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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05994-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05994-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05994-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05994-01
Demandante JULIÁN DE JESÚS PANIAGUA VALDERRAMA
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad: la subsidiariedad y la relevancia constitucional.
Defecto por desconocimiento del precedente horizontal. Medio de
control de reparación directa. Liquidación de perjuicios en casos de
hacinamiento carcelario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho
contra el fallo de tutela de 13 de noviembre de 2025, proferido por la Sección Quinta
del Consejo de Estado que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el INPEC.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho a la igualdad del señor Julián de Jesús Paniagua
Valderrama.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el cargo que se sustentó en la trasgresión al
«principio de congruencia».
CUARTO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO, parcialmente, la providencia de 29 de julio de
2025 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el radicado 05001-
33-33-029-2018-00261-01, y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión que dicte una providencia de reemplazo, teniendo en cuenta el análisis
efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le concederá el término de treinta
[30] días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia (…)».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 24 de septiembre de 20251, el señor Julián de Jesús Paniagua Valderrama
interpuso acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida en el medio de
control de reparación directa 05001-33-33-029-2018-00261-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«E.1. PETICIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL
Solicito que como medida provisional se ordene a la secretaria del Tribunal Administrativo de
Antioquia que se abstengan de certificar la ejecutoria de la sentencia hasta tanto se decida la
presente demanda de tutela, ordenando que los términos dispuestos para la presentación de
la cuenta de cobro se interrumpan hasta tanto se resuelva sobre la afectación de los derechos
fundamentales que por esta vía se pretende proteger.

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Samai, índice 3. Expediente 11001-03-15-000-2025-05628-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-01
Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama

E.2. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, verdad, justicia y reparación, conculcados al señor JULIÁN DE JESÚS PANIAGUA
VALDERRAMA y como consecuencia de lo anterior adoptar las siguientes determinaciones.
E.2.1. Dejar sin efecto, PARCIALMENTE, la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia atrás reseñada.
E.2.2. Ordenar que se corrijan los errores de la sentencia #108 del 29 de julio de 2025,
previa solicitud ante el INPEC de los índices de hacinamiento año a año desde el 2008 al 2017
del patio 4, para saber con exactitud el porcentaje de hacinamiento máximo en el patio 4 de
Bellavista y poder aplicar la regla de tres simple, para tasar correctamente la indemnización»2.

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Julián de Jesús Paniagua Valderrama, junto con algunos miembros
de su familia, interpusieron demanda de reparación directa en contra de la
Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (en adelante INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (en adelante USPEC), por considerar que eran administrativa y
extracontractualmente responsables de la condición de hacinamiento
carcelario que aquel padeció entre el 13 de noviembre de 2008 y el 16 de
diciembre de 2017, mientras estuvo privado de la libertad en la Cárcel
Bellavista del Distrito de Medellín.
2.2. El Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín tramitó en primera instancia
el medio de control de reparación directa (expediente 05001-33-33-029-2018-
00261-00). Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que, si bien estaba acreditado el
hacinamiento en la Cárcel Bellavista, no se acreditó el daño antijurídico
subjetivo, personal y directo, causado al señor Paniagua Valderrama y otros.
Asimismo, se condenó en costas a los demandantes.
2.3. La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.
2.4. El 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Decisión dictó sentencia en la que revocó el fallo de primera instancia, para
en su lugar declarar administrativamente responsable a las demandadas y
condenó al pago de 3.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de daño moral y 3.2 por afectación a bienes constitucionales y/o
convencionalmente protegidos.
Expuso las condiciones de hacinamiento que presenta la Cárcel Bellavista y
concluyó que se vulneró el derecho a disponer de una infraestructura
adecuada para cumplir la condena de manera digna, lo cual generó un daño
antijurídico.
Asimismo, el Tribunal citó la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B el 20 de noviembre de 2020 con radicado
18001-23-33-000-2013-00216-01 en la que, en el marco de una acción de
grupo, se condenó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y a la
USPEC al pago de perjuicios por el hacinamiento carcelario. En dicha
sentencia se fijó un criterio para la tasación de perjuicios en materia de daños
sufridos con ocasión del hacinamiento carcelario, el cual atendía a dos
variables: el tiempo de permanencia en prisión y el porcentaje de
hacinamiento.

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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-05994-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-01
Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama

El Tribunal tasó los perjuicios de la siguiente forma:
«Para establecer la variable H se tiene que de la respuesta dada por el INPEC se extrae que
durante el tiempo que la víctima estuvo en Bellavista el índice de hacinamiento era en
promedio del 303%, porcentaje al que le corresponderían 12.1 SMMLV.
(20 SLMV * 0,5) + (12.1 * 0,5) = i
10 SLMV + 6 SMLV = i 16 SLMV = i
Ahora bien, en el entendido que, en la figura de la privación injusta, la ausencia total de libertad
injustamente representa el 100%. Entre tanto, en la privación justa (desde un ámbito
estrictamente jurídico y no material) lesionada con la afectación irregular por el hacinamiento,
se debe tener un valor inferior, que sea proporcional al grado de hacinamiento padecido
durante el tiempo de reclusión y tomando en cuenta el arbitrio judicial.
Por antedicho se tendrá en cuenta la tabla del monto de los perjuicios morales fijados líneas
arriba partiendo de que el límite máximo en el sub examine será el 20% de lo fijado para la
privación injusta de la libertad, por cuanto se debe considerar una afectación menos gravosa;
además porque de alguna manera la conducta delictiva del demandado dio lugar al perjuicio;
y que se debe tener en cuenta el daño causado a la sociedad y a las víctimas, así como los
gastos en que incurre el Estado en la manutención de los reclusos y los centros carcelarios.
Así las cosas, la Sala condenará a las entidades demandadas a pagar al demandante la suma
equivalente a 3.2 SLMV a título de daño moral. (…)
Corolario a lo expuesto, se condenará a las entidades demandadas al pago de un monto igual
al reconocido por perjuicios morales por concepto de grave afectación a bienes
constitucionales y/o convencionalmente protegidos, a favor de JULIÁN DE JESÚS PANIAGUA
VALDERRAMA».

2.5. Los demandantes solicitaron corregir la providencia que definió la controversia,
oportunidad en la que cuestionaron la operación aritmética utilizada por el
Tribunal para calcular el monto de los perjuicios.
2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto del 28 de agosto de 2025
mediante el cual negó la corrección, puesto que lo pretendido era modificar la
cuantía de la condena y, por tanto, alterar la parte resolutiva del fallo.
3. Fundamentos de la acción
Tras exponer el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión incurrió en varios errores al realizar la tasación de
perjuicios morales y por los daños por grave afectación a bienes
constitucionalmente protegidos. Consideró que en la providencia cuestionada se
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente judicial por las siguientes
razones.
Sostuvo que, aunque en la decisión de segunda instancia se citó como precedente
la sentencia de 20 de noviembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B (M.P. Alberto Montaña Plata) con radicado 18001-23-
33-000-2013-00216-01, el Tribunal no determinó en debida forma la tasación de los
perjuicios. Esto se debe a que otorgó la misma suma por concepto de daño moral y
perjuicio inmaterial a los daños por afectación a bienes constitucionales, pese a que
la indemnización que corresponde al segundo concepto debe ser el doble del
primero.
Afirmó que a los valores indemnizatorios que señalan las tablas contenidas en la
sentencia del Consejo de Estado aludida, ya se les había aplicado una reducción
por razón de la conducta delictiva que dio lugar al perjuicio y por los gastos de
manutención de los reclusos y de los centros carcelarios. De manera que en la
sentencia del Tribunal se realizó dos veces la reducción del monto indemnizatorio,
pues se aplicó nuevamente la reducción a los valores contenidos en las tablas de la
sentencia mencionada del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-01
Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama

Añadió que el valor concedido por perjuicios morales de 3.2 salarios mínimos
equivale a lo otorgado a una víctima por un solo mes según «la tabla de la cárcel
EPMSC CUNDUY de mujeres de Florencia-Caquetá». Él, en cambio, estuvo recluido
durante 9 años, 1 mes y 3 días.
Consideró que no podía aplicarse la regla de tres simple con el promedio de
hacinamiento del 303%, pues era necesario tener los datos exactos de
hacinamiento de la Cárcel Bellavista, durante las fechas exactas de la reclusión para
calcular los perjuicios.
Por otro lado, manifestó que el Tribunal desconoció su propio precedente, pues en
sentencia de 31 de octubre de 2024 con radicado 05001-33-33-022-2017-00492-04,
proferida por la misma Sala que resolvió su caso, se condenó en abstracto y se
indicó lo siguiente:
«A manera de ejemplo si una persona estuvo recluida en condiciones de hacinamiento durante
tres años (36 meses), con un porcentaje de hacinamiento en el primer año del 150%, en el
segundo del 200% y en el tercer año del 300%, vamos a la tabla de la sentencia de perjuicios
morales y le correspondería una indemnización de 100 SMLMV por haber estado más de 18
meses, le aplicamos el 20%, nos daría 20 SMLMV, esa sería la indemnización si el
hacinamiento hubiera sido del 300% durante los tres años, pero como no fue así, hay que
aplicar una regla de tres simple, si por trescientos por ciento la indemnización es de 20
SMLMV, por el promedio de hacinamiento durante los tres años, que es 216.6%, cuánto
seria?, y nos da una indemnización de 14,4 SMLMV.

Así las cosas, del material obrante en el expediente se desprende que (…), estuvo recluido
por 36,4 meses, por lo cual se condenará en abstracto a las demandadas al pago de perjuicios
morales a favor de la víctima directa».

Finalmente, hizo referencia a la violación al principio de congruencia «cuando el juez
le reconoce al actor algo distinto y muy inferior de lo que se probó en la demanda».

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto de 2 de octubre de 20253, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada por el señor Julián de Jesús Paniagua
Valderrama contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia. Se vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado
Veintinueve Administrativo de Medellín y a las partes e intervinientes del
expediente 05001-33-33-029-2018-00261-01. Se negó la medida provisional
solicitada y se ordenó realizar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia4 remitió el expediente del medio de
control de reparación directa 05001-33-33-029-2018-00261-01.
4.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC5 indicó que carece de
competencia para pronunciarse frente a la acción de tutela, puesto que no está
entre sus funciones dejar sin efectos providencias judiciales y que no está
vulnerando ningún derecho fundamental del accionante. Señaló que el
Tribunal Administrativo de Antioquia es el encargado de dar solución a lo
planteado en el escrito de tutela. Por lo anterior, solicitó que se declarara su
falta de legitimación en la causa por pasiva.
4.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho6 manifestó que, aunque no comparte la
decisión del Tribunal al revocar la sentencia de primera instancia, la decisión
de segunda instancia está ajustada derecho. Afirmó que el proceso tuvo
abundante material probatorio que le permitió al Tribunal llegar a la conclusión
a la cual arribó.

3
Samai, índice 5. Expediente 11001-03-15-000-2025-05994-00.
4
Samai, índices 10, 11 y 12. Expediente 11001-03-15-000-2025-05994-00.
5
Samai, índice 14. Expediente 11001-03-15-000-2025-05994-00.
6
Samai, índices 15 y 18. Expediente 11001-03-15-000-2025-05994-00.

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-01
Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama

También sostuvo que el accionante pretende reabrir el periodo probatorio para
demostrar el grado de hacinamiento padecido, lo que demuestra que no se
probó el daño. Consideró que acceder a dicha pretensión desdibuja la acción
de tutela, pues es un asunto económico y, por ende, sin relevancia
constitucional.
Añadió que no se vulneró el derecho a la igualdad, pues en los procesos 05001-
33-33-018-2018-00195-01 y 05001-33-33-022-2018-00404-03 la misma sala de
magistrados ha proferido decisiones semejantes, las cuales comparten
similitud fáctica ocurridas en el mismo centro carcelario. En estas también se
concedieron las pretensiones; por lo que no se evidencia desconocimiento del
precedente judicial.
Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y negar las
pretensiones de la demanda.
4.5. El 23 de octubre de 2025, el magistrado ponente profirió auto en el que ordenó
dar cumplimiento al numeral tercero del auto admisorio, pues no se habían
notificado algunos de los demandantes del medio de control de reparación
directa.
4.6. El 12 de noviembre de 2025, la consejera de Estado Gloria María Gómez
Montoya manifestó estar impedida con fundamento en la causal 6º del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que conoció del medio de
control de reparación directa objeto de la presente acción de tutela cuando se
desempeñaba como magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad.
4.7. En providencia de 13 de noviembre de 2025, se declaró fundado el
impedimento manifestado, debido a que al dictar el auto que admitió la
apelación contra la sentencia de primera instancia, la magistrada conoció y
actuó en el proceso que culminó con la sentencia acusada en el escrito de
tutela.
5. Providencia impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 13 de noviembre
de 2025, negó la solicitud de desvinculación del INPEC y declaró improcedente el
cargo relacionado con la transgresión al principio de congruencia. También amparó
el derecho a la igualdad del señor Julián de Jesús Paniagua Valderrama y ordenó
dejar sin efecto parcialmente la providencia del 29 de julio de 2025 proferida en el
medio de control de reparación directa identificado bajo el radicado 05001-33-33-029-
2018-00261-01, por las siguientes razones:

Como primer aspecto, indicó que no era procedente estudiar el cargo sustentado en
que el Tribunal transgredió el principio de congruencia, porque concedió «algo distinto
y muy inferior de lo que se probó en la demanda». Explicó que el demandante no agotó el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011.
En consecuencia, respecto de dicho cargo no cumplió con el requisito de
subsidiariedad.
De otro lado, precisó que se acredita la relevancia constitucional puesto que en el
escrito de tutela se argumentaba la vulneración del derecho a la igualdad por el
desconocimiento del precedente judicial. Indicó que dicho argumento no apunta a
convertir la acción de tutela en una tercera instancia, sino que busca cuestionar el
trato diferente que se le dio a su caso.
Para estudiar la violación al principio de igualdad, la Sección realizó un cuadro
comparativo entre las sentencias proferidas con radicación 05001-33-33-022-2017-

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Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama

00492-047 y 05001-33-33-029-2018-00261-018. Concluyó que los casos comparten
identidad fáctica y que la única diferencia radica en los años en los que ocurrió la
afectación.
Advirtió que en la sentencia atacada mediante la acción de tutela también se citó
como fundamento de la fórmula aritmética la dispuesta en la providencia de 20 de
noviembre de 2020. Sin embargo, las fórmulas matemáticas explicadas no
concuerdan con la condena de la sentencia proferida con radicado 2017-00492-04.
La Sección Quinta de esta Corporación, sostuvo que «en el caso 2017-00492-04, a
manera de ejemplo el tribunal dispuso que una persona que sufrió un índice de hacinamiento de
300% durante 3 años le correspondía una indemnización de «14,4 SMLMV», pero en el asunto 2018-
00261-01 concluyó que la víctima directa le correspondían 3,2 SMLMV, cuando padeció un
hacinamiento de 303% por un lapso de más de 8 años, decisión que si se contrasta con la primera
resulta irrazonada».

Señaló que si bien la autoridad judicial tiene un margen de discrecionalidad amplio,
debe justificar por qué decidió aplicar reglas distintas en el caso del señor Paniagua
Valderrama, respecto de lo decidido anteriormente frente a un asunto de similitud
fáctica. Enfatizó en que el Tribunal no tiene un criterio objetivo para tasar los
perjuicios en estos asuntos debido a que, si bien anuncia que implementará las
tablas definidas por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
establecidas en la providencia de 20 de noviembre de 2020, los resultados de sus
condenas no son coherentes con los factores definidos en esta última ni con sus
propias decisiones anteriores.
Aclaró que si el Tribunal desea apartarse del criterio contenido en la sentencia
proferida al interior del expediente 2017-00492-04 deberá justificar las razones de
tal decisión y que «si pretende implementar el criterio comprendido en la sentencia de 20 de
noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B (…) debe
motivar por qué no aplicará las tablas contenidas en dicha providencia para definir el daño moral y
el perjuicio inmaterial a los derechos constitucionalmente protegidos».

Por las razones expuestas, decidió dejar sin efectos parcialmente la sentencia de
29 de julio de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Decisión y ordenó emitir una decisión de reemplazo en la que se tuvieran en cuenta
las reglas señaladas por esa misma corporación en el expediente 05001-33-33-022-
2017-00492-04; o en su defecto, explicara por qué no las aplicará.

6. Impugnación
El Ministerio de Justicia y del Derecho impugnó el fallo de primera instancia.
Manifestó que en el caso no se cumple con los requisitos exigidos por la Corte
Constitucional para que proceda la acción de tutela y se revise una decisión judicial.
Indicó que en la propia sentencia de primera instancia se determinó que la demanda
de tutela incumple con uno de los requisitos generales, pues no se agotó el recurso
extraordinario de revisión y tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
Afirmó que en la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se estudiaron
todas las pruebas obrantes en el proceso y que no existe vulneración al derecho a
la igualdad. Argumentó que lo que la parte actora pretende es que se estudien
nuevamente las pretensiones de la demanda ordinaria, desdibujando la acción de
tutela con un asunto de carácter económico que puede ser resuelto a través del
recurso extraordinario de revisión. Trajo a colación la improcedencia del mecanismo
constitucional para resolver conflictos de tipo económico.

7
Esta es la providencia proferida por el Tribunal en otro asunto semejante, en la que se condenó en abstracto. Citada en
el escrito de tutela para argumentar que tal autoridad desconoció su propio precedente.
8
Esta es la providencia atacada, en la que actúa como demandante el señor Julián de Jesús Paniagua Valderrama.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-01
Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama

Por último, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y denegar las
pretensiones de amparo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al juez de primera instancia para conceder el amparo del derecho a la
igualdad del señor Julián de Jesús Paniagua Valderrama; dejar sin efecto,
parcialmente, la providencia de 29 de julio de 2025; y ordenar dictar una providencia
de reemplazo.

9
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
10
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
11
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico,
(ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido, vi) defecto
por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la
Constitución
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Previo a tal análisis se establecerá si en el caso se satisfacen los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, puesto que la impugnación radicada por
el Ministerio de Justicia y del Derecho se centró en esos dos aspectos.

4. Análisis de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional
en el caso

4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela sólo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca que los
mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos no sean
desplazados o suplantados por la acción de tutela.

El juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias particulares de
cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el contrario, existen
otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 13.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

En el escrito de impugnación el Ministerio de Justicia y del Derecho adujo que
la acción de tutela interpuesta no cumple con el requisito subsidiariedad,
porque el tutelante puede acudir al recurso extraordinario de revisión y dado
que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

Respecto a este argumento, la Sala coincide con el análisis realizado en la
sentencia de tutela primera instancia, según el cual, en efecto, este requisito
no se cumple, pero únicamente respecto del cargo por trasgresión del principio
de congruencia, considerando que el mecanismo al cual la parte actora puede

13
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.

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acudir para ventilar tal reproche es el recurso extraordinario de revisión, en
consideración a que jurisprudencialmente se ha reconocido su procedencia
para la protección del principio de congruencia, en virtud del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011 que en su numeral quinto consagra como la causal de
revisión «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación». En este sentido se pronunció esta corporación:

«Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se genere en el preciso
momento en que se dicta la sentencia objeto de censura contra la cual no procede el recurso
de apelación, pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no tendrá
cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se trate de circunstancias que aunque
ocurrieron con anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente
que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir que el mencionado
recurso se convierta en una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes
incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las nulidades del caso de acuerdo
con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.
Sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha señalado los siguientes:
a. sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o
perención, porque con esto se revive un proceso legalmente concluido. b. sentencia cuando
el proceso se encuentra suspendido. c. sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermitir la instancia,
por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada]. e. Decidir aspectos
que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las sentencias están enmarcadas
en dos grupos a saber, el compuesto por las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, las
relativas a los vicios que contiene la sentencia» 14.

Ahora bien, respecto del segundo cargo formulado por el tutelante, es decir el
desconocimiento del precedente no es posible concluir que el recurso
extraordinario de revisión es un medio idóneo para su discusión.

Al respecto, se advierte que las causales de revisión de una sentencia de
segunda instancia se encuentran consignadas de forma taxativa en el artículo
250 del CPACA15. Este recurso es una excepción al principio de inmutabilidad
de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada. Por lo tanto, solo se
pueden revisar las decisiones que se correspondan con las causales de
revisión. El Consejo de Estado lo ha expresado así:
«(…) el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las
causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante
interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera
instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de
las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador» 16.

14
Consejo de Estado. Sala Décima Especial de Decisión. Sentencia del 1 de noviembre de 2016. C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, radicación 11001-03-15-000-2012-00230-00.
15
ART. 250. «Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria
o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de 2018,
radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00(REV)

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En consecuencia, este requisito de procedencia de la acción de tutela no es
procedente para alegar el desconocimiento del precedente judicial, y en tal
medida procede el estudio de fondo de este cargo.

4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores17.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional implica un conjunto
de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son varios los aspectos que
se estudian a fin de definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre
estos, se requiere que la acción constitucional no se esté empleando como
una instancia adicional para reabrir el mismo debate ya surtido ante el juez
natural, que se cumpla con una carga argumentativa suficiente, que no se
propongan argumentos nuevos no expuestos al juez de la causa, que los
reproches contra la decisión se acompasen con las razones de la providencia
judicial objetada, entre otras condiciones.

Contrario a lo argumentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en el
escrito de impugnación, para la Sala el asunto goza de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:

(i) El actor alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia aplicó de forma
incorrecta la sentencia del Consejo de Estado proferida el 20 de noviembre de
2020, al otorgar la misma suma por daño moral y por perjuicio por grave afectación
a bienes constitucionales, pese a que este último debía ser el doble.

(ii) Señaló que el Tribunal aplicó dos veces la reducción de la indemnización por
razón de la conducta delictiva que dio lugar al perjuicio y de los gastos de
manutención, disminuyendo injustificadamente el monto de las tablas dispuesto
en la sentencia del Consejo de Estado, que ya incluían la reducción a los valores
indemnizatorios.

17
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración
de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela.
La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con argumentos suficientes contra las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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(iii) Argumentó que la indemnización otorgada (3,2 SMMLV) equivalía a lo que se
reconoció por un mes de reclusión a las demandantes en la sentencia del 20 de
noviembre de 2020. Y que ese mismo valor se le otorgó como daño total pese a
que estuvo privada de la libertad durante 9 años, 1 mes y 3 días.

(iv) Cuestionó el uso de un promedio de hacinamiento (303%) en lugar de datos
específicos de la Cárcel Bellavista durante su reclusión, para liquidar los
perjuicios.

(v) Indicó que el tribunal desconoció su propio precedente, pues en la sentencia del
31 de octubre de 2024 se resolvió condenar en abstracto y se ordenó que en el
incidente de liquidación de perjuicios se aportaran las pruebas de los datos
específicos del hacinamiento en el centro de reclusión durante el periodo en el
que la víctima estuvo privado de la libertad.

Advierte la Sala que los argumentos que presenta la parte actora tienen que
ver con su inconformidad en la forma como se tasaron los perjuicios en la
sentencia de segunda instancia, puesto que no atendió al precedente del
Consejo de Estado, ni explicó las razones para apartarse de las reglas
contenidas en la sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 05001-33-33-
022-2017-00492-04, proferida por la misma sala de decisión que resolvió su
caso.

En ese orden de ideas, los argumentos de la demanda ordinaria y los del
escrito de apelación apuntaban a la acreditación de los requisitos para
demostrar la responsabilidad del Estado, por los tratos crueles sufridos por el
señor Paniagua Valderrama, con ocasión de la situación de hacinamiento
entre el 13 de noviembre de 2008 y el 16 de diciembre de 2017 mientras estuvo
recluido en el EPMSC Bellavista. En cambio, los cargos expuestos en el escrito
de tutela apuntan a la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad,
por el presunto desconocimiento del precedente en que incurrió el Tribunal
accionado al tasar los perjuicios.

Este cargo se fundamentó en que dicha autoridad, en sala compuesta por los
mismos 3 magistrados, ha resuelto problemáticas idénticas, pero ha aplicado
una indemnización superior o condenado en abstracto. Sin embargo, en su
caso ordenó una condena que no se compadece con sus decisiones anteriores
ni con lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia que el propio
Tribunal trajo a colación en materia de tasación de perjuicios por hacinamiento
carcelario.

La Sala considera, entonces, que la acción de tutela no se está empleando
como una instancia adicional, al no existir identidad de cargos entre los
expuestos en la reparación directa y los propuestos en la acción constitucional
objeto de este fallo.

Adicionalmente, se considera que el asunto trasciende el debate de contenido
legal o económico, en consideración a que la inconformidad radica en la
transgresión al derecho fundamental a la igualdad por desconocimiento del
precedente judicial. De ahí que el caso versa, más allá de una cuestión
dineraria, sobre la tensión entre el derecho a la igualdad y la decisión objeto
de reproche a la luz de la autonomía judicial.

5. Alcance del defecto por desconocimiento del precedente y su análisis en
el caso

5.1. El precedente judicial hace referencia a la resolución previa de un caso similar
que sirve como referente para decidir otros semejantes. La Corte
Constitucional ha señalado que su aplicación exige que: (i) los hechos

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relevantes del caso que se analiza sean semejantes a los del caso resuelto;
(ii) la consecuencia jurídica del asunto pasado coincida con la pretensión
actual; y (iii) la regla de decisión no haya cambiado ni evolucionado de manera
que modifique sus supuestos de hecho.

Así entonces, se configura la transgresión del precedente si se demuestra: (i)
la existencia de decisiones con identidad fáctica y jurídica entre el caso
analizado y el citado como precedente; (ii) la vinculatoriedad de esas
decisiones para el juez accionado; (iii) que la sentencia cuestionada sea
contraria al precedente vinculante y vigente; y (iv) que no exista justificación
razonable para el apartamiento.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical,
que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía,
en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las
providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, se tiene que su
observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical,
pues, es comprensible que entre jueces de la misma jerarquía existan criterios
de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos, en virtud de la
autonomía e independencia judicial.

Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente, y los requisitos
para apartarse válidamente del mismo, la Corte Constitucional ha precisado
que deben cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud
de los cuales, el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la
decisión judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los
que decide apartarse del precedente existente; evento en el cual, es
insuficiente ofrecer argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues
además se debe demostrar, con argumentos sólidos, que el precedente
vigente no es válido, correcto o suficiente para resolver el caso sometido a
decisión18.

5.2. En los fundamentos de la acción de tutela, la parte actora alega el
desconocimiento e indebida aplicación de dos sentencias.

5.2.1. De un lado, se indicó que el Tribunal accionado se apartó de la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B el 20
de noviembre de 2020 con radicado 18001-23-33-000-2013-00216-01, en la
que, según señala, se establecieron parámetros sobre la tasación de
perjuicios en casos de hacinamiento carcelario.

De la revisión de dicha providencia, encuentra la Sala que en esa
oportunidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado resolvió una acción de grupo promovida para reclamar la
indemnización de perjuicios por los daños sufridos como consecuencia
del hacinamiento del pabellón de mujeres del establecimiento
penitenciario y carcelario de mediana seguridad (EPCMS) del Cunduy.
En dicha decisión se explicó que tras constatar la imputabilidad del daño
generado por el colapso carcelario sería contradictorio negar la
reparación de los perjuicios. También se señaló que las medidas
ordenadas por la Corte Constitucional para superar el estado de cosas
inconstitucional en materia carcelaria tienen como objetivo detener la
violación masiva de derechos fundamentales, pero que no buscan

18
Corte Constitucional. Ver entre otras, Sentencias SU–395 de 2017 y SU–309 de 2019

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reparar o compensar los perjuicios derivados de esa violación, por lo que
«la declaración de un ECI no opera como una excepción al artículo 90 de la
Constitución».

La referida autoridad judicial consideró que había lugar a reconocer dos
tipos de perjuicios inmateriales acreditados en ese proceso: el moral y el
perjuicio por afectación de derechos constitucionalmente protegidos,
para lo cual, sostuvo que tomaría como tope indemnizatorio para el
primero de estos 20 salarios mínimos a fin de compensar los intensos
sufrimientos de las detenidas y 40 salarios mínimos para compensar el
otro perjuicio inmaterial a los derechos de las internas; e indicó que los
perjuicios se calcularían con base en la siguiente fórmula matemática:
«Cada mujer será indemnizada según el tiempo (T) que estuvo presa, y el hacinamiento
(H) que padeció durante ese tiempo. Ambos factores inciden en igual proporción en la
intensidad del daño, por lo que el valor indemnizatorio de cada uno será multiplicado
por 0,5 y la sumatoria de ambos será el monto de la indemnización (i) correspondiente.
Esto se representa en la siguiente fórmula: (T x 0,5) + (Hx0.5) = i
La indemnización según el tiempo que estuvo presa cada una, se obtendrá según lo
certificado por el INPEC para cada reclamante y los valores relacionados en la tabla del
párrafo 100. El valor asignado al rango de tiempo en el que se encuentre la mujer
reclamante reemplazará la variable T en la fórmula».

Con fundamento en tal operación, en dicha oportunidad, la Sección
Tercera, Subsección B de esta corporación ordenó el pago de perjuicios
a cada una de las demandantes por valores desde los 47 salarios
mínimos mensuales legales vigentes a los 52, aproximadamente.

Dicho lo anterior, la Sala desestima la inconformidad de la parte actora
relacionada con el desconocimiento de la sentencia del 20 de noviembre
de 2020 de radicado 18001-23-33-000-2013-00216-01. Si bien en tal fallo,
proferido en el marco de una acción de grupo, se alude a algunos criterios
para la tasación de perjuicios en materia de hacinamiento carcelario, tal
decisión no constituye un precedente para el caso concreto, porque
fácticamente difiere de las circuntancias concretas examinadas en este
caso.

Se resalta que en esa decisión la Sección Tercera, Subsección B explicó
que las condenas allí ordenadas tenían su razón de ser en «la especial
intensidad del perjuicio que padecieron como mujeres, y reitera que los
padecimientos y sacrificios a que han sido sometidas, en este sistema penitenciario
masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no
podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias». Esto se debe
a que se acreditó una serie de condiciones que atentaban contra la
dignidad humana de las reclusas, relacionadas directamente con su
género. Se indicó que la mayoría de los servicios sanitarios de las
prisiones no fueron diseñados para satisfacer las necesidades
específicas de las mujeres, especialmente en situaciones como el
período menstrual, el embarazo, la lactancia y la crianza de niños. De ahí
que el caso de las internas de Cunduy fue excepcional por razones de
género.

Así las cosas, además de que la sentencia del 20 de noviembre de 2020
constituye un criterio auxiliar de interpretación, no puede perderse de
vista que la tasación de perjuicios allí establecida se relaciona
directamente con un asunto de género. En esa medida, no hay lugar a
establecer una comparación entre los montos ordenados en el asunto del
actor y en tal fallo, pues aunque ambos casos versan sobre hacinamiento
carcelario, la situación fáctica de los dos casos es diferente.

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5.2.2. De otro lado, la parte actora también manifestó que el Tribunal accionado
desconoció su propio precedente. Para fundamentar tal afirmación
sostuvo que en la sentencia de 31 de octubre de 2024 con radicado
05001-33-33-022-2017-00492-04, que también versó sobre una reparación
directa por hacinamiento carcelario en un 288% en el mismo
establecimiento en el cual estuvo recluido el tutelante, se condenó en
abstracto, por las siguientes razones:
«A manera de ejemplo si una persona estuvo recluida en condiciones de hacinamiento
durante tres años (36 meses), con un porcentaje de hacinamiento en el primer año del
150%, en el segundo del 200% y en el tercer año del 300%, vamos a la tabla de la
sentencia de perjuicios morales y le correspondería una indemnización de 100 SMLMV
por haber estado más de 18 meses, le aplicamos el 20%, nos daría 20 SMLMV, esa
sería la indemnización si el hacinamiento hubiera sido del 300% durante los tres años,
pero como no fue así, hay que aplicar una regla de tres simple, si por trescientos por
ciento la indemnización es de 20 SMLMV, por el promedio de hacinamiento durante los
tres años, que es 216.6%, cuánto seria?, y nos da una indemnización de 14,4 SMLMV.
Así las cosas, del material obrante en el expediente se desprende que (…), estuvo
recluido por 36,4 meses, por lo cual se condenará en abstracto a las demandadas al
pago de perjuicios morales a favor de la víctima directa».

Por el contrario, en el caso del tutelante el Tribunal accionado ordenó el
pago de 3.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto
de daño moral y 3.2 por afectación a bienes constitucionales y/o
convencionalmente protegidos. Su argumentación para arribar a tal
conclusión fue la siguiente:
«Para establecer la variable H se tiene que de la respuesta dada por el INPEC se extrae
que durante el tiempo que la víctima estuvo en Bellavista el índice de hacinamiento era
en promedio del 303%, porcentaje al que le corresponderían 12.1 SMMLV.
(20 SLMV * 0,5) + (12.1 * 0,5) = i
10 SLMV + 6 SMLV = i 16 SLMV = i
Ahora bien, en el entendido que, en la figura de la privación injusta, la ausencia total de
libertad injustamente representa el 100%. Entre tanto, en la privación justa (desde un
ámbito estrictamente jurídico y no material) lesionada con la afectación irregular por el
hacinamiento, se debe tener un valor inferior, que sea proporcional al grado de
hacinamiento padecido durante el tiempo de reclusión y tomando en cuenta el arbitrio
judicial.
Por antedicho se tendrá en cuenta la tabla del monto de los perjuicios morales fijados
líneas arriba partiendo de que el límite máximo en el sub examine será el 20% de lo
fijado para la privación injusta de la libertad, por cuanto se debe considerar una
afectación menos gravosa; además porque de alguna manera la conducta delictiva del
demandado dio lugar al perjuicio; y que se debe tener en cuenta el daño causado a la
sociedad y a las víctimas, así como los gastos en que incurre el Estado en la
manutención de los reclusos y los centros carcelarios.
Así las cosas, la Sala condenará a las entidades demandadas a pagar al demandante
la suma equivalente a 3.2 SLMV a título de daño moral. (…)
Corolario a lo expuesto, se condenará a las entidades demandadas al pago de un monto
igual al reconocido por perjuicios morales por concepto de grave afectación a bienes
constitucionales y/o convencionalmente protegidos, a favor de JULIÁN DE JESÚS
PANIAGUA VALDERRAMA».

5.3. Respecto de este último pronunciamiento, se advierte que la condena en el
caso del tutelante se distancia de la sentencia de 31 de octubre de 2024, citada
como precedente horizontal desconocido, en la cual, la misma sala de decisión
del Tribunal accionado resolvió una demanda de reparación directa por un
asunto de hacinamiento carcelario en el mismo penal en el cual el actor fue
recluido, que para la época de los hechos contaba con un menor porcentaje
de hacinamiento (288%, aproximadamente) que el estudiado en el caso del
tutelante (303%, aproximadamente).

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La diferencia entre esos dos asuntos no es más que los años en los cuales
ocurrió la afectación y el porcentaje de hacinamiento. Aun así, y pese a la
similitud fáctica, en el caso del actor el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión ordenó una condena que en total asciende a los
6.4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que en el otro
asunto se condenó en abstracto por concepto de perjuicios morales y por la
afectación a bienes constitucionales protegidos.

La Sala es del criterio que la condena por perjuicios dispuesta por el juez es
una materialización del principio de autonomía judicial. En esa medida, es
plausible que atendiendo a los supuestos específicos del asunto y a los hechos
probados el juez opte por un determinado valor y por no otro.

Sin embargo, se advierte que la autoridad judicial accionada aplicó
indebidamente su propio precedente, en tanto que arribó a conclusiones
diametralmente opuestas en lo que refiere a la tasación de perjuicios sin
justificación alguna, pese a tratarse de casos análogos. Esto obedece a que
en el caso del tutelante la autoridad judicial accionada, explicó cuál fórmula
aplicaría para la tasación, esto es: (20 SLMV * 0,5) + (12.1 * 0,5) = i, sin embargo,
al momento de efectuar la operación matemática frente al daño moral realizó
una doble reducción del monto, sin razones que den cuenta de tal
determinación. En cambio, en el otro caso objeto de comparación no obró así,
pese a tratarse de supuestos fácticos similares.

En esta medida, se desconoció el derecho a la igualdad del señor Julián de
Jesús Paniagua Valderrama, por lo que le asistió razón al juez de tutela de
primera instancia en conceder su amparo, dejar sin efecto, parcialmente, la
providencia de 29 de julio de 2025; y ordenar dictar una decisión de reemplazo.

Finalmente, se destaca que en cumplimiento del fallo impugnado proferido el
30 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Antioquia Sala Segunda de Decisión dictó sentencia de
reemplazo y condenó en abstracto.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al
encontrar configurado el defecto por desconocimiento del precedente.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-01
Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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