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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00090-00

Fecha
20 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00090-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Fabiola García de López por no superar los requisitos de inmediatez ni subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00090-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

20 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela
contra providencia judicial. Inmediatez. Subsidiariedad Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada Fabiola García de López en contra del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E; el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Fabiola García de López, en nombre propio, presentó escrito de tutela mediante el
cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida
digna, a la protección de las personas de la tercera edad, a la protección a la mujer
cabeza de familia y al acceso a la administración de justicia1, los cuales consideró
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B; el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E; el Juzgado
Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá.

La accionante atribuyó la vulneración de sus garantías a la falta de asignación de la
demanda que radicó el 29 de enero de 2021 al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por considerar que esta autoridad era la competente para conocer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. De lo anterior se colige
que la parte actora cuestiona los siguientes autos:

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F0CAB55E92ECBC58 26A41DCD0F841CFA
BE27011EA19AAFBA 509EAC6A102D75E2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

• Auto del 16 de marzo de 2021 y 25 de mayo de 2021 emitido por el Juzgado
Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá al interior del proceso radicado
11001-33-35-026-2021-00020-00.
• Autos del 22 de octubre de 2021, 30 de septiembre de 2022, 2 de octubre de
2023, 23 de noviembre de 2023, proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E al interior del proceso
radicado 11001-33-35-026-2021-00020-01.
• Auto del 28 de marzo de 2025 emitido por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B al interior del proceso radicado 11001-33-35-026-
2021-00020-01.
• Auto del 16 de diciembre de 2025 proferido por el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá, al interior del proceso 11001-3336-037-
2025-00392-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La señora Fabiola García de López, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación-Rama Judicial, con el fin que se declarara la nulidad de la sentencia
No. 48642 del 15 de octubre de 2014, proferida por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, en la cual se aplicó la compartibilidad de la pensión de
jubilación oficial reconocida por el Banco Cafetero al señor Javier López Correa
(q.e.p.d.), con la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y
negó el pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley
100 de 1993.

Adicionalmente, pidió que se declarara administrativa, extracontractual y
patrimonialmente responsable a la demandada por la falla del servicio de
administración de justicia, en atención al error en que incurrió la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

A título de restablecimiento del derecho deprecó que se decretara que las referidas
pensiones eran compatibles y se ordenara el pago de mil ciento trece millones,
quinientos setenta y cinco mil ciento noventa y ocho pesos con sesenta y seis
centavos ($1.113.575.198,66), por concepto de daño emergente, lucro cesante y
perjuicios morales.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Veintiséis Administrativo del
Circuito de Bogotá, bajo el radicado número 11001-33-35-026-2021-00020-00,
autoridad que, mediante auto del 16 de marzo de 2021, rechazó la demanda respecto
de la pretensión encaminada a obtener la nulidad de la sentencia del 15 de octubre
de 2014 proferida por la Corte Suprema de Justicia y las demás derivadas de la
solicitud de nulidad. Asimismo, declaró la falta de competencia frente a las
pretensiones encaminadas a la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

demandada por error judicial y, ordenó la remisión del expediente a los juzgados
administrativos de Bogotá, Sección Tercera.

2.3. Inconforme con la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. Sostuvo que el hecho que el juez haya rechazado
la demanda y al mismo tiempo determinado que carecía de competencia para
conocerla, constituía una clara violación al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

Indicó que la decisión de remitir el proceso por competencia a los juzgados de la
sección tercera no era acertada, por cuanto las normas de la Ley 2080 de 2021, que
modifican la competencia de los juzgados, solo se aplicaban respecto de las
demandas que se presentaran un año después de la publicación de dicha ley, es
decir, a partir del 25 de enero de 2022 y la demanda se presentó el 29 de enero de
2021.

Por lo tanto, afirmó que el expediente debía ser remitido al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda, toda vez que según lo preceptuado por el
artículo 152 del CPACA, su conocimiento en primera instancia le correspondía a
dicha corporación, por factor cuantía, teniendo en cuenta que la estimación de lo
pretendido ascendía a la suma es de $1.113.575.198,66.

2.4. El juzgado, con providencia del 25 de mayo de 2021 resolvió no reponer la
decisión y concedió la alzada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.5. Mediante auto del 22 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E (i) revocó el numeral primero de la
decisión recurrida, frente a la solicitud de nulidad de la sentencia del 15 de octubre
de 2014 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
y todas aquellas pretensiones derivadas de ella y, (ii) rechazó por improcedente el
recurso de apelación formulado respecto de los numerales segundo y tercero del
auto apelado, mediante los cuales el juez declaró su falta de competencia respecto
a las pretensiones tendientes a que se declarara responsable patrimonialmente a la
entidad demandada por error judicial y, en consecuencia, remitió el expediente a los
jueces administrativos de Bogotá de la sección tercera.

2.6. El 28 de octubre de 2021, la parte actora solicitó la nulidad del auto del 22 de
octubre de 2021, que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estimar
que la decisión de remitir el proceso a los Juzgados Administrativos de la Sección
Tercera es violatoria a la ley, ya que la competencia para conocer de su proceso,
recae en la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con lo previsto en el numeral segundo del artículo 152 del CPACA,
modificado por el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021.

En la referida solicitud de nulidad, la parte actora reiteró que la demanda tiene por
objeto la declaratoria de nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho, con

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

reparación del daño por presunto error judicial derivado de la sentencia No. 48642
del 15 de octubre de 2014, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Indicó que dicha pretensión se formula al amparo de lo
dispuesto en el artículo 138 del CPACA y en el artículo 164, numeral 1°, literal c),
ibidem, el cual permite su ejercicio en cualquier tiempo cuando la acción se dirige
contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas
de tracto sucesivo, como ocurre con las mesadas pensionales derivadas de la
compatibilidad entre dos pensiones.

2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E,
mediante proveído de 30 de septiembre de 2022, negó la solicitud de nulidad
propuesta por la parte actora, bajo el argumento de que los hechos anteriormente
narrados sobre los cuales fundamenta su solicitud no encuadran en ninguna de las
causales taxativas de nulidad establecidas en el artículo 133 del CGP.

Por otra parte, advirtió que las circunstancias descritas tampoco encajaban en la
nulidad de carácter constitucional, en la medida que el reparo de la demandante no
estaba dirigido a cuestionar el trámite procesal de recaudo u oposición a las pruebas,
sino que reprochaba la remisión de la demanda por competencia a los juzgados de
la Sección Tercera porque, en su sentir, debería ser de conocimiento de la Sección
Segunda.

En consecuencia, el tribunal sostuvo que era evidente que la demandante propuso
el incidente de nulidad con la intención de reabrir una controversia ya definida, debido
a su inconformidad con las decisiones proferidas en este asunto, lo cual contraría la
finalidad que el legislador ha otorgado a esta figura jurídica.

2.8. Contra la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación, no
obstante, el tribunal a través del auto de 2 de octubre de 2023, rechazó por
improcedente la alzada, al estimar que el auto que negó la solicitud de nulidad por
indebida notificación no era pasible de recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 243 del CPACA.

2.9. Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de reposición y en
subsidio queja. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección E, con proveído del 23 noviembre de 2023 no repuso el auto del 2 de
octubre de 2023, que rechazó por improcedente el recurso de apelación y ordenó
remitir copia del expediente al Consejo de Estado para resolver el recurso de queja.

2.10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto
de ponente del 28 de marzo de 2025, estimó bien denegado el recurso de apelación
formulado en contra de la providencia del 30 de septiembre de 2022, emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que, si bien el auto recurrido, en
principio, era susceptible del recurso de alzada, esto únicamente le era aplicable a
las decisiones proferidas en primera instancia. En consecuencia, ordenó devolver las
diligencias al tribunal de origen para que continúe con el trámite del proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

2.11. La parte actora presentó solicitud de aclaración y adición de la providencia, sin
embargo, el magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado las negó por improcedentes y reiteró la orden de devolución del
expediente a la a quo.

2.12. Recibida la actuación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección E, el 8 de agosto de 2025, emitió auto de obedézcase y
cúmplase y ordenó devolver el expediente al despacho judicial de origen.

2.13. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, procedió a cumplir
lo ordenado por el superior y, a través de proveído del 23 de septiembre de 2025,
resolvió remitir el expediente a los juzgados administrativos de Bogotá-Sección
Tercera.

2.14. El asunto se identificó bajo radicado 11001-3336-037-2025-00392-00 y el 4 de
noviembre de 2025 se asignó por reparto al Juzgado Treinta y Siete Administrativo
del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, con auto del 16 de diciembre de 2025,
previo a calificar la demanda, requirió a la parte actora para que, dentro de los cinco
días siguientes, allegara (i) las pruebas señaladas en la demanda, (ii) poderes
debidamente otorgados y (iii) constancia de ejecutoria de la de la sentencia No.
48642 del 15 de octubre de 2014. Igualmente, a pesar de que no es causal de
inadmisión le solicitó que aportara el escrito de demanda en formato Word.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar los derechos fundamentales al
debido proceso, a la vida digna, a la protección de las personas de la tercera edad,
a la protección a la mujer cabeza de familia y al acceso a la administración de justicia,
y pidió: i) que el estudio en primera instancia se le asigne a la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo ordena el artículo 86 de la Ley
2080 de 2021, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 29 de enero de
2021, un año antes de entrar a regir las nuevas competencias de los Jueces
Administrativos, de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado; y ii) que
se respete el imperio de la ley contenido en los artículos 137 inciso segundo, 137 y
167 de la Ley 1437 de 2011 que permite la acumulación de pretensiones, para que
su demanda sea estudiada por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Puso de presente que tiene 89 años de edad y ha sobrepasado la expectativa de
vida, por lo que solicita el amparo de sus derechos “a recibir la pensión vitalicia de
jubilación oficial que el Banco Cafetero, empresa industrial y comercial del Estado,
mediante la resolución #213 del 26 de mayo de 1.983, le reconoció a mi esposo
Javier López Correa (q.e.p.d.), compatible con la pensión de sobrevivientes que me
reconoció el ISS mediante la resolución #002436 del 27 de agosto de 2.002, teniendo
en cuenta el imperio de la ley contenido en el Decreto Legislativo 1650 de 1.977, en
el Decreto Legislativo 2148 del 30 de diciembre de 1.992, proferido por el Gobierno

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

Nacional en virtud del Artículo Transitorio 20 de la Constitución Política, en la Ley
100 de 1.993 artículos 20 original, 32 literal b), 25, 52, 90 y 283; en el precedente
jurisprudencial del H. Consejo de Estado iniciado en las sentencias del 24 de marzo
de 1.983, y del 3 de abril de 1.995 con ponencia del Consejero doctor Álvaro
Lecompte Luna, en la # 8516 del 6 de noviembre de 1.997 con ponencia del
Consejero doctor Javier Díaz Bueno, entre otras (…)”2.

Sostuvo que el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá violó el
imperio de la ley al desmembrar la demanda y ordenar que se remitiera a los
Juzgados Administrativos de la Sección Tercera, porque la primera instancia desde
el momento de la presentación de la demanda y hasta el 25 de enero de 2022, le
correspondía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda, de
acuerdo con lo ordenado en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo
reformas a la Ley 1437 de 2.011 y dictó otras disposiciones en materia de
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.

Puso de presente que el referido juzgado, además de invadir la competencia del
Superior y en su desacato al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, la
obligó, a sus 89 años, a pesar de ser sujeto de especial protección, a someterse a
una multiplicidad de procesos respecto de un hecho o asunto común.

Respecto del auto del 22 de octubre de 2021, emitido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E, advirtió que la autoridad judicial
omitió darle cumplimiento a “lo ordenado por el imperio de la ley contenido en el art.
86 de la Ley 2080 de 2.021, que fijó las competencias de los Juzgados
Administrativos, de los Tribunales Administrativos y del H. Consejo de Estado, las
cuales sólo entrarían a regir hasta un año después de promulgada la ley, es decir, el
25 de enero de 2.022”3.

Adujo que, luego de más de cuatro años de presentada la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin importar lo que ordena el imperio de la ley, esta fue
“desmembrada, en contravía de lo ordenado por el H. Consejo de Estado, en el auto
del 27 de marzo de 2.014, expediente # 05001-23-33-000-2012-00124-01 (45578),
con ponencia del Consejero doctor Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, y de lo
dispuesto por los artículos 165, 138 y 137 inciso segundo del CPACA, y 152 y 155
de la Ley 1437 de 2.011, y del artículo 86 de la Ley 2080 de 2.021”4.

Por otra parte, manifestó su inconformidad respecto del auto emitido el 16 de
diciembre de 2025 por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de
Bogotá, al interior del radicado 11001-3336-037-2025-00392-00, toda vez que, según
informó, en el escrito del 4 de febrero de 2021 había adjuntado la totalidad de la
documentación requerida. No obstante, indicó que había dado cumplimiento a lo
solicitado en el referido auto.

2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F0CAB55E92ECBC58 26A41DCD0F841CFA
BE27011EA19AAFBA 509EAC6A102D75E2.
3 Ibid.
4 Ibid.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

Advirtió que acuerdo con el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del
Consejo de Estado “contenido en las sentencias #0363-08 del 2 de octubre de 2.008
con ponencia del Consejero doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, #1315-08
del 6 de mayo de 2.010 con ponencia del Consejero doctor Gerardo Arenas
Monsalve, y, # 2319 15 del 8 de octubre de 2.015, con ponencia de la Consejera
doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, las prestaciones periódicas, como lo son las
pensiones de jubilación, no se encuentran sujetas a caducidad de la acción”5.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección E, en un auto emitido el 30 de septiembre de 2025 (Exp. 25000-23-42-
000-2025-00321-00), en un asunto de similar situación fáctica, ordenó remitir por
competencia a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá adscritos a la
Sección Segunda.

Expuso que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución, por no aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto del numeral 4 del artículo 105 del CPACA.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 16 de enero de 20266 admitió
la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Patrimonio Autónomo –
Contrato de Fiducia Mercantil # OP 0020-2007 del 7 de noviembre de 2007 para el
pago de las contingencias pensionales a cargo del Banco Cafetero liquidado,
administrado por FIDUAGRARIA S.A.; al Patrimonio Autónomo – Contrato de Fiducia
Mercantil # 3-1-19293 (3100472) para el pago de los remanentes a cargo del Banco
Cafetero liquidado, administrado por FIDUPREVISORA S. A.; a la Administradora
Colombiana de Pensiones- Colpensiones; y a la Nación colombiana – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura; además, pidió a las autoridades judiciales
accionadas que aportaran los expedientes objeto de amparo; ordenó la notificación
a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá7 realizó un
recuento de todas las actuaciones surtidas al interior del expediente 11001-33-35-
026-2021-00020-00 y puso de presente que las decisiones de instancia, fueron
debidamente fundamentadas en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables
para el caso que se debatía y se notificó a las partes en debida forma, Asimismo,
indicó que la providencia proferida por ese despacho surtió tramite de segunda
instancia y se cumplió lo ordenado por el superior.

5 Ibid.
6 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado F12665DD1AD1E9F8 6974B4A45B66BC27 2413CA81062E0093

E4FB9BB598B837D8.
7 Índice 00017 del aplicativo SAMAI, certificado 95A9CE98F9E4D2B5 995AB282E8EC04D3
9AA6DA072ADBA8DD 0236282B5CACAD3F.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

Por lo tanto, afirmó que no se había realizado acción alguna que vulnerara los
derechos fundamentales de la accionante, así como tampoco se encontraban
actuaciones pendientes por surtir.

4.2. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá 8 allegó
copia digital del expediente radicado 11001-33-36-037-2025-00392-00, sin embargo,
guardó silenció respecto de las pretensiones.

4.3. Fiduagraria9, a través de su representante legal, solicitó su desvinculación del
trámite constitucional porque no se encontraba legitimada en la causa por pasiva.

4.4. La Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial10 se opuso
a las pretensiones de amparo en la medida en que estas desbordaban el ámbito de
competencia del juez constitucional y no se dirigen a controvertir una actuación
atribuible a esta entidad.

No obstante, expuso que contrario a lo afirmado por la accionante, las decisiones
judiciales cuestionadas no fueron arbitrarias ni caprichosas, sino a una aplicación
consistente de las reglas sobre procedencia del medio de control, naturaleza de los
actos susceptibles de control judicial y distribución de competencias, particularmente
en lo relativo a la improcedencia de tramitar, por vía de nulidad y restablecimiento del
derecho, una solicitud de nulidad de una sentencia judicial.

Sostuvo que la presente acción de tutela no identificó un acto judicial concreto que,
de manera directa y actual, vulnerara derechos fundamentales, sino que expresa una
inconformidad general de la accionante con el curso, el trámite y el resultado de las
decisiones adoptadas en el proceso contencioso administrativo que ella misma
promovió.

4.5. Colpensiones11 expuso que no era posible considerar su responsabilidad en la
transgresión de los derechos fundamentales de la accionante, en la medida en que
las pretensiones no son competencia de la entidad. Adicionalmente, solicito su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.6. La Fiduprevisora12 pidió declarar la improcedencia de la acción, dado que las
pretensiones no están dirigidas a actividades que hubiera desplegado o deba realizar
este fideicomiso, pues las mismas, versan sobre decisiones y procedimientos que

8 Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado 510EBF66B839F133 231663091EBE3200 2E3F161B6EF11E1F

D51E276462C2521D.
9 Índice 00020 del aplicativo SAMAI, certificado 1CFFB90CAA36A3E8 C1B62EF52844C027
E4A1E1E05A4F9574 49C304DD1F4ADE66.
10 Índice 00022 del aplicativo SAMAI, certificado 6D9ACEA0A19893FD 90581909CD34C4FC
D81ACA115B3E82CE AD631CAD8D012679.
11 Índice 00023 del aplicativo SAMAI, certificado 55EE4E109E3106BF 53E8EDE889BF1309
690B426644E7D078 05E6A87C9DEFD8E6.
12 Índice 00024 del aplicativo SAMAI, certificado 030AA2FD35615CFD 51E4D9E2F05FCD43
92EF7300C63C167A 7D34BF987AC87957.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

surgieron dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-33-35-026-2021-00020-00.

4.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección
E13 realizó un recuento de las actuaciones surtidas en proceso a su cargo e indicó
que la solicitud no superaba el requisito de inmediatez respecto de los autos de 2 de
octubre de 2021, 30 de septiembre de 2022, 2 de octubre de 2023 y 23 de noviembre
de 2023, esto, en la medida en que la tutela fue radicada el 14 de enero de 2026, es
decir, luego de los seis meses que ha establecido la jurisprudencia.

Por otra parte, en cuanto a los defectos invocados, indicó que esos cuestionamientos
ya habían sido debatidos y resueltos en el marco del proceso ordinario.

4.8. El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B14, a través del
magistrado ponente, explicó que, aunque intervino en el trámite del expediente
ordinario y fue referido como accionado en la presente solicitud, era claro que solo
emitió pronunciamiento respecto del recurso de queja interpuesto contra el auto de
30 de septiembre de 2022, oportunidad en la cual, se refirió sobre las reglas
procesales que rigen la interposición del recurso de apelación y la improcedencia del
recurso de alzada interpuesto, en ese momento, por la ahora accionante.

Por lo tanto, consideró que no emitió providencia alguna que decida sobre la
acumulación de pretensiones contenida en la demanda ordinaria o respecto de la
competencia de las secciones del tribunal para resolver la controversia. En
consecuencia, sostuvo que no le asistía legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

13 Índice 00027 del aplicativo SAMAI, certificado 354A1AB9BC79FBE3 C59D0467DC8C85FF
3F7090E2ED0B98B1 401CA26C991DDF1A.
14 Índice 00030 del aplicativo SAMAI, certificado C4E08D30FC974A56 8EF4F76FC436826C
2FC15880CB424E47 75AD377492B46A2D.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

3. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200515 indicó que estas proceden
si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter
general, que habilitan la interposición de la tutela16 y otros de carácter específico, que
tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto17.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”18.

3.1. Inmediatez.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que el objeto de la tutela no es otro que la protección inmediata de los
derechos fundamentales.

15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
17 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo
a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Accionantes: Fabiola García de López

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción constitucional debe interponerse en un plazo razonable 19, según las
condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios que
dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad20, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6)
meses21.

El examen de los seis meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:

“…que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, elestado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos deterceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es

19 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en elsiguiente

sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazorazonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro
de un tiempo prudencial y adecuado, de talmodo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término
para interponer la acción de tutelano es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez
está en la obligación deverificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factorde inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización dela justicia,
por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es unaprovidencia judicial
precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones
judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
20 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:

“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el
análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´.
En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las
decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin
límite de tiempo… En un escenario de estanaturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y
cual el alcance de [e]stos, con locual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de
justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme
inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de
2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
21 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre lajurisprudencia de

la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plenade esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en las
sentencias T-269de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya
mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T- 217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable
y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar
la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer
la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, lasituación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y esactual”22

También precisó la jurisprudencia constitucional que, el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”23.Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonableque define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses,
contados a partir dela notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”24.

En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales. La jurisprudencia
constitucional es diáfana al determinar que la afectación que surge de una providencia
ocurre cuando la parte lo conoce, lo que resulta identificable desde el trámite de
perfeccionarse su notificación y ejecutoria.

3.2. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo
86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º
del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten
idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida
de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren
o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 25.

22 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidaspor la

Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
23 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
24 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de

2014.Resaltado fuera del texto original.
25 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias
ordinarias de la respectiva jurisdicción”26, los tutelantes no pueden pretender que el
juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el
conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal
sentido, desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se
ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la
acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En
este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial
ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.”27

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y
desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos
fundamentales debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa
previstos en la ley. Esto responde al principio de subsidiariedad, que impide que la
tutela se convierta en una instancia adicional del proceso judicial o en un medio para
corregir omisiones y errores de las partes.

4. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos de
inmediatez ni de subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:

Al analizar el escrito de tutela se advierte que, a pesar de que la parte actora identificó
varias providencias dictadas por diferentes autoridades judiciales, lo cierto es que

26 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
27 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217

de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

luego de hacer un esfuerzo por interpretar el escrito de tutela, la Sala colige que, en
esencia, cuestiona que el estudio de primera instancia de su demanda no le fuera
asignado a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Por lo tanto, es posible deducir que los reparos de la accionante van dirigidos en
contra de las siguientes decisiones:

• Auto del 22 de octubre de 2021, proferido en el expediente radicado 11001-
33-35-026-2021-00020-01, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección E, que (i) revocó el numeral primero de la
decisión recurrida, frente a la solicitud de nulidad de la sentencia del 15 de
octubre de 2014 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y todas aquellas pretensiones derivadas de ella y, (ii)
rechazó por improcedente el recurso de apelación formulado respecto de los
numerales segundo y tercero del auto apelado, mediante los cuales el juez
declaró su falta de competencia respecto a las pretensiones tendientes a que
se declarara responsable patrimonialmente a la entidad demandada por error
judicial y en consecuencia, remitió el expediente a los jueces administrativos
de Bogotá de la sección tercera.

• Auto del 16 de diciembre de 2025 emitido en el expediente radicado 11001-
33-36-037-2025-00392-00 por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá, mediante el cual, previo a calificar la demanda, requirió a
la parte actora para que, dentro de los cinco días siguientes, allegara (i) las
pruebas señaladas en la demanda, (ii) poderes debidamente otorgados y (iii)
constancia de ejecutoria de la de la sentencia No. 48642 del 15 de octubre de
2014. Igualmente, a pesar de que no es causal de inadmisión le solicitó que
aportara el escrito de demanda en formato Word.

4.1. Análisis del requisito de inmediatez

4.1.1. De las pruebas allegadas al trámite y en especial de la revisión de los
expedientes digitales, se observa que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 11001-33-35-026-2021-00020-00/01 le correspondió por reparto al
Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual, a través de auto de
16 de marzo de 2021: (i) rechazó la demanda respecto de la pretensión encaminada
a obtener la nulidad de la sentencia de 15 de octubre de 2014 proferida por la Corte
Suprema de Justicia y las demás derivadas de la solicitud de nulidad; (ii) declaró la
falta de competencia frente a las pretensiones encaminadas a la declaratoria de
responsabilidad patrimonial de la demandada por error judicial; y, (iii) ordenó la
remisión del expediente a los Juzgados Administrativos de la Sección Tercera.

4.1.2. Contra la anterior determinación, la parte demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación, por lo que, con providencia de 25 de mayo de
2021, el mencionado juzgado dispuso no reponer su decisión, y conceder la
apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

4.1.3. Mediante auto de 22 de octubre de 2021, Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, revocó parcialmente la decisión recurrida, y, rechazó por
improcedente el recurso de apelación formulado respecto de los numerales segundo
y tercero del auto apelado.

4.1.4. El 28 de octubre de 2023, la parte recurrente solicitó la nulidad del auto de 22
de octubre de 2021 emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
estimar que la decisión de remitir el proceso a los juzgados administrativos de la
Sección Tercera era violatoria de la ley, ya que la competencia para conocer de su
proceso recae en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído de 30 de septiembre
de 2022, negó la solicitud de nulidad propuesta por la parte actora.

Contra esta última providencia, la accionante presentó recurso de apelación, el cual
fue rechazado por improcedente por el mencionado tribunal, a través de auto del 2
de octubre de 2023.

4.1.5. Contra la referida decisión, a su vez, la parte actora interpuso los recursos de
reposición y, en subsidio de queja, motivo por el cual, una vez negada la reposición,
el expediente fue enviado al Consejo de Estado.

4.1.6. El asunto fue repartido al a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, autoridad que, mediante auto de 28 de marzo de 2025 declaró bien
denegado, por improcedente, el recurso de apelación formulado por la señora García
de López, contra la providencia de 30 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Finalmente; a través de providencia de 27 de junio
de 2025, el despacho negó una solicitud de aclaración y adición del auto de 28 de
marzo de 2025.

4.1.7. En este punto, huelga precisar que (i) la convocante no presentó reparos contra
la decisión proferida por el Consejo de Estado y (ii) que los recursos improcedentes
no tienen la virtualidad de ampliar el plazo considerado como razonable para la
interposición de la acción de tutela28, por lo tanto, aplicando una postura garantista,
el estudio del requisito de inmediatez se realizara respecto del auto del 2 de octubre
de 2023, que rechazó por improcedente el recurso de apelación presentado en contra
del auto del 30 de septiembre. Decisión que se notificó por estado el 5 de octubre
de 202329.

4.1.8. Así las cosas, el plazo de seis (6) meses estimado como razonable por la
jurisprudencia constitucional para interponer la acción de tutela venció el 6 de abril
de 2024. Sin embargo, la solicitud de amparo fue presentada el 13 de enero de
202630, es decir, 2 años y 3 meses después de notificada la decisión cuestionada,

28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de junio de 2021, Exp. 11001-03-15-

000-2021-03604-00.
29 Índice 00021 del expediente digital radicado 11001-33-35-026-2021-00020-01 en el aplicativo SAMAI.
30 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 0324F491665C4D36 0B06430DC1941B38
87F65E3C01CF850E 8131FBBDD46469EE.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00090-00
Accionantes: Fabiola García de López

momento para el cual ya se había superado de manera ostensible el término en
cuestión, por lo que no se cumple con el requisito de inmediatez.

4.1.9. En este punto es preciso indicar que, si bien el actor alegó tener 89 años de
edad, lo cierto es que tampoco presentó argumentos que correspondan a aquellas
situaciones que la jurisprudencia constitucional ha previsto para flexibilizar el
requisito de inmediatez y que requieran la intervención del juez para evitar un
perjuicio irremediable, ni que excusen su inactividad interponer la acción de manera
oportuna, lo que impide el estudio de fondo de los cuestionamientos que expuso en
el escrito de tutela.

En suma, la acción de tutela, respecto del auto del 22 de octubre de 2021 se presentó
por fuera del plazo que la jurisprudencia constitucional ha previsto como razonable y
la parte accionante no aportó a este trámite prueba alguna para acreditar la
ocurrencia de una circunstancia que hubiera permitido flexibilizar dicho término. En
consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo respecto del
mencionado proveído, por no superar el requisito de inmediatez.

4.2. Análisis del requisito de subsidiariedad

4.2.1. Al analizar el escrito de tutela es posible colegir que la accionante también
cuestiona el auto del 16 de diciembre de 2025, emitido en el expediente radicado
11001-33-36-037-2025-00392-00 por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá, mediante el cual, previo a calificar la demanda, se requirió a la
parte actora para que, dentro de los cinco días siguientes, allegara (i) las pruebas
señaladas en la demanda, (ii) poderes debidamente otorgados y (iii) constancia de
ejecutoria de la de la sentencia No. 48642 del 15 de octubre de 2014. Igualmente, a
pesar de que no es causal de inadmisión le solicitó que aportara el escrito de
demanda en formato Word.

4.2.2. Ahora bien, al revisar el expediente radicado 11001-33-36-037-2025-00392-
00, se observa que, el 14 de enero de 202631, la aquí accionante presentó memorial
a través del cual allegó los documentos requeridos y reiteró los argumentos
tendientes a sustentar que la competencia para conocer su demanda le correspondía
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda.

4.2.3. El 30 de enero de 2026 el expediente ingreso al despacho para resolver sobre
la admisión de la demanda.

4.2.4. En este punto, huelga precisar que en el presente trámite no se cumple con el
requisito de subsidiariedad respecto de los reparos elevados en contra del auto del
16 de diciembre de 2025, pues al momento de la interposición del mecanismo
constitucional, el proceso aún se encuentra en trámite y pendiente por resolver sobre
la admisión de la demanda.

31 Índice 00007 del expediente de repetición radicado 11001-3336-037-2025-00392-00 en el aplicativo SAMAI,

CD1022BD516A5A97 EAA95AD48DB6099B 82939E8E599E631C 34E43B27E45CBC92.
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Accionantes: Fabiola García de López

4.2.5. En ese orden, los argumentos planteados en la solicitud de tutela, relacionados
con el citado cargo, buscan que el juez constitucional se pronuncie sobre solicitudes
que aún estaban pendientes de resolver por parte del juez ordinario. Situación que
impide al juzgador constitucional decidir de fondo el asunto, en la medida que
invadiría el ámbito de competencia del juez de la causa, y se desconocería el
escenario jurídico en el que se podían, en principio, discutir aquellas reclamaciones
iusfundamentales. Así las cosas, la Sala declarará improcedente este cargo, por no
superar el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Fabiola García de López por no superar los requisitos de inmediatez ni
subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

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