Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01769-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01769-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01769-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
11 de julio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01769 01
Accionante: John Freddy Rodríguez Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01769 01
Accionante: JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora no implica la afectación del
núcleo esencial de los derechos fundamentales que
invoca.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor John Freddy
Rodríguez Martínez en contra del fallo de tutela proferido el 9 de mayo de
2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor John Freddy Rodríguez Martínez, actuando en nombre propio y
en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania, Cundinamarca,
promovió acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 01769 01
Accionante: John Freddy Rodríguez Martínez
acceso efectivo a la administración de justicia, mínimo vital y buen
nombre, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 2.1. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
conforme al artículo 288 del código general del proceso, proferir
nuevamente la sentencia con las firmas de los siete magistrados.
2.2. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
volver a notificar la sentencia, de acuerdo con el artículo 8 de la ley
2213 de 2022, y el 302 del código general del proceso.
2.3. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una
vez transcurrido el plazo de las normas mencionadas en el párrafo
anterior, resolver mi solicitud de adición y aclaración, teniendo en
cuenta que mi defensor y yo, dentro de ese término podemos
adicionar esa petición de aclaración y adición.
2.4. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
abstenerse de registrar esa sanción.
2.5. Que se ordene al Tribunal de Cundinamarca, abstenerse de
ejecutar la sanción comunicada por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el 3 de abril de 2024 se le notificó la providencia
proferida el 28 de febrero de 2024 por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial que confirmó la sanción impuesta en la sentencia del 29 de
septiembre de 2023 dictada por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Cundinamarca, en el proceso disciplinario identificado con el
radicado nro. 25000 11 02 000 2020 00200 00/02.
Manifestó que la sentencia de segunda instancia cuestionada “(…) carece
de la firma de seis de los siete magistrados, pues de siete integrantes de
la Sala solo aparece la firma del ponente, no están las firmas de los otros
seis magistrados (…)”2.
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
2
Ibidem.
2
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Aseveró que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 288 del Código
General del Proceso, la sentencia no existe sin la firma de la mayoría de
los magistrados.
Señaló que, en cualquier jurisdicción, primero se firma la providencia y
después se notifica; sin embargo, advirtió que en este caso se notificó la
sentencia sin estar suscrita por seis de los siete magistrados.
Expuso que, conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley 2213 de
2022, las notificaciones que deban hacerse personalmente se entenderán
realizadas dos días después de recibido el correo electrónico, por lo tanto,
la sentencia cuestionada quedó notificada el viernes 5 de abril de 2024,
tal y como se observa en la consulta unificada de procesos judiciales de
la página web de la Rama Judicial.
Agregó que el artículo 302 del Código General del Proceso dispone que
las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de la notificación,
es decir que la sentencia de segunda instancia controvertida quedó
ejecutoriada el 10 de abril de 2024. No obstante, precisó que “(…) sin
haberse ejecutoriado la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, ayer 10 de abril de 2024, presenté solicitud de aclaración y
adición, con lo reglado en los artículos 285 y 287 del Código General del
Proceso (…)”3.
Anotó que “(…) conforme con el artículo 302 inciso 2 del código general
del proceso, la sentencia solo queda ejecutoriada una vez resueltas las
solicitudes de aclaración y adición (…)”4, por lo que sostuvo que “(…) la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial estaba obligada a resolver mi
solicitud de aclaración y adición, para después volver a contar los
términos de ejecutoria, conforme el artículo 8 de la ley 2213 de 2022 y
302 inciso 2 del código general del proceso (…)”5.
3
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
4
Ibidem.
5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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Adujo que “(…) para mi sorpresa, hoy 11 de abril de 2024, en la consulta
unificada de procesos judiciales, alojada en la página web de la Rama
Judicial, aparece que ayer, 10 de abril de 2024, se comunicó la sanción al
Tribunal de Cundinamarca y al registro de sanciones para abogados, sin
haberse resuelto mi solicitud de aclaración y adición, y sin la firma de seis
de los siete magistrados, configurándose una evidente vulneración a mis
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y mínimo vital (…)”6.
Afirmó que la anterior anotación no estaba registrada en la plataforma
electrónica de la página web de la Rama Judicial cuando presentó la
solicitud de adición y aclaración de la sentencia cuestionada.
Alegó que “(…) no se puede sancionar a nadie con una sentencia
INEXISTENTE por ausencia de firmas (…) pues las decisiones judiciales
nacen a la vida jurídica cuando son suscritas por el funcionario que las
profirió (…)”7.
Explicó que en su caso existen dos irregularidades, (i) No se firmó la
sentencia de segunda instancia proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y (ii) no se resolvió sobre la solicitud de aclaración y
adición de la sentencia presentada.
Argumentó que “(…) existe perjuicio irremediable a mi derecho
constitucional al buen nombre, como abogado y como funcionario, en caso
de que la sanción se ejecute, sin que haya quedado en firme la
providencia que me sancionó (…)”8.
Agregó que “(…) de ejecutarse la sanción, por una sentencia que no ha
cobrado ejecutoria, se vulneraría de manera evidente mi derecho
constitucional fundamental al debido proceso, pues reitero hay seis de los
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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siete magistrados que no han firmado (…) y, además, nunca hubo
pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de adición y aclaración (…)”9.
Finalmente, en el acápite denominado “fundamentos jurisprudenciales”
del escrito de tutela, manifestó que “(…) El Honorable Consejo de Estado,
en magistral pronunciamiento de 18 de diciembre de 2023, con ponencia
de la H. Consejera MARÍA ADRIANA MARÍN, en un caso que guarda: i)
analogía fáctica; y, ii) analogía conceptual, con este, y el demandado
también es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, precisamente por
contar mal los términos de ejecutoria de una sanción, en otro proceso
disciplinario que igual se tramitó por la ley 734 de 2002, idéntico que en
esta demanda constitucional, y por si fuera poco, también por abstenerse
de resolver una solicitud de adición y aclaración a la sentencia de segundo
grado (…)”10.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 11 de abril de 202411 a través del aplicativo
de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Quinta de esta Corporación que, por
auto del 16 de abril de 202412 la admitió y dispuso notificar13 a los
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, como parte accionada, así
como vincular14 a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca, como tercero interesado en el resultado del proceso.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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Esta orden se cumplió el 18 de abril de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
14
Ibidem.
5
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Accionante: John Freddy Rodríguez Martínez
De igual forma, ofició a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca para que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado
con el radicado nro. 15000 11 02 000 2020 00200-00/01, el cual fue
remitido15.
3.2. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia proferida
en el proceso disciplinario objeto de esta acción constitucional, rindió
informe16 en el que solicitó la desvinculación del trámite tutelar de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, debido a que
no se ha incurrido en ninguna irregularidad sustancial que afecte los
derechos fundamentales del accionante.
Señaló que “(…) al doctor JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, se le
han respetado todos los preceptos legales y procedimentales al interior
del trámite disciplinario, dado que fue notificado oportunamente de las
decisiones, tuvo la oportunidad para presentar sus descargos, objetar el
decreto de pruebas y controvertir las determinaciones que fueron
emitidas al interior del asunto por parte de esta Corporación, tanto así
que la última actuación correspondió a la concesión del recurso de
apelación respecto a la sentencia de primera instancia (…)”.
Precisó que los hechos y las pretensiones planteadas en el escrito de
tutela no aluden a ninguna actuación desplegada por la Comisión
Seccional.
3.3. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia
cuestionada, rindió informe17 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o que, en su defecto, se niegue el
amparo deprecado al no existir violación alguna de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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Accionante: John Freddy Rodríguez Martínez
Explicó que “(…) en relación con el hecho de que “no existe la sentencia”
porque carece de la firma de los seis (6) magistrados que integraron la
Sala Ordinaria nro. 13 del 28 de febrero de 2024, debe señalarse que en
virtud del inciso segundo del articulo 2 de la Ley 2213 de 2022 “las
actuaciones no requerirán de formas manuscritas o digitales”, por tal
motivo, esta Corporación de manera unánime optó por la notificación de
las providencias judiciales sin la totalidad de las firmas, únicamente con
la del ponente, esto para dar agilidad a las actuaciones de la Secretaría
Judicial de esta Comisión (…)”.
Sostuvo que la sentencia es válida y sí existe, comoquiera que fue
debidamente discutida, aprobada por la mayoría de los integrantes de la
Sala y, en suma, le fueron resueltas en debida forma las pretensiones
formuladas en la alzada.
Finalmente, frente a la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de
segunda instancia, expuso que esta ingresó al despacho el 15 de abril de
2024 y fue resuelta el 18 de abril de 2024. Agregó que “(…) esta clase de
solicitudes no son para reiterar el decreto de los medios de convicción con
el fin de revivir el debate procesal y discutir el sentido de la decisión
dictada en segunda instancia, pues resultaría improcedente (…)”.
3.4. El presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas allegó escrito18 en el que indicó que el 15 de
abril de 2024 dicha Corporación recibió comunicación por parte de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que se remitió copia de la
sentencia de segunda instancia proferida el 28 de febrero de 2024 en el
proceso disciplinario identificado con el radicado nro. 25000 11 02 000
2020 00200 00/02, junto con la constancia de ejecutoria de dicho fallo.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: John Freddy Rodríguez Martínez
Anotó que, en esa misma fecha, esto es el 15 de abril de 2024, el hoy
accionante radicó ante dicho tribunal solicitud de abstenerse de ejecutar
la sanción impuesta en la precitada providencia, debido a que (i) no
contaba con seis de las siete firmas, y (ii) estaba pendiente de resolverse
la solicitud de adición y aclaración presentada ante la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.
Relató que, “(…) dicho asunto fue tratado en sesión de Sala Plena el
pasado martes 16 de abril, sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto
por el juez disciplinante y accionante, se acordó aplazarlo para la próxima
sesión de Sala Plena Ordinaria, ello con el objeto de que se oficiara a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial a efectos de que informara si
existe solicitud alguna que se encuentre pendiente por resolver dentro del
mentado proceso (…)”.
Adujo que, el 19 de abril de 2024, mediante oficio nro. SJ CVM-15169, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que la solicitud de
aclaración y adición había sido resuelta mediante auto del 18 de abril del
2024, en el que se dispuso no acceder a las peticiones elevadas.
Por último, alegó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas no ha vulnerado derecho fundamental alguno
al accionante.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de mayo de
202419, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor John
Freddy Rodríguez Martínez, en lo atinente a la mora judicial alegada.
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: John Freddy Rodríguez Martínez
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
promovida por el señor John Freddy Rodríguez Martínez, en lo
concerniente a los reproches dirigidos contra el fallo del 28 de
febrero de 2024 […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
Para ello, analizó, por un lado, el reparo referente a la presunta mora
judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al no resolver la
solicitud de adición y aclaración, y por otro, los reproches dirigidos en
contra de la providencia de segunda instancia proferida el 28 de febrero
de 2024, en virtud de la inexistencia de las firmas de los magistrados
participantes en dicha decisión.
Frente a la supuesta mora judicial, manifestó que la solicitud de adición y
aclaración fue radicada el 10 de abril de 2024 y la acción de tutela fue
promovida al día siguiente, esto es el 11 de abril de 2024, por lo que no
se observa la configuración de mora judicial alguna, pues no había
transcurrido más de un día, es decir, no pasó un tiempo excesivo que
ameritara la intervención del juez constitucional.
Señaló que, en relación con ese mismo reparo, “(…) el accionante
argumentó que no se encontraba de acuerdo con que las actuaciones del
proceso disciplinario hubiesen sido enviadas al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca sin haberse resuelto la solicitud de
adición y aclaración, pues ello no permitía que la sentencia del 28 de
febrero de 2024 se encontrara ejecutoriada. Por lo tanto, solicitó que se
le diera la orden al tribunal, en su condición de nominador, de que no
ejecutara la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial (…)”.
Al respecto, expuso que la decisión de ejecutar la sanción dependerá de
lo que decida el nominador del accionante, teniendo en cuenta que ya fue
resuelta la solicitud de aclaración y adición y, en consecuencia, la
sentencia del 28 de febrero de 2024 se encuentra ejecutoriada. Por lo
tanto, sostuvo que no es competencia del juez de tutela pronunciarse
sobre el punto o tomar medidas frente a ello.
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Ahora, en cuanto a los reproches dirigidos en contra de la providencia de
segunda instancia proferida el 28 de febrero de 2024 debido a la
inexistencia de las firmas de los magistrados participantes en dicha
decisión, indicó que la solicitud de amparo es improcedente por no
superar el requisito general de relevancia constitucional, comoquiera que
el accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima requerida
para realizar un análisis por parte del juez constitucional.
Explicó que “(…) no basta con mencionar de manera general que se
desconocieron sus derechos fundamentales, sino que se requiere
especificar los motivos de raigambre constitucional por los que considera
desconocidos sus garantías, lo cual no ocurrió en este caso, pues como
se advierte, el accionante se limitó a indicar que la providencia en cuestión
no estaba firmada (…)”.
Advirtió que “(…) el accionante no presentó argumento alguno tendiente
a demostrar por qué este tema debe trascender las instancias ya agotadas
para llegar a la órbita del juez constitucional, pues no explicó con claridad
y de manera suficiente los motivos por los que considera desconocidas
sus garantías fundamentales por parte de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en el fallo del 28 de febrero de 2024, es decir, no
expresó las razones mínimas por las que considera que la autoridad
judicial accionada desconoció aquellas (…)”.
Precisó que el único reparo del actor consistió en que la providencia no
estaba suscrita por 6 de los 7 magistrados que integraron la Sala de
Decisión, lo que evidencia su inconformidad con la manera en que se
adoptó la decisión y que su solicitud de amparo pretende que los jueces
constitucionales realicen un estudio de oficio y completo sobre el marco
jurídico concerniente a la exigencia o no de que las decisiones judiciales
contengan la firma manuscrita o digital, llevando a un debate meramente
legal para el cual no está instituido la acción de tutela.
Finalmente anotó que “(…) para dar claridad al señor Rodríguez Martínez
se recuerda que en los artículos 17 y 20 del Acuerdo 003 del 25 de enero
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de 2021, se establece la forma en que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial tramita internamente lo relativo a la aprobación de los proyectos
de sentencias y su correspondiente firma, esto último que ocurre después
de la notificación. En gracia de discusión, esta Sala precisa que dichos
fallos pueden suscribirse mediante firma autógrafa, electrónica o digital,
es decir que, con el hecho de realizar la carga de la providencia en la
plataforma electrónica, también se entienden firmadas (…)”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó20
manifestando lo siguiente:
“[…] Para decidir la sección quinta tuvo en cuenta dos aspectos:
i) No se necesitaba de la firma de los siete integrantes del Consejo
Nacional de Disciplina Judicial, solo la del ponente, conforme al
acuerdo 003, artículo 17 y 18 de esa corporación.
ii) Hubo hecho superado, porque Consejo Nacional de Disciplina
Judicial, se pronunció frente a la solicitud de aclaración, al momento
de contestar la demanda de tutela.
VI. MOTIVOS DE DISCENSO
6.1. NO SE NECESITABA DE LA FIRMA DE LOS SIETE
INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL, SOLO LA DEL PONENTE, CONFORME AL ACUERDO
003, ARTÍCULO 17 Y 18 DE ESA CORPORACIÓN.
6.1.1. El aludido acuerdo no puede entrar a derogar el código
general del proceso, puesto que aquel es una norma inferior,
y este una norma superior.
Entonces, si el artículo 288 de la ley 1564 de 2012, ordena la firma
de la mayoría de los magistrados para que una sentencia sea válida,
el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, no puede desobedecer una
ley de la República, pretextando un acuerdo realizado por esa misma
corporación, pues contraria de manera evidente el principio del
derecho de norma superior deroga inferior.
(…)
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Sin embargo, dentro de la providencia apelada, no aparece mención
a los artículos citados del código general del proceso, y al
desconocerse esta norma nos encontramos en presencia de un
defecto sustantivo, como causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial (…).
6.2. HUBO HECHO SUPERADO, PORQUE CONSEJO NACIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL, SE PRONUNCIÓ FRENTE A LA
SOLICITUD DE ACLARACIÓN, AL MOMENTO DE CONTESTAR
LA DEMANDA DE TUTELA.
6.2.1. La sentencia recurrida también desconoció los
artículos 287 y 302 del código general del proceso, el artículo
8 de la ley 2213 de 2022, así como las premisas
jurisprudenciales expuestas en la demanda: i) Sentencia de
segunda instancia del Consejo de Estado de 18 de diciembre
de 2023, con ponencia de la H. Consejera MARÍA ADRIANA
MARÍN, jurisprudencia vertical; ii) Que confirmó la primera
instancia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
jurisprudencia horizontal; y, iii) Que se basaron en la
sentencia C-1076 de 2002 de la corte constitucional,
precedente obligatorio por ser un pronunciamiento de
constitucionalidad.
(…)
Entonces, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial violó
nuevamente del código general del proceso, artículos 287 y 302, así
como la ley 2213 de 2022, artículo 8, y por ello el derecho del
artículo 29 constitucional, debido proceso, porque:
1. Debió proferir la sentencia firmada por los siete magistrados.
2. Conforme al artículo 8 de la ley 2213 de 2022, dos días después
de que me fue comunicado por correo electrónico, se me considera
notificado.
3. Me comunicaron el 3 de abril en horas de la tarde, entonces la
notificación se dio el 5 de abril respecto a la sentencia de segunda
instancia.
4. Conforme el artículo 302 del código general del proceso, para que
cobrara ejecutoria debía esperar tres (3) días, hasta el 10 de abril
de 2024, tenía plazo para presentar el escrito solicitando adición y
aclaración de la sentencia.
5. El oficio de la secretaria del Consejo Nacional de Disciplina Judicial
dice que se aplica la ley 2213 de 2022 y el código general del
proceso, pero contradictoriamente el magistrado ponente vulnera
esas normas.
6. Quebrantando todas las normas mencionadas el Consejo Nacional
de Disciplina Judicial el mismo 10 de abril de 2024, inmediatamente
envió la sentencia al Tribunal de Cundinamarca para que ejecutara
la sanción.
7. Ante ese evidente error procesal el Consejo Nacional de Disciplina
Judicial debió hacer fue: i) solicitar le devolvieran el expediente, para
que la firmaran todos los magistrados; y, ii) resolver sobre la
aclaración y adición. Una vez corregido el yerro procesal y después
12
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de pronunciarse sobre la aclaración y adición, tendiendo en cuenta
la notificación de la ley 2213 de 2022 y la ejecutoria del código
general del proceso, ahí si enviarla al Tribunal de Cundinamarca.
8. En lugar de eso el magistrado ponente, no el Consejo Nacional de
Disciplina Judicial, se pronunció sobre la aclaración volviendo a violar
la ley, la constitución y la jurisprudencia mencionada, pues el 18 de
abril de 2024, cuando la sentencia llevaba 8 días de enviada al
tribunal, desconociendo el código general del proceso, la ley 2213
de 2022, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina
constitucional, así como el artículo 28 Superior, otra vez sin la firma
de los demás seis magistrados.
6.2.1.2. La sentencia impugnada desconoce la jurisprudencia
vertical y horizontal del propio Consejo de Estado.
Conforme a las premisas jurisprudenciales expuestas en la
demanda, en un caso que guarda: i) analogía fáctica; y, ii) analogía
conceptual, tanto la primera como la segunda instancia concedieron
la acción de tutela por vía de hecho, ya que el Consejo Nacional de
disciplina Judicial aplicó la ley 734 de 2002, en lugar del código
general del proceso.
La decisión recurrida en ninguna parte hace menciona las premisas
jurisprudenciales de la demanda, por lo que se vulneró el derecho a
la igualdad del artículo 13 superior, pues los usuarios de la justicia
tenemos derecho a que, en casos similares tanto en hechos como
en derecho, se nos resuelva de manera análoga, lo que no ocurrió
en este caso.
(…)
6.2.1.3. También el fallo apelado vulnera la doctrina
constitucional. Sentencia C-1076 de 2002:
Las sentencias de constitucionalidad son de obligatorio cumplimiento
para todos los jueces de la república, incluyendo la Sección Quinta
del Consejo de Estado, pues ya la Corte Constitucional dijo como se
debía interpretar la ley 734 de 2002, acorde con nuestra carta
política.
En esa decisión, la Corte Constitucional sentenció que: i) la
notificación de las sentencias; ii) las solicitudes de aclaración y
adición; y, iii) la ejecutoria, se debían tramitar con el entonces
vigente código de procedimiento civil, pues sin notificación, no
puede haber ejecutoria, como equivocadamente los dice el auto que
niega la aclaración y adición de la sentencia proferido por el Consejo
Nacional de Disciplina Judicial, que desconoce de manera directa una
sentencia de constitucionalidad proferida hace veintidós (22) años,
incurriendo al igual que en la sentencia de segunda instancia, en una
auténtica vía de hecho.
(…)
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Por lo anterior solicito que se revoque la sentencia de primera
instancia, y en su lugar se acceda a las pretensiones […]”. (Negrillas
originales del escrito de impugnación).
Por auto proferido el 23 de mayo de 2024 se concedió la impugnación21 y
la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 5 de junio
de 202422.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199123, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201524, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 25, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201926 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente27:
21
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
22
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 01.
23
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
24
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
25
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
26
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
27
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
14
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6.2.1. Mediante oficio nro. 179 del 29 de enero de 202028, la secretaria
del Juzgado Penal del Circuito de Descongestión con Función de
Conocimiento de Fusagasugá envió a la entonces Sala Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, hoy Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, la compulsa de copias
ordenada por dicho juzgado en providencia del 30 de septiembre de 2019
por las presuntas irregularidades que podían constituir falta disciplinaria
realizadas por el señor John Freddy Rodríguez Martínez como Juez
Promiscuo Municipal de Silvania, Cundinamarca, en el proceso penal
identificado con el radicado nro. 25290 60 00 396 2017 01204 00.
6.2.2. Surtido el correspondiente trámite disciplinario, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca en sentencia proferida
el 29 de septiembre de 2023 resolvió lo siguiente 29:
“[…] PRIMERO: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE
RESPONSABLE al doctor JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
(…), en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania, para
la época de los hechos, y demás condiciones civiles, personales y
funcionales conocidas en la actuación, de la incursión en falta
disciplinaria calificada como grave en calidad de autor y a título de
culpa gravísima, conforme al artículo 196 del Código Único
Disciplinario, por infracción del deber de respetar la Ley establecido
en el artículo 153, numeral 1, de la Ley 270 de 1996, derivado de la
vulneración del artículo 64 de la Ley 906 de 2004, de conformidad
con lo expuesto en la motivación.
SEGUNDO: Consecuentemente, IMPONER al doctor JOHN
FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, la sanción de SUSPENSIÓN
POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES EN EL EJERCICIO DEL
CARGO, acorde al artículo 44-3 de la Ley 734 de 2022, y bajo las
condiciones establecidas en el art. 45-2 del mismo ordenamiento
[…]”.
28
Documento denominado “01ExpedienteDigitalizado 202000200” del expediente del
proceso disciplinario identificado con el radicado nro. 25000 11 02 000 2020 00200
00/02. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
29
Documento denominado “41Sentencia2020-200ok” del expediente del proceso
disciplinario identificado con el radicado nro. 25000 11 02 000 2020 00200 00/02. Visto
en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el hoy accionante interpuso
recurso de apelación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en
sentencia del 28 de febrero de 2024, la confirmó30.
6.2.4. Por oficio denominado Telegrama S.J. 11789 LDTC del 3 de abril
de 2024, remitida vía correo electrónico ese mismo día, el secretario
judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial notificó al señor John
Freddy Rodríguez Martínez la precitada providencia de segunda
instancia31.
6.2.5. El 10 de abril de 2024, el señor John Freddy Rodríguez Martínez
radicó vía correo electrónico solicitud de adición y aclaración de la
sentencia de segunda instancia proferida el 28 de febrero de 2024 por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial32.
6.2.6. Mediante oficio denominado Telegrama S.J. 13488 LDTC del 10 de
abril de 2024, el secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
copia de la providencia del 28 de febrero de 2024 proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la que se confirmó la sanción
impuesta al señor John Freddy Rodríguez Martínez33.
30
Documento denominado “05 PROVIDENCIA 2020-00200-02”, ubicado en la carpeta
“02SegundaInstancia” del expediente del proceso disciplinario identificado con el
radicado nro. 25000 11 02 000 2020 00200 00/02. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
01769 00.
31
Documento denominado “07 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES”, ubicado en la
carpeta “02SegundaInstancia” del expediente del proceso disciplinario identificado con
el radicado nro. 25000 11 02 000 2020 00200 00/02. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
01769 00.
32
Documento denominado “11 solicitud de aclaración y adición 2020-0200-1”, ubicado
en la carpeta “02SegundaInstancia” del expediente del proceso disciplinario identificado
con el radicado nro. 25000 11 02 000 2020 00200 00/02. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
01769 00.
33
Documento denominado “TRIBUNAL 2020-00200-02” aportado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Visto en el índice 12 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
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6.2.7. El 15 de abril de 2024, el señor John Freddy Rodríguez Martínez
presentó escrito ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, solicitando que se abstuviera de ejecutar la sanción
impuesta en el proceso disciplinario34.
6.2.8. Por auto del 18 de abril de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial resolvió “no acceder a la solicitud de aclaración y adición de la
sentencia fechada el 28 de febrero de 2024”, presentada por el hoy
accionante35.
6.2.9. Mediante oficio nro. SJ CVM-15169 del 19 de abril de 2024, el
secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, lo siguiente36:
“[…] En atención a la solicitud elevada de fecha 17 de abril del 2024
mediante oficio nro. 460, de manera atenta me permito informar
que, una vez verificado el radicado 25000110200020200020002 en
el sistema de gestión siglo XXI y los correos electrónicos de las áreas
de correspondencia, derechos de petición y sancionados, se pudo
constatar que:
• En fecha 3 de abril del 2024, se notifica la providencia donde
CONFIRMA la sentencia proferida por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2023,
mediante la cual sancionó al doctor JOHN FREDDY RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Silvania,
Cundinamarca.
• El 10 de abril de data, se recibe memorial del disciplinable donde
solicita aclaración y adición a la sentencia (…).
• En fecha 18 de abril del 2024, se recibe el auto donde resuelve NO
ACCEDER a la solicitud de aclaración y adición de la sentencia
fechada el 28 de febrero de 2024”.
34
Documento denominado “solicitud tribunal 15 de abril con anexos” aportado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Visto en el índice 12 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
01769 00.
35
Documento denominado “17 AUTO NIEGA SOLICITUD” aportado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Visto en el índice 12 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
01769 00.
36
Documento denominado “Oficio SJ CVM 15169” aportado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca. Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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Accionante: John Freddy Rodríguez Martínez
• El 19 de abril del 2024, se comunica lo resuelto en el auto a las
diferentes partes.
Es preciso indicar que a la fecha no se encuentran peticiones
pendientes por contestar del señor JOHN FREDDY RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ […]”.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala se detendrá
en el estudio del requisito general de relevancia constitucional, y para
ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional37
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”38.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
37
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
38
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
18
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constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades39:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia40. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del primer criterio que la compone, esto es,
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
39
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
40
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
19
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La Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019, explicó que este
primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que
se promueva contra una providencia judicial debe proponer un debate
sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, pues sólo
así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza
constitucional; ello quiere significar que, quien interpone una acción de
tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la
sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este
criterio41 fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202142, SU 103 de
202243 y SU 215 de 202244.
41
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422 de 2018,
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de relevancia no estaba
cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas
desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no
se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”.
42
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
43
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
44
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
20
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El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.
Ello porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso
reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía
de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el
principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en
el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no
podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con
la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”45
y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo
45
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
21
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identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades
públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un
derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que
es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”46.
Por ello, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, dado que, de
advertirse su afectación prima facie en la faceta constitucional, se
desprendería que el asunto es de naturaleza constitucional, en la medida
que compromete o involucra el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental.
En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, al mínimo vital
y al buen nombre. Lo anterior, con ocasión de (i) la notificación de la
sentencia proferida por dicha autoridad judicial el 28 de febrero de 202447,
sin la firma de todos los magistrados que conformaron la sala de decisión;
y (ii) el envío de dicha providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca para que aplicara la sanción, sin que dicha providencia
se encontrara ejecutoriada, en virtud de la solicitud de adición y aclaración
presentada por el hoy accionante.
-) Frente a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia.
Lo primero que la Sala precisa en relación con estos derechos
fundamentales es que, bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos
por la Sala Plena de la Corte Constitucional en las sentencias SU 573 de
2019, SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022, se tiene que no está acreditada
46
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
47
En el proceso disciplinario identificado con el radicado nro. 25000 11 02 000 2020
00200 00/02.
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la exigencia de la relevancia constitucional cuando la parte actora se limita
a invocar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sin
justificar las razones por las cuales estima que la sentencia atacada lo
afectó, sino que, en criterio de la Corte Constitucional, “se exige
demostrar, de manera razonable, una restricción desproporcionada sobre
alguno(s) de sus elementos [contenido o núcleo esencial]” 48; esto es, que
el interesado alegue la vulneración del derecho al debido proceso en su
faceta constitucional o, dicho de otra manera, que identifique dentro del
núcleo esencial cuál de las garantías que los componen resultan
comprometidas con ocasión de la sentencia controvertida en la acción de
tutela.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial o el contenido del debido proceso está integrado por las
siguientes garantías mínimas49:
“(…) La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “(…) conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del
debido proceso:
(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a
obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en
el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a
la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante
la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;
48
Corte Constitucional. SU 103 del 17 de marzo de 2022. M.P: Alejandro Linares Cantillo.
49
Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014.
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(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea
sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando
los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas (…)”.
En cuanto al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que tiene un contenido múltiple
a partir del cual pueden identificarse tres categorías50: (i) aquellas que
tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii)
las garantías previstas para el desarrollo del proceso, y (iii) las
relacionadas con la ejecución material del fallo.
Dentro de la primera categoría, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que se compone de las siguientes garantías: (i) el derecho de
acción, (ii) a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la
determinación legal de derechos y obligaciones, y (iii) a que la oferta de
justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. En cuanto a
la segunda, incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas
sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, (v) que éstas sean decididas por un tribunal independiente
e imparcial, (vi) a tener todas las posibilidades de preparar una defensa
en igualdad de condiciones, (vii) que las decisiones sean adoptadas con
el pleno respeto del debido proceso, (viii) que exista un conjunto amplio
y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, (ix) que se
prevean herramientas necesarias para facilitar el acceso a la justicia por
parte de las personas de escasos recursos. La última categoría abarca (x)
50
Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
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la posibilidad efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada
y ejecutable, y que (xi) se cumpla lo previsto en ésta.
Por lo anotado, la Sala considera que el requisito general de relevancia
constitucional no se cumple frente a los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, toda vez que la
parte actora no identificó cuál de las garantías que componen el núcleo
esencial resulta amenazada, ni de lo expuesto se advierte prima facie que
se comprometa o involucre el contenido de estos derechos
fundamentales, por lo que el asunto no es relevante desde el punto de
vista constitucional.
Lo anterior, por cuanto el accionante reprocha, por una parte, (i) que la
sentencia cuestionada no tenía las firmas de todos los magistrados, solo
la del ponente, y por otra, (ii) que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial haya enviado la providencia al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca para que aplicara la sanción, sin que dicha
providencia se encontrara ejecutoriada con ocasión de la solicitud de
adición y aclaración presentada, de donde se desprende que dichos
reparos no involucran, ni configuran, la afectación de ninguna de las
garantías que componen el núcleo esencial del debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia.
En relación con el segundo reparo, esto es, que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial remitió la providencia al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca para que aplicara la sanción, sin que dicha
providencia se encontrara ejecutoriada, la Sala advierte que de las
pruebas allegadas a este trámite tutelar, se desprende que el 15 de abril
de abril de 2024, el señor Rodríguez Martínez solicitó al precitado tribunal
que se abstuviera de ejecutar la sanción impuesta en el proceso
disciplinario, ante tal petición, el tribunal ofició a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial a efectos de que informara si existía solicitud alguna
que se encontrara pendiente por resolver dentro del proceso, por lo que,
el 19 de abril de 2024, mediante oficio nro. SJ CVM-15169, la Comisión
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Nacional de Disciplina Judicial informó que la solicitud de aclaración y
adición había sido resuelta mediante auto del 18 de abril del 2024.
Bajo dicho contexto, es preciso señalar que la inconformidad del actor
respecto de la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso por la aplicación de la sanción sin que la sentencia que la ordenó
se encontrara ejecutoriada no se configuró, comoquiera que el tribunal no
aplicó la sanción inmediatamente, en tanto la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no confirmara que no había peticiones ni solicitudes
pendientes por responder, lo que se acreditó el 19 de abril de 2024.
-) Frente al derecho fundamental al mínimo vital
La jurisprudencia constitucional ha indicado que le corresponde al
accionante demostrar la vulneración del mínimo vital, señalando qué
necesidades básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que
dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y
contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la
certeza de tal situación”51.
Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que para establecer si
frente a un determinado caso se ha vulnerado este derecho fundamental
“(…) el juez constitucional deberá verificar cuáles son aquellas
necesidades básicas o gastos mínimos elementales en cabeza del
individuo, indispensables para garantizar la salvaguarda de su derecho
fundamental a la vida digna, y evaluar si la persona está en capacidad de
satisfacerlos por sí mismo, o por medio de sus familiares (…)”52.
En el asunto bajo examen, se advierte que el señor John Freddy Rodríguez
Martínez no acreditó con prueba alguna la afectación de su derecho
51
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
52
Corte Constitucional. Sentencia T-678 del 16 de noviembre de 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
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fundamental al mínimo vital. Por lo tanto, frente a este derecho tampoco
está superado el requisito general de relevancia constitucional.
-) Frente al derecho fundamental al buen nombre
El núcleo esencial de este derecho está dirigido “a proteger la reputación
o el concepto que de un sujeto tienen las demás personas, ante
expresiones ofensivas e injuriosas, o la propagación de informaciones
falsas o erróneas que distorsionen dicho concepto”53. En igual sentido, la
Corte Constitucional ha explicado que el derecho al buen nombre “se
refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales
ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la
sociedad”54.
En el caso concreto, se tiene que el accionante alegó que “(…) existe
perjuicio irremediable a mi derecho constitucional al buen nombre, como
abogado y como funcionario, en caso de que la sanción se ejecute, sin
que haya quedado en firme la providencia que me sancionó (…)”55. Sin
embargo, como quedó visto en precedencia, está acreditado que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, una vez recibió el
expediente disciplinario, ofició a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
a efectos de que informara si existía solicitud alguna que se encontrara
pendiente por resolver dentro del proceso.
En conclusión, teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la
Sala confirmara la sentencia de primera instancia en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional en tanto que el actor no cumplió con la carga
argumentativa mínima que permitiera evidenciar que los reproches
formulados implican la afectación del núcleo esencial del debido proceso.
53
Corte Constitucional. Sentencia T-007 de 2020.
54
Ibidem.
55
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01769 00.
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Por otra parte, frente al argumento expuesto por el accionante en la
impugnación, respecto a que el a quo no hizo mención a los fundamentos
jurisprudenciales expuestos en el escrito de tutela, por lo que reitera que
se desconoció el fallo de tutela proferido “(…) [el] 18 de diciembre de
2023, con ponencia de la H. Consejera MARÍA ADRIANA MARÍN (…)”, a
lo que agregó que “(…) el fallo apelado vulnera doctrina constitucional.
Sentencia C-1076 de 2002 (…)”, la Sala advierte que, si bien el a quo no
se pronunció frente a la primera providencia citada, lo cierto es que el
accionante no identificó el radicado en el que fue proferida. En todo caso,
los fallos de tutela no constituyen precedente comoquiera que tienen
efectos inter partes.
En cuanto a la sentencia C-1076 de 2002 de la Corte Constitucional, la
Sala precisa que esta sentencia no fue invocada en el escrito de tutela
inicial, sin embargo, no sobra advertir que esta Sección ha dicho en
reiteradas oportunidades que “(…) en razón a la naturaleza de la acción
pública de inconstitucionalidad, cuya finalidad es garantizar la integridad
y la supremacía del orden constitucional objetivo, la defensa de los
derechos subjetivos es una consecuencia derivada de su ejercicio, pero
no constituye su fin directo; en ese sentido, tales providencias no pueden
considerarse como precedente judicial en la solución de un caso
particular; ello sin perjuicio de su alcance interpretativo que es de
obligatoria observancia para los administradores de justicia al resolver los
casos concretos (…)”56.
En suma, la petición de amparo es improcedente, por cuanto no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 9 de mayo de 2024 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 16 de agosto de 2018. M.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
11001-03-15-000-2018-01366-01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 9 de mayo de 2024
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, según lo explicado en la
parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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