RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05628-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05628-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05628-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00 Actor: JHON FREDY GIRALDO las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05628-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON FREDY GIRALDO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES PROCEDENTE
PARA ESTUDIAR LOS REPROCHES RELATIVOS A LA CONDENA Y
LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS IMPUESTAS AL ACTOR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACÓN DE LA JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor

JHON FREDY GIRALDO contra el JUZGADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA1

y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

El señor JHON FREDY GIRALDO3, actuando mediante apoderado

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la

administración de la justicia y al principio de la doble instancia, los

cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber

proferido, respectivamente, las providencias de 24 de octubre de

2024 y 24 de junio de 2025, dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

2020-00220-02.

I.2. Hechos

Indicó que fue capturado en flagrancia el 9 de diciembre de 2017 por

personal de la SIJIN y acusado por la Fiscalía Seccional 10 del

municipio de Guadalajara de Buga ante el Juzgado Quinto Penal

Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga, por el

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La detención

fue legalizada el 10 de ese mes y año y se le impuso medida de

aseguramiento en centro intramural.

3
Se resalta que el señor Jhon Fredy Giraldo en el mencionado proceso de reparación actuó en su propio
nombre y en representación de sus hijos menores de edad N.G.G.M. y J.S.G.M.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

Indicó que en audiencia de 22 de agosto de 2018, el JUZGADO

PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE BUGA ordenó la preclusión

de la investigación y ordenó el levantamiento de la medida de

aseguramiento de privación de la libertad.

Señaló que promovió junto con su grupo familiar, demanda en

ejercicio del medio de control de reparación directa contra la

NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN, con el fin de que se les declara administrativa y

patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por la

privación de la libertad de la que fue sujeto.

Refirió que el asunto le correspondió al JUZGADO que, mediante

sentencia de 22 de junio de 2022, negó las pretensiones, los condenó

en costas y fijó agencias en derecho por el 4% del valor de las

pretensiones deprecadas en la demanda.

En desacuerdo con esta decisión, presentaron recurso de apelación,

en el que solicitaron que de no prosperar las pretensiones incoadas,

se revocara la decisión de condena en costas y agencias en derecho,

ya que que no se encontraban probadas ni causadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

Relató que el TRIBUNAL mediante sentencia 8 de mayo de 2024,

confirmó la decisión del a quo, así como la condena en costas y

agencias en derecho, fijándolas en la suma equivalente de 1 salario

mínimo legal mensual vigente (s.m.l.m.v.).

Manifestó que una vez el expediente regresó al JUZGADO, mediante

auto de 24 de octubre de 2024, este resolvió acatar lo dispuesto por

el TRIBUNAL y aprobó la liquidación de costas hecha por su

Secretaría.

Adujo que contra dicha decisión, el 29 de octubre de 2024 presentó

recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. el JUZGADO a

través de providencia de 29 de mayo de 2025, resolvió no reponer

tal actuación y concedió el recurso de apelación ante el TRIBUNAL,

siendo resuelto este último de manera desfavorable mediante

proveído de 24 de octubre de ese año.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto material o sustantivo por la inexacta aplicación de la

normativa, así mismo, adujo que en el recurso de apelación que

presentó contra la sentencia de primera instancia dentro del medio

de control de reparación directa cuestionado, hizo énfasis en la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

inconformidad con la condena en costas y agencias en derecho y el

deber del juez de analizar todos los aspectos dentro de la actuación

procesal previo a fijarlas, tales como la conducta de las partes y que

se encuentren causadas y comprobadas, lo cual no ocurrió.

Sostuvo en la sentencia de segundo grado no hubo pronunciamiento

alguno, pues el TRIBUNAL se limitó a confirmar la condena en

costas sin ninguna clase de argumento y/o fundamento.

Consideró que hay falta de congruencia en las decisiones

adoptadas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, habida cuenta que

desde el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de

primera instancia dentro del proceso ordinario censurado, no se

realizó pronunciamiento alguno frente a la improcedencia de la

condena en costas, pese a que no incurrió en actuaciones temerarias

o de mala fe.

Aseguró que el monto de la liquidación de costas resulta

improcedente e injusta, dado que en ella no se tuvo en cuenta su

situación económica ni la condición de haber estado privado de la

libertad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

indicó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente judicial establecido por la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCION “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO, a través de las sentencias de 9 de agosto de 2016 y 17 de

octubre de 2017, proferidas, respectivamente, dentro de los

expedientes números 2016-01488-00 y 2015-00229-01.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] 3.1. PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y acceso a un recurso judicial efectivo, así como
cualquier otro derecho fundamental que se considere vulnerado –
extrapetita- por el Tribunal Administrativo de Valle de Cauca, con
ocasión al contenido de la decisión proferida en el auto que resolvió
el Recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de
costas y/o agencias en derecho notificado el veinticuatro (24) de
junio de dos mil veinticinco (2025), dentro del medio de control de
reparación directa con radicado N° 76111-33-33-002-2020-00220-
02, promovido por el señor Jhon Fredy Giraldo y otros.

3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin
efecto el Auto Interlocutorio No. 328 de fecha veinticuatro (24) de
junio de dos mil veinticinco (2025), notificado el mismo día, dentro
del medio de control de reparación directa con radicado N° 76111-
33-33-002-2020-00220-02 promovido por el señor Jhon Fredy
Giraldo y otros.

3.3. TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle, para
que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo
de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren en
conjunto y de forma adecuada todos los medios de convicción
oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del
proceso ordinario, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

exponiendo razonadamente el mérito que le asigne el numeral 5º del
artículo 366 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
del artículo 306 del CPACA, y atendiendo el precedente del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional y motivando de manera suficiente
su proveído, y resolviendo el reparo relacionado con tal condena en
costas. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de

tutela, por cuanto no se evidencia la configuración de un perjuicio

irremediable que justifique la intervención del juez de tutela, dado

que el actor lo que busca es reabrir un debate procesal que ya se

surtió e hizo tránsito a cosa juzgada.

I.5.2.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente el amparo

invocado puesto que carece de relevancia constitucional, dado que lo

que pretende el demandante es reabrir el debate surtido dentro del

proceso de reparación directa objeto de controversia, el cual ya fue

resuelto en debida forma y de manera admisible por el JUZGADO y

TRIBUNAL.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL solicitó negar las pretensiones incoadas en la demanda y

ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

dado que no está llamada a responder por la presunta vulneración

de los derechos fundamentales invocados por el actor.

I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN indicó que no tiene

injerencia alguna en la presunta vulneración de los derechos

fundamentales alegados por el actor, por lo que solicitó que se

declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo número 80 de

12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y

asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN y la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Comoquiera que tales entidades fungieron como parte demandada

dentro del proceso de reparación directa objeto del presente estudio,

la Sala concluye que les asiste interés directo en la decisión de la

acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará

la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

En sesión de 23 de agosto de 2012, la sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez

(expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el actor pretende

que se dejen sin efecto las providencias de 24 de octubre de 2024

y 24 de junio de 2025, proferidas, respectivamente, por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

reparación directa identificado con el número único de radicación

2020-00220-02.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte

actora, incurrieron en defecto material o sustantivo por la

inexacta aplicación de la normativa, así mismo, adujo que en el

recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera

instancia dentro del medio de control de reparación directa

cuestionado, hizo énfasis en la inconformidad con la condena en

costas y agencias en derecho y el deber del juez de analizar todos

los aspectos dentro de la actuación procesal previo a fijarlas, tales

como la conducta de las partes y que se encuentren causadas y

comprobadas, lo cual no ocurrió.

Sostuvo en la sentencia de segundo grado no hubo pronunciamiento

alguno, pues el TRIBUNAL se limitó a confirmar la condena en

costas sin ninguna clase de argumento y/o fundamento.

Consideró que hay falta de congruencia en las decisiones

adoptadas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, habida cuenta que

desde el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

primera instancia dentro del proceso ordinario censurado, no se

realizó pronunciamiento alguno frente a la improcedencia de la

condena en costas, pese a que no incurrió en actuaciones temerarias

o de mala fe.

indicó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente judicial establecido por la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCION “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO, a través de las sentencias de 9 de agosto de 2016 y 17 de

octubre de 2017, proferidas, respectivamente, dentro de los

expedientes números 2016-01488-00 y 2015-00229-01.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efecto tanto los proveídos de 24 de octubre de 2024 proferido

por el JUZGADO, como el dictado el 24 de junio de 2025 por el

TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta

vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la

providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio

por terminado el proceso. Así tampoco se hará pronunciamiento

alguno frente a las sentencias de 22 de junio de 2022 y 8 de mayo

de 2024, proferidas por tales autoridades judiciales dentro del

proceso ordinario cuestionado, ya que estas no fueron demandadas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

en la presente solicitud de amparo.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad

judicial incurrió en los defectos endilgados.

En ese sentido, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Ahora bien, la Sala advierte que los reproches del actor se

circunscriben básicamente en la injustificación e improcedencia de la

condena y liquidación de costas y agencias en derecho, frente a lo

cual se observa que la solicitud de amparo carece de relevancia

constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de

contenido económico, derivado de un debate estrictamente

normativo y legal.

Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202114, esta Sala señaló:

“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:

[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]

39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]”. (Destacado fuera de texto)

Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por

esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202115, en los siguientes

términos:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.

[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

Así las cosas, la Sala advierte que la controversia que propone el

actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto mediante

providencia de 24 de junio de 2025, dictada por el TRIBUNAL que,

confirmó la liquidación de costas y agencias en derecho realizada por

el JUZGADO en proveído de 24 de octubre de 2024 y del cual se

pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, los argumentos expuestos en el escrito de tutela están

encaminados a replantear la discusión jurídica en torno a la

liquidación de costas y fijación de agencias en derecho, circunstancia

que resulta improcedente, en tanto la presunta afectación de los

derechos fundamentales se derivan de un asunto de contenido

económico que fue debidamente argumentado y concluido por el juez

natural de la causa.

En suma, la Sala no observa la existencia de una cuestión que sea

de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta

trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino la

reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por el juez

natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el cual el

juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción

de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso adicional para

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede

constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por el

TRIBUNAL, al realizar un análisis del asunto así:

“[…]8. La parte demandante recurre el auto que aprobó la liquidación
de costas, bajo los argumentos que no están probadas en el
expediente y que la demanda se fundamentó bajo preceptos legales.

9. Este Despacho advierte en primer lugar, que el recurso de
apelación en contra del auto que aprueba las costas del proceso
declarativo no es la oportunidad para alegar el inconformismo sobre
la condena por dicho concepto, pues las razones de su imposición
fueron adoptadas en la sentencia, decisión que cobró firmeza de
forma previa a la liquidación de las costas. Luego, la acreditación de
su causación y los motivos que llevaron a la condena por ese
concepto, argumentos del recurrente, no se dieron en el auto
apelado, sino en la decisión que puso fin al proceso y que se
encuentra en firme.

10. En ese sentido, los argumentos esbozados, sobre los que la parte
actora funda la apelación, no están llamados a prosperar pues no
atacan la liquidación de las costas procesales, sino su imposición

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

efectuada en las sentencias de primera y segunda instancia ya
ejecutoriadas, y resulta improcedente absolver cuestiones que
debieron plantearse en la apelación contra la sentencia.

11. Ahora, el artículo 366 numeral 5 del C.G.P. señala que la
liquidación de expensas y el monto de las agencias en derecho
podrán controvertirse mediante recurso de reposición y apelación
contra el auto que apruebe la liquidación. En estas condiciones,
cuando se hace uso de estos recursos, lo único que corresponde es
argumentar si la liquidación supera la orden en firme de la sentencia,
pero no corresponde en ese momento procesal si la condena en
costas era procedente o no, pues se repite, la decisión de la condena
por dichos conceptos quedó en firme.
12. Así las cosas, el recurso de alzada contra la providencia que
aprueba costas admite únicamente reparos respecto al valor o el
cálculo aritmético en tanto desconozcan las pautas fijadas en el fallo
para su liquidación. En el caso concreto, manifiesta la recurrente no
compartir el monto establecido por el juzgado correspondiente a
$82.168.657 pesos, sin explicar los motivos de su desacuerdo.

13. Sin embargo, considera el Despacho que el monto por el que se
aprobaron las costas en el proceso de la referencia se encuentra
ajustado a los parámetros establecidos en las sentencias y a las
normas que regulan la materia, como pasa a verse.

14. El fallo de primera instancia se condenó en costas a la parte
actora, fijando como agencias en derecho el 4% de lo pedido,
determinación que se encuentra en firme y de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo no. PSAA 16-10554 de 5 de agosto de 2016
del Consejo Superior de la Judicatura. Sucede lo mismo, con la
cuantía dispuesta en segunda instancia por agencias en derecho. […]

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la

referencia, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, en la medida en que su solución se deriva de la

interpretación que la parte actora pretende que se dé a las

actuaciones procesales en el asunto, ya fueron resueltas por la

autoridad judicial accionada en el auto de segundo grado

cuestionado, en el que, además, se le indicó a la parte actora frente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

a la improcedencia de cuestionar la condena en costas y agencias en

derecho, pues en ese escenario solo era dable el estudio respecto a

los reparos e inconformidades de la liquidación hecha sobre estas.

Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos dentro del medio de control de reparación directa, la

condena y la liquidación de costas y agencias en derecho, con la

finalidad de que se haga una corrección al análisis que hizo la

autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone,

como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso

adicional a los previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la FISCALIA

GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05628-00
Actor: JHON FREDY GIRALDO

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.