Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01854-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01854-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01854-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01854-00
Accionante: César Augusto Moya Colmenares
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01854-00
Accionante: César Augusto Moya Colmenares
Accionado: Sección Tercera - Consejo de Estado
Tesis: Es improcedente la acción de tutela por falta de legitimidad por
activa, cuando no existe identidad entre el titular del derecho
fundamental vulnerado o amenazado y quien interpone la acción
de tutela.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor César Augusto
Moya Colmenares en contra de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
César Augusto Moya Colmenares, en nombre propio1, presentó acción de
tutela contra la Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar
vulnerado su derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia por la presunta mora judicial presentada en la acción popular
promovida por la Universidad de Cundinamarca en contra del
Departamento de Cundinamarca, tramitada bajo radicado núm.
110013331029-2005-01521-01, y en la que él actúa como apoderado
judicial de la Universidad de Cundinamarca.
Como pretensiones, solicitó:
“PRIMERA: Se sirvan tutelar a CÉSAR AUGUSTO MOYA
COLMENARES el derecho constitucional fundamental de acceso a la
administración de justicia, para que su prestación sea eficiente y
oportuna, conculcado por la mora judicial que registra la ACCIÓN
POPULAR promovida por el suscrito abogado, en representación de
la Universidad de Cundinamarca y en contra del Departamento
de Cundinamarca, trámite que lleva diecinueve (19) años en primera
y segunda instancia, tiempo dentro del cual, se surte desde hace 12
1
Inicio el escrito de tutela señalando: “actuando en causa propia como abogado litigante y, al mismo tiempo
como apoderado de la Universidad de Cundinamarca, según las facultades que me otorga Art. 77 del Código
General del Proceso, sin necesidad de poder del Claustro Universitario, por ser una actuación que se sigue en
el expediente de Acción Popular RADICADO NO.110013331029200501521- 01 dentro del cual figuro como su
apoderado, pero en todo caso para efecto de la admisión de la presente acción constitucional, actúo en causa
propia como abogado litigante perjudicado directamente por la mora judicial. (…)”
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Accionante: César Augusto Moya Colmenares
años ante esta Alta Corporación Judicial de cierre en lo Contencioso
Administrativo, la solicitud de Revisión Eventual, despacho del HH.
Consejero de Estado tutelado, pendiente de resolver desde hace casi
2 años, la que considero irregular solicitud de insistencia,
presentada por el Departamento de Cundinamarca, y con todo respeto
lo digo, resultando total y absolutamente incomprensible, la
mencionada mora judicial en resolverse esta solicitud de insistencia.
SEGUNDA: Consecuencialmente, se sirvan ordenar que se ejerza una
pronta y recta administración de justicia, para que se dicte de manera
urgente la providencia que resuelva la solicitud de insistencia, para
que se revise la sentencia del 26 de mayo de 2011, en un término no
mayor a 72 horas, fundamentado, inclusive, en la disposición del
artículo 229 de la Constitución Política.”
II. SITUACIÓN FÁCTICA
Menciona que la Universidad de Cundinamarca contrató sus servicios
profesionales para promover acción popular contra el Departamento de
Cundinamarca, la cual fue presentada en el año 2005, radicada bajo el
núm. 110013331029-2005-01521-01, la cual lleva más de 19 años en
el trámite judicial.
Aclara que, si bien dentro del proceso de la acción popular actúa como
apoderado de la Universidad de Cundinamarca, la presente solicitud de
amparo la presenta en nombre propio al considerar que la moral judicial
configurada en la acción popular afecta directamente sus intereses, como
lo es, que la universidad termine de cancelarle los honorarios pactados
por sus servicios profesionales.
Relata que el 26 de noviembre de 2008 el Juzgado 29 Administrativo de
Bogotá negó las pretensiones de la acción popular, decisión que fue
recurrida por el accionante en calidad de apoderado del actor popular.
Indica que el 26 de mayo de 2011 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, modificó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, amparó el derecho colectivo al acceso a
los servicios públicos de educación y a que su prestación sea eficiente y
oportuna e impartió unas órdenes al Departamento de Cundinamarca.
Señala que el 15 de julio de 2012 el apoderado judicial del Departamento
de Cundinamarca solicitó ante el Consejo de Estado la revisión eventual
del fallo proferido por el Tribunal.
Manifiesta que el 23 de junio de 2022 la Sección Tercera del Consejo de
Estado decidió no seleccionar para revisión la sentencia proferida el 26 de
mayo de 2011 por la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Afirma que, en la misma fecha el apoderado judicial del Departamento de
Cundinamarca presentó solicitud de insistencia, la cual a la fecha no ha
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Accionante: César Augusto Moya Colmenares
sido resuelta, configurándose una mora judicial, que no ha permitido que
la acción popular termine definitivamente.
III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. El 19 de abril de 2024 se admitió la acción de tutela, se vinculó a
la Universidad de Cundinamarca y al Departamento de Cundinamarca, y
se ordenó la notificación a la autoridad accionada, así como a las
entidades vinculadas.
3.2. La Sección Tercera, subsección “C” del Consejo de Estado, a
través del consejero ponente que tiene a cargo la acción popular que dio
origen a la presente acción de tutela, solicitó se declare improcedente la
acción de tutela, al estimar que el accionante carece de legitimación por
activa, pues al revisar el poder obrante dentro de la acción popular, es
claro que sólo se confirió para actuar dentro de dicho proceso, razón por
la cual resulta insuficiente para promover la presente acción constitucional
en representación de la Universidad de Cundinamarca, de donde se
desprende, que no le asiste legitimación en la causa para controvertir la
supuesta mora judicial endilgada en representación del ente universitario,
de lo que deviene la improcedencia del amparo constitucional respecto de
este.
Señaló que tampoco es procedente el amparo solicitado, por no ser el
asunto relevante constitucionalmente, en razón a que lo que se pretende
por parte del actor es resolver una cuestión de naturaleza privada entre
el accionante y la Universidad de Cundinamarca -suscitada en el marco
de un contrato de mandato-, que se relaciona con el pago de unos
honorarios, asunto que tiene una connotación de índole económico y
particular.
Manifestó que no se ha vulnerado el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia reclamado por el accionante, toda vez que las
partes procesales de la acción popular ya cuentan con una decisión
proferida en segunda instancia que resolvió sobre los derechos colectivos
que se encontraban en pugna y con ello se garantizó el acceso a la
administración de justicia. Señala que el mecanismo de revisión eventual
no constituye una tercera instancia y su única finalidad es unificar
jurisprudencia.
Resaltó que tampoco se incurre en mora judicial, dado que el término
transcurrido para resolver la solicitud de insistencia formulada dentro del
trámite de revisión eventual de la sentencia proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no obedece a
una actuación caprichosa del fallador, ni mucho menos a una omisión
sistemática en la que se estuviere incurriendo, puesto que el Despacho
tiene un gran número de asuntos que deben ser atendidos con apego
estricto al turno de ingreso para fallo. Precisó que a la fecha de
presentación del amparo, de conformidad con la información reportada a
través de la plataforma tecnológica SAMAI, el Despacho del suscrito
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Accionante: César Augusto Moya Colmenares
Consejero de Estado tiene a su cargo un total de 773 procesos judiciales 2,
los cuales deben ser atendidos de manera simultánea.
Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas con posterioridad a la
notificación de la providencia proferida el 23 de junio de 2022 por la
Sección Tercera de esta Corporación, mediante la cual se decidió no
seleccionar para revisión la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 26 de mayo de 2011, para indicar que
se han allegado al expediente diferentes memoriales que han sido
gestionados de forma oportuna, de tal manera que, por ello, tampoco
existe mora judicial en el presente asunto.
Por último, indica que en todo caso la presente acción de tutela carece de
objeto, habida cuenta que, el proyecto de auto que decide sobre la
solicitud de insistencia en la selección eventual de la acción popular fue
remitido a la Sala Plena de la Sección Tercera para ser discutido en la
próxima Sala de la Sección.
3.3. La Universidad de Cundinamarca, a través de apoderado judicial,
solicitó se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que:
“Basta con leer el sustento fáctico de la acción de tutela para entender
que el autor del escrito no pretende, realmente, obtener un amparo
constitucional, pues no existen un derecho fundamental que le haya
sido violado, o que se encuentre amenazado. La presente acción tan
solo busca presionar una decisión que favorezca sus intereses
económicos, tratando de pasar por encima de las graves
irregularidades que han sido detectadas por la Fiscalía General de la
Nación y la Contraloría Departamental de Cundinamarca dentro del
proceso penal que cursa en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Fusagasugá, con radicado 110016000101201600033.
Sobre los hechos debo resaltar, de manera categórica, que falta a la
verdad el tutelante al tomarse la vocería de la Universidad de
Cundinamarca, y afirmar que “… la mora judicial de 12 años por parte
del H. Consejo de Estado, y su Magistrado Ponente, en resolver de
fondo una simple solicitud de Revisión Eventual, viene causando
graves traumatismos al claustro universitario, con el no pago de mis
cuantiosos honorarios retenidos y pendientes de pago desde el año
2015”. Esta es una posición que no representa los intereses de la
Universidad, y que responde al ánimo del abogado César Moya
Colmenares de presionar el pago de sus honorarios, situación que,
contrario a lo afirmado por este, afectaría los intereses de la
institución educativa y afectaría su condición de víctima, reconocida
como tal, dentro del proceso penal antes citado”.
Adicionalmente, señaló que el accionante carece de falta de legitimación
por activa para promover la presente acción de tutela como representante
judicial de la Universidad de Cundinamarca, toda vez que, ese no es el
sentir del ente educativo, ya que entiende que el trámite adelantado en
cada proceso judicial tiene unos términos judiciales.
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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/estadisticas/WMonitor.aspx
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Accionante: César Augusto Moya Colmenares
3.4. El Departamento de Cundinamarca, guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, numeral 7, así como
con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
4.2. Análisis de la Sala
4.2.1. De la legitimación por activa para ejercer la acción de tutela
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela
puede ser promovida por cualquier persona cuando sus derechos
constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya
sea por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre.
Ello es así, porque en la acción de tutela la legitimidad para actuar, según
lo establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, está radicada en la
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien ejercerá la acción directamente o a través de
apoderado.
En otras palabras, únicamente se entiende legitimado para actuar en la
acción de tutela, la persona titular del derecho fundamental que se reputa
como vulnerado o amenazado, que para demandar, podrá hacerlo por sí
misma o a través de apoderado, el cual deberá estar debidamente
acreditado.
De la misma manera, el artículo 10 ibidem, previendo que existen casos
en los cuales quien ostenta el derecho no se puede hacer presente para
adelantar la acción ni otorgar poder, permite la figura de la agencia
oficiosa, para lo cual establece como requisitos, el deber de manifestar
que se actúa en tal condición y demostrar con suficiencia los motivos que
le impiden presentarse al titular del derecho.
Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia3 ha establecido
que:
“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la
oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
3
Corte Constitucional. T-416 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell
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Accionante: César Augusto Moya Colmenares
desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando
una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede
el juez adoptar una decisión de mérito (…).” (subraya y negrilla
fuera de texto original)
Específicamente respecto de la legitimación en la causa por activa 4 en las
acciones de tutela, expresó:
“Esta Corporación ha señalado que no obstante la informalidad que se
predica de la acción de tutela, la misma debe cumplir con unos
requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de ellos se encuentra el
de legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como
regla general, solamente el titular de un derecho fundamental se
encuentra habilitado para solicitar el amparo constitucional del mismo,
bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio de su
representante o apoderado.
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela puede ser promovida por cualquiera persona cuando sus
derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o
amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre.
En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del
decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen
sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí
misma o por medio de representante.
En esta disposición también se contempló la posibilidad de la agencia
de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa, podrá un tercero presentar acción de tutela en su nombre.
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que
la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se
predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la
Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico
colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la
acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los
elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades,
permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa,
en los procesos de tutela.
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio
de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por
medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe
ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe
4
Corte Constitucional. T-552 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: César Augusto Moya Colmenares
anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo. Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso.”
(Subraya fuera de texto original).
También explicó5 que la razón de ser de estas exigencias se basa en que:
“Al interpretar los artículos 86 Superior y 10º del Decreto 2591 de
1991, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla
general, solamente el titular de un derecho se encuentra
habilitado para solicitar el amparo constitucional del mismo,
bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio de su
representante o apoderado. Como excepción a esta regla general, el
mismo artículo 10º del citado decreto permite que un agente oficioso
solicite el amparo de los derechos fundamentales de un tercero, en el
evento en que su titular no pueda promover su propia defensa.
La existencia de este requisito ha sido resaltada por esta Corporación,
señalando que:
“(…) La exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela,
no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que
obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991
le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el
sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para
la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz
para hacerlo. ( )6 ”
4.2.2. Caso concreto
En el asunto bajo examen, el señor César Augusto Moya Colmenares
interpuso acción de tutela con el fin de que se ampare su “[…] derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, para que su
prestación sea eficiente y oportuna, conculcado por la mora judicial que
la registra la acción popular promovida por el suscrito abogado en
representación de la Universidad de Cundinamarca y en contra del
Departamento de Cundinamarca […]”.
A su turno, la autoridad accionada señala que el accionante carece de
legitimación por activa al no contar con el correspondiente poder para
interponer esta acción constitucional, pues considera que no es suficiente
el mandato conferido por el claustro académico en la acción popular.
De otro lado, el apoderado del ente educativo afirma que lo pretendido
por el accionante en esta acción constitucional, no representa el sentir de
la universidad, dado que con la presentación de la acción de tutela lo que
se busca es presionar el pago de sus honorarios. En ese sentido, alega
que el accionante carece de falta de legitimación por activa para promover
la presente acción de tutela.
5
Corte Constitucional. T-659 de 2004. M.P.: Roberto Escobar Gil.
6
T-899 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01854-00
Accionante: César Augusto Moya Colmenares
Para decidir lo pertinente, cabe señalar que, en un principio, en el escrito
de tutela el señor Moya Colmenares mencionó que “[…] actuaba en causa
propia como abogado litigante y, al mismo tiempo como apoderado de la
Universidad de Cundinamarca, según las facultades que me otorga Art.
77 del Código General del Proceso, sin necesidad de poder del Claustro
Universitario, por ser una actuación que se sigue en el expediente de
Acción Popular RADICADO NO.110013331029200501521- 01 dentro del
cual figuro como su apoderado […]”; sin embargo, acto seguido indicó
que “[…] en todo caso para efecto de la admisión de la presente acción
constitucional, actúo en causa propia como abogado litigante perjudicado
directamente por la mora judicial […]”.
Teniendo en cuenta lo mencionado, esto es, que el accionante indicó
expresamente que actuaba en nombre propio y que la pretensión estaba
dirigida a la protección de su derecho fundamental, la presente acción se
admitió únicamente en nombre del señor César Augusto Moya
Colmenares.
Aclarado lo anterior, se advierte que el señor César Augusto Moya
Colmenares carece de legitimación en la causa por activa para instaurar
la acción de tutela de la referencia, toda vez que no es el titular del
derecho fundamental amenazado o vulnerado, esto es, del derecho al
acceso a la administración de justicia, por cuanto, él como persona natural
no fue parte en la acción popular, pues dentro de dicho trámite sólo actúo
como apoderado judicial de la parte actora, circunstancia que impide
reclamar la protección de la garantía invocada.
Sobre este asunto, se debe señalar que para iniciar una acción de tutela
debe existir una relación inescindible entre quien reclama un derecho y la
titularidad de este, pues la naturaleza dispositiva del mecanismo de
amparo impone que sea la persona sobre la que recae la vulneración la
llamada a solicitar su protección.
Así las cosas, no se observa que la titularidad del derecho que se pretende
proteger sea de accionante, sino que, por el contrario, corresponde a
quien es parte dentro de la acción popular, esto es, a la Universidad de
Cundinamarca, entidad que precisamente se opone a las pretensiones de
la tutela.
En ese sentido, es claro que el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia que se pretende proteger con la presunta mora
judicial en la que incurrió la Subsección “C”, de la Sección Tercera del
Consejo de Estado al decidir la solicitud de insistencia presentada por el
Departamento de Cundinamarca, para que se acceda a la revisión
eventual de la acción popular, no corresponde a un derecho del que sea
titular el accionante.
Finalmente, en cuanto al interés que alega el actor le asiste por un
supuesto detrimento económico, debido a que, en su criterio, la
Universidad de Cundinamarca le tiene retenido el pago del 50% de sus
honorarios por causa de la mora judicial injustificada, es preciso señalar
que dicho argumento no es de recibo, pues se recuerda que la acción de
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Accionante: César Augusto Moya Colmenares
tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar el pago de acreencias,
para lo cual el legislador ha definido mecanismos de defensa propios para
reclamar el pago de los honorarios, además de que no se alega ni se
acredita que dicha circunstancia le afecte un derecho fundamental del cual
sea titular.
En consecuencia, la Sala declarara improcedente la solicitud de amparo
por estar probada la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Cesar Augusto Moya Colmenares, al no ser el titular del derecho
fundamental presuntamente vulnerado o amenazado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de la referencia, por las
razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia
en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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