Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05631-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05631-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05631-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de diciembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05631-00
Accionante: Asesorías Jurídicas ASPRE S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05631-00
Accionante: Asesorías Jurídicas ASPRE S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Tesis: Es improcedente la acción de tutela por falta de legitimación por
activa, cuando no existe identidad entre el titular del derecho
fundamental vulnerado o amenazado y quien interpone la acción
de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Asesorías
Jurídicas ASPRE S.A.S. en contra del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander (en adelante el Tribunal).
I. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Asesorías Jurídicas ASPRE S.A.S., actuando por medio de su
representante legal, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso, los cuales estima vulnerados por el Tribunal,
por la falta de respuesta a la petición presentada el día 20 de febrero de
2024, reiterada los días 5 de abril y 10 de julio de 2024, dentro del
expediente 54001-23-31-000-2008-00368-01. Específicamente, formuló
las siguientes pretensiones:
“[…] Que se tutele el derecho fundamental al DERECHO DE PETICIÓN
y DEBIDO PROCESO al suscrito.
Que se ordene al Tutelado a dar respuesta expresa, clara y de fondo
a la petición de fecha 3 de julio de 2024 con radicado 2024-08400-
019593-2, y entregue certificación del trámite realizado a la remisión
de fecha 10 de abril de 2024, con las especificaciones requeridas en
la petición. […]”1
Como fundamento del escrito de tutela señaló que el 20 de febrero de
2024, vía correo electrónico, solicitó al Tribunal lo siguiente:
1. Desarchivar el expediente con radicado núm. 54001-23-31-000-
1 El texto se transcribe fielmente a lo expuesto en el escrito de la acción de tutela.
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2008-00368-01.
2. Primera copia de la sentencia del 29 de agosto de 2014.
3. Primera copia de la sentencia del 9 de agosto de 2023, proferida
por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado.
4. Certificación de vigencia del poder.
5. Constancia de Ejecutoria.
Indicó que con la anterior solicitud adjuntó el comprobante de pago por
valor de $8.250 pesos por concepto de desarchivo.
Afirmó que la petición fue reiterada mediante escritos presentados los
días 5 de abril y 10 de julio de 2024 y que con la última solicitud
aportó el comprobante de pago por un valor de $34.000 pesos para la
expedición de las copias requeridas.
Aseguró que a la fecha de la presentación de la acción de tutela no había
recibido respuesta alguna por parte del Tribunal accionado.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto de 23 de octubre de 2024, el Despacho sustanciador
admitió la tutela y ordenó notificar al Tribunal.
2.2. El 1 de noviembre de 2024, el Tribunal rindió informe en el que indica
que el 16 de febrero de 2024, el Despacho 02 de esa autoridad judicial,
remitió la petición elevada por la accionante al área de archivo con el fin
de dar trámite de desarchivo del proceso con número único de radicación
54001-23-31-00-2008-00368-00.
Manifestó que, el día 19 de febrero de 2024, el Tribunal dio respuesta a la
accionante informándole que el proceso se encontraba archivado desde el
18 de diciembre de 2023 y, que, de conformidad con el Acuerdo PCSJA23-
12106 del 31 de octubre de 2023, debía cancelar el respectivo arancel
judicial de desarchivo para continuar con el trámite correspondiente.
Resaltó que ha realizado reiteradas solicitudes a la oficina de archivo
insistiendo en el desarchivo del expediente, teniendo en cuenta las
peticiones de la accionante.
Destacó que el 19 de febrero de 2024, así como en varias ocasiones el
personal de ese Despacho se dirigió a la oficina de archivo para proceder
con la respectiva búsqueda del expediente cuyo resultado fue negativo.
De otro lado, afirmó que la acción de tutela es improcedente al estimar que
no se trata de un derecho fundamental de petición sino de un trámite
judicial sometido a turnos de espera para expedición de copias o
constancias, según el orden de entrada de las respectivas solicitudes.
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2.3. Mediante providencia del 12 de noviembre de 2024, el Despacho
sustanciador ordenó vincular al presente proceso a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta - Norte de Santander, para que
rindiera informe de los hechos y pretensiones respecto de la presente
solicitud de amparo.
2.4. El día 22 de noviembre de 2024, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, a través de apoderado judicial, indicó
que al revisar las solicitudes realizadas por la accionante se observa que
el desarchivo del expediente y la expedición de copias de las sentencias
de primera y segunda instancia le corresponde únicamente al Tribunal,
por lo cual, la Oficina Judicial de Archivo de la Dirección Seccional no
puede certificar y expedir copia auténtica de una sentencia.
Señaló que requirió información del trámite surtido dentro de la solicitud
de desarchivo del expediente que menciona la accionante, donde se
percata que no se recibió solicitud alguna de desarchivo, pues dicho
expediente no se encuentra en su custodia.
Reiteró que, en el presente asunto no se evidencia la existencia de
vulneración de derechos fundamentales y que, por tanto, solicita la
desvinculación del presente trámite.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991 en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución
de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.
3.2. Cuestión previa
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
solicitó su desvinculación del presente trámite, solicitud que no procede
comoquiera que a dicha entidad le asiste interés en la decisión de la
acción constitucional de la referencia, en razón a que el Tribunal afirma
que remitió al archivo el proceso bajo radicado número 54001-23-31-
000-2008-00368-00 y según el Acuerdo PCSJA17-10784 de 2017, es la
Dirección Seccional la encargada de la custodia de los documentos
provenientes de las dependencias de la Rama Judicial, entre estos, los
procesos terminados.
3.3. Hechos relevantes
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3.3.1. Álvaro Mendoza Moncada, Rosa Elva Mendoza Moncada, Teresa
Mendoza Moncada, Virginia Mendoza Moncada, Matilde Moncada
Tarazona formularon acción de reparación directa en contra de la Nación
– Fiscalía General de la Nación, proceso que se tramitó bajo el radicado
54001-23-31-000-2008-00368-00/01 ante el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.
3.3.2. El día 20 de febrero de 2024, la señora Brenda Dahiana Cárdenas
Rojas, representante legal de la sociedad Asesorías Jurídicas ASPRE
S.A.S., en su calidad de apoderada judicial de la parte demandante
dentro del proceso 2008-00368-00 elevó solicitud de desarchivo y copias
del citado expediente en los siguientes términos:
3.3.3. La anterior solicitud fue reiterada mediante correos electrónicos
enviados al Tribunal Administrativo de Norte de Santander los días 5 de
abril y 10 de julio de 2024.
3.4. Análisis de la Sala
3.4.1. De la legitimación por activa para ejercer la acción de tutela
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La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 86 Superior2 y el artículo
10 del Decreto 2591 de 19913, ha indicado que, quien está legitimado
para interponer una acción de tutela, es la persona cuyos derechos han
sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular en los casos definidos por la ley y, en esa
medida, podrá promoverla: (i) de forma directa; (ii) por medio de
representante legal (evento de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de
apoderado judicial; o (iv) por intermedio de un agente oficioso. Y, en todo
caso, también pueden ejercer la acción el defensor del pueblo y los
personeros municipales4.
De esta manera, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer
la acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada
la representación de otra persona, ni la informalidad propia de este
mecanismo de protección constitucional supone que no existan requisitos
mínimos de procedibilidad como la legitimación en la causa por activa5.
3.4.2. Caso concreto
En el presente asunto se decide la acción de tutela promovida por la
sociedad Asesorías Jurídicas -ASPRE S.A.S., por intermedio de su
representante legal, la señora Brenda Dahiana Cárdenas Rojas, en contra
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso,
por no dar respuesta a la solicitud de desarchivo del proceso número
54001-23-31-000-2008-00368-00, radicada el día 20 de febrero de 2024
y reiterada los días 5 de abril y 10 de julio de 2024.
Del recuento de los hechos y de las pruebas aportadas al trámite
constitucional, la Sala advierte que la sociedad Asesorías Jurídicas -
ASPRE S.A.S. carece de legitimación en la causa por activa para
interponer la presente solicitud de amparo, toda vez que no es la titular
de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, esto es, de los
derechos de petición y debido proceso invocados, por cuanto, la petición
de desarchivo que se alega no se ha dado respuesta fue presentada por
2 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública […]”.
3 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
|| También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2002.
5 Al respecto, ver la sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016. Véase
también la sentencia de 3 de febrero de 2023 del Consejo de Estado, Sección Primera,
expediente: 11001 03 15 000 2022 06655 00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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la representante legal de la sociedad actora en representación de los
demandantes dentro del citado proceso judicial y no en nombre propio.
De igual forma, se advierte que dicha sociedad tampoco es parte dentro
del proceso que se pretende desarchivar, circunstancias que impiden
reclamar la protección de las garantías invocadas.
En efecto, se encuentra probado que quien presentó la petición ante el
Tribunal fue la señora Cárdenas Rojas, representante legal de la sociedad
Asesorías Jurídicas -ASPRE S.A.S, en su calidad de apoderada judicial
de la parte demandante dentro del proceso ordinario de reparación
directa número 2008-00368-00. Sin embargo, quien interpone la solicitud
de amparo de la referencia es la sociedad Asesorías Jurídicas -ASPRE
S.A.S., por intermedio de su representante legal, la señora Brenda
Dahiana Cárdenas Rojas.
Sobre este asunto, se debe señalar que para iniciar una acción de tutela
debe existir una relación inescindible entre quien reclama un derecho y
la titularidad de este, pues la naturaleza dispositiva del mecanismo de
amparo impone que sea la persona sobre la que recae la vulneración la
llamada a solicitar su protección6. Así las cosas, no se observa que la
titularidad de los derechos que se pretenden proteger sean de la sociedad
accionante, sino que, corresponden a quienes presentaron el derecho de
petición, esto es, la parte demandante dentro del proceso bajo radicado
No. 2008-00368-00, personas naturales que no formularon la presente
acción constitucional.
Así las cosas, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y los hechos probados en el presente caso, quien estaría
legitimado por activa para presentar la presente tutela, son los
demandantes del proceso ordinario anteriormente referido y no la
sociedad Asesorías Jurídicas -ASPRE S.A.S., quien formuló la solicitud de
amparo en nombre propio y no en representación de los demandantes
que presentaron la petición de desarchivo dentro del citado proceso
ordinario.
En consecuencia, la Sala declarara improcedente la solicitud de amparo
por estar probada la falta de legitimación en la causa por activa de la
sociedad Asesorías Jurídicas -ASPRE S.A.S., al no ser la titular de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
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Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 11001-
03-15-000-2024-01854-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Accionante: Asesorías Jurídicas ASPRE S.A.S.
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, de
conformidad con lo expuesto en la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Honorable
Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ
GARZON SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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