Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01856-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de mayo de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01856 00
Accionante: Marino de Jesús Arcila Alzate
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01856 00
Accionante: MARINO DE JESÚS ARCILA ALZATE
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Marino de Jesús
Arcila Alzate en contra de la sentencia proferida el 30 de noviembre de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 66001 23 33 000 2018 00560 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Marino de Jesús Arcila Alzate, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada
providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 16.1.- TUTELAR el derecho al justo y equitativo debido proceso
en sentido material; el derecho a la dignidad humana; el derecho
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radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01856 00.
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Accionante: Marino de Jesús Arcila Alzate
fundamental a la igualdad; y el derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas.
16.2.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia expedida el 30 de
noviembre de 2023, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección, Segunda – Subsección B, del Consejo
de Estado, correspondiente al expediente Radicado No. 66001-
23-33-000-2018-00560-01, Nº Interno: 1906-2021,
Demandante: Marino de Jesús Arcila Alzate, Demandada:
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración.
16.3.- ORDENAR a la entidad demandada expedir una nueva
sentencia de segunda instancia CONFIRMANDO la de primera
instancia, expedida por la Sala Primera de Decisión, magistrado
ponente, Doctor FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BELTRAN, del
Tribunal Administrativo de Risaralda, el ocho (8) de julio de 2020,
que accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del término
que estimen pertinente y procedente el Magistrado competente para
resolver esta acción de tutela […]”. (Mayúsculas y negrillas del
escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que ocupa el cargo de Juez Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, razón
por la cual debe laborar y tener disponibilidad las 24 horas de los días
domingos, festivos y de descanso obligatorio, conforme al calendario
previamente establecido por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, Seccional Risaralda, y garantizar que el acceso a la
administración de justica no se vea interrumpido esos días, tal como lo
dispone la Ley 906 de 2004.
Sostuvo que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Risaralda solo le ha reconocido los días compensatorios por su labor
durante los días domingos, festivos y de descanso obligatorio, sin
embargo, no le ha reconocido “(…) el pago adicional por concepto de
salario (100%) por cada día laborado dominicales, festivos y de descanso
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obligatorio, así como tampoco sus efectos prestacionales a que tiene
derecho, desde el 1 de agosto de 2008 (…)”2.
Manifestó que, con el fin de obtener el resarcimiento de sus derechos
laborales, solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Risaralda el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
a las que estima tiene derecho, petición que fue negada mediante el oficio
nro. DESAJPE18-680 del 25 de junio de 2018.
Señaló que, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que
se declarara la nulidad del precitado acto administrativo, la cual
correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda que, en
sentencia proferida el 8 de julio de 2020 accedió a las pretensiones al
estimar que “(…) dada la habitualidad del servicio prestado (…), al
trabajador le asiste el derecho a que el día de descanso laborado sea
remunerado al doble, tal como lo prevé el inciso primero del artículo 39
del Decreto 1042 de 1978, ya que si bien es cierto el artículo 157 de la
Ley 906 de 2004 alude que todos los días y horas son hábiles para el
ejercicio de la función que desarrollan los jueces de control de garantías,
ello en modo alguno releva de la obligación del reconocimiento de la
remuneración por la prestación de sus servicios en días inhábiles, bajo el
pretexto que se cumple por el sistema de turnos asignados por el
respectivo Consejo Seccional de la judicatura, pues de interpretarse la
norma bajo ese entendido, se estaría desconociendo los principios
constitucionales que impone la obligación al empleador de otorgar a sus
trabajadores una remuneración acorde con las condiciones reales del
trabajo (…)”3.
Indicó que, inconforme con la decisión anterior, la entidad demandada
interpuso recurso de apelación y que la Subsección B, Sección Segunda
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ibidem.
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del Consejo de Estado, en sentencia dictada el 30 de noviembre de 2023
la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que “(…) dentro del régimen salarial y prestacional de los
funcionarios de la Rama Judicial (…), no se prevé el derecho a las horas
extras, dominicales y festivos (…)”4, que “(…) la función de control de
garantías comporta naturaleza permanente, lo que hace que se privilegien
las necesidades del servicio y por ello todos los días y horas son hábiles
para los servidores que la ejercen, motivo por el cual no hay lugar al pago
de recargos, pues ellos laboran en su horario habitual (…)”5, y que “(…)
al existir normas especiales que regulan el reconocimiento de
compensatorios, se aplican de preferencia frente a las disposiciones
generales, por lo que no es dable extender el régimen previsto en el
Decreto 1042 de 1978 a servidores de la Rama Judicial de manera
supletoria ni integradora, tal como lo ha precisado esta subsección (…)”6.
Aseveró que su situación laboral se ve claramente desmejorada con
relación a otros jueces de su misma categoría, debido a que, aquellos, al
no tener la función de control de garantías, no están obligados a trabajar
domingos, festivos y días de descanso obligatorio.
Explicó que “(…) el Juez de Control de Garantías debe tener disponibilidad
las 24 horas del día, pero ha de entenderse que esa disponibilidad está
directamente relacionada con la función de control de garantías que
impone la ley (sic) 906/04, y en modo alguno podrá interpretarse como
la jornada laboral del Juez, como muy bien y acertadamente lo distinguió
el a quo en el proceso (…)”7.
Expuso que en la providencia cuestionada se incurrió en violación directa
de la Constitución debido a que, por una parte, en la solución del caso no
se interpretó o aplicó una disposición legal de conformidad con el
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
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precedente constitucional, y por otra, el juez no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme a la Constitución.
Frente al primer punto, esto es, que en la solución del caso no se
interpretó o aplicó una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, precisó que “(…) partimos de la base de aceptar que no
existe una norma específica que le permita a la demandada Rama Judicial,
proceder a reconocer y pagar el trabajo suplementario en días domingos,
festivos o de descanso obligatorio, conclusión a la que llegan tanto el
T.C.A. de Risaralda, como la misma accionada, aunque esta última, al
final fuerce una conclusión errática, como se describe en esta demanda
al afirmar que por disposición del artículo 157 de la ley 906/04, no es
posible el reconocimiento solicitado (…)”8.
Anotó que el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la decisión de
primera instancia, citó apartes de las sentencias proferidas el 25 de
octubre de 20129, el 17 de abril de 201310 y el 22 de febrero de 201811
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que las trajo a
colación nuevamente y adujo que esta Corporación, en diferentes salas y
subsecciones, ha considerado que a falta de norma específica, es viable
la aplicación del Decreto 1042 de 1978. Respecto a la tercera providencia
mencionada, el accionante subrayó que “(…) la entidad a la cual se
encuentre vinculado el personal del cuerpo de bomberos puede, mediante
acto administrativo, fijar la jornada laboral especial de trabajo de estos.
No obstante, esta debe ceñirse a los parámetros establecidos por el
Decreto 1042 de 1978 sobre jornada máxima laboral, regulación de las
jornadas mixtas y salario del trabajo suplementario (…)”12.
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Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Expediente
radicado nro. 05001 23 31 000 2003 00030 01. C.P. Víctor Hernando Alvarado.
10
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 13 de abril de 2013.
Expediente radicado interno nro. 0212-11. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
11
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de febrero de
2018. Expediente radicado nro. 25000 23 25 000 2010 00705 01. C.P. William
Hernández Gómez.
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En cuanto al segundo punto, esto es, que el juez no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme a la Constitución, alegó que “(…) la
accionada no hizo el más mínimo esfuerzo por desplegar una labor de
interpretación de la Constitución Política de 1991 en torno al objeto del
litigio que le correspondió dirimir en segunda instancia, máxime cuando
advirtió que el asunto en debate no estaba reglado taxativamente, sino
que se limitó a citar y recrear aquellas normas, que apuntan a aspectos
puramente formales y/o de competencia de funcionario u organismos,
dejando de lado su deber de interpretar en forma dinámica la Constitución
Política colombiana, teniendo como norte los derechos fundamentales del
accionante (…)”13.
Al efecto, manifestó que “(…) así, por ejemplo, citó el artículo 1º de la Ley
4 de 1992, que habilitó al gobierno nacional para expedir las normas
propias de la remuneración de los servidores del Estado, incluida la rama
judicial; o, el artículo 257 de la CP/91, que le dio facultades al Consejo
Superior de la Judicatura para reglamentar los turnos de funcionamiento
de la rama judicial; o el decreto 57 de 1993 en el que se fijó el régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial que se
vincularan al servicio con posterioridad a su entrada en vigor, o se
acogieran al mismo quienes venían desde antes (…)”14.
Resaltó que la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para
ejercer la precitada función reglamentaria, no es objeto de discusión en
su caso, por lo que aclaró que lo que se discute, es el derecho que le
asiste a recibir una remuneración adicional por el hecho de trabajar
habitualmente en días dominicales, festivos y de descanso obligatorio.
Sostuvo que “(…) la accionada no reparó o no advirtió (…) que el Decreto
57 del 7 de enero de 1993, obviamente es anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 906 de 2004, mediante la cual se instauró en Colombia
el sistema oral acusatorio penal y por tanto, la obligación de establecer
13
Ibidem.
14
Ibidem.
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unos jueces con función de control de garantías, ya que en su artículo 157
se dispuso que todos los días son hábiles, obviamente haciendo alusión a
los términos procesales en materia de control de garantías (…)”15.
Adujo que, al advertir que no existe norma expresa en cuanto al
reconocimiento y pago de dominicales, festivos y días de descanso
obligatorio, “(…) la accionada debió acudir a los mecanismos de
interpretación constitucional, como sí lo hizo el T.C.A. de Risaralda, en su
sentencia de primera instancia, citando por ejemplo, el artículo 53 de la
CP/91 (…) O, al hacer extensivo el alcance del Decreto 1042 de 1978, con
apoyo en sentencias del mismo C.E (…). Y es que, no habiendo norma
expresa aplicable al caso concreto, debió prohijarse la interpretación que
realizó el fallador de primera instancia, puesto que se decantó por las
normas más favorables al trabajador, en este caso, el Decreto 1042/78
(…)”16.
Indicó que “(…) el a quo, interpretó procedente aplicar en lo pertinente,
el Decreto 1042 de 1978 (art. 39), ante la ausencia normativa para
reconocer y pagar el trabajo en dominicales, festivos y días de descanso
obligatorio, que sobrevino con la entrada en vigencia de la ley 906/04
(…)”17.
Respecto de los derechos fundamentales que considera vulnerados,
expuso que la providencia cuestionada trasgrede el derecho al debido
proceso, a la dignidad humana, el derecho a la igualdad y el derecho al
trabajo.
Frente al derecho al debido proceso, anotó que, si bien en el proceso
ordinario se cumplió con todas las etapas y formalidades propias que
exige el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no
es suficiente que se garantice el derecho de defensa, sino que se propicien
todos los escenarios procesales para que dicho derecho no sea
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16
Ibidem.
17
Ibidem.
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meramente enunciativo. En ese sentido, precisó que “(…) no basta con
los pasos propios del proceso (…), y citar unas normas aplicables al caso,
en un sentido formal, pero acto seguido se deja de lado el sentido material
que dichas normas pueden comportar (…)”18.
Agregó que “(…) la accionada consideró que como todos los días son
hábiles para la actuación penal, también lo son desde el punto de vista
laboral para el juez que cumple esa jornada por ser de control de
garantías. Por lo anterior, afirmo que estamos frente a la violación
flagrante del debido proceso en sentido material (…)”19.
En cuanto al derecho a la dignidad humana señaló que la autoridad judicial
accionada, al tomar la decisión de segunda instancia, desconoció su
condición de juez de la república, que cumple una función especial de
control de garantías de adolescentes, “(…) por lo cual debe tener una
disponibilidad permanente en los turnos que le programe el Consejo
Seccional de la Judicatura Seccional de Risaralda. No obstante disponerse
y cumplir la jornada de trabajo tal y como le es programada, la entidad
para la cual trabaja, la Rama Judicial, no le remunera su trabajo en debida
forma, y que corresponda con la labor que ejecuta (…)”20.
Sobre el derecho a la igualdad, argumentó que “(…) si bien es cierto que
la naturaleza del servicio prestado por mi mandante (Juez de control de
garantías) es permanente porque así lo ordena la Ley 906 de 2004, ello
implica que además de su jornada rutinaria, deba laborar durante días
dominicales, festivos y de descanso obligatorio, a diferencia de los demás
jueces de su misma categoría (municipales). Y se le discrimina en sentido
negativo, puesto que todos los jueces municipales sólo trabajan 40 horas
semanales, con unos horarios definidos (8 horas diarias, de lunes a
viernes, excepto los festivos), al paso que el accionante sí debe
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
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disponerse a laborar domingos, festivos y días de descanso obligatorio
(…)”21.
Finalmente, respecto al derecho al trabajo, alegó que la autoridad judicial
accionada, lejos de proteger dicho derecho en condiciones dignas y justas,
lo desconoció de plano.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 17 de abril de 202422 a través del aplicativo
de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 19 de
abril de 202423 la admitió y dispuso notificar24 a los magistrados de la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte
accionada, así como vincular25 al Tribunal Administrativo de Risaralda y a
la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Risaralda y/o a la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estada para que allegaran
copia digital o el hipervínculo del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado nro. 66001 23 33 000 2018 00560
00/01.
3.2. El consejero ponente de la providencia cuestionada rindió informe26
en el que solicitó se declare la improcedencia la acción de tutela o que,
en su defecto, se niegue el amparo solicitado.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01856 00.
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Esta orden se cumplió el 25 de abril de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01856 00.
25
Ibidem.
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Indicó que el accionante pretende convertir la acción de tutela en una
instancia adicional al proceso ordinario para reabrir el debate legal ya
resuelto, frente a lo cual, precisó que la jurisprudencia constitucional ha
manifestado que la presentación de tutelas contra providencias judiciales
dictadas por los jueces de la república se traduce en un juicio de validez
y no en un juicio de corrección. Agregó que la competencia del juez de
tutela se circunscribe a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos y no a problemas de carácter legal.
Sostuvo que en la providencia cuestionada no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante comoquiera que en dicha
decisión se determinó que no era procedente acceder a las pretensiones
de pago de horas extras para los jueces de control de garantías, teniendo
en cuenta que, frente a su jornada laboral, todos los días y horas son
hábiles.
Arguyó que, “(…) al revisar los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, se evidencia que no alcanza
la afectación de relevancia constitucional, ni mucho menos la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso o la existencia de un perjuicio
irremediable. Por lo que el Despacho sostiene, que la acción de tutela no
debe ser encaminada a reabrir un debate que fue concluido por los jueces
naturales pues dicha acción no ha sido instituida como una tercera
instancia, ni herramienta para modificar decisiones judiciales que hayan
hecho tránsito a cosa juzgada (…)”.
3.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda remitió copia del expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 27, pero no
se pronunció sobre los hechos del escrito de tutela.
3.4. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, guardó silencio.
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3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 6 de mayo de 202428.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199129 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,30 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202131, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201932 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente33:
4.2.1. El señor Marino de Jesús Arcila Alzate, actuando por conducto de
apoderada, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio DESAJPE18-680 del 25 de junio de
2018, suscrito por el Director Seccional de Administración Judicial de
Pereira, Risaralda, por medio de la cual le negaron el reconocimiento y
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radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01856 00.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
30
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
31
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
32
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
33
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 66001 23 33 000 2018 00560 00/01. Visto en
el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2024 01856 00.
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pago de horas extras, dominicales, festivos y días de descanso
obligatorio.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condenara a la
demandada a reconocerle y pagarle las horas extras, dominicales, festivos
y días de descanso obligatorio, así como al pago proporcional y adicional
de las prestaciones sociales correspondientes, a reajustar y pagar las
prestaciones periódicas como vacaciones, primas de vacaciones, prima de
navidad y demás emolumentos dejados de percibir desde el 1 de agosto
de 2008 y años sucesivos.
4.2.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión,
en sentencia proferida el 8 de julio de 2020, dispuso lo siguiente:
“[…] 1. DÉCLARASE la nulidad del oficio DESAJPE18-680 del 25 de
junio de 2018, proferido por la Dirección Seccional de Administración
Judicial Pereira.
2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la Nación – Rama
Judicial a pagar a favor del señor Marino de Jesús Arcila Alzate
los recargos por trabajo en días de descanso obligatorio,
dominicales y festivos laborados, que fueron programados por la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura en las
resoluciones proferidas durante en los años 2008 a 2018 en el
equivalente al doble del valor de un día de trabajo, y en lo sucesivo
de lo reconocido, siempre y cuando se acredite que efectivamente
la actora laboró días extras, dominicales y festivos, y de manera
habitual, con el acto administrativo que reconozca los días
compensatorios, conforme a lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.
3. CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial a reliquidar las
prestaciones sociales, a que tienen derecho el demandante, con
ocasión de la diferencia salarial resultante en su favor; procediendo
al pago de los dineros resultantes a favor de cada uno de ellos.
4. CONDÉNASE a la demandada a efectuar los ajustes de valor
sobre las sumas que resulten a favor del demandante según el índice
de precios al consumidor de conformidad con el inciso final del
artículo 187 del C.P.A.C.A., para lo cual se observará lo señalado en
la parte motiva de este fallo […]”. (Mayúsculas y negrillas originales
de la providencia).
4.2.3. En contra de la anterior decisión la parte demandada interpuso
recurso de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
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Subsección B, en sentencia del 30 de noviembre de 2023 la revocó y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional34
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
34
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
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relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”35.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional36.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades37:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia38. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
35
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
36
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
37
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
38
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 39 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
39
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Ello, por cuanto, la petición de amparo está siendo utilizada por el
accionante para reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades expuestas
en sede constitucional están encaminadas a controvertir los fundamentos
invocados, así como la interpretación y aplicación de las disposiciones a
las que aludió la autoridad judicial accionada para resolver el caso, en
tanto alega, por una parte, que la autoridad judicial accionada “(…) se
limitó a citar y recrear aquellas normas, que apuntan a aspectos
puramente formales y/o de competencia (…)”40; y por otra, que “(…) la
accionada debió (…) hacer extensivo el alcance del decreto 1042 de 1978,
con apoyo en sentencias del mismo C.E (…). Y es que, no habiendo norma
expresa aplicable al caso concreto, debió prohijarse (…) por las normas
más favorables al trabajador, en este caso, el Decreto 1042/78 (…)”41.
40
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01856 00.
41
Ibidem.
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Lo anterior, con el fin de insistir en que le asiste el derecho a recibir una
remuneración adicional por el hecho de trabajar habitualmente en días
dominicales, festivos y de descanso obligatorio, como juez penal
municipal de control de garantías, por lo que considera viable la aplicación
del Decreto 1042 de 1978 a su caso, lo cual ya fue resuelto en el proceso
ordinario.
Al respecto, la autoridad judicial accionada, en la providencia cuestionada
expuso lo siguiente42:
“[…] Dentro del régimen salarial y prestacional de los funcionarios
de la Rama Judicial, que rige la remuneración de estos servidores,
no se prevé el derecho a las horas extras, dominicales y festivos,
pero sí a descansos remunerados, como se reguló en los acuerdos
citados en el acápite precedente, los cuales le fueron reconocidos al
actor (lo que no se discute en el proceso).
De igual forma, la función de control de garantías comporta
naturaleza permanente, lo que hace que se privilegien las
necesidades del servicio y por ello todos los días y horas son hábiles
para los servidores que la ejercen, motivo por el cual no hay lugar
al pago de recargos, pues ellos laboran en su horario habitual.
Asimismo, al existir normas especiales que regulan el
reconocimiento de compensatorios, se aplican de preferencia frente
a las disposiciones generales, por lo que no es dable extender el
régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978 a servidores de la
Rama Judicial de manera supletoria ni integradora, tal como lo ha
precisado esta subsección (…).
(…)
En otras palabras, tal prevalencia de la normativa especial,
establecida por el legislador y el Gobierno, encuentra fundamento
en la función misma de control de garantías que ejercen algunos
servidores de la Rama Judicial, que impide asimilar el régimen fijado
para la Rama Ejecutiva al de la Judicial, porque conciernen a
funciones y calidades disímiles e irreductibles.
Cabe agregar que el caso concreto atañe a una persona cuyo cargo
se enmarca en la categoría de funcionario, dispuesta en el artículo
125 de la Ley 270 de 1996, es decir, que tiene funciones de dirección
al interior de la Rama Judicial, motivo por el cual debe acreditar unas
condiciones particulares muy exigentes, que no le permiten estar
sometido a las reglas de jornada de los empleados de la Rama
42
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01856 00.
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Ejecutiva, por ende, recibe una contraprestación acorde a la
importancia de su labor para la sociedad.
En ese orden de ideas, no resulta procedente acceder a las
pretensiones de pago de horas extras para los jueces de control de
garantías, puesto que, en relación a su jornada laboral, todos los
días y horas son hábiles […]”. (Se destaca).
En esa medida, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir la interpretación y la aplicación de las
disposiciones normativas efectuadas por el juez natural de la causa para
resolver el caso, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
implica que el tercer criterio de la relevancia no esté superado.
Ahora, respecto de las sentencias proferidas el 25 de octubre de 201243,
el 17 de abril de 201344 y el 22 de febrero de 201845 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que el accionante citó en el escrito de
tutela, es preciso indicar que, frente a los primeras, no cumplió con la
carga de identificar el problema jurídico que fue resuelto en cada una de
ellas, señalando las pretensiones y los fundamentos de hecho y de
derecho que las sustentaban; y en cuanto a la tercera providencia
mencionada, esto es, la proferida el 22 de febrero de 201846, no guarda
identidad fáctica con el caso objeto de estudio comoquiera que, conforme
lo expuesto en la solicitud de amparo, dicha providencia hace referencia
a la jornada laboral y el régimen especial aplicable al cuerpo de bomberos.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
43
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 25 de octubre de 2012.
Expediente radicado nro. 05001 23 31 000 2003 00030 01. C.P. Víctor Hernando
Alvarado.
44
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 13 de abril de 2013.
Expediente radicado interno nro. 0212-11. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
45
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de febrero de
2018. Expediente radicado nro. 25000 23 25 000 2010 00705 01. C.P. William
Hernández Gómez.
46
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de febrero de
2018. Expediente radicado nro. 25000 23 25 000 2010 00705 01. C.P. William
Hernández Gómez.
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las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
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se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Marino de Jesús Arcila Alzate, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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