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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01774-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01774-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de la acción de tutela respecto del Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, por las razones aquí expuestas. Segundo.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y libertad de escoger profesión u oficio y al principio de confianza legítima de la señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal, quien actúa en nombre propio. En consecuencia, Tercero.- ORDÉNASE a la Alcaldía de Manizales -Inspección Segunda Urbana de Policía de Manizales-, que (i) dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia proceda a verificar la situación personal, familiar, social y económica de la señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal y, como consecuencia de ello, (ii) en un término no mayor a treinta (30) días siguientes, ofrezca a la accionante una alternativa económica, laboral o de reubicación, en la que se tenga en consideración su condición de mujer vendedora informal. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01774-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de julio de 2024

Radicación:11001-03-15-000-2024-01774-00
Demandante: Martha Lucía Velásquez Aristizábal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01774-00
Demandante: MARTHA LUCÍA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES,
MUNICIPIO DE MANIZALES -INSPECCIÓN SEGUNDA
URBANA DE POLICÍA DE MANIZALES

Temas: Tutela contra autoridad judicial y administrativa. Vinculación a medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
Derecho a la restitución del espacio público, el principio de confianza
legítima y el derecho al trabajo de los vendedores informales. Sujeto
de especial protección constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal1, quien actúa en
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Caldas, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Manizales, el municipio de Manizales y la Inspección
Segunda Urbana de Policía de Manizales, en la que pide el amparo constitucional
de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, mínimo vital, igualdad
y al principio de confianza legítima, que considera vulnerados por la falta de
vinculación y notificación de las actuaciones surtidas en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado No. 17001-33-39-
008-2018-00447-00, y el desalojo del espacio público en donde tenía ubicada la
caseta denominada “Kiosko Estación Liborio”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La demandante afirmó que desde hace veinte años tiene una caseta de comidas
denominada “Kiosko Estación Liborio” de la cual deriva su sustento diario, en la
que vende desayunos, almuerzos y comida de vitrina como empanadas y
buñuelos.

Señaló que al lugar donde tiene ubicada la caseta de comidas se presentó la
Inspección de Policía con ocasión a la orden impartida por la Jueza Octava
Administrativa del Circuito de Manizales, con el fin de solicitar el desalojo del lugar,
a lo que agregó que “la policía donde dicen que me debo ir o que me tumban todo lo
que ha sido fruto de mi trabajo”.

1 Presentada el 12 de abril de 2024.
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Demandante: Martha Lucía Velásquez Aristizábal

Sostuvo que no ha sido notificada de ninguna acción, ni de la decisión judicial por
medio de la cual se ordenó el desalojo, emitida por la autoridad judicial o por la
Inspección de Policía.

Manifestó que investigó sobre el proceso en el que se dio la orden de desalojo y
encontró que en el mismo se resolvió suspender la ocupación del espacio público
por una controversia suscitada entre los señores Alirio Giraldo Castrillón y Omar
López Castañeda “respecto a un montallantas y nada tiene que ver con mi humilde
venta de comidas”. Aludió que se oponía a la decisión judicial, debido a que la
sentencia no podía vincularla sin haberle otorgado derecho a la defensa, al debido
proceso y a las demás garantías constitucionales y legales.

Refirió que “No tengo otro sustento que mi puesto de comidas de allí genero mi mínimo
vital mi seguridad social, no le causo problemas a nadie yo pago mis servicios públicos
anexo la factura de la chec”. Agregó que “nadie en casi veinte años me ha dicho que le
estorbo por lo que me parece un atropello que me hagan extensiva una demanda que fue
contra un montallantas”.

Por último, consideró que “no soy una persona de peleas si la Administración municipal
me reubica en un sitio cerca donde no pierda mi clientela lo acepto el todo es que me
garantice mi mínimo vital, por que debido al sustento que tengo de mi kiosko de comidas
tengo créditos bancarios y ayudo a mi familia que es de escasos recursos económicos. Lo
que pido es justicia porque no es justo que violando el debido proceso y el derecho de
defensa me quiten la comida para mi familia y mía”.

2. Fundamentos de la acción

La accionante, quien actúa en nombre propio, interpuso acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, mínimo vital, igualdad y al principio de confianza legítima, los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Caldas, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Manizales, el municipio de Manizales y la Inspección
Segunda Urbana de Policía de Manizales, con la decisión que ordenó el desalojo
del espacio público en donde tenía ubicada la caseta denominada “Kiosko
Estación Liborio”, y por la falta de vinculación y notificación de las actuaciones
surtidas en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con radicado No. 17001-33-39-008-2018-00447-00.

Citó el artículo 29 de la Constitución Política e hizo referencia a los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, mínimo vital, igualdad y al principio de
la confianza legítima.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: Que en virtud de que no existe un solo proceso en mi contra se me permita
seguir laborando tal y como lo he hecho por un espacio de casi veinte años en mi
caseta de comidas denominado kiosko estación Liborio ubicado en el sector del parque
Liborio garantizándome mi mínimo vital.

Que se aclare por parte de los accionados que yo no fui vinculada ni notificada en
ninguna acción popular ni de primera ni de segunda instancia.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

En el caso en que necesiten de manera férrea mi lugar de trabajo se me permita una
reubicación en el mismo sector del parque Liborio, lugar donde existen múltiples
casetas donde se me permita garantizar mi mínimo vital y el de mi familia,
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garantizándome ante todo mi debido proceso y mi derecho de defensa amen de la
confianza legítima porque nadie me ha dicho que no puedo trabajar en el lugar”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia 13 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas. Así mismo, copia del expediente digitalizado del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos promovido
por el señor Alirio Giraldo Castrillón contra el municipio de Manizales -Caldas y el
señor Omar López Castañeda (rad. No. 17001-33-39-008-2018-00447-00) y de la
querella policiva (rad. No. 2018-18207).

5. Trámite procesal

Por auto de 18 de abril de 2024, la magistrada sustanciadora dispuso la admisión
de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la
demandante, a las autoridades demandadas -Tribunal Administrativo de Caldas, el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, el municipio de
Manizales y la Inspección Segunda Urbana de Policía de Manizales-, y a los
señores Alirio Giraldo Castrillón y Omar López Castañeda en calidad de terceros
con interés, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a
quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

En la misma providencia se resolvió negar la medida provisional solicitada por la
accionante, al encontrar que la diligencia programada por parte de la Inspección
Segunda Urbana de Policía de Manizales se llevó a cabo el 15 de abril del
presente año, fecha en la cual el asunto ingresó al despacho por reparto, lo que
condujo a establecer que no existía una necesidad imperiosa e inminente para
intervenir en el sentido de acceder a la medida invocada.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 192772 a
192777 de 22 de abril de 2024, así como las notificaciones Nos. 199063 y 199064
de 6 de mayo de 2024, con el fin de poner en conocimiento de las partes y
terceros el contenido de la providencia2.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Caldas

El titular del despacho a pesar de que rindió informe, el mismo guarda relación con
otro asunto que no está relacionado con los hechos ni pretensiones que dieron
origen a la presente acción de tutela. Adicional a ello, remitió el expediente digital
con radicado No. 17001-33-39-008-2018-00447-01.

6.2. Respuesta de la Alcaldía de Manizales - Inspección Segunda Urbana de
Policía de Manizales

El inspector segundo urbano de la Policía de Manizales informó que en el proceso
con radicado No. 2018-18207 se materializó la orden de restitución de bien de uso
público de una calle del casco urbano del municipio que fue ordenada por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos. Adicional a ello, refirió que la

2 Las partes y terceros con interés fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
usuariosdeltransportenacional@gmail.com, secadmcal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadmincld@notificacionresrj.gov.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
agencia@defensajuridica.gov.co, contacto@erum.gov.co, german.vasquez@manizales.gov.co,
notificaciones@manizales.gov.co, admin08ma@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificaciones@manizales.gov.co,
electromecanicas@yahoo.es, mauricioparra14@hotmail.com 3

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accionante no fue vinculada, ni mencionada dentro del trámite judicial ni
administrativo, y que, con posterioridad, tuvo conocimiento que entre la actora y el
señor Omar López Castañeda existió un contrato de arrendamiento sobre el
establecimiento de comercio de la señora Velásquez Aristizábal.

6.3. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales remitió el
expediente digital con radicado No. 17001-33-39-008-2018-00447-00, sin
embargo, no efectuó un pronunciamiento sobre los hechos y las pretensiones de
la demanda.

7. Terceros con interés

Los señores Alirio Giraldo Castrillón y Omar López Castañeda en calidad de
terceros con interés, aun cuando fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la acción de tutela en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si Tribunal Administrativo de Caldas, el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, el municipio de
Manizales y la Inspección Segunda Urbana de Policía de Manizales, vulneraron
los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, a la defensa, al
mínimo vital, a la igualdad y al principio de confianza legítima, con la decisión por
medio de la cual se ordenó el desalojo del espacio público en donde tenía ubicada
la caseta denominada “Kiosko Estación Liborio”, y por la falta de vinculación y
notificación de las actuaciones surtidas en el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con radicado No. 17001-33-39-008-2018-00447-
00.

3. El derecho al espacio público, el principio de confianza legítima y el
derecho al trabajo de los vendedores informales

El artículo 82 de la Constitución Política establece que el Estado tiene el deber de
velar por la protección e integridad del espacio público. Conforme lo ha sostenido
la Corte Constitucional el espacio público abarca “(i) los escenarios para la
recreación pública, activa o pasiva (estadios, parques y zonas verdes, entre otras);
(ii) los andenes y demás espacios peatonales; (iii) las áreas para la preservación
de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos,
recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje; (iv) todas
las zonas en las que el interés colectivo sea manifiesto y que constituyen zonas
para el uso o el disfrute colectivo3”.

En ese orden, el numeral 7º del artículo 313 de la Constitución Política dispuso
que a los concejos municipales les compete regular el uso del suelo, y por su parte
el artículo 315 ibídem señala que al alcalde le corresponde lo relativo al

3 Sentencia T-083 de 2024, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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cumplimiento del ordenamiento jurídico, como lo es incluir normas encaminadas a
proteger el acceso al espacio público.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que si bien se debe
velar por la protección al espacio público, lo cierto es que tal garantía puede entrar
en tensión con otras prerrogativas constitucionales como lo son el derecho a la
libertad de escoger profesión u oficio y el derecho al trabajo, cuando las personas
que se dedican al comercio informal se ven afectadas con las medidas de
recuperación de dicho espacio.

Así las cosas, el Tribunal Constitucional4 ha sostenido que ese deber de velar por
el espacio público se encuentra limitado frente a los derechos que le asisten a
quienes ejercen ventas informales, pues se encuentran amparadas por la buena fe
y, a partir de ello, precisó que existen al menos cuatro subreglas para resolver la
controversia, a saber (i) las actuaciones administrativas que persiguen la
preservación del espacio público no deben afectar injustificadamente los derechos
de las personas que lo utilizan para satisfacer sus derechos fundamentales, (ii) se
debe valorar el contexto social en el desarrollo de las políticas públicas para
recuperar el espacio público y la identificación de los derechos e intereses
constitucionales en conflicto, (iii) el respeto por el debido proceso se debe
asegurar con el fin de que no se cometa alguna arbitrariedad por parte de la
autoridad de policía y, (iv) la protección al principio de confianza legítima, que ha
sido utilizado como parámetro cardinal de identificación de las situaciones y
sujetos cuyos intereses deben ser protegidos en el marco de las medidas
asociadas a la recuperación del espacio público.

En consonancia con lo anterior, debe recalcarse que los vendedores informales se
consideran sujetos de especial protección constitucional por su condición de
vulnerabilidad y marginación social dada la situación de pobreza o precariedad
económica. Al respecto, la Corte Constitucional señaló “los vendedores informales
son sujetos de especial protección constitucional, debido a que son una población en
situación de vulnerabilidad y marginación social por sus condiciones de pobreza o
precariedad económica -circunstancias que deben ser constatadas por el juez de tutela- y,
en consecuencia, requieren una mayor atención por parte del Estado. Además, respecto
de las situaciones en las que los derechos de los vendedores informales entren en tensión
con el derecho al espacio público, la Corte ha señalado que “si las razones prevalentes
para que perviva la economía informal, derivan de problemas estructurales de la política
de pleno empleo por parte del Estado, la ausencia de oportunidades que además origina
desigualdad social, lo que corresponde es armonizar los derechos que se encuentran en
tensión (…)5”.

Con todo, ha indicado que el principio de confianza legítima “busca proteger a los
ciudadanos frente a cambios bruscos e intempestivos ejecutados por las autoridades,
cuando a pesar de que el ciudadano no tiene un derecho adquirido, le asisten razones
que le han generado la confianza de poder entender que su situación actual no será
variada abruptamente por el Estado”6. Por lo que se entiende que sobre el mismo se
debe mirar el proceso de recuperación del espacio público, cuando el asunto se
encuentre relacionado con vendedores informales.

En igual sentido, en sentencia T-607 de 20157, la Corte Constitucional concluyó
que “el mandato de proteger el espacio público debe ejecutarse respetando los
mecanismos de protección reforzada creados en beneficio de los vendedores ambulantes,
esto es, el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a regular dicha
actividad y el principio de confianza legítima. En el mismo sentido señaló que, las
autoridades tienen la obligación de garantizar el uso libre del espacio público, y en esa
4 Sentencia T-243 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Sentencia T-073 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.
6 Sentencia T-701 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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medida, recuperarlo cuando es objeto de ocupación ilegítima, no obstante, al adoptar
medidas tendientes a la materialización de dichos fines, no pueden incurrir en conductas
que impliquen la violación del derecho al debido proceso, la dignidad de las personas y
menoscabando la propiedad. La recuperación del espacio público no puede derivar en
arbitrariedad, ni desconocer los postulados del Estado Social de Derecho”.

Al hilo de lo anterior, esa corporación sostuvo que las medidas de reparación para
las personas que ejercen su actividad de manera informal y que resultan afectadas
por una orden de desalojo en beneficio de garantizar el goce del espacio público,
con el fin de no dejar desamparado a un grupo de especial protección
constitucional, “las medidas de reubicación deben darse previamente al desalojo, de tal
modo que, al momento de efectuar el procedimiento, las alternativas deben estar
preparadas para implementarlas inmediatamente”8.

En tal medida, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que en la mayoría de
los casos las personas que ejercen ventas informales se pueden encontrar en una
situación de informalidad e inseguridad laboral, así como ha evidenciado que
muchos de esos actores son “mujeres cabezas de familia” o adultos mayores, lo
que requiere una protección más amplia por tratarse de grupos sociales que han
sido protegidos de manera especial.

De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido que
existen límites a la recuperación del espacio público que no pueden ser
traspasados cuando la controversia puede llevar a involucrar a una persona que
se desempeña como vendedor ambulante o informal, puesto que en ese caso
prima el principio de confianza legítima, el derecho al trabajo y al mínimo vital, de
quien por buena fe ha desempeñado labores durante un lapso con el fin de
subsistir. Para ello, debe la administración desde las facultades otorgadas valorar
cada situación en particular con el fin de propender por la reubicación en otro
espacio ante el desalojo, que pueda garantizar sus necesidades básicas, así como
contar con una autorización que provenga de un proceso judicial o policivo.

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, mínimo vital, igualdad y al principio de confianza legítima, los
cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Caldas, el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, el municipio de Manizales y la
Inspección Segunda Urbana de Policía de Manizales, con las actuaciones
judiciales y administrativas, según sus competencias, por la falta de vinculación y
notificación de las actuaciones surtidas en el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con radicado No. 17001-33-39-008-2018-00447-
00, y el desalojo del espacio público en donde tenía ubicada la caseta denominada
“Kiosko Estación Liborio”.

4.1. El Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Manizales, no vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso de la demandante

En las pretensiones la accionante solicitó que se le permita continuar con su
trabajo en la caseta "Kiosko Estación Liborio”, debido a que estima que no se
promovió ningún proceso judicial en su contra, y pide que se aclare que no fue
vinculada ni notificada de las actuaciones que se profirieron en el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos.

8 Sentencia T-102 de 2024. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9 Ver sentencia C-489 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Según las pruebas documentales aportadas con el expediente de la querella
policiva No. 2018-18207, se evidencia que el 2 de enero de 1997 los señores Luis
Fernando Velásquez y Omar López Castañeda suscribieron un contrato de
compraventa y posesión del taller de montallantas ubicado en la calle 21 No. 14-
05 en la esquina del sector parque Liborio en la ciudad de Manizales.

Conforme a las actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión Judicial
SAMAI y en el expediente digital allegado se encuentra que el señor Alirio Giraldo
Castrillón el 28 de septiembre de 2018 promovió el medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos contra el señor Omar López Castañeda y la
Alcaldía de Manizales, con el fin de que se ordenara lo siguiente:

“Primero: A la Alcaldía municipal de Manizales, que como protección al ‘goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público’
consagrado en el literal “d” del Artículo 4° de la Ley No. 472 de 1998, tome las
medidas conducentes a través de la dependencia competente, para que
recupere el espacio público que se encuentra invadido por el montallantas que
sobre el andén y la calzada de la Carrera 14 con Calle 21 de la ciudad de
Manizales, fue levantado sin contar con los permisos correspondientes, por el
accionado Omar López.

Segundo: Al señor OMAR LÓPEZ, para que se suspenda la ocupación del
andén y la vía que corresponde a la Carrera 14 con Calle 21 de la ciudad de
Manizales, despejando el tránsito peatonal y la circulación vehicular en el
sector, realizando a su costa las demoliciones a que haya lugar”.

Por otra parte, el 29 de agosto de 2018 el señor Giraldo Castrillón interpuso queja
ante la Alcaldía de Manizales por la construcción de una estructura metálica en la
esquina de la carrera 14 con calle 21 de la ciudad de Manizales por ocupar el
espacio público a la que le fue asignado el radicado No. 2018-18207. Al respecto,
la autoridad competente realizó visita de control en la que se ordenó la suspensión
de las labores de construcción y se solicitó a la Coordinación de la Oficina de
Bienes Públicos del municipio “determinar si el negocio de montallantas” y caseta
de comidas ubicado en la carrera 14 con calle 21 frente a la estación “Bomba
López”; es un bien de uso público o privado”, con el fin de continuar con el trámite
correspondiente.

El 16 de enero de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Manizales profirió sentencia en el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos con radicado No. 17001-33-39-008-2018-00447-00, en la
que resolvió entre otras cosas, lo siguiente:

“(...)

SEGUNDO: DECLARAR vulnerado el derecho colectivo al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, por parte del
Municipio de Manizales y el señor Omar López Castañeda, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, adelantar con
diligencia y celeridad, sin dilaciones [in]justificadas, la querella (expediente No.
2018-18207), que se encuentra en trámite relacionado con la recuperación del
espacio público del perfil vial correspondiente a la carrera 14 entre calles 21 y
22, concediéndole el término de tres (03) meses contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia, como plazo máximo, para que en el mismo se dicte
una decisión de fondo que finalice con dicho trámite.

CUARTO: ORDENAR al señor Omar López Castañeda, para que, de manera
inmediata, cese la vulneración del espacio público sobre el perfil vial
correspondiente a la carrera 14 entre calles 21 y 2 de esta ciudad, de modo 7

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que restituya al Municipio de Manizales y la ciudadanía en general el uso del
andén.

QUINTO: De conformidad con el artículo 34 de la ley 472 de 1998, se crea el
COMITÉ DE VERIFICACIÓN de cumplimiento de la sentencia, del cual formara
parte el actor popular, el Ministerio Público y el Municipio de Manizales -
Caldas, quienes en el término de seis (6) meses remitirán al Despacho informe
sobre el cumplimiento de esta sentencia.

(...)”.

La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Caldas
mediante sentencia de 13 de junio de 2023, en los siguientes términos:

“PRIMERO: Confirmar [la] sentencia dictada el 16 de enero de 2020 proferida
por la Señoría del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, en
el proceso de Acción Popular interpuesto por Alirio Giraldo Castrillón contra el
Municipio de Manizales, Caldas y el señor Omar López Castañeda.

SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia.

TERCERO: REMITIR copia de la presente decisión a la Defensoría del Pueblo
(art. 80 Ley 472 de 1998).

CUARTO: Ejecutoriada la sentencia, remítase juzgado de origen, previas las
anotaciones respectivas y archívese”.

Con posterioridad al fallo de segunda instancia, el apoderado judicial del señor
Alirio Giraldo Castrillón solicitó ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Manizales que se desplegaran todas las actuaciones necesarias con el fin de
dar cumplimiento a la orden judicial. En razón a ello, esa autoridad judicial
mediante auto de 14 de marzo de 2024 requirió a la Alcaldía del municipio de
Manizales y al señor Omar López Castañeda, con el fin de que informaran las
gestiones realizadas para el cumplimiento de la sentencia del 16 de enero de
2020.

Al respecto, la Inspección Segunda Urbana de Policía de Manizales llevó a cabo
audiencia pública de cumplimiento el 18 de marzo de 2024, a la que
comparecieron los señores Alirio Giraldo Castrillón y Omar López Castañeda y en
la que se consignó por parte del último “ahora que entiendo que la solicitud surge
de una acción popular donde se pide el respeto del espacio público o calle con sus
andenes me daré a la tarea de buscar un local entonces creo poder entregar antes
del 15 de abril del año en curso”.

Así mismo, por medio de oficio No. I2UP 268-2024 de 4 de abril de 2024, la
precitada Inspección de Policía le informó al juzgado accionado que (i) ofició a la
Secretaría de Movilidad y Tránsito para evitar el parqueo de vehículos en la zona
y, (ii) solicitó la presencia de la Inspección de Control del Espacio Público para
determinar lo relacionado con el desmonte de materiales y elementos ubicados
sobre el andén de la carrera 14 entre calles 21 y 22.

Bajo ese contexto, del material probatorio que reposa en el expediente la Sala
advierte que la accionante no participó en la acción popular, como tampoco en lo
relativo al trámite policivo que desencadenó en el desalojo del establecimiento de
comercio que tenía bajo el nombre de “Kiosco Estación Liborio”, ni en el trámite
incidental.

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En ese sentido, se tiene que tanto el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos como la querella policiva, se promovieron por un
tercero contra quien ocupaba el espacio público del que se requería su restitución.

Como se vio, fue con ocasión a la orden de amparo dada por la autoridad judicial
que el municipio de Manizales, actuando por intermedio de la Inspección Segunda
Urbana de Policía de Manizales, se presentó al lugar para dar cumplimiento a la
sentencia.

Al mismo tiempo, no se encontró demostrado que la accionante una vez hubiese
conocido de los procesos judicial y administrativo -querella policiva- promovidos
con la finalidad de proteger el goce del espacio público donde tenía su
establecimiento de comercio, solicitara la intervención en calidad de tercero con
interés o presentara algún escrito encaminado a obtener la nulidad de todo lo
actuado por la falta de vinculación.

Por lo anterior, es dable concluir que en el mencionado trámite judicial no se
vulneró a la demandante su derecho fundamental al debido proceso, en tanto
como se observa del trámite procesal, la demanda se interpuso contra el señor
Omar López Castañeda y la Alcaldía de Manizales, sin que en principio se
evidenciara que la señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal debiera ser parte
procesal.

Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que fue en la ejecución de la
sentencia que accedió al amparo del derecho colectivo al espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, que el municipio de Manizales
pasó por alto las garantías constitucionales que le asisten a la accionante en su
calidad de vendedora informal. No está en discusión que las órdenes judiciales
deben cumplirse de manera inmediata, lo que en efecto hizo la referida autoridad
administrativa, empero, era necesario de manera concomitante brindar alguna
protección a la demandante como sujeto de especial protección constitucional y en
circunstancia de debilidad manifiesta.

4.2. La Alcaldía Municipal de Manizales vulneró a la demandante los
derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y libertad de escoger
profesión u oficio y al principio de confianza legítima, en su condición de
vendedora informal

4.2.1. En el caso bajo examen, la señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal
manifestó que con el trámite de desalojo de su lugar de trabajo se le vulneraron
sus derechos fundamentales, razón por la que solicitó al juez constitucional que se
le permita continuar laborando en la caseta de comidas “Kiosko Estación Liborio”,
como lo viene realizando por más hace más de veinte años o que de manera
subsidiaria se le reubique su puesto de trabajo en el mismo sector del parque
Liborio, con el fin de que se le garantice el mínimo vital.

4.2.2. Según se advirtió en las consideraciones de esta providencia, las personas
que se dedican a las ventas ambulantes o informales son sujetos de especial
protección constitucional por las condiciones de debilidad, vulnerabilidad y
precariedad económica que presentan10. En relación con el principio de la
confianza legítima en los casos en los que exista controversia entre el goce del
espacio público y un vendedor informal, se deben tener en cuenta los límites que
han sido establecidos para recuperar el espacio público sin afectar el sustento
económico del que derivan los vendedores informales y prever con medidas que

10 Corte Constitucional, sentencia SU-599 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; sentencia T-129 de 2019,

M.P. José Fernando Reyes Cuartas; sentencia T-834 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y sentencia T-
192 de 2010, Jorge Iván Palacio Palacio. 9

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permitan la reubicación en un lugar donde se pueda ejercer la misma actividad en
condiciones similares con las que se contaba, para que se garantice la protección
de sus derechos fundamentales, como lo son, el mínimo vital, trabajo, libertad de
escoger profesión u oficio y el principio de confianza legítima.

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-102 de 202411
consideró que “cualquier política o medida que pretenda recuperar el espacio público y
que, por su puesto, suponga una afectación al goce de derechos fundamentales como el
mínimo vital y el trabajo de vendedores informales, quienes son sujetos de especial
protección constitucional, debe hacerse “con la plena observancia de la totalidad de los
imperativos fundamentales consagrados en la Carta, especialmente aquellos dirigidos a
proteger a las personas en situación de vulnerabilidad” económica”. Y agregó que las
“ventas informales ‘son una forma de precariedad laboral’ en la que un abundante número
de personas deben acudir a esta clase de economías, para así poder garantizar los
mínimos de su subsistencia y la de sus familias. En Colombia, esta forma de trabajo se
caracteriza porque las y los trabajadores no tienen un salario establecido, no se
encuentran protegidos por los sistemas de protección social y no gozan de estabilidad
laboral”.

En la misma decisión, esa corporación judicial indicó que se vulnera el principio de
la buena fe de los vendedores informales cuando el desalojo (i) se da de forma
intempestiva, (ii) ocurre sin previo aviso, ni trámite administrativo, y (iii) no se
evalúan las circunstancias que rodean la situación de la persona que ejerce la
actividad informal, ante lo cual la administración se abstiene de realizar trámites
preventivos encaminados a ofrecer una alternativa para continuar con su labor y,
por ende, para su subsistencia.

Bajo ese contexto, es posible sostener que la protección deviene de la
ponderación entre las garantías que le asisten a un sujeto de especial de
protección constitucional, en razón al tiempo que lleva ejerciendo determinado
oficio informal. Sin embargo, aun cuando pueden suscitarse casos en los que la
actuación de la administración se enmarca en el cumplimiento de una orden
judicial, lo que no puede ser objeto de dilaciones injustificadas, resulta del caso
valorar cada situación en particular que permita no solo el disfrute del espacio
público, sino la reubicación del vendedor informal a un lugar donde no vuelva a ser
desalojado y que le ofrezca las mismas condiciones que venía presentado en el
sitio del cual fue removido.

En otros términos, no basta con entender que el desalojo se debe realizar en
cumplimiento de una orden judicial. El imperativo constitucional que emerge para
los vendedores informales como sujetos de especial protección constitucional,
exige que la Administración se pregunte si esa orden puede comprometer sus
derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y a escoger profesión u oficio, y si
en virtud del principio de confianza legítima es necesario, de manera concurrente
al cumplimiento de la orden judicial, garantizar la reubicación o alguna alternativa
supletoria para que la dignidad humana no se vea seriamente afectada o
comprometida.

Según las cifras del DANE12, el empleo informal para el total nacional, en el
trimestre marzo a mayo de 2024 fue del 55%9%, y por sexo la proporción de
hombres informales en el mismo lapso fue de 57,9%, lo que representó una
disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año
anterior. En el caso de las mujeres es del 53%, lo que implicó en el mismo periodo
una disminución de 0,3 puntos porcentuales. Por cuidades, Manizales presenta un
porcentaje de informalidad del 33,7%, de lo cual da cuenta la siguiente imagen:
11 M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 En: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-
y-seguridad-social 10

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Lo anterior, evidencia que en términos cuantitativos la informalidad laboral sigue
siendo un problema social estructural en Colombia, lo que justifica que frente a
una orden de desalojo la autoridad administrativa no solamente debe hacerlo en
cumplimiento de un mandato judicial, como ocurrió en el presente asunto, sino que
debe ir más allá como una forma de garantizar la procura existencial como rasgo
característico del Estado social y democrático de derecho. De allí que deban
existir medidas afirmativas que garanticen la protección de los derechos de los
vendedores informales, con mayor razón cuando se trata de mujeres.

4.2.3. Bajo ese escenario, la Sala advierte que si bien la Inspección Segunda
Urbana de Policía de Manizales actuó en cumplimiento de una orden judicial,
actuación que es coherente con el marco constitucional porque las órdenes
judiciales se deben acatar, lo cierto es que en uso de sus competencias pasó por
alto analizar la situación de la accionante, quien es una mujer vendedora informal,
que según manifestó solo cuenta con ese ingreso para el sustento de su familia y
lleva ejerciendo su oficio en dicho lugar por más de veinte años, y contaba con su
caseta de comidas ubicada en la zona que fue desalojada en virtud de la garantía
del goce del espacio público. Valga indicar que según lo informado por la Alcaldía
de Manizales, Inspección Segunda Urbana de Policía de Manizales, entre la
actora y el señor Omar López Castañeda -demandado en la acción popular-,
existió un contrato de arrendamiento del “Kiosko Estación Liborio”.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que aun cuando la Inspección Segunda
Urbana de Policía de Manizales actuó en cumplimiento de una orden judicial,
desconoció los derechos fundamentales de la señora Martha Lucía Velásquez
Aristizábal al proceder con el desalojo de la caseta de comidas que ella ocupaba,
de donde provenía su único ingreso económico, lo que no fue desvirtuado en el
informe rendido por la precitada autoridad, sin adoptar medidas de carácter
preventivo y afirmativo como lo es, valorar su condición para determinar si
resultaba procedente la reubicación de la caseta de comidas en un lugar que
cuente con condiciones similares. Sin que ello signifique que la autoridad
administrativa pueda otorgar el permiso para continuar en el espacio público que
fue desalojado, pues como se dijo en líneas anteriores, el restablecimiento de
dicho lugar se dio en razón a una orden judicial.

Por las razones expuestas, la Sala amparará los derechos fundamentales al
trabajo, mínimo vital y libertad de escoger profesión u oficio y al principio de
confianza legítima de la demandante, quien actúa en nombre propio. En
consecuencia, ordenará a la Alcaldía de Manizales -Inspección Segunda Urbana
de Policía de Manizales-, que (i) dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia proceda a verificar la situación personal, familiar,
social y económica de la señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal y, como 11

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consecuencia de ello, (ii) en un término no mayor a treinta (30) días siguientes,
ofrezca a la accionante una alternativa económica, laboral o de reubicación, en la
que se tenga en consideración su condición de mujer vendedora informal.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de la acción de tutela
respecto del Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Manizales, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y
libertad de escoger profesión u oficio y al principio de confianza legítima de la
señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal, quien actúa en nombre propio. En
consecuencia,

Tercero.- ORDÉNASE a la Alcaldía de Manizales -Inspección Segunda Urbana de
Policía de Manizales-, que (i) dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia proceda a verificar la situación personal, familiar,
social y económica de la señora Martha Lucía Velásquez Aristizábal y, como
consecuencia de ello, (ii) en un término no mayor a treinta (30) días siguientes,
ofrezca a la accionante una alternativa económica, laboral o de reubicación, en la
que se tenga en consideración su condición de mujer vendedora informal.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

12

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