RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02166-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02166-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02166-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02166-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios del
Municipio de Aguachica – SINVEASTA–
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por SINVEASTA en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar y del Juzgado 5º Administrativo de Valledupar.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 17 de marzo de 20262, el tutelante interpuso esta acción constitucional en procura
de la protección de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la libertad, al trabajo,
a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y al precedente
jurisprudencial, los cuales considera vulnerados con ocasión de las providencias
proferidas el 13 de febrero y el 2 de octubre de 2025 por el juzgado convocado,
mediante las cuales se negó el incidente de nulidad que propuso en el marco del
proceso No. 20001333300520190020200/01. Asimismo, cuestiona el auto del 6 de
noviembre del mismo año dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
rechazó el recurso de alzada contra la primera decisión referida.

2.- Hechos

2.1.- El 4 de julio de 2019, dos ciudadanos3 presentaron una acción popular contra
el municipio de Aguachica con el fin de lograr la recuperación del espacio público y

1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 96AF274904C4719F

BDE37BA421C05C87 F210F25D319A67CF 02E59A736FC39EF6.
2 Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado 99811797E2733361

1F615CEDB67FC494 072CB2A353966D5E 1F8C63E7A27422FA.
3 Luis Ramón Carvajal Serna y Valentín Sierra Quintero.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

la protección de los derechos de los niños sobre el “Parque San Antonio”, demanda
que se registró bajo el No. 20001333300520190020200 y fue admitida el 31 de julio
de 2019 por el Juzgado 5º Administrativo de Valledupar4.

2.2.- Durante todo el trámite de esa acción no se vinculó a los miembros de
SINVEASTA, organización sindical constituida desde 1977 que agrupa a los
vendedores que han ocupado el predio por más de 40 años, en un terreno que,
según afirmó el tutelante, nunca ha funcionado materialmente como un parque de
recreación. El 29 de septiembre de 2023 el juzgado dictó sentencia en la que
accedió a las pretensiones de la acción popular, lo que acarrea el desalojo de los
comerciantes informales en el lugar5.

2.3.- Al enterarse de las acciones de cumplimiento iniciadas por el municipio a
principios de 2024, el sindicato presentó un incidente de nulidad el 16 de julio de
2024, en el cual alegó la vulneración al debido proceso por falta de notificación a la
persona jurídica y a los afectados directos. Mediante auto del 13 de febrero de 2025
el juzgado rechazó la nulidad bajo el argumento de que el proceso cumplió la
publicidad legal mediante un aviso a la comunidad y con la respectiva notificación
al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, aunado a que no existía un
litisconsorcio necesario. Dicha decisión fue confirmada al resolverse el recurso de
reposición el 2 de octubre de 2025, que también concedió la alzada. Posteriormente,
el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó de plano por improcedente el recurso
de apelación mediante auto del 6 de noviembre de 2025, al considerar que en las
acciones populares los recursos operan de forma restringida6.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante fundamenta su solicitud de amparo en una supuesta violación
directa a la Constitución Política, puntualmente a los artículos 29 y 229 superiores,
toda vez que los falladores tramitaron y decidieron una acción popular orientada a
la recuperación de un lote de terreno sin notificar ni vincular a las personas
directamente afectadas, es decir, a los vendedores que ocupan el predio desde
hace más de 40 años. Señala que el juzgado justificó erradamente la garantía al
debido proceso con base en que se fijó un aviso a la comunidad y se vinculó al

4 A folios 2-8 del escrito de tutela.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, mientras que el tribunal de segunda
instancia rechazó la apelación amparándose en un estricto ritualismo procesal
propio de la Ley 472 de 1998, lo que desconoce su deber de hacer prevalecer la
protección de los derechos fundamentales en juego.

A su vez, la organización peticionaria aduce la configuración de un defecto fáctico
por la omisión en el decreto y práctica de pruebas indispensables para resolver el
incidente de nulidad, pues asegura que los despachos judiciales guardaron silencio
y no desplegaron ninguna actividad oficiosa tendiente a verificar la existencia
jurídica del sindicato, el pago de impuestos municipales de industria y comercio, el
número de ocupantes en el área, ni la realidad material del predio. En conexidad
con lo anterior, argumenta una falta de apreciación probatoria y la existencia de un
error inducido, al aseverar que el juzgado de conocimiento otorgó plena credibilidad
a unas fotografías aportadas por los actores populares sin someterlas a
contradicción y sin exigir las escrituras públicas o actos administrativos idóneos que
demostraran la titularidad pública del bien de conformidad con el artículo 63
constitucional, lo que ignoró la carga probatoria exigida por el artículo 167 del CGP.

Igualmente, SINVEASTA invoca un defecto procedimental absoluto, sustentado en
que el juzgado no utilizó sus poderes para verificar los hechos de la acción y
pretermitió etapas sustanciales al no identificar ni integrar en debida forma a todos
los ocupantes del terreno, negándose a abrir el correspondiente debate probatorio
dentro del trámite de nulidad, lo cual contraviene el artículo 164 del compendio
citado e impide proteger a estos sujetos en especial vulnerabilidad.

El convocante expone, por último, que todas las actuaciones procesales referidas
transgreden los fines del Estado Social de Derecho y conculcan sus derechos
constitucionales, al catalogar a los vendedores como ocupantes de mala fe y poner
en inminente riesgo el sustento económico que han derivado lícitamente por tres
generaciones.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya omisión se alega;
(ii) dejar sin efectos las providencias dictadas por el Juzgado 5º Administrativo de
Valledupar el 13 de febrero y el 2 de octubre de 2025, así como el auto del 6 de
noviembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar; y (iii) ordenar

4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

al mencionado tribunal que emita una decisión en la que observe los lineamientos
jurisprudenciales dados por la Corte Constitucional sobre los derechos de los
vendedores ambulantes en concordancia con los fallos dictados por el Consejo de
Estado sobre la materia.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 20 de marzo de 2026, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a Luis Ramón Carvajal Serna y a Valentín Sierra Quintero,
quienes fungieron como demandantes en el medio de control; al municipio de
Aguachica; a la Personería Municipal de Aguachica; a la Defensoría del Pueblo y a
la Procuraduría General de la Nación.

5.2.- La Procuraduría General de la Nación pidió su desvinculación y se opuso a las
pretensiones. Argumentó que, tras revisar sus sistemas de información y gestión
documental, no encontró registro de ninguna petición previa radicada por el actor,
motivo por el cual no tuvo la oportunidad para pronunciarse o para iniciar alguna
actuación preventiva. Afirmó que el amparo es improcedente ante la inexistencia de
una acción u omisión que le sea atribuible. Propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

5.3.- El órgano sindical presentó un escrito frente a la contestación rendida por la
Procuraduría. Cuestionó que el Ministerio Público fundamentara la improcedencia
de la acción en la inexistencia de una petición o queja formal en su sistema, no
obstante, adujo que el artículo 277 de la Constitución Política le impone al
procurador general el deber ineludible de intervenir en los procesos judiciales para
defender los derechos fundamentales. En ese sentido, reprochó que la entidad se
limitara a revisar sus bases de datos en lugar de indagar si el procurador judicial 75,
adscrito al Juzgado 5º Administrativo de Valledupar, cumplió con sus funciones y
estudió con detenimiento el incidente de nulidad propuesto.

5.4.- El representante legal de SINVEASTA radicó un documento en el que expuso
los antecedentes históricos y la realidad material del “Parque San Antonio”. Señaló
que la ocupación inició hace más de 6 décadas como un asentamiento improvisado
en un lote que, aunque fue donado para la construcción de un parque, nunca fue
dotado con infraestructura y quedó abandonado. Asimismo, afirmó que el predio es

5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

actualmente un centro comercial del cual derivan su sustento y residen más de
noventa familias organizadas sindicalmente, quienes comercializan diversos
productos, pagan impuestos y asumen el costo de los servicios públicos. Aseveró
que el lugar dejó de ser una invasión para convertirse en el núcleo económico del
municipio.

5.5.- La parte accionante, por otro lado, indicó que desconoce la dirección de
notificación de los ciudadanos Luis Ramón Carvajal y Valentín Sierra Quintero,
promotores de la acción popular. A su vez, aseveró que el Juzgado 5º Administrativo
de Valledupar aún no le ha concedido acceso al expediente ordinario. No obstante,
precisó que en los índices 00113 y 00114 del aplicativo SAMAI del aludido proceso
obran actuaciones recientes del señor Valentín Sierra Quintero, por lo que sugirió
que en dichos documentos puede hallarse la información de contacto requerida.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por
SINVEASTA en contra del Tribunal Administrativo del Cesar y del Juzgado 5º
Administrativo de Valledupar, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

Esta Sala limitará su análisis a la providencia proferida el 2 de octubre de 2025 por
el Juzgado 5º Administrativo de Valledupar, pues fue la que resolvió el recurso de
reposición propuesto por el sindicato contra la decisión que negó la nulidad
solicitada; así como al auto dictado el 6 de noviembre del mismo año por el Tribunal
Administrativo del Cesar, ya que resolvió un asunto distinto y declaró la inviabilidad
de la apelación.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad7 y de procedencia8 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”9.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber10: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202211, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se

7 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
11 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2.- En el caso concreto, SINVEASTA cuestiona, en esencia, que las autoridades
accionadas (i) tramitaron una acción popular sin notificar ni vincular a los
vendedores directamente afectados, lo que justificaron erradamente en un aviso a
la comunidad y en un estricto ritualismo procesal para rechazar la apelación; (ii)
incurrieron en un defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas
indispensables dentro de la nulidad; (iii) configuraron una indebida apreciación
probatoria y un error inducido al otorgar plena credibilidad a unas fotografías sin
someterlas a contradicción y sin exigir documentos idóneos; (iv) estructuraron un
defecto procedimental absoluto al pretermitir etapas sustanciales por no identificar
ni integrar en debida forma a todos los ocupantes y negarse a abrir el
correspondiente debate probatorio; y (v) transgredieron los fines del Estado Social
de Derecho y los derechos constitucionales al catalogar a los vendedores como
ocupantes de mala fe, lo que puso en inminente riesgo el sustento económico de
estas personas.

4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos aludidos carecen del
requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar debidamente
justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico
efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional
a la acción popular, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 2 de octubre de
2025 se dilucida el siguiente análisis textual:

“El recurso de reposición interpuesto por el Sindicato de Vendedores Ambulantes y
Estacionarios de Aguachica – Cesar se estructura en las siguientes inconformidades: (i)
ausencia de reconocimiento de su personería jurídica y consecuente omisión en la
notificación personal del auto admisorio; (ii) falta de vinculación procesal de los ocupantes
del Parque San Antonio como litisconsortes necesarios o, en su defecto, como terceros con
interés jurídico; (iii) insuficiencia de la publicidad practicada mediante avisos en la página
web; (iv) indebida delegación al Municipio de Aguachica para ubicar y censar a los
ocupantes; (v) carencia de medidas complementarias de participación como censos
poblacionales o campañas comunitarias; (vi) deficiente valoración de pruebas históricas
sobre la ocupación del predio; y (vii) omisión en el análisis de documentos sobrevinientes
que demostrarían la existencia y organización del sindicato.

Revisado lo anterior, el Despacho procederá a analizar la carga argumentativa central del
recurso que se dirige a sostener que la omisión en la citación o vinculación del sindicato y
de sus afiliados configuró una nulidad procesal de carácter insaneable y con ello debe
declararse la nulidad de todo lo actuado, incluyendo la sentencia proferida que se encuentra

8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

ejecutoriada, por vulneración del debido proceso, toda vez que se los argumentos
siguientes precisados en el recurso son accesorios, dado a que pretenden darle sustento a
dicha pretensión principal.

En este orden de ideas, la tesis de la falta de vinculación procesal de los ocupantes del
Parque San Antonio como litisconsortes necesarios o, en su defecto, como terceros con
interés jurídico, debe confrontarse con los artículos 133 a 138 del Código General del
Proceso, que establecen la naturaleza restrictiva de las nulidades, diferenciando las
saneables, subsanadas por la inactividad procesal o por la ejecutoria, de las insaneables,
que comprometen de manera estructural la validez de la relación procesal.

Como punto de partida, en el presente asunto es necesario abordar la oportunidad y trámite
de las nulidades procesales, que se define en el artículo 134 del Código General del
Proceso, en los siguientes términos: (…)

Bajo este contexto, la parte recurrente insiste que debió ser vinculado como parte por su
presunta condición de litisconsorte necesario o tercero interesado, aduciendo que sus
afiliados ocupan el Parque San Antonio desde 1970. De este modo, el recurrente invoca el
numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, que procede cuando: (i) no se
práctica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas que deben ser citadas como partes, (ii) no se lleva a cabo el emplazamiento
de las personas indeterminadas que deban ser citadas como partes o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las parte, y (iii) no se cita en debida forma al
Ministerio Público o a cualquier persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.

Ahora bien, la falta de citación o vinculación al proceso puede y debe alegarse en cualquiera
de las instancias del proceso declarativo antes de que se dicte sentencia. En el caso
concreto, se determina que la solicitud del incidente de nulidad se presentó el 16 de julio de
2024, pese a que el trámite procesal bajo estudio se surtió con el auto de admisión de fecha
31 de julio de 2019 y finalizó con sentencia de primera instancia de fecha 29 de septiembre
de 2023, que a la fecha se encuentra debidamente ejecutoriada; es decir, que el incidente
bajo estudio se alegó cuando había precluido dicha oportunidad procesal, no puede
pretenderse su declaratoria con posterioridad a la sentencia, máxime cuando la nulidad no
tiene origen en dicha providencia.

A juicio de la Corte Constitucional en la sentencia T-481 de 2024, es inaceptable que una
persona que considera que tiene un interés jurídico en el proceso de acción popular se
abstenga de interponer el incidente de nulidad del proceso antes de que se dicte sentencia,
es decir, mientras el proceso estaba en curso, con lo cual precluye la oportunidad para
luego solicitar la nulidad de la sentencia, sin que se avizore la acreditación de los motivos
por los cuales la parte afectada solo pudo conocer del proceso y advertir la nulidad con
posterioridad a la sentencia, con lo cual no basta la simple afirmación; toda vez que no es
viable revivir términos precluidos y desconocer la ejecutoria de una sentencia, pues ello
afectaría la seguridad jurídica (…)

Aplicando lo anterior al presente caso, no le asiste razón al recurrente cuando insiste en su
pretensión de anular lo actuado con fundamento en la ausencia de citación o vinculación al
proceso, toda vez que se enfrenta a una objeción de oportunidad procesal que conduce a
su improcedencia y que se entiende saneada, por no haber sido alegada oportunamente.

Sumado a lo anterior, se advierte la Sentencia de fecha 18 de julio de 2024, proferida por
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2024-01774-00, que, al resolver tutela
contra autoridad judicial por la falta de vinculación al medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, por vulneración al derecho al debido proceso, negó dichas
pretensiones, cuya parte motiva fue la siguiente: (…)

En este orden de ideas, el auto recurrido señaló con acierto que el objeto de la acción
popular correspondía a la declaración de las actuaciones omisivas y negligentes por parte

9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

del MUNICIPIO DE AGUACHICA y la PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUACHICA, en el
cumplimiento de sus funciones, vulnerando los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la defensa del patrimonio
público, la seguridad y salubridad pública, y el derecho a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollo urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. En
consecuencia, la decisión de fondo podía adoptarse de manera uniforme respecto de las
entidades demandadas, sin que la ausencia del sindicato comprometiera la eficacia de la
sentencia, con ello se descartó la viabilidad de identificarlo como litisconsorcio necesario,
cuya ausencia no invalida el proceso, siendo un presupuesto establecido en el inciso final
del artículo 134 del CGP, que conducía en los casos en los que se profiriera sentencia de
ordenar su anulación e integrar el contradictorio.

En definitiva, la inconformidad principal alegada por la parte recurrente, no demuestran la
existencia de una nulidad insaneable que comprometa la validez de lo actuado, toda vez
que la ausencia de citación del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de
Aguachica – Cesar correspondía a una condición de tercero interesado, contrario a la
condición de litisconsorte necesario, con lo cual la no vinculación de los ocupantes no
viciaba el trámite procesal adelantado. En este sentido, el incidente de nulidad fue
extemporáneo, y el objeto del proceso no requería su comparecencia para dictar una
decisión eficaz, como se precisó en la decisión reprochada.

Respecto a las inconformidades accesorias relativas a la insuficiencia de la publicidad y a
la supuesta delegación al Municipio de Aguachica para identificar a los ocupantes no
constituyen causales de nulidad. En este caso se surtió mediante publicaciones en la página
web de la Rama Judicial, comunicaciones a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público,
actuaciones que cumplen la exigencia legal establecida en el artículo 21 de la Ley 472 de
1998, aunque el recurrente alegue que resultaron insuficientes, cualquier deficiencia de
eficacia quedó convalidada por la preclusión procesal.

Finalmente, la alegación de indebida valoración probatoria y de documentos sobrevinientes
carece de relevancia en este incidente. La nulidad no está prevista como mecanismo para
reexaminar el fondo de la controversia ni para cuestionar la apreciación de pruebas, lo cual
corresponde a recursos ordinarios y extraordinarios. En esta oportunidad, se advierte que
la valoración de la ocupación del Parque San Antonio es un asunto de fondo ya definido en
sentencia, y que no corresponde reabrirlo bajo la forma de incidente de nulidad.

En conclusión, todas las inconformidades del recurrente se encuentran alcanzadas por la
preclusión procesal, pues fueron esbozadas cuando la sentencia ya se encontraba
ejecutoriada. Conforme a los artículos 133 y 134 del CGP y a lo sostenido por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-481 de 2024, no se acreditó causal de nulidad insaneable,
ni existe fundamento para retrotraer el proceso. Por ende, el recurso de reposición no tiene
asidero jurídico para reponer la providencia impugnada, y la vía del incidente no constituye
el mecanismo idóneo para reabrir el debate respecto de actuaciones proferidas por
ejecutoria, sin concurrencia de las causales legales establecidas”12.

4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el juzgado censurado analizó los
argumentos expuestos por SINVEASTA y determinó que la falta de notificación a
los ocupantes del “Parque San Antonio”, invocada como causal de nulidad por no
vincular a los litisconsortes necesarios o terceros interesados, resultaba
extemporánea y saneada. Señaló que el incidente fue propuesto en 2024, cuando
la sentencia de primera instancia, proferida en 2023, ya se encontraba ejecutoriada,

12 A folios 16-19 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A96E35DD16EA4421
584A06A365053559 6FC8C10B3E348A55 4FC608BBD8B28B17.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

por lo que había precluido así la oportunidad procesal conforme al artículo 134 del
CGP y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, el despacho concluyó que el objeto de la acción popular
correspondía a las omisiones de las autoridades municipales respecto de la
protección del espacio público, por lo que la decisión de fondo podía adoptarse
uniformemente sin la comparecencia del sindicato. Por tanto, descartó la existencia
de un litisconsorcio necesario que invalidara el proceso y calificó a los ocupantes
únicamente como terceros interesados. Finalmente, frente a los reproches sobre
insuficiencia de publicidad y valoración probatoria, sostuvo que la notificación
mediante aviso en la página web cumplió lo exigido en el artículo 21 de la Ley 472
de 1998, y precisó que el incidente de nulidad no es un mecanismo idóneo para
reabrir debates de fondo o reexaminar pruebas ya definidas en una sentencia en
firme.

4.6.- Además, el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó por improcedente la
apelación, a pesar de que había sido concedida por el juez de primera instancia,
con base en lo siguiente:

“Las acciones populares fueron consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política
como un mecanismo idóneo y preferente para exigir a las autoridades públicas o a los
particulares que actúan en ejercicio de funciones públicas, la efectividad, garantía y
protección de los derechos colectivos.

Ahora bien, respecto a los recursos susceptibles dentro de este mecanismo constitucional,
la Ley 472 de 1998, prevé lo siguiente (…)

Conforme a lo anterior, se tiene que las decisiones proferidas durante el trámite de la acción
popular son susceptibles de recurso de reposición, salvo el auto que decreta las medidas
cautelares y la sentencia de primera instancia, providencias sobre las cuales procede el de
apelación.

Sobre este particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, mediante auto proferido el 26 de junio de 2019, fijó el siguiente criterio
jurisprudencial: (…)

Dicha regla jurisprudencial, fue reiterada en las providencias proferidas el 27 de enero de
2020 y el 30 de junio de 2020 en Sala Unitaria, con ponencia del consejero Roberto Augusto
Serrato, donde igualmente se señaló que las únicas decisiones susceptibles del recurso de
apelación en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho acoge el criterio jurisprudencial referido
supra, brindando prevalencia a la normativa de carácter especial que reglamenta ese
mecanismo de acceso a la administración de justicia.

En ese orden, los recursos que se interpongan dentro de los procesos del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos deben someterse a las reglas previstas

11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

en la Ley 472, de manera que, el auto que negó la solicitud de nulidad en el presente asunto
no es susceptible del recurso de apelación, por lo que se declarará improcedente”13.

En efecto, el tribunal censurado sostuvo que las acciones populares, consagradas
en el artículo 88 de la Constitución Política, se rigen por las reglas recursivas
especiales de la Ley 472 de 1998. Señaló que las decisiones proferidas en este
trámite son susceptibles del recurso de reposición, salvo el auto que decreta
medidas cautelares y la sentencia de primera instancia, las cuales son las únicas
providencias sobre las que procede la apelación. A su vez, la autoridad aplicó el
criterio de la Sala Plena del Consejo de Estado del 2019, reiterado en decisiones
dictadas en enero y junio de 2020, el cual restringe la procedencia de la alzada en
este medio de control para brindar prevalencia a la normativa especial.

Por consiguiente, es evidente que el cuerpo colegiado cuestionado, con base en la
jurisprudencia vigente de esta corporación, se abstuvo de revisar la alzada
planteada por SINVEASTA por la prohibición expresa consagrada en la Ley 472 de
1998.

4.7.- Resulta claro, entonces, que el accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se
vio, los aspectos atinentes a la obligatoriedad de la vinculación y a la viabilidad de
la apelación fueron ampliamente estudiados y analizados por las células judiciales
criticadas, por lo cual resulta diáfano que las quejas elevadas por la parte
convocante buscan reabrir el debate resuelto en el proceso No.
20001333300520190020200/01, con el fin de que prevalezca su interpretación
sobre la prohijada por el Juzgado 5º Administrativo de Valledupar y el Tribunal
Administrativo del Cesar.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

13 Ibidem, a folios 24-25.

12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02166-00
Accionante: SINVEASTA
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.8.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso de la acción
popular15.

5.- En consecuencia, se declararán improcedentes todos los cargos del amparo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

14 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.