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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06693-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06693-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06693-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06693-01
Demandante BÁRBARA RIVERA CORRALES Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La inmediatez. Situaciones de
flexibilización. Parámetro de inicio del cómputo. Medio de control de
reparación directa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de los accionantes
contra el fallo de tutela de 12 de diciembre de 2025, proferido por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Barbara Rivera y otros en contra
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca». (Sic para toda la cita)

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de octubre de 20251, Edinson Montaño Yague, en su nombre y en el del menor
NMY2, así como Bárbara Rivera Corrales y Rosario Corrales, actuando a través de
apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
reparación integral, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
con ocasión a la sentencia del 31 de julio de 2024 emitida dentro del proceso de
reparación directa 76001-33-33-015-2019-00207-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Primero: Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso.
Segundo: Que se deje sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Tercero: Que se ordene emitir nueva sentencia debidamente motivada, valorando
integralmente las pruebas.
Cuarto: Que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer los derechos
vulnerados»3.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Los accionantes promovieron demanda de reparación directa contra la
inspección de tránsito adscrita a la Alcaldía Municipal de Dagua (Valle del

1
Samai, índice 3.
2
La Sala reservará el nombre del menor para garantizar su derecho a la intimidad.
3
Samai, índice 2.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06693-01
Demandante: Bárbara Rivera Corrales y otros

Cauca), para que se declarara su responsabilidad derivada de la falla en el
servicio por la omisión en la señalización y mantenimiento de la infraestructura
vial del municipio que presuntamente originó el accidente en el que falleció la
señora María Luisa Corrales

2.2. En sentencia del 23 de noviembre de 2023, el Juzgado 15 Administrativo del
Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue
apelada por el Municipio de Dagua.

2.3. El 31 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la
sentencia de primera instancia. En su lugar, negó las pretensiones de la
demanda porque estimó que no se acreditó el elemento de imputación, es
decir, que la parte demandante no probó que el accidente en el que falleció la
señora María Luisa Corrales fuera consecuencia de la falta de mantenimiento
de la vía.

2.4. La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a los sujetos
procesales el 23 de agosto de 20244

2.5. El 2 de septiembre de 2024, el demandante interpuso recurso de casación que
fue rechazado por improcedente en auto del 1 de noviembre de 2024 y
notificado en estado que se fijó entre los días 5 y 8 de ese mes y año5.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus
derechos fundamentales al proferir la sentencia del 31 de julio de 2024. Argumentó
que la calle donde ocurrió el accidente en el que falleció la señora María Luisa
Corrales no tiene un espacio para tránsito de personas o una calzada peatonal, por
lo que los transeúntes deben movilizarse por la berma de la carretera. Además,
manifestó que la vía no está señalizada ni iluminada, omisiones que conllevan a que
la administración municipal asuma los riesgos que pueden derivar de aquellas,
como el accidente que terminó con la vida de su familiar.

De otra parte, reprochó que se emita una sentencia favorable a la entidad
demandada cuando aquella ni siquiera se pronunció en el proceso.

Así las cosas, consideró que el tribunal accionado revocó la sentencia de condena
sin contar con motivación suficiente y revaloró arbitrariamente las pruebas, con lo
que incurrió en vulneración al debido proceso de la parte demandante.

Finalmente, la parte accionante manifestó que quedaron en un estado de
indefensión pues no proceden recursos ordinarios contra la sentencia emitida en
segunda instancia por los tribunales administrativos, lo que convierte a la acción de
tutela en el único mecanismo para procurar la protección de sus derechos.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 4 de noviembre de 20256, el despacho ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela presentada a través de apoderado judicial
por Bárbara Rivera Corrales, Edinson Montaño Yague, Rosario Corrales y
NMY contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Además, vinculó en
calidad de tercero con interés al Municipio de Dagua (Valle del Cauca) y ordenó
la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

4
Samai, opción Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, proceso 76001-33-33-015-2019-00207-01. Índice 16.
5
Samai, opción Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, proceso 76001-33-33-015-2019-00207-01. Índice 23
6
Samai, índice 5. Expediente 11001-03-15-000-2025-05628-00.

2

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Demandante: Bárbara Rivera Corrales y otros

De otra parte, el despacho ofició al Juzgado 15 Administrativo del Circuito de
Cali para que allegara la copia digital del expediente de reparación directa
76001-33-33-015-2019-00207-01 y requirió al abogado de los accionantes para
que allegara poder para actuar en su representación.

4.2. El 10 de noviembre de 2025, apoderado de la parte actora allegó poder
otorgado a través de mensaje de datos.

4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Municipio de Dagua
guardaron silencio a pesar de que fueron debidamente notificados de la
existencia de esta acción de tutela7.

5. Providencia impugnada

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 12 de diciembre de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplir con el presupuesto general de inmediatez.

Argumentó que la parte actora discute la sentencia del 31 de julio de 2024 que fue
notificada el 23 de agosto de ese año, mientras que la acción de tutela se radicó el
24 de octubre de 2025, es decir, superando el término de 6 meses definido por el
precedente del Consejo de Estado. Agregó que, en el escrito de amparo, los
accionantes no expusieron razones que permitieran flexibilizar el término de
inmediatez, por lo que la tutela es improcedente.

6. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia. Reprochó que el juez a quo
redujera el análisis a una operación aritmética sin examinar los criterios establecidos
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para flexibilizar este cómputo.

Advirtió que en la primera instancia de la tutela se desconoció que el 2 de
septiembre de 2024 los accionantes interpusieron recurso de casación contra la
sentencia acusada, el cual fue rechazado en auto que se notificó en estado fijado
entre el 5 y 8 de noviembre de 2024. En esa vía, recordó que según la jurisprudencia
de la Corte Constitucional8 «la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios
interrumpe o suspende el cómputo del término razonable de inmediatez, por cuanto el
accionante está demostrando diligencia procesal y agotando los medios de defensa
disponibles»

En ese contexto, expuso que desde la notificación del auto que rechazó la casación
hasta la presentación de la tutela pasaron once meses y medio, no catorce como
erradamente lo consideró el a quo. Estima que este plazo que es aún más razonable
para una familia campesina en condiciones de vulnerabilidad, si se reconoce la
interrupción del término por la casación.

Agregó que debió tenerse en cuenta que entre los accionantes encuentra un menor
de edad, situación que activa el deber reforzado de análisis favorable establecido
en el artículo 44 de la Constitución y en el artículo 3° de la Convención sobre los
Derechos del Niño.

En ese orden, afirmó que el Tribunal Constitucional ha considerado que «el principio
del interés superior del menor obliga al juez constitucional a flexibilizar requisitos formales
de procedibilidad.».

7
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue notificado en los siguientes buzones:
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co. Mientras que el Municipio de Dagua
se notificó al correo alcalde@dagua-valle.gov.co. Los soportes de la notificación obran en los índice 7, Samai.
8
Relacionó las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: «Sentencia T-012 de 2021; T-066 de 2022; SU-355 de
2020.»

3

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También solicitó que se tenga en consideración que los demandantes son
habitantes de una zona rural del municipio de Dagua, donde el acceso a asesoría
jurídica es limitado, lo que se erige como una barrera estructural de acceso al
servicio de justicia. Asimismo, manifestó que el fallo que negó las pretensiones de
la demanda se traduce en una vulneración permanente porque la familia continúa
sin recibir compensación alguna por la pérdida de su ser querido.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si le
asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de
la acción por incumplir con el presupuesto de inmediatez o si están dados algunos
de los supuestos establecidos por la Corte Constitucional para flexibilizar este
cómputo.

4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez

La Corte Constitucional10 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
9
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
10
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

4

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urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados11.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado12 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de
seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada,
por considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional13.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»14.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: (…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»15.

Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración
de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la
vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la
tutela.

Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como en la
providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el presupuesto de la
inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, además de considerar
el lapso de seis meses, debe consultar los demás criterios establecidos en la
jurisprudencia constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el
cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo
paso del tiempo constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.

11
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».
12
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
15
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.

5

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5. Análisis en el caso

5.1. Teniendo en cuenta que la parte accionante reprocha la sentencia del 31 de
julio de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Sala
advierte que en el caso examinado transcurrieron más de seis meses entre la
notificación de ese fallo y la interposición de la acción de tutela. La prueba de
esta afirmación consiste en que tal sentencia se profirió el 31 de julio de 2024
y se notificó a las partes el 28 de agosto de 2024 (el mensaje de datos se remitió
a los correos electrónicos el 23 de agosto de 202416). Sin embargo, la acción de
tutela se presentó el 24 de octubre de 202517.

Lo anterior implica que, entre la notificación de la sentencia de segunda
instancia y la interposición del amparo constitucional transcurrió un lapso de
trece (13) meses y veintiséis (26) días. Situación que supera el plazo
razonable de seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta corte.

5.2. En la impugnación, la parte actora mencionó las siguientes razones que, a su
juicio, justifican la interposición tardía de la acción de tutela en el caso
particular y que no fueron consideradas por el juez a quo. Solicitó que se las
tuviera en cuenta para flexibilizar el cómputo y que se procediera con el
análisis de fondo de la petición de amparo. Veamos:

• El juez de tutela de primera instancia no consideró que la parte
demandante interpuso recurso de casación contra la sentencia del 31 de
julio de 2024, el cual fue rechazado por improcedente en auto del 1° de
noviembre de 2024 y notificado en estado electrónico cuya publicación
concluyó el 8 de noviembre de ese año.
Invocando como sustento la jurisprudencia constitucional, señaló que la
interposición de los recursos interrumpe o suspende el término de la
inmediatez, dado que se evidencia diligencia procesal y el agotamiento
de los medios de defensa disponibles.
• El fallo de tutela de primera instancia omitió la condición de vulnerabilidad
de los accionantes dado que son campesinos de la zona rural de Dagua
con acceso limitado a asesoría jurídica. Además, debió considerarse, a
efecto de flexibilizar el cómputo, que uno de los accionantes es menor de
edad, por lo que se predica el deber de protección constitucional
reforzada.
• El fallo que negó las pretensiones de la demanda se traduce en una
vulneración permanente porque la familia continúa sin recibir
compensación alguna por la pérdida de su ser querido.
• Se analizó el plazo razonable para la interposición de la acción de tutela
de manera rigurosa e inflexible en clara afectación del principio de
prevalencia del derecho sustancial.

5.3. En consideración de esta Sala, las circunstancias que expone la parte
accionante no justifican la interposición tardía de la acción de amparo y
conllevan a que se confirme la decisión de improcedencia por incumplimiento
del presupuesto de inmediatez.

5.4. En primer lugar, se aclara que, en principio, la interposición de recursos
improcedentes, como en este caso lo es el de casación contra la sentencia
ordinaria emitida en el proceso de reparación directa, no tienen la aptitud de
afectar el estudio del presupuesto de inmediatez. Esto, si se considera que la

16
Óp. Cit. 4.
17
Óp cit. 1.

6

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diligencia procesal en el sentido de agotar los mecanismos ordinarios o
extraordinarios contra la providencia acusada se acredita cuando estos tienen
alguna expectativa de lograr la garantía de los derechos fundamentales que
se acusan vulnerados. Sin embargo, cuando se trata de mecanismos que,
como en el caso concreto, no contempla el ordenamiento jurídico procesal
para discutir las sentencias de segunda instancia emitidas por los tribunales
administrativos, no es aceptable que afecten el plazo razonable para la
interposición de la acción de tutela.

Conviene agregar que la tesis según la cual la sola interposición de recursos
improcedentes no extiende ni suspenden el cómputo de la inmediatez ha sido
acogida por la Corte Constitucional en la sentencia T-356 de 202218 y por el
Consejo de Estado en numerosos fallos de tutela19.

En todo caso, destaca la Sala, que aún si el cómputo de la inmediatez se
iniciara desde la notificación del auto que rechazó por improcedente el recurso
de casación, esto es, el 8 de noviembre de 2024, la consecuencia sería la
misma, pues transcurrieron más de seis meses entre esa fecha y la
interposición de la acción de tutela el 24 de octubre de 2025. Así las cosas,
aún bajo el entendimiento flexible de la figura de la inmediatez en virtud de la
condición de vulnerabilidad anunciada por el apoderado de los actores y de la
minoría de edad de uno de los demandantes, la consecuencia sería la misma
debido a que transcurrió un amplio lapso incluso si el cómputo inicia desde que
se notificó el auto que declaró la improcedencia del recurso de casación.

5.5. En línea con lo anterior, y retomando la alegada condición de vulnerabilidad y
la protección de los derechos de los niños invocados en la acción de tutela, se
advierte que tales condiciones no explican la interposición tardía de la solicitud
en el caso particular. En efecto, del expediente de tutela deriva que los
demandantes han estado representados por el mismo apoderado judicial tanto
en el proceso de reparación directa como en la presente acción de tutela20, de
modo que el argumento relativo a la dificultad de acceso a la asesoría judicial
pierde fuerza, en la medida en que ya contaban con dicho acompañamiento.

De otra parte, tampoco se acreditó que de la sentencia cuestionada derive un
perjuicio irremediable o afectación grave de los derechos de los que es titular
el menor NMY que justifique la intervención del juez de tutela, aún en ausencia
del requisito de inmediatez.

Es más, la interposición tardía de la acción de amparo da cuenta de que este
caso no presenta el presupuesto de urgencia que caracteriza a las acciones
de tutela ni se trata de una afectación permanente y actual como cuando están
involucradas prestaciones periódicas. Por el contrario, se estima que si la parte
actora se hubiera encontrado en una situación de verdadera urgencia no
hubiese permitido que pasara tanto tiempo, seguramente habría solicitado la
protección tan pronto tuvo conocimiento de la trasgresión de sus derechos.

18
Sala Segunda de Revisión, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. Se transcribe el aparte relevante de la providencia: «91.
Ahora, como bien lo expresó el Tribunal, el recurso de súplica no era procedente en esta oportunidad, y la interposición
de recursos manifiestamente improcedentes no tienen la entidad para justificar, por sí solos, la tardanza para ejercer la
acción de tutela. Validar la actuación del accionante sin el análisis realizado hasta este punto, podría generar un
entendimiento inadecuado del requisito de inmediatez, pues se aceptaría la interposición de recursos improcedentes
contra la providencia atacada como motivo válido para justificar la interposición tardía de la acción de tutela.»
19
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias de tutela: Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19
de setiembre de 2024. Proceso 11001-03-15-000-2024-01779-01 (página 15); Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
del 20 de febrero de 2026. Proceso 11001-03-15-000-2026-00090-00 (página 15); Subsección A de la Sección Segunda.
Sentencia del 12 de marzo de 2026. Proceso 11001-03-15-000-2026-01297-00 (página 7); y Sección Tercera, Subsección
B. Sentencia del 26 de noviembre de 2024. Proceso 44001-23-40-000-2024-00140-01 (página 5).
20
El recurso de casación fue interpuesto en el proceso ordinario por el abogado Juan Carlos Andrés Valencia (Samai,
proceso 2019-00207-01, índice 17). Este apoderado también es el que representa a la parte actora en la acción de tutela.
(Samai, proceso tutela 2025-6693-00, índice 2)

7

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5.6. Conviene precisar, además, que no se comparte la consideración de que en
la acción de tutela se debate una afectación permanente y actual, pues la
vulneración alegada se materializó en un momento específico: la notificación
de la sentencia acusada. A partir de ese hito, en principio, debe analizarse la
el requisito de inmediatez, dado que de las sentencias se derivan las garantías
de cosa juzgada y la garantía de preclusión de los procesos, por lo que no
puede aceptarse que se discuta en cualquier tiempo su contenido.

5.7. Frente al alegado exceso rigor en el análisis del presupuesto de inmediatez,
recuerda esta Sala que, cuando se ataca vía acción de tutela una providencia
judicial, la carga de diligencia en la interposición de la acción es más estricta,
dado que el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones y
consolida sus efectos. Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre
la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y tales principios, es
imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales
señalados jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.

5.8. De acuerdo con lo expuesto, al encontrar que la tutela no se interpuso dentro
del lapso prudencial establecido por la jurisprudencia de esta Corporación y al
no observar una justificación para dicha dilación por parte del tutelante, se
debe confirmar la decisión de improcedencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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