Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02349-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02349-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02349-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02349-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
4 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario.
Sanción a juez de la República. Remisión de diligencias cuando se
había aceptado impedimento previamente.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor John Freddy Rodríguez Martínez de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de mayo de 20241, el señor John Freddy Rodríguez Martínez interpuso acción
de tutela, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones:
“Principal:
Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial declarar la nulidad de todo lo
actuado a partir de la sentencia de segunda instancia fechada el 28 de febrero de 2024, y
devuelva el expediente al Comisión de Disciplina Judicial de Cundinamarca, para que resuelva
sobre la solicitud de la nulidad de la sentencia de primera instancia.
Subsidiaria:
Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fallar conforme a:
1. Los artículos 2, 13, 29, 31, 93, 228, 229, 230, de la Constitución y 13, 15, 21, 22, de la
ley 734 de 2002 y 5 de la ley 270 de 1996.
2. Respetando el principio de doble conformidad.
3. Teniendo en cuenta el recurso de apelación de 15 de noviembre de 2023.
4. Respetando su propia jurisprudencia horizontal.
5. Partiendo de la presunción de inocencia.
6. Respetando la doctrina constitucional.
7. Aplicando la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
8. Motivando la sentencia”.
1 Tutela radicada al correo de tutelas en línea.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos que dieron lugar a la queja disciplinaria:
2.1. El señor John Freddy Rodríguez Martínez se desempeña como Juez
Promiscuo Municipal de Silvania, Cundinamarca.
2.2. En el despacho del mencionado funcionario se adelantó un proceso de
violencia intrafamiliar seguido en contra del señor Jairo Alonso Romero Mora.
En un primer momento, dicho asunto de violencia intrafamiliar estuvo en el
despacho del Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá, sin embargo,
su titular se declaró impedida para conocer del asunto, razón por la que ordenó
la remisión del asunto al Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania,
Cundinamarca.
El accionante, en su calidad de juez promiscuo municipal de Silvania, dispuso
remitir de nuevo las diligencias al Juzgado Primero Penal Municipal de
Fusagasugá con fundamento en que había llegado incompleto el expediente
y, no le era posible estudiar la causal de impedimento.
2.3. El juzgado primero penal municipal de Fusagasugá, nuevamente remitió las
diligencias indicando que el juez promiscuo de Silvania debió proponer un
conflicto negativo de competencia de considerarlo, pero no devolver las
diligencias al despacho.
El juez Promiscuo Municipal de Silvania nuevamente devolvió el asunto al
Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá, argumentando no contar con la
carpeta completa y ni con las audiencias llevadas a cabo, lo que le impedía
resolver el impedimento presentado.
2.4. Una vez remitidas nuevamente las diligencias al juzgado promiscuo municipal
de Silvania, mediante providencia del 11 de octubre de 2018 se aceptó el
impedimento formulado por el Juez Primero Penal Municipal de Fusagasugá;
se avocó el conocimiento del juicio y se fijó fecha para llevar a cabo audiencia
de formulación de acusación.
2.5. Llevada a cabo la diligencia, el juez promiscuo municipal de Silvania, decretó
la nulidad de todo lo actuado a partir de la formulación de imputación llevada
a cabo el 28 de junio de 2018, dejó en libertad al sindicado Jairo Alonso
Romero Mora y devolvió el expediente al Juzgado Segundo Penal con Función
de Control de Garantías a efectos de repetir la formulación de imputación.
2.6. Posteriormente el juzgado promiscuo municipal de Silvania, fijó fecha para
audiencia de acusación, la que se llevó a cabo el 9 de mayo de 2019 en la que
solo asistió el imputado Jairo Alonso Romero Mora, sin la presencia de su
defensor ni de la fiscalía y en cuyo desarrollo, indicó el juez que, en relación
con la declaratoria de impedimento por el juzgado primero penal de
Fusagasugá en su momento, la competencia por el factor territorial seguía
siendo allí al haber ocurrido los hechos en ese lugar y que, teniendo en cuenta
que el impedimento era de carácter personal y no institucional y que, el juez
que se declaró impedido en ese momento era distinto, ordenó la remisión de
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
la carpeta por competencia territorial nuevamente al juzgado penal municipal
de Fusagasugá.
2.7. El Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Fusagasugá, ordenó
compulsar copias al mencionado juez, advirtiendo las siguientes
irregularidades dentro del proceso de violencia intrafamiliar mencionado: (i)
haber declarado la nulidad de la actuación pese haber avocado el
conocimiento, (ii) llevar a cabo una audiencia para “formulación de acusación”
sin presencia de la fiscalía ni del abogado defensor del imputado y, (iii) por
haber ordenado en la misma audiencia, las diligencias penales al despacho de
origen, so pretexto de no tener competencia territorial.
Hechos relativos al proceso disciplinario Nro. 25000-11-02-000-2020-00200-00:
2.8. Del proceso disciplinario conoció en primera instancia la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Cundinamarca (Radicación Nro. 25000-11-02-000-2020-
00200-00) que, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2023, declaró
disciplinariamente responsable al señor John Freddy Rodríguez Martínez por
la comisión de falta disciplinaria a título de culpa gravísima y, en consecuencia,
fue sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un
mes.
Como fundamento de esta sanción, encontró la Comisión Seccional que, en
efecto, de acuerdo con las actuaciones adelantadas por el juez disciplinado,
había desbordado los parámetros de autonomía judicial, concretamente la
desatención del artículo 64 de la Ley 906 de 2004 que indicaba que en ningún
caso se recuperaría la competencia por desaparición de la causal de
impedimento, lo que no había sido atendido cuando al verificar que había
cambiado el funcionario judicial que se había declarado impedido en el
Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá, consideró viable devolverlo
pese a que legalmente no era permitido.
2.9. La decisión fue apelada por el sancionado. Adicionalmente, presentó solicitud
de nulidad.
En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sentencia
del 28 de febrero de 2024, resolvió: (i) negar la solicitud de nulidad presentada
por el hoy accionante y (ii) confirmar la decisión del a quo.
En relación con la solicitud de nulidad, encontró que, contrario a lo afirmado
en su escrito, el sancionado participó activamente en el proceso disciplinario,
en el que se agotaron y cumplieron las etapas correspondientes y, respecto a
la falta de defensa que invocó, precisó que el investigado pudo designar un
abogado de confianza que lo representara, sin embargo, eso no sucedió, por
lo que finalmente se le designó uno de oficio; circunstancia que no contradice
las garantías del debido proceso.
En relación con el fondo del asunto, consideró que, tal y como lo advertía la
Comisión Seccional, el juez investigado desconoció las previsiones del artículo
64 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), según las cuales, en
ningún caso se recuperaría la competencia por la desaparición de la causal
respectiva de impedimento, por lo que no le era dable al juez disciplinado
adoptar una decisión en ese sentido, para apartarse del conocimiento del
asunto.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
3. Fundamentos de la acción
3.1. Si bien en el escrito de tutela no se individualizan los defectos endilgados a la
sentencia del 28 de febrero de 2024 proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en el proceso disciplinario Nro. 5000-11-02-000-2020-00200-
00/02, los argumentos expuestos como fundamento, permiten encuadrarlos en
los defectos orgánico y sustantivo.
Defecto Orgánico. Consideró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Cundinamarca dejó de resolver sobre la solicitud de nulidad que se
presentó ante esa instancia antes de que fuera concedido el recurso de
apelación, además que, pese a ello, esta solicitud de nulidad fue resuelta por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sin competencia para ello y que lo
que debía resolver era el recurso de apelación.
En ese orden de ideas, estimó que lo procedente era invalidar lo actuado
desde la sentencia de segunda instancia proferida por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y devolver el expediente a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Cundinamarca para que se pronunciara en relación con
la solicitud de nulidad de la sentencia de primer grado, para que dependiendo
de lo que se definiera, se accediera o se negara y se pudiera interponer y
sustentar el recurso de apelación frente a la nulidad.
Defecto sustantivo. Anunció que en las sentencias de primera y de segunda
instancia del proceso disciplinario se desprestigió la justicia por el tiempo que
el juez penal del circuito de descongestión demoró en resolver a cuál juez
municipal le correspondía el juicio por violencia intrafamiliar, conclusión frente
a la que manifestó su inconformidad, ya que no era su responsabilidad el
tiempo que un juez del circuito se hubiera tomado en resolver a qué juez
municipal se le asignaba el juicio y que, por tanto, no se le podía imputar la
conducta de otro administrador de justicia a título de dolo o culpa, lo que no
solo trasgredía el artículo 29 de la Constitución Política, sino que, se incurría
en un defecto sustantivo por inaplicación del artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
También consideró inaplicados los artículos 13, 15, 21 y 22 de la Ley 734 de
2002 y 5º de la Ley 270 de 1996.
Dijo que no estaba prohibido equivocarse y que en ninguna norma decía que
no se pudiera incurrir en una equivocación y que debiera en consecuencia,
abrirse un proceso disciplinario, además, porque para eso existía la segunda
instancia, para que el superior revisara las decisiones y los posibles errores en
los que se hubiera incurrido.
En ese sentido, afirmó que se había dejado de lado el elemento subjetivo de
responsabilidad, pues que se había revisado desde el punto de vista objetivo
pero que, en realidad no se había afectado a los usuarios del servicio de
justicia y que, por el contrario, su actuar había evitado una posible demanda
al Estado por privación injusta de la libertad y que lo que se había hecho era
sancionarlo.
Trajo a colación una serie de casos en los que dijo, en los que se presentaban
irregularidades por parte de funcionarios judiciales y los cuales no habían
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
finalizado con una sanción como sí ocurrió en su caso, citando casos
específicos.
3.2. Puso de presente que, con anterioridad a la radicación de esta demanda de
tutela, había presentado una acción de tutela que se estaba tramitando en esta
misma Corporación, con el número de radicación Nro. 2024-01769-00, admitida
el 16 de abril de 2024, sin que, para la fecha de presentación de la presente
tutela, se hubiera emitido decisión de fondo. Manifestó textualmente al
respecto:
“El 11 de abril de 2024 presenté otra tutela que se está tramitando en el Comisión de Estado
bajo el número 2024-01769, que fue admitida el 16 de abril, y hasta hoy no se ha proferido
fallo de fondo:
(i) Por otros hechos, ya que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se negó a tramitar la
solicitud de aclaración de sentencia, aplicando una norma en contra de la interpretación que
le dio la Corte Constitucional en la sentencia C-1076 de 2002; y, ii) La sentencia de segundo
grado carece de la firma de seis de los siete magistrados.
También por otras pretensiones: i) En esa demanda se solicitó ordenar a la Comisión de
Disciplina Judicial firmar la sentencia y aplicar el código general del proceso para tramitar la
aclaración de sentencia, tal y como lo ordenó el Consejo de Estado en la tutela 2016-2344 de
18 de septiembre de 2023; y, ii) ordenar al Tribunal de Cundinamarca que se abstuviera de
ejecutar la sanción.
En ese caso fueron dos demandados: i) Comisión Nacional de Disciplina Judicial; y, ii)
Tribunal de Cundinamarca, en cambio esta acción solo se dirige contra la primera corporación.
Por lo anterior se trata de dos demandas de tutela distintas”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 21 de mayo de 2024 el despacho ponente admitió la presente
acción, ordenó la notificación a las partes accionante y accionadas y, dispuso
vincular como terceros con interés al Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Fusagasugá, quien actuó como disciplinada y al Juzgado Penal del Circuito
de Conocimiento de Fusagasugá, autoridad que remitió la queja disciplinaria.
4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, presentó informe en el que
manifestó que lo que pretendía la parte actora era revivir un debate ya resuelto
en las dos instancias y buscar en la tutela una instancia adicional.
De la solicitud de nulidad, dijo que esta había sido presentada en el proceso
disciplinario y ya había sido resuelta, por lo demás, anunció que no estaban
fundamentados los defectos contra providencia judicial.
En consecuencia, pidió que se declarara improcedente la presente acción de
tutela.
4.3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, presentó
informe en el que manifestó que las actuaciones en esa instancia se llevaron
a cabo conforme al debido proceso, que el actor conoció y fue partícipe en
cada una de las etapas procesales disciplinarias y que, todo se analizó
conforme a derecho y a las pruebas aportadas al proceso.
Explicó que el escrito de nulidad que presentó en su momento se tramitó junto
con el recurso de apelación y que, por tanto, se remitió al juez de segundo
grado para que definiera sobre la misma, lo que en efecto se hizo por el
superior y que, contrario a lo solicitado por el accionante, no era posible
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
tramitar recurso de apelación contra esa decisión al haberse resuelto en
segunda instancia, por lo que no procedía recurso alguno.
4.4. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fusagasugá y el Juzgado
Penal del Circuito de Conocimiento de Fusagasugá, no se pronunciaron en
esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si en
el presente asunto se configura la actuación temeraria por la presentación de una
acción de tutela por el señor John Freddy Rodríguez Martínez en su calidad de Juez
Promiscuo Municipal de Silvania, Cundinamarca, al parecer con las mismas partes,
hechos y pretensiones que la acción objeto de este fallo, esto es, contra la misma
providencia judicial, y sin justificación válida sobre la presentación de esta.
De encontrarse superado este requisito, corresponderá a la Sala determinar si la
providencia del 28 de febrero de 2024 proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial emitida dentro del proceso disciplinario 5000-11-02-000-2020-
00200-00/02, incurrió en los defectos sustantivo y orgánico, en los términos en los
que fueron propuestos por el actor.
3. Actuación temeraria en el trámite de la acción de tutela y su análisis en
el caso concreto
3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que existe actuación
temeraria «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
objeto o pretensiones, (iii) identidad de causa petendi o hechos y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda. Evento en
que procede la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»3
(Negrilla fuera de texto).
Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.
3.2. Encuentra la Sala que, conforme con los anteriores lineamientos de cara al
caso concreto, no se estructura una temeridad ni cosa juzgada en relación con
la acción de tutela que el mismo actor manifestó haber interpuesto y estar
siendo tramitada ante esta Corporación.
En contexto, se advierte que previa a la interposición de la presente acción, el
señor John Freddy Rodríguez Martínez radicó una acción de tutela también en
relación con el proceso disciplinario cuya sentencia se cuestiona en esta
oportunidad y, en la que si bien existe una identidad tanto con la situación
fáctica como en relación con una de las partes, esto es, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, en realidad, se cuestionaron distintos aspectos, lo que
impide hablar de una posible acción temeraria o de que, frente al punto exista
cosa juzgada.
La relación de los dos asuntos de tutela que se tramitan ante esta Corporación,
son los siguientes:
Radicado 11001-03-15-000-2024-01769-00 11001-03-15-000- 2024-02349-00
Primera instancia:
Consejo de Estado, Sección Quinta.
Primera instancia:
Con fallo proferido el 9 de mayo de 2024.
Consejo de Estado, Sección Cuarta.
Trámite Segunda instancia:
Proceso que se estudia en esta oportunidad
Consejo de Estado, Sección Primera.
Al despacho con impugnación el 6 de junio
de 2024.
Accionante John Freddy Rodríguez Martínez John Freddy Rodríguez Martínez
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Accionado Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Cundinamarca
3.3. En la tutela Nro. 11001-03-15-000-2024-01769-00, la pretensión fue la siguiente:
“El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de:
(i) la sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 28 de febrero de
2024, la cual confirmó la providencia dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2023, al interior del proceso disciplinario identificado
con el radicado 25000-11-02-000-2020-00200-00/01, y (ii) la presunta mora judicial por parte
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al no resolver la solicitud de adición y aclaración
radicada el 10 de abril de 2024”.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
El problema jurídico se centró en resolver dos preguntas relevantes:
¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en mora judicial al no resolver la solicitud
de adición y aclaración radicada por el accionante el 10 de abril de 2024?
¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales del señor
Rodríguez Martínez al notificar la sentencia del 28 de febrero de 2024, sin contener la totalidad
de las firmas de los magistrados que conformaron la Sala?
3.4. Revisado el problema jurídico del que se ocupó el juez de tutela en el
expediente 2024-01769-00 y contrastado contra lo que se pide en la presente
acción, no existe una identidad de objeto ni de pretensión, pues se están
solicitando cosas distintas.
En la tutela que se tramitó ante la Sección Quinta de esta Corporación en
primera instancia, se advierten temas de orden procedimental en cuanto a una
posible mora judicial y una ausencia de firmas de la totalidad de los
magistrados que conformaron la Sala de decisión y, en el presente asunto, lo
que busca el actor es cuestionar aspectos estudiados en la sentencia de cierre,
esto es, la providencia del 28 de febrero de 2024, concretamente en relación
con la nulidad que propuso una vez emitida la decisión de primer grado por
parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca,
decisión contra la que se presentó solicitud de aclaración de sentencia, negada
por auto del 18 de abril de 2024, razón por la que se descarta la existencia de
estas figuras y se pasará a estudiar el asunto de fondo.
4. Defectos orgánico y sustantivo y su análisis en el caso concreto.
4.1. El defecto orgánico se configura cuando el funcionario judicial que profiere la
decisión impugnada carece, absolutamente, de competencia para esto. Este
defecto, por tanto, atenta directamente contra la garantía del juez natural,
integrante del debido proceso.
La Corte Constitucional ha determinado que se está en presencia de este
defecto en aquellos eventos en los que el funcionario que profiere determinada
decisión carece absolutamente de competencia para hacerlo. En palabras de
la corte: “Se dice que se configura este defecto en aquellas situaciones en las que:
(i) El peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una
actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa (por ejemplo cuando
una decisión está en firme y se observa que el fallador carecía de manera absoluta
de competencia) (ii) Durante el transcurso del proceso el accionante puso de presente
las circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha situación fue desechada por los
jueces de instancia, incluso en el desarrollo de recursos ordinarios y extraordinarios,
validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente”.
Por su parte, el defecto sustantivo, es un vicio relacionado con la interpretación
y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que
tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de
forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce,
entre otros eventos, cuando la aplicación de la norma al caso concreto no se
encuentra dentro del marco de interpretación razonable o la aplicación de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contra legem4.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
4.2. En el caso propuesto, no se configura el defecto orgánico alegado pues, de la
revisión del expediente disciplinario, se advierte que la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Cundinamarca profirió la decisión de primera instancia el
29 de septiembre de 2023, la cual se notificó a las partes por correo electrónico
el 31 de octubre de 2023 y, se tiene que el apoderado de la parte actora
presentó memorial con solicitud de nulidad vía correo electrónico el 14 de
noviembre de 2023, cuando ya había interpuesto el recurso de apelación
contra la decisión de primer grado desde el 10 de noviembre de 2023, incluso,
el actor ya había remitido escrito de apelación desde el 3 de noviembre de ese
mismo año.
Por auto del 24 de noviembre de 2023 el Consejo Seccional de Disciplina
Judicial de Cundinamarca concedió en el efecto suspensivo los recursos de
apelación presentados en diversos escritos por la parte actora, incluido el
escrito de nulidad, de manera que, una vez se concedió el recurso, el juez de
primera instancia perdió la competencia para resolver sobre asuntos
posteriores, conforme lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del
Proceso que indica concretamente en relación con la concesión de la
apelación en el efecto suspensivo que “la competencia del juez de primera
instancia se suspenderá hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por
el superior”, salvo para conocer de todo lo relacionado con medidas cautelares.
De manera que, en el caso, contrario a lo que afirma el accionante, la
competencia del superior para conocer y resolver tanto del recurso de
apelación como de la nulidad propuesta, estuvo en cabeza del juez de segundo
grado, en el caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues el juez de
primera instancia había perdido la competencia para definir, de manera que,
la solicitud de nulidad fue resuelta por el juez natural con competencia para
ello y por tanto, la decisión cuestionada en la que se resolvieron los dos
aspectos propuestos, esto es, el recurso de apelación y la solicitud de nulidad,
fue emitida por la autoridad disciplinaria competente en la respectiva instancia,
en los siguientes términos:
“De la nulidad. Se alegó así:
(i) Violación a la defensa y debido proceso del disciplinado por no asignarle un
defensor de oficio o defensor técnico.
(ii) Violación al derecho fundamental a la igualdad, como quiera que no se investigó
disciplinariamente a otros funcionarios que si cometieron errores en el trámite del
proceso penal.
(iii) Violación a la presunción de inocencia, toda vez que no analizó ningún argumento
de defensa del investigado, versión libre, descargos ni alegatos de conclusión.
Expuesto lo anterior, advierte desde ya la Corporación que, ninguna de las causales de
nulidad previstas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 se configuraron, toda vez
que, las diferentes etapas procesales en este proceso, estuvieron amparadas con la
legalidad que goza el procedimiento disciplinario; es decir, se desarrolló con el debido
proceso establecido en el artículo 6 de la Ley 734 de 2002 que reza:
[…]
1. En cuanto al primer tópico de la nulidad, debe traerse a colación el contenido de los
siguientes artículos de la Ley 734 de 2002:
[…]
Lo anterior, para significar que la Ley 734 de 2002 establece las situaciones en las que
se hace necesario la activación de la figura del defensor de oficio, mecanismo que no
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
fue necesario aplicar, toda vez que, no operó ninguna de las causales descritas en los
referidos artículos. Además, el doctor JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ en su condición de Juez
Promiscuo Municipal de Silvania – Cundinamarca, a bien podía, desde el inicio de la
actuación, designar defensor de confianza como lo realizó en sede de apelación, pero
no lo hizo, a pesar de que la primera instancia dejó muy clara dicha situación en el auto
de apertura de investigación disciplinaria del 30 de abril de 2020 así: “ii) Notificar,
comunicar y correr traslado al disciplinado de la presente decisión, entregándole copia
de las diligencias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89, 90, 92, 101, 107
y 155 de la Ley 734 de 2002, a efecto de que ejerza el derecho de defensa en forma
escrita o si lo considera conveniente designe defensor que ejerza las actuaciones que
estime necesarias […]”. Luego entonces, convalidó cualquier situación en este primer
aspecto de nulidad. Ahora, para efectos aclarativos, en materia de derecho disciplinario debe hablarse de
defensa material y no técnica, así lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-
328 de 2003 […]
Adicionalmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-280 de 1996 abordó
indirectamente esta misma cuestión cuando declaró exequible una norma que decía
que el disciplinado podría designar un apoderado “si lo estima necesario”. De dicho fallo
se deduce que el derecho a la defensa técnica no está constitucionalmente ordenado
en el campo del derecho sancionatorio disciplinario. Por último, en la sentencia C-948 de 2002 la Corte estableció lo siguiente: […]
De otro lado, el artículo 17 de la Ley 734 de 2002 consagra que durante la actuación
disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un
abogado. Véase como el máximo tribunal constitucional ha considerado que el artículo 29 de la
Constitución Política no ordena la defensa técnica en procesos que no son de
naturaleza penal, por lo tanto, es improcedente cualquier alusión a la defensa técnica
en materia disciplinaria, pues, como ya lo he expuesto, lo pertinente es referirse al
derecho a la defensa material y no técnica. 2. Por otro lado, en relación con el segundo tópico de nulidad, se señaló que existió
violación al derecho fundamental a la igualdad, porque la primera instancia no investigó
disciplinariamente a otros funcionarios que si cometieron errores en el trámite del
proceso penal. Al respecto, ha de indicar esta Colegiatura que este argumento tampoco
está llamado a prosperar, toda vez que, el origen de la presente actuación devino de la
compulsa de copias que ordenó el titular del Juzgado Penal del Circuito de
Descongestión de Fusagasugá, es decir, por una de las formas de producción de la
actuación disciplinaria, misma que iniciará y adelantara de oficio, o por información
proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja
formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en
que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de
1995 y 27 de la Ley 24 de 1992, esto quiere decir que, el doctor JOHN FREDDY
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ si a bien lo tiene, puede entablar queja disciplinaria contra los
funcionarios que estime. Además, no es del todo cierto que no se haya investigado a ningún otro funcionario,
como quiera que en providencia del 30 de abril de 2020 cuando la primera instancia
avocó conocimiento y abrió investigación disciplinaria contra el doctor RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, decidió terminar y archivar las diligencias en favor del titular del Juez
Primero Municipal de Fusagasugá; decisión que quedó debidamente ejecutoriada;
razones para no acceder a la petición de nulidad. 3.
En relación con la violación a la presunción de inocencia, porque el Seccional no
analizó ningún argumento de defensa del investigado, versión libre, descargos ni
alegatos de conclusión, tampoco está llamado a florecer, basta con realizar una lectura
al pliego de cargos como en la sentencia, para verificar que allí la primera instancia
analizó uno a uno de los argumentos de defensa esbozados por el funcionario
disciplinado.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
Vemos que el disciplinado de manera activa interactuó en cada una de las etapas
procesales y/o actuaciones; garantizándose con ello, las prerrogativas legales y
constitucionales del mismo. Además, ninguno de los argumentos defensivos esbozados
durante el trámite del disciplinario quedó ausente de análisis en la decisión, máxime que
el juez investigado a bien podía recurrir el auto de cierre de investigación al considerar
que no se habían recopilado todas las pruebas, pero no lo hizo, luego convalidó la
actuación; razones suficientes para descartar la configuración de nulidad”.
De la lectura de los argumentos presentados por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, se advierte que fue resuelta la nulidad propuesta y, a
continuación, el recurso de apelación, de manera que no se advierte
configurado el defecto orgánico propuesto en el presente caso al haber sido
resuelto el asunto por la autoridad disciplinaria competente.
4.3. Finalmente, en lo que tiene que ver con el presunto defecto sustantivo,
considera la Sala que lo manifestado por el actor tiene que ver con aspectos
de inconformidad en relación con la sanción impuesta y no, en cuanto a la
aplicación indebida o la falta de aplicación de una norma o incluso, en la
interpretación equivocada de alguna disposición legal.
Revisado el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 que dice, debió ser inaplicado,
advierte la Sala que se trata de una norma que establece las clases de
sanciones de acuerdo con el grado de culpabilidad al cometerse la falta
disciplinaria respectiva, de manera que, al considerar que esta norma debió
ser inaplicada, lo que en últimas censura es que precisamente, se le hubiera
impuesto una sanción, razón por la que no se advierte indebidamente aplicada
esta norma, por el contrario, fue la consecuencia que derivó el estudio de la
culpabilidad y que debió atenderse precisamente en orden a determinar la
tasación de la sanción.
La providencia cuestionada justamente hizo las siguientes consideraciones
para de allí, derivar la aplicación de la sanción correspondiente:
“Frente a este acontecer fáctico y jurídico no existe duda sobre la materialidad de la
conducta, basta con echar un vistazo a lo acontecido en la diligencia del 9 de mayo de
2019 para percatarse que el juez pasó por alto el contenido del artículo 64 de la Ley 906
de 2004, norma la cual es precisa en establecer que en ningún caso se recuperará la
competencia por la desaparición de la causal impediente, de manera que no le era dable
al domiciliando adoptar una decisión tal para apartarse del conocimiento del asunto.
[…]
Ahora, en relación con que se presentó una confusión entre las figuras jurídicas de
impedimento y definición de competencia, esta circunstancia tampoco lo exonera de
responsabilidad, toda vez que, no le era viable al juez obrar de la forma en que lo hizo,
disponiendo irregularmente regresar las diligencias al juzgado que inicialmente lo
conoció, con una argumentación incorrecta, sin respetar la ley y las disposiciones de
obligatorio cumplimiento.
Se probó que el doctor JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ en su condición de
Juez Promiscuo Municipal de Silvania – Cundinamarca, afectó el deber funcional de
respeto a la ley previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por
cuanto no respetó el artículo 64 de la Ley 906 de 2004, en punto a la inviabilidad de que
se recuperara la competencia por la desaparición de la causal dentro del proceso 2017-
01204, en el que había aceptado con antelación un impedimento para conocer del
asunto expuesto por el Juez Primero Penal de Fusagasugá.
[…]
Como ya se explicó en líneas atrás, sí se trató de una conducta típica en consecuencia
es culpable calificada con culpa gravísima, como quiera que el doctor JOHN FREDDY
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Silvania –
Cundinamarca, desatendió una regla de obligatorio cumplimiento.
Evidentemente en la diligencia del 9 de mayo de 2019, violó de forma manifiesta la regla
normativa de obligatorio cumplimiento aplicable al trámite penal -artículo 64 C.P.P-.
Súmese que, dada su experiencia en el cargo como Juez de la República de Colombia,
debía prever y cumplir con el deber de aplicar la disposición procesal penal, pero no lo
hizo, incurriendo sin justificación, en la incursión del deber endilgado; comportamiento
catalogado como falta grave, en los términos fijados por el a quo de conformidad con el
contenido del artículo 43 de la Ley 734 de 2002”.
Es así como el estudio de la tipicidad de la conducta y la consecuente sanción,
fueron aspectos que el juez disciplinario abordó de manera suficiente, razón
por la que no puede entenderse como lo pretende el actor que la norma
relacionada con el establecimiento de la sanción debiera ser inaplicada, pues
si se verifican los argumentos de la tutela, lo que en últimas censura es que
precisamente, se le hubiera impuesto una sanción, razón por la que no se
advierte indebidamente aplicada esta norma, por el contrario, fue la
consecuencia que derivó el estudio de la culpabilidad y que debió atenderse
precisamente en orden a determinar la tasación de la sanción.
Por lo demás, argumentos relacionados con la tardanza en el reparto del caso
de violencia intrafamiliar, los casos de otros funcionarios que finalmente no
derivaron en una sanción y, la posibilidad de cometer equivocaciones, son
aspectos con respecto a los que se evidencia una inconformidad en relación
con la sanción finalmente impuesta y no, al desconocimiento de una norma o
disposición por parte de la autoridad disciplinaria al momento de analizar la
conducta concreta del juez frente al trámite que se dio al caso de violencia
intrafamiliar que en su momento le fue asignado.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
por no estar acreditada la configuración de los defectos orgánico y sustantivo,
propuestos por la parte actora contra la decisión de cierre de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor John
Freddy Rodríguez Martínez, conforme con la motivación precedente.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02349-00
Demandante: John Freddy Rodríguez Martínez
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.