que la beneficiaria es una persona de
avanzada edad cuyo sustento depende de ese ingreso.

4.3. Ahora bien, como se indicó, al estudiar el requisito de subsidiariedad en
materia de tutela contra providencia judicial, pueden suceder dos escenarios:
que el proceso judicial haya concluido o que se encuentre en curso, como
ocurre en este caso. En principio, si el proceso se encuentra en curso, la
intervención del juez de tutela es aún más restrictiva, por virtud del principio

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de subsidiariedad, que señala que la tutela no es un mecanismo alternativo o
paralelo a los legalmente establecidos9.
La Corte Constitucional10 ha manifestado que las razones que explican esta
procedencia excepcionalísima, en el caso de los autos interlocutorios cuando
el proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias
judiciales definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de
controvertir las decisiones a través de los mecanismos que disponga la Ley
para tal fin; además (iii) tienen la posibilidad de recurrir la decisión final.
De lo anterior deriva que, procederá de manera excepcionalísima la acción de
tutela, aunque el proceso judicial esté en curso, cuando: la protección de los
derechos presuntamente conculcados no se pueda procurar a través de otros
medios de defensa y se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes
contra la decisión que se ataca; cuando a pesar de existir otros mecanismos
de defensa judicial estos no son idóneos; y/o cuando la protección
constitucional es urgente para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
4.4. Es claro que la accionante discute el auto que decretó medidas cautelares en
un proceso judicial que se encuentra en trámite. Es decir, que está en curso el
mecanismo judicial por excelencia para lograr la garantía de sus derechos
fundamentales, más aún si se tiene en cuenta que las normas procesales han
establecido medios y recursos que pueden ser ejercidos por las partes para
alegar presuntas irregularidades y que sea el juez de la causa quien se
pronuncie sobre el particular en las diferentes instancias del medio de control.
En esa medida, ya que en el caso concreto se encuentra en trámite la primera
instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, es
el juez ordinario quien debe decidir sobre la legalidad de los actos
administrativos demandados atendiendo a los argumentos de las partes.
4.5. Ahora, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática al indicar que la
identificación de un mecanismo principal de protección de derechos no habilita
de plano la declaración de improcedencia de la acción de tutela, es necesario,
que el juez constitucional estudie si la herramienta judicial comporta los
requisitos de idoneidad y eficacia para proteger los derechos presuntamente
afectados, de cara con la posible configuración de un perjuicio irremediable.
4.5.1. El requisito de idoneidad hace referencia a la aptitud del mecanismo
judicial para producir un efecto protector de los derechos
fundamentales11.
Como en el caso concreto se acusa la vulneración de los derechos al
debido proceso, mínimo vital y vida digna por la omisión en la valoración
de los medios de convicción aportados con la demanda, por la indebida
aplicación de las normas sustanciales y el desconocimiento del
precedente judicial de las altas Corporaciones es claro que, el proceso
ordinario es el mecanismo judicial principal para lograr la protección de
los derechos presuntamente conculcados, pues la revisión por parte juez
natural de la causa, que es autoridad judicial especializada en la materia,

9 Corte Constitucional. Sentencia T-126 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales.
11 Este concepto ha sido relacionado en las sentencia: T-211 de 2009, T-470 de 2009, T-1054 de 2010, T-480
de 2011, T-662 de 2013, SU-772 de 2014, T-040 de 2016 y T-186 de 2017.
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otorga la garantía de que luego de surtida la etapa probatoria se proceda
con la valoración de los medios de prueba, se analicen los aspectos
sustanciales del litigio y se verifique que el trámite del asunto se
desarrolló de conformidad con las prerrogativas del debido proceso.
4.5.2. Ahora, el requisito de eficacia hace referencia a la potestad del
mecanismo judicial de brindar un amparo eficaz, oportuno e integral de
los derechos12, no obstante, la jurisprudencia constitucional ha aclarado
que el examen del requisito no se puede restringir a la mera
consideración respecto de la prontitud para resolver el conflicto, pues
parece obvio que en todo caso la acción de tutela, en atención a los
principios que la rigen, desplazaría las demás jurisdicciones13.
4.6. Bajo este contexto, es claro que ante el incumplimiento del requisito formal
de subsidiariedad no puede esta Sala entrar a pronunciarse de fondo frente
a las inconformidades relacionadas por la accionante, pues existe un recurso
idóneo y eficaz para ello, más aún cuando no se alegó ni acreditó un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez de tutela.
Sobre este punto es importante precisar que, aunque en la tutela se adujo
que la medida cautelar afecta a una persona de avanzada edad que depende
de la pensión gracia para su subsistencia, no se evidencia que el auto del 22
de febrero de 2024 afecte su mínimo vital ni su vida digna porque la
suspensión de los actos administrativos fue parcial, en tanto se limitó a la
inclusión de la prima de vida cara como factor de liquidación. Es decir que la
UGPP debe seguir pagando la mesada pensional, pero con exclusión del
factor en litigio, por lo que el decreto de la medida cautelar en sí mismo
considerado no configura un perjuicio irremediable en el caso particular.
4.7. Finalmente, se advierte que proferir orden de tutela respecto de un asunto que
será decidido en sentencia de fondo, implica sustituir las competencias del juez
natural de la causa y redundaría en un desequilibrio procesal no justificado.
5. Conclusión
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente con
fundamento en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad porque ataca un
auto interlocutorio proferido en el curso de un proceso que no ha concluido y que no
tiene un efecto determinante en el proceso y respecto del cual no se acreditó la
concreción de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de
tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora
Gloria María Albertina Espinosa de Villa, dadas las razones expuestas en la
parte considerativa de esta decisión.

12 Al respecto consultar sentencia T-186 de 2017 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa.
13 Al respecto consultar sentencia Su 772 de 2014 con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01725-00
Demandante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

10

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