Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01297-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01297-00
Accionantes: Hermes Alvarado Castellanos.
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander.
Tema: Derechos al debido proceso, seguridad social, acceso a la
administración de justicia. Proceso ejecutivo – Aprobación de la
liquidación de crédito. DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Hermes Alvarado
Castellanos, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Santander.
ANTECEDENTES
Solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, y al acceso a la administración de justicia; que considera vulnerados por la
providencia del 24 de septiembre de 2024, proferida dentro de un proceso ejecutivo
con radicado: 680013333009-2019-00387-00 [02].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 24 de octubre de 2019 el accionante inició proceso ejecutivo, con base en
una sentencia de 25 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que
condenó a la Colpensiones a reliquidar la pensión de jubilación del actor.
Que el 16 de diciembre de 2021 el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga
libró mandamiento ejecutivo en contra de Colpensiones; el 07 de julio de 2022 el
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Juzgado profirió auto donde aprobó la liquidación del crédito y costas; el accionante
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el mencionado auto
y el 24 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
providencia.
Que el señor Hermes Alvarado Castellanos solicitó nulidad de esta última decisión;
el Tribunal accionado la rechazó por improcedente mediante auto del 29 de abril de
2025; el accionante interpuso recurso de reposición y súplica; el magistrado
sustanciador no repuso la decisión y la Sala la confirmó.
Considera el actor que la providencia del 24 de septiembre de 2024, que confirmó
el auto que aprobó la liquidación del crédito y costas, incurrió en una interpretación
irrazonable o desproporcionada; que es una decisión restrictiva y reduce el derecho
reconocido, y que como consecuencia se generó una vulneración a su mínimo vital
y un perjuicio irremediable.
PRETENSIONES
El accionante pide que se amparen los derechos fundamentales invocados, dejando
sin efectos el auto del 24 de septiembre de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander, y que se emita una nueva decisión en la que se
«incluya todos los factores salariales devengados y cotizados, se respete la
integralidad del IBL y se garantice el derecho fundamental a la seguridad social».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue admitida el 23 de febrero de 2026, se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada y se vinculó como tercero interesado a Colpensiones.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Santander dio respuesta a la tutela, manifestando
que los argumentos utilizados por el accionante, tanto en la apelación como en la
nulidad y en la súplica se centraron en discutir sobre los factores que se habían
tomado en cuenta para calcular el IBL pensional, y que fue el mismo argumento con
el que se fundamentó la acción de tutela; lo que considera que no es solo utilizar la
tutela como una tercera instancia procesal, sino que además, es reabrir un debate
jurídico que se dio en el proceso declarativo ordinario y que cerró con sentencia
ejecutoriada, haciendo tránsito a cosa juzgada.
Con base en ello, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia.
El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga,
remitió el enlace del expediente del proceso, narró los hechos acontecidos en el
proceso ejecutivo y solicitó que se declarara improcedente la tutela por no cumplir
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los requisitos generales y específicos para la procedencia.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones adujo que el
accionante busca cambiar el sentido de las decisiones tomadas dentro del proceso
ordinario, y que las peticiones versan sobre la figura jurídica de cosa juzgada,
buscando formar una tercera instancia, además consideró que no se está agotando
el requisito de subsidiariedad. Por último, solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela por la existencia de cosa juzgada.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. [...]..
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
[...].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...].»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...].
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional [...].
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
[...]. “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, [...]... Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el accionante estimó que el Tribunal Administrativo de Santander le
transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, y
al acceso a la administración de justicia, con la providencia proferida el 24 de
septiembre de 2024, que aprobó la liquidación del crédito y costas en el proceso con
radicado 680013333009-2019-00387-00 [02].
Procede la Sala a verificar los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y encuentra que, en este caso no se satisface
el requisito de inmediatez, exigencia que ha sido establecida jurisprudencialmente
por la Corte Constitucional con el objetivo de que no se sacrifiquen los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones de
las autoridades judiciales.
Lo anterior teniendo en cuenta que, primero, una eventual determinación en sede
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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de tutela podría dejar sin efectos una decisión judicial y segundo, está de por medio
la protección de un derecho fundamental; situaciones que exigen una actividad
pronta por parte de quien considera que se le ha transgredido o amenazado un
derecho con ocasión de la emisión de cierta providencia.
En ese orden de ideas, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un
término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado.
Así, esta corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida para controvertir decisiones judiciales, seis meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia7.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada asunto, a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así las
cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante8.
Esclarecidas las generalidades de esta exigencia, la Subsección advierte que la
providencia del 24 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander fue notificada el 25 del mismo mes y año y adquirió ejecutoria el 30
de septiembre de 2024, por lo cual el accionante tenía hasta el 30 de marzo de 2025
para instaurar la acción de tutela; sin embargo, radicó este mecanismo el 19 de
febrero de 2026, esto es, trascurridos más de 6 meses desde que quedo en
ejecutoriada la decisión controvertida en esta sede, lo que evidencia el
incumplimiento del requisito de inmediatez.
El accionante no expuso alguna razón concreta para explicar por qué no acudió
oportunamente ante el juez constitucional, lo que impide un estudio de fondo del
asunto. Con mayor razón si se tiene en cuenta que lo aquí discutido es una
providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada y que la presunta afectación de
derechos fundamentales exige la actuación diligente e inmediata de quien lo
considera vulnerado, lo que no ocurrió en el asunto.
Evidencia esta sala que ante el auto aquí discutido, del 24 de septiembre de 2024,
se solicitó nulidad y luego de ser rechazada por el Tribunal, el accionante interpuso
recurso de súplica, el cual fue resuelto mediante auto del 06 de agosto de 2025
confirmando la decisión.
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01297-00.
Cabe aclarar que el término de inmediatez no puede contabilizarse a partir de las
providencias que resolvieron las actuaciones interpuestas al interior del proceso
contra la decisión que aquí se pretende dejar sin efectos; por dos razones: una,
porque no son esas decisiones las que aquí se cuestionan y dos, porque los
recursos improcedentes no extienden los términos o la oportunidad para atacar la
providencia mediante la acción de tutela.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Hermes Alvarado Castellanos en contra del auto proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
7
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