RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01788-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01788-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01788-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Claudia Cecilia Ballén Benítez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01788-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de mayo de 2024

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00
Demandante: CLAUDIA CECILIA BALLÉN BENÍTEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Claudia Cecilia Ballén Benítez, actuando por intermedio de apoderada y
mediante escrito radicado el 12 de abril de 2024, presentó acción de tutela con el
fin de que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 26 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que confirmó el fallo de 5 de mayo
de 2023, mediante el cual el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá negó las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001-33-42-054-2022-00082-00/01.

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas en primera y en segunda instancia
por el Juzgado Cincuenta Y Cuatro (54) Administrativo Del Circuito Judicial De Bogotá
D.C. el día 5 de mayo de 2023 y el Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección
Segunda Subsección “D” del día 26 de octubre de 2023, mediante las cuales se negó
el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital, al debido proceso, a la dignidad humana y a la igualdad de la
señora CLAUDIA CECILIA BALLEN BENÍTEZ identificada con la C.C. N°52.112.830

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las Resoluciones N°6431 del 27 de
noviembre de 2020 y N°4709 de 2 de junio de 2021, expedidas por el Ministerio De
Defensa Nacional - Secretaría General, mediante las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora CLAUDIA
CECILIA BALLEN BENÍTEZ, con ocasión del deceso de su hijo JUAN SEBASTIÁN
SOLORZANO BALLEN. (Q.E.P.D.), soldado conscripto del Ejercito Nacional.

CUARTO. ORDENAR a la Nación‒Ministerio de Defensa Nacional RECONOCER a
la señora CLAUDIA CECILIA BALLEN BENÍTEZ identificada con la C.C.
N°52.112.830 a la cual tiene derecho por el fallecimiento de su hijo JUAN
SEBASTIÁN SOLORZANO BALLEN. (Q.E.P.D.), soldado conscripto del Ejercito
Nacional.

QUINTO. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Prestaciones
Sociales-, que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
la decisión, expida la resolución con la cual reconozca la pensión de sobrevivientes
en favor de la señora CLAUDIA CECILIA BALLEN BENÍTEZ.

SEXTO. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional -Dirección de Prestaciones
Sociales-, que, en el término de diez (10) días siguientes efectúe el pago
correspondiente, de conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales que
regulan la materia y que fueron reiteradas en la presente tutela […].1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

La señora Claudia Cecilia Ballén Benítez vivió en unión marital de hecho con el
señor Hernando Alberto Solórzano Torres, procreando cinco hijos, siendo el mayor
de ellos Juan Sebastián Solórzano Ballén.

El compañero permanente de la señora Claudia Cecilia, falleció el 22 de diciembre
de 1999, motivo por el cual, su hijo mayor tuvo que ayudar a sostener
económicamente a su familia; sin embargo, el 27 de julio de 2010, fue reclutado por
el Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio.

El 19 de abril de 2011, Juan Sebastián Solórzano Ballén falleció mientras se
encontraba prestando su servicio en las instalaciones del Batallón No. 25 de apoyo
y servicio de aviación de Larandia Caquetá y, en consecuencia, mediante
Resolución 120491 de 28 de julio de 2011, se reconoció el pago de la compensación
por muerte a la tutelante.

Por lo ocurrido la actora solicitó ante el Ejército Nacional el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, lo cual le fue negado a través de la Resolución 6431 de
2020, fundamentada en el artículo 1° de la Ley 447 de 1998, la sentencia SU CE
SUJ SII 009 de 2018 del 1.° de marzo de 2018 y el Decreto 4433 de 2004, así como
en la Ley 100 de 1993. En resumen se negó porque, la pensión de sobreviviente se
reconoce por muerte «en combate», lo cual no ocurrió en el caso analizado.

1
Transcripción de conformidad con el texto original con las mayúsculas, negrillas originales y con
posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

Contra la anterior decisión la accionante interpuso recurso de reposición, pero a
través de la Resolución 4709 del 2 de junio de 2021, se confirmó el acto recurrido.

Posteriormente, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional, con el fin de obtener la nulidad de dichas resoluciones y el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

Del referido proceso conoció en primera instancia el Juzgado 54 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, bajo el radicado 11001-33-42-054-2022-00082-00,
autoridad judicial que, en sentencia del 5 de mayo de 2023, negó las pretensiones
deprecadas.

Indicó la autoridad judicial que, como el deceso del soldado se produjo el 19 de abril
de 2011, en misión del servicio o «simple actividad», la norma que debe regir la
pensión de sobrevivientes que se solicita, por favorabilidad, resulta ser la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Luego tras analizar las cotizaciones
mínimas exigidas, precisó que se requerían 50 semanas dentro de los tres últimos
años anteriores al fallecimiento; sin embargo, como el soldado bachiller prest ó el
servicio militar obligatorio por 8 meses y 22 días 2, que se traducen en 37 semanas,
este requisito no se encontró acreditado.

Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación 3 del
cual conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, que en fallo de 26 de octubre de 2023, confirmó la providencia de
primer grado, bajo la misma argumentación.

La referida Corporación hizo hincapié en que no es procedente reconocer la pensión
de sobrevivientes prevista en la Ley 447 de 1998, comoquiera que la misma est á
contemplada solo para los casos en que la muerte haya tenido lugar «en combate
o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora citó apartes jurisprudenciales sobre la acción de tutela como
mecanismo transitorio4 y afirmó que «durante TRECE (13) AÑOS agotó todas las
vías posibles para que se le reconozcan sus derechos».

De igual manera, refirió sobre la prestación del servicio militar obligatorio y las
obligaciones del Estado en virtud de los principios de solidaridad y reciprocidad
social5, asi como las normas que regulan la seguridad social de aquellos.

2
Del 27 de julio de 2010 al 19 de abril de 2011.
3
Sostuvo que el a-quo erró al aplicar la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento pensional que se
pretende, porque debió estudiar el asunto bajo las leyes especiales de los soldados bachilleres, tal
como se solicitó en la demanda, que no exigen un tiempo mínimo para su otorgamiento ni tampoco
demostrar dependencia económica del occiso.
4
T-468 de 1999 y T-582 de 2010 de la Corte Constitucional.
5
T-250 de 1993 y T-339 de 2021 de la Corte Constitucional.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

En seguida, pese a que no señaló de manera taxativa los defectos en que, a su
juicio, incurrió el tribunal accionado, la Sala en razón a su argumentación los
encuadra en los defectos sustantivo y por desconocimiento de precedente.

Respecto del primero, en síntesis. indicó que se dejó de aplicar la normatividad que
gobernaba la situación, pues se trató de la muerte de un soldado en servicio activo,
evento en el cual no se debe acudir a la Ley 100 de 1993, sino a Ley 447 de 1998
la cual no necesita prueba de la dependencia económica, tampoco la necesidad de
acreditar que tuviera 50 semanas cotizadas.

Frente al segundo yerro, precisó que, en su caso se debió atender la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado el 12 de abril de 2018, dentro del
radicado 81001-23-33-000-2014-00012-016, de la cual destacó que la obligación de
prestar el servicio militar obligatorio debe guardar estricta correspondencia con el
respeto de los derechos fundamentales de las personas, y con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, de modo que los lazos de solidaridad social entre
los ciudadanos que defienden la independencia nacional y el Estado, sean
recíprocos.

Al respecto explicó que, el carácter bidireccional del principio de solidaridad implica
que las personas que prestan el servicio militar ayudan a la consecución de los fines
esenciales del Estado (solidaridad); pero a su turno, también implica que el Estado
debe reconocer su deber de ayudar a las personas que prestan dicho servicio en la
satisfacción de sus necesidades esenciales de vida y en el desarrollo de otros
aspectos, como en este caso, los familiares.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 17 de abril de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, así como al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado 54
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en calidad de accionados, y les otorgó
el término de dos días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente
acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.

6
Transcribió varios apartes y resaltó que en ese caso se analizó que la progenitora se encontraba
en extrema pobreza y era analfabeta.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El mentado despacho judicial, en mensaje de datos de 22 de abril de 2024, remitió
informe en el cual adujo que la acción de tutela se torna improcedente en la medida
que «la parte actora pretende promover, materialmente, una tercera instancia del
proceso ordinario, para que se efectúe un análisis de los cargos que formuló con la
demanda».

En todo caso manifestó que la decisión acusada tuvo como sustento lo señalado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018 y
que el fallecimiento del causante ocurrió en actividad, pero no en combate y no
cumplió con los requisitos para adquirir la pensón de sobreviviente. Además, indicó
que no se vulneró el derecho a la igualdad, dado que no está demostrado que en el
presente asunto se haya dado un trato diferente a casos similares que ameriten un
amparo en ese sentido.

Finalmente, afirmó que tampoco está demostrado que se haya desconocido el
derecho fundamental al debido proceso, pues dentro del mismo se cumplió con las
garantías del ordenamiento jurídico.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional

Con escrito remitido por correo de 23 de abril de 2024, la referida cartera solicitó se
declare improcedente la acción de tutela en la medida que «se torna evidente que
la señora CLAUDIA CECILIA BALLEN BENITEZ pretende, en esta sede constitucional,
editar el debate zanjado en el proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO con el fin de que se analice nuevamente, desde un escenario meramente
legal, la posibilidad de que se le reconozca una pensión de sobrevivientes, para lo
cual se limitó a manifestar su desacuerdo con las conclusiones vertidas en la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como si este escenario
constitucional se tratara de una instancia adicional al trámite ordinario».

Sobre el punto reflexionó que la procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconoc er la
vigencia de la autonomía e independencia judicial, ni los principios de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un «juicio de
validez» y no como un «juicio de corrección» de la decisión cuestionada 7, lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que dieron origen
a la controversia 8, como ocurre en el presente caso.

1.6.3. Los demás sujetos procesales pese haber sido notificados guardaron silencio.

7
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
8
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Claudia Cecilia Ballén Benítez, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia de 26 de octubre de 2023, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó la
providencia del Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

9
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

2.4.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
202213 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para

12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 14.

2.4.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
la parte tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del
porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede.

En efecto, si bien se planteó la configuración de los defectos sustantivo y por
desconocimiento de precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la
perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues, el debate planteado
en esta instancia tiene como objetivo refutar la conclusión de la autoridad judicial
accionada, más allá de exponer como se materializó la presunta vulneración de su
derecho fundamental.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneró su prerrogativa superior
al debido proceso, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

La carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte
el reparo a la decisión de segunda instancia a partir de la configuración de los

14
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

defectos sustantivo y por desconocimiento de precedente, pero huérfano de una
línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar
la carta política respecto al caso concreto.

Sobre el particular, se tiene que, verificados los argumentos de la demanda,
corresponden a las mismas manifestaciones que se realizaron en el recurso
presentado contra la sentencia proferida por el Juzgado 54 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, en resumen, referidos a que erró al aplicar la Ley 100
de 1993 para el reconocimiento pensional que se pretende, porque debió estudiar
el asunto bajo las leyes especiales de los soldados bachilleres, tal como se solicit ó
en la demanda, que no exigen un tiempo mínimo para su otorgamiento ni tampoco
demostrar dependencia económica del occiso.
La parte accionante busca en esta instancia judicial que el juez constitucional
desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y valoración de
las disposiciones legales, así como de las pruebas arrimadas al proceso, en la forma
que a ella le parece más «correcta». Es decir, en otros términos, pretende a través
del mecanismo constitucional obtener una decisión favorable.

Así las cosas es evidente que el asunto gira en torno a un asunto meramente legal
o de interpretación respecto del régimen aplicable para el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes de un soldado muerto en «simple actividad» [Ley 100 de
1993], que difiere de aquel que falleció «en combate» [Ley 447 de 1998].

Al respecto, es necesario poner de presente que no es evidente, a primera vista,
que la autoridad judicial accionada haya incurrido en arbitrariedad alguna al proferir
el fallo cuestionado. Esto, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, expuso de manera detallada los motivos por los
que no era dable acceder al beneficio pensional solicitado porque el señor Juan
Sebastián Solórzano Ballén, era un afiliado no cotizante del sistema de seguridad
social de las fuerzas militares y beneficiario por favorabilidad de la Ley 100 de 1993,
con relación a la pensión de sobrevivientes; sin embargo, al haber computado 37,4
semanas de cotización, no alcanzó a satisfacer el tiempo mínimo exigido por el
artículo 46 de la norma en comento, que exige 50 semanas dentro de los últimos
tres años anteriores al fallecimiento.

Esta inconformidad con el fallo que expone en el escrito de tutela se hace evidente
en el desarrollo del cargo por desconocimiento del precedente, pues tales
argumentos están dirigidos simplemente a controvertir el proceder hermenéutico de
la demandada que aplicó las normas del régimen que lo cobija a la luz de la
sentencia de unificación del 1.° de marzo de 2018.

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho
extremo procesal frente a la interpretación o aplicación de las normas o a la
apreciación de las pruebas del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e irracional estudio por parte de

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

la autoridad judicial; atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.5. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional, pues, no se cumplió con la carga ius fundamental
requerida en los casos de tutela contra providencia judicial conforme lo estableció
la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-215 de 2022.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Claudia Cecilia Ballén Benítez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Claudia Cecilia Ballén Benítez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01788-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.