Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01725-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01725-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01725-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
4 de mayo de 2023
Demandante: Julio Ernesto García Melo
Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01725-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01725-00
Demandante: JULIO ERNESTO GARCÍA MELO
Demandado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL
TOLIMA
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Julio Ernesto García Melo
contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Julio Ernesto García Melo, en nombre propio, el 10 de abril de 2023 instauró
acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, con el
fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 30 de marzo de 2023, a través de la cual la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Tolima desestimó la queja disciplinaria presentada por el señor
García Melo contra el abogado Rubén Darío Murillo Ruiz, por presuntamente incurrir
en conductas reprochables en el marco de un proceso laboral1 instaurado por este
contra el tutelante, mediante el cual pretende que se declare el reconocimiento de un
1
Proceso identificado con el radicado 73001-31-05-001-2023-00025-00 que cursa ante el Juzgado
Primero Laboral del Circuito Judicial de Ibagué.
1
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Demandante: Julio Ernesto García Melo
Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima
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contrato de prestación de servicios y el pago de honorarios profesionales adeudados
por Julio Ernesto García Melo. La causa disciplinaria se identificó con el radicado
73001-31-05-001-2023-00025-00.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
Por tanto, con el propósito de que, repito, se haga pronta y cumplida justicia, insisto en
la queja teniendo en cuenta que dentro del auto de desestimación de la queja el
Magistrado DAZA, no se da oportunidad de contradicción y defensa, recurro a éste medio
para que Tutelándose el Derecho al Debido Proceso, al Acceso a la Administración
de Justicia y a los demás que se consideren, se ordene que se estudie, analice y falle
debidamente la queja por parte, no de Magistrados de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Tolima, sino de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en Bogotá.2
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor Julio Ernesto García Melo informó que, el 21 de marzo de 2023 presentó una
queja disciplinaria contra el abogado Rubén Darío Murillo Ruiz, por presuntamente
incurrir en actuaciones temerarias y de mala fe, en el marco de una demanda laboral
que el profesional del derecho instauró contra el tutelante.3
Manifestó que:
[…] demostré con hechos ciertos y bien sustentados con anexo de pruebas
documentales, que dicho abogado dentro de los hechos de la demanda laboral que
instauró en contra mía, estaba tratando de engañar la MAJESTAD DE LA JUSTICIA al
pretender cobrarme con MENTIRAS, TEMERIDAD Y MALA DE, mediante una demanda
laboral firmada por él mismo, unos supuestos honorarios profesionales por reliquidación
de unos intereses moratorios de retroactivos de mi pensión de invalidez que, por
intermedio de otra abogada es que estoy cobrando en un ejecutivo4 contra PROVENIR
S.A., pues dentro de los hechos demuestro que el abogado Murillo miente y pretende
engañar la Justicia […]
Precisó que, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante auto de
30 de marzo de 2023 desestimó de plano la queja radicada por el señor García Melo
tras señalar que, al evaluar los hechos expuestos por el accionante, advirtió:
2
Transcripción literal con posibles errores.
3
Con el objeto de lograr el reconocimiento de unos honorarios profesionales, derivados del servicio
prestado en otro proceso ejecutivo seguido a continuación de un proceso laboral (pensión de invalidez),a
través del cual se pretende el pago de unos intereses moratorios del retroactivo.
4
Radicado 73001-31-05-001-2016-00076-00.
2
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[…] encuentra este despacho que se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes
toda vez que no están enmarcados en la competencia que le otorga la ley a las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial por cuanto el señor GARCÍA MELO
manifiesta que el origen de su queja se relaciona con la radicación de una demanda
laboral por parte del profesional del derecho en contra del mismo, cuyas pretensiones
son la declaración de la existencia de un contrato de prestación de servicios
profesionales y el pago del valor adeudado por concepto de honorarios, siendo lo anterior
competencia del juzgado de conocimiento; por lo que no se configuran los presupuestos
legales básicos para efectos de iniciar acción disciplinaria […].5
Lo anterior, se fundamentó en los artículos 686 y 697 de la Ley 1123 de 2007, en los
cuales se establece la procedencia de la acción disciplinaria y de las informaciones y
quejas falsas o temerarias; normas que se encuentran en el capítulo «IV»
correspondiente al inicio de la referida acción.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que la providencia censurada vulneró sus garantías
fundamentales al desestimar la queja instaurada contra el abogado Rubén Darío
Murillo Ruíz, al omitir el análisis de los hechos expuestos en su escrito y de las pruebas
aportadas con este, a partir de lo cual se demostraba la temeridad y mala fe del
denunciado en el marco del proceso laboral promovido contra el tutelante.
Lo anterior, por cuanto el señor Murillo Ruíz cometió faltas contra la ética y la moral al
mentir y tratar de engañar a los jueces, puesto que, a su juicio: (i) no es cierto que el
profesional del derecho le hubiese cobrado honorarios, puesto que en la época en que
el abogado refiere que presentó la demanda ejecutiva, no sabían que PORVENIR no
había liquidado en debida forma los intereses de mora; (ii) el abogado reprochado «[…]
no hizo ni gestionó para nada la reliquidación real de los intereses (…) ni tampoco fue
quien después presentó realmente la reliquidación y demanda ejecutiva […]»; (iii) fue
deshonesto dentro del proceso laboral al pretender quedarse con los dineros del
retroactivo e intereses cancelados por PORVENIR; y (iv) luego de transcurrido mucho
tiempo desde el mencionado pago, no gestionó lo relativo a la reliquidación.
5
Énfasis del texto.
6
“Artículo 68. Procedencia. La Sala del conocimiento deberá examinar la procedencia de la acción
disciplinaria y podrá desestimar de plano la queja si la misma no presta mérito para abrir proceso
disciplinario o existe una causal objetiva de improcedibilidad”.
7
“Artículo 69. Quejas falsas o temerarias. Las informaciones y quejas falsas o temerarias, referidas a
hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera
absolutamente inconcreta o difusa, darán lugar a inhibirse de iniciar actuación alguna.
Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una multa hasta de 180
salarios mínimos legales diarios vigentes. Las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrán imponer
sanción de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolución motivada contra la cual procede
únicamente el recurso de reposición que puede ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a su
notificación personal o por estado”.
3
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Agregó que se impidió el acceso a la administración de justicia, habida cuenta de que,
al desestimar la queja de plano, «no se da la oportunidad de contradicción y defensa».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 12 de abril de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener como
autoridad judicial accionada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.
En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional,
se dispuso la vinculación del abogado Rubén Darío Murillo Ruíz y del Juzgado Primero
Laboral del Circuito Judicial de Ibagué.
Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web del
Consejo de Estado.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, el 18 de abril de 2023 se
recibió el informe de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, a
través del cual el magistrado ponente del auto reprochado solicitó que se deniegue el
amparo deprecado.
Lo anterior, luego de precisar que al analizar la queja radicada por el actor, determinó
que los argumentos del señor Julio Ernesto García Melo eran irrelevantes por no
encontrarse enmarcados en la competencia que le otorga la ley a las comisiones
seccionales de disciplina judicial, «por cuanto manifestó que el origen de su
inconformidad se relaciona con la radicación de una demanda laboral por parte del
profesional del derecho en contra del mismo, cuyas pretensiones son la declaración
de la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales y el pago del
valor adeudado por concepto de honorarios», lo cual es de la competencia funcional
del juzgado de conocimiento.
Aunado, indicó que, como una de las pretensiones de la queja consistía en que se
ordenara la no procedencia de la demanda laboral, tal petición desborda las facultades
de la sala disciplinaria.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Julio
Ernesto García Melo contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
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Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
Si bien, en principio, al atender a las reglas de reparto de las acciones de tutela, al
Consejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, habida
cuenta de que la vulneración de las garantías fundamentales del señor Julio Ernesto
García Melo presuntamente se derivan de la decisión adoptada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, luego, la asignación del mecanismo de
protección constitucional debió hacerse al interior del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
Ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política,
378 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 6° del artículo 2.2.3.1.2.1.9 del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada10, ha indicado que:
(…) según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna
manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino
únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el
mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades
judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone,
principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe
fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal
del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia.11 (Negrita y subrayado
fuera del texto).
8 «ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza
que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar».
9 «ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren
sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial».
10
Al respecto, consultar, entre otros: Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 172 del 22.03.18., M.P.
Alberto Rojas Ríos; Auto 269 del 29.05.19., M.P. Carlos Bernal Pulido; y Auto 434 del 06.08.19., M.P.
Cristina Pardo Schelsinger.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 462 del 21.08.19., M.P. Diana Fajardo Rivera.
5
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Igualmente, las consideraciones del Máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:
PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún
juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.
En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, la
Sección Quinta del Consejo de Estado asumió la competencia para conocer de la
demanda promovida por el señor Julio Ernesto García Melo.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia
de 30 de marzo de 2023 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima, a través de la cual se desestimó de plano la queja disciplinaria presentada
contra el abogado Rubén Darío Murillo Ruiz.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 15, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el
cual los argumentos expuestos por el señor Julio Ernesto García Melo no cumplen con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215
de 16 de junio de 2022.
En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
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El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.16
Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».18
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”19. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
16
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
17
Sentencia SU-103 de 2022.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
19
Ibídem.
8
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fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»20.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso21, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
Ahora bien, al descender al análisis del escrito de tutela, se advierte que los
argumentos esbozados por el señor Julio Ernesto García Melo no satisfacen los
parámetros señalados en la referida sentencia SU-215 de 2022, debido a que no
cumple con la carga argumentativa requerida por la Corte Constitucional para efectos
de demostrar la trascendencia de la inconformidad a un debate propuesto desde una
perspectiva constitucional.
Lo anterior obedece a que, la parte actora se limitó a indicar en el escrito tutelar que
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia se vieron conculcados con la decisión desestimatoria de la queja disciplinaria,
porque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima no tuvo en cuenta los
supuestos fácticos que el accionante señaló como conductas irregulares cometidas
por el abogado denunciado, los cuales daban lugar a que se aperturara la
investigación.
En suma, se advierte que los reproches expuestos ante la autoridad disciplinaria para
sustentar la queja, en efecto, se resumen a que el abogado Murillo Ruíz está
engañando al juez en la causa del proceso ejecutivo para el cobro de unos honorarios,
afirmaciones que no tienen la entidad suficiente para que esta Sala de Decisión
advierta de manera palpable transgresión de alguna garantía iusfundamental.
En ese contexto, queda en evidencia que el extremo activo no concretó los defectos
de los cuales, a su juicio, adolece la providencia que se reprocha y, por ende, tampoco
existe el desarrollo de estos como requisito de carga mínima que debe proveerse por
el interesado en el marco de la tutela contra providencia judicial. Adicionalmente, la
solicitud de amparo no cuenta con un ejercicio de sustentación desde la esfera
constitucional y de la violación de las garantías que alegó como desatendidas, que
demuestren la imperiosidad de la intervención del juez de tutela y de su
pronunciamiento en el asunto de la referencia.
20
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
21
Sentencia SU-573 de 2019.
9
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No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto de la
violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique en esta sede un análisis de fondo frente a la
decisión cuestionada.
Pretender que este medio se emplee como ejercicio de una instancia adicional del
trámite disciplinario agotado, con el fin de que se deje sin efectos el proveído proferido
por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, incluso, que se ordene a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que estudie la queja y tome una decisión
en el sentido que el señor Julio Ernesto García Melo considera correcto, es atentatorio
de los principios de autonomía judicial, debido proceso y legalidad que son pilares en
el ejercicio de la función judicial, máxime, porque que esta Sala de Decisión no advierte
una transgresión palmaria, sino una simple inconformidad del actor frente la
desestimación de su escrito por carecer de elementos relevantes que ameritaran dar
lugar a una investigación disciplinaria.
Así las cosas, es evidente que esta solicitud de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente a través de la cual el señor Julio Ernesto García Melo
justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación,
lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita a esta Colegiatura
advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso que señaló la
Corte Constitucional en las citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103
de 2022.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de
garantías constitucionales invocadas, que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el escrito de tutela carece de la carga argumentativa elevada a un
rango constitucional; y (ii) no se evidencia una vulneración palmaria o un perjuicio
irremediable derivado de la providencia de 30 de marzo de 2023, que implique la
intervención del juez de tutela.22
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.
22
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Julio Ernesto García Melo
Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01725-00
2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Julio
Ernesto García Melo contra Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, por
no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Julio Ernesto García Melo contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Tolima.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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