Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01847-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01847-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01847-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de mayo de 2024
Demandante: Michel Fabián Rodríguez Caro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01847-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Ricaurte (Cundinamarca), dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01847-00
Demandante: MICHEL FABIÁN RODRÍGUEZ CARO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional. Derecho a la igualdad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Michel Fabián Rodríguez Caro, a través de apoderado judicial, el 16 de abril de
2024, presentó acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
sentencias de 18 de mayo de 2023, del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá, que negó las pretensiones de la demanda, y de 24 de noviembre
de 2023, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que confirmó la decisión de primer grado, dictadas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra el municipio de Chía (Cundinamarca),
el cual se identificó con el radicado 25899-33-33-002-2022-00039-00/01.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
Con fundamento en los hechos y soportes jurisprudenciales atrás referidos, de manera
respetuosa solicito al Señor Juez, amparar los derechos fundamentales del debido proceso,
derecho de igualdad de las partes, y demás que se establezcan, de mi representado,
MICHEL FABIAN RODRIGUEZ CARO, por haber incurrido los funcionarios Accionados en
VIAS DE HECHO en las decisiones judiciales atrás mencionadas.
1
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Demandante: Michel Fabián Rodríguez Caro
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01847-00
Como consecuencia de lo anterior, solicito dejar sin efecto alguno las decisiones de fecha
Mayo 18 de 2023 y noviembre 24 hogaño, proferidos por el Juzgado segundo Administrativo
de Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respectivamente, por cuanto
estas decisiones son el resultado de una interpretación caprichosa, que lesionan los
intereses de mi representado, por ser constitutivas de vías de hecho.
Ordenar en consecuencia, a los funcionarios accionados que, dentro de un término
perentorio, adopten las decisiones que en derecho correspondan1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes
supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta providencia:
1.3.1. El señor Michel Fabián Rodríguez Caro laboró como docente adscrito al municipio
de Chía desde el 1 de septiembre de 2014.
1.3.2. Mediante la Resolución No. 1858 de 4 de julio de 2021, se declaró insubsistente
el nombramiento del señor Rodríguez Caro, al tener una calificación de servicios inferior
al 60% durante dos años consecutivos, tal como lo disponía el artículo 36 del Decreto
1278 de 2002.
1.3.3. Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de reposición el cual fue
resuelto con la Resolución No. 2666 de 5 de agosto de 2021, en el sentido de confirmar
en todas sus partes el acto administrativo recurrido.
1.3.4. Ante el anterior panorama, el tutelante presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la cual conoció el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, autoridad que, en sentencia de
18 de mayo de 2023, negó las pretensiones deprecadas2.
1.3.5. La Subsección B, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en fallo de 24 de noviembre de 2023, al desatar el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, confirmó la providencia de primer grado, para lo
cual señaló que esta no estructuró de manera adecuada los cargos de violación ni su
concepto, así como tampoco cumplió con el deber de aportar o solicitar el decreto de las
pruebas que fueran conducentes para demostrar la presunta ilegalidad de los actos
acusados.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que en las providencias censuradas se incurrió en el defecto fáctico
en atención a que no se realizó un examen exhaustivo y detallado de los documentos
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con mayúsculas sostenidas, negrillas y posibles
errores.
2 Tendientes a la nulidad de los actos administrativo mediante los cuales se declaró insubsistente y se le
retiró del servicio docente y, al pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el reintegro efectivo.
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aportados al proceso, tal como fue solicitado para efectos de establecer su legalidad y,
por el contrario, se les dio pleno valor para tomar la decisión definitiva.
Indicó que tampoco se analizó de manera individual cada una de las pruebas
documentales, pues las autoridades demandadas solo se limitaron a enunciarlas sin
advertir su ilegalidad y que por lo tanto debían ser descartadas de la actuación procesal.
De otra parte, después de referirse a la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y de transcribir apartes de fallos de tutela de la Corte Constitucional3,
sobre dicho tema, señaló que:
Confrontada la actuación antes mencionada, en torno con el procedimiento a seguir, no
queda duda alguna que en el presente asunto se ha incurrido en vías de hecho, dota vez
que los Accionados, vulneraron el debido proceso al dictarse una decisión contraria a
derecho, siendo por ende amparado por vía de tutela, tal como lo ha venido reiterando la
jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.
En las decisiones cuestionadas, no se encuentra fundamento legal alguno por parte de los
Accionados, de tal forma que las respalde, pues su actuar se ha venido cumpliendo con
total desconocimiento de las normas aplicables, siendo evidente el defecto procedimental,
que se configura, cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley
para dar trámite a determinadas cuestiones, es decir, se produce cuando el juzgador, en
forma arbitraria y con fundamento en una sola voluntad, actúa en franca y absoluta
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico, que es la situación que aquí se ha
configurado.
Para el caso que nos ocupa, se configura a cabalidad cada uno de estos presupuestos
consagrados en la jurisprudencia, y se requiere de la adopción de una medida urgente del
Juez de Tutela a fin de evitar que a mi representado se le siga causando un perjuicio
irremediable, con la actitud arbitraria de los Accionados, pues, de permitirse ese actuar
irregular se correría con el riesgo de la afectación del patrimonio de mi mandante, por lo
que se reitera, es la tutela el medio idóneo y eficaz para contrarrestar la inminencia del
perjuicio.
Colígese de lo anterior, que el Juzgado y el tribunal Accionado le dieron un trámite
inadecuado al proceso que nos ocupa, dando absoluta credibilidad a unos documentos
ilegales aportados por el Rector del Instituto Educativo por lo que en ese orden de ideas,
solicito a los Honorables Magistrados, proteger los derechos fundamentales de mi
poderdante, y dejar sin efecto los autos atrás mencionados.4
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 18 de abril de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora, a los magistrados de la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al titular del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, en calidad de
accionados, y les otorgó el término de dos días para que rindieran el informe de que trata
el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
3 T-242 de 1999, T-55 de 1999 y T-786 de 2011.
4 Transcripción de conformidad con el texto original, con mayúsculas sostenidas, negrillas y posibles
errores.
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Como tercero con interé, vinculó al municipio de Chía [parte demandada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho], para que, si lo consideraba del caso,
interviniera en la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte
demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con el fin
de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. Finalmente, reconoció
personería al abogado Luis Orlando Vega Hernández, como apoderado del tutelante.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, tal como se verifica en el expediente
electrónico cargado en el aplicativo Samai del Consejo de Estado, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
El magistrado ponente de la decisión censurada de segunda instancia solicitó que se
deniegue la tutela, comoquiera que no se presentó ningún error, pues, contrario a lo
alegado por el tutelante, en esta se valoraron y verificaron las pruebas documentales
aportadas al proceso.
Asimismo, advirtió que el actor estaba trayendo a esta instancia constitucional los
argumentos nuevos que esgrimió en el recurso de apelación, con lo cual pretendía, entre
otras cosas, corregir las falencias procesales que le fueron advertidas en el auto
inadmisorio de la demanda, esto es, la presentación en debida forma de su tesis de
defensa.
De otra parte, señaló que sí el demandante consideró que la certificación del año 2019
era falsa, debió haber adelantado el incidente de tacha de falsedad en el curso del
proceso ordinario, lo cual no ocurrió, luego, lo pretendido era crear una instancia adicional
en la que el juez constitucional avale su criterio.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
La titular del mencionado juzgado, después de hacer un recuento de las actuaciones
adelantadas al interior del proceso ordinario donde se dictaron las providencias
cuestionadas, señaló que la solicitud de amparo era improcedente, toda vez que lo
pretendido por el actor era reabrir el caso para que el juez constitucional realizara un
nuevo estudio de fondo sobre el asunto.
1.6.3. Municipio de Chía – Secretaría de Educación
El referido ente territorial y la mentada dependencia, manifestaron que la tutela era
improcedente ante la falta de demostración por parte del accionante de la evidente
vulneración de algún derecho fundamental y solicitaron su desvinculación del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Michel Fabián Rodríguez Caro, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
En su intervención el municipio de Chía – Secretaría de Educación solicitó su
desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, lo
cual será negado, comoquiera que la presencia de la mentada entidad en este proceso
es en calidad de tercero y, no como accionada, en atención al interés que le asiste en las
resultas del presente trámite, dado que hizo parte del proceso ordinario que se discute
en esta oportunidad.
De otra parte, si bien el actor cuestiona las sentencias de primera y segunda instancia
que decidieron su proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio recaerá
sobre la última providencia por ser la que puso fin al asunto.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
de la parte demandante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de
24 de noviembre de 2023, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que confirmó la decisión de primer grado que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó
contra el municipio de Chía (Cundinamarca).
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, de
encontrase superado, junto con los demás; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125, unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma
instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA -
Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado
por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como
del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta sección en sentencia del 29 de septiembre de 20229
modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de
una garantía constitucional.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta
corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el
actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión
entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho
fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por
ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre10.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
parte tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que las inconformidades planteadas no contienen la carga
argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la
intervención del fallador de esta sede.
En efecto, si bien se planteó la configuración del defecto fáctico y, según se interpreta,
de un yerro procedimental, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva
constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte
Constitucional SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como
objeto refutar la conclusión de las autoridades judiciales accionadas, más allá de exponer
como se materializó la presunta vulneración de sus garantías fundamentales.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas prerrogativas
superiores, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito
inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto,
ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de
las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir
el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a las
decisiones de ambas instancias a partir de la configuración de determinados defectos,
pero huérfano de una línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar,
interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto.
La parte accionante busca en esta instancia judicial que el juez constitucional desplace
al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y valoración de las pruebas
arrimadas al proceso, en la forma que a él le parece «correcta». Es decir, en otros
términos, pretende a través del mecanismo constitucional obtener una decisión favorable.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le esta vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de
la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de
raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, toda
vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo procesal frente a la
interpretación o aplicación de las normas o a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el principio
de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una
tercera instancia.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y
del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de procedibilidad.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el municipio de Chía –
Secretaría de Educación.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Michel Fabián Rodríguez Caro contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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