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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01725-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01725-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 16 de mayo de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01725-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de julio de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 01725 01
Accionante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01725 01
Accionante: GLORIA MARÍA ALBERTINA ESPINOSA DE VILLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA
SEXTA DE DECISIÓN

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el proceso en
el que se profirió la providencia cuestionada se encuentra
en curso, y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 16 de mayo de 2024 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gloria María Albertina Espinosa de Villa, actuando por conducto
de apoderado, promovió acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, con ocasión del auto
proferido el 22 de febrero de 2024 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05001 33

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 01725 01
Accionante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

33 028 2021 00309 00/01, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

“[…] PRIMERO: RECONOCER y TUTELAR el derecho fundamental
al debido proceso, seguridad social, mínimo vital, vida digna al cual
se tiene derecho en virtud de lo establecido en la Constitución
Política de Colombia de la Sra. GLORIA MARÍA ALBERTINA
ESPINOSA DE VILLA.

SEGUNDO: DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA SALA SEXTA DE DECISIÓN en la decisión adoptada por
la magistrada ponente VANNESA ALEJANDRA PEREZ ROSALES en el
que REVOCA el auto de 11/5/2023 del Juzgado 28 Administrativo
del Circuito de Medellín, la cual fue plasmada en proveído fechado
del 22 de febrero del 2024 (archivo denominado:
7_AUTOQUEREVOCAI11931620136NL05001320240222155534.pdf
), incurrió en vía de hecho: Defecto fáctico y Procedimental,
violación de la Constitución Política de Colombia, Defecto material o
sustantivo, y Desconocimiento del precedente.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA SALA SEXTA DE DECISIÓN para que deje sin efectos su
decisión adoptada, y en este sentido niegue la medida cautelar,
confirmando la decisión del Juzgado 28 Administrativo del Circuito
de Medellín […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que tiene 84 años de edad, por lo que aseveró que
es una persona de especial protección, y que, dada la imposibilidad de
conseguir trabajo u otras ayudas económicas con sus propios medios,
depende de su pensión completa, sin reducción alguna.

Manifestó que adquirió su estatus jurídico de pensionada en 1990 y que,
mediante la Resolución nro. 9760 del 15 de diciembre de 1992, la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL, le reconoció la pensión de
jubilación gracia.

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
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Señaló que, a través de la Resolución nro. 01893 del 15 de febrero de
2007, CAJANAL reliquidó la precitada pensión con efectos fiscales a partir
del 4 de octubre de 1997.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida
el 24 de junio de 2008, ordenó a CAJANAL reliquidar y pagar la pensión
gracia reconocida por un monto equivalente al 75% del salario promedio
de lo devengado en el año anterior al cumplimiento de los requisitos para
adquirir el derecho a la mencionada pensión, por lo que CAJANAL cumplió
con dicha orden por medio de la Resolución nro. 51473 del 29 de abril de
2011, reliquidando la pensión de jubilación gracia reconocida, incluyendo
como factor salarial la prima de carestía.

Relató que, en 2021, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de las
Resoluciones nro. 01893 del 15 de febrero de 2007 y 51473 del 29 de
abril de 2011, pese a la existencia de una sentencia ejecutoriada.

Expuso que la demanda correspondió en primera instancia al Juzgado
Veintiocho Administrativo de Medellín que, en auto del 11 de mayo de
2023 negó la medida cautelar solicitada por la UGPP.

Anotó que, inconforme con la decisión anterior, la UGPP interpuso recurso
de apelación y que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, en auto del 22 de febrero de 2024 la revocó y, en su lugar,
decretó la suspensión provisional de las mencionadas resoluciones, en
forma parcial.

Agregó que “(…) la solicitud arbitraria por parte de la UGPP y la suspensión
decretada por el despacho constituyen una grave afectación al sustento
digno y necesario de mi mandante, ya que dicho dinero garantiza la
alimentación mínima, servicios públicos, tratamientos médicos y
asistencias materiales y humanas; por lo que con la suspensión de la
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resoluciones que conceden la pensión, sin importar que sea parcial,
quedaría sin sustento económico suficiente, imposibilitándosele la
adecuada alimentación, imposibilitándose para la asistencia adecuada,
transgrediendo el descanso digno y vida digna de mi prohijada, de manera
que los mínimos vitales se vieran vulnerados, alterando de forma directa
la dignidad humana, de manera que se torna en INMINENTE e
IRREMEDIABLE la vulneración de numerosos derechos fundamentales,
por lo que se hace necesario una decisión de manera oportuna y eficiente
en el menor tiempo posible, con amparo en los derechos (…)”2.

Explicó que la decisión del tribunal accionado vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y
a la vida digna.

Frente a la procedencia de la acción de tutela, manifestó que ha agotado
todos los medios de defensa judicial, ordinarios y extraordinarios, que
tenía a su alcance, por lo que aseveró que no existen otros mecanismos
o recursos para la protección de sus derechos.

Sostuvo que el auto cuestionado incurrió en defecto fáctico, defecto
material o sustantivo y desconocimiento del precedente.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 9 de abril de 20243 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Cuarta de esta Corporación que,
por auto del 16 de abril de 20244, la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal

2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
5
Esta orden se cumplió el 18 de abril de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
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Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, como parte
accionada, así como vincular6 al Juzgado Veintiocho Administrativo de
Medellín y a la UGPP7, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín
para que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso
identificado con el radicado nro. 05001 33 33 028 2021 00309 00/01, el
cual fue remitido8.

3.2. La titular del Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín allegó
escrito9 en el que anotó que, por auto del 11 de mayo de 2023, negó la
solicitud de medida de suspensión provisional de las Resoluciones nro.
1893 del 15 de febrero de 2007 y nro. 51473 del 29 de abril de 2011,
presentada por la UGPP en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de esta acción constitucional; sin embargo, aclaró que
dicha decisión fue apelada por la mencionada entidad y que el Tribunal
Administrativo de Antioquia en providencia del 22 de febrero de 2024 la
revocó y, en su lugar, decretó la suspensión provisional aludida. En ese
sentido, sostuvo que el despacho a su cargo no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante.

3.3. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe10
en el que explicó que la decisión adoptada se fundamentó en la línea
jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual, las normas
territoriales que crean la prima de vida cara o de carestía, la prima de
clima y la prima de licenciado deben ser inaplicadas y que, en todo caso,
recientemente fueron anuladas por falta de competencia de la asamblea
departamental para crear factores salariales.

6
Ibidem.
7
Frente a esta entidad, la orden se cumplió el 26 de abril de 2024. Visto en el índice 11
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2024 01725 00.
8
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01752 00.
9
Ibidem.
10
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01752 00.
5

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Precisó que un acto que reliquida una mesada pensional incluyendo
factores extralegales causa un detrimento al patrimonio público y, por
tanto, afecta los recursos previstos para la seguridad social de otros
beneficiarios. Así mismo, aclaró, que el mínimo vital de la hoy accionante
no se ve afectado comoquiera que ella continúa percibiendo la mesada
pensional.

3.4. La subdirectora encargada de defensa judicial pensional y apoderada
de la UGPP presentó escrito11 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, que se niegue el
amparo solicitado por no configurarse vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados por la accionante.

Expuso que la decisión adoptada por el tribunal accionado fue acertada y
estuvo debidamente sustentada, comoquiera que “(…) la solicitud de
suspensión provisional se funda en la flagrante violación de normas
constitucionales y legales y para resarcir los perjuicios ocasionados a la
administración y por supuesto en el principio de sostenibilidad del sistema
pensional (…)”.

Advirtió que en el escrito de tutela, la parte actora alegó que el auto
atacado afecta gravemente sus derechos fundamentales a la seguridad
social, vida digna y mínimo vital; sin embargo, no allegó prueba alguna
que así lo demuestre, por lo que, precisó que el anterior planteamiento
queda desvirtuado debido a que la señora Espinosa de Villa se encuentra
activa en nómina de pensionados, la cual es pagada de forma periódica y
sin interrupciones por el consorcio FOPEP, razón por la cual tiene
garantizado el cubrimiento de sus necesidades básicas, así como sus
contingencias de salud, pues su reconocimiento pensional no se verá
suspendido en su totalidad sino sólo en las resoluciones de liquidación.

11
Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
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Adicionalmente, informó que, al realizar la consulta en la página de bonos
pensionales del Ministerio de Hacienda se evidenció que la accionante
tiene un reconocimiento de pensión de jubilación por parte del FOMAG
desde el año 1998.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de mayo de
202412, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de subsidiariedad, debido a que se “(…) ataca un auto
interlocutorio proferido en el curso de un proceso que no ha concluido y
que no tiene un efecto determinante en el proceso y respecto del cual no
se acreditó la concreción de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención del juez de tutela (…)”.

Indicó que “(…) la accionante discute el auto que decretó medidas
cautelares en un proceso judicial que se encuentra en trámite. Es decir,
que está en curso el mecanismo judicial por excelencia para lograr la
garantía de sus derechos fundamentales, más aún si se tiene en cuenta
que las normas procesales han establecido medios y recursos que pueden
ser ejercidos por las partes para alegar presuntas irregularidades y que
sea el juez de la causa quien se pronuncie sobre el particular en las
diferentes instancias del medio de control. En esa medida, ya que en el
caso concreto se encuentra en trámite la primera instancia del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, es el juez ordinario
quien debe decidir sobre la legalidad de los actos administrativos
demandados atendiendo a los argumentos de las partes (…)”.

Anotó que, ante el incumplimiento del requisito formal de subsidiariedad
no puede pronunciarse de fondo frente a las inconformidades planteadas
por la accionante, pues existe un recurso idóneo y eficaz para ello y no se

12
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
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alegó ni acreditó un perjuicio irremediable que justifique la intervención
del juez de tutela.

En cuanto al prejuicio irremediable, resaltó que “(…) aunque en la tutela
se adujo que la medida cautelar afecta a una persona de avanzada edad
que depende de la pensión gracia para su subsistencia, no se evidencia
que el auto del 22 de febrero de 2024 afecte su mínimo vital ni su vida
digna porque la suspensión de los actos administrativos fue parcial, en
tanto se limitó a la inclusión de la prima de vida cara como factor de
liquidación. Es decir que la UGPP debe seguir pagando la mesada
pensional, pero con exclusión del factor en litigio, por lo que el decreto de
la medida cautelar en sí mismo considerado no configura un perjuicio
irremediable en el caso particular (…)”.

Arguyó que proferir una eventual orden de tutela respecto de un asunto
que será decidido en sentencia de fondo, implica sustituir las
competencias del juez natural de la causa y redundaría en un desequilibrio
procesal no justificado.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo
impugnó13 manifestando lo siguiente:

Reiteró que (i) tiene 84 años, por lo que requiere de medicamentos,
asistencia y tratamientos para sobrellevar su desgaste corporal y sus
patologías, (ii) adquirió su estatus jurídico de pensionada en 1990 y (iii)
el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a CAJANAL a reliquidar y
pagar su pensión gracia teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados periódicamente, incluyendo la prima de carestía, por lo que
insistió en que adquirió su derecho pensional con justo título y conforme
a las normas vigentes para la época.

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Visto en los índices 22 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
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Accionante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

Adujo que “(…) todos y cada uno de los factores salariales son esenciales
para garantizar todos y cada uno de lo necesario para la subsistencia:
medicamentos, tratamientos, asistencias, servicios públicos, bienes de
aseo y la alimentación. Suponer que por suprimir un factor “en sí mismo
considerado no configura un perjuicio irremediable en el caso particular”
es desconocer la realidad material de las personas y sus necesidades,
mayormente cuando lo manifestado en el escrito de tutela debe dársele
el debido tratamiento conforme a los principios de sumariedad, buena fe
y con ello, la veracidad en las afirmaciones (…)”.

Anotó que requiere desplazarse constantemente hacia la ciudad de
Medellín con ocasión de las distintas citas médicas y consultas con
especialistas y que para ello requiere el acompañamiento de su esposo e
hija, comoquiera que es una persona diabética y que tuvo una fractura en
el pie. Agregó que de su pensión también dependen otras 3 personas, por
lo que debe percibirla de forma completa, sin reducción alguna.

Señaló que “(…) “el único sustento económico (…) es la (…) pensión
concedida a su favor y en los completos montos ya establecidos
(comprendiendo la prima de carestía) en razón al sistema jurídico de la
época en que se reconocieron”, de no contener todos los factores, conlleva
un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales, ante las cargas
y erogaciones económicas que requiere para sí y quienes dependen de
este sustento económico, por la imposibilidad de su adquisición
(provocando que no pueda alimentarse como es debido, atender su
cuadro clínico y subsistir su grupo personal) y, por tanto, su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela (…)”.

Afirmó que las anteriores consideraciones no fueron tenidas en cuenta por
el a quo en el fallo de tutela de primera instancia porque se limitó a negar
el amparo constitucional afirmando que es improcedente porque cursa un
proceso, ignorando las circunstancias especiales, como su edad, la
diabetes que padece, su fractura en el pie, la asistencia que requiere, las

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constantes movilizaciones Medellín y la dependencia económica de otras
personas que abren paso a superar la barrera de la subsidiariedad.

Concluyó que “(…) sí existe perjuicio irremediable, y es suprimir el
sustento económico que tiene mi prohijada, sumas que adquirió con justo
título, buena fe, fruto de sentencia judicial y que ha perdurado por muchos
años, de manera que ya se le encuentra vedado la adquisición de bienes
y servicios para garantizar su vida digna, es así que, suprimir algún factor
conclusivamente conlleva a afectar lo necesario (…)”.

5.2. Por auto proferido el 30 de mayo de 2024, la Sección Cuarta de esta
Corporación concedió la impugnación14.

5.3. La subdirectora encargada de defensa jurídica y apoderada de la
UGPP radicó escrito15 en el que solicitó que se confirme el fallo de tutela
de primera instancia.

Explicó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para pretender
el reconocimiento de derechos prestacionales, por lo que escapa a la
órbita del juez constitucional partiendo de la base que es otra la
jurisdicción competente para ello.

5.4. La impugnación fue asignada a esta Sección por acta de reparto del
14 de junio de 202416.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de

14
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
15
Visto en los índices 29 y 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 01.
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noviembre de 199117, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201518, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 19, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201920 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:

6.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) en contra
de la señora Gloria María Albertina Espinosa de Villa, pretendiendo lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARESE la nulidad de la resolución 1893 del
15 de febrero de 2007 y de la resolución PAP 51473 del 29 de abril
de 2011, a través de las cuales se reliquidó la pensión gracia a favor
de la señora GLORIA MARÍA ALBERTINA ESPINOSA DE VILLA (…),
incluyendo en su liquidación entre otros factores la prima de vida
cara.

SEGUNDO: DECLARESE que a la señora GLORIA MARÍA
ALBERTINA ESPINOSA DE VILLA (…), no le asiste derecho a percibir
la prima de vida cara como factor para la liquidación de la pensión
gracia.

17
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
18
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
19
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
20
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
21
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) identificado con el radicado nro. 05001 33 33 028 2021 00309 00/01.
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 01725 01
Accionante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, solicito que se CONDENE a la a la
señora GLORIA MARÍA ALBERTINA ESPINOSA DE VILLA (…):

PRIMERO: a restituir a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP – las
sumas de dinero que, por concepto de prima de vida cara, se
incluyeron dentro de la liquidación de la pensión gracia, desde la
fecha en que se hizo efectiva y hasta la fecha en que se efectúe el
pago.

SEGUNDO: a PAGAR a favor de la demandante, los intereses
moratorios, contados después de la ejecutoria del fallo, si no da
cumplimiento dentro del término previsto en el artículo 195 de la
Ley 1437 de 2011 […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito
de la demanda).

Adicionalmente, solicitó como medida cautelar, lo siguiente:

“[…] se decrete la suspensión provisional del acto administrativo que
reliquida la pensión gracia con inclusión del factor prima de vida
cara, por cuanto no existe obligación de la UGPP respecto al
reconocimiento pensional con base en factores salariales
pagados por el ente territorial; y, en segundo lugar, por la falta de
sustento jurídico de la inclusión de los factores extralegales en la
base para la liquidación de la pensión reconocida, en virtud de la
inconstitucionalidad de las normas locales que crearon esos factores
extralegales y la nulidad de las mismas decretadas por el Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia respectivamente
en sentencia del 20 de mayo de 2011.

De modo que la prima de vida cara, por ser una prestación que no
tiene origen legal, no puede ser tenida en cuenta en la liquidación
de la pensión […]”. (Mayúsculas, negrillas y resaltado originales del
escrito de la demanda).

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintiocho
Administrativo de Medellín que, en auto proferido el 28 de octubre de
2021 la admitió.

6.2.3. En providencia proferida ese mismo día, esto es el 28 de octubre
de 2021, el Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín corrió traslado
a la parte demandada, hoy accionante, de la solicitud de medida cautelar.

6.2.4. Por auto del 11 de mayo de 2023, el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Medellín negó la medida cautelar solicitada por la UGPP.

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6.2.5. Inconforme con la decisión anterior, la UGPP interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación y el Juzgado Veintiocho Administrativo
de Medellín, en auto dictado el 28 de septiembre de 2023 dispuso no
reponer el auto del 11 de mayo de 2023 y concedió el recurso de
apelación.

6.2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en
providencia del 22 de febrero de 2024, al resolver el recurso de apelación,
dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el auto de 11/5/2023 del Juzgado 28
Administrativo del Circuito de Medellín en cuanto negó la medida
cautelar solicitada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP y, en su lugar:

SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional de las resoluciones
1893 de 15/2/2007 y 51473 de 29/4/2011, por las cuales se
reliquidó una pensión gracia por nuevos factores salariales, en forma
parcial, esto es, en cuanto incluyen la “prima de vida cara” como
factor en la liquidación que hace parte de las consideraciones y tiene
incidencia en el monto reconocido en el artículo primero de la parte
resolutiva del mismo acto administrativo, por no ajustarse a las
normas superiores invocadas, conforme se ha expuesto en la parte
motiva de esta providencia. El desacato a lo dispuesto en esta
providencia se sanciona en los términos previstos en la Ley 1437 de
2011.

TERCERO: Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP que, mientras se decide de fondo el
presente asunto, pague a GLORIA MARÍA ALBERTINA ESPINOSA DE
VILLA (…), una mesada pensional liquidada con exclusión del factor
prima de vida cara […]”. (Mayúsculas originales de la providencia).
(Se destaca).

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse el fallo
de tutela de primera instancia proferido el 16 de mayo de 2024 por la
Sección Cuarta de esta Corporación, comoquiera que la solicitud de
amparo no cumple el requisito de subsidiariedad, conforme con las
razones que pasan a explicarse.
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El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable22.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial, ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el
asunto está en trámite, la Corte Constitucional ha explicado que la
intervención del juez constitucional, en principio, está vedada, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario23.

Al respecto, ha señalado que “(…) la acción de tutela no procede de
manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el
ordenamiento. No obstante, la protección de derechos fundamentales a
través de la acción de tutela permite la intervención del juez constitucional
siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o
que se pretende evitar un perjuicio irremediable (…)”24.

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que “(…) el
análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones

22
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
23
Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
24
Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos
para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue
emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final. Tal
criterio restrictivo encuentra su justificación en que la acción de tutela no
puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”, en el marco de un proceso judicial en el cual
“no se ha proferido ningún fallo definitivo” (…)”25.

Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la señora Gloria
María Albertina Espinosa de Villa está relacionada con el auto proferido el
22 de febrero de 2024 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que decretó la suspensión provisional de las
Resoluciones nro. 1893 del 15 de febrero de 2007 y nro. 51473 del 29 de
abril de 2011 expedidas por CAJANAL, la acción de tutela deviene
improcedente porque el referido proceso está en curso.

Ahora, si bien la actora alegó en el escrito de tutela que “(…) depende
económicamente de la totalidad de su pensión para llevar a cabo su vida
cotidiana (…)”26 y luego, en la impugnación sostuvo que recibir la pensión
sin todos los factores salariales reconocidos “(…) conlleva un perjuicio
irremediable en los derechos fundamentales, ante las cargas y
erogaciones económicas que requiere para sí y quienes dependen de este
sustento económico (…)”27, es preciso señalar que no acreditó la
ocurrencia de ese supuesto perjuicio irremediable ni aportó prueba alguna
que demuestre qué necesidades básicas, propias o de los terceros a su
cargo, están siendo insatisfechas.

Adicionalmente, la Sala advierte que la accionante manifestó que tiene 84
años de edad, es decir, se trata de una persona de la tercera edad; sin
embargo, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional dicha

25
Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
26
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01725 00.
27
Visto en los índices 29 y 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01725 00.
15

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Accionante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

circunstancia no implica per se la procedencia de la acción de tutela, sino
que se deben analizar otros factores como la situación socioeconómica y
de salud28, que como se explicó, no fueron probadas por la parte
interesada.

Por último, no sobra advertir que, conforme al reporte de la página web
de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda aportado a este trámite
tutelar por la UGPP, la señora Espinosa de Villa es beneficiaria de una
pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG29 desde el 1 de noviembre de 1998 y
que, a la fecha de la consulta, esto es el 29 de abril de 2024, el estado de
dicha prestación es activo.

En consecuencia, la petición de amparo es improcedente, por cuanto no
cumple con el requisito general de subsidiariedad, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 16 de mayo de 2024 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

28
Al respecto, puede verse la sentencia T – 364 del 19 de octubre de 2022 de la Corte
Constitucional. En dicha sentencia se indicó que: “Los adultos mayores son las personas
que superan los 60 años o “que, sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”. Las personas
de la tercera edad son los adultos mayores que han superado la esperanza de vida. Para
el efecto, la Corte ha determinado que esta última se cuenta a partir de la esperanza de
vida que establece el DANE. Para el 2022 a nivel nacional, esta se estimó para las
mujeres en 80 años y para los hombres en los 73 años. Por consiguiente, una persona
se considera de la tercera edad cuando supera esa edad. Teniendo en cuenta lo
expuesto, las personas de la tercera edad gozan de protección reforzada por parte del
Estado. // Tratándose del estudio de procedencia de la acción de tutela promovida por
personas de la tercera edad, le corresponde a los jueces valorar el factor de la edad
junto con otros elementos, como la situación socioeconómica y la condición de salud. El
análisis conjunto de estos factores permite determinar la eficacia de los medios
ordinarios de defensa judicial. Esto con el propósito de que no se les adjudique a
personas vulnerables una espera infructuosa y perjudicial, al extremo de que el sujeto
permanezca a la espera de una decisión mientras están siendo puestos en peligro o
vulnerados sus garantías fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad
física y moral o el mínimo vital, entre otras”.

29
Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01725 00.
16

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Accionante: Gloria María Albertina Espinosa de Villa

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 16 de mayo de
2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según lo explicado en
la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

17

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