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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01769-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01769-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor John Freddy Rodríguez Martínez, en lo atinente a la mora judicial alegada. TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por el señor John Freddy Rodríguez Martínez, en lo concerniente a los reproches dirigidos contra el fallo del 28 de febrero de 2024. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01769-00

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

9 de mayo de 2024

Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01769-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01769-00
Demandante: JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial y por mora judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor John
Freddy Rodríguez Martínez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 11 de abril de 20241, el señor John Freddy
Rodríguez Martínez, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
mínimo vital y al buen nombre.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de: (i) la sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial el 28 de febrero de 2024, la cual confirmó la providencia dictada por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca el 29 de septiembre
de 2023, al interior del proceso disciplinario identificado con el radicado 25000-
11-02-000-2020-00200-00/01, y (ii) la presunta mora judicial por parte de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al no resolver la solicitud de adición y
aclaración radicada el 10 de abril de 2024.

1
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

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Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01769-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

2.1. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conforme al
artículo 288 del código general del proceso, proferir nuevamente la sentencia con
las firmas de los siete magistrados.
2.2. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, volver a
notificar la sentencia, de acuerdo con el artículo 8 de la ley 2213 de 2022, y el
302 del código general del proceso.
2.3. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una vez
transcurrido el plazo de las normas mencionadas en el párrafo anterior, resolver
mi solicitud de adición y aclaración, teniendo en cuenta que mi defensor y yo,
dentro de ese término podemos adicionar esa petición de aclaración y adición.
2.4. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, abstenerse de
registrar esa sanción.
2.5. Que se ordene al Tribunal de Cundinamarca, abstenerse de ejecutar la
sanción comunicada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 29 de enero de 2020, la secretaria del Juzgado Penal del Circuito de
Descongestión de Fusagasugá le remitió a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Cundinamarca la compulsa de copias contra el señor John Freddy
Rodríguez Martínez, en su condición de juez Promiscuo Municipal de Silvania
(Cundinamarca) ordenada en proveído del 30 de septiembre de 2019, al interior
del proceso penal por violencia intrafamiliar, identificado con el radicado
252906000396201701204.

Lo anterior, en atención a que al recibir el proceso de la referencia aceptó el
impedimento manifestado por el juez Primero Penal de Fusagasugá para
conocer del asunto, sin embargo, posteriormente ordenó que se devolviera el
expediente a dicho juzgado, con el argumento de que, al haberse producido
cambio de juez, habría desaparecido la causal de impedimento que originó la
remisión de las diligencias a su Despacho.

Por tal actuación, se consideró que el actor no acató el artículo 64 de la Ley 906
de 20043, en punto a la imposibilidad de que se recuperara la competencia por la
desaparición de la causal, puesto que el fin de la norma pretendía que una vez

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
«ARTÍCULO 64. DESAPARICIÓN DE LA CAUSAL. En ningún caso se recuperará la competencia por la
desaparición de la causal de impedimento».

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aceptado un impedimento y separado un funcionario del conocimiento, la
actuación no podía retornar a su Despacho al desaparecer la causal, pues la
orientación de este postulado era evitar que los procesos transiten de un una
autoridad judicial a otra, perturbando la recta y oportuna administración de
justicia y el normal desenvolvimiento de una actuación, precisamente por la
indefinición del funcionario que debe adelantarla.

En consecuencia, por medio de providencia del 29 de septiembre de 2023, la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, sancionó al señor
Rodríguez Martínez por la inobservancia del deber consagrado en el artículo 153
numeral 1º de la Ley 270 de 19964 derivado de la vulneración del artículo 64 de
la Ley 906 de 2004, ilicitud considerada como falta grave realizada a título de
culpa gravísima, y como consecuencia, le impuso sanción de suspensión en el
ejercicio del cargo, por el término de un mes.

En sentencia del 28 de febrero de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial confirmó la decisión del a quo, tras encontrar que: «el doctor JOHN
FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ en su condición de Juez Promiscuo Municipal de
Silvania – Cundinamarca, afectó el deber funcional de respeto a la ley previsto en el
numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuanto no respetó el artículo 64 de
la Ley 906 de 2004, en punto a la inviabilidad de que se recuperara la competencia por
la desaparición de la causal dentro del proceso 2017-01204, en el que había aceptado
con antelación un impedimento para conocer del asunto expuesto por el Juez Primero
Penal de Fusagasugá5».

El accionante presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia de
segundo grado el 10 de abril de 20246, en el sentido de indicar (i) una
contradicción entre los numerales 1º y 3º de la resolutiva de la providencia; (ii)
que no se resolvió el argumento en el que advertía un choque de los magistrados
en seguir la jurisprudencia horizontal y, (iii) que los integrantes de la Sala de
Decisión no indicaron la razón por la cual se apartaron de la jurisprudencia y
doctrina citada en el escrito de demanda.

El actor expuso que hasta el momento de la interposición de la acción de tutela,
esta no había sido resuelta.

4
«ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los
siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los
reglamentos».
5
Índice 9 de Samai.
6
Manifestó que la radicación de las peticiones la realizó al mismo correo electrónico por medio
del cual le comunicaron la decisión de segundo grado.

3
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1.4. Fundamentos de la vulneración

El actor indicó que el fallo de segunda instancia proferido por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial al interior del proceso disciplinario carecía de
efectos jurídicos, dado que no contaba con las firmas de seis de los siete
magistrados que conformaron la Sala, de acuerdo con el artículo 288 del Código
General del Proceso. Además, señaló que en la plataforma virtual de consulta de
procesos de la Rama Judicial se observaba un salvamento de voto, el cual no le
fue notificado.

Por otro lado, adujo que de acuerdo con el inciso 2º del artículo 302 del Código
General del Proceso, la sentencia solo quedaba ejecutoriada una vez resueltas
las solicitudes de aclaración y adición, situación que hasta el momento de la
radicación del presente mecanismo constitucional no había sucedido, razón por
la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no debió enviar el expediente
al Tribunal Superior del Distrito Judicial para hacer efectiva la sanción.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La magistrada ponente mediante auto del 16 de abril de 2024 admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte
demandada, a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el
resultado del proceso, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca, que se desempeñó como juez de primera instancia al interior del
proceso disciplinario.

Por otro lado, el actor solicitó como medida cautelar que se le ordenara al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al ser este su nominador,
abstenerse de «registrar» y hacer efectiva la sanción de la cual fue objeto en el
proceso disciplinario, ya que ello podría causarle un perjuicio irremediable al no
recibir su salario por un mes.

No obstante, la magistrada ponente negó la petición del tutelante, tras considerar
que: «el término para proferir la sentencia de tutela en primera instancia conduce a que,
al no encontrarse acreditada una grave e inminente afectación a los derechos
fundamentales, la parte actora pueda esperar a la decisión que adopte este juez
constitucional, sin ver comprometidas las garantías que invocó, pues pese a que el
accionante afirmó que el prejuicio irremediable en su caso se concretaría por el no pago
de un mes de su salario, dicha sanción está amparada en una providencia judicial sobre
la cual no se evidencia, de entrada, un vicio o contradicción que impida su
cumplimiento».

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes:

1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca

En documento allegado el 18 de abril del presente año, el magistrado ponente de
la decisión de primera instancia hizo un recuento de los hechos sucedidos al
interior del proceso disciplinario, y concluyó que el accionante contó con todas
las garantías previstas en la ley, por lo cual no existió vulneración de sus
derechos.

Adicionalmente, solicitó su desvinculación en atención a que las situaciones
aludidas en el escrito de tutela no habían sido desplegadas por esa Corporación.

1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Por medio de correo electrónico remitido el 19 de abril de 2024, el magistrado
ponente de la decisión enjuiciada indicó que frente al reproche del actor en lo
relativo a la inexistencia de la sentencia en atención a la ausencia de las firmas,
de acuerdo con el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 2213 de 20227.

Por lo anterior, señaló que «[…] esta Corporación de manera unánime optó por la
notificación de las providencias judiciales sin la totalidad de las firmas, únicamente con la
del ponente, esto para dar agilidad a las actuaciones de la Secretaría Judicial de esta
Comisión […]».

En consecuencia, advirtió que la sentencia es válida y existe, toda vez que fue
debidamente discutida, se resolvieron las diferentes pretensiones invocadas en
el recurso de alzada y fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Sala.

Asimismo, expuso que si bien dos integrantes de la Sala se habían apartado de
la decisión salvando su voto, dichas consideraciones no invalidaban la decisión
adoptada.

En lo relativo a la solicitud de aclaración y adición, manifestó que ingresó al

7
«ARTÍCULO 2°. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Se
podrán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones, cuando se disponga de los
mismos de manera idónea, en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin
de facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

Se utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a
los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles,
evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por
tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o
autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos […]».

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Despacho el 15 de abril de 2024, fue resuelta en auto del 18 siguiente, y que
también fue notificada el mismo día.

Así las cosas, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción o en su
defecto que fuera negada, al no existir violación de los derechos fundamentales
invocados por el accionante.

1.6.3. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas

Mediante memorial allegado el 22 de abril de 2024, el presidente de la
Corporación puso de presente que el 15 de abril del presente año recibió
comunicación por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la que
remitió copia del expediente disciplinario junto con la ejecutoria del fallo de
segunda instancia.

En atención a que una de las pretensiones del presente mecanismo
constitucional versa sobre ordenar a la autoridad judicial que se abstenga de
ejecutar la sanción impuesta, el magistrado expuso que el asunto fue tratado en
la sesión de Sala Plena del 16 de abril de 2024, sin embargo, se aplazó para la
próxima sesión hasta tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial informara
si existía solicitud alguna pendiente de resolver en el proceso.

A través del oficio CVM-15169, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial refirió
que la solicitud de aclaración y adición había sido resuelta mediante auto del 18
de abril del presente año, en el que se dispuso no acceder a las peticiones
elevadas.

Por lo tanto, adujo que no había vulnerado derecho fundamental alguno del
demandante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor John Freddy Rodríguez Martínez, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y el numeral 11° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca.

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2.2. Solicitud de desvinculación

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca solicitó la
desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carece de
legitimación en la causa por pasiva.

Dicha petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso se realizó en
calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el
reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las
resultas del presente trámite por haber fungido como juez disciplinario de primer
grado.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en mora judicial al no
resolver la solicitud de adición y aclaración radicada por el accionante el
10 de abril de 2024?

Para resolver este problema jurídico, se revisarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia (iii) mora judicial, y (iv) caso concreto.

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de
procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a las preguntas anteriores, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos
fundamentales del señor Rodríguez Martínez al notificar la sentencia del
28 de febrero de 2024, sin contener la totalidad de las firmas de los
magistrados que conformaron la Sala?

Para tal efecto se abordarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente, (iii) el
estudio del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción

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u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir,
cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva
para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución9, del derecho fundamental al debido
proceso10 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia11.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada,
ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías
constitucionales previstas en la Constitución y en la ley […]»12.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que,
ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico
aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado
conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»13.

8
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
10
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
11
Sentencia T-006 de 1992.
12
Sentencia T-476 de 1998.
13
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.

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Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”14, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se
deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por
lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas […]»15.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia16 y con sustento en los principios de celeridad,
eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como
director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar
el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una
sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los
derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»17.

2.6. La mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de

14
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
15
Ibídem.
16
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional”.
17
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.

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diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes18.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»19.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los
términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada,
cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones. (Resaltado propio)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial20, según la cual solo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes.

2.7. Caso concreto

La acción de tutela presentada por el señor John Freddy Rodríguez Martínez
cuestiona (i) la presunta mora judicial por parte de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial al no resolver la solicitud de adición y aclaración, y (iii) la
providencia judicial dictada el 28 de febrero de 2024.

Por razones de orden metodológico la Sala analizará por separado cada uno de
los reparos formulados.

18
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
19
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
76001-23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-
03-15-000-2023-06923-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01769-00

Frente a la mora judicial el accionante adujo que el 10 de abril de 2024 radicó
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitud de aclaración y adición
frente al fallo del 28 de febrero de 202421, sin embargo, hasta la fecha de
interposición del mecanismo constitucional, la autoridad no la había resuelto.

En la contestación allegada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
advirtió que dicha solicitud fue conocida por el Despacho el 15 de abril de 2024,
razón por la cual fue resuelta mediante auto del 18 siguiente, en el que se
decidió desfavorablemente las súplicas. La autoridad accionada indicó que
notificó la decisión al día siguiente. A continuación, se observa el documento:

Por ello, en atención a las particularidades del presente caso, en el que la
solicitud fue presentada el 10 de abril de 2024 y la acción de tutela radicada el 11
siguiente, no se observa la configuración de una mora judicial, pues no había
transcurrido más de un día, es decir que no pasó un tiempo excesivo que amerite

21
Índice 9 de Samai.

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la intervención del juez constitucional. Así las cosas, se negará la pretensión por
no encontrar configurada la mora judicial.

Ahora bien, respecto del mismo cargo, el accionante argumentó que no se
encontraba de acuerdo con que las actuaciones del proceso disciplinario
hubiesen sido enviadas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca sin haberse resuelto la solicitud de adición y aclaración, pues ello
no permitía que la sentencia del 28 de febrero de 2024 se encontrara
ejecutoriada.

Por lo tanto, solicitó que se le diera la orden al tribunal, en su condición de
nominador, de que no ejecutara la sanción impuesta por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

Sobre el punto, se observa que en la contestación allegada al presente
mecanismo constitucional por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, advirtió que aún no se había tomado determinación alguna en
Sala Plena sobre si proceder a hacer efectiva la sanción impuesta al señor
Rodríguez Martínez, hasta tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no le
indicara si existía alguna petición pendiente de resolver al interior del proceso
disciplinario.

Frente a ello, el 19 de abril de 2024, el secretario judicial de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial por medio de informe, le explicó al tribunal que el 18 de
abril de 2024 se había resuelto la solicitud de adición y aclaración, notificada al
día siguiente, razón por la cual no existían asuntos pendientes por contestar.

Así las cosas, la decisión de ejecutar la sanción dependerá de lo que decida el
nominador del accionante, teniendo en cuenta que ya fue resuelta la solicitud de
aclaración y adición y, por lo tanto, la sentencia del 28 de febrero de 2024 queda
ejecutoriada. En consecuencia, no es competencia del juez de tutela
pronunciarse sobre el punto o tomar medidas frente a ello.

En lo relativo al reproche contra el fallo del 28 de febrero de 2024, a
continuación, se estudiarán los requisitos de la acción de tutela contra
providencia judicial, con el fin de determinar si es procedente hacer un estudio de
fondo de la providencia en cuestión.

2.8. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

En la Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena sistematizó los requisitos de
procedencia de la tutela cuando la amenaza o violación de los derechos proviene
de una decisión judicial. Este fallo diferenció entre «requisitos de carácter general
que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que

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tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto»22.

Así pues, tanto la Corte Constitucional como la Sección de manera reiterada ha
establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los
siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate
de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De
modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.9. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.9.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-215 de 202223.

2.9.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

22
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-128 del 06.05.21, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
23
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal24 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico25; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional26.

24
Sentencia SU-573 de 2019.
25
Sentencia SU-103 de 2022.
26
Sentencia SU-103 de 2022.

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[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal27”. En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales28”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto29, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal30. (Resaltado de la Sala)

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI
S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En lo relativo al presente asunto, el señor John Freddy Rodríguez Martínez
señaló que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y al buen nombre, con
ocasión de la inexistencia de las firmas de los magistrados participantes en la
decisión del 28 de febrero de 2024, lo cual dejaba sin efectos jurídicos la
providencia.

27
Sentencia SU-103 de 2022.
28
Sentencia SU-128 de 2021.
29
Sentencia SU-573 de 2019.
30
Ibid.

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Esta sección nota que no se cumple con la primera exigencia necesaria para
superar el requisito general de relevancia constitucional, esto es, la carga
argumentativa mínima que haga procedente su análisis por el juez constitucional.

Así, es preciso señalar que no basta con mencionar de manera general que se
desconocieron sus derechos fundamentales, sino que se requiere especificar los
motivos de raigambre constitucional por los que considera desconocidos sus
garantías, lo cual no ocurrió en este caso, pues como se advierte, el accionante
se limitó a indicar que la providencia en cuestión no estaba firmada.

En otras palabras, la sala evidencia que el accionante no presentó argumento
alguno tendiente a demostrar por qué este tema debe trascender las instancias ya
agotadas para llegar a la órbita del juez constitucional, pues no explicó con
claridad y de manera suficiente los motivos por los que considera desconocidas
sus garantías fundamentales por parte de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en el fallo del 28 de febrero de 2024, es decir, no expresó las razones
mínimas por las que considera que la autoridad judicial accionada desconoció
aquellas.

Se advierte que el único reparo del actor consistió en que la providencia no
estaba suscrita por 6 de los 7 magistrados que integraron la Sala de Decisión lo
que evidencia su inconformidad con la manera en que se adoptó la decisión y que
esta acción pretende que los jueces constitucionales realicen un estudio de oficio
y completo sobre el marco jurídico concerniente a la exigencia o no de que las
decisiones judiciales contengan la firma manuscrita o digital, llevando además a
un debate meramente legal para el cual no está instituido la acción de tutela.

Adicionalmente, se observa que accionante plantea tal discusión en atención a
que no se encuentra conforme con la decisión del 28 de febrero de 2024 y busca
de alguna forma obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses o dilatar el
trámite, sin que haya invocado algún defecto o tenga la carga que haga
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

En todo caso, para dar claridad al señor Rodríguez Martínez se recuerda que en
los artículos 17 y 20 del Acuerdo 003 del 25 de enero de 202131, se establece la
forma en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tramita internamente lo
relativo a la aprobación de los proyectos de sentencias y su correspondiente
firma, esto último que ocurre después de la notificación. En gracia de discusión,
esta Sala precisa que dichos fallos pueden suscribirse mediante firma autógrafa,
electrónica o digital, es decir que con el hecho de realizar la carga de la
providencia en la plataforma electrónica, también se entienden firmadas.

31
«Por el cual se adopta el reglamento interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial».

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Así las cosas, se declarará la improcedencia de la acción constitucional respecto
de este punto, en atención a que no supera el requisito de relevancia
constitucional.

2.10. Conclusión

Por las razones expuestas, se negará la acción de tutela en lo atinente a la mora
judicial alegada, y se declarará la improcedencia en lo concerniente al reproche
dirigido contra el fallo del 28 de febrero de 2024, por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor John Freddy
Rodríguez Martínez, en lo atinente a la mora judicial alegada.

TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por el señor John Freddy Rodríguez Martínez, en lo concerniente a los reproches
dirigidos contra el fallo del 28 de febrero de 2024.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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