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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01779-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01779-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar, la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en este proveído. Segundo. Una vez ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01779-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de septiembre de 2024

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01779 01
Demandante: Municipio de Bello

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01779 01
Demandante: Municipio de Bello, Antioquia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Tribunal Administrativo de
Antioquia y Juzgado 31 Administrativo de Medellín

Temas: Debido proceso. Defensa y contradicción. Acceso a la
administración de justicia. Incumplimiento del requisito de
inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 14 de junio de 2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el Municipio de Bello, Antioquia, por medio de apoderado judicial, promovió
la presente acción constitucional en orden a que se tutelen sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa y
contradicción.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01779 01
Demandante: Municipio de Bello

Por lo anterior, respetuosamente se le solicita al Honorable Consejo de Estado, que,
obrando como juez constitucional, se sirva instruir a la Sala Unitaria de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia que notificó la decisión adoptada por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío a efectos de que se
proceda a la revocatoria, por razones constitucionales, de la sentencia proferida y
consecuentemente se le ordene a la Sala en mención proceder a dictar sentencia
sustitutiva de la sentencia ya referida en la que se declaren probados los cargos
propuestos.

1.1.2. Los hechos

A pesar de que el escrito de tutela no contiene un acápite de hechos ni un relato
sobre el origen de la presente solicitud de amparo ni del proceso contencioso-
administrativo, la Sala, luego de revisar el presente proceso, advierte como
importantes las siguientes circunstancias fácticas:

i) Con ocasión del desastre natural ocurrido el 5 de diciembre de 2010 en el barrio La
Gabriela del municipio de Bello, Antioquia, en el que un alud de tierra sepultó las
viviendas del sector conocido como Calle Vieja y dejo un saldo de al menos 80
personas fallecidas, el señor Héctor Hernando Castañeda González y otros,
interpusieron demanda de reparación directa en contra de esa autoridad
administrativa, proceso identificado con el consecutivo 05001 33 31 003 2012 00455
00.

ii) La demanda fue fallada en primera instancia por el Juzgado 31 Administrativo de
Medellín a través de sentencia del 5 de diciembre de 2017, en la que declaró al
municipio de Bello administrativamente responsable por las muertes de algunas de
las víctimas fatales y lo condenó al pago de los perjuicios materiales e inmateriales
causados.

iii) Con ocasión del Acuerdo PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia remitió el proceso al Tribunal Administrativo del Quindío,
que decidió el proceso en segunda instancia según fallo del 3 de junio de 2022, en la
que confirmó lo decidido por el Juzgado 31 Administrativo de Medellín y actualizó el
valor de la condena.

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Demandante: Municipio de Bello

iv) El municipio de Bello solicitó que se declarara la nulidad de la sentencia de
segunda instancia, con fundamento en la causal número 7 del artículo 133 del
Código General del Proceso, que se refiere a que la decisión haya sido proferida por
un juez diferente al que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del
recurso de apelación. La anterior solicitud fue negada por medio de auto del 24 de
enero de 2023, ante cuya decisión el apoderado del municipio presentó recurso de
súplica, que no fue concedido según el auto del 5 de octubre de 2023.

Frente a la citada determinación, la parte demandada en ese proceso formuló
recurso de reposición y queja, los cuales también fueron rechazados por
improcedente en providencia del 17 de octubre de 2023.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la parte accionante, la sentencia de segunda instancia del 3 de junio de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso de
reparación directa 05001 33 31 003 2012 00455 00 vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa y
contradicción, por las siguientes razones:1

i) La sentencia de segunda instancia incurrió en un error de derecho, en su
dimensión positiva, por interpretar incorrectamente la Ley 99 de 1993 y no aplicar las
Leyes 810 de 2003 y 1333 de 2009. También se incurrió en una indebida valoración
probatoria entre las que se encuentra «no valorar que los hechos no tienen soporte
en el dictamen pericial de la Universidad Nacional».

ii) De acuerdo con las normas citadas, las infracciones ambientales que sean de
competencia de las corporaciones autónomas regionales o las áreas metropolitanas
deben ser conocidas por dichas entidades de manera preferente, por ser las únicas
facultadas para imponer medidas correctivas y urgentes. Asignar la responsabilidad
en el municipio de Medellín por la tragedia ambiental del 5 de diciembre de 2010 en
el barrio La Gabriela, es extenderle, irregularmente, las facultades que son propias

1
Documento 3 del expediente digital de primera instancia.

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Demandante: Municipio de Bello

de las corporaciones regionales, la curaduría, Policía Nacional y Fiscalía General de
la Nación.

iii) Las obligaciones derivadas de las medidas preventivas que sean inmediatas,
precautorias y transitorias adoptadas por las entidades ambientales para evitar
desastres en zonas que representen riesgos de deslizamiento, deben aplicarse de
manera preferente frente a las medidas previstas por otras autoridades de similares
competencias.

iv) El despacho judicial condenó al municipio de Bello sin tener en cuenta ni valorar
las acciones u omisiones de la Policía Nacional, del INDERENA, Corantioquia, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Sociedad Minera Peláez Hermanos S. en C.,
Empresa Cypress Casa y Prefabricados, Fiscalías 153 y 207, Juzgado 2 Penal del
Circuito [no se especificó de qué circuito], banda delincuencial Los Triana, Curador
Segundo de Bello, DEVIMED, Sociedad Proyectos Inversiones Filomena S.A.S y el
ingeniero Darío Pajón (q.e.p.d).

1.2. Actuación procesal

El presente mecanismo de amparo constitucional fue admitido por medio de auto del
22 de abril de 2024 proferido por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado, en el que se ordenó notificar como parte accionada al Tribunal Administrativo
del Quindío, al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado 31 Administrativo de
Medellín; además, se ordenó la notificación de quienes fungieron como demandantes
en el proceso de reparación directa como terceros interesados y se les concedió a
los notificados el término de 3 días para que rindieran el respectivo informe.2

1.3. Contestación de la demanda

El Juzgado 31 Administrativo de Medellín y la señora Leidy Johana Alzate
Castañeda, tercera con interés, se pronunciaron sobre la solicitud de amparo del
siguiente modo:

2 Documento 11 del expediente digital de primera instancia

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1.3.1. Juzgado 31 Administrativo de Medellín3

i) Al proferir la sentencia de primera instancia el despacho realizó un cuidadoso
análisis de todo el material probatorio, del que resultó probado el daño causado a los
demandantes en ese proceso y la falla en el servicio por parte del municipio de Bello,
toda vez que se encontró que la entidad territorial no cumplió con sus obligaciones
de control urbanístico ni con su función de control, vigilancia y prevención del riesgo.

ii) Cada uno de los argumentos por los cuales se endilgó la responsabilidad
quedaron debidamente consignados en la sentencia que hoy se cuestiona, por lo que
no se advierte configurada ninguna de las causales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

1.3.2. Leidy Johana Alzate Castañeda4

i) La acción de tutela contra providencia es improcedente para cuestionar la
comprensión de una autoridad judicial sobre los hechos que sustentan un proceso,
como pretende hacerlo la parte accionante. La expedición de las sentencias de
primera y segunda instancia tomó más de 10 años, tiempo en los que se garantizó el
debido proceso de las partes intervinientes.

ii) El municipio de Bello alega una serie de inconsistencias en la valoración de los
hechos, pero se refiere únicamente a aquellos que le son favorables, circunstancia
para la que no se ha previsto la procedencia de esta clase de medios de amparo
constitucional, pues lo perseguido en esta oportunidad es reabrir un debate
probatorio concluido, con el propósito de que se acoja su teoría del caso, pero no
porque exista un verdadero vicio en el contenido de las decisiones.

iii) La parte accionante pretende dilatar injustificadamente el cumplimiento de las
obligaciones que le fueron impuestas en favor de las víctimas, lo cual comporta una
posición revictimizante por parte del municipio. Finalmente expuso lo siguiente:

3
Documento 15 del expediente digital de la primera instancia.
4
Documento 23 del expediente digital de la primera instancia.

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Demandante: Municipio de Bello

¿En qué momento y por qué razón? Las víctimas en este caso dejamos de serlo,
para actualmente ser rotulados como “TERCEROS INTERESADOS”, trato
indignante, desigual y reprochable al que nos ha conducido el municipio de Bello al
desconocer de manera testaruda su obligación judicial.

1.4. Sentencia impugnada5

La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia el 14 de junio de 2024, en la que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia; el sustento de la anterior decisión es el siguiente:

i) La sentencia del 3 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, y contra la que se dirige la presente solicitud de amparo, fue notificada por
edicto del 13 de junio de 2022 que fue desfijado el 15 de junio siguiente, lo que
quiere decir que el plazo razonable de 6 meses para interponer la acción de tutela se
agotó el 13 de diciembre de 2022, mientras que el medio de amparo constitucional se
radicó el 12 de abril de 2024, es decir, por fuera del término previsto.

ii) La parte accionante justificó la demora en la interposición de la acción de tutela
con el argumento de haber interpuesto un incidente de nulidad, justificación que no
tiene vocación de prosperidad en atención a que la presente solicitud de amparo no
cuestiona la existencia de nulidad alguna en el proceso contencioso-administrativo,
sino que controvierte directamente la motivación de los fallos del 5 de diciembre de
2017 y 3 de junio de 2022.

iii) La vulneración de los derechos fundamentales alegada por el municipio de Bello
se deprecan del contenido de las sentencias de primera y segunda instancia y no de
los autos del 24 de enero, 5 y 17 de octubre de 2023, por lo que no existe razón para
flexibilizar la exigencia del requisito de inmediatez.

1.5. Impugnación6

5 Documento 26 del expediente digital de la primera instancia.
6 Documento 36 del expediente digital de la primera instancia.

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La parte accionante interpuso impugnación contra la sentencia de primera instancia,
de acuerdo con los siguientes argumentos:

i) El a quo tuvo por insatisfecho el requisito de inmediatez sin tener en cuenta que a
pesar de que transcurrieron más de 6 meses entre la expedición de la sentencia de
segunda instancia y la radicación de la presente acción de tutela, el municipio
interpuso un incidente de nulidad y sendos recursos en contra de los autos que
negaron la citada nulidad que no permitieron que ocurriera la ejecutoria la decisión.
En ese sentido, entre la última decisión emitida en ese proceso y la presente acción
de tutela transcurrió un tiempo prudencial.

ii) Si bien los reparos de esta acción constitucional no se dirigen contra el auto del 17
de octubre de 2023, el término de inmediatez debe contarse desde esa fecha porque
fue la última decisión proferida dentro del proceso y fue luego de ello que la
sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria. No tiene lógica que se interpusiera
la acción de tutela antes de que se resolviera la solicitud de nulidad, pues dicho
trámite podría haber dejado sin efectos la decisión judicial que hoy se cuestiona.

iii) En lo demás, la parte impugnante insiste en las razones por las cuales considera
que el municipio de Bello no debe ser declarado responsable del daño causado a los
familiares de las víctimas fatales de la tragedia del 5 de diciembre de 2010 en Calle
Vieja.
2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Tercera del Consejo de Estado.

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2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia de segunda instancia del 3
de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío en el proceso de
reparación directa con radicado 05001 33 31 003 2012 00455 00, especialmente el
relativo a la inmediatez.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si la citada providencia incurrió
en una indebida valoración probatoria que vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa y contradicción.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional7 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,8 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)

7 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
8Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

i) El 3 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de reparación directa 05001 33 31 003 2012
00455 01, en la que confirmó la decisión de primer nivel emitida por el Juzgado 31
Administrativo de Medellín que condenó al municipio de Bello al pago de los daños
materiales e inmateriales sufridos por los demandantes.9

ii) La anterior sentencia fue notificada por medio de edicto fijado el 13 de junio de
2022 y desfijado el 15 de junio de ese mismo año.10

9
Documento 5 del expediente digital de la primera instancia
10
Edicto en el documento 16 del expediente ordinario digitalizado en documento visible
en el índice 14 del proceso contencioso administrativo en Samai.

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Demandante: Municipio de Bello

iii) El 21 de junio de 2022, el apoderado del municipio de Bello radicó una solicitud de
nulidad de la sentencia de segunda instancia con sustento en la causal 7 del artículo
133 del Código General del Proceso, que se refiere a que la decisión haya sido
emitida por un juez distinto al que escucho los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.11

iv) El 24 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió auto en el
que negó la solicitud de nulidad propuesta por el municipio de Bello por la siguiente
razón:12

De manera que en el proceso relativo a la reparación directa del asunto, el mismo se
tramitó conforme al Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) o bajo el
llamado sistema escritural, que inicia con la demanda presentada de manera escrita y
asimismo se da la admisión, contestación, el auto de pruebas a excepción de la
práctica de pruebas como los testimonios, alegatos y sentencia todas igualmente por
escrito, en este procedimiento ordinario se establece que una vez finalizado el
periodo probatorio se corre traslado común a las partes por 10 días para que aleguen
de conclusión y el Ministerio rinda concepto por escrito, para finalmente proferir
sentencia escrita.

De acuerdo con lo expuesto no hay lugar a convocar a una audiencia especial con el
fin de escuchar la sustentación del recurso de apelación cuando este se presentó por
escrito por parte del municipio de Bello, y por ello no se ha configurado la nulidad
invocada, siendo la misma inaplicable al proceso tramitado bajo el C.C.A. de
contenido escrito y por ende la mencionada causal resulta inaplicable a la naturaleza
y actuaciones que corresponden a la jurisdicción contenciosa como lo consagra el
artículo 267 del C.C.A. al realizar una remisión genérica pero no absoluta al C.G.P.

El citado auto también ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo
de Antioquia.

v) El 15 de febrero de 2023, el municipio de Bello radicó recurso de reposición y en
subsidio de súplica, frente al auto del 24 de enero de 2023, al considerar que la
solicitud de nulidad no fue resuelta de fondo por parte del Tribunal Administrativo del
Quindío.13

11
Documento 8 del expediente ordinario digitalizado en documento visible en el índice 14
del proceso contencioso administrativo en Samai.
12
Documento 10 del expediente ordinario digitalizado en documento visible en el índice
14 del proceso contencioso administrativo en Samai.
13
Documento 11 del expediente ordinario digitalizado en documento visible en el índice
14 del proceso contencioso administrativo en Samai.

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11

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01779 01
Demandante: Municipio de Bello

vi) El 21 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto
en el que decidió no reponer el auto del 24 de enero de 2023 emitido por el Tribunal
Administrativo del Quindío que negó la nulidad propuesta por el municipio de Bello.14

vii) El 5 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió no
conceder el recurso subsidiario de súplica elevado por el municipio de Medellín
contra el auto del 24 de enero de 2023.15

viii) El 11 de octubre de 2023, el municipio de Bello radicó ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia recurso de reposición y en subsidio de queja, frente al
auto del 5 de octubre de 2023, al considerar que, de acuerdo con la Ley 2080 de
2021, son apelables y suplicables los autos por medio de los cuales se niega una
nulidad procesal.16

ix) El 17 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió auto en el
que rechazó por improcedentes los recursos de reposición y queja presentados por
el municipio de Bello. El sustento es el siguiente:17

Una vez analizado el memorial, estima esta Sala que el recurso formulado es
improcedente, pues en efecto, el artículo 352 del Código General del Proceso,
aplicable por expresa remisión del artículo 182 del Código Contencioso
Administrativo1 –norma aplicable al caso concreto-, lo reserva para cuando el juez de
primera instancia deniega el recurso de apelación, de modo que el superior resuelva
sobre su procedencia, pero como ocurre en el presente asunto, se controvierte una
decisión proferida por el juez de segunda instancia, y frente a un auto que negó un
recurso de súplica.

Siendo diáfana la norma en cuanto al objeto de la queja, ninguna justificación resulta
plausible para interponerlo en un contexto distinto como lo pretende el apoderado del
MUNICIPIO DE BELLO, amparado en una normativa que no resulta aplicable, cual es
la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 de 2021.

Al respecto, recuérdese que tal como se advirtió en la providencia que es objeto de
recursos, se tiene que el presente proceso fue promovido en vigencia del Decreto 01

14
Índice 69 del proceso contencioso-administrativo registrado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
15
Índice 74 del proceso contencioso-administrativo registrado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
16
Documento 42 en el índice 77 del proceso contencioso-administrativo registrado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
17
Índice 79 del proceso contencioso-administrativo registrado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

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12

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01779 01
Demandante: Municipio de Bello

de 1984, y no la Ley 1437 de 2011 (modificada por la Ley 2080 de 2021), por lo que
su trámite se hará conforme aquel régimen, pues la demanda fue presentada el 22 de
junio de 2012, y el régimen del CPACA, solo entró a regir a partir del 2 de julio de
2012.

La anterior decisión fue notificada por medio de correo electrónico del 18 de octubre
de 2023.18

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

El municipio de Bello, Antioquia, interpuso la presente acción de tutela con el
propósito de cuestionar el sentido de la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Quindío el 3 de junio de 2022, dentro de la reparación directa
05001 33 31 003 2012 00455 01, al considerar que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa y
contradicción, por lo que considera como una indebida valoración de los hechos y las
pruebas allegadas a ese proceso.

La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de este medio
de amparo al no encontrar acreditado el requisito mínimo de inmediatez, en atención
a que el fallo cuestionado fue proferido en el mes de junio de 2022, mientras que la
acción de tutela de la referencia fue radicada en el mes de abril de 2024, es decir,
por fuera del plazo de 6 meses previsto como idóneo para cuestionar providencias
judiciales por la vía constitucional.

El municipio de Bello impugnó la anterior decisión a partir del argumento según el
cual el requisito de inmediatez debe computarse desde el 17 de octubre de 2023,
fecha en la que se profirió la última providencia dentro del medio de control de
reparación directa, pues con posterioridad a la fecha de expedición de la sentencia
de segunda instancia se tramitó una solicitud de nulidad que impidió la ejecutoria del
fallo.

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Constancia en el índice 81 del proceso contencioso-administrativo registrado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Demandante: Municipio de Bello

Pues bien, vistos los argumentos propuestos por la parte impugnante y el material
probatorio aportado al plenario, la Sala considera que en el presente caso se impone
el deber de confirmar la sentencia de primera instancia por no estar satisfecho el
requisito de inmediatez. Las razones son las siguientes:

Al revisar el escrito inicial de la acción de tutela se advierte que el municipio de Bello
pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío, pues todos los argumentos tienden a desvirtuar el análisis legal y
probatorio efectuado por el ad quem del proceso contencioso-administrativo, es
decir, en la solicitud de amparo no se cuestionó de ningún modo el contenido de los
autos del 24 de enero, 5 y 11 de octubre de 2023, a través de los cuales se negó la
nulidad solicitada y la procedencia de los recursos propuestos contra esa decisión.

De acuerdo con lo anterior, la parte accionante no ha mostrado inconformismo
alguno en sede constitucional frente a las decisiones adoptadas en los citados autos,
no alegó una eventual violación o desconocimiento de sus derechos fundamentales
en relación con la negación de la nulidad propuesta ni procuró desvirtuar la
improcedencia de los recursos de reposición, queja y súplica interpuestos contra las
citadas providencias, por lo que puede inferirse que está de acuerdo con lo allí
decidido.

De ese modo, aunque es contrario a sus intereses, el municipio de Bello no ha
controvertido constitucionalmente los argumentos que los Tribunales Administrativos
de Quindío y Antioquia plasmaron en los autos citados y, en ese sentido, no hay
reparo alguno por parte del accionante frente a la improcedencia de la nulidad y los
recursos presentados, lo que implica que dicho tema se encuentra zanjado e
incontrovertido.

Bajo ese entendido, no es cierto el argumento del impugnante según el cual el
término de la inmediatez debe computarse a partir de la fecha de la última
providencia emitida dentro del proceso ordinario, toda vez que esa decisión no ha
sido objeto de reparo en esta oportunidad. La anterior posición obedece a que, tal
como se dispuso en la sentencia C-590 de 2005, en materia de requisitos de

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procedibilidad de acciones de tutela contra providencia judicial, la inmediatez debe
contabilizarse desde la ocurrencia del hecho que originó la vulneración.

Así, debido a que la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados
no se depreca del contenido del auto del 17 de octubre de 2023, que es la
providencia que el accionante considera como la última decisión emitida en el
proceso, no es posible tomar esa fecha como punto de partida para efectos de
establecer el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Explicado lo anterior, es claro que, al invocar una supuesta vulneración de las
prerrogativas constitucionales a partir de la decisión contenida en la sentencia de
segunda instancia del 3 de junio de 2022, es desde la notificación o ejecutoria de
dicha providencia que debe contarse el plazo de 6 meses para acudir al juez de
tutela.

Ahora bien, el accionante manifiesta que la sentencia acusada no cobró ejecutoria
debido a la solicitud de nulidad y a los recursos de reposición, queja y súplica
interpuestos contra el auto que negó la declaratoria de nulidad; sin embargo, no le
asiste razón al impugnante frente a dicha afirmación, pues el artículo 302 de la Ley
1564 de 2012 dispone lo siguiente:

Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.

De acuerdo con lo anterior, la ejecutoria de una providencia judicial emitida fuera de
audiencia solo se ve interrumpida por la interposición de las solicitudes de aclaración
o complementación, ante cuyo panorama solo podrá entenderse en firme dicha

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decisión una vez sean resueltas; no obstante, en el presente caso, no se advierte
que ninguna de las partes haya presentado algún tipo de requerimiento similar.

En esa misma línea, el artículo 134 ibidem dispone que la presentación de una
solicitud de nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso puede
alegarse como excepción a la ejecución de la sentencia, pero no se refiere de ningún
modo a la suspensión o interrupción del término de ejecutoria de la providencia.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que los recursos propuestos contra el
auto que negó dicha nulidad fueron declarados improcedentes, lo que quiere decir
que no existe razón alguna para que el término de inmediatez en este proceso se
contabilice desde la expedición de dichos autos y no desde la sentencia que se
pretende cuestionar.

En virtud de lo señalado, es importante precisar al accionante que la interposición de
recursos improcedentes no suspende ni extiende en su favor el conteo del término de
inmediatez. Por las anteriores razones, al ser la sentencia de segunda instancia la
providencia objeto de cuestionamiento y no existir circunstancias posteriores que
interrumpieran el término de su ejecutoria, es a partir del día siguiente de la firmeza
de esa decisión que debe computarse el plazo de 6 meses previsto por la Corte
Constitucional.

Así, en atención al edicto de notificación que fue desfijado el 15 de junio de 2022, el
referido plazo de inmediatez debe calcularse a partir del 16 de junio siguiente, lo que
implica que dicho término feneció el 16 de diciembre de ese año, al paso que la
presente acción de tutela fue radicada el 12 de abril de 2024, esto es, 1 año y 4
meses después del vencimiento.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la presente acción de tutela no cumple con el requisito mínimo de

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procedibilidad relativo a la inmediatez, por lo que se confirmará la sentencia
impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar, la sentencia de primera instancia proferida por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
presente acción de tutela, por las razones expuestas en este proveído.

Segundo. Una vez ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente19
MLBC

19 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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